La firma de Arroyo Salgado al servicio del ultra y la tentación de la resistencia autómata

Un motor invisible parece mover la firma de la jueza Sandra Arroyo Salgado. La titular del juzgado federal 1 de San Isidro salta a la escena pública, arremete, frena, vuelve a acelerar, deja mensajes cifrados, cajonea, silencia. Su comportamiento no responde linealmente a alguna escuela del derecho más o menos garantista o punitivista, o a una lealtad política delimitada entre el kirchnerismo, el macrismo o, ahora, el mundo ultra. No asoma un camino que explique por sí mismo sus decisiones por doctrina jurídica o afinidad partidaria.

Esa “no pertenencia” podría configurar un mérito, pero en la Argentina de este siglo, también podría ser síntoma de la mayor de las turbiedades. El sistema político-judicial, en un amplio rango de lealtades, sintetizó durante años la razón ulterior de los movimientos de la magistrada: “Es (Jaime) Stiuso”.

Por el juzgado federal de San Isidro que Arroyo Salgado ocupa hace dos décadas pasaron causas relevantes para el mundillo político, el espionaje y el narcotráfico. Dado que la Residencia de Olivos queda geográficamente bajo su jurisdicción, la jueza a veces incursiona en asuntos de alto voltaje que atañen a la cabeza del Poder Ejecutivo. Así ocurrió con la presunta estafa de Javier Milei y su banda amiga de facinerosos cripto a quienes hizo entrar al despacho presidencial, seguramente engañado. La jueza entendió que el tuit del Presidente que disparó el fraude digital, un viernes de febrero por la noche, fue escrito en Olivos, por lo que pretendió dirigir la investigación. Siguieron semanas de forcejeos entre Arroyo Salgado y la decana de los jueces federales de Comodoro Py, María Romilda Servini, para quedarse con el escándalo $LIBRA. Pero a Comodoro Py no hay con qué darle. El caso terminó en manos de Servini y el fiscal Eduardo Taiano. Ahora, paciencia. Hasta 2027 o 2031 hay tiempo para que se sepa algo útil.

Un caso emblemático que Arroyo Salgado hilvanó durante años fue una trama de espionaje ilegal presuntamente comandada por el exjefe de la SIDE y actual jerarca del espionaje estatal Juan Bautista “Tata” Yofre. La sospecha sostenida por la jueza fue que Yofre y dos espías se dedicaron, al menos entre agosto de 2006 y junio de 2008, a escudriñar en mails personales de los Kirchner, Alberto Fernández, sus secretarios, sus ministros, abogados de derechos humanos y personajes de la farándula, con fines de extorsión y comercialización. Los periodistas Carlos Pagni y Edgard Mainhard, el megaempresario santiagueño Néstor Ick y el general Daniel Reimundes habrían sido receptores de la información obtenida ilegalmente. En hojas y hojas, Arroyo Salgado detalló el contenido de los intercambios de mails entre Yofre y sus contrapartes, que evidenciaban —según lo transcripto por la magistrada— un toma y daca. Dijo contar con “profuso material probatorio” y, el 14 de septiembre de 2012, repartió procesamientos por espionaje ilegal, decisión ratificada luego en instancias superiores. Causa incómoda por donde se la mire para los medios y la política, tanto, que sus presuntas víctimas, los espiados, apenas hicieron algún esfuerzo para encontrar justicia.

Los procesados por Arroyo Salgado vieron una vendetta contra Yofre de parte del poderoso jefe de espionaje entronizado por Néstor Kirchner en 2003 y defenestrado por Cristina en 2014. Es probable, pero las transcripciones de los mails de Yofre citadas por la magistrada eran elocuentes.

Con la investigación agotada y lista para pasar a juicio oral, Arroyo Salgado cerró intempestivamente el expediente, el 30 de diciembre de 2015. Había pasado un año desde el aparente suicidio de su exesposo, Alberto Nisman. La salida de Stiuso de la SIDE y la muerte del fiscal especial de la causa AMIA realinearon por completo el ecosistema del espionaje y los tribunales federales. Con Mauricio Macri estrenando silla en Casa Rosada, la jueza de San Isidro llegó a la conclusión de que el expediente que había construido trabajosamente durante años, en realidad, no tenía razón de ser.

El juego de la bosta

Arroyo Salgado volvió a la luz pública esta semana con una acción peligrosa para la democracia. Dispuso la detención de cinco dirigentes y militantes de La Cámpora y cristinistas, principalmente oriundos de Quilmes, que supuestamente escracharon, el 17 de junio pasado, el domicilio particular de José Luis Espert con estiércol, volantes con la leyenda “acá vive la mierda de Espert, con Cristina no se jode” y pasacalles.

La imputación que baraja la jueza contra los imputados es aliento del odio, atentado al orden público y coacción simple o agravada. El diario La Nación citó una fuente del juzgado que conectó el hecho con el reciente ataque al hall y el estacionamiento del canal TN, y atribuyó a las acusadas la presunta pertenencia a “una organización de alcances que todavía no están claros”.

Del manual de los regímenes autoritarios: abuso del código penal para forzar tipos penales graves, hipótesis vagas sobre organizaciones “de alcances no claros” y vínculo de imaginación libre con hechos ajenos. En este caso, el ataque al canal del Grupo Clarín o la supuesta amenaza al supremo Horacio Rosatti.

El Presidente y los ultras que lo acompañan portan una metralleta cotidiana de agravios y amenazas contra cualquier persona que exprese una mínima disidencia, pero el arresto de la camporista Alesia Abaigar —a quien concedió arresto domiciliario el viernes por razones de salud—, otras tres mujeres y un hombre —salvo una, excarcelados en las últimas horas—, se ubica en un terreno similar al disparo de la granada de gas lacrimógeno por parte de un gendarme, que dejó en grave estado al fotorreportero Pablo Grillo.

Patricia Bullrich, figura clave que une ilegalidades entre los Ejecutivos Macri y Milei, articuló con el fiscal Carlos Stornelli una represalia ante una manifestación de protesta, con decenas de detenidos. El intento encontró eco en la prensa oficialista, pero quedó desbaratado en tribunales. Esta vez, vía Arroyo Salgado, la secuencia se activó. La expectativa de que una sala de la Cámara Federal de San Martín revierta este lunes lo decidido por la jueza no resta gravedad a una dinámica cada vez más peligrosa.

La misión de la camporista de Quilmes y sus compinches en la casa de Espert es, además de una torpeza política gigantesca, un probable delito o contravención, que puede merecer una pena. De allí a arrestos durante varios días mediante operativos ampulosos y condiciones inadmisibles de detención y tipos penales que dan para todo, existe el mismo abismo que media entre el Estado de Derecho y el planeta extremista que habita en el cerebro de los Hermanos Milei.

Intoxicación por TV

Las pantallas de América 24, La Nación y TN se excitaron durante toda la semana por las detenciones de los camporistas y proyectaron penas ejemplares ante una reedición incipiente de Montoneros II. Con esa intoxicación informativa convive la democracia argentina cada noche. Sería alentador que, esta vez, los medios que en los setenta —ya que se ponen a comparar— fueron cómplices del terrorismo de Estado, opten por represalias más civilizadas.

Se repite una secuencia de la que rara vez se hacen cargo los autodenominados republicanos que pululan por los medios. Si el acusado es kirchnerista o de izquierda, los tribunales dan rienda suelta a imputaciones con todo el código penal, prisiones preventivas por “riesgo de entorpecimiento de la causa”, humillantes condiciones de detención y argumentos creativos como “no podía no saber” o pertenencia a organizaciones “cuyos alcances no están claros”.

Un dato evidente para cualquier persona que no finja demencia. No hay mayor incitador al odio dentro de la clase política que Espert

Si, por el contrario, un extorsionador probado que circula por los programas de Lanata o Fantino —Marcelo D’Alessio, condenado esta semana a trece años de prisión— articula con el fiscal Stornelli, Elisa Carrió o Patricia Bullrich, estos ni se mosquean. Es más, pasan a la ofensiva y denuncian. Lo mismo si la familia de Luis Caputo encarga muebles a un sujeto que se pasea con guillotinas por Plaza de Mayo y lanza bombas molotov a Casa Rosada. Aquel que amenace de muerte a Cristina en redes sociales, o el propio Milei, cuando advierte “zurdos hijos de puta, tiemblen, los vamos a perseguir”, serán celebrados en los streamings de la ultraderecha. Por el contrario, un tuitero ignoto que amenace a Bullrich será allanado y arrestado.

Un dato evidente para cualquier persona que no finja demencia. No hay mayor incitador al odio dentro de la clase política que Espert. Promete “cárcel o bala”, “llenar de agujeros”, “poner su cabeza en una pica en Plaza de Mayo”, no sólo a adolescentes que cometen un delito, aunque sea menor, sino también a manifestantes que corten la calle. De alguna preocupación del diputado por dejarse trasladar en avión por un narco en la campaña presidencial de 2019 o de la versión filtrada por el propio Milei a al menos tres personas de su entorno sobre un intento de soborno con una valija con US$ 300.000 en efectivo, ni noticias.

Inercia sin táctica

Ante esta deriva, una primera respuesta teórica de la oposición sería articular mecanismos de resistencia en el Poder Legislativo y todas las instituciones con representación, los tribunales nacionales e internacionales, los medios, las redes y las calles. El plan requiere táctica y estrategia, persuasión, argumentaciones certeras y pasos meditados.

En cambio, el miércoles, un grupo de diputadas cristinistas se levantaron en plena sesión para increpar a Espert. Con éste ubicado uno o dos escalones por encima, Florencia Carignano, Paula Penacca y sus colegas se acercaron hasta ubicarse cara a cara, lo insultaron como quien prepea en un partido, lo acusaron de ser un “cagón” por denunciar la agresión a su domicilio ante un juzgado y se rebajaron hasta forcejear con la ultra Juliana Santillán.

Carignano, una de las gestoras de la exitosa estrategia de adquisición de vacunas durante la pandemia, venía de una intervención legislativa efectiva que enmarcó con precisión el problemático rostro de Gerardo Milman, probable autor de delitos varios en su viaje desde el stolbezirismo al mileísmo. Aquella vez, la diputada por Santa Fe bordeó los límites de lo admisible en el debate público (“callate gato”, a una colega), pero le salió bien y se viralizó. Esta semana, envalentonada, le salió mal y fue todo ganancia para Espert.

La escena mostró la desmesura y el griterío del lado de las diputadas cristinistas, y probable cabeza de lista de la boleta ultra para octubre, sereno, con sonrisa sarcástica, aprovechó para, por una vez, salir del lugar del agresor y pasar al del agredido. Ningún esfuerzo de un denodado panelista de los canales oficialistas fue más efectivo que ese cuadro para alimentar la narrativa de la “violencia kirchnerista”.

“Fue un desastre. Teníamos cuestiones pendientes para tratar que podían salir y nos dejaron garpando. Se ve que mucho no les importó”; evalúa un diputado del bloque de Unión por la Patria de indudable coherencia antimileísta. “Obviamente que las detenciones de las chicas de Quilmes son gravísimas y las tenemos que denunciar, pero regalarle a Espert esa escena es un bochorno. Totalmente contraproducente”, dice una voz axelista de la provincia de Buenos Aires. “Ombliguismo porteño y camporista. Tengo que ir a mi provincia a explicar que lo que dicen en TN es mentira, y con este papelón logran todo lo contrario”, argumenta otra diputada peronista.

El altercado en la Cámara Baja y el operativo “bosta” en la casa de Espert dan cuenta de un desvarío mayor que supone la falta de una conducción estratégica en el peronismo y, asociado a ello, la carencia de un texto para interpelar a la sociedad.

El eje Cámpora-Instituto Patria postula que la incipiente campaña electoral debe centrarse en la premisa “Cristina libre”. Fuera de ese círculo endogámico y repetitivo, un primer anillo, que incluye al kicillofismo, comparte la consigna, pero la considera a todas luces insuficiente para salir a buscar el voto en la Provincia. “Tenemos que ir a encontrarnos con votantes que tienen idiosincracias y preocupaciones distintas en San Martín, Bahía Blanca o Pergamino. En Mar del Plata tenemos que hablar de por qué se quedaron sin gas por culpa de la motosierra de Milei, además de denunciar a los jueces amigos de Macri que metieron presa a Cristina”, advierte la voz axelista antes citada.

El automatismo de la resistencia a Milei tiene un correlato en los modos que irradia el eje Cámpora-Patria. Gritarle “cagón” a Espert a centímetros de su cara o forcejear con Santillán significa ubicarse en un terreno que hasta ahora, que se sepa, le rindió frutos a la ultraderecha, no a sus adversarios y enemigos.

Acaso no haya un síntoma mayor de una derrota política que dejarse hablar por el registro, las palabras y el tono del enemigo.

Por caso, la retórica de Juan Grabois, antítesis ontológica de los Hermanos Milei, contiene una dosis de agravios y groserías que borronea las diferencias. Cambian la agenda y los valores en juego, pero cabe preguntarse si el argumento se torna audible cuando las palabras quedan a un paso de la violencia física. La propia Cristina se viene despegando hace rato de su reconocida capacidad argumentativa para adentrarse en bajezas repartidas en sus textos “Che Milei”, poblados de mayúsculas que gritan.

Acaso no haya un síntoma mayor de derrota política que dejarse hablar por el registro, las palabras y el tono del enemigo. Al fin y al cabo, resulta tentador abroquelarse en el terreno propio, menguante pero significativo. Esperar el aplauso de los convencidos y desatender las preocupaciones de quienes pueden sentirse más o menos cercanos a la consigna “Cristina Libre”, pero no hacen de eso el centro de su vida ni de su voto. Algo es algo. Durante los primeros meses largos de los Milei en Casa Rosada, el abordaje del cristinismo duro era que había que evitar la confrontación directa, porque cabía “entender” y dejar que los efectos de la motosierra “decantaran”. Cuatro años de oposición a su propio Gobierno habían agotado las municiones.

Más difícil que buscar el aplauso desganado de los propios es explicar cómo se redistribuye la riqueza sin caer en abismos inflacionarios. Ello supone evitar esquematismos para explicar el pasado reciente, en el que el resto del mundo peronista es narrado como mezquino y torpe, incapaz de valorar la clarividencia de Cristina, siempre entregada, siempre víctima. Resulta que la entonces vicepresidenta dijo una vez, en La Plata, la gran originalidad de que había que alinear el crecimiento con precios, tarifas y salarios, como si eso bastara para eximirse de responsabilidad en el Gobierno en el que su sector se ocupó de los mayores presupuestos.

“El mejor salario de América Latina” de diciembre de 2015 es un eslógan cada vez más intrascendente, que no tolera la más mínima repregunta sobre cómo podía convivir ello con un Banco Central con arcas vacías, un peso sobrevaluado y un déficit fiscal crónico sin financiamiento. Demasiadas “verdades”, consignas y esoterismos para desandar, transcurrida una década perdida luego de la presuntamente ganada.

La pregunta que no atina a responder ningún peronista con algún grado de liderazgo real o potencial es qué otra cosa propone además de “resistir” a Milei. Es probable que una parte de la sociedad estuviera anhelando un Gobierno postfasista, odiante, cuya propuesta central fuera pisar la cabeza del prójimo. Ganó Milei. Otra parte que se alejó del kirchnerismo acaso demande un mapa para un desarrollo sustentable, del país y de la vida de su barrio.

De Axel Kicillof se sigue esperando algún indicio por el estilo.

SL/MG

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