El viernes 1 de octubre asumió Horacio Rosatti la presidencia de la Corte Suprema con Carlos Rosenkrantz como vice hasta el 30 de septiembre de 2024. Tal como lo habían acordado, la misma semana en la que asumió un nuevo gabinete nacional tras la derrota en las PASO del Frente de Todos los supremos eligieron a su nuevo presidente. No todos votaron; sólo lo hicieron Juan Carlos Maqueda, Rosenktantz y Rosatti, que se votó a sí mismo. La forma en que se desarrolló la elección llena de incertidumbre el futuro. Más allá de las razones que tuvieron los jueces que no votaron, esa decisión de Rosatti revela que los motivos individuales estuvieron por encima del deber público de elegir las autoridades del tribunal. Los desafíos de esta nueva Corte son muchos. Pero el principal es reconciliar a la ciudadanía con la justicia.
Según la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública realizada en agosto de este año por la Universidad de San Andrés, el grado de insatisfacción de los argentinos con el desempeño de la Corte Suprema es del 83%. Aunque aún no se conocen las líneas que trazará Rosatti para la gestión del sistema de justicia, la forma y el momento en los que fue elegido permiten pensar que hay patrones que no cambian: cada vez que hay elecciones, pasan cosas en la justicia.
Esto no debería suceder porque la Constitución no prevé que un resultado electoral tenga efectos en el campo de la justicia. A pesar de que no debería ser parte de la agenda, se imponen preguntas sobre qué va a pasar en el máximo tribunal del país con causas que involucran a los protagonistas de estas elecciones: el caso por los fondos de coparticipación que enfrenta al Gobierno con Horacio Rodríguez Larreta, la discusión sobre la conformación del Consejo de la Magistratura y las causas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Por ejemplo, dos días después de las PASO, el 14 de septiembre, la Cámara Federal le ordenó al juez Sebastian Casanello que defina la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “La Ruta del dinero”. Gran parte de los hechos investigados estuvieron en manos del juez Julian Ercolini desde 2008 por una denuncia que realizó la entonces diputada Elisa Carrió.
En el resto de las causas en las que está involucrada la vicepresidenta, elevadas a juicio oral, pasa algo similar: la justicia no dice si es culpable o inocente pero los pocos movimientos que hay se dan al compás de los vientos del poder político. En la causa conocida como “El pacto con Irán” el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) debe definir si inicia el juicio. En Los Sauces y Hotesur el Tribunal Oral 5 espera pericias. Y en la causa de los Cuadernos la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó un recurso ante Casación para objetar la decisión de la Cámara Federal que rechazó analizar la apelación de la UIF contra el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca y otros directivos.
En 2019, antes del arranque del primer juicio a Cristina Kirchner, conocido como “Vialidad”, en el que está acusada de direccionar las obras públicas santacruceñas en favor de Lázaro Báez, su defensa planteó varios recursos en la Corte Suprema en los que cuestionan distintos aspectos del proceso. Fernández de Kirchner denuncia que no la dejaron defenderse y presentar pruebas. Sostiene que tiene una múltiple imputación por asociación ilícita y que eso no es posible. Cuestiona la ausencia de una prueba fundamental que es la auditoría completa de toda la obra pública vial, que hay 49 de las 51 obras analizadas que ya fueron juzgadas y en la que los imputados fueron sobreseídos y que de las 51 obras analizadas en el juicio el TOF 2 sólo ordenó peritar cinco, entre otros. Pasaron más de dos años y el máximo tribunal, que no tiene plazos, aún no se pronunció sobre el tema. Mientras tanto, el juicio avanza a paso lento. Falta que declaren unos 70 testigos, entre ellos el presidente Alberto Fernández, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y el flamante ministro de Seguridad Aníbal Fernández.
El nuevo presidente de la Corte Suprema tiene una gran oportunidad de mejorar el funcionamiento del máximo tribunal, de reconciliar a la justicia con la ley y con la sociedad. Para esto deberá cambiar la costumbre que gira en el círculo vicioso de mirar resultados electorales, las encuestas, los humores políticos y a partir de ello tomar decisiones.
Especialmente porque es verdad que el sistema judicial necesita muchas reformas legales. En esa necesidad, las élites políticas están de acuerdo, aunque hay muchas recetas dando vueltas. Pero, además, la justicia necesita una transformación moral. Y ese liderazgo tiene que estar en todas las instancias judiciales, pero necesariamente debe partir de la Corte que es el máximo tribunal.
En la Justicia los buenos funcionarios son mayoría. Mientras que la minoría siga utilizando recursos para conseguir fines que no tienen que ver con el mandato constitucional, las encuestas de opinión crítica sobre la Justicia se van a mantener. El desafío moral de un cambio sustancial es decisivo. La forma en que se eligió al nuevo presidente es un nuevo paso atrás.
CDE
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