Derrota legislativa y guerra abierta: Milei vetará las leyes votadas y acusa al Senado de un “golpe institucional”

El Gobierno se atrincheró tras su mayor derrota legislativa desde que asumió. En una sesión que el oficialismo calificó de “ilegítima”, el Senado aprobó cinco proyectos con alto impacto fiscal —incluidos aumentos a jubilados, emergencia en discapacidad y nuevas transferencias automáticas a las provincias— con el impulso de la oposición y el voto de senadores que hasta hace poco orbitaban la alianza oficialista. Javier Milei no solo prometió vetar cada una de las leyes aprobadas: denunció un intento de “desestabilización” institucional y redobló sus ataques contra los gobernadores.

Para el Presidente, ceder fondos sería retroceder al régimen del “partido del Estado”, esa constelación de intereses políticos y corporativos que —según su diagnóstico— parasita el presupuesto nacional. En su lectura, las provincias aumentan impuestos como Ingresos Brutos mientras exigen más fondos federales. “No les importa si los argentinos están mejor o peor. Les importa el poder y la caja”, había lanzado el miércoles en El Obsevador. Y fue más allá: “Quieren destruir al Gobierno nacional”.

A lo largo de la jornada, desde la Casa Rosada, se activó una campaña para deslegitimar el proceso legislativo. El jefe de gabinete Guillermo Francos denunció en una entrevista radial que se trató de “una especie de golpe institucional del Senado organizado por el kirchnerismo”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue más directa: acusó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de haber sido funcional a esa estrategia. “Levántese, señora vicepresidenta. No convalide al kirchnerismo destructor”, escribió en su cuenta de X.

Villarruel —que había intentado desactivar la sesión convocando a los jefes de bloque— terminó presidiéndola, en cumplimiento de su rol institucional. Esa decisión le valió un nuevo ataque del dispositivo libertario, y profundizó su enfrentamiento con Bullrich y con el entorno del asesor presidencial de Santiago Caputo. La ofensiva la volvió a dejar expuesta y sola.

Es que la sesión fue el desenlace de una pulseada que el oficialismo no pudo contener. A las 14:00, el tablero marcó 42 senadores sentados, cinco por encima del quorum. A los habituales de Unión por la Patria se sumaron radicales como Martín Lousteau y Maximiliano Abad, la larretista Guadalupe Tagliaferri, los santacruceños de Por Santa Cruz, la cordobesa Alejandra Vigo, el peronista Carlos “Camau” Espínola y los correntinos que responden al gobernador Gustavo Valdés, ahora distanciado de Karina Milei.

La Cámara alta aprobó el aumento del 7,2% a las jubilaciones mínimas, el incremento del bono previsional, la emergencia en discapacidad, la prórroga de la moratoria y dos proyectos motorizados por los gobernadores: la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.

Según estimaciones del Ministerio de Economía, el combo representa un impacto fiscal de 1,3 puntos del PBI. Según el oficialismo, exactamente el margen que Milei necesita para sostener el superávit prometido al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desde el primer minuto, el Presidente acusó a las provincias de estar detrás de la maniobra. “Todos los gobernadores se han unido para sacarle fondos al gobierno nacional”, denunció. Francos reforzó el mensaje: dijo que los mandatarios están “rompiendo el equilibrio fiscal” y que el Gobierno responderá con todas las herramientas legales. El Ejecutivo ya trabaja en la elaboración de los vetos. Si el Congreso los rechaza, judicializará el conflicto. “No se pone en jaque al Gobierno. Vamos a usar todos los medios para evitarlo”, advirtió el jefe de Gabinete.

Sin embargo, la escena expuso también el deterioro interno del oficialismo. En La Libertad Avanza conviven dos almas: la que busca acuerdos territoriales de gobernabilidad y la que apuesta por la confrontación permanente. Milei avaló a esta última y terminó de cerrar el círculo con Bullrich y Francos. En el camino, dejó expuestas a las más voces moderadas, aisló a Santiago Caputo en su “pragmatismo” y endureció la relación con los gobernadores, muchos de los cuales fueron aliados tácticos en otras batallas legislativas.

Mientras tanto, la postal del Pacto de Mayo —firmado un año atrás por Milei y varios de los mandatarios provinciales que hoy le dan la espalda— comienza a quedar cada vez más vieja. En la Casa Rosada ya no se habla de federalismo ni de consensos. El nuevo eje es la resistencia: vetar, judicializar y encapsular el conflicto en la narrativa de “casta contra cambio”. La mira ya está puesta en el próximo hito: las elecciones legislativas de octubre. “Jodan todo lo que quieran”, dijo esta semana el Presidente. “Los espero el 11 de diciembre”.

PL/MG