Opinión

Una “condena escrita” no exime a Cristina de rendir cuentas por los negocios de Báez

Durante los mandatos presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Lázaro Báez se transformó en el principal contratista de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Tras dejar un cargo gerencial en el banco santacruceño del Grupo Petersen, Báez creó empresas, absorbió otras y multiplicó inversiones. Compró campos y depositó al menos US$ 25 millones en una entidad suiza, con sus hijos como beneficiarios finales. El análisis del cruce de fondos familiares entre paraísos fiscales requiere la asistencia de un experto en fraudes. Además de amigo de Néstor Kirchner, Báez mantuvo un vínculo comercial con la pareja presidencial. Al tiempo que su buque insignia, Austral Construcciones, ganaba licitaciones para obras públicas, otras de sus firmas compraban propiedades a los Kirchner y explotaban sus hoteles.

Hasta aquí, motivos más que suficientes para iniciar una investigación en fuero federal.  

Báez fue detenido el martes 5 de abril de 2016 en el marco de la causa bautizada por los zócalos de la televisión como “Ruta del dinero K”, paralela al expediente “Vialidad” que esta semana inició la etapa final de alegatos en el juicio oral, con el fiscal Diego Luciani en “actuación estelar”, “un duro”, autor de una presentación “histórica” y “contundente”, “Doctor No”, hombre “valiente” que le puso “límites a la política” y formuló una “acusación fulminante y fundamentada”, según el relato predominante. Es cierto que el elenco más conocido de Comodoro Py no ofrece muchas figuras edificantes para una épica republicana, pero acaso el cúmulo de elogios que se llevó la modesta presentación de Luciani haya sido un exceso.

Dos días antes de la detención de Báez en 2016, se había hecho pública la filtración global Panamá Papers, con el rostro de Mauricio Macri poblando los portales del mundo junto al selecto grupo de gobernantes y exgobernantes que ocultaban empresas y sellos en ese paraíso fiscal. Sorpresa: Macri no resultó ser el Mandela que describían. Nadie lo habría imaginado de un contratista con sus antecedentes. En una extraordinaria paradoja, los periodistas alemanes del diario Süddeutsche Zeitung que comandaron la investigación de los Panamá Papers narraron que sus colegas argentinos, obsesionados con hallar “la ruta del dinero K” en Panamá o en Delaware, se toparon con “la ruta del dinero M”.

Los mismos medios argentinos que habían tratado de ocultar el apellido Macri en la filtración global se abalanzaron, con similar torpeza, sobre el auto que transportaba a Báez con casco y chaleco antibalas ese 5 de abril. Fue el primero de los múltiples escarnios públicos en el prime time orquestados durante los cuatro años de Cambiemos en Casa Rosada. A ese show le siguió otro con el fiscal federal Guillermo Marijuan al mando de excavadoras en búsqueda de tesoros enterrados en estancias de Santa Cruz, sin éxito.

Arrepentidos en el living

Hay que reconocer que el programa de Jorge Lanata en Canal 13 no filmó a Leonardo Fariña, el pintoresco arrepentido contra Báez en las causas “Ruta del Dinero” y “Vialidad”, en el living de Elisa Carrió en Recoleta, como hizo en 2015 con un testigo falso que apuntó contra “la Morsa” —según el zócalo— Aníbal Fernández. Fariña fue grabado con cámara oculta por “Periodismo Para Todos” en otro living, dos años antes, con un testimonio pulido en el que él se dejó a salvo y enlodó a Báez. El entonces marido de Karina Jelineck se arrepintió (“Lanata quería ficción, le di ficción”), pero luego se arrepintió de haberse arrepentido. Ya con Macri en el Gobierno, Fariña se adhirió al programa de testigos protegidos, ejecutado bajo la directa supervisión del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. También cabe reconocer que no se sabe si a Fariña le montaron un hotel boutique en Mendoza a cambio de su arrepentimiento, como a Alejandro Vanderbroele, espada filosa utilizada contra Amado Boudou. Lo que sí ocurrió es que el exgestor de Lázaro Báez salió de la cárcel, se cortó el pelo, se mudó a una vivienda con amplias comodidades y pasó a tener Osde como prepaga, todo a cargo del Estado.

El código procesal argentino establece que el imputado debe permanecer detenido sólo si existe “peligro de fuga” o riesgo de “entorpecimiento del proceso”, o en función de la gravedad del hecho (por ejemplo, homicidio o violación). En principio, Báez debió haber aguardado la sentencia definitiva en libertad, pero ese principio del derecho no rigió durante el Gobierno de Cambiemos. Las prisiones preventivas contra Báez se fueron solapando y permaneció en la cárcel hasta septiembre de 2020. Desde entonces, el dueño de Austral Construcciones se encuentra en régimen domiciliario.

Durante su larga detención, el “inminente arrepentimiento” del dueño de Austral Construcciones para revelar su vínculo secreto con los Kirchner fue anunciado media docena de veces. No ocurrió. En julio pasado, dos jueces de Casación rechazaron su excarcelación. Uno de ellos, Gustavo Hornos, era uno de los habitués de Macri en la Casa Rosada y en Olivos días antes de fallar en causas sensibles, según lo revelado por El Destape.

Se podría abundar sobre las cámaras de apelaciones tijeretadas por la mesa judicial, la duplicidad de causas o los traslados de jueces partidarios a dedo, pero lo mencionado basta para considerar que la denuncia de Cristina Fernández de Kirchner sobre la existencia del lawfare tiene asidero.

Al enemigo, doctrina Irurzun y relato de Fariña

Así las cosas, el sistema institucional argentino se encuentra ante una encerrona recurrente. La fundada presunción de que durante el kirchnerismo existieron prácticas sistemáticas de corrupción choca con un montaje de justicia que no garantiza, e incluso bloquea, la posibilidad de investigar en serio. En una práctica que hasta ahora no mereció ninguna revisión de parte de los nuevos liderazgos de Juntos por el Cambio (JxC) —por el contrario, la experiencia de Horacio Rodríguez Larreta en CABA parece reproducirla—, el macrismo potenció vicios hasta niveles desconocidos en democracia, con un doble fin: al enemigo, doctrina Irurzun para las prisiones preventivas, tribunales conformados a dedo, peritos que copian del rincón del vago y fariñas; a los propios, aspiradora de causas desde Comodoro Py para garantizar impunidad ante la presunción de corrupción sistémica también fundada. Y todo, bajo la estricta supervisión de la Corte Suprema.

No es el objetivo de esta nota transitar el detalle de los argumentos del fiscal Luciani, abordados en la cobertura de Emilia Delfino en elDiarioAR.

Al enemigo, doctrina Irurzun para las prisiones preventivas, tribunales conformados a dedo, peritos que copian del rincón del vago y fariñas; a los propios, aspiradora de causas desde Comodoro Py para garantizar impunidad

Como observación general, cabe consignar que la acusación parece más solvente cuando describe controles deficientes y cierta promiscuidad de gestión entre los encargados de la empresa y quienes debían controlarlos, o la aceleración de pagos, o el armado de licitaciones ficticias para que ganara casi siempre el mismo. Una típica cartelización de la obra pública en cualquiera de las provincias argentinas que merece ser investigada.

El énfasis del fiscal no subsana la necesidad de certeza de que efectivamente haya habido sobreprecios en las 52 obras encargadas a Báez en Santa Cruz, o de algún registro que lleve a dilucidar una coima. La “actuación estelar” se vuelve directamente vidriosa en la medida en que Luciani incrementa los decibeles y regala títulos para aseverar que Báez y Cristina son la misma entidad. Esa aspiración de máxima choca con que la causa paralela “Ruta del dinero K”, hasta ahora, no halló ninguna cuenta K en un paraíso offshore.

En el marco del juicio oral en la causa “Vialidad”, Luciani tuvo la oportunidad de preguntar a Fariña en diciembre pasado. El testigo protegido repitió una teoría extraña, que el fiscal haría bien en olvidar si procura una condena: “Austral tenía una particularidad que era que hacía (lavaba) negro el (dinero) blanco”. Es decir, según el colaborador, Báez y Néstor Kirchner lavaban dinero al revés, enviando a Suiza millones de dólares declarados para transformarlos en ilegales, con el fin de evadir impuestos.

Hay whatsapps y whatsapps

El fiscal logró impacto al poner sobre la mesa diálogos extraídos del celular de José López, el secretario de Obras Públicas de los 12 años de los Kirchner que una madrugada revoleó US$ 9 millones, saltó un muro de un convento, encontró el infierno de la deshonra internacional y finalmente fue rescatado por Comodoro Py y el Gobierno de Macri que lo transformaron en testigo protegido. Raro, pero no tanto. Al fin y al cabo, Iecsa, la empresa de obras públicas que pertenecía a los Macri, recibió contratos de las manos de López como pocas.

Los chats del exsecretario corrupto, que demostrarían que allegados a Cristina y Máximo Kirchner participaban de tratativas sobre la liquidación final de Austral Construcciones y sugieren contacto de ambos con Báez, antes de la asunción de Macri, causaron éxtasis en JxC y los medios de su sector. En cambio, los chats de Darío Nieto, el secretario del expresidente conservador, que demostrarían que apretaba por whatsapp para que bancos públicos de Ciudad y Nación dieran préstamos sin control a la agroexportadora Vicentín, principal aportante de campaña de JxC —lo que, en efecto, ocurrió—, no sólo pasaron inadvertidos para la gran prensa; Comodoro Py ya se ocupó de aspirar y enterrar la causa.

Si las garantías procesales contra Cristina, exfuncionarios y empresarios allegados no se cumplieron, ello debería determinar su inocencia en tribunales, pero no exime a la vicepresidenta de una respuesta al pueblo que representa

En febrero de 2021, Báez fue condenado a 12 años de prisión por haber orquestado el lavado de US$ 55 millones, mientras sus cuatro hijos y otros cómplices recibieron penas menores en la “ruta del dinero K”. Sebastián Casanello, aquel juez federal de instrucción que mandó a detener a Báez en el otoño de 2016, le dictó falta de mérito a Cristina. El magistrado se enfrentó a fuertes presiones: el Grupo Clarín, que lo llamaba “tortuga” porque no avanzaba sobre la expresidenta; la Cámara Federal, que lo obligó a citar a indagatoria a Cristina sin pruebas directas en su contra; y un sector del espionaje estatal, que le plantó dos falsos testigos —ya condenados— que aseguraron que el juez visitaba la residencia de Olivos.

¿Cómo hizo?

En diciembre de 2019, a días de asumir la vicepresidencia, Cristina habló en el juicio oral que estaría por llegar a su fin. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso se hundieron en sus asientos cuando los apuntó con el dedo y los acusó de que tenían “la condena escrita”. Es probable. Una vía de entrada a una sentencia en su contra podría ser que en el expediente de la “ruta”, Báez fue condenado por haber lavado dinero que provendría —según dos de los tres jueces, en coincidencia con Fariña— de sobreprecios en la obra pública en Santa Cruz y no sólo de la evasión impositiva.

Hay que poner mucha voluntad para dar crédito a los cantos de sirena sobre la honestidad y las instituciones republicanas que provienen de la derecha argentina, sus medios y Comodoro Py. Si las garantías procesales contra Cristina, exfuncionarios y empresarios allegados —varios de ellos, en efecto, corruptos— no se cumplieron, ello debería determinar su inocencia en tribunales, pero no exime a la vicepresidenta de una respuesta que debe, no a los jueces, sino al pueblo que representa.

¿Cómo hizo un empresario surgido de la nada, amigo y socio de Néstor Kirchner, para acumular y fugar durante más de una década decenas de millones de dólares obtenidos de contratos de obra pública que pagaron todos los argentinos? 

SL