En un hecho inédito, los días 12 y 13 de octubre referentes de la Secretaría de Ambiente, Cambio Climático y Transición Justa de la CGT y la coalición nacional Frente Sindical de Acción Climática se reunirán para debatir su plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático y preparar su intervención en la COP27, la cumbre del clima que se celebrará en noviembre en Egipto. Ayer sesionaron en Vaccarezza, la quinta del parque ecológico de Ituzaingó que pertenece al sindicato de obreros y empleados de la conservación (AGOEC), y hoy en el auditorio del Hotel Savoy, a dos cuadras del Congreso.

El involucramiento de los líderes sindicales en la problemática del clima no es fortuito. Agrupados tras el llamado de la Confederación Sindical Internacional (CSI), principal unión obrera del mundo con más de 200 millones de afiliados, los gremios debatirán sus demandas de incidencia ante la cumbre en el país árabe. “Los sindicatos ocupamos un lugar esencial en la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras sobre los impactos del cambio climático hoy”, dijo Sol Klas, secretaria de Ambiente de APOC, el gremio del personal de los organismos de control gubernamental, y coordinadora del Frente Sindical de Acción Climática. “Es el principal problema ambiental al que se enfrenta la humanidad y va a repercutir en el empleo, entre otras cosas”, declaró.

La CSI advierte desde hace años que tanto el calentamiento global como las medidas de mitigación y adaptación ya impactan en el mundo del trabajo. Ahora llama a todas sus centrales obreras a prepararse para exigir ante la cumbre de Egipto la implementación efectiva de “políticas y medidas de transición justa, centradas en la creación de trabajo decente y empleos de calidad en todos los sectores y en todos los países”. Por su parte, la CGT estrenó en plena pandemia su Secretaría de Ambiente, Cambio Climático y Transición Justa, una iniciativa del Frente Sindical de Acción Climática incluida en el nuevo estatuto cegetista aprobado en noviembre de 2021.

Empleos en riesgo por la crisis climática

Fue en sus Perspectivas sociales y del empleo en el mundo de 2018 donde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó que el 40 % de la fuerza laboral global está en riesgo por la crisis climática. Se trata de unos 1200 millones de empleos vinculados a la agricultura, la pesca, la silvicultura y el turismo, que dependen directamente de los servicios que los ecosistemas brindan a la humanidad: bosques que regulan temperaturas y patrones de lluvia, humedales que previenen inundaciones, biodiversidad oceánica que provee alimentos, entre otros. En 2011 el economista ecológico Robert Costanza cuantificó estos aportes de la naturaleza en 124,8 billones de dólares, cifra que casi duplicó el PBI mundial de ese año fijado en 75,2 billones.

Simultáneamente, la subida de las temperaturas potencia el estrés calórico y los riesgos para la salud, así como la proporción de horas laborales durante las cuales un trabajador necesita descansar y refrescarse para mantener la temperatura corporal por debajo de los 38 °C y evitar una termoplejía. En 2016 un equipo especializado en salud laboral dirigido por Tord Kjellström advirtió que, en el transcurso del siglo, muchas de las más de 4000 millones de personas que viven en zonas cálidas de África, Asia y América Latina verán menguada su capacidad laboral. Según las estimaciones de la OIT, para 2030 se perderá el 2 % de las horas de trabajo, con una disminución de productividad equivalente a 72 millones de empleos a tiempo completo.

La OIT reconoce el origen del problema: “Este modelo de actividad económica basado en la explotación intensiva de los recursos y la generación de grandes emisiones de carbono ha ejercido tal presión sobre el ambiente que la actividad económica hoy resulta insostenible”. Las cifras son claras: la extracción de materiales creció un 62 % entre 2000 y 2013, y las emisiones un 33 % entre 2000 y 2012. En consecuencia, el calentamiento global y la deforestación alteran los patrones de lluvia aumentando la posibilidad de sequías e inundaciones, la agricultura intensiva reduce la capacidad de recuperación del suelo, y la acidificación de los océanos disminuye la posibilidad de regeneración de la población ictícola, entre otros males.

Sin embargo, los cambios que pueden implementarse en las ramas de energía, transporte, industria y construcción para descarbonizar la economía internacional y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París (COP21) podrían no solo asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas, sino también impulsar la creación de unos 24 millones de empleos. Incluso, “la adopción de la economía circular para reducir la extracción de materiales y la generación de desechos también arrojará beneficios netos”, comunicó la OIT. Las afirmaciones no son meras expresiones de deseo. Según su nuevo informe, el sector de las energías renovables alcanzó los 12,7 millones de empleos en 2021, con un aumento de 700 000 en un año, pese a los efectos de la pandemia y la creciente crisis energética.

Transición justa: de concepto en disputa a herramienta sindical

El movimiento sindical internacional invoca una descarbonización de la economía en la que los trabajadores no paguen los costos. Su creciente presencia en el debate climático se relaciona con la emergencia y el desarrollo del concepto de transición justa. Este surgió en la década de 1970 en el movimiento obrero norteamericano bajo el liderazgo de Tony Mazzocchi y la Unión de Obreros Petroleros, Químicos y Atómicos (OCAW). Se trató inicialmente de un enfoque meramente defensivo: el dirigente planteó la necesidad de crear un “superfondo obrero” con la finalidad de dar apoyo financiero y otorgar oportunidades, como el acceso a la educación superior, a los trabajadores que perdían sus empleos por las políticas de protección ambiental.

A partir de la década de 1990, el concepto se expandió constituyéndose en un principio rector que permitió enfrentar la destrucción de empleos ocasionada por procesos de remediación ambiental aplicados en clave patronal-corporativa. Tras la cumbre de Copenhague en 2009 (COP15), el concepto de transición justa se convirtió en la principal contribución del movimiento obrero organizado al debate climático internacional, y los sindicatos pasaron a ser percibidos como una fuerza constructiva y progresista, dejando incluso su marca en el preámbulo del Acuerdo de París de 2015, cuando este hace referencia a la necesidad de tener en cuenta “los imperativos de una reconversión justa de la fuerza laboral y la creación de trabajo decente y empleos de calidad”.

Pero en torno a la transición justa también se ha desarrollado un debate político-ideológico de contornos difusos que involucra a una gran multiplicidad de actores, desde académicos y movimientos sociales hasta organismos multilaterales y ONG. Según Cecilia Anigstein, investigadora del Conicet y miembro del Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinarios sobre la Problemática Energética (Gecipe), este debate se extiende “tanto en los ámbitos de la gobernanza neoliberal como en las articulaciones desde abajo”, con tópicos tales como reconversión y formación profesional, transición y democracia energética, descarbonización, empleos verdes, economía regenerativa, decrecimiento, desprivatización y neoextractivismo, entre otros.

Sin embargo, para Anigstein, quien también es colaboradora del Observatorio Laboral de la Confederación Sindical de las Américas, la filial continental de la CSI, “los colectivos laborales que reaccionan defensivamente e intentan conservar sus derechos frente a transiciones corporativas y reconversiones industriales que, impuestas desde arriba, amenazan sus medios de subsistencia, oportunamente podrían apoyarse en la transición justa para ampliar sus bases de representación, articularse con otras organizaciones del campo popular o elaborar planes de transición en clave ecosocial, que contengan sus propias reivindicaciones y visiones sobre el actual modelo de desarrollo”.

Gerardo Juara es abogado y secretario de Ambiente de AGOEC, el gremio del personal de la Ceamse. En su opinión, el concepto de transición justa puede convertirse en una herramienta sindical, como lo son la huelga o la negociación colectiva. Según el dirigente, esta idea se asienta en la comprobación histórica: “Le pusimos un nombre a la resistencia (método) en busca de la defensa del empleo y las comunidades (un resultado) cuando el que producía la afección era una política ambiental (un contexto especial que no ameritaba una medida de acción directa contra ‘el ambiente’). A medida que la herramienta madura como regla la transformamos en un principio”. 

El dirigente explicó que hay tres tendencias teóricas sobre la transición justa. La primera obedece a una respuesta desde la seguridad social a una crisis puntual, una especie de seguro de capacitación y desempleo ampliado y temporario. La segunda la aborda de manera activa: “Opera las acciones de diálogo social y un sistema de seguridad ampliado que garantice el resultado en términos de empleo”. Por ejemplo, la consigna de la CSI “No hay empleos en un planeta muerto”. Para la tercera, la transición es un “éxodo desde un sistema económico” que ha destruido las posibilidades de vida y trabajo digno en el planeta, lo que nos lleva a un “mundo nuevo” donde “si no discutimos las relaciones de poder internas entre trabajo, capital y naturaleza, encontraremos… los mismos trabajos”. 

Sin embargo, para Juara, si la promesa es la de los mismos empleos, entonces no estamos trabajando sobre las causas de la catástrofe. Propone, por ejemplo, poner blanco sobre negro las externalidades de las que se aprovechan las cadenas globales de suministros para presentar la crisis no tanto como una crisis de empleo, sino como una crisis de capital: “Por eso la transición es y debe ser un instituto-herramienta del movimiento obrero, un principio-imperativo en los términos o cercano a la definición provisoria ofrecida por la CSI, y construir un conjunto de reglas para que esa operatividad alcance los resultados deseados: que al término de la transición los trabajadores estén en mejor posición que al comienzo del proceso”.

Sindicalismo climático en el sur global

Fue en 2006 cuando la Confederación Sindical Internacional, por entonces flamante fusión de dos de las tres principales centrales obreras del mundo, asumió el liderazgo en la promoción de la transición justa en las cumbres climáticas y comenzó a colaborar con la OIT en el desarrollo de políticas específicas. En 2012, de cara a la conferencia de RIO+20, su secretaria general, la docente laborista australiana Sharan Burrow, advirtió: “Los sindicatos del mundo saben que no hay empleos en un planeta muerto”. No era la primera vez que la confederación utilizaba la expresión, pero a partir de entonces se volvió una consigna central del movimiento para alertar a los trabajadores del mundo de la necesidad de prepararse para enfrentar la crisis climática.

Diez años después, la CSI insiste en su llamado. “El cambio climático amenaza a todos y dejará regiones enteras inhabitables. Los fenómenos meteorológicos extremos con devastación duradera ya están destruyendo puestos de trabajo y medios de subsistencia. Tenemos once años para estabilizar el planeta a un aumento de la temperatura de 1,5 °C, pero los Gobiernos no se están responsabilizando de alcanzar sus objetivos”. Para la confederación, cada Gobierno debe incluir en sus planes de desarrollo “medidas de transición justa para proteger a los trabajadores, sus familias y sus comunidades”, cada empleador debe tener “un plan para proteger sus operaciones contra el clima”, y ​​las medidas de transición justa “deben estar en el centro de dichos planes”.

Tras el Acuerdo de París, su filial continental definió que “el enfrentamiento al cambio climático debe ser un compromiso compartido por todos los países del mundo bajo el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, garantizando el apoyo financiero y la transferencia de tecnología para los países en vías de desarrollo”. La Confederación Sindical de las Américas asegura que esta estrategia requerirá de “políticas públicas activas en el ámbito de la fiscalidad, las subvenciones y la inversión pública para garantizar que los incentivos y la infraestructura dirijan la economía hacia una transición justa, con un camino sustentable y garantizando el respeto de las condiciones de trabajo decente”.

Para Klas son las organizaciones sindicales las que tienen “la obligación, más que ningún otro actor”, de luchar por el trabajo decente, contra la pobreza y por una transición justa. “Tenemos la responsabilidad de incorporar la justicia y la equidad en los procesos de adaptación y mitigación del cambio climático. Es necesario que los sindicatos cumplan este importante papel, por sí mismos o formando alianzas con otros actores sociales”, declaró. Su coalición, el Frente Sindical de Acción Climática, surgió en 2019 de la mano de APOC, AGOEC, FATCA y AMRA, a la que luego se sumó el sindicato de patrones de cabotaje. Hoy agrupa a dieciséis gremios, entre ellos, los del plástico, el ladrillo, el vidrio, así como también de universidades nacionales y otros servicios públicos. 

“Los trabajadores y las trabajadoras sabemos que estamos inmersos en un modelo irracional de producción y consumo global que nos genera necesidades artificiales en vez de orientarse a la satisfacción pública y comunitaria de las necesidades reales y fundamentales para la existencia, como la alimentación universal, la sanidad, la educación, la cultura, la vivienda, la provisión de agua y demás servicios básicos”, reclamó. Desde hace más de veinte años que la dirigente se desempeña como supervisora de control de gestión ambiental en la Auditoría General de la Nación. En 2021 participó junto a la Internacional de Servicios Públicos y la CSA de la COP26 en Glasgow y en junio pasado de la Conferencia del Clima de Bonn.

 El extractivismo como freno a la transición 

Anabella Rosemberg fue responsable por quince años de las políticas ambientales y de salud laboral en la CSI. Sobre las dificultades de esta organización para alcanzar sus metas, explicó: “Uno podría haber esperado que de una fase de sensibilización y compromiso pre-París se pasara a una nueva fase de acción, en donde había que profundizar en las alianzas, políticas y visión que cada central sindical tenía, e ir a concretizar los principios que se habían acordado internacionalmente. Eso no creo que haya sucedido y, por consiguiente, la diferencia entre una retórica muy bien intencionada y con gente que realmente cree en lo que se dice parece más alejada de los posicionamientos concretos a nivel nacional y sectorial”. 

Rosemberg también advirtió que con la agravación de la crisis climática muchos segmentos del ambientalismo han profundizado en la idea de que “ya no hay tiempo” para consensos amplios, lo que impacta negativamente si se quiere atraer al sindicalismo, ya que “este tiene que atender problemáticas percibidas como aún más urgentes por sus propios miembros”. En cuanto al sindicalismo latinoamericano, la especialista aseguró que todo lo dicho previamente es pertinente, pero suma una complejidad particular: el contexto político y la cercanía de muchos sindicatos con el arco progresista-extractivista regional, y da como ejemplos el vínculo entre la CUT de Brasil con el Partido de los Trabajadores y el de la CGT y la CTA en Argentina con el kirchnerismo y el peronismo. 

“Por necesidad o por convicción, para cerrar filas frente a un avance neoliberal, la contradicción al modelo extractivista (sea el de extraer fósiles, producir soja o extraer minerales) no está sobre la mesa. El mayor alineamiento con la agenda ambiental se sitúa en el apoyo a los sectores con potencial de creación de empleo, como las energías renovables, el transporte público y la construcción (siempre y cuando no se ataque a los otros) o en la cuestión de la estatización de los servicios públicos, percibida como una necesidad para organizar la transición. Pero sin un avance concreto en una visión común que desvíe el camino de desarrollo hacia una dirección compatible con el evitamiento de la crisis climática todo tiene gusto a retórica”, sentenció. 

Klas comparte un 100 % el planteamiento de Rosemberg. “Lo conversé con ella en Bonn este año. El sindicalismo hoy no está dando la discusión que hay que dar, y esto es una amenaza para los trabajadores y trabajadoras en la actualidad y el futuro próximo”, lamentó. Como muestra, señaló el caso de la exploración y explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta o el de las cuencas CAN y MLO para la explotación offshore en el mar argentino. “Es la muestra más clara de la necesidad de generar recursos rápidamente para responder a la crisis de deuda contraída por el establishment internacional con la complicidad de alguna administración nacional. Esos mismos recursos se deberían utilizar para combatir la pobreza y el cambio climático”, apuntó.

La dirigente también advirtió sobre la ausencia de datos para abordar el dilema del transporte, un sector clave en términos de mitigación de emisiones: “Se ha convencido a la sociedad de que el Metrobús es una gran medida contra la contaminación. Si uno se para diez minutos a observar, se ve claramente que es insostenible. ¿Hay estudios serios que muestren cuánto se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero? El Metrobús debería ser un tren de conexión o algo superador que conecte buses y ómnibus de ramales. Lo que se propone como reducción de emisiones podría ser una fuente de contaminación inmensa, pero con una cantidad de laburo extraordinario. ¿Cómo romper ese dilema?”.

Anigstein, por su parte, problematiza los términos de la transición. “Lo central a considerar en mi opinión es cuáles son los sectores de actividad que dinamizan la transición energética y las políticas de adaptación, y con esa pregunta avanzar en estudios de caso. Actualmente, estoy en ese camino, analizando con un enfoque cualitativo la minería del litio, eslabón en la cadena global de baterías para la reconversión de la industria automotriz”, explicó la investigadora. Sus resultados preliminares: “No es empleo verde en la definición de la OIT. Se observan importantes impactos socioambientales y la generalización de mecanismos de tercerización que se traducen en altos índices de precariedad laboral con mayor exposición a los riesgos para los trabajadores y las comunidades”.   

En cuanto al rol de los dirigentes, Anigstein también tiene un balance crítico. “No hay avances en las políticas de transición en Argentina. Los sindicatos tienen una baja participación en los procesos de toma de decisiones. Además, son reactivos (salvo los asesores especializados y unos pocos dirigentes) a ponderar y jerarquizar la cuestión ambiental en sus agendas”. Rosemberg relativiza esto: “Tal vez no en defensa, pero sí con una voluntad de contextualización, creo que es importante ver al sindicalismo no como una retaguardia atrasada, sino como un reflejo de dónde están las verdaderas mayorías en su reflexión sobre el tema. Por consiguiente, es sobre todo el avance de la conversación a nivel nacional lo que mueve las agujas al interior del movimiento, mucho más que al revés”.

La pre-COP del sindicalismo argentino 

La ciudad egipcia de Sharm El-Sheikh será sede de la COP27 entre el 6 y 18 de noviembre. Allí continuarán las negociaciones que permitan la aplicación efectiva del Acuerdo de París, cuyo principal objetivo es contener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 °C. La pre-COP del sindicalismo argentino contará con la participación de David Boys, secretario general adjunto de la Internacional de Servicios Públicos, y de Bert De Wel, asesor de políticas climáticas de la CSI. Entre los locales jugarán Sol Klas y Hugo Quintana de APOC, el secretario de Ambiente de la CGT Roberto Fernández (UTA), Jorge Omar Mancini de AGOEC, Mariano Moreno del sindicato de patrones de cabotaje y Gerardo Martínez, secretario de relaciones internacionales de la CGT. 

Los organizadores afirman que los gremios concurrirán “con la firme voluntad de lograr establecer un criterio profundo y movilizador sobre la ‘transición justa’ e impulsar, junto con diversas entidades de la sociedad civil, una aceleración de la acción climática”. También reclamarán un mayor financiamiento para las políticas de adaptación, un avance en la transferencia de tecnología vinculada a la mitigación y “un compromiso serio y sincero” de los países desarrollados. “Queremos evaluar la situación climática y de los sindicatos de la región, analizar documentos y generar propuestas al Ministerio de Ambiente, al Ministerio del Trabajo y a la CGT. En definitiva, empezar a poner en la mesa de debate los temas climáticos y su impacto en el mundo del trabajo”, concluyó Klas.

Este artículo fue elaborado con el apoyo de Climate Tracker América Latina

RA

Entre el 18 y el 22 de mayo el Grupo de Trabajo del Antropoceno (GTA), un equipo especializado de geólogos de catorce países, presentará en la Casa de las Culturas del Mundo de Berlín los resultados de una investigación de más de doce años. Afirman que la sociedad contemporánea transita desde mediados del siglo XX una nueva época geológica, marcada por el impacto negativo de la industrialización moderna y la globalización: el antropoceno. 

Si la evidencia reunida en los últimos dos años es suficiente, la carta cronoestratigráfica internacional -base de la escala geológica de tiempo- será modificada. El Antropoceno aparecerá como el nombre de la época actual, con importantes implicaciones culturales y legales. 

La incorporación no solo marcaría el fin de la actual época geológica oficial -el Holoceno, que reinó durante 11.700 años-, sino también el de las condiciones ambientales globales que posibilitaron el surgimiento y desarrollo de la civilización.

La ciencia del impacto humano contemporáneo

“El Antropoceno se originó y utilizó por primera vez en la comunidad científica del sistema Tierra (Earth System Science, o ESS) cuando un miembro destacado, el premio nobel Paul Crutzen, ideó el término y el concepto”, explica en diálogo con elDiarioAR Jan Zalasiewicz, presidente de la Subcomisión Estratigráfica del Cuaternario y fundador del GTA. 

“Dentro de esa comunidad grande e influyente el término comenzó a usarse informalmente como una unidad de tiempo geológico. La comunidad geológica empezó a involucrarse unos años más tarde e inició un análisis formal del Antropoceno para ver si podría convertirse en una parte aceptada y ratificada de la escala geológica de tiempo. Ese proceso complejo aún continúa”, señala.

El GTA se fundó en 2009 con dieciséis especialistas. Creció y evolucionó con membresía internacional. Para 2022 agrupó a treinta y ocho profesionales de catorce países. Su principal tarea es evaluar el Antropoceno como una unidad potencial de tiempo geológico, siguiendo los estrictos protocolos elaborados por la Comisión Estratigráfica Internacional (CEI) y su organismo matriz, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. 

Para que el Antropoceno pueda ser oficialmente reconocido, el GTA debe proponer un punto específico en la faz de la Tierra que sirva de referencia global para indicar su comienzo. Según una votación realizada en mayo de 2019, el GTA viene buscando esta señal en los estratos correspondientes a la década de 1950. Si es idónea y representativa, será marcada con un “clavo dorado”. 

“Estamos considerando una amplia gama de señales antropogénicas que pueden usarse para identificar el inicio del Antropoceno alrededor de 1950”, dice Colin Waters, profesor de la Universidad de Leicester y presidente del GTA, en diálogo con elDiarioAR. 

“Un marcador útil es aquel que se encuentra en diversos entornos y se propaga por todo el planeta con retardo de tiempo mínimo. La aparición de plutonio asociada con el inicio del bomb spike es obvia, ya que se dispersa rápidamente en la estratósfera, siendo 1952-1953 el comienzo típico de la señal global”, comenta.

Desde 1945, cuando se detonó la primera bomba atómica de prueba en Nuevo México (seguida de las usadas contra la población en Hiroshima y Nagazaki), se realizaron más de 500 pruebas de armas nucleares, hasta que un tratado las prohibió en 1963. Durante todo este tiempo, las pequeñas partículas de desechos radiactivos se inyectaron en la estratosfera donde circulan globalmente y vuelven a entrar desde la troposfera, depositándose en todo el mundo. 

Waters explica que se han considerado doce sitios en cinco continentes para establecer el marcador estratigráfico: sedimentos marinos en el mar Báltico, depósitos costeros en las bahías de San Francisco (EE. UU.) y Beppu (Japón), sedimentos lacustres en Ontario (Canadá), California y el noreste de China, una turbera en la frontera entre Polonia y República Checa, núcleos de hielo de la Antártida, un depósito en una cueva de Italia, corales de la Gran Barrera de Australia y el Golfo de México y estratos urbanos en Viena.

Una conferencia abierta al público 

Simon Turner, de la London's Global University y secretario del GTA, detalla a elDiarioAR: “Los resultados del trabajo estratigráfico para sugerir un marcador adecuado se darán a conocer durante los primeros dos días del encuentro. En los dos días siguientes tendrá lugar una serie de eventos y conferencias cuyo fin es explorar la evidencia junto a académicos culturales e históricos, así como con el público”. 

Estos resultados también serán publicados en diciembre en una edición especial de Anthropocene Review, perteneciente a la editorial SAGE. Simultáneamente, se dará a conocer el resultado de una nueva votación del GTA, esta vez para determinar cuál de todos los sitios será el candidato preferido como marcador principal del Antropoceno. 

“A principios de 2023, nuestro objetivo es redactar la propuesta de candidato ganador y someterla a nuestro organismo matriz, la Subcomisión Estratigráfica del Cuaternario”, agrega Waters. “Las decisiones sobre la propuesta enviada se toman por mayoría de votos (más del 60 %), primero por miembros votantes de la Subcomisión. Si tiene éxito, surge una recomendación formal que luego será considerada por los miembros votantes de la Comisión Estratigráfica Internacional”. 

Si la CEI aprueba la propuesta, la ratificación final vendrá de parte del comité ejecutivo de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, máxima autoridad en la materia e integrante del poderoso Consejo Internacional de Ciencias.

Controversia en el Antropoceno: ¿época o evento geológico?

La propuesta también ha provocado duda y rechazo. Para algunos geólogos es propaganda, no tiene uso estratigráfico y se centra en la especulación sobre el futuro en lugar de eventos geológicamente significativos. Esto ha llevado a un sector minoritario del GTA a plantear que el Antropoceno no es una nueva época, sino un evento geológico. 

Philip Gibbard, actual presidente de la CEI, es coautor de la contrapropuesta: “La modificación humana de los sistemas naturales no comenzó en 1950, sino hace miles de años, y críticamente en diferentes tiempos en diferentes lugares. Por lo tanto, no tiene sentido definir simplemente las últimas décadas como una nueva división del tiempo geológico, ya que esto no reconoce los impactos humanos antes de ese tiempo”. 

Según Gibbard, esto permitiría reconocer que todavía estamos viviendo en el Holoceno interglacial, además de usar el término “Antropoceno” para describir este período de actividad sin necesidad de cambiar la escala de tiempo geológico. 

“Desde la publicación de nuestros artículos, hemos descubierto que existe un apoyo considerable para nuestra propuesta de evento, no solo en la comunidad geológica, sino también de colegas en la arqueología y las humanidades. En otras palabras, es una solución práctica que realmente refleja el impacto de los humanos durante la historia reciente de la Tierra”, concluye.

La crisis del Antropoceno 

Otros miembros del GTA, entre los que está el químico atmosférico y profesor de la Universidad Nacional de Australia, Will Steffen, advierten sobre los peligros de alejarse demasiado de unas condiciones ambientales similares a las del Holoceno. La Tierra podría atravesar el umbral que la separa de una “Hothouse Earth”, expresión que busca enfatizar condiciones extremas e irreversibles, incluso si llegasen a reducirse las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Los científicos advierten que cruzar el umbral llevaría a una temperatura media global “mucho más alta que la de cualquier intervalo geológico interglacial de los últimos 1,2 millones de años y a niveles del mar significativamente más altos que en cualquier momento del Holoceno”, lo que derivaría en “graves trastornos en los ecosistemas, la sociedad y las economías”. 

Este sector busca estabilizar nuestro tránsito por el Antropoceno para mantenernos en un estado interglacial habitable. Esto implica “la administración de todo el sistema Tierra (biósfera, clima y sociedades) y podría incluir la descarbonización de la economía global, la mejora de los sumideros de carbono de la biósfera, cambios de comportamiento, innovaciones tecnológicas, nuevos acuerdos de gobernanza y valores sociales transformados”.

Una idea con historia

Como dijo Zalasiewicz, el término Antropoceno fue utilizado por primera vez por Paul Crutzen en febrero del 2000. El vicepresidente del Programa Internacional Biósfera Geósfera (IGBP) presenciaba una exposición en Cuernavaca, México, sobre el pasado reciente del clima planetario cuando advirtió que los parámetros ambientales que posibilitaron el surgimiento y desarrollo de la civilización habían desaparecido. 

“Ya no estamos más en el Holoceno”, exclamó en dicha ocasión, “estamos en el Antropoceno”, dando origen a un término que alcanzaría gran popularidad en las ciencias naturales. Según Clarivate Analytics –índice de citas originales para la investigación científica y académica–, mientras en 2012 el término había sido citado por 65 publicaciones, en 2018 la cifra había subido a 747 y en 2020 a 1240.

Pero Crutzen no fue el primero en aludir a este concepto. Aunque sin usar estrictamente el término “Antropoceno”, la noción de que la humanidad es un agente geomorfológico no es nueva en el pensamiento occidental, pero siempre fue rechazada por considerarse que dicho impacto es demasiado insignificante en comparación con las grandes fuerzas de la naturaleza. Ya había sido reconocida en el siglo XIX por figuras como Thomas Jenkyn, Samuel Haughton, George Marsh, Ernest Haeckel y Antonio Stoppani. Incluso pensadores de la Antigüedad como Lucrecio atribuían el desgaste de la tierra al peso de una población humana en crecimiento.

Después de Cuernavaca, Crutzen se reunió en Estocolmo con Steffen, por entonces presidente del IGBP, para intercambiar opiniones sobre el Antropoceno. “Discutí cómo el concepto podría desarrollarse más dentro del trabajo del IGBP”, dice Steffen en diálogo con elDiarioAR. “Como prueba de ello, verás que el concepto del Antropoceno aparece en el libro síntesis del IGBP, Global Change and the Earth System: A Planet Under Pressure, publicado a principios de 2004”. 

La incursión de Crutzen en la redefinición de la historia planetaria fue determinante. Sin embargo, acogió la expresión como una época de facto pese a la poca comprensión de los elaborados protocolos necesarios para cambiar la escala geológica de tiempo. Tuvieron que pasar ocho años para que la comunidad geológica recogiera el guante y comenzara a analizarlo formalmente para ver si realmente podía satisfacerlos.

La humanidad en la encrucijada 

La geología condiciona la historia humana. Las primeras civilizaciones surgieron hace unos seis mil años, a mediados de la época geológica del Holoceno, luego de que el aumento de la humedad atmosférica y la estabilización del nivel del mar hiciesen posible el desarrollo de la agricultura y la urbanización. Ya sea en el Indo o en el Éufrates, en el Grijalva o en la cuenca del Misisipi, las sociedades complejas, con distinciones de clase y gran capacidad de movilización, surgieron por primera vez cerca de las márgenes costeras. 

Desde entonces, jamás la humanidad había atravesado una nueva época geológica, un cambio que implica de por sí transformaciones sincrónicas e irreversibles en la corteza terrestre. Sin embargo, esta percepción podría cambiar radicalmente. 

Los científicos del GTA esperan que la evidencia hable por sí misma cuando sea presentada y compartida con el público. Esto ocurrirá en Berlín entre el 18 y el 22 de mayo en la Casa de las Culturas del Mundo (HKW), el centro nacional de Alemania para la discusión del arte contemporáneo, con un enfoque especial en las culturas y sociedades no europeas. 

“Espero que quede claro que vivimos en la nueva época geológica del Antropoceno, en la que los humanos están poniendo en peligro el futuro del planeta a través de sus acciones, y qué papel crucial juega la ciencia basada en hechos para reconocer esta crisis”, declara Bernd Scherer, director de la HKW, en diálogo con elDiarioAR. 

“Es importante también dejar en claro qué desigualdades globales han producido los desarrollos de las últimas décadas, en las que unos pocos viven a expensas de la mayoría”, agrega.

El homo sapiens, única especie humana sobreviviente del Cuaternario, transita una nueva época geológica cuyas condiciones ambientales ponen en grave peligro su futuro. De mantener un escenario similar al del Holoceno dependerá que nuestra civilización tenga una segunda oportunidad. Bienvenidos al Antropoceno.

RA

Luego de examinar más de 1.200 artículos informativos en varios de los países con mayor población de América Latina, un análisis de medios advirtió sobre la escasa presencia de periodistas especializados en la cobertura regional de la transición energética para enfrentar el cambio climático. Además, el enfoque centrado en los negocios se impuso (en algunos países de manera abrumadora), mientras que los gobiernos nacionales constituyeron la principal fuente de información junto a representantes de las empresas. Entre otros hallazgos, se destaca la ausencia de explicaciones científicas, líderes comunitarios y enfoques centrados en la ecología y la pobreza. 

Para Itzel Gómez, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora del estudio, “es un tema que va a seguir en las agendas, y si no están preparadas las redacciones, las va a agarrar por sorpresa y va a pasar lo mismo que con el covid-19”. Por su parte, para la socióloga Maristella Svampa, especializada en estudios críticos sobre energía, “la visión hegemónica de la transición energética que podemos rastrear a través de los medios de comunicación no pone en debate las causas estructurales de la emergencia climática” y por ello “tiene patas cortas”.

El mayor desafío de la humanidad 

El cambio climático y la pérdida de biodiversidad son el desafío más grande al que se enfrentan los seres humanos. Al menos así lo dejó en claro una encuesta realizada por Unesco en 2021 a unas quince mil personas, siendo el 57 % menor de 35 años. El tema es tan preocupante que en marzo el propio presidente Alberto Fernández expuso durante la primera reunión del Gabinete Nacional de Cambio Climático acerca de las consecuencias concretas de este fenómeno y advirtió sobre la necesidad urgente de tomar medidas, como un cambio en la matriz energética junto a otros países latinoamericanos. “La situación es mucho más que preocupante y la tragedia está a un paso”, advirtió en dicha ocasión.

Sin embargo, la cobertura mediática de la transición energética ha presentado serios déficits, según un reciente análisis de medios de Climate Tracker. La plataforma internacional de periodismo reclutó a doce investigadores que, entre agosto de 2020 y noviembre de 2021 –cuando se celebró la COP26 de Glasgow–, analizaron la cobertura de seis medios nacionales en Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México y República Dominicana, algunos de los países con mayor población de la región. Los medios fueron escogidos según sus características principales: uno de gran difusión, uno público, dos regionales, un nativo digital y una revista especializada, y se utilizaron dos metodologías: una cuantitativa, que fue el análisis de contenido, y otra cualitativa, llamada análisis de encuadre.

Con el foco en los negocios

Los resultados arrojaron que los medios latinoamericanos comunican la transición energética desde un enfoque económico, principalmente de negocios, con el 33 % de los casos examinados, en desmedro de otros encuadres, como el ecológico, la investigación o la pobreza. En Brasil el enfoque de negocios alcanzó el 61,2 %, mientras que en Argentina fue del 30 %.

“Había muchísimas notas en donde se hablaba, por ejemplo, de la inversión que iba a tener una planta, supongamos, de energía solar o eólica, y que esto iba a generar incentivos económicos positivos, pero nada más”, explica en diálogo con elDiarioAR Itzel Gómez, investigadora de Climate Tracker y editora del Laboratorio de Periodismo de Ciencias de la UNAM. “Muy pocas notas hablaban de los enfoques ambientales o sociales. Era muy sesgado, una visión muy particular de la realidad. No incluir más encuadres solo nos da esta visión que nos cuentan los medios de comunicación, pero la realidad es poliédrica”.

Consultada por elDiarioAr a propósito de los resultados del estudio, la socióloga argentina e investigadora principal del Conicet Maristella Svampa apuntó que “existe efectivamente la construcción de una visión hegemónica de la transición energética, que podemos rastrear a través de los medios de comunicación, muy ligada a la visión de una transición corporativa y privatista que ve en el cambio de la matriz energética una oportunidad de negocios”.

Svampa, que es coordinadora del Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinario sobre la Problemática Energética (Gecipe), opina que lo que se desprende de la cobertura mediática “es una visión que no cuestiona el crecimiento ilimitado, no pone en debate las causas estructurales de la emergencia climática, ni la crisis socioecológica ni tampoco cuestiona el modelo de consumo, sino que se basa en el discurso de la modernización ecológica y la economía verde, y que está basado en la financiarización de los bienes naturales, sobre todo en el mercado del carbono”.

Esta imposición de una visión “economicista” y “tecnocrática” de la transición energética se complementa con otra tendencia que deja en evidencia el estudio. Los medios tampoco explicaron a la audiencia qué es la transición energética: en el 93,4 % de los casos analizados no se definió el concepto. Por ejemplo, en Colombia, de las 190 piezas informativas examinadas solo cuatro lo explicaron (2,1 %).

Los medios en su mayoría tampoco mencionaron los pasos para alcanzar la transición. Por ejemplo, en México, de 252 piezas solo en el 28 % de los casos se señaló la matriz energética inicial, mientras que en el 22 % solo se mencionó la frase “transición energética”. Únicamente en el 8 % se indicó la matriz inicial, la ruta y la matriz final. Sin embargo, energías renovables como la eólica o la solar fueron las más mencionadas como matriz final de la transición, mientras que los biocombustibles, el biometano y el gas natural aparecieron en un segundo lugar, bajo el rótulo “otros”. Pero un tercer segmento ni siquiera especificó la energía a la que se debe llegar. 

No hay espacio para la ciencia ni para explicar a la sociedad

La cobertura tampoco asignó un rol importante a la ciencia: en el 89,1 % de los casos analizados no se presentaron explicaciones científicas. Solo en Chile, 16 de 195 piezas sí lo hicieron, con preguntas tales como cuáles son los efectos del aumento de la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, cómo funciona una planta termosolar o cómo se produce el hidrógeno verde. Pero en el resto de los países las explicaciones científicas fueron aún más contadas. Por ejemplo, en los medios dominicanos solo se publicaron cuatro artículos con estas características durante todo el periodo analizado.

En cuanto a las fuentes de información, los representantes de los gobiernos se impusieron en el 22,7 % de los casos, seguidos por los de las empresas (14 %) y los informes científicos (13,8 %). En contraste, la presencia de líderes o miembros comunitarios fue marginal, así como también la aparición de investigaciones de los propios medios. En cuanto a la representatividad de género, el análisis mostró la desigualdad en las fuentes vivas de información: poca presencia de mujeres frente a una abrumadora mayoría masculina. En Brasil, las fuentes femeninas apenas constituían el 17,1 % ante un aplastante 82,9 % de fuentes masculinas.

En consonancia con estas tendencias, no es de extrañar que la cobertura latinoamericana también carezca de oportunidades para explicar en profundidad el cómo y el porqué de la transición energética. Esto se expresó en el hecho de que el 58,5 % de los artículos obedecieron al formato de nota corta, mientras que solo el 12,5 % lo hicieron al de nota larga. A su vez, las notas informativas se impusieron con el 54 %, contra un 18 % de notas de opinión o editoriales y un 6,8 % de reportajes.

Según Gómez, esto se debe más bien a un tema de jerarquización de la información: “El argumento de que no hay tiempo ni espacio no lo podemos aceptar en tanto que se le está destinando, en orden de prioridad, un segundo lugar a las notas de opinión. En el 6 % de los casos se trató de reportajes, que es un género de profundidad, que requiere más tiempo para explicar, dar contexto, incluir elementos informativos que ayuden a las personas a entender los fenómenos como tal”.

La investigación y el periodismo, en el ejercicio mismo, tienen tiempos completamente opuestos, explica la especialista, quien colabora con medios públicos aztecas tales como TV UNAM y Radio Educación. “En el periodismo la nota es para ya, en la investigación no. Necesitamos tiempo para analizar qué fue lo que se hizo, qué fue lo que se publicó”, dice Gómez. “Estas mediaciones de estas dos actividades permiten repensar cómo estamos haciendo y cómo los medios de comunicación están haciendo su trabajo. Es fundamental, porque creemos que lo que pasa es que tal vez los periodistas y los editores no están tomándose el tiempo para repensar sobre cómo están contando sus historias”, lamenta.

El análisis de medios de Climate Tracker también expuso la reducida presencia de periodistas que cubren la transición energética en la región: solo en el 58 % de los casos las piezas informativas estaban firmadas por algún autor, mientras que en el 23 % estaban firmadas por la redacción y en el 11 % no tenían firma. Estos resultados se agravaron para el caso dominicano, en donde se imponían con el 46 % las firmas de la redacción, mientras que el 23 % no contaba con un autor reconocible.

“No hay periodistas especializados”, reclama Gómez. “Entendemos que al ser un problema global –y algunos economistas lo llaman el desafío del siglo– va a estar sí o sí en los medios de comunicación. Un poco como lo que pasó con el covid-19: sí o sí los periodistas tuvieron que adentrarse a temas como la epidemiología, virología, etc. Nosotros estamos anticipándonos. Informemos a los periodistas sobre cómo están haciendo su trabajo y cómo lo pueden mejorar, para así darle a la ciudadanía la información que requiere”.

El caso argentino: el paradigma del litio y el gas natural como “puente”

Durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Alberto Fernández apeló al desarrollo de “una industrialización verde para una transición ecológica justa”, reemplazando “tecnologías y fuentes energéticas contaminantes por otras que reduzcan considerablemente o eliminen emisiones tóxicas”. Palabras claves: hidrógeno verde, litio, energías renovables, economía circular, fabricación nacional de equipamiento y reconversión tecnológica con eje en el trabajo argentino. “Reduciremos las emisiones de carbono impulsando un fuerte despegue productivo”, prometió el presidente.

Sin embargo, el estudio de Climate Tracker arrojó que, en la cobertura mediática nacional de la transición energética, este concepto solo fue definido en el 20 % de los casos, mientras que el 80 % no lo hizo. Además, el enfoque económico se impuso sobre el ecológico (30 % y 24,7 %, respectivamente) y la investigación (16,7 %). En cuanto a los plazos de la transición, el 55 % de los artículos no los mencionaron, y las explicaciones científicas estuvieron ausentes en el 66 %. La única contratendencia significativa reside en las fuentes: se impusieron los informes científicos (15 %) y los testimonios científicos (14 %) por sobre los representantes del Gobierno (13 %).

Svampa recomienda un artículo del investigador Felipe Gutiérrez, que ha sido incluido en La transición energética en la Argentina. Una hoja de ruta para entender los proyectos en pugna y las falsas soluciones (Siglo XXI Editores, 2022), trabajo recientemente publicado y que ha coeditado junto a Pablo Bertinat, también coordinador del Gecipe y director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional.

“Efectivamente lo que se analiza es cómo el debate de la transición energética entró en la agenda pública argentina de la mano del desabastecimiento a partir de 2007-2008 y cómo este se resignificó vinculándose a la explotación del gas natural no convencional en Vaca Muerta, una transición ligada a lo que en lenguaje corporativo llaman ‘a gas natural como combustible puente’”, explica. “Ahí vemos cómo se construye de manera paradigmática una visión corporativa privatista que, además, ni siquiera postula el abandono de la matriz energética fósil”.

El llamado “oro blanco” también es emblema de esta visión hegemónica: “Lo vemos de manera paradigmática en el caso del litio, en donde las grandes corporaciones aterrizan con el discurso de la transición energética, pero claramente esta se hace en clave corporativa y privatista, y solo beneficia a los grandes centros globales que efectivamente manejan la cadena global del litio”.

Un debate internacional en curso

Pero Svampa no se desanima e invoca otras experiencias: “No podemos quedarnos con una visión lineal de que la transición energética no está en disputa porque lo que aparece en los medios es una visión corporativa y privatista”, retruca. “También hay otra agenda, porque la transición energética es realmente una problemática enorme y muy compleja que tiene sus aristas y sus agendas en diferentes escalas. Hay una discusión global que ha habilitado la pandemia, sobre todo en el norte global, que aparece ilustrada por las propuestas de Green New Deal que buscan articular la justicia social con la justicia ambiental”.

La socióloga señala el caso de los países del sur global, particularmente de América Latina, en donde se propone pensar la transición en términos de transición justa, lo que implica un abordaje geopolítico en el que la deuda ecológica tiene un rol fundamental. “No basta con cuestionar la visión corporativa privatista que avanza de manera predatoria en nuestros territorios, también hay que cuestionar la visión de los pactos verdes que se quedan en una lectura nacional o regional de la transición (en clave norte), sin tener en cuenta efectivamente cuáles son los tipos de impacto que tiene esa transición en los territorios del sur”.

De acuerdo a la investigadora, la transición justa, pensada desde el sur y ausente en la agenda hegemónica, está “muy vinculada a las luchas ecoterritoriales y a categorías-horizontes elaboradas al calor de estas luchas, como los derechos de la naturaleza, el paradigma de la interdependencia entre justicia social y justicia ambiental, y que busca construir una sociedad basada en la vida digna, con la autonomía de las poblaciones en un lugar central. Esto es lo que con Pablo Bertinat y otros llamamos transición justa y popular desde los pueblos del sur”. 

Más periodismo climático y más reflexivo

Itzel Gómez insiste en la gran responsabilidad de los medios: “Juegan un papel fundamental en esa transición energética. Primero, para informar a la ciudadanía; segundo, para apuntar, señalar y cuestionar las políticas públicas que se estén llevando a cabo en cada uno de estos países, y tercero, porque los medios de comunicación también ponen a discusión pública los temas. Con estas tres razones consideramos que no se está hablando lo suficiente sobre la transición energética ni tampoco está siendo discutida a nivel público, por lo que es esencial llevar este tema a los medios de comunicación”.

En sintonía con la tendencia regional, en Argentina las salas de redacción también atraviesan una “crisis ambiental”. La nota mediana se impuso con el 46 % por sobre la corta (35 %); la nota informativa con el 36 % por sobre la nota de opinión (9 %) y el reportaje (3 %). Aunque las notas firmadas se impusieron en el 67 % de los casos estudiados (habiendo un 25 % de notas sin firma y un 7 % de notas firmadas por la redacción), esto no ayuda a contrarrestar las tendencias al abordaje superficial y tecnocrático de la transición en la Argentina.

“Es importante cubrir eventos del Gobierno, pero es fundamental entender los fenómenos y lo que nos acontece, y es parte de lo que hace el periodista: darle ese entendimiento a la ciudadanía. Entonces, necesitamos el tiempo, la comprensión y el espacio, la contrastación de fuentes (algo básico en el periodismo), y eso no lo vimos en el estudio. Está ausente en la cobertura de los medios de comunicación”, indica Gómez.

“Si no están preparados los periodistas y editores en las redacciones, los va a agarrar por sorpresa y va a pasar lo mismo que con el covid. Lo que queremos es anticipar que, dado los efectos del cambio climático, podamos ser conscientes como periodistas y editores sobre la relevancia que tiene este tema, y sobre todo el impacto que podemos generar en nuestras regiones, en nuestros Gobiernos, en las políticas públicas y sobre todo en los ciudadanos”, concluye.

RA