En el reciente y galardonado film El Conde el reconocido cineasta Pablo Larraín imagina aún entre nosotros a Augusto Pinochet como un vampiro inmortal, que sigue perturbando y viviendo a costa de los chilenos. Lejos de ser una artística metáfora, pareciera que el rechazo mayoritario del plebiscito del 17 de diciembre se ha vuelto una sensación tangible, donde los chilenos parecen condenados a vivir indefinidamente bajo la matriz constitucional pinochetista. 

El pasado domingo el pueblo trasandino votó por quinta vez para cambiar su Constitución (entre elecciones a convencionales y plebiscitos del último lustro), rechazando ahora en plebiscito al último proyecto reforma de inspiración conservadora que con ligeros cambios, pretendía meramente actualizar al texto vigente, sancionado hace más de 40 años en periodo de dictadura  y con fuerte inspiración de perpetuación del régimen dictatorial de entonces (signado por un esquema neoliberal, estratificación social de limitada movilidad y un estado mínimo y subsidiario).

En 2019 recorrió todo el largo y angosto país un clamor popular de reforma profunda del sistema vigente, en forma de estallido social que fue coronado por un acuerdo nacional para iniciar un proceso de renovación constitucional en Chile.

Tras décadas de retoques a la Carta Magna trasandina (las del presidente socialista Ricardo Lagos como insignia), en 2019 recorrió todo el largo y angosto país un clamor popular de reforma profunda del sistema vigente, en forma de estallido que fue coronado por un acuerdo nacional para iniciar un proceso de renovación constitucional.  

Constitución es consenso

En Chile toda reforma constitucional debe ser plebiscitada con la sociedad, que la legitima o no con su voto, y así ahorra experimentos sociales más costosos si las reformas son demasiado profundas o no. Constituciones efímeras como la de la República de Weimar en Alemania en 1919 o la peronista en la Argentina de 1949 demuestran que si no hay fuerte consenso cívico no puede imponerse un nuevo modelo social y político en forma prolongada.

En este punto, es dable reseñar que el ejercicio de diseño de una sociedad (poder constituyente) es una de las facetas más delicadas de lo político y de lo jurídico, e históricamente se ha debatido en la academia sobre la conveniencia de tipologías de estructuración democrática o tecnocrática, Por tanto tiempo, que casi podría decirse desde hace más de dos milenios, cuando nacía una dialéctica filosófica que impacta aún hoy en día en toda organización política. Mientras Aristóteles sostenía la conveniencia de un autoridad surgida entre iguales, su maestro Platón solo confiaba en una dirección elaborada por sabios, una elite técnica gobernante, y costó largos siglos llegar a una visión contractualista superadora, que sintetizara ambas por medio del diálogo y la interacción republicana y democrática. 

Una convención aristotélica a la izquierda (sin la derecha)

Tras los Andes, el primer intento de reforma reciente fue en formato de convención al modo artistotélico (confiando en una representación fidedigna del tejido social), que duró más de un año y tuvo una impronta fuertemente reformista, tras un avasallante triunfo de la izquierda en la elección a convencionales. Por mayo del 2022 fui invitado al trabajo de la Convenciòn y pude entrevistar a representantes de todo el espectro, pasando por representantes indígenas (fruto de un inédito cupo representativo), defensores ambientales y de acceso al agua (un gran problema en la nación vecina), enfermeros y educadores de a pie, militantes universitarios (como lo fue el propio presidente Boric), políticos profesionales y unos pocos representantes de la derecha. A partir de esa experiencia y del fruto normativo proyectado publiqué en elDiarioAR un análisis.

En “El Mundial de Chile: una crónica argentina del proceso constituyente trasandino” anticipaba la oportunidad histórica de poner fin a una etapa de conservadurismo arcaico que congelaba una sociedad desigual en acceso a derechos básicos como la salud y la educación, pero con la advertencia obvia de que un texto que había sido diseñado con total olvido de la derecha (ausente totalmente en el debate convencional y parte fundamental de la sociedad chilena) y por un cuerpo constituyente jaqueado por un proceso largo y engorroso se había deslegitimado frente al pueblo.

El texto repudiado en 2022 había sido diseñado con olvido de la derecha (ausente en el debate convencional pero parte fundamental de la sociedad chilena) por un cuerpo constituyente jaqueado por un proceso largo y engorroso, deslegitimado frente al pueblo

Ese progresismo extremo (sin el matiz que hubiese salido de una negociación con la derecha) asustó a los ciudadanos, y el resultado del plebiscito del 2022 fue de amplio rechazo, lo cual motivó el reinicio de un nuevo proceso más tradicional y con formato a lo platónico o de sabios. 

Un proceso platónico a la derecha (o la ultraderecha)

Durante este 2023, se transitó progresivamente por un acuerdo parlamentario de bases de 12 puntos (imprecisos y genéricos), luego trabajado por una comisión de expertos (con mayoría de juristas) y finalmente tratado por una Convención corta (con fuerte representación de la derecha), que ha derivado en un proyecto normativo algo insípido y bastante conservador que poco innova en reformas cruciales de diseño social que exigió fervorosamente la ciudadanía allá por el 2019 en materia de igualdad y presencia activa del Estado. Las críticas del rechazo (que ha ganado por 10 puntos) tildaban al proyecto como de ultraderecha, al lado del actual texto de derecha.  

El texto rechazado el 17 de diciembre de 2023 en el segundo plebiscito de la era Gabriel Boric había sido tildado por sus detractores como ultraderecha, es decir, como más extremista que el actual texto vigente de derecha pinochetista modelo 1980.

Pues bien, este nuevo rechazo plebiscitario ha coronado el proceso constitucional al menos durante el gobierno actual a palabras del propio presidente, por lo que al menos por unos años más continuará este estado de limbo constitucional, donde -como el Conde- Pinochet todavía influye en el diseño de una sociedad desigual (con fuertes restricciones a la salud y a la educación públicas), con un Estado mínimo y subsidiario, políticas de seguridad de contención, y el desarrollo económico de una elite conformada por familias tradicionales. 

Del status al contrato, de ganar una elección a plebiscitar una Constitución

En este contexto, vale el ejemplo de este proceso del país hermano para analizar contrapuntos propios de un mal de época: la futilidad de las grietas ideológicas para trazar políticas de largo plazo con olímpica elusión a la contraparte del espectro político. No hay posibilidad de grandes políticas sin grandes consensos previos.  Es que para avanzar se precisan “todas las voces, TODAS…” como reza la mítica “Canción con Todos”, un clásico latinoamericano inmortalizado por Mercedes Sosa. 

Y es por eso, si se trata de pactar un nuevo mapa social, de diseñar un nuevo horizonte para todo un país, pareciera fundamental la irrupción de posturas dialoguistas y renovadoras que tiendan puentes entre las orillas y permitan cumplirse buena parte de las demandas de cambio y renovación que la sociedad exige. Los extremos ideológicos y las vertientes antagónicas pueden ser buenas tácticas para ganar debates y hasta elecciones en el corto plazo, pero son pésimas estrategias para construir puentes firmes para el futuro de toda sociedad: es que después de la antítesis de Platón y Aristóteles, llegamos al contractualismo de Hobbes y de Rousseau que potenció las revoluciones democráticas modernas, y sintetiza la visión contemporánea sobre la evolución social. 

Y si, esto vale tanto para uno como para el otro lado de los Andes, es hora de alejar vampiros y fantasmas omnipotentes del pasado y volver a confiar en el diálogo y el consenso de los vivos y sufrientes. 

AGB

No, no. No lo miran por TV. Lo están viviendo. Todos sabemos que este 2022 es el año esperado para ser espectadores del mayor espectáculo futbolístico global que se desarrollará en un ambiente tan lejano como forzado, pero no tantos vislumbramos la importancia de asomarse aquí nomás, tras la cordillera andina, a vivenciar como nuestros vecinos están jugándose en una semana todo su futuro real. Es que desde el desierto de Atacama a la Patagonia chilena, todo un larguísimo y angosto país se prepara para una verdadera final (este domingo 4 de septiembre) que determinará o no la aceleración de cambios sustanciales en el modo de vida de una sociedad paradigmática del cono sur.

Amanece por el Pacífico

Los constitucionalistas del mundo seguimos con atención expectante el desarrollo de todo este proceso histórico que avanza en un país que se ha caracterizado por ser la excepción a los cánones tradicionales de la región, en un tríptico graficado por una seguridad jurídica apalancada en normas enraizadas en una larga dictadura militar, una economía tan pujante como elitista y concentrada en actividades con importante costo ambiental, y -finalmente- un equilibrio social precario ajeno a una perspectiva de desarrollo integral.

Este combo perduró inalterable por décadas, encontrándose su modificación sustancial atascada en sistemas de reforma constitucional diseñados justamente para congelar un statu-quo inalterable a 1980, y cuya ansiada apertura total solo se dio ante el temor que asoló a toda la clase política a fines de 2019, en medio de una verdadera asonada popular que se visibilizó en todo el país exigiendo nuevas reglas y la apertura de un debate profundo sobre una nueva Constitución democrática, que establezca una nueva distribución de la riqueza, principalmente en materia de acceso a la salud y la educación públicas.

Prejuicios sobre un campeón regional

Siendo nuestro vecino con mayor frontera en común, sabido es que la nevada barrera de los Andes nunca fue un obstáculo para la proyección institucional del cono sur americano: además de la consabida epopeya de José de San Martín como primer hito en su cruzada libertadora, fue también mirando el azul profundo que baña Valparaíso desde donde un tucumano exiliado (Juan Bautista Alberdi), imaginó y diseñó en soledad aspectos vitales que hacen aún hoy a la identidad constitucional argentina (respeto al federalismo, fomento de la inmigración, soberanía popular), con todos sus aciertos y también sus sombras.

Es innegable también que la atención sobre el proceso constituyente chileno del resto de sus vecinos lindantes (con los cuales históricamente ha tenido relaciones tirantes) posea una fuerte expectativa de una redefinición de su rol en la región, superando suspicacias históricas o recelos geográficos, y fijando ahora sí puentes axiológicos claros sobre el destino continental en común. En lo personal, esta posibilidad de rediseño del equilibrio regional bien mereció volver a cruzar los Andes no solo para revisitar familia tras la pandemia, sino ahora también para compartir experiencias en primera persona con convencionales en el seno de su labor constituyente y con operadores constitucionales y ciudadanos en su mirada a este proceso histórico.

Desde la Ley por la Fuerza hacia una Constitución de la Razón

“Por la razón o la fuerza” reza históricamente el escudo chileno. Si algo ha distinguido a ese estado en los últimos 50 años respecto al resto de la región (amén de sus consabidas virtudes de nación pujante y trabajadora) es su moroso desprendimiento de la historia golpista. Su presente constitución está fechada en pleno proceso dictatorial (1980), plebiscitada simbólicamente sobre un proyecto redactado con pluma del principal arquitecto jurídico del pinochetismo, el malogrado Jaime Guzmán. La resistencia democrática que se visibilizó en el rechazo de 1988 (magistralmente retratado en la película No de Pablo Larraín), no fue acompañada por un despegue de la norma pergeñada por la fuerza, que sigue siendo la vigente pese a las significativas morigeraciones, principalmente en la reforma de 2005 que acabó con los fueros vitalicios para el ex dictador.

Mucho se ha escrito e investigado sociológicamente sobre el resultado que ha producido esta rígida y minimalista estructura constitucional, principalmente con una población socialmente polarizada, que tras estadísticas sobre una pujanza macroeconómica escondía fortísimas inconsistencias microsociales, principalmente en materias de evolución cívica, como la igualdad de género y de minorías culturales (olvido total de los pueblos originarios), el respeto al medio ambiente de las actividades extractivistas y las restricciones de acceso a educación universitaria o salud de la mayoría de los chilenos.

En cada visita anual al vecino país se agigantaba la evidencia de una demanda creciente y cada vez más urgente sobre la necesidad de un nuevo pacto social a través de una nueva carta magna redactada por un poder constituyente que fuera legitimado democráticamente, pero no fue sino hasta las rebeliones populares del 2019 que esa demanda se hizo impostergable, movimiento histórico que desembocara en este proceso ambivalente que inexorablemente llevará a una nueva Constitución, donde ahora sí primara más la Razón (colectiva) que de la Fuerza (de unos pocos).

Test rápido de legitimidad de la reforma

Con la finalización del borrador y su posterior condensación a algo más de 350 artículos por parte de la Comisión de Armonización, ya se c con un proyecto de nueva Constitución a ser presentado a plebiscito general obligatorio del próximo 4 de septiembre, por lo que deviene oportuno desgranar la completa legitimidad de tan relevante proceso: temporal (¿es un momentum constitucional?), representativa (¿existe adecuada identificación social en los constituyentes?), formal (¿se respetan reglas en el procedimiento?), democrática (¿se ha dado el debido debate previo?) y operativa (¿es válido y operativo el producto final?).

Además, internamente se avanza en un federalismo de regiones (buscando descentralizar el esquema concentrado preexistente), y se potencia el activismo estatal (resignificando al histórico Estado subsidiario). Son sustanciales los acentos democráticos en la conformación y el monitoreo de fuerzas armadas y de seguridad (que dejarán de titularse “carabinero” en busca de un nombre menos represivo y más integrador), y el eje en el crecimiento armónico social, con respeto declarado a los extranjeros residentes.

Diversas medidas se adoptan para reformular al Estado nacional en su nueva dimensión (como la atenuación del presidencialismo, la suplantación del Senado por una cámara de las regiones, o la transformación del control centralizado de constitucionalidad), y que indudablemente motivarán ríos de tinta doctrinaria y jurisprudencial.

Plebiscitar el futuro: la decisión final será soberana y popular

En definitiva, en este 2022 está definiéndose en Chile no un acto electoral ni una enmienda formal, sino todo un proceso histórico de refundación nacional. “Renace” se lee en un grafiti en la plaza Italia santiaguina (foco de las rebeliones de 2019 y hoy rebautizada popularmente como “Plaza de la Dignidad”), y es un mensaje cívico fortísimo que condiciona la vida política de una sociedad latinoamericana que pareció vivir aislada con las discusiones públicas de toda la región.

Indudablemente serán los propios chilenos quienes deberán muy pronto definir su futuro. Y lejos de ser una panacea cualquier nueva Constitución, está claro en términos técnicos, que se está discutiendo el rol de la ley como organizadora de una sociedad determinada: derecho como tributo al pasado, o una norma de integración al futuro. Por ello, pareciera que el plebiscito de salida anuncia un debate cívico entre dos miradas bien diferenciadas: el rechazo afianzado en la seguridad del pasado, consolidando la visión de una Constitución mínima y protectora del status quo (minimalismo que reafirma el poder real preexistente), o aprobar la apertura a una nueva etapa de diálogo a nuevos derechos, nuevas expresiones y el diseño de una nueva sociedad, más inclusiva y proyectada a un futuro de expectativas y desarrollo armónico y previsible.  

Pero esto no es un cuento de hadas: toda decisión constitucional es naturalmente una postulación política de máxima relevancia, y como tal, genera resistencias y conflictos de poder explícitos. Al tocarse intereses creados, se rediseña la política distributiva de la riqueza. Por lo que se vienen momentos de tensión y quizás de crispación tras los Andes, pero es algo hasta natural para un país en metamorfosis esperada y profunda.

Entonces, este 2022 hay algo mejor que salir campeón del mundo? Por supuesto que sí: Chile va camino a hermanarse interna y también regionalmente, fijando objetivos integradores que indudablemente, por el consabido espíritu trabajador y pujante de la nación trasandina, serán de prosperidad colectiva. Y si avanza en ese logro, no hay vuelta olímpica en Qatar que se le asimile.

AGB