CHILE: PLEBISCITO CONSTITUCIONAL 2022 - ANÁLISIS

El Mundial de Chile: una crónica argentina al proceso constituyente trasandino

El presidente chileno, Gabriel Boric (c), la presidenta de la Convención Constitucional de Chile, María Elisa Quinteros (i), y el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez (d), reaccionan durante la ceremonia de clausura convencional y de entrega del texto final del proyecto de nueva Constitución, en la antigua sede del Congreso chileno, en Santiago de Chile, el 4 de julio de 2022.

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No, no. No lo miran por TV. Lo están viviendo. Todos sabemos que este 2022 es el año esperado para ser espectadores del mayor espectáculo futbolístico global que se desarrollará en un ambiente tan lejano como forzado, pero no tantos vislumbramos la importancia de asomarse aquí nomás, tras la cordillera andina, a vivenciar como nuestros vecinos están jugándose en una semana todo su futuro real. Es que desde el desierto de Atacama a la Patagonia chilena, todo un larguísimo y angosto país se prepara para una verdadera final (este domingo 4 de septiembre) que determinará o no la aceleración de cambios sustanciales en el modo de vida de una sociedad paradigmática del cono sur.

Amanece por el Pacífico

Los constitucionalistas del mundo seguimos con atención expectante el desarrollo de todo este proceso histórico que avanza en un país que se ha caracterizado por ser la excepción a los cánones tradicionales de la región, en un tríptico graficado por una seguridad jurídica apalancada en normas enraizadas en una larga dictadura militar, una economía tan pujante como elitista y concentrada en actividades con importante costo ambiental, y -finalmente- un equilibrio social precario ajeno a una perspectiva de desarrollo integral.

Este combo perduró inalterable por décadas, encontrándose su modificación sustancial atascada en sistemas de reforma constitucional diseñados justamente para congelar un statu-quo inalterable a 1980, y cuya ansiada apertura total solo se dio ante el temor que asoló a toda la clase política a fines de 2019, en medio de una verdadera asonada popular que se visibilizó en todo el país exigiendo nuevas reglas y la apertura de un debate profundo sobre una nueva Constitución democrática, que establezca una nueva distribución de la riqueza, principalmente en materia de acceso a la salud y la educación públicas.

Prejuicios sobre un campeón regional

Siendo nuestro vecino con mayor frontera en común, sabido es que la nevada barrera de los Andes nunca fue un obstáculo para la proyección institucional del cono sur americano: además de la consabida epopeya de José de San Martín como primer hito en su cruzada libertadora, fue también mirando el azul profundo que baña Valparaíso desde donde un tucumano exiliado (Juan Bautista Alberdi), imaginó y diseñó en soledad aspectos vitales que hacen aún hoy a la identidad constitucional argentina (respeto al federalismo, fomento de la inmigración, soberanía popular), con todos sus aciertos y también sus sombras.

Es innegable también que la atención sobre el proceso constituyente chileno del resto de sus vecinos lindantes (con los cuales históricamente ha tenido relaciones tirantes) posea una fuerte expectativa de una redefinición de su rol en la región, superando suspicacias históricas o recelos geográficos, y fijando ahora sí puentes axiológicos claros sobre el destino continental en común. En lo personal, esta posibilidad de rediseño del equilibrio regional bien mereció volver a cruzar los Andes no solo para revisitar familia tras la pandemia, sino ahora también para compartir experiencias en primera persona con convencionales en el seno de su labor constituyente y con operadores constitucionales y ciudadanos en su mirada a este proceso histórico.

Desde la Ley por la Fuerza hacia una Constitución de la Razón

“Por la razón o la fuerza” reza históricamente el escudo chileno. Si algo ha distinguido a ese estado en los últimos 50 años respecto al resto de la región (amén de sus consabidas virtudes de nación pujante y trabajadora) es su moroso desprendimiento de la historia golpista. Su presente constitución está fechada en pleno proceso dictatorial (1980), plebiscitada simbólicamente sobre un proyecto redactado con pluma del principal arquitecto jurídico del pinochetismo, el malogrado Jaime Guzmán. La resistencia democrática que se visibilizó en el rechazo de 1988 (magistralmente retratado en la película No de Pablo Larraín), no fue acompañada por un despegue de la norma pergeñada por la fuerza, que sigue siendo la vigente pese a las significativas morigeraciones, principalmente en la reforma de 2005 que acabó con los fueros vitalicios para el ex dictador.

Mucho se ha escrito e investigado sociológicamente sobre el resultado que ha producido esta rígida y minimalista estructura constitucional, principalmente con una población socialmente polarizada, que tras estadísticas sobre una pujanza macroeconómica escondía fortísimas inconsistencias microsociales, principalmente en materias de evolución cívica, como la igualdad de género y de minorías culturales (olvido total de los pueblos originarios), el respeto al medio ambiente de las actividades extractivistas y las restricciones de acceso a educación universitaria o salud de la mayoría de los chilenos.

En cada visita anual al vecino país se agigantaba la evidencia de una demanda creciente y cada vez más urgente sobre la necesidad de un nuevo pacto social a través de una nueva carta magna redactada por un poder constituyente que fuera legitimado democráticamente, pero no fue sino hasta las rebeliones populares del 2019 que esa demanda se hizo impostergable, movimiento histórico que desembocara en este proceso ambivalente que inexorablemente llevará a una nueva Constitución, donde ahora sí primara más la Razón (colectiva) que de la Fuerza (de unos pocos).

Test rápido de legitimidad de la reforma

Con la finalización del borrador y su posterior condensación a algo más de 350 artículos por parte de la Comisión de Armonización, ya se c con un proyecto de nueva Constitución a ser presentado a plebiscito general obligatorio del próximo 4 de septiembre, por lo que deviene oportuno desgranar la completa legitimidad de tan relevante proceso: temporal (¿es un momentum constitucional?), representativa (¿existe adecuada identificación social en los constituyentes?), formal (¿se respetan reglas en el procedimiento?), democrática (¿se ha dado el debido debate previo?) y operativa (¿es válido y operativo el producto final?).

  • Momentum constitucional innegable. La urgencia de un cambio profundo de la máxima ley de la república trasandina es un hecho reconocido por todos, tanto como deuda histórica como por necesidad política mayoritaria tras las puebladas de 2019 que culminaron en el reconocimiento del “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” del 15N suscripto por todo el espectro político, y que dio origen al proceso constituyente. Nadie en Chile, ni siquiera los más escépticos con la labor de la actual convención, dudan sobre la necesidad de encarar una reforma sustancial de la Carta de raíz pinochetista de 1980, como así también lo enrostró el casi 80% de apoyo del plebiscito de ingreso al proceso, en noviembre del 2020.
  • ¿Todas las voces, todas? Más discutible es la mirada sobre la legitimidad representativa de la Convención, discutida por el sistema de cupos reservados a pueblos originarios (17 miembros de los 155), el debut de la paridad de género, la altísima proporción de independientes ideológicamente variopintos (fruto del descrédito de los partidos tradicionales), la atomización de la izquierda y el escaso resultado electoral de la derecha (históricamente un actor de peso en la política trasandina). El resultado de ello ha sido una puesta en marcha morosa y algo caótica de la Convención, un rol puramente antagónico de la derecha conservadora que no llega al tercio mínimo para imponer negociaciones, y una agenda fuertemente marcada por los deseos reformistas en materia de reconocimientos indígenas, ecológicos, de derechos sociales y de igualdad de género. Es histórica y mundial la discusión sobre si es conveniente que sean los mejores (teoría platónica o elitista) o los más representativos (democrática o aristotélica) los que diseñen la organización social a través de una Constitución, pero lo cierto es que en Chile ha regido y se quiere cambiar una carta pergeñada por una elite, y es lógico que universalizar el trabajo de redacción y consenso importa riesgos. Existe en el seno de la Convención personajes populares histriónicos como la “tía Pikachu” (transportista escolar que entrevistada resaltó haber logrado a través de su personaje animé el llamar la atención para cuestiones de minoridad vulnerable), así como numerosos juristas de referencia (como Fernando Atria o Jaime Bassa), pero también letrados de constitucionalismo activo (como Manuela Royo, letrada de dirigentes indígenas y defensora ambiental del uso público del agua, quien nos invitara a ver la Convención internamente). En definitiva, la calidad representativa ha sido innegablemente democrática.
  • Plebiscito de salida, el VAR de la Convención. El procedimiento de reforma ha partido casi virtualmente del concepto de hoja en blanco, pero con la fuerte limitación que solo se sancionan normas con una mayoría calificada del 2/3 del total de la convención, además de estar desde el inicio plagado de incidentes y polémicas públicas sobre convencionales y propuestas individualistas magnificadas, lo cual sumado a la larga duración del proceso han derivado en cierta desilusión de muchos de los ciudadanos que apoyaron fervorosamente el inicio de este periplo, lo cual –sumado a la enfática resistencia que ciertos medios de comunicación y del aparato político tradicional- hoy aporta cierto vértigo al resultado final del plebiscito de salida, incluso con encuestas que ponen encima la posibilidad de un rechazo. Pero ese hecho electoral (consulta popular obligatoria), sumado al explícito apoyo oficialista gubernamental a la aprobación, tensiona y a la vez legitima el conocimiento de la profundidad de los cambios propuestos, que lejos de ser una panacea, serán el inicio de un nuevo camino de integración social para una nación que merodeó la desintegración en 2019.
  • El debate asincrónico, o de la resistencia institucional a los cambios. La magra elección para convenicionales de 2021 y la regla de los ⅔ virtualmente amputó toda participación positiva de los representantes de la derecha o conservadores, usualmente una fuerza de peso en la vida política trasandina. Sin embargo, llámese autoexclusión o marginación del debate constituyente, no pareciera que esta escasa dialéctica pueda oponerse como nulificante del producto a plebiscitarse. Basta una recorrida por los principales medios periodísticos (en mayoritaria campaña por el Rechazo) o un intercambio con los actuales operadores del sistema constitucional chileno (legisladores, magistrados) sirve para anticipar que esa dialéctica ideológica pendiente se dará en los hechos durante la implementación de un nuevo texto constitucional: interpretaciones históricas y frenos y contrapesos a la dinámica de los nuevos derechos se darán casi naturalmente para compensar la salida de la inercia.
  • Producto constituyente: el horizonte en una sociedad integrada por el respeto. A fuerza de ser sintético, cabe remarcar cuáles son los faros que han iluminado la labor reformista en el extenso articulado de la nueva Constitución propuesta para una virtual refundación de la nación chilena: la conformación de un estado plurinacional (en convivencia equitativa de todas las naciones internas), intercultural (simbólico y efectivo), ecológico (reconociendo a la naturaleza misma como nuevo sujeto de derecho), género (respaldando el avance paritario en casi todas las áreas) y latinoamericano (definición regional explícita y esperada por el resto de la región, para un hermanamiento definitivo).

Además, internamente se avanza en un federalismo de regiones (buscando descentralizar el esquema concentrado preexistente), y se potencia el activismo estatal (resignificando al histórico Estado subsidiario). Son sustanciales los acentos democráticos en la conformación y el monitoreo de fuerzas armadas y de seguridad (que dejarán de titularse “carabinero” en busca de un nombre menos represivo y más integrador), y el eje en el crecimiento armónico social, con respeto declarado a los extranjeros residentes.

Diversas medidas se adoptan para reformular al Estado nacional en su nueva dimensión (como la atenuación del presidencialismo, la suplantación del Senado por una cámara de las regiones, o la transformación del control centralizado de constitucionalidad), y que indudablemente motivarán ríos de tinta doctrinaria y jurisprudencial.

Plebiscitar el futuro: la decisión final será soberana y popular

En definitiva, en este 2022 está definiéndose en Chile no un acto electoral ni una enmienda formal, sino todo un proceso histórico de refundación nacional. “Renace” se lee en un grafiti en la plaza Italia santiaguina (foco de las rebeliones de 2019 y hoy rebautizada popularmente como “Plaza de la Dignidad”), y es un mensaje cívico fortísimo que condiciona la vida política de una sociedad latinoamericana que pareció vivir aislada con las discusiones públicas de toda la región.

Indudablemente serán los propios chilenos quienes deberán muy pronto definir su futuro. Y lejos de ser una panacea cualquier nueva Constitución, está claro en términos técnicos, que se está discutiendo el rol de la ley como organizadora de una sociedad determinada: derecho como tributo al pasado, o una norma de integración al futuro. Por ello, pareciera que el plebiscito de salida anuncia un debate cívico entre dos miradas bien diferenciadas: el rechazo afianzado en la seguridad del pasado, consolidando la visión de una Constitución mínima y protectora del status quo (minimalismo que reafirma el poder real preexistente), o aprobar la apertura a una nueva etapa de diálogo a nuevos derechos, nuevas expresiones y el diseño de una nueva sociedad, más inclusiva y proyectada a un futuro de expectativas y desarrollo armónico y previsible.  

Pero esto no es un cuento de hadas: toda decisión constitucional es naturalmente una postulación política de máxima relevancia, y como tal, genera resistencias y conflictos de poder explícitos. Al tocarse intereses creados, se rediseña la política distributiva de la riqueza. Por lo que se vienen momentos de tensión y quizás de crispación tras los Andes, pero es algo hasta natural para un país en metamorfosis esperada y profunda.

Entonces, este 2022 hay algo mejor que salir campeón del mundo? Por supuesto que sí: Chile va camino a hermanarse interna y también regionalmente, fijando objetivos integradores que indudablemente, por el consabido espíritu trabajador y pujante de la nación trasandina, serán de prosperidad colectiva. Y si avanza en ese logro, no hay vuelta olímpica en Qatar que se le asimile.

AGB

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