Tratando describir al Opus Dei tal como se lo representa hoy, después de años de investigación periodística que la llevaron, entre otras cosas, a publicar su primer libro, Paula Bistagnino recurre a las palabras de una ex numeraria para afirmar que “es una mezcla de secta, con partido político, con multinacional”.

En “Te serviré” que acaba de ser publicado por Editorial Planeta, Bistagnino toma como hilo conductor a una de los clanes más poderosos del Cono Sur para describir los mecanismos de enriquecimiento no siempre legales utilizados por esta organización ultraortodoxa católica con un patrimonio que el periodista especializado John Allen estimó en 2.800 millones de dólares, para hacerse con algunas fortunas familiares.

Presente en 68 países esta organización acusada de elitista y sectaria, tiene cerca de 95 mil miembros en todo el mundo, el 98% de ellos laicos que hacen votos de pobreza, obediencia y castidad.

Fundada en 1928 en España por Josemaría Escrivá Balaguer –quien fuera canonizado en 2002 por Juan Pablo II a sólo 28 años de su muerte–, la organización enfrenta por estos días una causa por “reducción a la servidumbre y trata de personas” en la justicia federal argentina que tiene como imputados a cuatro sacerdotes y ex autoridades de La Obra para quienes la Fiscalía y la Procuraduría Antitrata (PROTEX) acaban de pedir la indagatoria, acusados de haber explotado a 44 mujeres durante décadas, desde que eran niñas o adolescentes.

Pero no es el único requerimiento judicial que tiene a mal traer a La Obra en Sudamérica, porque desde 2016 hay una demanda abierta en la justicia uruguaya por “abuso patrimonial” y “donaciones prohibidas de los bienes de una incapaz” en beneficio de organizaciones del Opus Dei, que hasta el 2021 tenía como acusada a la numeraria Elina Gianoli Gainza y que, fallecida ésta, ahora apunta de lleno a la organización.

Sobre esta historia a la que dedica las páginas de su primer libro –y al que seguramente se le agregarán más capítulos– conversó Bistagnino con eldiarioAR.

–¿Cómo conceptualizas hoy al Opus Dei después de todo este recorrido?

–Después de tantos testimonios y documentación pero también de no respuestas o respuestas negadoras del Opus Dei pienso –tal como como muchas personas que estuvieron adentro– que es una institución por lo menos opaca, por no decir que directamente que oculta cuáles son sus fines y de qué manera funcionan. 

Y también, a partir de mi abordaje teórico, pienso que es una matriz de funcionamiento que somete a las personas a través de, en muchos casos, la manipulación espiritual y psicológica.

–¿Qué particularidades o diferenciales tiene la implantación del Opus Dei en la Argentina en relación a otros

–Una ex numeraria me dijo que el Opus Dei “es una mezcla de secta, con partido político, con multinacional”, y lo de multinacional tiene que ver con que es una organización jerárquica que intenta replicarse cual la franquicia en todos los países, sin importar su cultura y hasta con bastante desinterés por sus leyes.

Ellos funcionan en una determinada manera y así quieren hacerlo en todos los lugares donde se instalan, por eso hay una similitud o una continuidad que a mí me hizo encontrar muchísimas historias en espejo; personas que vos encontrás relatando lo mismo acá, en Kenia, en Filipinas o en México.

Después, a diferencia de otros países de América Latina donde hay una diferencia de clases mucho mayor y el Opus Dei se dedicó a una elite bien marcada, en este caso hay mucho de la clase media argentina que ha accedido a pertenecer, si bien la búsqueda de miembros siempre es dentro de las clases medias altas profesionales. En Argentina, con esa elite no tan definida, hay una expansión un poco más hacia abajo (en la escala social).

–El Opus Dei es una prelatura personal, un status único dentro de la Iglesia Católica que le otorga una gran autonomía, pero en los últimos dos años hubo un rebajamiento de privilegios dispuesto por el Papa Francisco. ¿Crees que esto tuvo que ver con las denuncias de reducción a la servidumbre de 44 mujeres?

–El Opus Dei se creó en 1928 y si bien vía el franquismo tuvo mucha capacidad lobby; no fue hasta 1982 que el Papa Juan Pablo II le otorgó esa figura única de prelatura personal que les permitió moverse de la manera como lo hicieron, implantando su estructura a cada país donde iban con gran autonomía.

En cambio, a partir de 2022, el Papa Francisco les rebajó de alguna manera esta categoría sin quitársela, sino vaciándola de contenido al eliminar los privilegios que implicaba. Además los mandó a cambiar sus estatutos de funcionamiento, que deberían haber estado listos en marzo de este año, pero cuyos borradores aún no fueron aprobados porque el Papa no está para nada conforme con lo que están proponiendo.

Y eso ocurrió no casualmente después de la denuncia pública de 44 mujeres en la Argentina que además hicieron una presentación ante el Vaticano revelando que habían sido sometidas a servidumbre durante años sin que se les pagara y vía engaño, porque las llevaban de muy chiquitas a una supuesta Escuela de Hotelería que resultaba ser después un lugar en el que se las manipulaba y coaccionaba para que se convirtieran en numerarias auxiliares del Opus Dei, la última categoría (de membresía) que implica ser una sirvienta de la organización para el resto de tu vida.

No les pagaban, no tenían horarios laborales, no tenían descanso, no tenían posibilidad de elegir dónde o en qué trabajar, se las trasladaba de provincia o país y demás cuestiones que la Justicia argentina acaba de decir que puede configurar trata de personas y explotación laboral. 

No les pagaban, no tenían horarios laborales, no tenían descanso, no tenían posibilidad de elegir dónde o en qué trabajar, se las trasladaba de provincia o país y demás cuestiones que la Justicia argentina acaba de decir que puede configurar trata de personas y explotación laboral

–¿Hubo alguna respuesta concreta del Vaticano a esa presentación realizada hace tres años?

–No hubo todavía ninguna respuesta pero, sin embargo, mi lectura y también la de muchas de las denunciantes es que estas decisiones posteriores del Papa, tienen que ver con eso y se toman como como una respuesta. 

–Cómo se gestó éste, tu primer libro, donde volvés sobre el tema del Opus Dei pero a partir de contar la historia de una familia multimillonaria, una parte de cuya herencia habría terminado en las arcas de la organización a partir de manipular la voluntad de integrantes no miembros?

–Yo ya había publicado un artículo larguísimo sobre el Opus Dei con muchísimos testimonios en una revista uruguaya muy piola, pero con la deuda como periodista de documentar eso.

Y fue muy loco porque lo publiqué en 2018 y unos meses después me contactaron los abogados de un estudio uruguayo muy importante para decirme “Paula todo lo que vos contás en ese artículo, nosotros lo tenemos documentado en una causa judicial”.

Con el “todo” se referían al modus operandi económico, cómo funciona estructuralmente a través de asociaciones civiles y una red de escribanos y abogados…o sea, todo lo que tiene que ver con la matriz económico-jurídica del Opus Dei.

Se trataba de una demanda contra una numeraria, Elina Gianoli Gainza, de parte de sus sobrinos que la acusaban de haber manipulado la herencia, o sea el patrimonio y la voluntad, de una hermana (sin hijos), o sea, la tía de estos sobrinos, para así desheredarlos y que esa herencia terminada en manos del Opus Dei.

Fui a Montevideo a ver la causa, volví, entrevisté a los sobrinos y fue la primera vez que yo sentí que tenía una historia que podía convertirse en un libro porque a partir la historia de una familia tenía la historia del Opus Dei en el Cono Sur –porque esta familia había ingresado justo cuando La Obra llegaba a Chile pero además tenía una ramificación en Uruguay y otra en Argentina– pero además una denuncia documentada con una causa judicial en el marco de una disputa por una herencia, con un montón de nombres propios.

Además de hacer voto de castidad (y por lo tanto, de no tener hijos), sus numerarios y sus numerarias tienen la obligación de firmar un testamento en favor de una asociación civil (vinculada al Opus Dei) cuando entran a la organización y ése es un ingreso que ellos se aseguran que van a tener si esas personas permanecen en la organización

–¿Sobre qué bases se construyó y se mantiene la potencia económica que tiene la organización?

–Por un lado, además de hacer voto de castidad (y por lo tanto, de no tener hijos), sus numerarios y sus numerarias tienen la obligación de firmar un testamento en favor de una asociación civil (vinculada al Opus Dei) cuando entran a la organización y ése es un ingreso que ellos se aseguran que van a tener si esas personas permanecen en la organización. 

Por otro lado, el compromiso de pobreza implica la entrega del salario o trabajar gratis, entonces también ahí también hay una construcción económica.

Además existe una presión constante sobre los miembros para que consigan más cosas, nuevos miembros o dinero por medio de una campaña para abrir un centro nuevo, para viajar a Roma porque están por beatificar al fundador del Opus Dei, para comprar un auto… Y siempre con esta mediación de la religión, de “¿qué estás ofreciendo vos?” “¡tenés que ofrecer más!”.

Hasta acá es cómo funciona la institución y, siempre que se trate de personas adultas que se comprometen a esto de manera voluntaria, no hay nada para decir al respecto, porque cada uno puede hacer lo que quiera.

Muy distintos son los casos como el que evidencia esta demanda judicial (de los sobrinos Gianoli Gainza) o como la presentada en Argentina por los familiares de Francisco Noreiko (fallecido en 2001), donde lo que aparece es que personas que no pertenecían al Opus Dei como miembros célibes, es decir, que en principio no habían aceptado estas condiciones que la organización impone a sus fieles, igualmente le habían donado sus bienes, incluso habían firmado un poder para eso estando en su lecho de muerte, como en el caso de Noreiko en Salta.

Esos casos se convirtieron en denuncias judiciales, no es que yo estoy diciendo que “me parece que eso está mal firmado”. No, son sus propias familias diciendo “esa persona no quería donar al Opus Dei, no era del Opus Dei”.

Y son muchos los relatos –aparte de esas causas judiciales– acerca de las presiones que el Opus Dei ejercía, a través de sus miembros, para ir encontrando personas sin herederos y convencerlas de alguna manera de que terminaran testando a su favor.

Si claramente lo que se ve es una búsqueda de dinero constante porque es la forma en la que ellos tenían de reproducirse porque necesitan más casas, más presencia …

–Una búsqueda de dinero y de colonizar los espacios de poder o decisión más importante en una sociedad porque una cosa replica la otra…

–Absolutamente, van de la mano: el dinero te permite acceder al poder y acceder al poder te trae más dinero, así que hay algo ahí que se retroalimenta.

–Si bien al Opus Dei le toca actualmente lidiar con un Papa jesuita que ha tomado estas decisiones de reducción de privilegios, por otro lado, este momento histórico también es de crecimiento de las ultraderechas en todo el mundo, que tienen puntos de contacto ideológicos con La Obra…

–La ultraderecha reúne a muchas de estas instituciones ultraconservadoras; pero además uno también puede encontrarse con personas con nombre y apellido que están vinculadas con el Opus Dei, por un lado, y que después aparecen dentro de estos armados (político partidarios) de ultraderecha.

En el caso del actual gobierno de Javier Milei en la Argentina, yo no puedo decir si alguien es o no es del Opus Dei porque la organización no publica la identidad de sus miembros y entonces solamente se puede saber si alguien pertenece cuando ellos mismos lo dicen.

Lo que sí se pueden rastrear vínculos entre el gobierno de Javier Milei y miembros del Opus Dei, como de tantas otras organizaciones de este tipo.

–¿Opera una especie de doble vara en la opinión pública, que dificulta pensar al Opus Dei como secta cuando se pondera la reiteración de denuncias públicas que hablan de una organización coercitiva que separa a sus miembros de sus familias y tiene normas super estrictas que parecen enfocadas en querer doblegar la voluntad?

–Absolutamente: el hecho de que sea una institución que pertenece a la Iglesia Católica, la más legítima y popular en nuestro país, en toda la región y en buena parte del mundo, impide ver esto como una secta

Sin duda que hay algo del poder de la Iglesia Católica que hacen esto más asimilable a la ortodoxia católica, que a una secta.

Muchas de las personas que pasaron por el Opus Dei, cuando salen dicen ‘bueno, yo estuve en una secta’, eso definitivamente pasa. Yo como periodista puedo reponer esos testimonios, pero es como con la denuncia de trata de personas: hace falta que la justicia lo diga porque además estos delitos tienen definiciones muy precisas.

–El Opus Dei sacó un comunicado sobre tu libro…

–Exactamente y tiene que ver con una novedad judicial que hubo tras el cierre del libro. Ellos toman algo que es una novedad judicial de la causa que yo seguí y que ellos también desconocían para, a partir de eso, intentar anular el libro en su totalidad, cuando en realidad atañe a una parte muy chiquita que está al final y que va a tener su nuevo epílogo.

Mientras tanto, para que no quede justamente como que esto no se dijo en el libro, voy a escribir un artículo contando este nuevo episodio 

–¿En qué consiste esa novedad en la demanda iniciada por los sobrinos de Elina Gianoli Gainza antes de su muerte en 2021? ¿Sigue activa esa causa?

–La causa sigue abierta y ahora apareció una revocatoria del testamento de la tía (de los denunciantes y hermana de Elina) María Luisa Gianoli Gainza que se incorporó a la causa judicial, lo cual implicaría que la familia podría recibir su herencia, en principio, y no el Opus Dei, tal como se conocía cuando yo cerré el libro. 

Claro que eso no anula la causa judicial, que es por la manipulación del patrimonio de esta mujer –una tía sin hijos que había tenido problemas psiquiátricos desde muy joven–, porque en el camino hubo muchas donaciones (en beneficio de asociaciones del Opus Dei) y versiones diferentes del testamento.

Tampoco anula todo lo que el libro cuenta en sus 220 páginas acerca de la vida dentro del Opus Dei y de cómo la institución se benefició de la fortuna de ésta y otras familias.

MAA/MG

“Piernas que no iban a caminar y hoy sostienen una (otra) vida”, dice uno de los posteos más populares de Daniela Aza, la influencer con discapacidad que desde hace 6 años utiliza sus redes sociales para combatir la discriminación y los prejuicios a partir de contar su propia experiencia de vida, una vida que los últimos 6 meses se ve revolucionada con la espera de “bebu Lucas”.

Desde que con su pareja compartieron la noticia del embarazo, no paran de recibir mensajes de alegría o aliento por este embarazo pero, entre caricia y caricia, también empezaron a aparecer comentarios insólitamente agresivos que ella elije destacar para responder con altura y humor, en vez de dejarlos pasar y desaprovechar una nueva oportunidad de concientizar.

Así, al comentario “Pobre Niño”, responde haciendo fonomímica del segmento de la canción de Maná que dice “Otra vez mi boca insensata…”; y al mensaje de texto “Amiguita, con todo respeto: ese embarazo es de alto riesgo” le dedica un video coreografiando la canción “Si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar…” que viralizó una maestra de primaria hace dos años en TikTok.

Claro que en el copy de estos posteos o en algún momento del video viene la bajada de línea, porque si algún sentido tiene mostrar la agresión es para desarmarla mostrando que se basa en la ignorancia y en tabués que conviene de una vez despejar.

Daniela vino al mundo con la artrogriposis múltiple congénita , grupo de trastornos musculares poco frecuentes y no progresivos que provocan rigidez en las articulaciones y desarrollo muscular anormal en los niños , por lo cual además suele conllevar discapacidad motora

En su caso, por ejemplo, supone dificultades para desplazarse y deformidad de manos y dedos; pero no le impide caminar sin apoyos, a pesar de que cuando nació “lo primero que les dijeron a mis papás fue ‘háganse la idea de que esta nena no va a caminar, que no va a poder tener una vida autónoma’”, le cuenta a elDiarioAR.

 Muchas veces a lo largo de su vida volvería a escuchar la sentencia de “no vas a poder” que afortunadamente nunca se cumplió porque pudo todo, aunque a su manera, con sus tiempos.

Pudo soportar 15 operaciones, pudo (y puede) caminar, pudo hacer buenas amistades, pudo tener una vida autónoma, pudo obtener un título universitario, pudo enamorarse, pudo casarse, puede gestar un embarazo y seguramente podrá maternar. Siempre con apoyos, siempre en comunidad –como todos– pero siempre por ella misma.

“Uno de mis lemas es ‘diagnóstico no es destino’ que es un llamado a pensarlo de una manera mucho más abierta y no tanto como una sentencia. Y el hateo en las redes sociales tiene mucho de eso cuando me dicen, por ejemplo, ‘¿cómo vas a ser mamá con las manos así? No vas a poder cambiar los pañales’, de una manera muy cerrada”, dice Daniela.

Su perfil de Instragram con más de 130 mil seguidores surgió conversando con su pareja desde hace 20 años, Jonathan Brunetti, cuando estaban de la luna de miel, allá por 2018. Es que Daniela es licenciada en comunicación social, siempre le interesaron las nuevas tecnologías, tiene habilidades para la oratoria, y mucho compromiso con los derechos de las personas con discapacidad.

“Mi mamá siempre me dice, ‘ojalá hubiese existido una Dany para mí hace 40 años’ porque yo le hablo mucho a las madres, a los padres, a la familia de las personas con discapacidad. Pero ahora, con mi maternidad también hay muchas mamás con discapacidad, que me dan fuerza y que me dicen ‘vas a poder, lo vas a hacer bien’ y yo me nutro también de estas experiencias. No es que yo cuento mi vida porque sé todo, no, yo también estoy aprendiendo”, dice.

Jonathan, por ejemplo, confiesa que “el 100% de lo que sé sobre discapacidad lo aprendí y lo aprendo es con ella” porque “como le sucede a mucha gente, no me tocó tener un familiar con discapacidad y no había recibido la información necesaria para tomar conciencia”.

“Yo entiendo a mucha gente que le escribe por privado o le comenta ‘la verdad que no me había dado cuenta de esto que decís o no lo había pensado’ porque yo antes, por ejemplo, no me fijaba cuando iba a un restaurante ‘uy, el baño debería estar en planta baja para que cualquier persona pueda venir’ o ‘qué mal que ese auto esté tapando la rampa’”, dijo.

Sin embargo y pese a su desconocimiento, Daniela aclara que, cuando se conocieron en una salida de amigos “él lo primero que hizo fue preguntarme si necesitaba ayuda para subir un escalón, es decir, él tenía una actitud empática, por eso estamos juntos y por eso lo elegí”.

“No necesitamos tener un familiar un hijo, o ser nosotros una persona con discapacidad para aprender sobre eso, es más, todos necesitamos estar preparados porque vos podés ser una persona con discapacidad y empezar a necesitar de inclusión en cualquier momento de tu vida si, por ejemplo, te accidentas, tenés que ocuparte de adultos mayores o transitás una maternidad. Yo ahora estoy sufriendo el doble (la falta de accesibilidad)”, dijo.

Pero más allá de si a uno le toque o no, hace falta estar concientizados porque “hablamos de derechos cuando hablamos de personas con discapacidad,  del derecho a ser quienes somos y a poder participar activamente de todos los ámbitos de la sociedad”, dijo.

En su cuenta –que en los últimos meses se ha transformado en una especie de diario de su embarazo–, Daniela siempre se metió, además, con los temas más tabú de la vida de una persona con discapacidad, como la sexualidad, la primera vez, las dificultades para aceptar la propia diversidad corporal lo suficiente como para poder disfrutar de la playa o la pileta, el acceso a técnicas de reproducción humana asistida, etc.

En su caso, el bebé que está gestando fue concebido a través de fertilización in vitro, después de dos años de intentarlo con diferentes procedimientos y, en el tránsito de esta experiencia también se toparon con la falta de accesibilidad, aunque no los afectara a personalmente.

“Está muy vulnerado todo lo que es el sistema de salud, donde todavía hay muchos tipos de violencia, falta de recursos y de preparación del personal. Ahora se habla mucho y hay más información pero siguen existiendo casos de violencia obstétrica, cuestionamientos, infantilización…Y ni hablar de la falta de accesibilidad, que implica no solo sillas de ruedas o rampas sino lengua de señas, sistema Braille, pictogramas y otras adaptaciones”, dice Aza

Cuando estábamos haciendo el tratamiento en un lugar muy importante, recuerdo que había una pareja de sordos y la atención era muy rudimentaria porque quienes los atendían no sabían lengua de señas y esta pareja tenía que ir con su intérprete en un momento súper íntimo como es un tratamiento de fertilidad asistida

“Cuando estábamos haciendo el tratamiento en un lugar muy importante, recuerdo que había una pareja de sordos y la atención era muy rudimentaria porque quienes los atendían no sabían lengua de señas y esta pareja tenía que ir con su intérprete o con un familiar en un momento súper íntimo como es un tratamiento de fertilidad asistida”, agrega. 

En el fondo, lo que se evidencia es nuevamente el prejuicio, porque “pensamos que si es una pareja o una mujer sola con discapacidad, no va a acceder a esos ámbitos, no va a tener la vocación de ser mamá o papá”, y, por lo tanto, no se hacen las adaptaciones necesarias.

Otro problema lo constituye la falta de diseño universal en la producción  de mobiliario e insumos para maternar o paternar.

“La verdad que las adaptaciones que vimos hasta ahora son escasas y, de hecho la cuna de que tenemos, yo no puedo manejarla sola porque es todo súper duro, súper complicado. Yo también podría ser una mamá con discapacidad sola y se me tienen que proveer los apoyos para que yo pueda hacerlo por mí misma, más allá de que tenga a alguien”, señala.

“Después hay casos y casos porque uno no puede generalizar y decir que todas las PCD pueden ejercer la maternidad o paternidad, porque uno no es médico y seguramente habrá casos muy complejos, pero hay muchísimos que sí y te diría que la mayoría”, concluyó.

Joni aporta que así como la cuenta no romantiza la vida de una persona con discapacidad y además de visibilizar todo lo que falta en materia inclusión, muestra los propios altibajos de salud u optimismo; también resalta “los avances y lo que está bien” porque si no, “pareciera que todo está mal, que todo funciona mal, y no es así”.

“Nosotros somos mirar mucho de Netflix, por ejemplo, y cuando notamos que en una ficción está representado una persona con discapacidad como realmente es, lo encontramos como un avance –como es el caso de División Palermo, Cromosoma 21 o Goyo– y lo recomendamos. 

“También describimos lugares a donde hemos tenido la suerte de viajar, desde el punto de vista de la accesibilidad. Por ejemplo, el año pasado  fuimos a las Cataratas y la verdad que nos pareció uno de los destinos más accesibles que visitamos porque ella pudo disfrutar del parque en un 80% y la verdad que fue muy lindo”, agregó.

El sueño imposible

El posteo con más likes (33 mil) de la cuenta de Instagram es aquel del 30 de abril pasado, donde daban la noticia a sus seguidores con una foto de ambos, ella de perfil y adelantando la imagen de la ecografía, él tocando su panza.

“Recuerdo de chiquita jugar mucho con mis bebotes a ser mamá. Los cuidaba, los vestía y les daba la mamadera. Más tarde me di cuenta que ese sueño para mí tal vez iba a ser un poco más complicado como mujer con discapacidad . ¿Cómo iba a cuidar algo tan chiquito y frágil? ¿Y si se me escapaba? ¿Y si quería estar mucho a upa y yo no aguantaba? ¿Y las miradas de los demás? Pero al igual que esa incertidumbre, el sueño creció mucho más cuando pude compartirlo junto al gran compañero que la vida me regaló y, aunque costó un poquito más, hoy ese anhelo está latiendo dentro mío y me demuestra que la vida es realmente una bendición (…) Bebé te esperamos con todo el amor del mundo (…) ¿Nos acompañan en esta aventura?”.

En esta red social, la mayoría de los comentarios son alentadores, pero en tik tok –una plataforma con otro perfil, donde Daniela es más nueva– hay hateo, que se profundizó a partir de compartir el día a día del embarazo.

“Hay mucha gente preocupada porque (las agresiones) me puedan hacer mal, pero a mí la verdad que no me daña aunque entiendo que hay gente que sí. A cualquier persona, no necesariamente con discapacidad, que le dijéramos ‘vos a vas a ser mala madre’, si no es fuerte o no tiene autoestima, le puede generar inseguridades. A veces tenemos que callarnos más, o más bien ejercer la libertad de expresión, pero siempre teniendo cuidado de cómo hacemos sentir a los demás”, dice Daniela.

“La libertad de expresión no es libertad de agresión”, aporta Joni.

En ese sentido, Aza cuenta por privado o en comentarios muchas y muchos seguidores con discapacidad le transmiten que justamente por esas inseguridades y miedo a no poder maternar o paternar es que están postergando o no se animan a hacer realidad su proyecto de traer un hijo o hija al mundo.

“De hecho esta semana me escribieron muchas que no que no quieren ser madres por justamente por miedo y los principales temores son a heredar la condición, a no poder sin una pareja, miedo al bullyng, a la violencia del otro, a que tengan que sufrir todo lo que ellas sufrieron por la falta de accesibilidad ….”, dijo.

La falta de accesibilidad hace que por ejemplo yo no pueda sacar sola a mi hijo una plaza, o a comer porque el baño del restaurante está arriba o abajo, lo mismo con el sector de juegos

“Pensemos que la falta de accesibilidad hace que por ejemplo yo no pueda sacar sola a mi hijo una plaza, o a comer porque el baño del restaurante está arriba o abajo, lo mismo con el sector de juegos. Pensemos en los espectáculos cuando llegan las vacaciones de invierno, por ejemplo”, agregó.

En uno de sus posteos más divertidos, Daniela aparece haciendo sincronía de labios con una frase famosa de la chimentera peruana Magalí Medina, una especie de Moria Casán del país andino: “Cállate ya, que le callen la boca, pónganle un tapón, tírenla un chicle porque para que habla tanta estupidez junta”, como respuesta a un comentario que decía “si estás enferma y ya tenés edad, no es bueno traer niños”.

Uno de los más desubicados (“quién pudo hacer esa maldad y embarazar a esa mujer con discapacidad? Los familiares?”), Daniela lo responde con la fonomímica de “Ojala me lleve el diablo” de· Kingpuntocom Beats, pero no deja de apuntar a un costado los “dos prejuicios lleva este mensaje: que las mujeres con discapacidad no maternamos y que tampoco tomamos decisiones en ese ámbito”.

“Yo no sirvo para dejarlos pasar, yo tengo que hacer algo con lo que me toca o con lo que me pasa. Obviamente que no voy a llegar a comentar todos, pero sí los más fuertes porque creo que sirve para mostrar que estas cosas que siguen sucediendo, que no estamos en un mundo totalmente inclusivo donde la diversidad es moneda corriente. Y de hecho, cuando yo lo comparto en Instagram, me dicen que no pueden creer que reciba esos comentarios”, cuenta.

Otra idea que aparece fuerte en los comentarios descalificadores es que “si vos te expones, bancate las consecuencias”.

“Y no es así porque si uno está saliendo a las redes, es para concretizar, divulgar, mostrar su experiencia, inspirar; y eso no puede ser una excusa para que vos vengas y me digas ‘no vas a poder’”, concluye.

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro (48), aseguró que promoverá la interpelación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Mariano Cúneo Libarona, por la “brutalidad y crueldad” de las afirmaciones vertidas el pasado martes en su exposición ante la comisión de Mujeres y Diversidad, las que además revelan “un desconocimiento” de las leyes que “no puede dejársele pasar a quien es la máxima autoridad” en la materia. Públicamente gay y comprometido con la agenda de la diversidad sexual desde el inicio de su extensa carrera legislativa, Ferraro fue uno de los primeros en salir al cruce de Cúneo Libarona, después de escucharle decir frente a frente y sin empacho que “nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología” porque “son inventos subjetivos”.

“Se lo digo de corazón y con sinceridad, usted ha dicho una barbaridad. Una barbaridad que desconoce las leyes que han ampliado y reconocido derechos en los últimos 15 años, que no pertenecen a un sector político, sino que nacieron de la lucha de organizaciones de mujeres y LGBT en Argentina”, le recriminó quien fue ocho años legislador porteño (2011-2019) y va por su segundo mandato como diputado nacional por la CABA en representación de la Coalición Cívica-ARI.

En las últimas horas, un grupo de legisladores de la oposición presentó un proyecto de pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, mientras que en simultáneo —y a contrapelo de la línea expresada por el ministro— el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº2 de La Plata produjo una sentencia histórica, la que reconoció como transhomicidio o crimen de odio a la identidad de género la desaparición y asesinato del joven trans Tehuel De la Torre. Sobre éstos y otros temas, dialogó con elDiarioAR.

—¿Lo sorprendieron los dichos del ministro Cúneo Libarona, teniendo en cuenta sobre todo el contexto en que fueron pronunciados?

—Lo sorpresivo fue que no se refiriera a una sola política pública vinculada al área de su incumbencia —que es a lo que había ido a la Comisión de Mujeres y Diversidad—, pero no lo que dijo. Creo que el ministro se proponía cumplir cuatro objetivos. El primero, por supuesto, generar una provocación; el segundo, seguir construyendo lo que ellos denominan “batalla cultural y civilizatoria”; el tercero, evitar dar precisiones del trabajo de su ministerio; y el cuarto, provocar otra cortina de humo para tapar los temas más urgentes que están en la conversación pública y que se deben debatir en el Parlamento, como que el 27% del ajuste total del gasto público lo estén pagando los jubilados, el otorgamiento de 100.000 millones de pesos para gastos reservados de la SIDE, o una recesión económica similar a la de 2001. Los dichos del ministro son preocupantes por su crueldad, por su brutalidad y por su desconocimiento tanto de las leyes como de la Constitución y los tratados internacionales que rigen en nuestro país. Y eso no puede dejársele pasar a quien es la máxima autoridad en materia de justicia y derechos humanos en la Argentina.

—Porque además, no es un hecho aislado en este Gobierno…

—No, por supuesto, porque la semana pasada fue el ministro Cúneo Libarona, pero antes estuvo el tema de que “los gays somos piojosos” o el asco que les da ver besarse a dos hombres o dos mujeres. Lo que más preocupa es que, si lo dice quien ejerce la máxima magistratura o quien tiene la máxima responsabilidad de Justicia, ¿qué queda para el ciudadano común? ¿Por qué no podría sentirse libre de hacer cualquier barbaridad en ese sentido, si lo habilitan desde las más altas esferas?

—¿A quién le habla Cúneo Libarona cuando pronuncia este discurso en el Congreso?

—La barbaridad que dijo creo que fue para rendir pleitesía al presidente Javier Milei y a quienes llevan adelante esta narrativa o “batalla cultural civilizatoria”, como Santiago Caputo, el Gordo Dan, Agustín Laje o Nicolás Márquez. Y esto aprovechando que hay un sector de la sociedad —y esto también lo digo a modo de autocrítica— que estaba un poco agotado de cómo se habían manejado hasta ahora tanto las políticas de derechos humanos como las políticas de género y de diversidades. Lo cual no quiere decir —y resalto esto— que la Argentina retroceda en materia de reconocimiento y de ampliación de derechos, porque esos logros no le pertenecen ni al kirchnerismo ni a La Libertad Avanza, sino que son un proceso que ha construido la sociedad argentina toda, con sus aciertos y sus errores, en estos 40 años de democracia. En la conquista de muchas de esas leyes estuvieron presentes el movimiento de mujeres, de las diversidades, las organizaciones de la sociedad civil… pero también reflejaron los tiempos de la Argentina al momento de sancionarse normas como la patria potestad, el divorcio vincular, el matrimonio igualitario y todas las leyes que intentan romper las asimetrías en el trato entre hombres y mujeres.

—Pero hoy pareciera que estas conquistas no eran tan sólidas como se pensaba…

—Yo creo que esa solidez sigue estando porque, afortunadamente, LLA no tiene la mayoría necesaria ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados para que esos retrocesos se den.

—La Federación LGBT+ pidió que Cúneo Libarona “se retracte o renuncie”, mientras que Orgullo y Lucha pidió su interpelación y juicio político, ¿qué opina?

—Yo creo que, si le queda algo de vergüenza, debería renunciar, pero estamos evaluando recurrir a la herramienta de la interpelación, como manda la Constitución y nuestros reglamentos. Sé que hay otras iniciativas que no he acompañado, no porque las rechace, sino porque creo que la interpelación es lo que corresponde en términos institucionales, para después evaluar otras herramientas.

—¿Qué pasó en estos años en Argentina para que pasemos de liderar la sanción de leyes de vanguardia en materia de derechos LGBTIQ+, a un ministro del área que no tiene prurito en acudir al Palacio Legislativo con un discurso abiertamente transfóbico, homofóbico y biologicista?

—Hay que entender que la Argentina no está exenta de procesos que están viviendo en la región y en el mundo. Entonces la primera cuestión es correrse de una mirada ombliguista en términos de “¿qué nos está pasando en la Argentina o a los argentinos?”. Inserto en un contexto, resulta que lo que vemos aquí no es distinto a las discusiones que están teniendo otros países. Dicho esto, creo que hay un mal aprovechamiento (por parte de este gobierno) de cierto hastío en la sociedad de la apropiación política partidaria que hizo el kirchnerismo de estas causas, que llegó a plantear que “nuestro sector político es el único que puede garantizar los derechos en materia de diversidades y de mujeres”, una visión con la que yo estoy totalmente en desacuerdo. De hecho, he acompañado todas las leyes de reconocimiento de ampliación de derechos que me tocó votar tanto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como en el Congreso de la Nación.

—¿Qué valor tiene, en este contexto, el fallo de hoy en el juicio por el caso Tehuel, el primero por transhomicidio?

—Da tranquilidad que algunos jueces interpreten las cosas como tienen que ser interpretadas. La preocupación es que esto se empiece a desvirtuar si, desde lo más alto de las esferas del poder, empiezan con la deslegitimación de las leyes o lo que manda la Constitución Nacional…

—¿Se considera un militante de la diversidad sexual, además de militante político?

—Yo tengo vocación por lo público, y esto me llevó —más allá de mi orientación sexual— a abrazar determinadas agendas y temas que están ligados a la diversidad sexual, pero también a la educación, el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático, la integridad y la transparencia en el ejercicio de la función. Por eso, más que nada, me considero un servidor público de estas agendas.

—El otro diputado abiertamente gay de la actual Cámara es el histórico activista Esteban Paulón…

—A Esteban lo conozco de hace muchos años, y si bien él está en el Partido Socialista y yo en la Coalición Cívica, es una de esas personas con las cuales uno considera que construye una amistad política. Con él hemos coincidido en la militancia de la ley de matrimonio igualitario, de identidad de género, de respuesta integral al VIH… Y ahora, la verdad que para mí es una alegría muy grande que haya podido ser electo diputado de la Nación, ejerciendo el rol que cumple en la Cámara.

—¿Cómo talló su orientación sexual en su carrera política? ¿Alguna vez alguien le sugirió no asumir públicamente su homosexualidad?

—Viví un proceso de salida del clóset difícil, pero no tuve que pasar por grandes situaciones de discriminación, más allá de tener que soportar algún que otro comentario socarrón o por lo bajo. Pero eso no me impidió hacer una carrera política, y yo estoy recontra agradecido con la Coalición Cívica por la libertad y el acompañamiento que me dieron, en particular la propia Lilita Carrió. Imagínate que, si hubiera sido objeto de algún tipo de reproche o discriminación, no hubiera sido dos veces legislador de la Ciudad de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Educación, presidente del partido —como lo fui todo este tiempo—, haber integrado la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y ser dos veces diputado de la Nación. Y no es que yo fui abajo en las listas, sino que las encabecé en diferentes oportunidades. Por supuesto, no te voy a negar que a mí me costó salir del closet porque, además, son distintas salidas: una cosa es el ámbito laboral, otra tu familia, otra el partido… y así son diferentes instancias donde aparece toda esta carga de culpa que te impone la sociedad.

—¿Qué le gustaría que pase en la próxima marcha del Orgullo, la primera durante la gestión Milei?

—Mi deseo es que sea una de las marchas más multitudinarias del Orgullo que hayamos vivido en la ciudad de Buenos Aires. Ojalá llegue a una convocatoria similar a la que tuvo durante el debate del matrimonio igualitario o cuando estuvo Lali (Espósito) en una de las carrozas, hace dos años atrás. Hay que llenar las calles porque está bien que los más jóvenes crean que los derechos conseguidos están consolidados y que no puedan creer que aparezcan dinosaurios medievales queriendo volver a discutir todo, pero hay que estar atentos. No tener miedo —porque el miedo es a lo que también juegan— pero sí estar alertas.

MAA/JJD

En un fallo inédito que “sienta nueva jurisprudencia” a nivel nacional y latinoamericano, un tribunal porteño absolvió a una mujer de nacionalidad francesa acusada de sustracción internacional de menores por entender que la razón principal para haber huido con sus hijos fue la convicción de que los niños de 7 y 10 años estaban en serio riesgo con su progenitor sospechado de haberlos abusado sexualmente. La decisión de los jueces va en línea con lo argumentado por la defensa y organizaciones feministas, en el sentido de que  “proteger no es delito”.

La sentencia cuyos fundamentos se conocieron esta semana, corresponde al titular del Tribunal Oral Criminal y Correccional Nº 22 Adrián Paduczak y se produjo en el marco del juicio que se llevó a cabo en contra de Michelle Laure Youayou, una mujer de 45 años nacida en Costa de Marfil que desde hace 5 está impedida de establecer contacto con sus hijos, ahora bajo cuidado exclusivo del padre y denunciante que vive con ellos en Francia.

Es que, al tiempo que Michelle perdía la tenencia compartida ante los tribunales de familia franceses, éstos habían desestimado por falta de mérito las acusaciones de abuso sexual en contra del progenitor.

“Los roles de protección asignados socialmente a las madres no pueden valorarse en su perjuicio cuando se enfrentan al dilema de cumplir con una manda judicial o legal del que deriven circunstancias de desprotección para sus hijos, o incumplirlas (…) para realizar una conducta protectoria adecuada”, dijo el juez en sus fundamentos.

En ese sentido, el magistrado se pronunció a favor, además de “habilitar una nueva instancia de la teoría del delito” que incluya la denominada “perspectiva de género” dado que “la doctrina tradicional” caracterizada por “una aplicación altamente objetiva del derecho penal vigente, (…), en la práctica, no siempre resulta suficiente para hacer justicia”, en tanto puede soslayar “principios fundamentales como los de igualdad y no discriminación”.

La sentencia cobra aún más relevancia en el contexto adverso que representa un Gobierno nacional cuyo vocero anunció el pasado 27 de febrero que se avanzará en la prohibición de la utilización del lenguaje inclusivo y “todo lo referente a la perspectiva de género” en la administración pública nacional, y que también “se van a iniciar actuaciones para prohibir todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional” por tratarse de “un negocio de la política”.

“A mí me sacaron a mis hijos el 31 de mayo 2019 en Parque Lezama, porque yo estaba prófuga queriendo proteger a mis dos amores”, dijo Michelle en diálogo con elDiarioAR

A partir de esa detención que la mantuvo 15 días presa en el penal de Ezeiza, ella no pudo ver más a sus hijos ni tampoco salir el país tras los pasos de los niños, dado que hasta la absolución producida esta semana, le fue retenido su pasaporte europeo.

Es que ocho meses antes de ese operativo en la plaza del barrio de La Boca, ella había sido declarada en rebeldía por la justicia argentina por incumplir la orden del Juzgado Civil Nº 87 que le mandaba presentarse el 4 de septiembre de 2018 en Ezeiza para embarcarse con sus hijos rumbo a Francia, en cumplimiento de la sentencia que ordenaba su restitución al progenitor.

Michelle había llegado con sus dos hijos a la Argentina el 9 de mayo de 2016, “después de haber luchado en Francia durante dos años para protegerlos”, en un recorrido que se inició en 2014 cuando el mayor le habló por primera vez de prácticas sospechadas de abuso sexual por parte de su progenitor, las mismas que el hijo más pequeño también le contaría tiempo después.

“En Francia no me escucharon a mí ni a mis hijos. Tampoco la justicia quiso protegerlos”, dijo.

“Llegamos acá pensando que sería distinto, pero (en las justicia argentina) tampoco nos escucharon cuando con distintas organizaciones advertimos sobre el peligro que corrían mis hijos si tenían que volver con el padre”, agregó.

Incluso, la justicia civil argentina ordenó la restitución al padre a pesar de que diferentes pericias psicológicas e informes psiquiátricos confirmaron indicios de abuso y el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes dictaminó que “proceder a la restitución de los niños a Francia importa colocarlos en una situación de riesgo para su salud física, psicológica y emocional, al exponérselos a posibles situaciones de revictimización”.

“No tengo ningún tipo de contacto con mis hijos desde hace cinco años. Traté de hacer como pude para que ellos sepan que no los olvidé, pero me sacaron totalmente mis derechos de madre. El progenitor me cortó todo vínculo con mis hijos, incluso también con la escuela que era la única forma de tener alguna noticia”, dijo Youayou.

“Este año el mayor va a cumplir 15 años y el menor 12 años. Mi único deseo, que estoy esperando con mucha angustia, es volver a estar con ellos porque a mí me sacaron cinco años de la vida de mis hijos y a ellos le sacaron cinco años de su mamá que sólo quiso protegerlos”, dijo.

La mujer definió como “una tortura para ellos y para mí” a esta separación impuesta, “porque ellos están viviendo con él y yo no tengo un segundo de paz, porque quién puede estarlo cuando tenemos la prueba más importante (del riesgo que corren), que son los dichos de mis hijos a quienes siempre creí y siempre voy a creer”.

Por su parte, la abogada defensora de Michelle y titular de la organización Red Viva, Sara Barni, recordó que “la que empezó pidiendo la absolución fue la fiscal que logró entender, a medida que íbamos presentando la prueba, que esto era una injusticia” dado que todas las pruebas y testimonios presentados en el juicio “terminaron hablando maravillas Michelle y de como ella cuidaba a sus hijos”.

Y si bien celebró este fallo innovador que deja a Michelle más cerca de reencontrase con sus hijos, reconoce que los tiempos para eso podrían dilatarse si la querella decide apelar.

La abogada hizo hincapié además en cómo no solamente no se escuchó a los niños y sus relatos de abuso sexual, sino cómo “el mero archivo por falta de mérito” de esa causa en Francia, quiso ser usada por la querella en contra de la madre, en el juicio que se le siguió aquí por secuestro internacional.

“Primero que el progenitor nunca pasó por la justicia penal en Francia y todas son sentencias de juzgados de familia igual que en muchos casos de acá, que te dicen ‘la madre está loca, no se investiga, se van con el padre y se acabó’. Entonces no remiten la causa al fuero penal e incluso utilizan lo dicho por el fuero de familia en las causas penales que después ellos inician contra las madres”, dijo.

Además, la letrada considera que, tal como había ocurrido antes en Francia, operaron en contra de Michelle “todos los estereotipos”, vinculados a su condición de mujer negra migrante de origen africano y empobrecida.

“Este es un caso que sienta jurisprudencia, definitivamente y los fundamentos del fallo van a ser muy útiles para otros casos análogos, y no necesariamente referidos al secuestro de niños –como este caso– sino revinculaciones forzosas, delitos de desobediencia y demás”, dijo el otro abogado del equipo de la defensa, Andrés Bonicalzi el pasado 6 de marzo, después de oír la absolución.

Es decir, en casos en los que también la asimetría de poder entre hombres y mujeres no sólo le pone un límite a ellas en el ejercicio de este deber de cuidado, sino que vuelve a la justicia en su contra al punto de cortarle toda comunicación con los hijos a los que estas madres buscaban proteger también cuando el peligro es encarnado por los progenitores

En ese sentido, Barni explicó que el planteo principal de la defensa ante el tribunal fue “preguntarle hasta dónde, en un código hecho por hombre y para hombres, tienen permitido cuidar las mujeres”, un cuestionamiento que recoge en sus fundamentos la sentencia absolutoria que “sienta un precedente” porque allí “por primera vez un juez entiende que ese deber de cuidado impuesto (a las madres) tiene que tener una correlación de fuerzas, y que no te lo pueden dar y exigir sólo porque alguien le conviene y cuando no, te lo quitan”.

“Vos en el código tenés el deber de cuidado del médico, el deber de cuidado del que maneja, y el deber de cuidado que nos impone la sociedad a nosotras…pero después cuando nos lo creemos, somos secuestradoras y nos persiguen internacionalmente. Hay que tener en cuenta aquí que dos países se vinieron en contra de una sola mujer que quería defender a sus hijos”, agregó.Red Viva, Sara Barni,

Hay que tener en cuenta aquí que dos países se vinieron en contra de una sola mujer que quería defender a sus hijos

Sara Barni — Red Viva

“Ahora el juez dijo ‘a la teoría del delito, le falta perspectiva de género’ y sería la primera vez que se absuelve una mujer por haber cumplido con su rol de cuidar. Creemos que así como un agente de policía no se puede hacer el tonto ante un delito aunque esté de franco porque el estado policial lo tiene las 24 horas, lo mismo pasa con el deber de cuidado en las madres”, dijo.

Barni hizo hincapié en la contradicción que implica que “el deber de cuidado (en relación a los hijos) te lo hacen ejercer todos los días a la fuerza”, pero en el caso de que ese deber de cuidado transforme a las madres en denunciantes de los progenitores y preserve a sus hijos del contacto con quienes ellos identifican como su agresor, “resulta que no estamos aptas para llevarlo adelante”.

“Cuando conviene que vos lo hagas gratis para que el hombre crezca, para que el hombre tenga oportunidades, está bárbaro incluso si esto implica no tener acceso a un título jerarquizado como él, que pudo hacer una carrera de ingeniero y tiene un poder adquisitivo mucho mayor. Pero al momento de hacer una denuncia contra un hombre que violenta o abusa a sus hijos nosotras, que no estamos jerarquizadas, perdemos el estatus de todo, hasta de madres”, dijo.

Conteniendo el llanto, Michelle se reconoce “muy cansada” después de este proceso que se alargó cinco años, “pero estoy de pie”, decidida a seguir adelante hasta alcanzar su principal objetivo que es “volver a ver a mis hijos y decirles: ‘ahora estoy, no tengan miedo’”. 

“También quiero que los reconozcan a ellos como víctimas y que me devuelvan mis derechos de madre”, agregó.

Además, reconoció que “sería la persona más feliz del mundo” si su caso “pudiera ayudar a otras mujeres” porque es consciente que muchas madres pasan por lo mismo por ser mujeres, más allá de su condición de migrantes o su color de piel.

Por el momento, Michelle no tiene trabajo y se sostiene con la ayuda de diferentes organizaciones, pero durante la pandemia conformó un grupo musical de la que es vocalista y compositora.

Con su banda “MaMaMiYou” –un acrónimo conformado con parte de los nombres de ella y sus hijos– llegó a grabar cuatro temas que pueden escucharse en su canal de Youtube (https://www.youtube.com/@MaMaMiYou-vq4ig) y a presentarse en diferentes eventos.

Las canciones son el mejor canal que encontró para contar su historia y expresar lo que siente, plasmado particularmente en la canción “La hora de acostarse”.

“No hay un solo día que no piense en ustedes/mi mente está todo el día conectada con ustedes/Así es, no puedo hacer nada/Sabiendo el dolor que me espera, cuando los veo/ el dolor que transita mi carne,/ el dolor que descarga toda mi alma”, dice allí.

MAA/MG

Estaban dadas todas las condiciones para el desastre: hacía mucho calor, el viento soplaba fuerte y cambiaba bruscamente de dirección, había niños en short y ojotas, falta de controles, equipamiento y capacitación. Y el desastre sobrevino nomás, arrebatándole a la comunidad chubutense de Puerto Madryn la vida de 25 jóvenes promesas, 11 de ellas menores de 18 años.

Lo ocurrido ese fatídico 21 de enero de 1994 –de lo que hoy se cumplen 30 años– se conoce desde entonces como “tragedia de los bomberitos” y sigue siendo la mayor pérdida de vidas en una sola emergencia para este tipo de fuerza, no sólo a nivel nacional o regional, sino a nivel mundial.

Tres décadas después, la institución de bomberos voluntarios es otra, habiendo resultado este episodio fundamental para su profesionalización; pero para las familias el dolor se mantiene intacto alimentado por la percepción compartida de que “no hubo justicia”.

La más joven de las víctimas, Marcelo Miranda, tenía solo 11 años y los más grandes no superaban los 23. Entre los fallecidos había una pareja que iba a casarse el mes siguiente y dos hermanos de 13 y 23 años, el mayor de los cuales iba a ser padre por primera vez.

La más joven de las víctimas tenía solo 11 años y los más grandes no superaban los 23. Entre los fallecidos había una pareja que iba a casarse el mes siguiente y dos hermanos de 13 y 23 años, el mayor de los cuales iba a ser padre por primera vez.

Todos habían llegado al siniestro vistiendo mamelucos de tela, cascos de fibra de vidrio y botas de goma, portando sólo palas para “sofocar” el fuego arrojándole tierra.

“Cuando sonó la sirena, ellos estaban a la vuelta del cuartel pintando el departamento donde pensaban irse a vivir después de casarse, el 5 de febrero. Apenas escucharon dejaron los pinceles, la casa abierta y salieron”, cuenta al elDiario.AR Nicolina Ivanoff, sobre su hija Alicia Giudice y su yerno Cristian Meriño, ambos fallecidos ese día.

Ese 21 de enero hacía mucho calor en Madryn y el viento, traicionero, repentinamente aumentaba su velocidad o cambiaba de dirección, o ambas cosas.

Así ocurrió varias veces afectando la extensión y virulencia del frente de incendio que se desarrollaba en un campo ubicado 12 kilómetros al oeste de la ciudad, en las proximidades de la ruta nacional 3 donde “no había nada, ni una oveja había, así que fueron a hacer no sé y por orden de quién, a un campo que era todo yuyos”, se lamenta Nicolina.

La preocupación fue en aumento conforme el incendio se prolongaba, el humo oscurecía completamente el cielo cuando todavía restaban horas de luz y los chicos no volvían.

“Se hicieron las 2 de la mañana, los chicos no llegaban y en el cuartel decían que estaban detrás de una loma, que estaban bien, cuando ellos ya sabían que los chicos seguían desaparecidos. Nosotros esperábamos y esperábamos. Incluso nos decían ‘vayan a traer agua y frutas para llevarles’, pero los chicos ya estaban muertos.”, recordó con pesar Nicolina.Ivanoff, sobre su hija Alicia Giudice y

Nos decían ‘vayan a traer agua y frutas para llevarles’, pero los chicos ya estaban muertos

Nicolina.Ivanoff — Mamá de Alicia, una de las víctimas

Esa noche nadie durmió en Madryn y al día siguiente, desde temprano comenzó a ganar fuerza el rumor de que los chicos seguían perdidos. No había nada oficial pero se hablaba de más víctimas y los 9 se fueron transformando luego en 12, en 15, hasta que finalmente se confirmó que fueron 25.

“Yo estuve 8 ó 9 meses sin salir de mi casa, sin saber más quién era yo, porque imagínate lo que es estar preparando un casamiento, de repente se te muera la novia y te quedes con el vestido en la mano. Hasta el día de hoy sigo esperando que vuelva, aunque sé que no va a llegar nunca más”, cuenta Nicolina.

De su hija Alicia cuenta que se hizo scout “de chiquita” y que habiendo llegado “al escalafón más alto del scoutismo, con sólo 17 años” decidió que su vocación de servicio se vería mejor realizada como bombera voluntaria.

“Siempre me decía: ‘el día que el cuartel incorpore mujeres, yo voy a ser bombera’ y por eso ella fue la primera que se anotó cuando abrieron la inscripción para nosotras, fue ella”, agregó Ivanoff.

Ofelia “Quita” Salinas, madre de Juan Enrique Moccio fallecido a sus 15 años, recuerda que ese día su hijo “había venido de la playa y se estaba bañando cuando escuchó la sirena”.

“Se terminó de bañar rápido, se fue y no lo vi más. Recuerdo que le dije ‘tené cuidado, fijate’. ‘Sí, sí, mamá’, me dijo, pero no vino más”, contó

De Juan cuenta que “tenía locura por ser bombero” y “amaba su cuartel” al que iba desde los 12 años, al punto que “no se llevó ninguna materia porque si tenía malas notas no lo dejaban entrar”.

“Para nosotros es muy difícil, decí que tengo otro hijo, que tengo nietos, y más o menos lo voy llevando. De hecho se han ido varios padres, por ejemplo mi esposo, a raíz de eso, se enfermó del corazón, y ya hace 12 años que falleció” contó Quita que al día de hoy no va al cuartel ni pasa por la plaza del monumento “porque me hace mal”.

Miriam Battistessa, quien perdió a sus dos cuñados Juan Carlos y Cristian Zárate de 23 y 13 años respectivamente, aseguró que “la ciudad de Madryn se le murieron 25 hijos, por eso la sociedad debería estar toda” participando hoy de los homenajes.

“Eran chicos abanderados de escuela, no eran pibes de la calle o abandonados como en un momento cierto periodismo querían hacer creer. Ellos iban a dormir al cuartel no porque no tuvieran un lugar con su familia, sino porque lo amaban. Les debemos mucho a esos chicos”, agregó.

Del relato de Miriam se desprende que la tragedia se desató con particular saña sobre su familia, dado que a Juan Carlos le faltaban dos meses para convertirse en padre por primera vez y su suegra, la mamá de los dos hermanos Zárate, ya había tenido que enfrentar una viudez prematura, porque su esposo había muerto cuando Cristian, el menor de cuatro, “era un bebé de apenas meses”.

“Hoy Juanqui, como le decimos nosotros cariñosamente a mi sobrino, es un niño que no conoció a su papá pero vive del recuerdo, de lo que cada uno le vamos contando de él, que era un ser especial, un tipo re bondadoso y comprometido con el servicio”

Miriam, quien también fue bombera voluntaria igual que su esposo Daniel Zárate, recuerda lo duro que fue para la asociación de bomberos voluntarios de Puerto Madryn fundada unos 10 años antes, perder “25 de los 45 chicos” que la integraban, “de un plumazo”

“Durante tres meses se iban rotando bomberos de todo el país que venían a cubrir los lugares (vacantes). Venían dotaciones de 10 a 15 chicos de Tigre de San Fernando, de San Isidro,  a colaborar con la gente de Madryn. Obviamente la parte emocional costó muchísimo”, dijo.

Veinte féretros sobre un chasis

Las fotos de la tragedia que darían la vuelta al mundo y que todavía hoy son referencia obligada para rememorar el hecho, las hizo José Luis Lazarte, reportero gráfico del diario Trelew a quien, una vez conocido el desenlace, le fue encargado también documentar el velatorio colectivo en el gimnasio municipal, el cortejo fúnebre encabezado por un camión que transportó 20 féretros alineados sobre su chasis y el sepelio.

“Creo que nunca más veré algo similar al velatorio de los 23 chicos en el gimnasio municipal. Yo estaba acostumbrado a hacer ahí fotos de básquet, de gimnasia artística y de golpe ver todos esos ataúdes con todo Madryn rodeándolos y sumido en llanto, es una imagen que no me puedo borrar”, contó a Télam.

“No podíamos creer lo que había pasado, fue sin duda el día más triste de la ciudad”, agregó en diálogo con esa agencia.

Por su parte, el actual presidente de la Asociación de Bomberos de Puerto Madryn, Gastón Alcucero, explicó a elDiarioAR que “hubo una concomitancia de factores que se dieron para que ocurriera la tragedia” que “no fue un hecho fortuito”.

Entre ellos mencionó la “ausencia del Estado” controlando y jerarquizando la actividad cuyo marco normativo ya prohibía el reclutamiento de menores de edad, pero también “la desidia de los directivos y de la institución, porque si la ley dice que los bomberos tienen que tener por lo menos 18 años, no podían tener menores de esa edad”

No obstante, este desapego a los reglamentos “era una cuestión común” en esa época y “le podría haber pasado cualquier cuerpo de bomberos del país”

“Lamentablemente nos pasó a nosotros, pero produjo un cambio de paradigma, porque a partir de ahí se dieron cuenta que no era joda ser dirigente bomberil, que cabía sobre nuestras cabezas una responsabilidad mayor y se comenzaron a hacer las cosas bien”, agregó.

El 30 aniversario de la “tragedia de los bomberitos” convocará en Madryn a diferentes actividades conmemorativas, el próximo domingo, en diferentes puntos de la Ciudad.

Todo comenzará a las 8:30 en la plaza San Martín, donde se hará un acto junto a la escultura del bombero alado, del que participará el gobernador de la provincia, Ignacio Torres.

Posteriormente, a partir de las 11, tendrá lugar la reinauguración del monumento “Gloria a las víctimas del viento y del fuego” en su nuevo emplazamiento de la rotonda central del barrio Mapu Ngefu, un sector de la ciudad caracterizado porque cada una de sus calles lleva el nombre de uno de los bomberos fallecidos en 1994. El monumento es el mismo que había sido emplazado en 1995 en el Mercado Central de Buenos Aires y que, por una gestión de las familias, finalmente se trasladó en comodato a Madryn.

Por último, a las 12 se celebrará un responso en el panteón de la Asociación del Bomberos de Puerto Madryn.

“Hemos trabajado a lo largo de los años para mantener esa memoria activa porque no tenemos margen de volvernos a equivocar ya que sería muy burdo que nos ocurriera algo teniendo en cuenta que se fueron 25 personas de un plumazo”, dijo.

Todos los familiares consultados coinciden en afirmar tajantemente que “todavía no sabemos qué pasó”, y que hoy como ayer “no hubo justicia”.

“Sabemos que hay culpables y responsables en la muerte de los chicos, pero a 30 años todavía no tenemos ninguna respuesta de la justicia (penal). Cuando ocurrió hacía como 5 o 6 años que no pasaba ningún inspector de defensa civil de la provincia a supervisar qué se hacía y no se hacía en el cuartel”, dijo Nicolina.

“¿Cómo es que sonaba la sirena y subía cualquier cadete (al móvil)? ¿Cómo es que sabiendo que los chicos no podían subir,  los llevaban igual? Se hizo todo mal, 11 menores murieron y no se culpabilizó a nadie. La provincia tapó todo y al día de hoy lo único que sabemos es que los encerró el viento y se murieron todos”, agregó

Es que la causa penal no prosperó y 22 de las familias desistieron también de sus reclamos civiles a partir de que, en 2004, llegaron a un acuerdo extrajudicial con la provincia de Chubut que le pagó a cada uno 450 mil pesos con bonos y en cuotas.

Solamente uno de los padres rechazó la oferta del entonces gobernador Mario Das Neves y siguió adelante con la demanda, hasta que en 2008 la justicia le dio la razón y estableció que correspondía una indemnización, lo que fue confirmado en 2011 en segunda instancia

“Y bueno, gracias a este padre que consigue una sentencia favorable, la causa sigue abierta y pueden entrar el resto de los familiares para recibir una compensación”, dijo Battistessa.

Ivanoff, en tanto, se queja de que “hay padres que no tienen ni siquiera una jubilación”.

“A los padres nos correspondía una jubilación, yo tengo una porque cumpli los años de aportes trabajando en la provincia, pero hay padres que no tienen nada y deberían por lo menos tener acceso a los medicamentos, que están tan caros”, agregó

Según el informe Recopilación histórica de accidentes mortales de bomberos voluntarios, publicado en 2021 por el Ministerio de Seguridad de la Nación, 88 integrantes de Bomberos Voluntarios fallecieron en actos de servicio entre 1994 y el año 2020.

De acuerdo a ese relevamiento, la mayor tragedia individual por número de muertos sigue siendo la de Puerto Madryn –donde fallecieron 11 adolescentes y 14 jóvenes combatiendo un incendio rural–; seguida por la de Iron Mountain ocurrida en la ciudad de Buenos Aires el 5 de febrero de 2014, en la que murieron 2 bomberos voluntarios y dos de la policía federal.

Entre las principales causas de decesos de bomberos voluntarios caídos en el desempeño de su labor, se destacan las quemaduras (39 casos), los colapsos estructurales (13), los accidentes vehiculares dirigiéndose a la emergencia (6) y la electrocución (6).

“Yo lo que quiero es que no se olviden de ellos, que siga viva su memoria, porque hoy todavía estamos nosotros, sus familiares, que los vamos a recordar siempre, pero el día que nosotros faltemos, que la comunidad y la gente los recuerde”, concluyó Nicolina

MAA/MG

¿Quién podía imaginarse viendo a ‘Fleco y Male’ irrumpir en los espacios publicitarios televisivos para decirnos que ‘la marihuana destruye las neuronas’ y que ‘todo aquel que consume está enfermo y necesita curarse’, que 25 años después habría formas legales de cultivar y consumir cannabis? 

Tanta firmeza en la demonización y patologización, difícilmente permitían avizorar entonces un futuro con lugar para una revista especializada que –entre otras cosas- enseña a cultivar esta planta, para una Expocannabis congregando multitudes cada año, para empresas provinciales de cultivo e industrialización a gran escala, para médicos recetando cannabis o cientos de científicos estudiando el potencial terapéutico o fabril.

Es que si bien los 40 años democracia no resultaron suficientes para dar con tierra con el modelo prohibicionista de los estupefacientes, permitieron el nacimiento y desarrollo de un movimiento por la despenalización o regulación que dio sus mayores frutos en el caso de la marihuana, con la sanción de leyes de investigación sobre los usos terapéuticos de la planta de cannabis (2017) y de desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial (2022), en consonancia con un movimiento mundial reivindicativo del cannabis como sustancia fitoterapéutica

“En nuestro país la tenencia de estupefacientes, así sea con fines de consumo personal, se encuentra penalizada, lo que sucede es que si el cultivo o el consumo va a ser con fines terapéuticos y la persona así lo acredita ante la autoridad sanitaria de aplicación, puede inscribirse en un registro y estará exceptuado de la prohibición penal”, explicó el abogado especializado de la Asociación Pensamiento Penal, Andrés Bacigalupo.

Es que la ley vigente (la 23.737 de1989), castiga la tenencia de estupefacientes para uso personal a pesar de que en el año 2009 la Corte Suprema de Justicia consideró que esta figura es inconstitucional por su incompatibilidad con el artículo 19 de la Constitución.

La norma pena con 1 mes a 2 años de prisión a quien “siembre o cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes” cuando éstos sean para consumo personal.

Quedan exceptuadas de esa persecución penal desde 2021 las personas incorporadas en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) que ya tiene 300 mil inscriptos, en virtud de la Ley de investigación del cannabis medicinal sancionada en 2017.

“Como por otro lado tenemos una ley del año 2022 que impulsa el desarrollo productivo del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, el paso que quedaría por dar es una regulación integral que permita el uso adulto y responsable sin necesidad de demostrar fines terapéuticos o estar inscripto en un registro del Estado, como sucedió en Canadá, Uruguay y en varios estados de los Estados Unidos”, agregó

Y es posible avanzar en ese sentido porque si bien “el cannabis es una sustancia que se encuentra controlada a nivel internacional por los convenios (sobre estupefacientes) de la ONU” a los que Argentina adhiere, “esos tratados no obligan a los Estados a penalizar el uso personal” y los países pueden regular “adoptando políticas públicas no punitivas, sino con enfoque sanitario y las eventuales restricciones o sanciones ser regidas por el derecho administrativo, como sucede con el alcohol”.

A su turno, la referenta de Mamá Cultiva Valeria Salech aseguró a este medio que los mayores avances en materia de cambio de status del cannabis se dieron más en términos de “legitimidad del uso” que de “situación legal”

“La percepción social siempre está un poco más adelantada que las leyes, entonces hoy tenemos una planta que está siendo estudiada e investigada por diferentes profesionales de todos los ámbitos de la ciencia –donde el avance fue hermoso, rápido, organizado y colectivo- y a la que la gente ve de otra manera porque ya no le tiene miedo”, dijo.

La percepción social siempre está un poco más adelantada que las leyes, entonces hoy tenemos una planta que está siendo investigada –donde el avance fue hermoso, rápido, y colectivo- y a la que la gente ve de otra manera porque ya no le tiene miedo

Valeria Salech — Mamá Cultiva

Dos cigarrillos de marihuana

Al momento de la recuperación democrática, en Argentina estaba vigente la ley 20.771 sancionada en 1974 durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón que penaba con prisión de 1 a 6 años la tenencia, incluso para consumo personal, de estupefacientes. Y la marihuana era considerada estupefaciente a nivel nacional desde 1968, con la sanción de la ley 17.756 que, no obstante, sólo penaba la tenencia que excediera las cantidades consideradas para el uso individual.

En consonancia con esto, en 1978 la Corte Suprema en el “Fallo Colavini” ratificó una condena a dos años de prisión en suspenso para un joven por habérsele encontrado dos cigarrillos de marihuana durante una requisa, con el argumento de que sin consumidores no hay producción de drogas.

“Recuperada la democracia, en el imaginario social y político el cannabis no se diferenciaba mucho de sustancias más dañinas –como la cocaína y sustancias sintéticas más nueva–-,pero sí que el consumo personal de estupefacientes en la esfera privada empieza a ser concebido de manera más liberal, en el sentido de protección de las libertades civiles que el Estado se tiene que abstener de vulnerar y garantizar”, dijo Bacigalupo.

Esto se manifiesta, entre otras cosas, en la realización de la Primera Marcha de la Marihuana Libre a la que asistieron 100 personas en 1983 o la publicación de una nota de tapa preguntándose “¿legalizar la marihuana?”, según el libro “Marihuana” del periodista Fernando Soriano.

En este contexto, la CSJN produce en 1986 el “fallo Bazterrica” que declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, a partir del caso del guitarrista de la Los Abuelos de la Nada que había sido detenido en 1983 y posteriormente condenado por poseer 3.6 gramos de marihuana y 0.06 gramos de cocaína.

Para el director de la revista THC Sebastián Basalo, esa sentencia fue “el primer cuestionamiento que tuvo el prohibicionismo” en Argentina.

“Pero la postura liberal en relación a una reforma (de la ley de drogas) que miraba con simpatía la despenalización del consumo de estupefacientes, termina perdiendo peso frente a posturas prohibicionistas favorecidas por los medios con su narrativa del ‘problema de la droga’, la presión de los gobiernos norteamericanos así como por el debilitamiento de la democracia tanto por presiones militares como por el hartazgo político”, dijo Bacigalupo.

Casi tres meses después comenzar la gestión de Carlos Menem, el Congreso aprueba la ley 23.737 que amplió las penas para el tráfico y siguió penalizando la tenencia, aunque reduciendo el castigo de un mes a dos años de prisión “cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”. 

Además, habilitaba a los jueces a ordenar “medidas de seguridad curativa” consistentes en “tratamiento de desintoxicación y rehabilitación” en caso de tenencia para consumo personal, decisión que ponía en suspenso el cumplimento de la pena y que conducía a la eximición en caso de “resultado exitoso”.

“Hay una primera etapa de 20 años con gran protagonismo del prohibicionismo, caracterizada por una mirada social muy condenatoria sumado a un enfoque fuertemente penal de parte del Estado frente a los usuarios y usuarias, cultivadoras y cultivadores de cannabis”, dijo Basalo.

Hay una primera etapa de 20 años con gran protagonismo del prohibicionismo, caracterizada por una mirada social muy condenatoria sumado a un enfoque fuertemente penal de parte del Estado

Sebastián Basalo — Director de THC

Como otro síntoma de los tiempos, por un lado, el máximo tribunal se pronunció nuevamente en contra de la despenalización con su “fallo Montalvo” de 1990 que ratificó una condena por tenencia de marihuana para consumo personal; y, por otro, el músico Andrés Calamaro fue procesado en 1994 por haber dicho en un recital que se “fumaría un porrito” con el cargo de “apología” del que resultaría absuelto recién en 2005.

Como resultado de estas políticas, Basalo describe que Argentina era el país de “más de 30.000 personas criminalizadas por año, del negocio de las internaciones compulsivas y el crecimiento del narcotráfico”.

“En esa época, era habitual considerar que todo uso de sustancias psicoactivas devenía en consumo y todo consumo era problemático, por eso se concebía al usuario como un enfermo y la ley refleja esta solución híbrida de tratarla (terapéuticamente) pero bajo la amenaza de castigo”, dijo Bacigalupo

Una nueva etapa caracterizada por una intensa lucha civil por un cambio de paradigma sobre el sobre las políticas públicas sobre drogas, se inicia hacia 2004 y se prolongará hasta 2017, cuyos hitos son la aparición del autocultivo de cannabis, la salida a los kioscos de la Revista THC (2006), el fallo Arriola (2009) de la Corte, la formulación de un proyecto de ley unificado para la despenalización del consumo de drogas (que termina fracasando en 2012) y la realización de la Primera Marcha Nacional por la Despenalización del Cannabis.

“En medio del desierto sale a la calle la revista THC, que enseña a cultivar para alejar a los usuarios del narcotráfico, que sale a decir que el cannabis tenía usos medicinales,  que además servía industrialmente para generar trabajo, y que no solo había derecho a usarlo responsablemente, sino que teníamos que tener una política de reducción de riesgos y daños”, dijo.

Para Basalo, la revista fue clave para el surgimiento de todos esos movimientos pero los comienzos fueron difíciles porque “nos trataban de locos, nos censuraron en varias provincias y recibimos innumerables denuncias penales por hablar del cannabis”.

“En el 2013 Uruguay se convierte en el primer país que regula el cannabis pero en Argentina el proceso de legitimación del cannabis que había producido marchas masivas llega a un límite porque los instrumentos republicanos no logran absorber y transformar eso en un cambio social, y entonces se pasa de pedir la despenalización en general a un movimiento que se propone ir paso por paso”, dijo.

Y el primer paso es la búsqueda de regulación del uso del cannabis con fines medicinales, apalancada con las historias de niños con epilepsia refractaria, que logran reducir drásticamente el número de sus convulsiones y que se viralizan por las redes sociales.

“En ese momento todo el movimiento cannábico se fue alineando detrás de quienes llevamos la voz del uso medicinal porque entendían que era prioritario avanzar en el uso terapéutico de la planta porque antes que nada estaba la salud. Desde la necesidad pero también desde la empatía, nosotras pudimos conseguir un primer paso que es el reconocimiento de los usos terapéutico de la planta, lo cual lo distingue del resto de las drogas”, dijo Salech.

Fue así como en 2017 se logra la sanción de la ley 27.350 de “Investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados”, cuya primera reglamentación ignoró el autocultivo –principal reclamo del movimiento cannábico que la impulsó– contemplado en su artículo 8.

Esto fue subsanado en 2020, cuando un nuevo decreto reglamentario autorizó esta práctica a todos los inscriptos en la nómina de pacientes con indicación médica de tratamiento a base de cannabis.

“El cultivo de cannabis sigue siendo fuertemente perseguido como delito y los datos de la Procuraduría de la Narcocriminalidad muestran un claro aumento del 171,6% de las causas penales en 2021, el año que el Reprocann entró en funcionamiento”, dijo Bacigalupo.

Según estas estadísticas, en 2020 se iniciaron 320 causas a cultivadores –muy cerca del record de 330 de 2016-, pero al año siguiente esa cifra saltó a 869 y el año pasado descendió sólo hasta 608.

“Esto es consecuencia de la falta de capacitación de las fuerzas de seguridad que hasta hace muy poco desconocían la legislación y seguían sosteniendo que la marihuana es  un tóxico prohibido. Entonces hemos tenido casos de secuestro de los cultivos a personas inscriptas en el Reprocann”, dijo.

Por otro lado, el Vademecun Nacional de Medicamentos incluye hasta ahora cuatro productos, todos anticonvulsivos en presentación de solución oral: Kambis de Elea en sus dos envases de 30 y 100 mililitros; y convupidiol de Alef Medical en frasco de 35 y 70 militros.

Una gran industria

Para Basalo, la realización de la primera ExpoCannabis en 2019 “con todo su impacto cultural” viene a demostrar que “además de la salud, el cannabis es un generador de trabajo” al dar visibilidad a “todos los proyectos productivos que había en marcha” sólo a partir de la ley de cannabis medicinal y “entonces se empieza a reclamar una ley de cannabis industrial” que finalmente se sanciona en 2022 –la 27.669–  cuya “implementación es un poco lenta” porque aún están por emitirse “las primeras licencias productivas” en el marco de esta norma

Según la Cámara Argentina del Cannabis (Argencann), el sector ya cuenta con más de 53 proyectos autorizados en 17 provincias en virtud de la ley de cannabis medicinal y tiene potencial para movilizar 500.000.000 de dólares anuales en el mercado interno así como exportaciones 1.000 millones y 10.000 nuevos empleos registrados en los próximos 10 años.

“Hay gente que está trabajando en el desarrollo de bioplásticos para hacer armazones de anteojos o cepillos de dientes, otros están trabajando en bioconstrucción con ladrillos de cáñamo o placas compactas de su fibra para reemplazar la madera”, dijo el titular de esta cámara, Pablo Fazio.Cámara Argentina del Cannabis (Argencann)

Hay gente que está trabajando en el desarrollo de bioplásticos para hacer armazones de anteojos o cepillos de dientes, otros están trabajando en bioconstrucción con ladrillos de cáñamo o placas compactas de su fibra para reemplazar la madera

Pablo Fazio — Cámara Argentina del Cannabis (Argencann)

“Pero hasta que no empecemos a tener materia prima en volumen, estamos en una etapa de desarrollo embrionaria, de prototipos de futuros productos porque el hecho de no contar con material suficiente o contar con materiales en proporciones muy pequeñas, es un limitante”, agregó.

A nivel mundial, según un informe del Ministerio de Agricultura, la superficie cosechada creció 67.39% entre 2010 y 2018, con Corea en el primer puesto seguido por Francia y China. El año con mayor superficie cultivada fue 2019, con 82.265 hectáreas.

En Argentina, según el portal Agrofy News que cita un informe de Claves Información Competitiva, en 2023 eran 20.16 las hectáreas cultivadas en un país que durante casi 50 años –desde el inicio de la última dictadura- discontinuó totalmente la producción de cáñamo industrial que era explotado en distintas provincias.

“Como la revisión regulatoria en torno al cannabis tiene como mucho 15 años a nivel mundial, es un mercado donde está todo para innovar y creo que Argentina tiene una oportunidad privilegiada de inscribirse en esa agenda por el ecosistema emprendedor que tiene, por sus condiciones geográficas y climáticas, por su gran capacidad instalada y por ser un país agroexportador”, dijo

“Necesitamos también que se sostengan y que se continúen las políticas públicas que se desarrollaron estos cuatro años, porque no podemos dejar de apostar por esta industria que ya está generando exportaciones inclusive en esta etapas tan embrionaria”, agregó.

En ese sentido, Fazio mencionó el caso de la empresa rosarina 420CBD Premium “que inscribió sus productos (cosméticos a base de cannabis) en Anmat y consiguió hace 5 meses una primera exportación a España” de su gel íntimo 420 Placer  “y esto es simplemente la punta de la iceberg porque si le damos continuidad, seguramente en un par de años encontramos una multiplicidad de ejemplos”.

Para Salech, todo lo avanzado hasta ahora “es un síntoma de una democracia que estaba viva o saludable” porque “hay democracia cuando hay un diálogo entre el pueblo y sus representantes, y la verdad que sobre todo estos últimos cuatro años ese diálogo existió y fue fluido”

“Estamos asistiendo ahora al comienzo de una última etapa, la de la regulación total del cannabis: esto que no se pudo hacer de manera inicial se retoma ahora a partir de preguntarnos ‘por qué me tengo que sentir mal para poder sentirme mejor’ y ‘cuál es el límite entre terapéutico y no terapéutico’, porque si todas las personas que usan cannabis lo hacen para sentirse mejor y el bienestar forma parte de la salud, todo uso es terapéutico”, concluyó Basalo.

Según el último World Drug Report de ONUDD, el cannabis sigue siendo el estupefacietne más consumido con un estimado de 219 millones de consumidores. En Argentina, la Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado 2022 (ENCoPraC) elaborada por Sedronar reveló que el 26.3% de la población de entre 16 y 75 años consumió alguna vez marihuana y el 13,8% lo hizo en el último año.

MAA/MG

Cuando en 1983 se producía la restauración democrática, hacía un año que habían aparecido los primeros casos de sida en Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, donde los infectólogos nada podían hacer contra un nuevo y desconcertante mal que les arrebataba pacientes de las manos.

Cuatro décadas después, la infección con el Virus de la Inmnunodeficiencia Humana (VIH) ya no es sinónimo de sida, ni de muerte en Argentina -como en el mundo-, pero a lo largo de estos 40 años de democracia la respuesta local a esta pandemia no fue ajena a los vaivenes sufridos por la institucionalidad democrática y a las recurrentes crisis económicas.

“Hay un primer momento, desde 1983 al ’87, que ya teníamos identificado al agente causal del Sida, pero no había ningún tratamiento disponible. Como el VIH es un virus que ataca el sistema inmunológico y se reproduce todo el tiempo haciendo millones de copias de sí mismo, desde un inicio se busca un tratamiento capaz de evitar que se replique”, dijo a elDiarioAR Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped.

Una primera respuesta a esta búsqueda llegó en 1987, cuando la FDA estadounidense aprobó la Zidovudina (AZT), el primer antirretroviral disponible para tratar el VIH “que pronto empieza a mostrarse insuficiente como monoterapia”, en el marco de una etapa “en la que teníamos drogas, pero que no alcanzaban a ser lo suficientemente eficaces para evitar la progresión a enfermedad y muerte”.

Este segunda etapa contiene también la emergencia de un activismo en favor de las personas viviendo con VIH desde el seno de las organizaciones LGBT+, en virtud de identificarse por entonces a la pandemia con la población gay al punto de llamarla “peste rosa” o “de las cuatro H”, una de las cuales correspondía a “homosexuales”.

José María Di Bello, histórico activista y referente de Fundación Grupo Efecto Positivo, destaca en este sentido a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y a la Asociación Nexo “que a principios de los ’90 arma la revista NX que en cada número traía un dossier referido al VIH”.

“Y menciono la CHA porque fue desde las organizaciones de diversidad donde empieza en Argentina a hacerse alguna acción de prevención que no se hacía desde el Estado, porque el VIH era el lugar de la exclusión, de la marginalización”, dijo.

Producto de estos grupos movilizados en torno a acciones de prevención pero también del reclamo, en 1990 Argentina sancionó la denominada “Ley Nacional de Sida” (23.798) pionera en la región junto a la de Brasil.

Y referente indiscutido de esta lucha fue Roberto Jáuregui, la primera persona que se hizo pública como seropositiva en Argentina, tras lo cual es convocado como coordinador general de la recientemente creada Fundación Huésped a instancias de su fundador, el reconocido infectólogo Pedro Cahn.

“Así llegamos a ese primer gran logro que tenemos,  que es la ley de lucha contra el SIDA”, dijo Di Bello

La norma en cuestión declaraba “de interés nacional a la lucha contra el sida, entendiéndose por tal a la detección e investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, su prevención, asistencia y rehabilitación”. Además, establecía testeos obligatorios de la sangre para transfusiones.

“La vieja ley fue muy importante porque si bien en ese momento no contábamos con más tratamiento que el AZT, garantizaba el acceso y entonces cuando en 1996 aparece lo que se conoce como ‘terapia antirretroviral de gran actividad’ (TARGA), Argentina fue de los primeros países de la región que efectivamente empezó a brindarlo”, dijo Cahn.

Para este politólogo especializado en administración y políticas públicas, con la adopción de la también denominada “triterapia antirretroviral” como la principal arma terapéutica contra el VIH a mediados de los 90, “se inicia el periodo que cambia la historia natural de la infección” porque ahora sí se logra “evitar que el virus siga haciendo copias de sí mismo” con lo cual “baja la carga en sangre, el sistema inmunológico comienza a recuperarse” pudiendo la infección devenir con el tiempo en una “condición crónica”.

Indetectable igual intransmisible

Sólo entre 1990 y 1997 –cuando comienza la disponibilidad y provisión gratuita de los TARGA - habían muerto en Argentina unas 9.229 personas, entre ellos los hermanos militantes de la diversidad Carlos y Roberto Jáuregui. En 1989 había fallecido por la misma causa los músicos Federico Moura y Miguel Abuelo. Desde entonces, la tasa de mortalidad registra un descenso sostenido y hoy se ubica en 2.5 cada 100 mil habitantes.

“Luego para 2010 empieza a haber datos fuertes sobre esto, que indetectables es igual en transmisibles (I=I) es decir que una persona con VIH en tratamiento y carga viral indetectable, no transmite el virus por vía sexual”, dijo Cahn.

Este postulado se convierte luego en eje de una campaña global impulsada por organizaciones de la sociedad civil y por entidades científicas internacionales como la OMS, a la que Argentina adhiere.

En paralelo, ONUSida anuncia su estrategia 90-90-90, que se propone para 2020 que el 90% de las personas con VIH estén diagnosticadas, que el 90% de las diagnosticadas estén en tratamiento y que el 90% de los que estén en tratamiento tengan la carga viral indetectable.

“El siguiente corte temporal lo haría en nuestros días a partir del desarrollo de nuevas drogas que ya no son una toma diaria de una pastilla, sino que son inyecciones que se colocan cada dos meses o seis meses”, agregó

Di Bello recordó que “los primeros años” de la pandemia “estuvieron muy marcados por la discriminación, de la exclusión y el estigma” de las personas viviendo con VIH.

“La Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires demostró que hasta 1997 las personas con VIH eran fichadas (como tales) en los archivos de la inteligencia policial, que utilizaba términos como ‘amorales sexuales’ o ‘portadores del mal’ para identificarnos y dedicarnos un seguimiento especial”, dijo.

En ese sentido, destacó que “no se puede deslindar todo lo que es la evolución y la historia el VIH con lo que pasó también en el regreso a la democracia con la diversidad sexual y el movimiento LGBT”, porque hasta bien avanzados los ’90 “existían los edictos policiales por los cuales nos llevaban demorados y detenidas”, es decir que “nosotros seguíamos siendo perseguidos”, lo que dificultaba la respuesta estatal frente al VIH, “y por eso vos veías a la CHA haciendo campañas en los boliches o creando espacios de contención y acompañamiento en el Hospital Muñiz”.

Justamente atendiendo a la necesidad de dar “una respuesta social” a las personas viviendo con VIH que complemente “la biomédica y sanitaria” consagrada en la ley de 1990, es que en 2022 se sancionó la nueva ley –la 27.675- que no está referida sólo al VIH sino que incorpora en una misma normativa a las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y la tuberculosis.

El nuevo texto apunta a la erradicación de las prácticas discriminatorias; la prohibición definitiva de la prueba del VIH dentro de los preocupacionales; el impulso a la producción pública de medicamentos e insumos y la participación activa de las personas con diagnóstico positivo en el diseño de políticas.

Por otro lado, consagra la posibilidad de jubilarse anticipadamente o de acceder a una pensión no contributiva de carácter vitalicio en caso de situación de vulnerabilidad social.

Un año y medio después de su sanción, se han otorgado 1200 pensiones –y hay otras 4 mil en trámite- y 500 jubilaciones –con 1100 más en trámite-, según datos de la Comisión Nacional de VIH, hepatitis virales, otras ITS y TBC conformada este año en virtud de la misma ley.

“Tanto las pensiones como la jubilaciones anticipadas se apoyan por un lado en esta cuestión de lo excluido que estamos del sistema laboral, pero también en lo que se denomina ‘inmunosenescencia’, que es el envejecimiento prematuro de nuestro sistema inmunológico, y por ende, también de nuestro organismo”, dijo Di Bello.

Además, por primera vez la norma dedica todo un capítulo a las “mujeres y personas con capacidad de gestar”, un sector históricamente invisibilizado.

“Nosotras empezamos a organizarnos después de los 2000 porque el estigma y la discriminación era tan grave que nos era imposible a las mujeres heterosexuales salir a decir ‘yo también vivo con VIH’, era algo que supuestamente no nos pasaba a nosotras sino a los gays y por eso era una vergüenza a ser vivida puertas adentro”, contó Andrea Rotela de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/Sida (ICW Argentina)

Después de un primer recorrido nada fácil para demostrar la necesidad de políticas diferenciales, “a partir de 2009/2010 nuestro activismo encontró eco en el Estado y también en el movimiento feminista”, lo que potenció el crecimiento de la vertiente nacional un sector que cuenta hoy con dos grandes redes a nivel mundial.

 “Los mayores problemas (para las mujeres viviendo con VIH) son las violencias que se generan a nivel institucional cuando decidimos ser madres, y entonces la falta de capacitación produce recomendaciones propias de la época en que las mujeres no podíamos tener hijos o era preferible que no los tuviéramos; o, si los teníamos, tenían que nacer solamente por cesárea. Hoy nosotros estamos dando la lucha para poder amamantar en Argentina”, contó.

En estas cuatro décadas, Argentina ha tenido por lo menos dos científicos expertos en VIH con proyección internacional: Julio Montaner –“el primero que plantea que si logramos bajarle la carga viral a las personas, esa gente no iba a transmitir el virus” - y el fundador de Fundación Huésped Pedro Cahn – “el primero que demuestra la no inferioridad de un tratamiento de dos drogas en lugar de tres drogas, la biterapia” -, explicó Leandro Cahn. Ambos fueron además los únicos argentinos en presidir la Sociedad Internacional de Sida.

Por otro lado, dentro de los 6 casos conocidos de personas que lograron la “curación” o remisión a largo plazo de la infección, hay dos argentinas – “Esperanza” y “la paciente de Buenos Aires”, dos casos de “controladoras post tratamiento”, es decir, de indetectabilidad del virus después de meses de haber suspendido la medicación, cuyo estudio puede aportar valiosas claves de cara al desarrollo de la vacuna o de mejores tratamientos.

En cuando a los momentos en que la respuesta al VIH se vió más comprometida por las crisis económicas o políticas que atravesó el país en estos 40 años, todos señalan el 2001 y al período 2016-2019.

“Para mí el momento más fuerte fue durante el gobierno macrista, cuando era ir a un hospital para ver un cartel que decía ‘no hay medicación’ o ir al Ministerio de Salud para enterarte que ahora era una secretaría con los consecuentes desfinanciamientos que se traducían en estas faltas de medicación”, dijo el periodista y activista seropositivo Lucas Fauno Gutiérrez

Y ante las protestas y cortes de calle, “la respuesta era siempre la misma: mandarnos a la policía a cagarnos a palos entonces”, con lo cual el problema “no eran  solo los faltantes, era toda una un conglomerado de situaciones” sostuvo Gutiérrez que ahora teme se reediten bajo la gestión de Javier Milei.

“Más allá de las lecturas autocríticas, repensamientos y diálogos que debemos tener como activismos sobre la llegada de Milei al poder, ya aparecieron cuentas que compilan los mensajes de votantes arrepentidos y ni siquiera asumió. Entonces hay que trazar una comunicación horizontal y estrategias de resistencia que no significa impedir la gobernabilidad, sino que nos vuelvan a cagar a palos cuando reclamemos porque nos vuelven a dejar sin medicación y sin derechos”, dijo.

Según el último Boletín de Respuesta al VIH y las ITS del Ministerio de Salud, en Argentina hay 140.800 personas viviendo con VIH pero el 13% de ellas desconocen el diagnóstico y, en promedio, se notifican 5.300 nuevos casos por año.

Por otra parte, tres de cada 10 nuevos casos llega tardíamente al diagnóstico y el 65% de las personas en tratamiento se atienden en el sistema público.

En cuanto a los principales desafíos, los consultados coinciden que pasan hoy por reducir al máximo posible los diagnósticos tardíos y la transmisión perinatal, aumentar la adherencia a los tratamientos, el desarrollo de tratamientos más simples y terminar con el estigma y la discriminación.

MAA/MG

“Caminemos, Valentina” era la invitación que la exmonja Sandra Migliore solía hacerle a su colega y amiga, Valentina Rojas, cuando necesitaban conversar tranquilas lejos del convento. Más de 15 años después es también la frase que da nombre a la película sobre sus vidas, una historia marcada a fuego por las agresiones sexuales de una formadora pero también por la cooperación en la denuncia, la valentía, la resiliencia y el amor que nació entre ellas.

Actualmente las exmonjas Sandra (57) y Valentina (52) llevan casadas más de una década y viven en la pequeña localidad cordobesa de Justiniano Posse, desde donde viajaron para promocionar la cinta dirigida por Alberto Lecchi y protagonizada por Paula Sartor, Roxana Naranjo Robles, Jacinta Torres Molina, Sara Margot y Gabriela Robledo Azócar que se estrenó este jueves en 17 salas, incluyendo el espacio Gaumont.

Pese a que habían compartido algún tiempo de noviciado, no fue hasta 2008 cuando se reencontraron como compañeras de trabajo en un colegio religioso de Lanús, que se hicieron amigas sin saber, al principio, que la otra también había sido abusada en la adolescencia por la misma monja en el convento que la Congregación de las Hermanas Educacionistas Franciscanas de Cristo Rey tiene en la ciudad santafesina de San Lorenzo.

Requerida por las autoridades de la congregación para dar explicaciones sobre las denuncias, la monja acusada por Sandra y Valentina pero también por una docena de monjas y exmonjas, Bibiana F., desapareció en 2012 del monasterio montevideano a donde había sido trasladada y una investigación periodística del diario La voz del Interior la ubicó en 2019 en un hogar de adultos mayores de Caracas, Venezuela.

“Recuerdo que yo le decía ‘bueno, Valen, caminemos y hablemos porque acá no podemos’ y entonces, después del horario escolar, nos hacíamos unas 30 cuadras de ida y de vuelta mientras hablábamos sobre cómo íbamos a enfrentar la vida de ahí en más”, cuenta a elDiarioAR Sandra Migliore.

Es que para entonces, allá por 2011, ambas habían decidido denunciar ante el Arzobispado los abusos que habían sufrido casi tres décadas antes, animadas por una cadena de mails anónimos que señalaban a Bibiana como una pederasta reincidente que durante décadas abusó de muchas alumnas con total impunidad.

Pero además Valentina, que todavía era monja, “ya había decidido abandonar la vida religiosa” y necesitaba acompañamiento.

“Yo padecí los manoseos y los abusos de Bibiana durante varios años: empezaron cuando no había cumplido los 17 años y duraron hasta que a ella la trasladan a Lanús”, cuenta Rojas sobre sus primeros años de noviciado.

“Antes de irse recuerdo que yo estaba sola en el patio y ahí aprovechó para decirme que ella se iba, pero que a mí me faltaban años de formación todavía y que si quería ser religiosa me tenía que callar bien la boca, que nadie me iba a creer, que hay cosas que había que guardarlas para uno y que gran parte de todo lo que había pasado era culpa mía”, agregó.

“Yo era una nena totalmente inocente, vulnerable, que estaba en un convento lejos de la familia y sin los medios de comunicación ni la conciencia que hay ahora sobre los derechos. Pasábamos muchas horas en silencio, sin que nos permitieran hablar ni compartir y eso favorecía este tipo de cosas”, agregó.

Recién ocho años después, una vez despejada la vergüenza y la culpa que acompañó el recuerdo de esa experiencia, Valentina le contó lo sucedido a su director espiritual “y esa fue la primera vez que alguien me dice ‘esto no fue culpa tuya’ y me pide que hable con mis superiores porque ‘esto se tiene que saber’”,

“Como yo lo vi alarmado, hablé con mi superiora, pero ella me volvió a decir que me callara la boca, que de esto no había que hablar, que cómo me atrevía a volver a traer estas cuestiones de tan atrás y que algo habré hecho para que me hiciera eso. Esa charla me hizo muy mal, así que nunca más lo mencioné”, contó.

En el caso de Sandra, el abuso se produjo una sola vez a sus 16 años. “Yo logro sacármela de encima con un empujón y diciéndole que le iba a contar a la monja que me había llevado al convento”, recordó. “Ella me amenazó, me dijo que nunca iba a llegar a ser religiosa, que nadie me iba a querer, que era una mocosa impertinente y que me calle la boca porque nos convenía a las dos”. “Yo en ese momento pensé que me había sucedido a mí nada más y lo mismo pensábamos todas, nadie se imaginaba que era masivo”, agregó.

Si bien ambas estuvieron unos meses como novicias en el mismo convento durante 1985, en esa etapa solo se conocían de vista y ese año Migliore fue trasladada al convento de la localidad bonaerense de Lanús que tiene a su cargo el Instituto San Francisco de Asís de educación inicial, primaria y secundaria.

Seis años después, la noticia de que la hermana Bibiana sería destinada al mismo convento de la localidad bonaerense, llevó a Sandra a tomar la decisión de dejar los hábitos. No obstante, siguió vinculada a la institución como empleada administrativa laica, protegida por la madre superiora, Odilia.

Pero en 2009 –ya fallecida Odilia y con Bibiana trasladada a Montevideo— también Valentina fue enviada a Lanús para ocupar un cargo que suponía ser la jefa de Sandra, en virtud de lo cual hasta le encargaron la tarea de descubrir algún error en su desempeño que pudiera justificar su despido.

“En ese momento de adentro del convento surge una movida de las mismas monjas que ponen a circular mails anónimos denunciando con nombre y apellido las situaciones que se habían vivido en los años 80. En realidad era una medida política para destituir a la superiora provincial poniendo en evidencia de que había sido una de las encubridoras de Bibiana”, contó Sandra.

“Yo me quedé helada y vino una de las superiores a preguntarme si estaba al tanto y qué opinaba. Yo le dije: ‘yo no opino, yo sé que es verdad porque lo viví en carne propia’”, agregó.

Los mails fue motivo de conversación obligada entre Sandra y Valentina, que abordaran el tema ya con toda la confianza de las amigas que eran. “Ella me preguntó si yo conocí a Bibiana y si me había pasado algo, y yo le confié que sí. Ella también me confía lo mismo, me cuenta que va hacer la denuncia al obispado y me anima para que yo haga lo misma lo mismo”, agregó Sandra.

Después de las denuncias y del intento frustrado de la madre generala –la máxima autoridad global de la congregación— de entrevistarse con Bibiana en Montevideo, la versión oficial de la Iglesia es que nadie más supo de ella aunque La Voz del interior confirmó por diferentes fuentes que se encuentra en Venezuela donde sigue siendo monja.

Ya en pareja con Valentina y en uso de una licencia, Sandra plasmó la traumática experiencia de su adolescencia en un libro al que tituló “Raza de víboras. Memorias de una novicia”. Estaba en proceso de publicarlo cuando, al querer retomar su trabajo, fue despedida del Instituto sin causa pero tampoco sin indemnización, situación que la llevó a demandar laboralmente al centro educativo.

“Tuvimos una conciliación en el ámbito civil pero nunca llegamos a hacer la denuncia penal por los abusos porque ya está todo prescrito y a mí tampoco me interesa demasiado porque ya le correspondería, en el caso de que se pudiera hacer algo, una prisión domiciliaria porque es una persona mayor”, dijo Valentina.

“Hacer la denuncia penal implicaría además seguir involucradas en un proceso judicial que nos va a llevar la vida porque yo ya tengo 57”, agregó Sandra.

Ambas están muy contentas y agradecidas con el producto final conseguido por el director Alberto Lecchi en “Caminemos Valentina”, a la que consideran “una hermosa película hecha con mucho respeto, sin golpes bajos, sin morbosidad, sin mostrar más de lo que es necesario para pintar la situación horrible que tuvimos que vivir en nuestra adolescencia”.

El film es una coproducción de Zarlek Producciones S.A. (Argentina) y Andrea Films Internacional (Chile), en asociación con Luis Schenone, Diego Turdera y Pablo Topet.

Valentina cuenta que fueron muy movilizadores los dos meses de trabajo conjunto con las dos actrices que la representan en la película, “compartiendo con ellas lo que habíamos vivido”.

“Yo les agradecí mucho todas esas charlas, todas esas emociones y llantos compartidos porque para mí fue la oportunidad de ponerle palabras a muchos sentimientos y de reconciliarme o de darle una mano a esta niña que fui y con la que todavía tenía un cierto enojo porque no se supo defender”, dijo.

Sobre el juicio a las monjas Kumiko Kosaca (46) y Asunción Martínez (53) que se desarrolla en Mendoza como corolario de la causa Provolo II dicen que no lo están siguiendo por el gran malestar que les provoca toda noticia al respecto. “Yo no lo puedo ni escuchar”, dice Sandra; “a mí me pone la piel de gallina”, remata Valentina.

Ambas están de acuerdo también que las agresiones sexuales en la infancia deberían ser considerados delitos imprescriptibles como los de lesa humanidad, y ambas tienen una opinión favorable respecto a la posibilidad de instalar una comisión de la verdad conformada por expertos independientes, con la misión de hacer un informe sobre la problemática en Argentina.

En su visita a Buenos Aires para promocionar la película y participar del estreno de esta coproducción Argentina-chilena, las ex monjas junto a la productora organizaron proyecciones especiales a las que invitaron a referentes de diferentes organizaciones LGBTIQ+. “Nos sentimos partícipes de estas minorías, queremos que nos conozcan, que sepan que estamos y levantar con ellos bandera de los derechos de la diversidad”, dijo Sandra.

Cuando se les propone el ejercicio de pensar cuál habría sido su futuro dentro de la congregación si no se hubieran topado con Bibiana pero igualmente se hubieran encontrado,  las dos coinciden en que “la iglesia no nos hubiera permitido vivir ese vínculo de ninguna manera” de manera abierta y honesta como actualmente lo viven.

“Creo que hubiéramos dejado la vida religiosa igual y hubiéramos ido a construir nuestra familia -como de hecho lo hicimos- cortando con todo. Hay mucha hipocresía en la Iglesia; si sos gay o lesbiana o defendés el matrimonio igualitario te echan, pero si alguien tiene un montón de denuncias de abuso con la misma mecánica, ‘ah, no capaz, que estás mintiendo, capaz que viste mal’”, remató Sandra.

El año pasado, una encuesta realizada por la Comisión de Atención y Protección a la Niñez, Adolescencia y Adultos Vulnerables de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas (CLAR) reveló que una de cada dos monjas sufrieron abusos de poder en América Latina y el 20% reconoció además que los ataques fueron sexuales, aunque la mayoría de los agresores fueron sacerdotes.

En Argentina, de los 128 casos de curas o religiosos denunciados por abuso sexual infantil con posterioridad al caso Grassi y relevados por una investigación especial de elDiarioAR, solo 6 son mujeres (monjas), lo que representa el 4,6 por ciento de los casos.

Hasta el momento, la justicia Argentina condenó a una sola monja, Luisa Ester Toledo en 2019, pero por privación ilegítima de la libertad agravada bajo la utilización de violencia y amenazas contra otras dos monjas de inferior rango en Paraná. Agotadas las instancias de apelación, la mujer cumple desde 2021 con tres años de prisión efectiva

En cambio, todavía ninguna fue encontrada penalmente responsable de abuso sexual, un delito que a nivel mundial afecta a 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones, según datos de la OMS, y que tiene lugar preferentemente en el interior de los hogares pero también en las instituciones de los que las niñas y niños participan. Kumiko y Martínez podrían ser las primeras.

MAA/JJD

Las dos masacres indígenas por las que ya ha sido condenado el Estado argentino -la de Napalpí de 1924 y la de Rincón Bomba de 1947- tienen características comunes que dan cuenta de una particular metodología aplicada para el desarrollo de las prácticas genocidas que se continuaron más allá de las “campañas al desierto”.

Tanto en la matanza de población qom/mocoi en territorio chaqueño como de pilagás en la actual Formosa, se habló de un inexistente “malón” para justificar la represión, en ambas hubo fusilamientos masivos de personas sorprendidas reunidas y desarmadas, en ambas hubo persecución posterior que se prolongó por varias semanas, fosas comunes y quema de cuerpos, desalojo, complicidad de la sociedad civil, impunidad y silencio historiográfico.

Por si fuera poco, en los dos episodios se usó una aeronave para ametrallar desde las alturas a la población civil.

“Vinieron los milicos y empezaron a disparar. ¡Pobre gente! Caían niños, mujeres, ancianos... Me acuerdo que a un hombre le quebraron la pierna y a otro le dispararon en la boca (…) y a una mujer la balearon en la nuca”, testimonió el sobreviviente de la Masacre de Rincón Bomba (1947), Ni'daciye, para el libro “Octubre Pilagá” de la documentalista e integrante de la Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena, Valeria Mapelman.

En ambas matanzas hubo fusilamientos masivos de personas sorprendidas reunidas y desarmadas, en ambas hubo persecución posterior que se prolongó por varias semanas, fosas comunes y quema de cuerpos

“Todos los troncos de los árboles quedaron llenos de balas, por eso Gendarmería los volteó después. Sólo había 50 metros entre ellos y nosotros (…) Si no hubieran cortado el monte hubiéramos encontrado todas las balas incrustadas, pero pasaron las topadoras y se llevaron los ranchos y los árboles”, agregó sobre los fusilamientos perpetrados muy cerca de la localidad formoseña de Las Lomitas, a 300 kilómetros al oeste de Formosa capital.

Los relatos sobre la masacre de Napalpí ocurrida en el paraje El Aguará (138 kilómetros al noroeste de Resistencia) 23 años antes, en otra geografía y bajo otro gobierno igualmente constitucional, no difieren mucho.

“En El Aguará éramos como mil aborígenes cuando atacaron. En las tolderías no había armas de fuego. Y mataron más de 200: hombres, mujeres, ancianos y niños (…) Nunca hubo malones. Querían que trabajáramos a cambio de nada, querían eliminarnos”, testimonió Melitona Enrique en el libro “Crímenes en sangre” de Pedro Solans. 

“Los que corrieron al monte, dos días y dos noches estuvieron sin comer (…) Los cuervos nos volaban (alrededor) porque estaban comiendo de los muertos”, contó en un documental esta mujer que falleció en 2008 a los 107 años. 

Masacre de Rincón Bomba

Con la expresión “Masacre de Rincón Bomba” se conoce la represión llevada adelante por Gendarmería, la Fuerza Aérea y la Policía de Territorios Nacionales contra indígenas pilagás en el paraje La Bomba -próximo a la localidad formoseña de Las Lomitas y a 300 kilómetros al oeste de Formosa capital-, entre el 10 y el 30 de octubre de 1947 (primera presidencia de Juan Domingo Perón), que incluyó fusilamientos, desapariciones, torturas, violaciones, secuestro y reducción a trabajos forzados de cientos de personas.

Según los hechos que consideró probado el Juzgado Federal Nº1 de Resistencia en 2019 a cargo de Fernando Carbajal, la matanza sobrevino como consecuencia de la negativa de los indígenas tanto a desalojar el área donde se habían asentado, como a incorporarse a la reducción de San Bartolomé de las Casas de triste recuerdo por el nivel de explotación que allí se registraba.

Esta “decisión política de las autoridades civiles y militares asentadas en la región” fue la respuesta a “una tensión de base interracial e intercultural, alimentada por los prejuicios y la ignorancia de la población criolla y las autoridades blancas”

El ataque “fue realizado sin que mediara ataque alguno por parte de los pobladores originarios” y se ejerció contra “una población civil desarmada” y reunida en gran número en una actividad religiosa.

“A continuación y de manera aún más inexplicable, se produjeron un conjunto de actos de persecución y matanza indiscriminada de la población indígena en fuga (…) Todo ello con el objetivo de eliminar todo vestigio de reclamo y reducir la totalidad de la etnia Pilagá sometiéndola al control estatal y el trabajo forzado, lo cual fue conseguido en alto grado”, concluyó el juez.

Masacre de Napalpí

En la “Masacre de Napalpí” registrada el 19 de julio de 1924, los perpetradores fueron más de un centenar, entre efectivos de la Policía Nacional de Territorios, gendarmes y algunos civiles armados, actuando unos bajo las órdenes y otros con anuencia del gobernador Fernando Centeno que había sido designado por el presidente radical Marcelo Torcuato de Alvear.

Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes. Los sobrevivientes que pudieron escapar, atravesando los cardales, soportando el hambre y el frío, debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados y asesinados

Zunilda Niremperger — Jueza

La matanza de entre 400 y 500 integrantes de las etnias qom y moqoit se produjo en el paraje El Aguará (a 19 kilómetros de la reducción de Napalpí, hoy Colonia Aborigen), después de varias semanas de que organizaciones de la población civil y los diarios exigieran a las autoridades tomar medidas contra los indígenas qom y moqoi que protagonizaban la primera huelga de peones indígenas en reclamo por la baja de sus jornales y la prohibición de salir del territorio para ir a trabajar a los ingenios salteños, como hacían cada año.

“En algunos casos, perdieron la vida varios de los componentes de una misma familia. Los heridos que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes. Los sobrevivientes que pudieron escapar, atravesando los cardales, soportando el hambre, la sed, el frío, debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados y asesinados”, sostuvo la jueza Zunilda Niremperger en los fundamentos de su fallo dictado en mayo de 2022 en el marco del primer juicio de lesa humanidad por el genocidio indígena.

Dentro de los fundamentos, se hizo foco en que la ejecución de la masacre “fue un hecho premeditado y planificado con antelación para el cual se destinaron recursos públicos”.

“La perpetración de la masacre, por su propia complejidad, (…) supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamento y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos, tareas de inteligencia y observación”, indicó la magistrada.

MAA/MG

Las memorias de muerte y despojo que permanecen vivas en muchas comunidades indígenas en procura de reparación, sumado a la experiencia nacional en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad está dando lugar en Argentina a un novedoso proceso de condenas al estado nacional por prácticas genocidas contra los pueblos originarios durante su constitución y consolidación, desde finales del siglo XIX hasta bien avanzado el siglo XX.

Así en 2019 el Estado Argentino fue responsabilizado en el fuero civil por la “Masacre de Rincón Bomba” de 1947 en la que fueron fusilados más de 400 pilagás en cercanías de la localidad formoseña de Las Lomitas; mientras que en 2020 y 2022 también fue sentenciado en el ámbito civil y penal –respectivamente- por la “Masacre Napalpí” de 1924 que le costó la vida a unos 500 pobladores qom y moqoi en el paraje chaqueño de El Aguará.

Adicionalmente, la justicia federal de Reconquista está realizando la investigación preliminar preparatoria por la “Masacre de San Antonio de Obligado” de 1887 de cara a la realización de un juicio por la verdad –que sería el primero sobre un hecho del siglo XIX- y en una etapa más incipiente del mismo trámite se encuentra una segunda denuncia recibida por esos mismos tribunales en relación a la “Masacre de San Javier” de 1904, ambas registradas en la actual provincia de Santa Fe.

Además, en agosto del año pasado una referente mapuche-tehuelche hizo una presentación ante los tribunales de Comodoro Py para que se investigue como genocidio la persecución y matanza de pueblos originarios de la Patagonia durante las expediciones militares conocidas como “la Campaña del Desierto” (1878-1890).

“Se suele decir que hay un genocidio constituyente en todas las construcciones de los estados nación modernos, que en nuestro caso vendrían a ser las ‘campañas militares al desierto’, tanto a la Patagonia como a la región chaqueña”, dijo a elDiarioAR el sociólogo Marcelo Musante también integrante de la Red de Investigadores sobre Genocidio y testigo en el juicio de la verdad por la masacre de Napalpí.

“En este marco, estos juicios son muy importantes porque permiten dar cuenta de que las prácticas genocidas del estado sobre los pueblos originarios no terminaron con la conformación del estado nacional, sino que se continuaron en matanzas del siglo XX como la masacre de Napalpi y de La Bomba, dos casos que se dieron incluso en gobiernos democráticos”, agregó.

En ese sentido, el académico aclaró que “si bien uno no dice que haya gobiernos democráticos que son genocidas, sí decimos que hay prácticas de ese genocidio constituyente que todavía no se terminaron de resolver” en términos de verdad y justicia, actualizándose hasta el día de hoy al menos en el plano simbólico cuando, por ejemplo,  “el indígena ocupa el espacio público”.

“El indígena a cuidar, a proteger según una mirada paternalista, de repente se vuelve a transformar en ese otro negativo cuando ocupa el espacio público y otra vez aparece ahí esa imagen de indígena peligroso que construyeron los medios de comunicación tanto en la previa de Napalpí como de Rincón Bomba como en la represión que terminó con la muerte de Rafael Nahuel en Mascardi aunque ahora la figura del bárbaro malonero haya dado paso a la del terrorista o extranjero”, dijo.

Por su parte, la abogada de la Federación Pilagá y activista coya Paula Alvarado aseguró que si bien “es un avance súper grande lo que se está dando” con los juicios y las investigaciones judiciales “esto no tiene que ver con una política estatal sino con la autodeterminación de cada uno de los pueblos” que decidieron “empezar a recuperar memorias y a judicializarlas”.

“En muchas comunidades no es que la memoria estaba prohibida, pero había cosas que no se podían hablar (porque el miedo sigue hasta el día de hoy), pero a partir de hermanos y hermanas valientes que empezaron a contar qué pasó con sus primos, sus mamás, sus abuelos se está demostrando el verdadero trato que se dio en la construcción del estado argentino a quienes no entraban en el imaginario de lo que se pretendía construir”, agregó.

En virtud de esto, 60 años después de la masacre de Rincón Bomba se inició en 2005 una denuncia penal y una demanda civil contra el estado nacional por “daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente y determinación de la verdad histórica”, con la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá entre sus impulsores.

En julio de 2019 hubo sentencia en el fuero civil que condenó al Estado instituir el 10 de octubre como efémeride nacional, a construir un monumento en homenaje a las víctimas y a otorgar 42 becas de estudio para el pueblo pilagá (reparaciones no patrimoniales). Además, el Estado deberá pagar a la Federación una indemnización y construir obras públicas en beneficio de esta comunidad (reparaciones patrimoniales).

La sentencia de Rincón Bomba admite las muertes, violaciones a la mujeres, la complicidad de la iglesia católica y la responsabilidad de muchas esferas estatales, no sólo la gendarmería

Paula Alvarado — Abogada de la Federación Pilagá y activista coya

“Este primer fallo es sumamente importante porque además demuestra que el reconocimiento del derecho a la verdad no sólo se puede dar en la justicia penal: la sentencia admite las muertes, violaciones a la mujeres, la complicidad de la iglesia católica y la responsabilidad de muchas esferas estatales, no sólo la gendarmería”, dijo.

En ese sentido, Alvarado destacó que “en sí este fallo es un fallo por la verdad” pero además “es el único que tiene un resarcimiento económico”, lo que demuestra que hubo después “una cuestión política de no avanzar” con este tipo de compensaciones, que son “válidas cuando te destruyen el territorio, cuando te causan dolor en la psiquis, cuando los pilagá tienen miedo todavía hoy de ver a la gendarmería”, con miras a “recuperar, reponer y prevenir”.

“No obstante, apelamos este fallo porque se habían calificado los hechos como delito de lesa humanidad y nosotros entendíamos se trata de genocidio, porque lesa humanidad es un ataque generalizado y sistemático contra la población civil pero genocidio es la intención de exterminar a un pueblo y esto es lo que sucedió con los pilagá”, explicó Alvarado.

En octubre de 2021 la Cámara Federal de Resistencia confirmó la sentencia de primera instancia y, si bien incorpora el término genocidio para referirse a la masacre, la sentencia fue apelada nuevamente por los demandantes a través de un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque “no se ordenó el pedido de perdón del Estado y se mantuvieron los mismos montos de reparación económica que son desproporcionados en relación a los casos del terrorismo de estado” de la última dictadura.

En tanto, la causa penal fue archivada tras la muerte del único imputado sobreviviente –el copiloto Carlos Smachetti- cuando estaba procesado con prisión preventiva y a punto de ser llevada a juicio en 2016. La secretaría penal del mismo juzgado debe resolver ahora si hace lugar al pedido de que se realice un “juicio de la verdad” tal como fue solicitado en 2021.

Napalpí y la palabra de los sobrevivientes

En el caso de Napalpí, la demanda civil se presentó un año antes, en 2004, con similares reclamos de reparación patrimonial y no patrimonial aprovechando el impulso de la reciente derogación de las denominadas leyes del perdón –Obediencia Debida y Punto Final- y la reapertura de los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar.

El 25 de noviembre de 2019 se dictó un fallo adverso, porque si bien la jueza federal Zunilda Niremperger reconoció la existencia de la masacre y la responsabilidad estatal, hizo lugar al pedido de prescripción solicitado por la defensa.

El 14 de septiembre de 2020, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó el fallo de primera instancia declarando la imprescriptibilidad resarcitoria y condenando al Estado a pagar una indemnización.

Pero esta sentencia no fue bien recibida por la Fundación Napalpí por “beneficiar a personas que no pertenecen a las comunidades” involucradas, quienes en ese momento estaban impulsando la investigación penal preparatoria por la misma masacre que inició de oficio la Unidad Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia a cargo de Diego Vigay de cara a la realización del juicio por la verdad que se concretó el año pasado y también terminó en condena para el Estado argentino.

El juicio de la verdad por la masacre de Napalpí que se realizó entre abril y mayo de 2022 fue el primer debate oral sobre el genocidio cometido por el Estado Argentino contra los pueblos indígenas

El juicio de la verdad por la masacre de Napalpí que se realizó entre abril y mayo de 2022 fue el primer debate oral sobre el genocidio cometido por el Estado Argentino  contra los pueblos indígenas.

“La Argentina viene llevando adelante un proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en lo que hace a la última dictadura cívico militar que tiene más de 1.100 condenados y que es considerado de vanguardia a nivel mundial”, explicó a elDiarioAR el fiscal federal ad hoc Diego Vigay que encabezó la investigación preliminar y participó del juicio en representación del Ministerio Público Fiscal.

“Pero además en la década de los ‘90, previo a estos juicios orales penales convencionales, se llevaron adelante juicios de la verdad en distintas jurisdicciones del país mientras estuvieron vigentes las leyes de impunidad”, agregó

“Tomando ambos precedentes  es que nosotros en el caso de Chaco entendimos que, más allá de las demandas civiles donde no intervienen las fiscalías federales, era imprescindible la realización de un juicio oral y público porque el compromiso asumido en juzgar los crímenes de lesa humanidad debe abarcar todos los que ocurrieron en el transcurso de la historia nacional, no solo los de la última dictadura”, agregó.

Y a diferencia de los crímenes de la última dictadura durante las leyes del perdón, lo que impide aquí sentar a los responsables en el banquillo de los acusados de un debate oral convencional, es que todos ellos se encuentran ya fallecidos, lo cual “dificulta los juicios pero no los imposibilita” porque aún es posible realizarlos en los términos de un juicio por la verdad que en estos casos “tienen un montón de complicaciones extras”.

“Estamos hablando de 100 años atrás con lo cual la búsqueda de la prueba es mucho más compleja pero en el caso del Chaco hemos tenido la ventaja de que existía una tradición del relato oral en los sobrevivientes y sus comunidades a tal punto que venía a hablar un hijo o nieto de sobreviviente y hablaban en primera persona lo que le había pasado a su madre o padre y era impactante escucharlo”, dijo.

“Eso sumado a un montón de documentación que estaban en los pliegues de la burocracia del estado y al aporte hubo muchos investigadores científicos que habían trabajado la cuestión desde distintos lugares y habían producido tesis, libros, publicaciones. Todo eso nos llevó a la conclusión, siempre charlando con la comunidad, de que existía la posibilidad de un juicio oral y público”, aseguró.

Durante siete audiencias celebradas entre Resistencia, Machagai y la Ciudad de Buenos Aires, testificaron sesenta testigos, treinta  de ellos  de los pueblos indígenas qom y moqoit

Como en el caso del juicio civil Rincón Bomba, la investigación se sentó fundamentalmente en la palabra de los sobrevivientes y en el proceso de reconstrucción de la memoria histórica que llevaron adelante las comunidades víctimas, acompañado por los trabajos académicos de archivistas, antropólogos, sociólogos e historiadores. 

“Yo trabajo estudiando el sistema de reducciones estatales para indígenas que se dio en Argentina en los primeros 50 años del siglo XX desde hace 15 años y que todo esto te termine encontrando en un juicio por la verdad, sentado ante una jueza, testimoniando, y que lo que vos empezaste a hacer termine siendo utilizado en la sentencia fue realmente muy conmocionante”, dijo a elDiarioAR Musante.

En un veredicto que tuvo traducción simultánea a las lenguas qom y moqoit, la jueza federal Zunilda Niremperger de Resistencia, determinó que existió responsabilidad del Estado Nacional en la masacre y consideró que se trató de “crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio” de los pueblos indígenas.

Allí se declaró como probados los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre de entre 400 y 500 miembros de las comunidades Qom y Moqoit, y se dispusieron medidas de reparación entre las cuales se cuentan la incorporación en las currículas escolares, la constitución de un museo y sitio de memoria sobre el episodio, la capacitación de las fuerzas federales y provinciales sobre respeto a los pueblos indígenas, el fortalecimiento de las políticas públicas antirracistas, entre otras.

Durante los gobiernos justicialistas que se sucedieron en la provincia de Chaco desde 2007 a la actualidad, el estado provincial apoyó activamente el proceso de verdad y justicia sobre la masacre.

En 2008 y durante su primer mandato, Jorge Capitanich pidió perdón en nombre del estado provincial e hizo retirar el cuadro del gobernador radical que ordenó el ataque, Fernando Centeno, del salón de mandatarios de la casa de gobierno provincial

En 2008 y durante su primer mandato, Jorge Capitanich pidió perdón en nombre del estado provincial e hizo retirar el cuadro del gobernador radical que ordenó el ataque, Fernando Centeno, del salón de mandatarios de la casa de gobierno provincial.

En 2020 y en el marco de su tercer mandato, Capitanich erigió un memorial en reconocimiento a las víctimas y se constituyó como querellante en la causa.

Además, el lugar de la masacre se convirtió en el primer espacio identificado como Sitio de la Memoria por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación vinculado con una matanza indígena, con idéntica cartelería a la utilizada para señalizar los más de 800 centros clandestinos de detención de la última dictadura.

“En el caso Rincón Bomba no hubo acompañamiento estatal, a diferencia de la masacre de Napalpí que transcurrió en el ámbito penal y se resolvió en una primera instancia porque ahí hubo voluntad política, incluso con acompañamiento del estado (como querellante) pero el juicio por la verdad enmarcó los hechos como de lesa humanidad y en la sentencia no se manifiesta genocidio”, explicó Alvarado.

Al momento de producirse esta masacre, quien gobernaba el país era Juan Domingo Perón mientras que en 1924 lo hacía el radical Torcuato de Alvear.

“Es fundamental que estos juicios por la verdad que están empezando a realizarse no sean considerados como un cierre, un lugar de llegada. Por el contrario, esto tiene que ser un paso de partida para que el Estado empiece a asumir en serio una mirada intercultural que requiere incorporar indígenas en cargos público y hacerlos  parte en la toma de decisiones. De lo contrario, seguiremos igual y no es casual que hoy en la colonia Aborigen donde fue la Masacre de Napalpí  siguen sin agua, viviendo en las mismas penosas condiciones”, concluyó Musante.

“Por otro lado, el hecho de que no esté visibilizado  el genocidio indígena en la dimensión que tuvo, no esté juzgado y no esté responsabilizado el gobierno nacional permite que se sigan reproduciendo actos de racismo y de violencia institucional en los pueblos indígenas por parte del Estado. Avanzar en el juzgamiento del genocidio en la dimensión que tuvo sería claramente un aporte a neutralizar acciones como la que tuvo lugar en la legislatura de Mendoza”, aportó Vigay.

MAA/MG