Donald Trump “no fue elegido emperador del mundo”. O: “Ningún gringo me da órdenes, Brasil merece respeto”. Con estas palabras tan claras, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva representa una loable excepción en los debates sobre la política arancelaria de Estados Unidos. El progresista de 79 años podría ser un ejemplo para aquellos líderes occidentales que, en medio del caos geopolítico, parecen haber perdido su brújula.

El caso de Brasil parece, en principio, insólito: con aranceles punitivos de hasta el 50 por ciento, el país sudamericano encabeza en solitario la lista negra de Washington. En la actual ronda de aumentos, el gobierno estadounidense sumó a los aranceles del 10 % que rigen desde abril, un 40 % adicional, alegando una supuesta caza de brujas contra el ultraderechista expresidente Jair Bolsonaro. Su hijo, el diputado federal Eduardo Bolosonaro, vive desde marzo en Texas donde se dedica a hacer lobby y a promover las articulaciones de la ultraderecha internacional. En Brasil, su padre está siendo juzgado por el intento de golpe de Estado de enero de 2023, cuando sus seguidores causaron destrozos en la capital Brasília.

Lula señala con gusto que el ídolo de Bolsonaro, el presidente estadounidense Trump, no solo quedó impune tras un asalto muy similar al Capitolio en Washington dos años antes, sino que incluso pudo volver a postularse. “El presidente de EE.UU. probablemente no sepa que aquí en Brasil tenemos un Estado de derecho”, declaró Lula al New York Times.

Bolsonaro ya cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica como medida preventiva. Además, en otro proceso se le prohibió ocupar cargos electivos. Se espera un fallo definitivo en septiembre. Como respuesta, el juez supremo Alexandre de Moraes no podrá viajar más a EE.UU., por “graves violaciones a los derechos humanos”, según anunció el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. De Moraes -aún más que Lula, blanco del odio de la derecha brasileña- dirige las investigaciones contra la red bolsonarista y actuó decididamente contra cuentas de extrema derecha en X o Facebook. Al igual que el presidente, no se guarda nada y calificó los intentos de extorsión de Trump como un ataque descarado a la soberanía brasileña.

En la disputa arancelaria, la solidaridad de Washington con Bolsonaro eclipsó cualquier argumento económico. EE.UU. mantiene un claro superávit comercial con Brasil -en 2024 fue de 7.400 millones de dólares-. Además, como suele hacer Trump, el anuncio fue más ruidoso que las medidas efectivas: casi 700 productos quedaron exentos de los aranceles la semana pasada, incluidos jugo de naranja, derivados del petróleo, piezas de avión y hierro fundido.

Estos productos representan el 43 % de las exportaciones brasileñas a EE.UU. En cambio, productos como el café, la carne y el pescado subirían notablemente de precio para los consumidores estadounidenses; las negociaciones al respecto todavía están en marcha. Trump, sin embargo, se niega al diálogo directo, mientras que Lula insiste en un trato respetuoso.

Se trata de la crisis bilateral más grave en décadas. Ya en 1964, Washington apoyó decididamente el golpe militar contra un gobierno reformista brasileño, lo que desembocó en una dictadura cívico-militar de 21 años, una de las más largas de Sudamérica.

Los responsables de asesinatos y torturas quedaron impunes, y bajo Bolsonaro los militares volvieron a desempeñar un papel central. El intento de golpe tras la asunción de Lula fracasó también porque el entonces presidente estadounidense Joe Biden se posicionó claramente a favor de Lula. Al igual que Barack Obama en su momento, valoraba al carismático exsindicalista. Y eso que en 2005, Lula, junto con Néstor Kirchner y Hugo Chávez, bloqueó la creación del área de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego impulsada por Washington, el ALCA.

La política exterior multilateral de Lula, que además de mantener lazos con EE.UU. y Europa incluyó a África y al mundo árabe, no había generado mayores críticas hasta ahora. Iniciativas regionales latinoamericanas como Unasur o Celac vivieron su auge, y también se fundó en aquel tiempo el bloque BRICS, con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Recientemente, Lula recibió a representantes del heterogéneo grupo, ahora ampliado con países como Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Trump, molesto, gruñó que si esos países cooperaban “de manera verdaderamente relevante”, su final estaría cerca.

La actual intromisión de Washington en los asuntos internos de Brasil va mucho más allá de lo habitual en América Latina, una región ya curtida en estas prácticas. Trump parece querer dar un escarmiento y recuperar los tiempos en que el subcontinente era considerado una zona de influencia natural de EE.UU. En Argentina, El Salvador y Ecuador ya gobiernan seguidores de Trump. Los mandatarios de izquierda en Chile, Colombia y Brasil podrían ser pronto reemplazados por ultraderechistas.

El 36 % de los brasileños apoya a Trump, según encuestas. Aunque Lula, que gobierna con un Congreso dominado por la derecha, logró capitalizar brevemente los ataques desde el norte, la situación sigue siendo un acto de equilibrio, también en el plano internacional.

En Alemania, Lula no goza de buena prensa desde que adoptó posiciones distintas a las del gobierno federal sobre la invasión a Ucrania y el genocidio en Palestina. La política exterior de Brasil es un ejemplo de coherencia y firmeza en favor de un “orden basado en normas”, ese mismo que tanto exigen altos representantes europeos a otros países. También suelen invocar “valores comunes” con América Latina cuando quieren ampliar relaciones económicas o el acceso a materias primas críticas. Tal vez los europeos aún puedan aprender algo de Lula, y demostrar cuán en serio toman la democracia.

Desde hace cuatro semanas Jujuy se encuentra en estado de excepción. Las comunidades originarias organizaron nueve cortes de ruta y dejan pasar a los viajeros cada cierta cantidad de horas. Las protestas apuntan contra la creciente represión y el procedimiento de urgencia con que se aprobó una reforma de la Constitución provincial, que facilita el desplazamiento de los habitantes originarios en favor de los proyectos de extracción de litio. “Quieren legalizar el saqueo”, se lee en el último texto de los manifestantes contra la Constitución. “Somos los dueños legítimos de esta tierra”. El litio es una materia prima demandada a nivel mundial para los coches eléctricos. También hay estados europeos que buscan nuevas fuentes.

¿Una nueva agenda?

El contraste con las declaraciones pomposas hechas ya antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), que tendrá lugar lunes y martes en Bruselas, no puede ser mayor. “La cumbre ofrece una oportunidad extraordinaria para construir confianza y dar nuevos impulsos a las relaciones”, señaló el encargado de Relaciones Exteriores de la UE, Josep Borrell, a principios de junio, cuando presentó la Nueva Agenda Latinoamericana de la Unión Europea. La Cámara de Industria y Comercio Alemana, por su parte, espera “nuevos impulsos de crecimiento”.

Junto con el hidrógeno verde, que se espera que ya en pocos años viaje en barco a Europa desde Argentina y Chile, pero también desde Colombia o Brasil, el litio es celebrado como símbolo de la transición energética. Pero así se deja fuera de foco lo que la explotación de esta materia prima significa para las regiones.

Está claro que los líderes políticos de la UE y sus estados miembros intentan actualmente garantizar a la economía europea acceso a esas materias primas. Los críticos presumen que se trata de un nuevo extractivismo verde neocolonialista, que busca privar a Latinoamérica de los recursos minerales como ya hace 500 años: entonces fueron oro, plata y estaño; hoy, el “oro blanco”, el cobre y el agua. ¿Qué sucede hoy en día concretamente y cómo se posicionan los gobiernos latinoamericanos?

Dos de las tres plantas de litio que ya operan en la Argentina están en Jujuy, pero la fiebre eldoradista se respira también en las provincias vecinas. Decenas de otros proyectos se acumulan en los cajones de los ministerios. Es un secreto a voces que los caudillos provinciales se benefician de manera importante con este negocio. El metal ligero es considerado el arma milagrosa para la transición energética. La industria automotriz sustituirá el motor a combustión por el eléctrico. Y para la producción de una batería de iones de litio para un coche eléctrico se necesitan, entre otras cosas, entre diez y veinte kilogramos de carbonato de litio.

¿Litio sustentable?

En los últimos meses peregrinaron en masa políticos europeos hacia Latinoamérica, una ofensiva de encanto sin precedentes, en la que no faltó la evocación de los “valores comunes”. Sin excepción, los visitantes subrayaron además que los tratados de libre comercio (TLC) con la UE que aún no se terminaron de negociar se deberían cerrar, por favor, antes de fin de año. En concreto, se trata del acuerdo con los países del Mercosur -Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay-, que ya se negocia desde 1999, y de la modernización de los acuerdos con Chile y México.

Cuando el canciller alemán, Olaf Scholz, viajó en enero con una gran delegación económica a Argentina y Chile, no ocultó el interés de empresas alemanas por el litio, pero prometió ayuda en la creación de cadenas de valor añadido locales. Aunque alrededor del 60 por ciento de las reservas mundiales de litio se encuentren en las salinas andinas del “triángulo del litio” conformado por Chile, Bolivia y Argentina, la fabricación de baterías hasta ahora tuvo lugar sobre todo en China, Corea del Sur o Japón.

BMW, el único jugador alemán de peso en el negocio sudamericano del litio, presume de adquirirlo en Argentina después de una producción “especialmente sustentable”. En 2021, el grupo automotor de Múnich firmó un contrato con la estadounidense Livent para la compra de litio por unos 300 millones de dólares. Hasta ahora, ni Livent ni BMW pudieron invalidar las informaciones que indican un enorme consumo de agua dulce y una disminución del nivel de las napas freáticas en la provincia de Catamarca. Todo apunta a que Livent está destruyendo de manera lenta pero segura el frágil ecosistema de la Puna, y así los medios de subsistencia de los pobladores locales, para que avance la transición “ecológica” en el transporte en Europa.

También en Chile hay empresas alemanas avanzando: K-Utec Salt Technologies y Aci Systems, que en Santiago firmaron un acuerdo de cooperación con una empresa chilena en presencia del gobernador de izquierda Bodo Ramelow, de Turingia, prometieron “litio verde”. En los más de 500 millones de dólares previstos están incluidos subvenciones de la UE.

Subvenciones “verdes”

Chile es uno de los socios preferidos de Europa, como quedó demostrado en junio en una visita de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. “Sin litio no hay centrales eólicas, sin materias primas críticas no hay baterías. Por eso, acordamos trabajar en una alianza estratégica para materias primas sustentables y para toda la cadena de valor añadido”, sostuvo en Santiago la política conservadora alemana. Además, anunció un fondo para hidrógeno verde de 225 millones de dólares, de los cuales 100 millones provienen como préstamo del Banco alemán de desarrollo Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Esta plataforma de financiación apunta a impulsar “la descarbonización de la economía chilena, crear puestos de trabajo verdes, abrir posibilidades de negocios para empresas chilenas y europeas y, al mismo tiempo, cubrir la demanda europea de hidrógeno limpio”, se lee en la página web del Banco Europeo de Inversiones. Von der Leyen aseguró que Europa quiere producir hasta el 2030 anualmente diez millones de toneladas de hidrógeno verde e importar la misma cantidad. Este hidrógeno se llama “verde” porque es generado con ayuda de las energías solar y eólica.

En 13 países de Latinoamérica está activa la plataforma de hidrógeno H2LAC de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), también en Uruguay y Argentina. En la provincia de Río Negro el también muy presente Instituto Fraunhofer presentó un estudio optimista sobre el potencial para producir hidrógeno. Pero los ambientalistas se movilizan contra los parques eólicos necesarios para ello. Estos serían necesarios para que Europa pueda importar este combustible “limpio”.

En Chile y Uruguay la empresa HIF Global, con Porsche como accionista, produce combustibles sintéticos (e-fuels) a partir del hidrógeno. La planta Haru Oni en el sur de la Patagonia, cuyas millonarias subvenciones fueron puestas en marcha por el ex ministro de Economía alemán Peter Altmeier, es un proyecto piloto bastante dudoso desde el punto de vista de las políticas climáticas: en vez de tomar el dióxido de carbono de la atmósfera tal como se anunció los operadores evidentemente utilizan CO2 “reciclado”, fósil. A ello se sumarían luego largas y contaminantes rutas de transporte a Europa.

Alejandro Stipanicic, presidente de la empresa estatal uruguaya Ancap que participa en el segunda proyecto de HIF Global, admitió a una radio uruguaya que el combustible sintético supuestamente neutral en cuanto a emisiones es “muy caro. No es para el mercado local”.

“Valores comunes”

En Brasil y Colombia el ministro de Economía Robert Habeck y la ministra de Relaciones Exteriores Annalena Baerbock se entusiasmaron por el alto potencial de energías renovables como el sol o la energía eólica, con las cuales se pretender generar hidrógeno para Europa. No se interesaron, en cambio, por los problemas de aceptación que tienen los parques eólicos en la región. El diario liberal “Folha de São Paulo” destacó tras un discurso de Baerbock su “apetito por la energía y el litio”.

¿Y los “valores comunes”? En Latinoamérica se sabe perfectamente que tras años de relativo desinterés la UE ahora quiere recuperar parte del terreno perdido al rival China. Tras la invasión rusa a Ucrania la geopolítica se puso en movimiento. Desde hace diez años, Beijing impulsa proyectos de infraestructura la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Seda, sobre todo a países del Sur global. Ahora la UE hace lo propio con su “Pasarela Global”, de interés casi exclusivamente comercial.

Los gobiernos latinoamericanos recuerdan muy bien lo poco que la UE estuvo dispuesta durante la pandemia de Covid-19 a suministrar vacunas a precios accesibles o incluso a hacer excepciones a la protección de patentes. En muchos países salieron al rescate Rusia y China. Es entendible, por lo tanto, que se reaccione con escepticismo a los acercamientos amistosos y con malestar los reclamos decretados unilateralmente. El que más abiertamente lo hace es el presidente brasileño.

Acuerdo bloqueado

Luiz Inácio Lula da Silva no oculta sus sentimientos. Es consciente de que el TLC Mercosur-UE busca facilitar a las empresas europeas nuevos mercados y el acceso a materias primas críticas. Como contrapartida, Lula espera buenos negocios para el agronegocio brasileño. Pero teme sobre todo que las industrias locales corran riesgo ante un libre acceso de las empresas europeas al mercado o directamente no tengan la posibilidad de desarrollarse. Con su colega francés Emmanuel Macron, Von der Leyen o Scholz, Lula habló abierta y claramente. La base para una alianza igualitaria no puede ser la desconfianza o la amenaza unilateral de sanciones, dijo.

A Lula y a Alberto Fernández les molestan sobre todo las exigencias ambientales marcadas por el Pacto Verde Europeo que la UE quiere fijar en un protocolo adicional (side letter). En ese caso las sanciones serían posibles, al menos teóricamente, porque como siempre estos textos quedan en secreto hasta su firma. Pero lo que más se sospecha en el Mercosur es que hay proteccionismo. El obstáculo más importante en el TLC de parte europea son, de hecho, las federaciones campesinas en Francia, Austria, Bélgica e Irlanda, que temen más que nunca las importaciones agrarias más baratas y producidas en condiciones más laxas del Mercosur.

En abril, además, el Parlamento Europeo aprobó una ley para luchar contra la deforestación a nivel mundial, que entró en vigor a principios de julio. De acuerdo a esa ley, las empresas de la UE ya no pueden importar, a partir de 2024, madera, carbón, productos impresos, café, cacao, caucho, aceite de palma, vacas o soja que fueron producidos en superficies deforestadas a partir de 2021. ¿Colonialismo verde? Así lo ven los latinoamericanos, porque también eso es una medida unilateral. Pero políticamente fatal es el hecho de que Lula y sus colegas no se pueden permitir el enfrentarse al agronegocio que aporta una gran parte de divisas. Por lo tanto, un acuerdo ratificado supondría también acelerar la deforestación, porque nadie sabe si y cuándo las empresas realmente deberán pagar multas importantes.

La posición del Gobierno argentino es ambigua. En ocasiones se suma a la posición de Brasil, pero luego otra vez da a entender que está dispuesta a ceder: Cecilia Todesca, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, dijo que el acuerdo Mercosur-UE podría representar una “oportunidad” para cerrar las “brechas” entre dos regiones asimétricas y para que los países del Mercosur puedan avanzar en su desarrollo con empleos de calidad. Según la funcionaria, “el acuerdo entre estos dos bloques es una oportunidad para la Unión Europea y también una oportunidad para el Mercosur”.

Voces alternativas

Al margen de la cumbre en Bruselas también pedirán la palabra decenas de representantes de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos así como activistas de Europa y Latinoamérica. En la calle y en eventos paralelos reclamarán un orden económico y un sistema comercial ecosociales y se alegrarán porque el acuerdo neocolonial entre la UE y el Mercosur no se va a concretar tan rápidamente.

“Esperamos que en la Cumbre los líderes puedan repensar las relaciones asimétricas entre el Sur y el Norte Global”, dice Vanessa Dourado, la coordinadora de Argentina mejor sin TLC. “Esto serviría para comprender la deuda histórica que tiene Europa”. En efecto, los países caribeños que piden reparaciones por el tráfico de esclavos quieren incluir el tema en la declaración final.

¿Qué tan abierta está entonces la UE a las inquietudes de sus “socios naturales”? El presidente de Colombia, Gustavo Petro, que con la “transición energética justa” que tiene prevista es un precursor en el continente, volverá a pronunciarse a favor de una nueva política en materia de drogas y de la condonación de deudas en favor de la protección de la selva amazónica. Se hablará de desigualdad y pobreza - y cómo reducirlas. En esos temas los políticos europeos tienen la oportunidad de demostrar que les interesa algo más que encontrar aliados para su apoyo a Ucrania o ampliar el acceso a mercados y a recursos naturales de América Latina.

GD