Para los trabajadores que viven de un ingreso mensual, el ajuste necesita una explicación política más una cuenta de almacén como parecen las que a veces postea el ministro Luis Caputo en Twitter (X). La encuesta de Zentrix marca un dato que altera el modo de leer el humor social del oficialismo: entre los votantes de Milei, la corrupción aparece como el principal desafío del país, con 27,9%, por encima del endeudamiento, el desempleo, el salario y la inflación. El dato no surge de una oposición que ya mira al Gobierno con rechazo, sino de su propia base electoral, definida por la consultora según el voto en las legislativas de 2025.

El orden de prioridades entre oficialistas es preciso. Corrupción reúne 27,9%; endeudamiento, 14,9%; desempleo, 14,3%; salario, 12,9%; inflación, 12,8%; inseguridad, 7,1%; pobreza, 3,7%; salud, 3,3%; y educación, 3%. Entre opositores, en cambio, lidera desempleo con 26,5%, seguido por corrupción con 16,8%, endeudamiento con 14,4%, salario con 12,8%, inflación con 12,3% y pobreza con 10,7%. La diferencia muestra dos formas de procesar el mismo deterioro: el oficialismo empieza a mirar la ética pública; la oposición mira primero el empleo, los ingresos y la fragilidad material del hogar.

De todas maneras, el factor determinante sigue siendo el bolsillo. El informe registra que el 86,6% de los consultados dice que su salario no le gana a la inflación. Entre votantes oficialistas, esa percepción alcanza al 70,1%; entre opositores, al 98,1%. Zentrix también señala que el votante oficialista expresa malestar económico y que casi la mitad llega solo hasta el día 20 con sus ingresos, aunque conserva una lectura más tolerante del presente. No hay una base oficialista cómoda frente al ajuste: hay una base que todavía soporta parte del costo, pero que empieza a ubicar la corrupción como límite político del sacrificio.

Ese límite aparece en otras respuestas del mismo relevamiento. El 57,3% considera que existe corrupción generalizada en el gobierno de Javier Milei y el 60,2% interpreta las denuncias como reflejo de un problema general de la gestión. Además, dos tercios de los consultados afirman que el pacto anticasta se rompió y que el Gobierno terminó siendo parte de aquello que prometió combatir. El 66,6% también cree que la administración nacional no está comprometida con prevenir hechos de corrupción.

La encuesta no mide expedientes judiciales. Mide percepción social. Esa percepción se forma en una secuencia de causas, denuncias e investigaciones periodísticas que golpean al núcleo del discurso oficial. Cuando un trabajador recorta gastos, posterga consumos o se endeuda para llegar al mes, la sospecha de privilegios, retornos o enriquecimiento en el poder pesa más que una discusión abstracta sobre instituciones.

Una secuencia de causas y denuncias golpea el relato anticasta

La causa $LIBRA ocupa un lugar central en ese desgaste. La Justicia investiga la presunta estafa vinculada a la criptomoneda promocionada por Milei, cuyo valor se disparó tras el respaldo presidencial y luego se desplomó con pérdidas para miles de inversores. Peritajes incorporados al expediente hallaron en el teléfono de Mauricio Novelli un presunto acuerdo por US$ 5 millones a cambio del apoyo del Presidente al proyecto, con pagos escalonados ligados a la promoción pública y a la firma de un contrato.

La causa ANDIS agrega otro capítulo de mayor impacto social por el área involucrada: medicamentos y discapacidad. El Ministerio Público Fiscal informó que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, fue procesado como presunto líder de una asociación ilícita dentro del organismo que cobraba coimas. El expediente incluye otros 18 procesamientos y un embargo de 202 mil millones de pesos sobre Spagnuolo. Según Chequeado, la causa se originó a partir de audios que mencionaban un sistema de retornos del 8% en la compra de medicamentos.

Manuel Adorni concentra otro frente de desgaste. elDiarioAR publicó que el actual jefe de Gabinete registró un incremento patrimonial superior al 500% entre sus declaraciones juradas, con incorporación de dólares en efectivo atribuidos a préstamos familiares, entre ellos una jubilada de 95 años. La Justicia también investiga los vuelos privados a Punta del Este y pidió informes sobre contratos vinculados a la productora de un amigo de Adorni con la TV Pública. En la encuesta de Zentrix, Adorni aparece con 73,9% de imagen negativa y 17,5% de positiva.

La trama que une a José Luis Espert con Federico “Fred” Machado suma otra capa sensible para un gobierno que construyó poder sobre la denuncia contra “la casta”. Según revelaciones publicadas por elDiarioAR y recogidas en el debate parlamentario, Espert figura como receptor de US$200.000 en un registro ligado a Machado, empresario acusado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. La documentación también menciona aportes logísticos, vuelos y vehículos para actividades de campaña.

El episodio de las valijas mostró otra zona opaca del poder. Chequeado reconstruyó que el 26 de febrero de 2025 llegó a Aeroparque un vuelo privado desde Miami con Laura Belén Arrieta y dos tripulantes, todos empleados de OCP Tech, empresa de Leonardo Scatturice. Dos fiscales dictaminaron irregularidades en torno al vuelo, el equipaje y la tripulación, y señalaron que se habilitó un carril especial que evitó que las valijas pasaran por el escáner.

A esa acumulación se suman denuncias por retornos salariales en organismos con presencia territorial. Página/12 informó que acusaciones internas de La Libertad Avanza señalaron pedidos de dinero sobre sueldos de funcionarios de PAMI y ANSES. Conclusión publicó denuncias de empleados de delegaciones de PAMI y ANSES en Misiones, Santa Cruz y La Pampa por supuestos “aportes partidarios”, y mencionó una carta en Oberá donde se acusó a la conducción local de pedir el 10% de los sueldos de empleados públicos afiliados.

Ninguno de estos expedientes reemplaza una sentencia. La Justicia deberá definir responsabilidades penales, procesamientos firmes, sobreseimientos o condenas. Pero las encuestas que toman la opinión de los votantes, en este caso la de Zentrix, no preguntan por condenas: preguntan por el principal desafío del país y por la confianza en la voluntad del Gobierno de prevenir hechos de corrupción. El dato político es que el propio votante oficialista pone a la corrupción arriba del salario y la inflación, aun cuando siete de cada diez de esos votantes dicen que su salario no le gana a los precios.

El cruce con el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella refuerza el dato de Zentrix: la economía sigue pesando, pero la corrupción empieza a ordenar el malestar político incluso dentro del oficialismo. El ICC cayó 5,7% en abril, después de bajar 5,3% en marzo y 4,7% en febrero. Desde el pico registrado en enero de 2025, durante el actual gobierno, acumula una caída de 16,33%.

Esa secuencia importa porque Milei llegó a la Presidencia con la promesa de ordenar la economía. El consumo, la confianza y los ingresos siguen bajo presión, pero la encuesta de Zentrix muestra que entre sus propios votantes la corrupción ya aparece por encima del salario, la inflación y el desempleo.

La lectura positiva de la motosierra que la sociedad hizo en 2023, harta de la “política tradicional” y dándole crédito a un economista despeinado, que en programas de chimentos hablaba sobre la Escuela Austríaca, y su promesa de arrasar con la casta, se vuelve negativa cuando el sacrificio económico convive con causas judiciales, denuncias y sospechas sobre el uso del poder.

El golpe al relato anticasta pesa porque el ajuste ya tiene efectos en la vida diaria. Más de ocho de cada diez hogares resignaron algún gasto para sostenerse, según el informe. Zentrix lee esa base material como el suelo compartido entre oficialistas y opositores: unos procesan el costo desde una preocupación moral o institucional; otros, desde el deterioro directo del trabajo, los ingresos y las condiciones de reproducción cotidiana del hogar.

La pérdida de credibilidad también alcanza a la figura presidencial. En abril, Milei registra 35,2% de imagen positiva y 59,3% de negativa. La lectura del informe atribuye el desgaste a una doble presión: la microeconomía de los hogares, con salarios que no alcanzan y pérdida de poder adquisitivo, y las denuncias que afectan la pretensión de superioridad ética del mileísmo frente a “la casta”.

El Monitor de Opinión Pública de Zentrix se realizó sobre 1.559 casos, con cobertura nacional, mediante una encuesta online autoadministrada entre el 11 y el 18 de abril. La consultora aclara que la muestra es no probabilística, con diseño cuotado por sexo, edad y región, calibrado según el padrón electoral nacional, y que los resultados deben leerse en el plano nacional.

Cuando el salario pierde y el Gobierno queda rodeado por causas de corrupción, el apoyo se vuelve desconfianza y desgaste (a veces hasta odio). Ya lo sabemos. Hay líderes políticos que integraron gobiernos anteriores que hoy por hoy no podrían caminar tranquilos por las calles de la Argentina. Y no precisamente porque los vayan a parar para pedirles una selfie y felicitarlos por su gestión.

JJD

En los últimos meses comenzaron a multiplicarse los conflictos en sectores que tienen algo en común: dependen del Estado para funcionar. Médicos del PAMI en paro, universidades nacionales con medidas de fuerza, prestadores de discapacidad al borde del colapso, empresas de transporte que reducen servicios. Detrás de todos esos conflictos aparece un mismo fenómeno económico: el atraso en los pagos del Estado.

La discusión económica argentina suele quedar atrapada en una variable: la inflación. Es lógico. Durante décadas fue el síntoma más visible del desorden macroeconómico. Sin embargo, detrás de ese indicador hay otros mecanismos menos visibles que también moldean la vida cotidiana de la economía. Uno de ellos es el manejo del tiempo de los pagos del Estado.

En los últimos meses, distintos sectores comenzaron a denunciar lo mismo: demoras en los pagos de parte del Gobierno nacional, y analistas económicos advierten que el retraso deliberado de desembolsos se ha convertido en una de las herramientas centrales para sostener el equilibrio fiscal que el dúo dinámico Javier Milei-Luis Caputo festeja cada mes como si cada mes la Argentina ganara el Mundial, mientras en la sociedad se oye el cantar a un grillo solitario.

En otras palabras: el superávit se sostiene, en parte, pagando más tarde. Y cuando el Estado se demora, toda la economía argentina —acostumbrada a anticiparse a los efectos de la inflación— siente el impacto.

La macroeconomía del pago diferido

Hay un principio bastante simple en economía pública: si los ingresos caen y el gasto no puede reducirse más, el margen de maniobra aparece en la administración del flujo de caja. Es decir, en cuándo se paga.

La recaudación tributaria viene mostrando señales de debilidad. En ese contexto, el gobierno de Javier Milei busca sostener su bandera política más importante: el equilibrio fiscal.

Pero ese equilibrio no siempre se construye solamente con recortes de gasto. También con demoras.

Un informe periodístico firmado por el periodista Carlos Lamiral describe uno de los mecanismos utilizados: “Los comodines del superávit fiscal: Luis Caputo pisa la devolución de impuestos y suma ingresos extraordinarios”, la caída en la recaudación obligó al equipo económico a buscar recursos alternativos para sostener el resultado fiscal. Para el FMI, al día. Para adentro, paga Dios.

Entre esos “comodines” aparece la postergación de gastos tributarios. Un ejemplo claro es la devolución del IVA a exportadores, que en febrero directamente fue cero, cuando en meses anteriores superaba los cientos de miles de millones de pesos.

Es una forma elegante de ajustar sin anunciar un ajuste.

El problema es que los retrasos no quedan en las planillas del Tesoro. Se trasladan rápidamente a la economía real.

Hay reclamos de distintos sectores hacia el Gobierno por el atraso en los pagos. Las empresas de colectivos, los prestadores de discapacidad y las farmacias y clínicas que trabajan con PAMI sostienen que el ministro de Economía, Luis Caputo, demora desembolsos para mantener el superávit a pesar de la caída en la recaudación.

En el transporte público, por ejemplo, la situación ya generó conflictos concretos. Las empresas del AMBA denunciaron una deuda del Estado que ronda entre 120.000 y 150.000 millones de pesos en subsidios.

La Secretaría de Transporte terminó adelantando el 60% de los pagos de abril para evitar una paralización mayor del servicio.

Incluso con ese anticipo, varias líneas redujeron frecuencias o directamente suspendieron recorridos. El periodista de elDiarioAR León Nicanoff lo describió en esta nota: cómo la Argentina del libertario Milei se va pareciendo a Cuba, al menos en lo que respecta a cómo viajan los usuarios en las guagas, en el Caribe, y en los colectivos, aquí en Buenos Aires: apretados a más no poder. Y eso que al boleto lo vienen subiendo sin piedad.

La salud, el eslabón más frágil

Donde el impacto se vuelve más sensible es en el sistema de salud.

“Si PAMI no paga, vamos a tener que suspender el servicio”, advirtió Héctor Milanesi, uno de los farmacéuticos afectados. Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron recientemente un paro de 72 horas para reclamar mejoras en sus condiciones de pago.

El conflicto se disparó por una resolución que modifica la forma de remuneración y reduce ingresos, lo que para muchos profesionales vuelve inviable el sostenimiento de los consultorios.

Según denunciaron desde el sector, los médicos pasarían a cobrar alrededor de 2.100 pesos por paciente, una cifra que consideran insuficiente para cubrir los costos básicos del ejercicio profesional.

Cuando el Estado paga tarde o paga menos, la salud pública funciona peor (pero con los mismos impuestos), y las consecuencias no son contables sino sociales.

Las universidades nacionales también denuncian retrasos en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Según organizaciones docentes, el gobierno acumula más de 170 días de incumplimiento en la aplicación de la norma aprobada por el Congreso.

La respuesta fue la convocatoria a nuevas medidas de fuerza y paros en el sistema universitario. Otra consecuencia del mismo problema.

Disco rayado

La relato oficial insiste en que el equilibrio fiscal es la condición necesaria para estabilizar la economía. Y es cierto que la Argentina necesita ordenar sus cuentas públicas. Pero también es cierto que el equilibrio fiscal puede construirse de distintas maneras.

No es lo mismo reducir gastos estructuralmente que postergar pagos. Porque en el segundo caso el gasto no desaparece: simplemente se traslada hacia adelante. Y ese traslado tiene efectos. Aumenta la incertidumbre en sectores que dependen del Estado. Dificulta la planificación de empresas y profesionales. Y, sobre todo, agrega estrés a una macroeconomía que sigue funcionando mal.

No solamente las paritarias y los ingresos están pisados en el gobierno de Javier Milei, con la presunción de que a mayor circulando de dinero, mayor es la suba de precios. Son también los pagos intra-Estado, que como el gobierno de La Libertad Avanza es tan libre, los honra cuando se le da la gana.

Analistas económicos advierten que esta es una estrategia fija de Luis Caputo para sostener su sagrado equilibrio fiscal, una de las pocas variables que le da bien pero que tiene sabor a nada a la luz de los números de la inflación 2026, que puede cerrar su primer trimestre en el orden del 9%, cuando, por ejemplo, en los cuatro años de presidencia de Néstor Kirchner rondó el 9% promedio pero anual, no trimestral, a apenas 17 meses de la salida del uno a uno y justo antes de que el Indec empezara a mentir la inflación con el interventor Guillermo Moreno, ya con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, período en que la macro empezó a funcionar mal.

La inflación ha bajado desde los porcentajes del gobierno del fantasmal Frente de Todos, pero no lo que Milei y los empresarios y los trabajadores que lo votaron esperaban que bajara.

La baja de la inflación es necesaria, porque la economía argentina es una economía indexada. Sin embargo, Milei, en nombre de libertad de empresa (porque de la del paciente, mejor no comments), les dio plena libertad a las prepagas para que subieran la cuota mensual a sus afiliados. Todo lo que quisieran. Después de aumentos impresionantes, como el del 40% que pusieron el primer mes, gracias a la libertad que les otorgó el Presidente al firmar en diciembre de 2023 ese primer decreto con centenares de artículos desreguladores y derogadores, ideado por el ministro de Transformación del Estado, “El Coloso” Federico Sturzenegger.

Los que tenemos créditos hipotecarios UVA estamos volviendo a tener los mismos problemas que con Mauricio Macri y con Alberto Fernández, presidentes a quienes la inflación, como consecuencia de los saltos del tipo de cambio por las corridas bancarias, se les fue de las manos: agarrándonos la cabeza porque la cuota te come cada vez más el ingreso, como la prepaga y los servicios, por mencionar sólo un par de ejemplos. Son gastos fijos, pagos que las familias no pueden dejar de hacer. No es sacarle al fiado un poco de fiambre y una Coca-Cola al almacenero. Es no pagar la luz. ¿Qué pasa si no pagás la luz? Te la cortan.

Con los UVA, Macri y Fernández por lo menos congelaron las cuotas. Fue una forma de admitir que no podían controlar la inflación: se nos fue de las manos, desde el Estado damos un alivio a la gente, pensaron (uno por motivos electorales; el otro, sanitarios).

Milei, que habla pestes de la inflación, tampoco logra controlarla pero no dará ningún tipo de ayuda a nadie. En este período libertario de la Argentina pareciera que todos tenemos que arreglárnolas como podamos, inclusive pagando los mismos impuestos. Todos, menos Manuel Adorni y el resto de la casta que juraron combatir.

Entonces, la economía argentina es una economía indexada a la inflación y al dólar. Por lo tanto, no controlar la inflación, que además era la principal —y reiterada hasta el hartazgo— promesa de campaña de Milei, activa la indexación y la retroalimenta. La salud privada aumenta según el Indec, y nadie dice ni mu.

Para este modelo, la única libertad que permanece innegociable es para los poderosos, las empresas que pueden ajustar precios cuando y como quieran, y el Estado para elegir a quién, cómo y —sobre todo— cuándo dejar de deberle. Para el resto, la libertad sigue llegando tarde. Como los pagos del gobierno del dúo dinámico.

JJD

En diciembre de 2023, a pocos días de haber iniciado su mandato presidencial, Javier Milei dio un mensaje por cadena nacional anunciando su megadecreto desregulador, ideado por Federico Sturzenegger, que entonces no tenía ningún cargo formal en el Poder Ejecutivo, aunque en esa transmisión apareció junto al resto de los funcionarios de la primera línea del Gobierno. El mandatario anunció entonces, entre otras novedades, la derogación de la ley de Alquileres, con el argumento de que a los precios los regula el mercado, que esa norma los regulaba al determinar que se guiarían por un índice compuesto por inflación y salarios, el ICL (Índice de Contratos de Locación), que publicaba el Banco Central, y que con esa derogación se repondría la oferta retirada de alquileres por el miedo de los dueños a poner en alquiler su vivienda. Pues no. El costo de la vivienda fue el que más se disparó desde que empezó el gobierno de La Libertad Avanza e inclusive duplicó a la inflación general.

Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que la inflación acumulada del período, cercana al 209%. El aumento arrastró también a los servicios básicos: el gas natural subió 766%, la electricidad 370% y el agua 366%.

El estudio analizó la evolución de distintos rubros de consumo durante los primeros 26 meses del gobierno de Milei. Según los datos elaborados a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec para la región del Gran Buenos Aires, la inflación acumulada en ese período fue de alrededor de 209%, una cifra que, sin embargo, esconde diferencias significativas entre los distintos componentes del gasto de los hogares.

La vivienda encabezó esas divergencias. Dentro de ese rubro —que incluye alquileres, expensas, electricidad, gas, agua y otros combustibles— el aumento acumulado fue de casi 400%, es decir, 191 puntos porcentuales por encima del nivel general de inflación.

El informe destacó que el mayor salto se registró en el gas natural, cuyo precio acumuló un incremento de 766% desde diciembre de 2023. Le siguieron los alquileres, con 423%, la energía eléctrica con 370% y el agua con 366%.

Para los hogares trabajadores, estos gastos son estructurales del presupuesto familiar. Pagar el alquiler, sostener los servicios básicos o mantener el acceso a la energía forman parte de consumos que difícilmente pueden reducirse, incluso cuando el ingreso pierde poder adquisitivo.

Ese impacto ya se había observado en los datos recientes del IPC. En febrero de 2026, la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba mensual de 6,8%, la mayor variación entre todos los rubros del índice de precios.

El encarecimiento de los alquileres fue uno de los componentes centrales de esa presión sobre los ingresos. Según las variaciones regionales publicadas por el Indec, los alquileres registraron aumentos interanuales que superaron el 100% en algunas regiones del país, lo que reforzó el peso del gasto habitacional en el presupuesto de los hogares asalariados.

El resultado es un doble efecto sobre el ingreso real. Por un lado, los salarios pierden frente al aumento general de los precios; por otro, los gastos fijos esenciales crecen incluso más rápido que la inflación promedio.

Rubros que crecieron más que la inflación

El informe del Centro RA también mostró que la vivienda no fue el único rubro que superó ampliamente el promedio inflacionario.

Después del costo habitacional, el segundo mayor aumento acumulado se registró en comunicaciones, con una suba de 321%. Le siguieron educación, con 279%, y transporte, con 255%.

El gráfico incluido en el estudio —publicado en la página 2 del informe— muestra que varios rubros crecieron muy por encima del nivel general del IPC. En contraste, otros sectores de consumo registraron incrementos bastante menores.

Entre ellos aparece alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba acumulada de 182%, es decir, por debajo del promedio inflacionario. También quedaron por debajo equipamiento y mantenimiento del hogar, con 128%, y prendas de vestir y calzado, con 106%.

Esta heterogeneidad en los precios significa que el impacto real de la inflación depende de qué bienes consume cada hogar. Para las familias trabajadoras, los gastos vinculados con vivienda, servicios y transporte suelen ocupar una proporción elevada del ingreso, por lo que las subas en esos rubros tienen un efecto directo sobre su capacidad de compra.

La lechuga y el azúcar

El estudio también analizó la evolución de precios de productos específicos, principalmente dentro de los rubros alimentos y bebidas y bienes y servicios varios.

El producto que más aumentó fue el polvo para flan, con una suba acumulada de 424,7%. Detrás se ubicaron el limón (342%), el café molido (308,2%) y la lechuga (292,9%).

Entre los diez productos con mayores incrementos también aparecieron la sal fina (256,2%), la manzana (247,9%), el agua sin gas (246,7%), el champú (244,2%), el filet de merluza fresco (234%) y el queso sardo (233,6%).

En el otro extremo, algunos alimentos mostraron aumentos considerablemente menores. La yerba acumuló 80,7%, la banana 76,9%, los fideos para guiso 58,7% y el arroz 11,7%. El caso más llamativo fue el del azúcar, cuyo precio prácticamente no varió durante el período analizado, con un incremento de apenas 0,5%.

Incluso dentro de un mismo grupo de alimentos hubo diferencias significativas. En el caso de la carne vacuna, por ejemplo, la paleta aumentó 230,7%, el cuadril 228% y la nalga 225,7%.

El informe señaló además que 32 de los 59 productos relevados registraron aumentos superiores al promedio del rubro alimentos y bebidas, que se ubicó en torno al 181%.

Los investigadores del Centro RA señalaron que la inflación promedio puede ocultar diferencias profundas en la evolución del costo de vida, especialmente cuando algunos rubros esenciales crecen muy por encima del resto.

A los trabajadores el salario les alcanza cada vez menos para cubrir gastos básicos, porque no solamente los ingresos están pisados sino que sólo los dos primeros meses de 2026 la inflación ya dio casi 6% y se espera otra cifra cercana al 3% para marzo.

“Entre muchas reformas, el decreto incluye: 1. Derogación de la ley de alquileres, para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea”, prometió Milei. A lo mejor deje de ser una odisea en 20 años, cuando según otra profecía del presidente libertario, la Argentina logre el nivel de desarrollo y el PBI per cápita de Alemania.

JJD

Abril empezó y no es tan bello como cantaban con entusiasmo Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, en una canción hermosa y simple, y con un videoclip luminoso que ambos compartieron con Dolores Fonzi, la musa inspiradora del rosarino al componerla e incluirla en su disco Naturaleza Sangre (2003). Este abril, por el contrario, y como cada mes desde hace por lo menos tres años y medio, es otro de malaria en la economía libertaria; malaria para los trabajadores que son, básicamente, víctimas del modelo.

El mes que empezó vuelve a traer aumentos en servicios esenciales que afectan directamente el ingreso disponible de quienes trabajan. El transporte público, las cuotas de medicina prepaga, la electricidad y el agua comienzan el mes con nuevas actualizaciones tarifarias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un escenario en el que los salarios no paran de perder contra la inflación.

El calendario cambia, las cuentas también

El transporte público registró uno de los incrementos más inmediatos. El boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires pasa de $832,57 a $873,37 para los viajes de hasta 3 kilómetros con tarjeta SUBE registrada, según el nuevo cuadro tarifario que comenzó a regir en abril.

La actualización siguió el mecanismo que aplicó la provincia: el índice de precios al consumidor (IPC) de febrero más un 2% adicional. Con esa fórmula, los valores de los distintos tramos también aumentaron: $972,93 para viajes de 3 a 6 kilómetros, $1.047,14 entre 6 y 12 kilómetros, $1.122,90 entre 12 y 27 kilómetros y $1.197,39 para trayectos más largos.

En la Ciudad de Buenos Aires también se aplicó una suba. El pasaje mínimo de colectivo quedó en $715,26, con aumentos escalonados según la distancia del recorrido.

El impacto es directo sobre los trabajadores que utilizan el transporte público para ir y volver del empleo. En muchos casos, el gasto en movilidad es un componente fijo del ingreso mensual y se ajusta de manera más frecuente que las paritarias o los salarios. El ajuste data de por lo menos la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y se acentuó con ferocidad al asumir en el poder el tándem de economistas Javier Milei-Luis Caputo.

La presión sobre el transporte se agravó además por una decisión del sector empresario. Las cámaras del autotransporte que representan alrededor del 85% de las líneas de colectivos del AMBA informaron que reducirán la frecuencia del servicio debido al aumento del precio del gasoil y a la falta de actualización de los costos reconocidos por el Estado.

En un comunicado conjunto, las entidades empresarias señalaron que el incremento del combustible y la ausencia de una compensación oficial los colocó en una situación en la que consideran imposible sostener los niveles habituales de prestación. La medida comenzó a regir el 1° de abril y podría afectar los tiempos de espera de los usuarios.

La reducción de frecuencias implica más tiempo de viaje y mayor incertidumbre para quienes dependen del colectivo para llegar al trabajo, en un contexto en el que los costos de movilidad ya venían aumentando de manera sostenida.

Los aumentos de abril también alcanzaron al sistema de salud privado. Las empresas de medicina prepaga comunicaron actualizaciones en sus cuotas de hasta el 2,9%, en línea con la inflación registrada en febrero. Esa suba impactó además en los copagos que deben abonar los afiliados por consultas y prácticas médicas.

Las tarifas de servicios públicos también se modificaron. Las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur aplicaron nuevos cuadros tarifarios. En el área de Edesur, por ejemplo, los hogares de ingresos altos (Nivel 1) comenzaron a pagar un cargo fijo de $1.393,73 para consumos de hasta 150 kWh y un cargo variable de $115,29 por kWh, según el esquema informado para abril.

En el caso de Edenor, el cargo fijo inicial quedó en $1.414,93, con un cargo variable de $115,28 por kWh. Los usuarios con subsidios mantienen valores más bajos dentro de los límites establecidos por el esquema de segmentación tarifaria.

El agua también registró un ajuste. La empresa AySA aplicó el último tramo del aumento del 4% que había comenzado a implementarse a principios de año.

El efecto combinado de estas subas se produce en un contexto en el que el ingreso de los trabajadores sigue deteriorándose frente a los precios. Los datos oficiales del INDEC mostraron que el índice de salarios aumentó 2,5% en enero, mientras que la inflación del mismo mes fue de 2,9%, lo que implicó una nueva pérdida del poder de compra.

La situación se repitió especialmente entre los trabajadores registrados. En ese segmento, el sector privado subió 2,1% y el público 1,8%, ambos por debajo del IPC del mes.

El deterioro del ingreso también aparece en relevamientos sobre la percepción de los trabajadores. Un estudio citado en coberturas recientes registró que el 83,9% de los trabajadores afirmó que su salario no le gana a la inflación, mientras que el 56,4% de los hogares tomó deuda en los últimos seis meses para cubrir gastos básicos.

“Dios Santo que bello abril”, dice el estribillo de la canción. Pero en muchos hogares el mes empezó con una escena más terrenal: el calendario nuevo y una pila de facturas esperando turno sobre la mesa.

JJD

Hay palabras que en la Argentina parecen prohibidas hasta que ya es demasiado tarde. Crisis es una de ellas. Durante meses —a veces durante años— los síntomas se acumulan sin que nadie quiera pronunciar el diagnóstico completo, crisis económica, porque el que se quema con leche ve la vaca y llora. Se habla de desaceleración, de reacomodamiento, de transición, de ajuste necesario, de sinceramiento. Pero no de crisis económica. Hasta que ya es tarde.

En la economía real, las señales empiezan a repetirse con una familiaridad inquietante: paros por salarios que ya no alcanzan; fábricas que suspenden trabajadores porque no venden; empresas que despiden a la mitad de su personal; bancos que advierten que cada vez más familias dejan de pagar sus créditos, y en consecuencia pierden valor, porque caen sus acciones.

Cada noticia parece contar una historia distinta. Miradas juntas, todas hablan de lo mismo.

La pregunta es insoslayable: ¿son problemas aislados o estamos asistiendo a los primeros capítulos de una nueva crisis económica?

La Argentina conoce bien ese terreno. En las últimas décadas atravesó al menos ocho grandes recesiones, según distintos estudios sobre el ciclo económico: en 1989-1990, 1995, 1998-2002, 2009, 2012, 2014, 2016 y 2018-2020, cortando ahí, sin contar la pandemia. Cada una de esas ocho grandes recesiones de la historia reciente tuvo causas distintas, pero todas dejaron una marca similar: caída del empleo, deterioro salarial y retroceso del consumo.

En el mundo del trabajo las señales vuelven a aparecer con nitidez. Allí es donde las transformaciones macroeconómicas dejan de ser abstracciones y se convierten en experiencias concretas.

En 2010, Amado Boudou, cuando fue ministro de Economía y tenía poco más de 50 años, buenmozo, sonriente, en la cresta de la ola por —como se le atribuye— haber capeado en la Argentina la crisis económica mundial provocada en Europa por el derrumbe de las subprime, y antes de pasar al ostracismo por la causa Ciccone —por la que terminó condenado y preso—, dijo una frase que sonó fuerte: “La economía es como el amor, cuanto más caliente, mejor”.

A lo mejor quien al año siguiente se convertiría en vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner tenía algo de razón. Porque la realidad evidencia que cuando la economía se enfría, lo primero que se enfría es el salario. Y más cuando está en el poder un gobierno como el de La Libertad Avanza, con el economista Javier Milei al frente de la Presidencia de la Nación: al dejar al Estado de brazos cruzados observando cómo el mercado acomoda todo, deja a miles de hogares a la deriva, sin protección, tras los despidos de los hombres y las mujeres que los sostienen económicamente con sus trabajos. Despidos que se informan, ya desde hace meses, todos los días. ¿Acaso no son ya despidos masivos? Porque así como se habla de crisis en determinados sectores y no de crisis económica, se cuentan los despidos pero no se habla de despidos masivos.

La quiebra de Garbarino, durante años uno de los gigantes del comercio de electrodomésticos en el país, se convirtió en uno de los símbolos más visibles de esa descomposición. El cierre de la compañía, y centenares de ellas más, desde pequeñas hasta grandes, se enmarca en un escenario de.desmoronamiento de las ventas minoristas y, en la industria, de plantas paralizadas, suspensiones y despidos, desde el sector textil hasta el metalúrgico y el autopartista. En muchos casos, las empresas explican el ajuste por la misma razón que repiten desde hace meses: la caída de las ventas en el mercado interno.

En el sector del neumático, por ejemplo, el cierre de Fate dejó a cientos de trabajadores frente a un futuro incierto, además de dejar a la Argentina sin fabricación nacional de neumáticos después de 86 años (ahora sólo lo harán las extranjeras Firestone y Pirelli); en la metalurgia advierten que decisiones de compra externa pueden dejar cientos de empleos en el camino; y en distintos rubros manufactureros se multiplican los recortes de personal. Son episodios que parecen inconexos, pero son parte de la misma serie: una estructura industrial que cruje por la caída del consumo, la presión de las importaciones y el enfriamiento de la actividad económica.

Hoy el salario mínimo en la Argentina cubre apenas una fracción del costo de vida. En diciembre de 2025 fue de $334.800, mientras que la canasta básica total para una familia tipo superó $1,3 millones. Es decir que el ingreso mínimo legal cubre apenas una cuarta parte de lo necesario para no ser pobre.

Eso explica también el incesante crecimiento del pluriempleo. Cada vez más trabajadores necesitan sumar un segundo —y a veces un tercer— ingreso para sostener la economía familiar. En los últimos años la proporción de personas con más de un empleo pasó del 8,5% al 11,9%, un aumento cercano al 40%, impulsado por la pérdida de poder adquisitivo.

Detrás de esa estadística hay jornadas que se estiran hasta la madrugada, padres y madres que encadenan trabajos formales con changas, aplicaciones de delivery y de traslados, como Uber, Cabify y Didi, y demás “kioscos” para poder llegar a fin de mes. El pluriempleo no es una buena señal por dos razones: la primera es que en cualquier economía que funcione bien lo normal sería que una persona tuviera un solo trabajo remunerado para llegar a fin de mes, no dos, ni tres ni cinco, y lo segundo es que tener más de un trabajo le agrega estrés, agotamiento y menos tiempo al trabajador y a la trabajadora, y por ende a la vida familiar de esas personas.

El pluriempleo no es una buena señal por dos razones: la primera es que en cualquier economía que funcione bien lo normal sería que una persona tuviera un solo trabajo remunerado para llegar a fin de mes, no dos, ni tres ni cinco, y lo segundo es que tener más de un trabajo le agrega estrés, agotamiento y menos tiempo al trabajador y a la trabajadora, y por ende a la vida familiar de esas personas.

Incluso en el empleo formal, los ingresos crecieron por debajo de los precios durante 2025. La inflación anual cerró en 31,5%, pero el aumento de salarios no logró acompañar ese ritmo. El resultado fue una nueva caída del poder adquisitivo.

Así aparece un fenómeno que hasta hace pocos años parecía excepcional y hoy se volvió estructural: la pobreza dentro del empleo. Tener trabajo ya no garantiza escapar de la pobreza. Los trabajadores ferroviarios, por ejemplo, denunciaron que perdieron un 56% de su salario real desde diciembre de 2023, lo que derivó en un paro nacional del sector. Y en el transporte automotor, los choferes de la línea 60 denunciaron una pérdida aún mayor de su poder de compra En distintas ramas industriales, las paritarias quedan rezagadas frente al costo de vida. Cuando el salario se debilita, es el consumo el que lo sigue. Inevitablemente.

Desde hace meses las empresas vienen describiendo el mismo problema: las ventas se desploman. Y de ese diagnóstico se desprenden consecuencias concretas: suspensiones, despidos y, en algunos casos, cierres. Es bastante lógico. No hay que ser un especialista en la teoría económica de la Escuela Austríaca para entenderlo.

Textilana, histórica fabricante de la marca Mauro Sergio, suspendió a 175 trabajadores por acumulación de stock.

La empresa Kopelco, conocida por producir los preservativos Tulipán, despidió a 220 empleados en sus plantas de San Martín y San Luis.

En ambos casos, la explicación empresarial fue la misma: la demanda cayó.

La industria es particularmente sensible a ese proceso. Cuando el consumo se enfría, la producción se reduce. Cuando la producción se reduce, el empleo industrial suele ser el primero en resentirse.

Y cuando los salarios ya no alcanzan y el consumo se retrae, la tensión termina filtrándose también en otro frente de la economía doméstica: las deudas.

Los balances de los principales bancos privados del país revelaron un aumento de la morosidad en los créditos de consumo, el nivel más alto en casi dos décadas.

Detrás de ese número hay miles de historias similares: familias que se endeudan para sostener gastos corrientes y que luego descubren que el ingreso ya no alcanza para pagar las cuotas.

Salarios débiles, consumo debilitado, empresas que ajustan producción, hogares endeudados.

En economía, esa cadena de eventos rara vez aparece por casualidad.

Ahora bien, ¿alcanza todo esto para hablar de recesión?

La respuesta técnica es más cauta. En la literatura económica suele utilizarse una regla práctica: un país entra en recesión cuando su producto interno bruto cae durante dos trimestres consecutivos.

Sin embargo, la definición académica más utilizada es algo más amplia.

El National Bureau of Economic Research (NBER), el organismo estadounidense que estudia los ciclos económicos, define una recesión como una caída significativa de la actividad económica extendida en toda la economía y que dura más de unos pocos meses.

Pero no se trata solo del producto. También cuentan el empleo, los ingresos, el consumo y la producción industrial.

Desde ese punto de vista, el diagnóstico es más ambiguo.

La Argentina todavía no atraviesa una recesión en sentido estricto. Pero varios indicadores empiezan a mostrar señales de enfriamiento.

La serie del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) ayuda a entender este momento. Tras la profunda contracción registrada entre finales de 2023 y comienzos de 2024 —una de las consecuencias inmediatas del fuerte ajuste macroeconómico— la economía experimentó un rebote durante parte de 2024.

Ese repunte permitió hablar durante algunos meses de “milagro económico” de la Argentina (esta vez, atribuido a Milei) y de recuperación acelerada. Pero las economías no viven de milagros, sino de ingresos, consumo y producción.

Durante 2025 la actividad empezó a perder impulso. En varios meses se observaron estancamientos o leves retrocesos. No fue una caída abrupta, pero sí una desaceleración persistente.

Ese comportamiento agregado, además, oculta fuertes desigualdades sectoriales. La industria manufacturera y la construcción —dos de los grandes motores históricos del empleo formal en la Argentina— fueron también dos de los sectores más golpeados del ciclo reciente. La industria cayó 9,4% en 2024 y apenas logró crecer 1,6% en 2025, mientras que la construcción se desplomó 27,4% en 2024 y rebotó 6,3% en 2025, una recuperación todavía insuficiente para compensar el derrumbe previo.

Al mismo tiempo, buena parte del crecimiento reciente se concentra en sectores que generan poco empleo directo o tienen menor efecto multiplicador sobre el resto de la economía. Esa asimetría ayuda a explicar una paradoja cada vez más visible: algunos indicadores macroeconómicos mejoran, pero el mercado laboral y el consumo siguen debilitados.

En términos de ciclo económico, es el tipo de comportamiento que suele observarse en las fases previas a una recesión.

En el viaje se acomodan los melones

Mientras tanto, el modelo económico oficial insiste en una idea simple: el mercado se encargará de acomodar las variables. El Estado, en esa lógica, debe retirarse y dejar que los precios y los incentivos hagan su trabajo.

El problema es que los mercados no acomodan personas. Acomodan números. Cuando las empresas reducen costos para sobrevivir a una caída de ventas, lo que desaparece no es una variable abstracta: es el ingreso de un trabajador. Y detrás de cada trabajador hay un hogar. Miles de hogares. En las planillas de Excel se llaman ajustes. En la vida se llaman despidos.

Los mercados no acomodan personas. Acomodan números. Cuando las empresas reducen costos para sobrevivir a una caída de ventas, lo que desaparece no es una variable abstracta: es el ingreso de un trabajador. Y detrás de cada trabajador hay un hogar. Miles de hogares. En las planillas de Excel se llaman “ajustes”. En la vida cotidiana se llaman despidos.

Quizás cada una de estas crisis pueda explicarse por separado. La crisis salarial, por la inflación pasada. La crisis del consumo, por la pérdida de ingresos. La crisis del crédito, por el endeudamiento familiar. La crisis industrial, por la caída de ventas y por otro factor que golpea a la producción local: el aumento de las importaciones y el debate sobre el tipo de cambio.

Cada vez resulta más barato traer productos del exterior que fabricarlos en el país. Incluso algunos economistas —a los que el Presidente suele descalificar públicamente como “econochantas”— sostienen que el peso volvió a apreciarse en términos reales, lo que abarata las compras externas. Los econochantas hablan de atraso cambiario. A Milei eso le pone los pelos de punta. Lo cierto es que su política aperturista y su política cambiaria, las importaciones de bienes crecen con fuerza en distintos sectores manufactureros, mientras plantas locales reducen producción o directamente suspenden o recortan personal.

Cuando todas estas crisis aparecen al mismo tiempo, cuando el salario pierde poder de compra, cuando el consumo se enfría, cuando la industria disminuye su producción y cuando las familias empiezan a dejar de pagar sus deudas, el fenómeno deja de ser sectorial.

Tal vez la pregunta no sea si hay crisis en tal o cual empresa o en tal o cual sector, como el textil, que trabaja al 40% de su capacidad instalada, o como la industria toda, donde se registran 160 despidos por día desde que llegó al poder el tándem Javier Milei-Luis Caputo y su modelo libertario. La pregunta es, más bien, si todos estos síntomas —vistos en conjunto— no están describiendo algo más amplio. Una palabra que en la Argentina siempre llega tarde, pero igual termina apareciendo: crisis. O crisis económica, con todas las letras.

A 24 horas de la apertura de sesiones, el relato presidencial sobre empleo y recuperación salarial convive con números oficiales que muestran otra escena: los sueldos registrados quedaron otra vez por debajo de los precios. En las palabras presidenciales, el trabajo apareció como herencia fallida y como promesa futura, pero no como deterioro presente del salario real.

La referencia más directa del mandatario en su discurso ante la Asamblea Legislativa fue la defensa de la Ley de Modernización Laboral, que el Presidente presentó como una norma que “viene a barrer con un delirio sancionado hace 50 años” y que, según afirmó, dejó “a la mitad de los trabajadores en el mercado informal”. Sin embargo, se trata de una ley proempresa, que fue rechazada por todo el arco sindical e inclusive cuestionada por parte del empresariado, el pyme, porque consideran que la letra choca contra principios constitucionales y podría provocar una mayor litigiosidad a la ya existente.

Milei sostuvo que los “campeones de los derechos de los trabajadores” dejaron “sin ningún tipo de derecho a la mitad de los trabajadores” y agregó que en el último gobierno anterior, el de los peronistas Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, del extinto Frente de Todos, “el 30 % de los trabajadores formales eran pobres”. El encuadre fue retrospectivo: informalidad y pobreza laboral como resultado del modelo previo y como justificación de la reforma.

En ese mismo tramo, el Presidente cerró con una afirmación categórica: “El desempleo bajó”. También sostuvo que durante su gestión “no aumentó el desempleo”. Sin embargo, según Chequeado, esa afirmación resultó falsa. De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec citados por el sitio de verificación de contenidos, la tasa de desocupación pasó del 5,7% en el tercer trimestre de 2023 al 6,6% en el tercer trimestre de 2025, último dato disponible.

El mismo análisis mostró que el desempleo subió durante el primer año de gestión (alcanzó 6,9% en 2024) y luego bajó levemente en 2025, pero el resultado global evidenció un incremento respecto del punto de partida. La afirmación presidencial, entonces, no coincidió con la evolución agregada de la tasa de desocupación.

La segunda afirmación fuerte fue sobre ingresos. “Hemos triplicado el salario en dólares”, dijo Milei en el recinto. La frase fue calificada como engañosa en otro chequeo publicado este lunes. Según ese informe, el salario promedio en dólares pasó de US$ 515 en noviembre de 2023 a US$ 1.245 en noviembre de 2025. El aumento nominal en dólares existió y fue significativo.

Sin embargo, los especialistas citados advirtieron que medir salarios en dólares no informa sobre el poder adquisitivo real frente a la inflación interna. Cuando se comparó el salario promedio con la canasta básica total —también medida en dólares— la capacidad de compra aumentó 17%, muy por debajo del incremento nominal del 141% en dólares que sugiere la frase presidencial. El salario en dólares creció; el poder de compra lo hizo en menor magnitud.

En paralelo a esa discusión, los propios datos oficiales mostraron que el salario real en pesos volvió a retroceder en 2025. Según el Indec, el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación del mismo período alcanzó 27,9%. La diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales.

En noviembre, los salarios privados registrados crecieron 2,1%, por debajo del 2,5% del IPC nacional de ese mes. El informe vinculó el retroceso con el “rezago de las negociaciones colectivas” y la falta de actualización de tramos acordados a comienzos del año.

El empleo público mostró una dinámica aún más restrictiva. El subsector público nacional registró un aumento acumulado de 19% entre enero y noviembre, claramente inferior a la inflación del período. Más del 80% de la masa salarial relevada por el Indec tuvo aumentos por debajo de los precios acumulados, según ese mismo informe.

Mientras el Presidente defendió la reforma laboral como modernización necesaria, el entramado productivo atravesó una contracción verificable. En noviembre de 2023 el sistema registraba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores; en noviembre de 2025 las cifras descendieron a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores. En ese período se perdieron 21.938 empleadores y 290.602 puestos registrados. El cierre definitivo de la planta de Fate en San Fernando dejó a 1.500 trabajadores sin empleo en un día; en La Pampa, el frigorífico General Pico despidió a 194 empleados y paralizó sus plantas; en el sector textil, Hilado S.A. avanzó en concurso preventivo con alrededor de 800 trabajadores bajo incertidumbre. En el conflicto del neumático, además, 920 operarios quedaron sin tareas efectivas pese a la conciliación obligatoria, según denunció el SUTNA.

La distancia no fue solo numérica, sino también en la forma de describir el problema. En el discurso de Milei el salario apareció como consecuencia futura de la estabilidad macroeconómica. Milei explicó que el equilibrio fiscal y la política monetaria restrictiva permitirán mayor productividad, “salarios más altos y menores niveles de pobreza”. La recomposición salarial fue presentada como resultado de un proceso estructural, no como lo urgente que verdaderamente es.

Lo que no dijo: paritarias y negociación colectiva

En las 28 páginas del discurso difundido oficialmente no apareció la palabra “paritaria”. Tampoco hubo referencias explícitas a reaperturas de negociación colectiva ni a la actualización salarial en el sector público. La omisión resultó significativa si se considera que el propio informe del Indec explicó parte de la caída real por el rezago de las negociaciones colectivas.

La reforma laboral sí ocupó un lugar destacado. El Presidente la presentó como instrumento para modernizar el mercado de trabajo y adaptarlo a “la mayor transformación de la historia”. Pero no detalló en el recinto los efectos concretos sobre indemnizaciones, jornada o derechos colectivos, dimensiones que forman parte del debate legislativo en curso.

El resultado fue un mensaje donde el empleo y el salario funcionaron como argumentos de validación del rumbo económico, más que como fotografía del presente. El desempleo fue presentado como resuelto; los datos mostraron un aumento respecto de 2023. El salario en dólares fue exhibido como símbolo de recuperación; el poder adquisitivo real creció menos y en 2025 volvió a caer frente a la inflación.

Los números oficiales disponibles mostraron que el mercado de trabajo no siguió una trayectoria lineal. La desocupación resultó mayor que al inicio del mandato y el salario real registrado volvió a perder contra los precios en 2025. En ese escenario, el empleo y el ingreso funcionaron en el discurso como promesa de largo plazo, mientras los datos mostraron las necesidades del presente.

JJD

La reforma laboral no es ya un proyecto en disputa sino una pieza casi cerrada del engranaje institucional. A cuatro días de su sanción definitiva, el oficialismo transformó el calendario legislativo en una flecha recta, inquebrantable, como pocas veces se ha visto en democracia. Sin ir más lejos, es la reforma laboral más abarcativa desde las modificaciones estructurales de fines de los años 90, cuando el paradigma de flexibilización marcó la última gran reconfiguración del derecho del trabajo argentino, con todo lo engorroso y peliagudo que supone enmendar una ley marco, un texto largo, con muchísimos artículos y regulaciones que afectan a cientos de miles de trabajadores. Si el Senado valida la modificación incorporada por Diputados en el artículo sobre descuentos salariales por enfermedad, Javier Milei llegará a su tercer 1º de marzo con la ley convertida en norma vigente.

El período de sesiones ordinarias del Congreso comienza el 1º de marzo y finaliza el 30 de noviembre. Las extraordinarias —convocadas por el propio Presidente durante el receso estival— funcionaron como un corredor legislativo acelerado para tratar una reforma que altera pilares históricos del derecho del trabajo argentino. Total, si durante el año parece haber importado muy poco el desguace del Estado, pese a cobrar los mismos impuestos para la gran mayoría de la población e inclusive de haberlos aumentado, menos importancia le darán a una discusión que realiza en febrero, en plenas vacaciones de verano. Todos felices.

Si el Senado confirma la redacción, la norma quedará sancionada antes del inicio formal del nuevo año parlamentario. Milei podrá presentar la ofrenda de sus héroes parlamentarios frente a la Asamblea Legislativa, el domingo próximo, como otra conquista política en el escenario institucional más solemne del calendario republicano, donde en un mismo sitio, el recinto de la Cámara de Diputados se reúnen las máximas autoridades de los tres poderes del Estado y los gobernadores, entre otros altos cargos. Por eso es la jornada institucional más importante de la República.

La reforma laboral ya fue aprobada por ambas Cámaras en sus ejes estructurales. El Senado no vuelve a discutir el corazón del proyecto. Solo debe convalidar una modificación puntual sobre licencias médicas. El resto del texto —indemnizaciones, fondo de cese, período de prueba, banco de horas, negociación por empresa, regulación sindical— cuenta con aval parlamentario completo. En términos legislativos, la reforma laboral sale o sale.

Ese desenlace, sin embargo, no se produce en un vacío social ni jurídico. El Gobierno ya intentó avanzar con un paquete desregulador en la ley Bases y en el DNU, capítulo que fue rechazado por la Justicia. Este es el tercer intento. Nada garantiza que el nuevo texto no enfrente cuestionamientos judiciales, especialmente en los artículos que rozan derechos consagrados en la Constitución nacional, advierten juristas.

Pero el viernes no se discutirá eso. Se discutirá una redacción técnica. Y el 1º de marzo se celebrará un hecho político trascendental para el gobierno libertario y sus colaboradores, además de los grandes empresarios, por supuesto. Todo lo que venga después está por verse y, si hay fallos adversos, el gobierno de La Libertad Avanza, que ha demostrado más audacia en el manejo de la agenda-setting (la capacidad de un actor político de instalar y jerarquizar los temas que dominan la conversación pública) que cualquier otro gobierno en democracia, sabrá ponerse en víctima, decir que buscan ponerle palos en la rueda a “un presidente que vino a cambiar la historia del país”, y otras cosas que los argentinos ya las conocemos de memoria.

La reforma en concreto: qué cambia para quienes trabajan

Más allá de la escena simbólica, el impacto material es profundo.

En materia de despidos, la ley redefine el cálculo de la indemnización sobre la mejor remuneración mensual normal y habitual, excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios extraordinarios. Se establece un tope máximo equivalente a tres salarios promedio del convenio colectivo y un piso del 67% del salario real. La indemnización pasa a ser la única reparación posible y se habilita el pago de sentencias en cuotas.

No es una modificación técnica menor: reduce el costo del despido y limita la reparación económica frente a la ruptura unilateral del vínculo laboral.

Se crea además el Fondo de Cese Laboral, financiado por aportes del empleador, que puede reemplazar completamente la indemnización tradicional. Si el convenio lo adopta, el trabajador no puede optar por el régimen anterior.

El período de prueba se extiende a ocho meses y puede llegar a un año en pymes. Durante ese tiempo, el despido no genera indemnización.

Se habilita el banco de horas mediante acuerdo individual o colectivo. La jornada deja de medirse estrictamente por día y pasa a promediarse. Si las horas se compensan dentro del período acordado, no se pagan como extras.

Se refuerza la negociación por empresa frente a la de actividad y se habilita que acuerdos individuales modifiquen adicionales y premios. La ultraactividad puede suspenderse por acuerdo de partes.

En registración laboral, la emisión de facturas excluye la presunción de relación de dependencia y la carga de la prueba recae sobre el trabajador.

En licencias por enfermedad, el texto reduce el salario durante períodos prolongados, endurece controles y exige alta médica definitiva para la reincorporación . Este es el punto que Diputados modificó y que ahora debe validar el Senado.

Cada uno de esos artículos altera equilibrios históricos entre capital y trabajo

Saturación, apatía y reforma estructural

El contexto cultural también importa. La reforma avanza en extraordinarias, convocadas durante el receso estival, en un clima de saturación informativa permanente. El debate convive con múltiples agendas superpuestas, conflictos judiciales, tensiones económicas y una exposición mediática constante.

Aquí aparece una referencia teórica que ilumina el momento: los sociólogos Paul Lazarsfeld y Robert Merton desarrollaron hace casi ocho décadas el concepto de “disfunción narcotizante”. Su hipótesis sostenía que la sobreexposición a información masiva podía producir el efecto inverso al deseado: en lugar de estimular la acción, generaba apatía. La ciudadanía se siente informada, pero no necesariamente movilizada. El conocimiento superficial reemplaza al compromiso activo.

La teoría, pese a su antigüedad, conserva una sorprendente actualidad, como la de Mirtha Legrand, quien esta semana cumplió 99 años. Sobre la disfunción narcotizante: en un ecosistema comunicacional donde todo ocurre al mismo tiempo, una reforma que modifica décadas de regulación laboral puede avanzar sin que la intensidad del debate refleje la magnitud del cambio.

El 1º de marzo como escena

Si el Senado convalida la modificación este viernes, Milei abrirá las sesiones ordinarias con una reforma estructural ya sancionada. El discurso presidencial no será entonces la antesala de una batalla legislativa sino la celebración de un resultado.

La escena estará cargada de simbolismo: un Presidente que utilizó las extraordinarias para aprobar una ley que redefine indemnizaciones, convenios, jornada y derechos sindicales; un Congreso que, antes de iniciar su período ordinario, ya habrá convalidado el nuevo marco laboral; y un país que discutirá en tribunales, en empresas y en sindicatos el alcance real de la norma.

El viernes se votará un artículo. El 1º de marzo se narrará una victoria. Lo que ocurra después ya no dependerá solo del Congreso. Pero por ahora el gobierno festeja.

JJD

Javier Milei dijo hace unas semanas que Maquiavelo ha muerto, para reivindicar una política sin cálculo, sin intrigas, sin el manual del florentino. No citó, sin embargo, una frase asociada al autor de El Príncipe, erróneamente adjudicada pero sugestiva en este contexto: “Divide y reinarás”. No hay evidencia de que el Gobierno haya impulsado una maniobra concreta para fracturar al sindicalismo, aun cuando la reforma laboral más profunda en más de medio siglo se debate en el Congreso. Si la CGT termina partida, no será por diseño oficial. La división, en todo caso, sería interna, algo que el florentino advirtió al analizar las fracturas del Estado y que resulta extensible a otras organizaciones. Entonces, ¿Maquiavelo ha muerto?

La expresión “divide y reinarás”, vale recordarlo, no pertenece a Nicolás Maquiavelo. La fórmula latina divide et impera se atribuye a líderes de la Antigüedad, como Julio César o Filipo de Macedonia. En El Príncipe, sin embargo, Maquiavelo sí describe la utilidad táctica de dividir a los adversarios y, a la vez, advierte que las fracturas dentro del Estado pueden debilitarlo frente a amenazas externas. Esas fracturas internas que señalaba Maquiavelo, está claro, son proyectables a otro tipo de organizaciones, como las sindicales: a mayor fragmentación, menos poder.

Ahí Maquiavelo sí está vivito y coleando. Y también, cuando uno mira las acciones estratégicas pensadas y ejecutadas por el gobierno libertario para lograr que su reforma laboral sea ley. Sí consta, por ejemplo, que hubo y hay negociaciones políticas para asegurar votos legislativos —como la modificación del capítulo sobre Ganancias para evitar afectar recursos coparticipables de las provincias—, pero no hay pruebas de operaciones destinadas a quebrar la CGT. Si la central se divide, no será por ingeniería oficial sino por tensión interna. Esa tensión es visible y, por qué no, precursora de otra ruptura en su historia institucional.

La reforma laboral en debate modifica aspectos estructurales de la Ley de Contrato de Trabajo, una norma que rige desde hace más de medio siglo. La actualización de un cuerpo legal con décadas de vigencia es, ya sólo por lógica temporal, razonable y necesaria. El problema radica en la orientación concreta de los cambios pretendidos por la Casa Rosada: ampliación de períodos de prueba, redefinición de indemnizaciones, revisión de licencias, alteraciones en la negociación colectiva y varias modificaciones más en contra de los trabajadores.

La conducción de la CGT eligió convocar a un paro sin movilización el día de la votación en Diputados. La sola decisión de esa modalidad de protesta, un paro en silencio, provocó un torrente de críticas desde dentro del propio universo sindical. La UOM, ATE, los aceiteros, La Bancaria y los camioneros, sólo por mencionar un puñado, cuestionan la plaza vacía que a su criterio promueve la central obrera peronista en su resolución, justo ahora, cuando está a las puertas de ser ley una reforma regresiva de la Ley de Contrato de Trabajo.

En 2025 más de 150.000 trabajadores accedieron al seguro de desempleo y se registraron casi 22.000 empleadores menos desde la asunción de Milei. La primera semana del año dejó casi 400 trabajadores despedidos en el sector privado. El frigorífico creador de la marca Paty suspendió a 450 trabajadores y paralizó su planta en La Pampa. Lustramax fue denunciada por despidos sin telegrama y violación de fueros sindicales. Fate acumuló 13 meses sin pagar aumentos y sus operarios hablaron de un “laboratorio de la reforma laboral”. Lácteos Verónica cerró tres plantas con salarios adeudados. ¿Todo esto es culpa de la legislación laboral argentina en vigor o más bien de la política económica que ejecuta el tándem Javier Milei-Luis Caputo? ¿Hace falta una reforma laboral como esta para que los trabajadores vivan mejor o una de otro tipo, como las que avanzan en la región, en países como México y Brasil?

Desde el empresariado pyme, mientras tanto, surgieron advertencias sobre el impacto negativo de la propuesta del gobierno de La Libertad Avanza. La CAME señaló que la reforma no garantiza creación de empleo y alertó sobre su potencial judicialización. No es un debate binario entre sindicatos y empresariado (en esta era mundial de rebrote conservador, apoyado deliberadamente por el Gobierno), porque también hay diferencias en las miradas de los hombres de negocios.

En la Argentina nada es nuevo. Por eso la posibilidad de una CGT fracturada no sería una anomalía en la historia del sindicalismo argentino, sino una recurrencia.

Desde fines de los años sesenta, la central obrera atravesó escisiones cada vez que las tensiones internas coincidieron con coyunturas políticas decisivas.

En 1968, bajo el gobierno de facto de Onganía, un dictador inepto que también promovió políticas en contra de los trabajadores, la división entre la combativa CGT de los Argentinos —con Raimundo Ongaro como figura emblemática— y el sector más negociador vinculado a Augusto Timoteo Vandor marcó uno de los quiebres más profundos.

Durante la última dictadura volvió a escindirse entre la CGT Brasil, encabezada por Saúl Ubaldini, y la CGT Azopardo impulsada por Jorge Triaca y Armando Cavalieri.

En 1989, ya en democracia, otra división opuso a Ubaldini en la Azopardo con la CGT San Martín conducida por Güerino Andreoni. Y en el año 2000, con una reforma laboral como telón de fondo (la de la ley Banelco), la central volvió a fracturarse: Rodolfo Daer condujo la CGT oficial mientras Hugo Moyano encabezó una estructura paralela hasta la reunificación de 2004 bajo un triunvirato.

La última gran ruptura se produjo durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la central se partió entre el sector que respaldaba al Gobierno, encabezado por Antonio Caló desde la Unión Obrera Metalúrgica, y la CGT liderada por Hugo Moyano, que tomó distancia y endureció su posición frente al Poder Ejecutivo. En aquellos años también se dividió la CTA, que continúa partida en dos hasta nuestros días.

La historia muestra un patrón: cuando el debate interno se superpone con reformas estructurales o crisis políticas, la unidad sindical se resiente.

Hoy el escenario vuelve a parecerse a otros momentos críticos de la historia sindical. Un gobierno liberal impulsa una reforma laboral estructural proempresa —la más profunda en más de medio siglo— en un contexto de deterioro del empleo y cierre de empresas. Y, como en otras etapas de reformas intensas, la discusión sobre cómo enfrentar ese cambio abre fisuras dentro de la propia central. La eventual fragmentación no surgiría de alineamientos con el poder político, sino de desacuerdos internos sobre el método de confrontación.

La tensión interna en la CGT no es solo táctica —paro con o sin movilización— sino conceptual. ¿La central obrera peronista debería preservar canales de diálogo institucional frente a nada menos que la reforma de la ley marco del trabajo en la Argentina o bien, ante el avance parlamentario de esta iniciativa, sin que el Gobierno los hubiera convocado siquiera a participar del debate sobre el texto, tendría que plantarse y demostrar su rechazo por todas las vías (por supuesto, también en la calle)?

En política, las divisiones no siempre son producto de una mano invisible que las provoque. A veces emergen de la acumulación de desacuerdos, de estilos, de lecturas distintas del momento histórico. Maquiavelo —el real, no el apócrifo— advertía que las discordias internas podían resultar más peligrosas que los enemigos externos. Es irónico: a tres semanas de que el Presidente declarara muerto a Maquiavelo, la escena política argentina vuelve a dialogar con él.

Si la reforma laboral se aprueba y la CGT mantiene su fractura, Milei no habrá ejecutado acciones de división premeditadas. Pero podría beneficiarse de un sindicalismo menos compacto por obra y gracia del propio sindicalismo. A veces, el poder no se construye solo por acciones deliberadas y estudiadas. A veces el poder se consolida gracias a las grietas ajenas.

El tiempo dirá si esta reforma, en el caso de que sea sancionada, inaugura un nuevo régimen laboral y abre, además, un nuevo ciclo de división sindical. Maquiavelo quizá no haya dicho nunca “divide y reinarás” e incluso puede que esté muerto, como sostuvo el Presidente. Pero su sombra sí que reaparece cuando el poder y las divisiones se cruzan en el mismo escenario.

JJD

El día en que puede cambiar la historia de la legislación laboral en la Argentina, con un giro que distintos gremios anticipan regresivo para los trabajadores y favorable a las empresas, la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió convocar a un paro del silencio: sin movilización, sin presencia orgánica en las calles, sin una concentración frente al Congreso. A pocas horas de que la Cámara de Diputados trate la media sanción llegada del Senado al proyecto de reforma laboral elaborado por el Gobierno de Javier Milei, son cada día más, y más elocuentes y enfáticas, las críticas de dirigentes de primera línea del sindicalismo a la decisión adoptada por la conducción de la principal central obrera del país.

Las objeciones no apuntaron a la necesidad de una medida de fuerza sino a su modalidad. Referentes sindicales cuestionaron que, ante una votación que definirá cambios en indemnizaciones, convenios colectivos, períodos de prueba y derechos colectivos, la central no haya impulsado una movilización masiva para presionar a los diputados. Para quienes reclaman presencia en el Congreso, la ausencia en la calle debilita la capacidad de intervención directa de los trabajadores en el momento clave del debate parlamentario.

Las expresiones de la UOM y ATE no son las primeras y se inscriben en ese clima de creciente malestar interno. En los días previos, referentes de aceiteros, bancarios y camioneros ya habían cuestionado la estrategia de la CGT frente al avance del proyecto oficial, con distintos matices pero una coincidencia central: la necesidad de combinar paro y movilización para no resignar capacidad de presión en el Congreso.

Osvaldo Lobato, secretario gremial de la CGT y dirigente de la UOM, confirmó que su organización no compartió la postura mayoritaria. “Creemos que hay que movilizarnos al Congreso, que es el lugar donde se va a discutir la ley, y se lo hicimos saber al consejo directivo”, afirmó en AM 530. La central resolvió el paro sin movilización tras un Zoom del consejo directivo en el que, según detalló, “mayoritariamente, no unánimemente, se tomó la decisión”.

Para Lobato, la eficacia de la conducción no se midió por la cantidad de paros sino por el resultado concreto de las medidas adoptadas. “Yo no creo que la capacidad de gestión de una organización como la Confederación General del Trabajo se mide por la cantidad de paros. Se mide por la efectividad de las decisiones y las medidas que toman”, sostuvo.

El dirigente advirtió que la reforma implica un retroceso estructural para quienes trabajan. “Hay puntos de la ley que son muy esenciales para la vida del movimiento obrero, para la vida del trabajador, y que si no hubiera sabido esto, directamente ni se discutirían”, planteó. También cuestionó la revisión anual de convenios colectivos: “Discutir convenios colectivos de trabajo todos los años es una locura. No podemos cerrar acuerdos salariales a veces en el año, vamos a estar discutiendo un convenio que tiene, no sé, quinientas páginas”.

En ese marco, Lobato rechazó la posibilidad de que esta CGT convoque a un paro por tiempo indeterminado. “Esta CGT no va a parar por tiempo indeterminado”, aseguró. Sin embargo, remarcó que la salida no es quedarse en la casa: “Yo creo que paro por tiempo indeterminado, pero hay que sacar la gente a la calle. Hay que mostrar el descontento. Si vos no mostrás el descontento, no llegás a nada. Hay que ir a la calle”.

La discusión no se limitó a la modalidad de la medida. Lobato también apuntó contra el rol de gobernadores y legisladores. “El gran responsable es el peronismo”, afirmó. Y agregó: “Gobernadores que son electos por el peronismo y después se hacen los personales y no les importa votar o mandar a los senadores o los diputados en contra de su propia gente”.

La disputa por la estrategia

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar fue aún más directo. El secretario general del gremio estatal calificó la estrategia de la CGT como insuficiente frente a lo que definió como “la mayor ofensiva que en democracia se recuerde contra los trabajadores y sus organizaciones”.

“Primero fue una movilización sin paro y ahora un paro sin movilización. Con este tipo de medidas va a ser muy difícil frenar a un gobierno que está completamente decidido a arrasar con todos y cada uno de nuestros derechos”, afirmó. Y agregó: “Hay dirigentes gremiales que le tienen miedo a la calle y los trabajadores no pueden pagar el costo de ese temor”.

Aguiar vinculó la discusión sindical con las modificaciones introducidas al proyecto en el Senado. Señaló que se eliminaron artículos que afectaban el financiamiento sindical, pero se mantuvieron aquellos que impactaron directamente en las condiciones laborales. “Se quitan justo aquellos artículos que perjudican a los sindicatos pero quedan los artículos que perjudican a los trabajadores”, sostuvo. Y cuestionó: “No podemos quedar desde el sindicalismo como que cambiamos plata por explotación, plata por más precarización”.

El dirigente estatal advirtió que la modalidad elegida dejó el escenario despejado para el tratamiento legislativo. “Parece hasta que estuviera acordado. Se la vamos a dejar servida a los diputados. Hay una clara intención de dejar vacías las calles para que puedan sesionar”, planteó.

En las últimas horas, el oficialismo consensuó con sectores aliados una nueva redacción del artículo que modifica las licencias médicas, uno de los puntos más cuestionados del proyecto. El objetivo es introducir ese cambio y votar la reforma este jueves en la Cámara de Diputados. Como el texto eventualmente aprobado por esta cámara sería modificado, debería volver al Senado —donde la media sanción ya salió con una mayoría de votos contundente— para su sanción definitiva.

Derechos consagrados, en riesgo

Para Aguiar, la reforma implica un cambio conceptual profundo. “El gobierno ha logrado reemplazar el concepto de derecho por el de privilegio”, afirmó. Y ejemplificó: “¿Es un privilegio cobrar dos veces al año el medio aguinaldo? ¿Es un privilegio que si me enfermo de cáncer y tengo que pasar por un proceso de quimioterapia, me sigan pagando el sueldo para poder sostener a mi hogar y mi familia?”.

ATE confirmó que sostendrá el paro con movilización. “De nada sirve un paro para quedarse en la casa. Cuando todos nuestros derechos están en riesgo, como ahora, nuestra casa, la casa de los trabajadores, es la calle”, afirmó.

La fractura expuso un malestar que excedió la coyuntura. Lobato reconoció que la convivencia interna es posible “por ahora”. Aguiar anticipó que, si la ley se aprueba, “hay una CGT que va a salir de este proceso absolutamente debilitada”.

El eje del conflicto no es solo la reforma laboral sino el modo en que el movimiento obrero decide enfrentarla. Hasta el cierre de esta nota, la conducción de la CGT no modificó la modalidad de la medida.

JJD

La reforma que modifica indemnizaciones, aportes sindicales y reglas de negociación colectiva ya superó el Senado con 42 votos afirmativos y quedó en manos de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirla en ley en las próximas semanas. El proyecto modifica más de 40 leyes y reconfigura aspectos centrales del régimen laboral.

Según el régimen aprobado, los empleadores que ingresen al esquema de formalización aportarán un 2% de contribuciones patronales y un 3% con destino a subsistemas de la Seguridad Social. Hasta hoy, esas contribuciones patronales a la Seguridad Social se liquidaron con alícuotas generales del 18% o del 20,40%, según el encuadre del empleador, de acuerdo con ARCA/AFIP.

Y en obras sociales, el proyecto mantuvo la contribución patronal del 6% prevista en la Ley 23.660, un punto que el dictamen original buscó reducir al 5%.

En paralelo, el Senado aprobó el capítulo de aportes compulsivos. El texto con media sanción estableció un tope del 2% de las remuneraciones para los aportes a favor de asociaciones de trabajadores, que hasta ahora variaron según cada convenio colectivo (por ejemplo, hubo acuerdos homologados con aportes solidarios del 1,5% o del 2,5%).

El proyecto también modificó alícuotas del Impuesto a las Ganancias, que pasaron del 30% al 27% y del 35% al 31,5%. Sin embargo, tras negociaciones con gobernadores, el oficialismo aseguró que no habrá recortes en Ganancias coparticipables, lo que preservó recursos provinciales . Sobre el financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), se resolvió postergar hasta el 1° de enero de 2028 la eliminación de asignaciones específicas que nutren su presupuesto .

Desde el sindicalismo y sectores académicos cuestionaron el alcance de la reforma. En un hilo publicado el 9 de febrero, el centro de estudios Fundar —organización dedicada al análisis y diseño de políticas públicas— advirtió que la ley habilita jornadas de hasta 12 horas con banco de horas, permite fraccionar vacaciones a criterio del empleador, debilita la negociación colectiva al trasladarla al ámbito de empresa y limita el derecho a huelga . También señaló que se creará un fondo para pagar indemnizaciones con recursos de la seguridad social .

El jefe del interbloque peronista, José Mayans, calificó el proyecto como “una ley abiertamente inconstitucional, que va a traer alta litigiosidad” . En el recinto sostuvo que “no va a generar trabajo esto. Este modelo no funciona, no le echen la culpa a los trabajadores” y cuestionó el tratamiento legislativo y la conformación de comisiones .

El impacto sobre quienes trabajan aparece como el núcleo del debate. La reforma habilita mecanismos de blanqueo sin sanción, reduce el cálculo de indemnizaciones y promueve esquemas como el banco de horas que, según dirigentes sindicales, trasladan poder de decisión al empleador. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, sostuvo que el banco de horas “lo decide el patrón, no el trabajador” y que el esquema “pone al trabajador en igualdad con el empleador, y eso es inconstitucional” .

La discusión se dio en un contexto de deterioro salarial. Según el Indec, el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación alcanzó el 27,9%, lo que implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales . En ese escenario, la Federación de Aceiteros advirtió que convocará a medidas de fuerza si la ley avanza .

Mientras se desarrollaba la sesión, en las inmediaciones del Congreso hubo represión y momentos de tensión con manifestantes. El Gobierno porteño informó que hubo alrededor de 40 demorados y una docena de detenidos, mientras que la Comisión Provincial por la Memoria afirmó que fueron 60. También se registraron heridos.

¿Y cómo está la Cámara baja para la batalla final?

En la Cámara de Diputados el oficialismo intentará acelerar el tratamiento del proyecto, con la intención de sancionarlo antes del inicio del período ordinario. Según pudo saber trabajAR, La conducción libertaria ya organizó un cronograma acotado en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto, lo que le permitiría llevar el dictamen al recinto en la última semana de febrero.

El Gobierno apuesta a consolidar una mayoría con el acompañamiento del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. El poroteo que circula en el oficialismo proyecta un número suficiente para alcanzar el quórum, aunque esa suma depende de acuerdos todavía abiertos con legisladores vinculados a gobernadores que plantearon reparos sobre el capítulo fiscal y sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral.

Ese fondo —que se financiaría con una retención del 3% del salario— aparece como uno de los puntos sensibles en la negociación. Algunos diputados plantearon interrogantes sobre su administración y sobre el impacto que tendría en empresas que no realicen despidos, lo que podría introducir tensiones en el tramo final del trámite parlamentario.

La definición en Diputados no sólo será política. De su votación dependerá si el esquema de indemnizaciones, aportes y reglas de negociación colectiva aprobado en el Senado se mantiene sin cambios o si se incorporan modificaciones que obliguen a devolver el texto a la Cámara alta, con el consiguiente retraso en su sanción definitiva.

JJD

Un pueblo de unos 700 habitantes del norte de España ganó el Gordo de Navidad y, sin embargo, no supo cómo cobrarlo. En Villamanín, una localidad de montaña de la provincia de León, la comisión de fiestas que había vendido participaciones del número premiado reconoció un error: había más papeletas en circulación que décimos reales que las respaldaran (el décimo es el cupón oficial de la Lotería de Navidad, el único que reconoce el Estado, aunque vender participaciones no es ilegal ni constituye fraude en España). El resultado fue un acuerdo frágil, una quita del premio a cada ganador y un conflicto que puso en tensión vínculos personales, expectativas económicas y la idea misma de justicia. El episodio, que podría leerse como una anécdota local, funciona en realidad como una endija por la que se ve algo mucho más grande: el Gordo de Navidad como fenómeno social, económico y laboral único en el mundo.

Para entender por qué un sorteo puede generar semejante conmoción —y por qué, al mismo tiempo, logra unir cada año a toda España— conviene explicar primero qué es, exactamente, el Gordo de Navidad. Se trata del principal premio del sorteo anual de la Lotería de Navidad, que reparte varios millones de euros y se celebra cada 22 de diciembre. El premio mayor es de 4 millones de euros y el Estado paga 400.000 euros por cada décimo del billete cuyo número haya salido sorteado (que en pesos argentinos, al tipo vendedor del euro de la pizarra del Banco Nación de este viernes son unos 700 millones) es decir, por cada décimo oficial de 20 euros. Cuando se dice que “un número ganó el Gordo”, lo que en realidad ocurrió es que cada décimo de ese número obtiene esa suma, que luego se reparte entre quienes lo comparten a través de participaciones. De ahí que un mismo número pueda “caer” en un barrio, una empresa o sólo entre los empleados de su área de ventas o su área de Recursos Humanos, un pueblo entero o cualquier institución pública o privada completa, multiplicando el impacto social del premio.

La dimensión del fenómeno se entiende mejor con un dato básico. España tiene alrededor de 48 millones de habitantes, una población muy similar a la de la Argentina, que ronda los 46 millones. Cada año, decenas de millones de personas participan del sorteo, ya sea comprando un décimo completo o alguna participación compartida. El Gordo atraviesa a la mayor parte de la población adulta y se integra a la vida cotidiana del país.

Como no todo el mundo puede o quiere gastar 20 euros (unos 35.000 pesos argentinos) en un décimo del billete, desde hace décadas existe una práctica informal pero masiva: las participaciones. Son fracciones de un décimo que venden asociaciones, sindicatos, comercios de barrio, escuelas o comisiones de fiestas (grupos de vecinos voluntarios, normalmente del pueblo, que se organizan para armar y financiar las fiestas patronales o de verano). El comprador juega, por ejemplo, cuatro euros al número y deja uno para financiar una actividad colectiva. Legalmente, la participación es un acuerdo privado entre personas: vale solo si detrás hay un décimo real que la respalde. No es un título oficial ni un instrumento financiero, sino una forma socialmente aceptada de repartir un premio potencial.

Ese sistema, basado en la confianza y en la escala pequeña, funciona casi siempre. Funciona porque las participaciones no circulan en abstracto, sino en espacios muy concretos del mundo del trabajo y de la vida cotidiana. Se venden en oficinas de empresas multinacionales —a veces por áreas o divisiones internas—, en pymes donde juegan todos los empleados, en talleres, en fábricas, en hospitales, en escuelas, en sindicatos. También en una farmacia de barrio, en un almacén, en un bar donde el dueño ofrece “el número de la casa” a los clientes habituales. Alguien pasa con una lista, anota nombres, junta el dinero, guarda el décimo en un cajón o en una caja fuerte improvisada. Se discute si el que entró hace poco “entra” o no entra. Se aclara que, si alguien deja el trabajo antes del sorteo, se le devuelve lo que puso o se acuerda que sigue participando igual. Todo eso ocurre en charlas de pasillo, en una pausa para el café, alrededor de una infusión caliente en pleno invierno o, a veces, al final de la jornada, compartiendo un albariño, un rioja o un cava. El Gordo se juega, ante todo, en el trabajo.

Por eso el problema de Villamanín no fue que existieran participaciones —eso es normal— sino que se vendieran más de las que podían respaldarse. El error pasó inadvertido mientras el número no salía premiado. El conflicto apareció cuando apareció el dinero. Y cuando apareció, lo que había que discutir ya no era una ilusión, sino un ingreso concreto.

Ahí el lenguaje cambia. Ya no se habla de suerte, sino de reparto. De quita. De acuerdo. De evitar juicios. De “perder todos un poco”. El conflicto se resolvió —al menos provisoriamente— como se resuelven muchos conflictos laborales: con negociación informal, presión comunitaria y sin acudir a los tribunales, con la idea de que es mejor cobrar que no cobrar nada.

Conviene, sin embargo, poner en contexto económico ese conflicto. La quita acordada fue, según los propios términos del arreglo, de entre el 2% y el 3% del premio que correspondía a cada ganador. No es un recorte insignificante, pero tampoco implica que el Gordo haya dejado de cumplir su función: quienes compraron de buena fe su participación o su décimo igual cobrarían y obtendrían ese ingreso extrasalarial que da sentido al ritual. El problema fue menos el monto perdido que el golpe simbólico al valor de la palabra, que opera como contrato en los pueblos, donde todos se conocen y donde cualquier conflicto se vuelve inevitablemente personal.

Ese punto es clave para entender por qué el Gordo importa tanto en el mundo del trabajo. El sorteo no interpela a grandes patrimonios ni a quienes viven de ingresos financieros. Interpela a trabajadores, cuentapropistas, jubilados. A personas para las cuales el salario ya no garantiza ascenso social ni estabilidad a largo plazo. Esto pasa en España; en la Argentina ya no alcanza ni para superar el umbral de la pobreza. El Gordo en España no se juega como inversión: se juega como posibilidad. Como un ingreso extrasalarial que, aunque improbable, es legítimo imaginar. Y esa imaginación no es individual: es colectiva.

A diferencia de otras loterías, el Gordo se juega en grupo. El número de la oficina, del taller, del hospital, del sindicato, de la escuela. El de la empresa multinacional donde cada departamento compra una participación. El de la pyme donde juegan todos, desde el dueño hasta el último incorporado. La compra del décimo o de la participación es una acción mínima, repetida por millones, que no distingue jerarquías ni ideologías. Todos hacen lo mismo. Todos esperan lo mismo. Nadie compite con nadie. Si toca en un lugar, no pierde otro. En términos laborales, el Gordo no premia mérito ni esfuerzo: redistribuye azar.

Eso explica por qué el sorteo atraviesa toda España, incluso comunidades con identidades propias muy fuertes como Cataluña o el País Vasco. El Gordo no pide adhesión política ni identidad nacional explícita. No representa al gobierno de turno ni a una idea militante de país. Es un ritual laico, previo a la política, que no divide. Comprar un décimo no es un gesto ideológico; es una forma de no quedarse afuera de una experiencia compartida. Por eso nadie lo boicotea.

También explica por qué no existe algo igual en otros países con economías estables. En Francia, Estados Unidos, Chile o Uruguay hay sorteos grandes y confiables, pero no hay un evento anual que combine acción colectiva, estabilidad institucional y aceptación cultural del azar. En muchos lugares, el juego está moralmente estigmatizado o confinado a espacios específicos. En España, en cambio, el azar convive sin culpa con el trabajo y una sociedad entera.

En la Argentina, el contraste es evidente. No existe un sorteo nacional con esa estabilidad ni ese consenso. La inflación, la endebleza institucional y la historia de cambios de reglas impiden que una lotería funcione como ancla simbólica. El lugar que en España ocupa el Gordo lo ocupa, de otro modo, el fútbol; más concretamente, la Selección en el Mundial: una pasión colectiva que suspende diferencias, organiza el calendario emocional y permite que una sociedad se piense junta. Pero mientras el fútbol une a través de la competencia y la épica, el Gordo une a través del reparto y la posibilidad compartida.

Villamanín mostró el límite del sistema: cuando el azar se vuelve demasiado real, la confianza se tensiona. Pero también mostró su potencia. Frente a un error millonario, una comunidad pequeña eligió negociar, repartir la pérdida y evitar la judicialización. No es poca cosa. En un mundo del trabajo cada vez más atomizado, donde el ingreso es incierto y la negociación colectiva se debilita, el Gordo de Navidad sigue funcionando —con todas sus contradicciones— como un raro dispositivo de igualdad simbólica.

No garantiza justicia. No corrige desigualdades estructurales. Pero una vez al año permite que millones de trabajadores imaginen lo mismo al mismo tiempo: que la suerte, por una vez, también puede jugar a favor de ellos.

JJD

La Plaza de Mayo fue más fuerte que el calendario parlamentario. Aunque el gobierno de Javier Milei había anunciado que su reforma laboral sería debatida y votada antes de fin de año, el Senado la postergó hasta febrero, luego de una jornada donde la presión sindical y las tensiones internas en el Congreso marcaron el pulso político.

El dictamen de comisiones se firmó el miércoles por la tarde, pero el tratamiento en el recinto se reprogramó para una próxima convocatoria a sesiones extraordinarias, a partir del 10 de febrero. La titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, lo comunicó personalmente, tras un plenario que estuvo al borde del colapso político y que solo pudo destrabarse con gestos hacia la oposición dialoguista.

“Hubiese sido un desastre”, reconoció un senador radical. Las negociaciones estuvieron frenadas buena parte del día, y la decisión de demorar el debate —inédita para un oficialismo que hace bandera de la velocidad legislativa— fue el resultado de una relación de fuerzas que excede al recinto.

La CGT en la calle: advertencia y plan de lucha

A esa misma hora, en el centro de Buenos Aires, la CGT protagonizaba su primera gran marcha contra el Gobierno, con todo el Consejo Directivo presente, columnas de sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda. La consigna fue clara: rechazar una reforma que consideran “entreguista” y “a favor de las grandes empresas”.

“No se genera trabajo sacando derechos, ni con jornadas más largas”, advirtió Octavio Arguello, cosecretario general, ante una multitud. El mensaje fue directo al Senado: “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los van a demandar”. La movilización cerró con una advertencia: si no hay marcha atrás, habrá paro nacional.

No fue una marcha testimonial, sino un gesto de fuerza y unidad. Estuvieron Hugo Moyano, Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Jorge Sola, y dirigentes como Axel Kicillof, Juan Grabois y José Mayans. Hubo incidentes menores, pero el mensaje de fondo fue político: la reforma no pasará sin resistencia.

Qué propone el proyecto: entre la flexibilización y la transferencia de recursos

¿De qué se trata la reforma que el Gobierno busca sancionar? Según el análisis de Juan Manuel Telechea en una publicación del portal Cenital, el proyecto busca reducir cargas patronales, abaratar despidos, limitar la protesta sindical y favorecer la flexibilidad horaria. Pero no hay garantías de que eso genere más empleo formal.

Uno de los puntos clave es el fondo de cese laboral. Las empresas aportarían un 3% mensual del salario, que se usaría para pagar futuras indemnizaciones. A cambio, dejarían de aportar esa misma proporción a la seguridad social. “La indemnización, en los hechos, la financiaría el sistema jubilatorio”, advierte Telechea.

Además, el proyecto amplía de tres a seis meses el período de prueba, quita del cálculo indemnizatorio ítems como el aguinaldo y otros adicionales, y mantiene un blanqueo laboral con perdón de deudas y multas que, según los datos disponibles, no logró resultados significativos.

La reforma también introduce un “banco de horas”, que permite reorganizar la jornada laboral sin pagar horas extra. Pero, sin protección gremial efectiva, el control sobre el uso del tiempo quedaría en manos del empleador. Es un esquema que debilita la negociación colectiva y diluye uno de los pocos márgenes de autonomía que tienen los trabajadores sobre su vida cotidiana.

La informalidad, excusa o problema

El argumento central del Gobierno es que la rigidez del sistema laboral actual impide la creación de empleo formal. Pero el propio texto del proyecto omite que el 90% del empleo no registrado se concentra en micro y pequeñas empresas, y que la gran mayoría de las medianas y grandes ya cumple con las normas.

¿Por qué entonces se proponen reducciones de cargas para todas las empresas, sin segmentación? Telechea sostiene que eso convierte una reforma supuestamente técnica en una medida regresiva: “Se transfiere recursos del Estado y los trabajadores hacia las empresas, sin generar incentivos efectivos para el blanqueo”.

Tampoco se incluyen reformas básicas que podrían mejorar la calidad del empleo: licencias por nacimiento, por ejemplo, siguen igual que hace 50 años. Para el padre, dos días. Para la madre, trece semanas.

Derecho a huelga y libertades sindicales en jaque

Uno de los puntos más controvertidos es la limitación al derecho constitucional de huelga. El proyecto establece un “servicio mínimo” del 50% en casi todas las actividades —alimentación, bancos, comercio electrónico, medios de comunicación—, lo que en la práctica implica vaciar de fuerza la protesta gremial.

Es un salto cualitativo en la conflictividad estructural: el Gobierno intenta regular la protesta desde una lógica empresarial, desconociendo su función social y su resguardo legal. En este punto, la reforma no busca solo cambiar normas laborales: busca disciplinar políticamente al movimiento obrero.

Lo que se posterga (por ahora)

El tratamiento en el Senado quedó fijado para febrero, en un nuevo período de sesiones extraordinarias. La postergación fue un revés parcial para el oficialismo, que logró el dictamen gracias a un acuerdo con sectores del radicalismo, el PRO y algunos peronistas disidentes. Pero la grieta parlamentaria está abierta, y el conflicto social escalando.

La CGT anunció que el plan de lucha continuará, con protestas y posibles paros sectoriales. El Gobierno, por su parte, apuesta a ganar tiempo para acumular votos, mientras avanza con otras reformas paralelas, como el Presupuesto 2026 y la ley de “inocencia fiscal”.

¿Una reforma laboral sin trabajo?

El telón de fondo es más profundo que un proyecto de ley. Lo que se discute no es solo cómo despedir, contratar o registrar, sino quién define las condiciones del trabajo en la Argentina del siglo XXI: si el mercado, el Estado, o los trabajadores organizados.

La experiencia muestra que con este mismo régimen laboral, entre 2004 y 2011, la economía generó más de 2 millones de puestos formales y redujo la informalidad. No fue por una reforma laboral, sino por crecimiento económico sostenido y políticas públicas activas.

La reforma Milei puede terminar siendo un nuevo episodio de una vieja historia: flexibilizar sin crecer, ajustar sin incluir. Por ahora, la calle impuso un límite. Pero la disputa recién empieza.

JJD

“La sociedad no existe. Sólo existen individuos, hombres y mujeres, y familias”.

La frase pertenece a Margaret Thatcher, símbolo del neoliberalismo global, y sintetiza una visión donde los derechos colectivos son un estorbo para el mercado. Javier Milei no oculta su admiración por esa mirada y por la propia expremier británica: su proyecto de reforma laboral propone traducir esa consigna en política concreta.

La Argentina es hoy la tercera economía de América Latina, pero en materia de política laboral avanza en sentido opuesto a las dos primeras. Mientras Brasil y México —con gobiernos de izquierda— impulsan reformas que reducen la jornada laboral y fortalecen la negociación colectiva, el oficialismo argentino promueve un proyecto que flexibiliza, desregula y erosiona la arquitectura de derechos laborales.

La reforma de 182 artículos filtrada esta semana confirma lo que ya se venía anunciando: la intención del presidente Javier Milei de redefinir el trabajo como una relación individual, sin mediación gremial, con derechos recortados y poder concentrado en el empleador.

Una estrategia de descolectivización

El núcleo ideológico del proyecto es claro: romper la fuerza organizativa del trabajo. Al habilitar convenios por empresa, fragmenta la negociación sectorial, base histórica del sistema argentino de paritarias. Esta lógica debilita a los gremios, obliga a cada planta a negociar condiciones distintas y desarma la capacidad colectiva para discutir salarios. Es un modelo atomizador, que sigue la regla de “divide y reinarás”. Los convenios por empresa ya figuraban en borradores previos. Lo venía anunciando a viva voz, el Federico Sturzenegger, siempre sonriente, convencido de que está dando buenas noticias permanentemente.

Descolectivizar es desorganizar, y desorganizar es hacer que cada trabajador enfrente solo a su empleador. En ese esquema, reclamar deja de ser un derecho colectivo para volverse un riesgo individual.

La magnitud del impacto no es menor: más del 70% de los trabajadores registrados están alcanzados por convenios colectivos de actividad. Su desarticulación significaría desmantelar uno de los pilares centrales de la estructura laboral argentina, vigente desde mediados del siglo XX y clave en la recuperación económica post 2001

Salario por productividad: una idea tentadora que puede ocultar inequidad

El Gobierno sostiene que quiere “modernizar” el mercado laboral. Uno de sus argumentos es reemplazar los aumentos generales por esquemas de productividad, donde cada trabajador podría ganar más si produce más. En teoría, suena justo. En la práctica, convierte el salario en un premio discrecional, sometido a criterios poco transparentes y fácilmente manipulables.

Además, desconoce las desigualdades estructurales entre empresas: no es lo mismo una pyme que una multinacional, ni un taller textil que una planta automotriz. Al desligar los sueldos del marco paritario y atarlos al rendimiento individual, se introduce una competencia interna constante entre trabajadores que desgasta, precariza y erosiona la solidaridad gremial.

El oficialismo lo defiende como un mecanismo de eficiencia. Pero no hay productividad posible cuando las condiciones básicas —como estabilidad, descanso y previsibilidad— se ven recortadas.

La vuelta al trabajo como mercancía

El proyecto también incluye:

En conjunto, estas medidas desarman el concepto de trabajo como derecho y lo reconfiguran como mercancía bajo reglas de mercado. Un producto que se ofrece, se pacta y se extingue sin protección ni comunidad.

Tampoco se incluyen disposiciones sobre licencias parentales, cuidados ni perspectiva de género, a pesar de los reclamos del movimiento feminista y del peso creciente del trabajo reproductivo en la agenda laboral.

El contraste regional: Lula y Sheinbaum, el espejo invertido

Mientras tanto, Lula en Brasil y Sheinbaum en México defienden el camino opuesto. El presidente brasileño propuso reducir la jornada legal de 44 a 40 horas, cuestionando que el aumento de la productividad no haya sido devuelto en tiempo libre. La mandataria mexicana impulsa una ley que llevará la jornada a 40 horas sin baja de salarios, con amplio consenso sindical y empresarial.

Ambos casos tienen algo en común: parten del supuesto de que el trabajo no debe adaptarse al mercado, sino al bienestar social. En cambio, Milei parte de la premisa contraria: que el mercado es el único ordenador posible, y que el Estado debe retirarse incluso cuando se trata de garantizar derechos básicos.

La reforma argentina no surge de foros de consulta ni de diagnósticos participativos, como en México, ni busca redistribuir los frutos del crecimiento, como plantea Lula. Es una reforma escrita desde la cúpula, con base empresarial, sin mediación sindical ni política, impulsada en un contexto de recesión, pérdida salarial y conflictividad social creciente.

Lo que está en discusión no es solo un nuevo régimen laboral sino qué tipo de ciudadanía se construye a través del trabajo. El modelo Milei propone una ciudadanía individual, fragmentada, disciplinada por el mercado. Sin paritarias, sin convenios por actividad, sin estabilidad, el trabajador se convierte en una variable más del cálculo empresarial.

“La sociedad no existe. Sólo existen individuos, hombres y mujeres, y familias”, fue una potente declaración de Thatcher, que reflejaba su ideología neoliberal y su defensa del individualismo, enfatizando la responsabilidad personal y familiar sobre el rol del Estado. La mandataria es venerada abiertamente por Milei, quien reivindica su figura en entrevistas y discursos, y replica su doctrina de desregulación, antisindicalismo y ruptura del Estado como garante de derechos colectivos.

La reforma laboral propuesta en la Argentina puede leerse como una traducción literal de esa frase: un intento de desmantelar los marcos colectivos —convenios, sindicatos, paritarias— que reconocen al trabajo como una dimensión social y no meramente contractual.

La Argentina no solo se aísla de sus principales socios regionales. Rechaza el rumbo progresivo que la región empieza a explorar en el mundo del trabajo y avanza en una dirección solitaria, de alta conflictividad y con riesgos institucionales.

Una modernización sin derechos es otro ajuste más de este gobierno, con otro nombre.

JJD

En el próximo verano, en apenas poco más de tres meses, Starlink dejará de ser el único gran actor del internet satelital en la Argentina. De la mano de DirecTV Latin America, el país comenzará a recibir el servicio del Project Kuiper, la iniciativa de Amazon que promete velocidades más altas e, inclusive, precios más bajos para las familias. Será la primera competencia directa para el sistema creado por Elon Musk, que hoy concentra casi el 90% de ese mercado.

Analistas del sector de las telecomunicaciones interpretaron, en diálogo con elDiarioAR, la decisión de Telecom Argentina —controlada por el Grupo Clarín— de avanzar en la compra de Telefónica como un intento de adelantarse a lo que observan ya desde hace un tiempo como una globalización del negocio.

Los nuevos competidores, como Starlink, de Musk, Amazon con Kuiper y AMX con Claro, cuentan con una capacidad de inversión y un despliegue planetario que resulta inalcanzable para las empresas locales. Para poder competir, sostienen, los jugadores nacionales necesitan escalar y consolidarse. De ahí la “racionalidad” de la operación que impulsa Clarín, que todavía no está firme: está en proceso de aprobación.

Clarín buscar fortalecerse en el negocio del 5G, donde podría concentrar el 65% del mercado tras ejecutar la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom Argentina.

La irrupción de Amazon en la Argentina ya no es sólo el e-commerce

Starlink, la empresa creada por Musk, llegó al país en 2023 y registró un crecimiento inicial fuerte, pero luego se amesetó por la saturación de capacidad satelital en algunas zonas. Hoy tiene 200.000 clientes en la Argentina y 6 millones en el mundo.

Entre los competidores figuran Orbith, con operaciones en la Argentina, Chile y Paraguay desde 2017, y la uruguaya Gallus Comunicaciones.

Ahora se suma DirecTV Latin America, que desarrollará el mercado de internet satelital del Project Kuiper, la iniciativa en la que Amazon invierte US$10.000 millones.

Según pudo saber elDiarioAR, la idea es empezar “a fin de año, pero eso depende mucho de los tiempos de Amazon y del lanzamiento de los cohetes con los satélites”. Con seguridad esperan que a partir de los próximos tres meses el servicio ya esté disponible.

Project Kuiper busca llevar internet de alta velocidad a todo el mundo mediante satélites en órbita baja. Pretende competir con Starlink y ofrecer conexión en zonas rurales o sin cobertura. Su llegada refuerza la idea de que la competencia se vuelve cada vez más global y más fuerte.

El rol del Grupo Werthein

La empresa de Jeff Bezos firmó un acuerdo con el Grupo Werthein para que DirecTV y SKY Brasil comercialicen Kuiper en siete países, incluida la Argentina. A los Werthein se les reconocen credenciales por haber transformado Telecom entre 2003 y 2017.

Liderados por Darío Werthein, uno de los principales accionistas del Grupo Werthein y presidente de una de sus empresas Vrio Corp., compraron DirecTV y SKY en 2021 e invirtieron cientos de millones de dólares para ofrecer fibra óptica a 40 millones de hogares en América Latina.

Cabe aclarar que en estas operaciones no tiene nada que ver el canciller actual de Javier Milei, Gerardo Werthein, que pertenece a la familia propietaria de DirecTV, pero dejó sus acciones hace ya varios años.

Proyecto nuevo, alianza antigua

En junio de 2024, Werthein firmó en Seattle una alianza de al menos diez años con Amazon. Desde entonces, ambos equipos preparan la comercialización de las antenas desde 2026.

“Las pruebas técnicas del servicio lograron más de 1 Gbps de velocidad, lo que posiciona su servicio como el más veloz del mundo”, publicó Werthein en LinkedIn.

La noticia había sido revelada antes por Rajeev Badyal, vicepresidente de tecnología de Kuiper, tras pruebas con antenas para empresas. “Estoy muy emocionado de ver esto y espero llevar este nivel de rendimiento a nuestros clientes”, agregó Panos Panay, director de Amazon Devices & Services.

Cómo pretenden diferenciarse de Starlink

La constelación Kuiper comenzó en abril y ya tiene más de 100 satélites en órbita. El 25 de septiembre se lanzará el quinto cohete desde el complejo espacial 41, Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida.

La constelación superará los 3.200 satélites. Los primeros orbitan a 630 km de la Tierra y, según Badyal, “esta es la primera antena comercial que ofrece más de un gigabit por segundo desde la órbita terrestre baja”.

En DirecTV destacan que los satélites ya están funcionando y que las pruebas no son teóricas: alcanzaron más de 1 Gbps de descarga.

Las pruebas iniciales fueron de descarga de información; en breve publicarán las de carga, clave para establecer la simetría del servicio (que la velocidad de bajada y de subida sean equivalentes).

La antena estándar de Kuiper, dirigida a hogares, debería ofrecer hasta 400 Mbps, superando lo que hoy dispone Starlink en el país.

En una primera etapa, DirecTV y SKY ofrecerán el servicio a hogares, y más adelante a empresas. Los planes serían en moneda local y podría haber financiamiento para la antena. El gran diferencial será el servicio técnico a domicilio, algo que Starlink no brinda.

Tarifas y comparaciones

Starlink ofrece hoy una antena por $280.000 y servicios de 100 a 250 Mbps por $38.000.

Orbith cobra $120.000 por la antena y $43.750 por 100 Mbps, con un descuento del 30% por seis meses.

En DirecTV aseguran que aún no tienen precios para comentar, dada la volatilidad de la economía argentina, pero prometen “asequibilidad” para reducir la brecha digital.

Opiniones de usuarios y expansión local

Uno de los primeros usuarios domiciliarios de Starlink fue el economista Antonio Aracre, hoy afiliado a La Libertad Avanza. “Starlink es algo fabuloso, anda perfecto, tiene un alcance muy bueno (…) Es velocísimo y no se corta jamás”, dijo a este medio.

Agregó que el costo es muy bajo, menos de $70.000 por mes, y recordó que pagó cerca de $500.000 por el módem cuando arrancó el servicio, mientras que hoy cuesta $280.000.

El mercado de banda ancha móvil en Argentina está concentrado en Claro (AMX-Carlos Slim) y Personal y Movistar (de Clarín), además de pymes y cooperativas. En paralelo, DirecTV comenzó a jugar en fibra con presencia en CABA, Córdoba, Mendoza y San Juan.

La banda ancha fija superó el 80% de los hogares en 2024, pero aún hay un 20% de la población (9,14 millones de personas) sin acceso a internet fijo. En ese segmento, la conectividad satelital es la opción más eficiente.

El frente judicial y regulatorio

La CNDC había dictado una cautelar para frenar la compra de Telefónica por Telecom, pero la Justicia la suspendió en junio. La medida cayó, pero el proceso de aprobación administrativa —con varias etapas formales— sigue su curso.

En este escenario, Milei busca frenarla, mientras que Clarín procura avanzar con el argumento de que la consolidación es necesaria para enfrentar a competidores globales.

JJD

“El Presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad”. La frase no proviene de un opositor partidario, sino de Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), y resume el espíritu con el que miles de trabajadores y trabajadoras marcharán este miércoles desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. En la antesala de una jornada clave en la Cámara de Diputados, que tratará los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, los salarios son uno de los ejes de un conflicto que crece.

Según los recibos de sueldo correspondientes a agosto, un enfermero del Garrahan con 35 horas semanales de tareas cobró entre $849.678 y $1.243.283, dependiendo de su categoría y antigüedad. Un técnico del hospital especializado en hemodiálisis, con 42 horas semanales, recibió $1.039.101 de salario neto. Un auxiliar administrativo cobró $958.372, mientras que un auxiliar de jardín obtuvo $849.678. El caso de Gerardo Oroz, delegado de ATE y auxiliar de farmacia, es ilustrativo: “Mi salario es de $960.000 y el inicial en mi categoría es de $800.000. La diferencia, incluso con años de antigüedad, es muy baja”, dijo a elDiarioAR.

No se trata de trabajadores precarizados o contratos temporarios, es personal altamente calificado, profesionales con mucho más de diez años de servicio en un hospital pediátrico de referencia internacional. ¿Cómo llegó a este punto un emblema de la salud pública como el Garrahan?

La respuesta está en el ajuste. Como denunció la APyT, el Gobierno mantiene congelado desde hace un año el ítem de recursos genuinos, que debería actualizarse con la recaudación de prepagas y obras sociales. Actualmente representa $200.000 por trabajador, pero según los gremios debería rondar los $540.000 para equipararse con la inflación del último año. Se trata de un componente clave del salario en el hospital, financiado por el propio sistema y no por el Tesoro Nacional, que el Ejecutivo decidió no actualizar.

La situación de los docentes universitarios no es distinta. De acuerdo con las escalas salariales de febrero de 2025, un profesor titular con dedicación exclusiva y sin antigüedad cobra $1.034.507 brutos. Tras los descuentos, el salario neto queda en aproximadamente $837.950. Para alcanzar los $2 millones, un titular debe contar con más de 20 años de antigüedad, un posgrado de doctorado y dedicación exclusiva. En la mayoría de los casos, los docentes con máxima jerarquía y formación apenas rozan los $1.500.000 de bolsillo.

Un profesor adjunto, con más de diez años en el cargo, percibe entre $1.200.000 y $1.400.000 brutos. Los cargos más bajos, como los auxiliares de primera, apenas superan los $579.000 netos al iniciar su carrera. Además, el Gobierno eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que representaba una ayuda complementaria de $16.450 por cargo. Esta decisión redujo aún más el poder adquisitivo de miles de docentes preuniversitarios.

Los datos muestran que la diferencia entre el salario inicial y el alcanzado con años de antigüedad no supera, en promedio, el 20 o 30%. Esto implica una carrera congelada en términos reales. En palabras de Oroz: “La diferencia entre un ingreso inicial y uno con 10 años en el hospital es mínima. El reconocimiento a la trayectoria desapareció”.

Mientras tanto, el Gobierno de Javier Milei defiende su decisión de vetar las leyes votadas en el Congreso con el argumento de que implicarían un aumento insostenible del gasto. En el texto oficial, se afirma que “una expansión del gasto sin respaldo real derivaría en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de salarios”. Sin embargo, los salarios actuales ya se encuentran erosionados, sin necesidad de emisión alguna.

Se trata de dos sectores clave para el funcionamiento del Estado. La salud pediátrica de alta complejidad y la educación superior gratuita son pilares de la democracia argentina. Ningún gobierno anterior, desde 1983, se había atrevido a desfinanciarlos de manera tan brutal. La gestión Milei achica el Estado cada día, pero sigue cobrando a los ciudadanos los mismos impuestos que prometió bajar.

Los trabajadores que hoy marchan no reclaman privilegios, sino salarios acordes a su formación, experiencia y responsabilidad. Mientras atienden a niños con enfermedades críticas o forman a las futuras generaciones, cobran sueldos que apenas alcanzan para llegar a fin de mes. ¿Qué puede esperarse de un país que desoye las demandas de quienes lo sostienen desde sus hospitales y sus aulas?

JJD

La industria argentina sigue funcionando a media máquina. En julio de 2025, el uso de la capacidad instalada en el sector fabril se ubicó en apenas 58,2%, lo que representa una caída respecto del mismo mes del año pasado, cuando el nivel había sido de 59,5%. El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC] y confirma una tendencia de estancamiento productivo que se mantiene desde principios de año.

El concepto de capacidad instalada mide cuánto de todo el potencial productivo real de una industria se está utilizando: si una fábrica tiene condiciones para producir 100 unidades por día, pero produce solo 58, está usando el 58% de su capacidad instalada. Lo que queda sin usar se llama capacidad ociosa. En este caso, más de cuatro de cada diez máquinas, líneas de montaje o instalaciones estuvieron paradas o trabajando por debajo de su nivel posible.

Ese margen ocioso puede deberse a muchas causas: caída en la demanda, dificultades para importar insumos, suba de costos, problemas financieros o, simplemente, falta de pedidos. Lo que queda claro es que la industria podría producir más, pero no lo está haciendo. Cuando esto se repite mes a mes, se convierte en un síntoma de freno económico.

Según el informe, solo cinco de los doce bloques industriales relevados trabajaron por encima del promedio general. El mayor nivel de utilización se registró en refinación del petróleo (81,7%), seguido por productos alimenticios y bebidas (65,2%), industrias metálicas básicas (63,9%), papel y cartón (60,6%) y sustancias y productos químicos (59,9%).

En el resto de los sectores, el uso fue inferior al promedio. Los productos de caucho y plástico apenas usaron el 43,2% de su capacidad, la industria automotriz llegó al 44,1%, y los productos textiles al 44,4%. También se ubicaron por debajo del promedio los rubros de tabaco (46,5%), metalmecánica excluida la industria automotriz (48,7%) y edición e impresión (52,5%).

Las mayores caídas interanuales se dieron en dos sectores clave: el químico y el automotor. En el caso de sustancias y productos químicos, el uso de la capacidad instalada bajó de 65,7% en julio de 2024 a 59,9% en julio de este año. El INDEC explicó que esto se debe a una menor producción de detergentes, jabones y productos químicos básicos. Según el Índice de producción industrial manufacturero, esas líneas cayeron 15,5% y 12,2% interanual, respectivamente.

En la industria automotriz, el nivel cayó de 52,2% a 44,1% en un año. La explicación es directa: las terminales fabricaron menos unidades. Esta baja tiene un impacto importante porque es un sector que mueve muchas otras ramas industriales, como autopartes, metalúrgica, plásticos y pinturas.

Otro sector afectado fue el de productos textiles, que retrocedió del 49,0% al 44,4%, debido a la menor producción de hilados de algodón y tejidos. También hubo una leve baja en productos alimenticios y bebidas, que pasaron de 65,4% a 65,2%, principalmente por la menor molienda de oleaginosas. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ingreso de grano de soja a molienda cayó un 14,1% interanual.

El informe del INDEC incluye también la evolución mensual del uso de capacidad instalada en lo que va del año. En 2025, los valores fueron: enero (55,0%), febrero (58,6%), marzo (54,4%), abril (58,2%), mayo (58,6%), junio (58,8%) y julio (58,2%). Salvo una leve suba en el segundo trimestre, el indicador muestra estabilidad en torno al 58%, sin señales claras de repunte.

En cambio, en la segunda mitad de 2024, los niveles habían superado el 60% durante varios meses: agosto (61,2%), septiembre (62,2%), octubre (63,0%) y noviembre (62,3%). Comparado con esos meses, la industria actual está funcionando con menor intensidad.

Para elaborar este informe, el INDEC realiza un relevamiento mensual entre 600 y 700 empresas manufactureras. Se consulta a cada una cuánto produjo en el mes y cuánto podría haber producido si usaba toda su capacidad. A partir de esas respuestas, se calcula el porcentaje general y el de cada sector. El indicador se construye sobre la base del valor agregado industrial de 2004, año base vigente.

En términos simples, la utilización de la capacidad instalada es un termómetro de cuánto se está aprovechando el aparato productivo existente. Un valor alto indica actividad intensa; uno bajo, como el actual, revela que hay recursos disponibles que no están siendo usados. Si la situación persiste, puede traducirse en menos empleo, menos inversión y menos crecimiento.

A pesar de algunas señales de estabilidad mes a mes, la foto de julio muestra que la industria argentina sigue lejos de su potencial. Sin una reactivación de la demanda o medidas que estimulen la producción, el sector difícilmente logre despegar en lo que resta del año.

JJD

Después de que Axel Kicillof le ganara por paliza las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, Javier Milei ratificó la continuidad de su plan de ajuste. Y una prueba de ello fue que esta semana le tocó nada menos que al organismo encargado de prevenir y accionar contra las adicciones a las drogas, la Sedronar, que cerró una treintena de centros destinados a cumplir, justamente, ese objetivo.

Mientras el consumo problemático crece en los barrios y el comercio ilegal de estupefacientes gana terreno, el Gobierno eliminó 32 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), dispositivos claves gestionados por la Sedronar y organizaciones sociales. El argumento oficial fue que presentaban “irregularidades”, pero desde los territorios lo niegan rotundamente y denuncian un vaciamiento deliberado. La motosierra mileítica le tocó a los centros que buscan alejar a los jóvenes de la droga.

El personal de la Sedronar alertó que cerrar las CAAC es condenar a miles de jóvenes a vivir sin apoyo en contextos vulnerables. “Empezaron con los que están conveniados con organizaciones sociales. Este programa tiene más de diez años y atravesó cuatro gobiernos, porque realmente funciona”, explicó Fernanda Popolizio, psicóloga y referente de Casa Pueblo. En diálogo con elDiarioAR, aseguró que el recorte se concentra en los dispositivos ligados a los movimientos sociales, no a las iglesias.

Este jueves, varias organizaciones realizaron una movilización frente al Ministerio de Salud, que encabeza Mario Lugones, bajo el lema “Cuidar las CAAC es cuidar la vida en los barrios”. Lugones asumió el 27 de septiembre de 2024, hace ya casi un año, en reemplazo de otro Mario, Russo, cuya única política pública para prevenir el dengue en el verano del año pasado, fue no usar pantalones cortos porque los mosquitos pican mucho en los tobillos.

A Lugones casi no se lo escuchó públicamente en estos once meses de gestión, pese a la magnitud de los recortes en su área. Sólo por mencionar uno: en recursos y personal clave en el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones.

Desde la Secretaría, que ahora depende de ese ministerio, justificaron la baja de los centros con un informe de auditoría interna. Argumentaron que las unidades cerradas no contaban con equipos profesionales completos, ni con suficiente frecuencia de atención. Sin embargo, trabajadores y usuarios aseguran que la evaluación fue arbitraria. En algunos casos, ni siquiera se realizó presencialmente. En los barrios, según personal de la Sedronar consultados por este medio, también desmienten categóricamente que el dispositivo funcionara mal. Al contrario, lo valoran especialmente como una forma de rescatar a tantos jóvenes a los que el propio Estado no les da oportunidades y terminan consumiendo drogas y metiéndose en el negocio ilegal de la venta, con el riesgo cierto de morir jóvenes, por sobredosis o por ajustes de cuentas.

Se estima que unos 300.000 jóvenes en todo el país necesitan asistencia por su consumo problemático de drogas. Y datos oficiales recientes del Ministerio de Salud porteño señalan que el consumo problemático de sustancias en barrios vulnerables aumentó un 15% en el último año, estrechamente vinculado a la pobreza, la violencia y la exclusión social, un desafío que exige respuestas integrales y colaborativas.

elDiarioAR ya publicó meses atrás que desde que asumió Milei hay una baja considerable de programas de acompañamiento y de formación profesional, así como retrasos de pagos y recortes en la Sedronar, que conduce Roberto Moro, quien ya ocupó el cargo en tiempos del macrismo. Además del cierre de los centros, como se denunció esta semana, desde el organismo buscan que los subsidios que se entregan a espacios de asistencia no se utilicen más para pagar el aporte de profesionales –psicólogos, por ejemplo– y que solo puedan rendirse la compra de alimentos o materiales.

La problemática ya generó en junio pasado que una fuerte reacción de la Iglesia, que mantienen una red de centros barriales para acompañar a personas con problemas de consumo conocidos como Hogares de Cristo. “La retirada del Estado es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”, denunció en su momento la Conferencia Episcopal.

Críticas al nuevo recorte de Milei

Desde la provincia de Santa Fe, la diputada Varinia Drisun advirtió que el cierre de las CAAC representa un “golpe mortal a las políticas públicas de salud”. Sostuvo que el abordaje de los consumos problemáticos exige equipos formados, estables y bien remunerados. “El recurso humano es la principal tecnología con la que contamos, y hoy está siendo atacado y reducido”, señaló.

Drisun remarcó que sin un sistema de salud robusto no puede haber una estrategia seria para el acompañamiento de los consumos. “El Gobierno nacional no solo continua debilitando al personal de la Sedronar sino que desfinancia el sistema de salud, además de la falta de un plan nacional de salud. Sin sistema de salud no hay salud mental, y sin salud mental no hay abordaje posible del consumo problemático”, aseguró.

El abordaje de los consumos problemáticos requiere equipos formados, capacitados y comprometidos, con estabilidad laboral y salarios dignos. El recurso humano es la principal tecnología que tenemos y hoy está siendo atacado y reducido

Varinia Drisun — médica y diputada provincial de Santa Fe del Partido Sociaslista

Destacó además que en Santa Fe existe una política activa impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro, que sostiene el trabajo territorial a través de Aprecod [Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones], que articula y financia instituciones que atienden esta problemática en conjunto al sistema publico de salud santafesino. “A pesar del contexto nacional, los equipos interdisciplinarios de salud siguen atendiendo en centros de salud, hospitales generales y hospitales especializados, en el marco del plan provicial de salud mental con presupuesto y decisión política”, explicó.

Drisun enfatizó “la precarización histórica de la Sedronar con sus trabajadores”, a la vez que “al Estado siempre le costó hacerse cargo de la atención de los consumos, delegando muchas veces la atención en organizaciones sociales”. Ahora —continuó Drisun—, el Gobierno no solo continúa debilitando al personal de la Sedronar, sino que también avanza en el desmantelamiento del Hospital Nacional Laura Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones.

En los barrios, el cierre de las casas comunitarias se siente como una traición: donde antes había un lugar para hablar, comer, hacer un taller o simplemente ser escuchado, ahora queda un portón cerrado. La motosierra achica el Estado y también las esperanzas.

JJD/MC

Dijo que no iba a insultar más. Que había llegado el tiempo de debatir ideas y no de ofensas. Lo afirmó el 5 de agosto, en el acto de la Fundación Faro, al presentar a los llamados voceros de la libertad: “Voy a dejar de insultar a ver si están en condiciones de debatir ideas”, desafió Javier Milei. La frase buscaba un gesto de madurez política, incluso de institucionalidad. Pero fue otra farsa. El repaso de los siete discursos oficiales de agosto, publicados por la propia Casa Rosada, muestra que el Presidente no bajó un cambio. Al contrario, metió quinta.

En el mes previo a las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, el jefe de Estado multiplicó las descalificaciones. Y lo hizo desde atriles solemnes: cadenas nacionales, foros empresariales, conferencias internacionales. Lo que prometió como moderación derivó en un festival de diatribas.

Ya en la cadena nacional del 8 de agosto, donde anunció medidas para blindar el “déficit cero”, Milei arremetió contra la oposición parlamentaria: “No vamos a negociar el superávit con ningún degenerado fiscal”. Y advirtió que vetaría “cada cosa que inventen” en el Congreso.

Una semana más tarde, en el Liberty International World Conference en Buenos Aires, el tono fue similar. Milei habló de “los políticos que destruyeron el país” y volvió a cargar contra “la casta parasitaria”. Allí reafirmó que quienes cuestionaban su programa eran “brutos ignorantes” incapaces de entender la economía.

El 21 de agosto, en el Council of the Americas, fue más directo: “A los que viven del choreo del Estado, a esos ladrones parásitos, les decimos que se les acabó el curro”. Y acusó a los economistas críticos de ser “chantas que no pegaron una”.

Un día después, en la Bolsa de Comercio de Rosario, la escalada verbal llegó a nuevas cumbres. Allí calificó a sus adversarios de “kukas”, “orcos” y hasta “sodomitas del capital”, expresión que provocó estupefacción en el auditorio empresarial. También reiteró que sus enemigos eran “degenerados fiscales” dispuestos a prender fuego el país.

El 25 de agosto, en la inauguración del nuevo edificio de Corporación América, Milei recordó anécdotas de su paso por la empresa de Eduardo Eurnekian, pero no resistió el impulso de embestir contra la prensa: habló de “periodistas mentirosos, rastreros, miserables que dicen que llegamos de manera improvisada”.

Finalmente, el 28 de agosto en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Milei dejó otro racimo de improperios. Habló de “una banda de facinerosos” enquistados en el Congreso, de “brutos ignorantes” en la oposición y de “economistas imbéciles” que no entienden el equilibrio general. Y no olvidó la zoología: “No se puede jugar a hacer tablas con los orcos. Hay que ganar siempre”.

La bravuconada como estilo

Lejos de morigerarse, la retórica presidencial se consolida como método. Milei ha convertido la chabacanería en un instrumento de gobierno, una forma de dividir y de reafirmar liderazgo desde el desprecio. No se trata de exabruptos aislados sino de un lenguaje político sistemático, que degrada al adversario y lo reduce a la categoría de enemigo absoluto.

La paradoja es evidente: el mismo presidente que juró dejar los agravios multiplicó insultos en los foros más relevantes del mes. Y lo hizo con un tono de bravucón triunfal, sin reparar en que la erosión social se profundiza.

El espejo bonaerense

El capítulo bonaerense refuerza esa contradicción. Axel Kicillof, blanco preferido de sus ataques, terminó consagrándose en su distrito. Milei lo había tildado de “hijo de puta”, “zurdo imbécil”, “cáncer”, “mentiroso”, “inútil” y “delincuente”. Nada de eso impidió que el gobernador se consolidara, mientras el oficialismo nacional quedaba maltrecho.

Ese espejo abre la pregunta: ¿seguirá Milei cultivando el estilo beligerante y chabacano como marca registrada, aun cuando los resultados electorales lo contradicen? ¿O el voto bonaerense lo obligará a recalibrar?

La sociedad frente al agravio

El uso cotidiano del insulto desde la cúspide del poder tiene efectos sociales profundos. Naturaliza la agresión como lenguaje político, legitima la violencia verbal y erosiona la posibilidad de un debate democrático. Cuando el Presidente llama “sodomitas del capital” o “degenerados fiscales” a sus adversarios, habilita a que todo desacuerdo sea concebido como traición.

El problema no es sólo estético o de formas: es de fondo. El Estado se convierte en altavoz de la bravuconada, y lo que debería ser discusión de políticas públicas queda reducido a una pelea de insultos. El resultado es una sociedad más crispada, más intolerante y más fragmentada.

¿Y qué tal en la red social preferida del Presidente?

Allí Milei siguió denigrando en lo que va de septiembre —a través de comentarios suyos, de retuits y tuits compartidos con una cita— a todo individuo que se atreva a cuestionar su modelo económico. A sus colegas economistas —inclusive a los de ideario liberal, como el suyo— que ponen en duda la sostenbilidad del plan Caputo los llama “econochantas”, y el mes pasado se despachó, en particular, contra un reconocido economista liberal, Miguel Ángel Broda, citando unos comentarios críticos de parte del director del Banco Central, Federico Furiase. “Tremenda domada”, publicó Milei de Twitter (X).

También volvió a atacar personalmente a un periodista, Marcelo Bonelli, con al sigla “NOLSALP”, que significa “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, citando el tuit de otro funcionario, Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). “Otras vez los medios mintiendo”, tuiteó antes para cuestionar una publicación inconveniente para su gobierno.

Milei demostró que su promesa de dejar de insultar no pasó de un titular. Cada discurso presidencial desde aquella promesa velozmente deshonrada por el Presidente, vino con al menos un insulto a cualquiera de sus blancos: economistas, periodistas, opositores, legisladores, empresarios, académicos, la prensa escrita. De los “degenerados fiscales” a los “orcos” y “periodistas mentirosos”. Ya había usado la palabra mogólico en 2024 y en la última reunión del Consejo de las Américas usó la condición del autismo como metáfora despectiva, para ridiculizar a los críticos. La vulgaridad se volvió método y la chicana, política de Estado.

Además, pasó casi inadvertido por la opinión pública, que habrá estado prestándole atención a otros asuntos, pero cuando Milei habló de “sodomitas del capital” en el discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario (22 de agosto), lo usó como un insulto. El término “sodomita” históricamente está cargado de connotaciones homofóbicas: remite al pecado de Sodoma, asociado a la homosexualidad en la lectura bíblica más extendida, y fue usado durante siglos como estigma contra personas LGBT+.

En este contexto, al unirlo con “del capital”, Milei buscó un efecto de degradación moral sobre sus adversarios, reforzando la idea de que son desviados, corruptos o antinaturales. Por lo tanto es un insulto con sesgo homofóbico, porque recurre a la descalificación vinculada a la sexualidad para atacar a opositores políticos.

Es como cuando un niño con autismo repite todo el tiempo lo mismo, aunque no tenga sentido. Bueno, así actúan los que critican nuestro programa económico

Javier Milei — presidente de la Nación

Ahora queda por ver si tras el golpe electoral de septiembre, habrá margen para una rectificación. El Presidente que dijo “basta de insultos” terminó el mes insultando más y quizás peor que nunca.

JJD

El laberinto tuvo paredes altas y pasillos sin salida: la “tercera vía” que prometió escapar de la grieta terminó en el mismo centro del laberinto, dando vueltas sobre sí misma. Con 95,49% de las mesas escrutadas, el tablero provincial quedó nítido: Fuerza Patria ganó con 47,27%, La Libertad Avanza reunió 33,71%, Somos Buenos Aires quedó tercera con 5,25% y el FIT-U alcanzó 4,37%. La marca de la tercera vía fue, más que un umbral, una señal de insuficiencia: no rompió la polarización que se propuso romper.

En el lenguaje de la noche electoral, la ironía se escribió sola: la tercera vía quedó tercera. Y quedó lejos. Ese 5,25% resultó demasiado magro para sorprender, para reordenar alianzas o para instalar una agenda propia. Dos fuerzas —el peronismo provincial y el oficialismo nacional— concentraron el 81% del voto bonaerense, una marea que arrastró lo demás hacia los bordes, y el centro no se abrió paso. La promesa de superar la grieta se quedó en eslogan.

El armado de Somos Buenos Aires reunió siglas y apellidos, pero careció de cohesión y de una plataforma nítida. La UCR, la Coalición Cívica, el GEN, el Socialismo y un puñado de intendentes confluyeron en un frente que se presentó como alternativa a Milei y al peronismo. La foto mostró gestión y experiencia, pero no un para qué capaz de conmover a mayorías: la consigna “no ser ni Milei ni peronismo” no se tradujo en un programa [ni en una oferta que explicara cómo iba a gobernar]. El resultado fue un discurso correcto, pero insuficiente.

El caso de la Segunda Sección expuso, con crudeza, esa fragilidad. Allí no compitió Somos Buenos Aires y Manuel Passaglia, intendente de San Nicolás, jugó con su sello propio, Hechos. La marca vecinalista capturó 23,89% en la categoría de diputados, detrás de Fuerza Patria 35,48% y de La Libertad Avanza 29,85%] El espacio “antigrieta” se ofreció en porciones, no en una propuesta común: archipiélago en vez de frente.

La fragmentación también se vio en el flanco liberal-republicano. Potencia, el frente encabezado por María Eugenia Talerico, obtuvo 1,37% en la sumatoria de votos a legislador. Somos Buenos Aires reunió 418.324 votos y Potencia 109.762: juntos, habrían sumado 528.086, es decir, casi 26% más sobre la base de Somos Buenos Aires. El número no cambiaba el mapa, pero mostró el costo de ir separados (menos votos y menos bancas proyectadas). La lección fue escolar: cohesionar antes de competir.

Hasta la izquierda está más unida que estos espacios de centro que no encuentran rumbo, ni banderas que defender, ni líderes que los conduzcan. Que desde ese punto se pareció mucho al triste y efímero paso en la historia política argentina del frente Unen, que fue una unidad forzada, de estricto corte electoral, totalmente vacía de contenido, que en 2013 llegó a tener, en una misma lista de candidatos a Alfonso Prat-Gay y Victoria Donda.

La oferta electoral antigrieta de la provincia de Buenos Aires, y la de la Nación también, fue un espacio errante, desdibujado y sin una propuesta clara, y así resultó muy difícil hacerse lugar en la opinión pública, en el electorado, frente a dos fuerzas con discursos entradores y poderosos, como fueron el peronismo y La Libertad Avanza, que este domingo reunieron juntas el 81% del voto de los bonaerenses.

La apuesta de intendentes y referentes del medio no se tradujo en un norte común. Julio Zamora, Pablo Domenichini, Pablo Petrecca, Maximiliano Suescun, Fernando Martini y Pablo Nicoletti llevaron gestión y territorialidad a las boletas. Pero la unidad programática faltó, y la disciplina electoral también. El centro, que se ofreció como puente, no articuló un plan transversal (ni económico, ni social, ni de seguridad)] que pudiera hablarles a los enojados con el peronismo y con Milei, sin caer en la mímica de los extremos. La campaña quedó enunciativa y la urna fue tajante.

El contrapunto con el FIT-U tuvo su cuota de paradoja. Una izquierda históricamente fragmentada apareció más ordenada que el centro, y se sostuvo en 4,37% a nivel provincial, con terceros puestos en secciones puntuales (como la Octava). No fue un salto, pero sí una presencia reconocible, con relato y liderazgo. Para el votante que quiso castigar al Presidente sin volver al peronismo, esa coordenada existió. Para el centro, el mapa quedó dibujado con líneas discontinuas.

Borges ayuda a leer la noche. En “La casa de Asterión”, el Minotauro narra su propio encierro: un laberinto que es hogar, mente y condena. Cada nueve años recibe visitantes y los “libera del mal”; espera un redentor, y cuando llega Teseo, “apenas se defiende”. La tercera vía bonaerense vivió su versión de ese cuento: recorrió galerías de consenso, juntó llaves, nombró puertas; pero cuando el duelo con la polarización se presentó, apenas se defendió. El redentor no fue Teseo, sino el dato: 5,25%. La casa siguió siendo el laberinto.

El veredicto de las urnas fue claro: Fuerza Patria ganó con amplitud, La Libertad Avanza quedó segunda sin discutir la cima, Somos Buenos Aires quedó tercera y no instaló un proyecto que rompa el ring binario. La Segunda Sección, con Hechos por fuera y Passaglia de estratega, exhibió la grieta interna del “antigrieta”. La combinación de fragmentación y vaguedad programática pesó más que la lista de apellidos con gestión.

El día después deja una pregunta sencilla: ¿qué propone el centro cuando dice “salir de la grieta”? Si esa salida no trae un plan (impuestos, salarios, seguridad, obra pública, federalismo, educación, salud) y un mando unificado, el laberinto volverá a cerrarse en la próxima curva. Y el minotauro, otra vez, apenas se defenderá.

JJD

A las 14 horas en Lomas del Mirador, frente a la Escuela EP N° 45, Romina Del Plá, candidata del FIT‑U, selló su voto con su inconfundible voz fuerte, simple y directa: “La caída del salario, el consumo y la pérdida de puestos de trabajo hacen que crezca el malestar con el Gobierno”, dijo. Acertó. La frase fue una premonición: el malestar que describió la docente, sindicalista y referente del Partido Obrero (PO) se tradujo en las urnas y le dio al FIT-U un cuarto lugar con peso propio y en algunas secciones electorales inclusive quedó en tercer lugar.

Con el 85,69 % de las mesas escrutadas, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores‑Unidad (FIT‑U) confirmó su lugar en la escena política bonaerense: 4,37 % del voto provincial, aunque muy lejos detrás de Fuerza Patria (46,94 %) y La Libertad Avanza (33,86 %). Tercero salió Somos Buenos Aires (5,42 %).

El repunte del FIT-U se explica en un contexto social áspero. En un año y nueve meses de gestión libertaria, la clase trabajadora perdió poder de compra, aumentó el desempleo y creció el pluriempleo como recurso desesperado para llegar a fin de mes. La bronca que antes se canalizó con Milei ahora se tradujo, en parte, en un voto de izquierda, que volvió a presentarse como canal de un malestar concreto: la vida cotidiana que se encareció, el salario que no alcanza y la precariedad que se multiplicó.

Siete millones de jubilados cobran el haber mínimo —poco más de $360.000—, congelado desde el inicio del mandato. Milei vetó la ley que el Congreso había sancionado para darles un alivio, desestimándola como “una estupidez votada por la casta” y defendiendo que no negociará el equilibrio fiscal. El Presidente exhibe ese ajuste como eje de la baja de la inflación, que si bien retrocedió respecto de 2023, persiste y crece mes a mes alrededor del 2%. Esa combinación de austeridad sin alivio y de promesas incumplidas alimenta un clima donde la izquierda vuelve a crecer: no como fenómeno coyuntural, sino como expresión política de un descontento sostenido.

Pero mirar los números exige un ejercicio de memoria. En 2023, el FIT‑U había alcanzado el 3,78 % en diputados y el 4,23 % en senadores provinciales. En 2021, su votación fue del 6,82 % en la provincia de Buenos Aires. Así, el 4,37 % de hoy representa un avance respecto de 2023, aunque aún no recupera el pico de 2021.

Ese matiz es esencial porque describe una trayectoria que crece con altibajos pero una cohesión que se mantiene en el tiempo y sorprende a los propios miembros de este espacio de la izquierda argentina, caracterizada por las divisiones de índole dogmática y la fragmentación electoral que nunca la condujo a nada. Hasta que nació el FIT.

Este domingo quedó lejos de su techo reciente. Pero esto no apaga el valor político del crecimiento, lo sitúa en perspectiva: no fue un estallido, sino una sedimentación del voto de bronca en clave de izquierda.

La mirada se enriquece si ponemos foco en secciones electorales donde el FIT-U marcó territorio. En categoría senadores, Romina Del Plá logró un 4,28 %, muy por detrás del triunfo de Gabriel Katopodis (47,28 %) y el sorpresivo segundo lugar de Diego Valenzuela (37,13 %), un dirigente del PRO que se destacó por ser el primero en impulsar la alianza con La Libertad Avanza.

En la Segunda Sección electoral para diputados, el escenario fue otro: Fuerza Patria ganó con 35,48 %, La Libertad Avanza obtuvo 29,85 %, y el espacio “Hechos”, aliado de Manuel Passaglia, intendente de San Nicolás, sacó un sólido 23,89 %. El FIT‑U quedó por debajo, pero aquel caudal local demuestra que su eco es variable según los contextos.

La Tercera Sección fue un punto de inflexión para la izquierda, en la categoría diputados: Verónica Magario (Fuerza Patria) se impuso con 53,77 %, el candidato de La Libertad llegó al 28,62 %, y Nicolás del Caño se ubicó tercero con un meritorio 5,73 %. No fue un lugar en el podio provincial, pero sí en esa comarca con peso estratégico para la izquierda.

Tal vez lo más alentador fue en la Octava Sección (diputados): Fuerza Patria ganó con 43,38 %, La Libertad, con Francisco Adorni (hermano del vocero presidencial, Manuel Adorni), alcanzó 37,19 %, y Laura Cano (FIT‑U) logró el 5,62 %, convirtiéndose en tercera fuerza en esa veta platense del trotskismo.

Lo que emerge de este recorrido no es una victoria global sino más bien una consolidación fragmentada: el FIT‑U se aferra a espacios concretos donde su mensaje —el de defender a trabajadores, mujeres, jubilados y diversidades— sigue encontrando resonancia. No es un boom explosivo, pero es un crecimiento elocuente y con base social.

Mientras tanto, el peronismo sigue siendo la fuerza dominante en la Provincia de Buenos Aires (los números de hoy son demasiado contundentes para sostener esta afirmación), y La Libertad Avanza encuentra su techo en sectores como el marplatense o la zona norte; Somos Buenos Aires actúa como válvula alternativa moderada. La izquierda, por su parte, insiste en la senda de la coherencia y en ser una voz disonante y potente en los cuerpos legislativos.

JJD