Argentina enfrenta una alarmante reducción en las políticas orientadas a proteger los derechos de las niñas y niños, especialmente en áreas cruciales como salud y educación. Las cifras hablan por sí solas: en los últimos seis años, más de 3,5 millones cayeron por debajo de la línea de pobreza, y más de 3,1 millones viven en condiciones de indigencia.

Hace tiempo que vivimos un proceso de empobrecimiento de la población que impacta de manera desproporcionada y cruel sobre las infancias, privando de derechos básicos y de condiciones dignas de vida a niñas, niños y adolescentes. Una de las estrategias más efectivas y celebradas regionalmente para revertir la reproducción intergeneracional de la pobreza es el Plan ENIA, una política pública impulsada desde el gobierno federal para prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia. Curiosamente, una de las pocas políticas públicas que logró instalarse como política de Estado, trascendiendo distintas gestiones de gobierno (se comenzó a implementar en 2018 y continuó hasta ahora), recibe ahora el embate de los recortes presupuestarios, desarmando sin dar razones la estructura institucional e interjurisdiccional que sostiene la rectoría, el impulso y la implementación de un plan exitoso en las regiones más desiguales del país. 

La cruda realidad en que viven millones de chicas y chicos en Argentina llevó a organizaciones del colectivo “Infancia en Deuda” a presentar un informe al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, conformado por expertos y expertas que supervisan el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual nuestro país es parte. El documento detalla carencias en el acceso a la alimentación, resaltando que el 57% de las familias en provincias como Santiago del Estero sufren inseguridad alimentaria; barreras estructurales en el acceso a la educación de niñas y niños con discapacidad; y falta de servicios de cuidado, precisando que sólo el 19,1% de las niñas y niños entre 0 y 3 años accede a este tipo de servicios y que el 70% de los hogares con integrantes que necesitan cuidado lo resuelven a través del trabajo no remunerado asumido generalmente por niñas, adolescentes o mujeres del propio hogar.

Además, alerta sobre el desfinanciamiento de políticas públicas con impacto positivo en los derechos de niñas, niños y adolescentes, como la Educación Sexual Integral (ESI) y el Plan ENIA, aportando datos que evidencian su relevancia para detectar y prevenir situaciones de abuso sexual (un estudio del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires reveló que el 80% de las y los adolescentes que contaron con información y consejerías en salud sexual pudieron comprender que fueron abusados después de recibir clases de ESI) y para reducir los embarazos no intencionales en la adolescencia (datos del último censo muestran que se redujo del 49% al 27% la tasa de fecundidad adolescente).

El informe también pone de manifiesto las marcadas diferencias regionales en la garantía de esos derechos. Lamentablemente, el lugar de nacimiento sigue siendo un factor determinante para una vida con o sin derechos. El Comité ya había alertado sobre estas disparidades en 2018, instando a la Argentina a tomar medidas para revertir esta situación.

Contrariamente a las obligaciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Gobierno ha decidido recortar drásticamente los recursos destinados a las infancias. El presupuesto de 2024 es un 72,7% menor que el de 2023 y un 78,5% inferior al de 2021. Según UNICEF Argentina, si se sostiene este recorte, la cobertura y calidad de los servicios clave para los niños se verán seriamente afectadas.

Las reglas de juego parecen estar cambiando con un claro desinterés sobre el impacto que esto genera en la población. Políticas públicas que han tenido impactos positivos, como el Plan ENIA, están siendo desmanteladas sin interés en mitigar las consecuencias que la maternidad temprana tendrá sobre las trayectorias de vida de las adolescentes, asociadas a la deserción escolar y la inserción laboral de baja calidad. La maternidad temprana contribuye a la reproducción de los ciclos intergeneracionales de pobreza y mala salud. Si del rendimiento económico se trata, nada de esto parece contribuir a la productividad agregada del país. Estas políticas, valoradas por gobiernos de diferentes tendencias políticas, han buscado equilibrar las oportunidades entre personas de distintas provincias y niveles socioeconómicos.

Las desigualdades territoriales en el acceso a los derechos son históricas, pero se agravarán si continúan los recortes. En esta

distopía de retrocesos impensados

, mientras el gobierno parece abogar por un “federalismo del sálvese quien pueda”, la comunidad internacional y amplios sectores de la sociedad cuestionan estas medidas y su impacto en los más vulnerables.

Como sociedad comprometida con la dignidad, igualdad y no discriminación, no vamos a naturalizar la existencia precaria de millones de personas. Enfrentaremos la sinrazón exigiendo explicaciones con razones públicas, produciendo evidencia, explorando y accionando todas las herramientas democráticas posibles. Recordaremos hasta el cansancio que los derechos son para todas y todos, que la igualdad no es sólo ante la ley, que es mucho más que eso.

La autora es responsable del área jurídica de ELA.

JI/MT

La Oficina de Presupuesto del Congreso analizó la ejecución del presupuesto nacional del mes de enero. El análisis arroja que los gastos totales de la Administración Nacional registraron una caída real de 11,9% interanual y el recorte en los gastos primarios (es decir, los gastos corrientes y de capital, sin contar los pagos de intereses de la deuda, que crecieron 139,1%) llegó al 30,8% interanual. Las principales reducciones se dieron en programas sociales (-59,6%), transferencias corrientes a provincias (-53,3%), jubilaciones y pensiones (-32,5%) y asignaciones familiares (-17,7%), entre otras.

La mayoría de las prestaciones de los programas sociales que alcanzan a los sectores de menores ingresos perdieron valor en términos reales. Sobre algunos programas, como el Potenciar Trabajo y las Becas Progresar no hay ningún registro en el mes de enero (OPC) mientras que otros, como los Comedores Comunitarios y Merenderos, el Complemento Alimentario y Proyectos Focalizados en Vulnerabilidad Social registran una ejecución del 0% (Sitio Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía).

El presupuesto público es el instrumento a través del cual el Estado decide cómo recaudar y distribuir los recursos públicos, y permite conocer las prioridades y compromisos de los gobiernos con la garantía de los derechos. No hace falta conocer los tecnicismos presupuestarios para advertir quiénes son los grupos más afectados por el recorte de enero: está claro que impacta directamente en los bolsillos de las personas y familias más afectadas por la crisis –perceptoras de jubilaciones y programas sociales– y poco se observa del célebre “recorte a la casta”.

Según el informe de la OPC, el único programa que se mantuvo, e incluso tuvo un leve aumento interanual en valores reales (3,4%), fue el de Políticas Alimentarias, como consecuencia de la recomposición del valor de las tarjetas alimentarias, que en febrero es de 44.000 pesos. Sin embargo, con una inflación acumulada de más del 46% entre diciembre y enero, el monto de la tarjeta no asegura la comida diaria de todo un mes. Además, alcanza a un universo acotado de dos millones de niños y niñas que reciben la AUH.

Como contracara de la recomposición del valor de las tarjetas alimentarias, y contradiciendo abiertamente la supuesta preocupación del gobierno por atender el hambre y la pobreza, el Ministerio de Capital Humano decidió interrumpir la entrega de alimentos a los comedores y merenderos comunitarios, agravando la crisis alimentaria en la que viven millones de niñas, niños y adolescentes.

De 12.2 millones de niñas, niños y adolescentes, casi 7 millones viven en situación de pobreza y más de 1.7 millones no acceden a una alimentación suficiente (INDEC, 2023). Los datos de UNICEF y La Poderosa muestran que la mayoría de las familias sólo puede asumir una comida importante al día, siendo centrales los comedores para garantizar la alimentación básica que una persona necesita para subsistir. Ya en 2023 más de 3,5 millones de niñas y niños habían dejado alguna de las comidas principales o se habían visto obligadas a modificar las proporciones. La situación en 2024 podría empeorar si el Estado nacional sigue postergando atender esta urgencia.

Las estadísticas nacionales demuestran que las mujeres, las infancias y adolescencias son mayoría en los grupos poblacionales afectados por la pobreza: dentro del decil más pobre, 6 de cada 10 personas son mujeres (INDEC, Tercer trimestre 2023) y casi el 60% de las infancias y adolescencias viven en la pobreza. El 13% de los hogares en Argentina están a cargo de una sola persona sin cónyuge, y de estos hogares el 79% están a cargo de una mujer. Estos hogares se ven especialmente atravesados por la pobreza en tanto 7 de cada 10 se encuentran situados en los dos quintiles más bajos de ingresos (INDEC, 2023).

A lo anterior se suma la desigual distribución de la carga de trabajo de cuidados no remunerados tanto por género como por niveles de ingresos. Según datos del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en el 20% de los hogares con mayor ingreso, las mujeres dedican 3,18 horas de trabajo no remunerado al día y los varones 2,08 horas; mientras que en el 20% de hogares más pobres las mujeres dedican 7,07 horas de trabajo no remunerado al día y los varones 3,40 horas.

Frente al recorte de programas sociales, son las soluciones autogestivas y basadas en el mercado las que llenan el vacío que deja el Estado. Quienes no pueden suplir con sus recursos económicos el impacto de esos recortes, se ven obligadas a multiplicar el tiempo y el dinero que dedican a tareas de cuidado tanto en el ámbito doméstico como de manera colectiva y, en muchos casos, también deben endeudarse para poder garantizar lo más básico para sostener la vida, la comida. Según la Encuesta Nacional de Endeudamiento y Cuidados (ENEC), entre marzo y junio de 2021, el endeudamiento familiar tuvo como principal destino el pago de comida y salud (CEPAL, 2022).

En este contexto, son los comedores y merenderos comunitarios –espacios sostenidos principalmente por mujeres que, en su gran mayoría, no cobran un ingreso por hacerlo o ese ingreso es prácticamente insignificante– quienes absorben la mayor parte de la demanda de alimentación y son, también, espacios de contención social que garantizan la sostenibilidad de la vida en la emergencia.

En 2023 se conformó Compromiso por los Cuidados, un espacio multiactoral que nuclea a diversas organizaciones de la sociedad civil, académicas/os, periodistas, movimientos sociales y sindicalistas, y que coincide en que el cuidado es un derecho de la ciudadanía, una corresponsabilidad social y una obligación del Estado, sobre la que Argentina tiene una gran deuda y muchos debates pendientes. Desde este espacio, apoyamos el reconocimiento salarial de las cocineras comunitarias porque entendemos que deben ser garantizados los derechos asociados al trabajo y la percepción de ingresos dignos de todas las trabajadoras de cuidado, tanto en instituciones públicas y privadas, como en instituciones comunitarias y de la economía asociativa, social, popular y solidaria.

El tratamiento parlamentario del proyecto de ley que impulsa el reconocimiento salarial de las cocineras comunitarias parece una utopía si observamos las discusiones que el Congreso Nacional ha tenido estas semanas. Pareciera ser un debate muy lejano en el tiempo aunque pasaron apenas unos meses de su presentación, y a pesar de tratarse de una problemática verdaderamente urgente.

En noviembre de 2023 ELA le preguntó a una inteligencia artificial (IA) qué pasaría si las 130.000 cocineras de comedores comunitarios que trabajan todos los días sin cobrar un sueldo dejaran de cocinar: nos respondió que 10 millones de personas que se alimentan diariamente en los 34.000 comedores de todo el país se quedarían sin comer y esto podría desencadenar una crisis humanitaria con consecuencias graves para la salud y el bienestar de las personas. Hasta la propia inteligencia artificial advierte con preocupación lo que el gobierno parece subestimar.

En tiempos de crisis económica es imperioso proteger la inversión en políticas sociales destinadas a personas en situación de vulnerabilidad. Los recortes en programas sociales destinados a garantizar pisos mínimos de acceso a derechos básicos para vivir con dignidad y escoger con libertad un proyecto de vida –como la alimentación– vulneran principios elementales de nuestra Constitución Nacional, como los de igualdad y no discriminación, progresividad y no regresividad, y máximo uso de los recursos disponibles.

Pero no es solamente el incumplimiento constitucional lo que nos preocupa, sino el gravísimo impacto que estas decisiones tienen en las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad, en los que niñas, niños, adolescentes, mujeres y diversidades son mayoría.

JI/CRM