Si la tendencia mundial es ampliar la tecnología nuclear en manos de los Estados, Argentina va a contramano: busca desprenderse de la que tiene. El gobierno de Javier Milei puso en marcha la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A (NA-SA) y ya oferta el 44% de las acciones estatales.

En un nuevo intento de desmantelamiento del sector tecnológico y científico, la secuencia de los anuncios del Gobierno ultraliberal permite inferir que no solo se trata de pasar la motosierra al gasto público, sino también de responder a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y del Tesoro de Estados Unidos. Los rescates financieros por 40.000 millones de dólares (20.000 millones de rescate del FMI y cifra similar por el swap), más la promesa de Trump de ayuda futura, evitaron que el plan económico colapsara.

Scott Bessent reveló que Argentina activó un tramo del rescate. “Se utilizó una pequeña cantidad del swap y ya obtuvimos una ganancia”, dijo el secretario el Tesoro a la cadena MSNBC sin dar más detalle. “El objetivo fue estabilizar a uno de nuestros grandes aliados en Latinoamérica durante un proceso electoral clave”. Se refería a las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que el partido gobernante fue el claro ganador.

El FMI mantuvo la presión para que el Ejecutivo privatice empresas públicas, con el fin de sostener la restricción fiscal y monetaria, además de recaudar dólares. En septiembre, el presidente dio el primer paso con respecto a la energía nuclear: firmó el decreto 695/2025 que autoriza la privatización parcial de NA-SA.

La resolución publicada en el Boletín Oficial (1751/2025) tras las elecciones legislativas y firmada por el ministro de Economía Luis Caputo sostiene: “Iníciase el proceso de privatización parcial de NA-SA en los términos del artículo 8° de la ley 27.742”. Se refiere a la Ley Bases, cuya versión original incluía la privatización total de NA-SA, pero tras las modificaciones en el Congreso, impulsadas por la oposición, se estipuló que el Estado Nacional mantenga una participación mayoritaria.

Así se dividió el paquete accionario de la compañía: 44 por ciento destinado a privatizar, el 51 quedará en manos del Estado y el 5 restante será para los trabajadores. NA-SA opera las tres centrales nucleares que tiene Argentina: Atucha I y II, (provincia de Buenos Aires), y Embalse, en la provincia de Córdoba.

La empresa se encarga del mantenimiento y la gestión de las centrales nucleares y tiene la función de planificar la creación de futuras. Provee el 7% de la energía eléctrica que utiliza el país y durante el primer trimestre de 2025 obtuvo un superávit de 17 mil millones de pesos (unos 13 millones de dólares).

Volver a los 90

Nicolás Malinovsky, ingeniero electricista, empleado de NA-SA desde hace 12 años y autor del libro Crítica de la energía política, señala la importancia de la actividad nuclear en el país. “Argentina tiene un desarrollo nuclear de 75 años y hoy cuenta con tres centrales nucleares en operación. En 1945 el Gobierno de Perón empezó con el desarrollo científico-tecnológico orientado al sector nuclear y en 1950 creó la Comisión Nacional de Energía Atómica. En los años 60 comenzó la carrera en energía eléctrica de origen nuclear y en el año 74 se inauguró la primera central nuclear de América Latina, que fue Atucha I. Hoy, entre las tres centrales tenemos el 7% de la energía eléctrica que se produce en el país”.

No es la primera vez que en Argentina se intentan privatizar las centrales nucleares. En la década de los 90 hubo un intento fallido del presidente peronista conservador Carlos Menen. “Nada que no deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”, supo decir entonces Roberto Dromi, encargado de las primeras ventas de empresas públicas por parte del menemismo, época de la que Milei profesa admiración.

En declaraciones al medio El Destape, el doctor en física Andrés Kreiner, miembro de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear, señala el impacto de la entrada de capitales privados en el sector nuclear. “Estaríamos permitiendo la entrega de nuestro desarrollo, porque el sector nuclear es un gran impulsor del desarrollo tecnológico y científico en el país. El plan nuclear del gobierno de Milei es de privatización y extranjerización”.

En esa línea, Malinovsky advierte de cara al futuro: “Nucleoeléctrica no solo se trata de una empresa que puede operar, sino también construir centrales nucleares, ese es su valor estratégico. Si se privatiza, perjudicará a la sociedad argentina en su conjunto y será una traba para pensar un proyecto de desarrollo nacional con industria”.

Ante el avance de la iniciativa gubernamental, la oposición nucleada en el peronismo buscó sancionar la Ley de Emergencia y Financiamiento del sector científico, pero por ahora obtuvo media sanción. Uno de los artículos declara como bienes públicos estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico nacional a las empresas y sociedades del Estado que integran el sector nuclear, de telecomunicaciones, aeroespacial y de industria para la defensa.

Con todo, la privatización parcial de las centrales nucleares navega entre la posición ideológica de Milei de priorizar que todo lo hagan los privados, y la necesidad de conseguir dólares para pagar la deuda acumulada con el FMI y el Tesoro de Estados Unidos.

La jueza de Estados Unidos Loretta Preska solicitó al gobierno de Javier Milei que informe dónde está el oro de las reservas del Banco Central que movilizó el año pasado hacia el exterior. La magistrada responde a favor de la petición de los fondos de cobertura que litigan hace años contra Argentina y pretenden cobrar una cifra multimillonaria en el juicio por la nacionalización de la petrolera YPF. 

Se trata de un nuevo capítulo en el litigio que enfrenta a Argentina con fondos buitre como Burford y Eton Capital por la expropiación del 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando su socio mayoritario era Repsol. En la década previa a la nacionalización, las utilidades de Repsol crecieron exponencialmente y le permitieron a la firma expandir sus activos internacionales, mientras las reservas de gas y petróleo declinaban en forma acelerada, según denunció el Gobierno peronista.

El fondo Burford, con sede en Londres, demandó al Estado argentino tras adquirir los derechos a Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, de la familia argentina Eskenazi.

A instancias de los Kirchner, esa familia había comprado 25% de las acciones a Repsol, en un proyecto fallido de fomentar un control argentino de la petrolera. Los Eskenazi se endeudaron con Repsol para la compra, y, tras la estatización, entraron en quiebra.

La jueza Preska, del Distrito Sur de Nueva York, el año pasado dictó una sentencia de primera instancia en la que determinó que Argentina violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la nacionalización y perjudicó a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, condenó al país a pagar una indemnización de 16.100 millones de dólares más intereses a Burford, pero eximió de responsabilidades a YPF.

El fallo fue apelado, ya que el Estado argentino quiere que se revea la sentencia y los demandantes –los fondos Burford y Capital– piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización. Las tres partes (Argentina, YPF y los fondos) ya presentaron los escritos solicitados y ahora están a la espera de una primera audiencia de la Cámara de Apelaciones.

Mientras tanto, los fondos buscan cobrar de forma anticipada la indemnización. Como demandantes pueden solicitar información sobre bienes del demandado, de modo que se puedan identificar los bienes embargables. Así, obtendrán los datos sobre los lingotes de oro que salieron de la bóveda del Banco Central el año pasado y que el Ejecutivo de Milei se negó a explicar a la opinión pública argentina ante reiterados pedidos de información. 

Según las estimaciones del mercado, el Gobierno despachó 6 toneladas de oro hacia el extranjero. Se calcula que cerca del 60% de las reservas de oro de la entidad se encontrarían fuera del país, habiendo sido enviadas inicialmente hacia la plaza financiera de Londres.

El ministro de Economía, Luis Caputo, en ese momento se limitó a confirmar que había enviado al extranjero los lingotes sin detallar cuántos ni adónde. “Hoy tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, que no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés eso afuera, le podés sacar un retorno”, dijo, justificando la medida para ganar rentabilidad.

La defensa argentina argumentó a la justicia de EEUU que el oro es propiedad del Banco Central y no del gobierno nacional. Pero la jueza Preska señaló que, sin importar si las reservas de oro están bajo la custodia del Banco Central o no, Argentina tiene la obligación de proporcionar cualquier documentación en su poder sobre estos activos. Este requerimiento subraya la necesidad de cumplir con las órdenes judiciales de Estados Unidos. La magistrada lanzó una advertencia a la Argentina: “Se ha invertido más tiempo y dinero en discutir la entrega de estos documentos que en producirlos y entregarlos”.

El economista Horacio Rovelli señala a elDiario.es que el Ejecutivo argentino debió haber informado al Congreso la salida del oro al extranjero: “El gobierno jamás tendría que haber sacado el oro de las reservas del Banco Central, y menos decirlo alegremente como hizo el ministro de Economía, Luis Caputo. Le tendría que haber informado al Congreso, porque es una atribución del legislativo el manejo de las reservas internacionales. La Asociación Bancaria había demostrado que hubo varios viajes, por un total equivalente a unos 2.500 millones de dólares que sacaron en lingotes de oro. Ahora Caputo tiene que informarle a la jueza Preska a dónde giró ese dinero y yo creo que podría ser embargable, porque está afuera del Tesoro del Banco Central y sujeto a interpretación de la jueza”.

¿Embargable?

Una de las mayores amenazas que ven algunos economistas como Rovelli es el peligro de embargo del oro en el exterior. Ahora bien, bajo las normas de Estados Unidos ese escenario se restringe. Existen tres requisitos: que el bien debe ser del propio demandado, en este caso del Gobierno argentino; que el bien que se pretende embargar debe estar dentro de Estados Unidos y el tercero, que el Estado Nacional use ese bien para una actividad comercial. 

Los fondos buitre están a la espera de cualquier ventaja que puedan sacar con las acciones de la petrolera. Uno de los objetivos de los demandantes es demostrar que Argentina utiliza activos soberanos para actividades comerciales, lo que podría hacerlos embargables. Esto incluye propiedades consulares, cuentas bancarias y también las reservas de oro.

En el fallo de Preska se incluyeron observaciones sobre la integridad de los documentos entregados por Argentina hasta el momento. Es que los papeles solicitados están relacionados con activos estratégicos del país, que generan un alto interés internacional. Los fondos piden que el país entregue información para comprobar que ciertas entidades manejadas por Argentina son extensiones del Estado y que pueden ser parte de la ejecución de la sentencia. El caso por la nacionalización de YPF es considerado una de las disputas más relevantes entre un Estado soberano y acreedores internacionales.

Guardias de hospitales llenas, nubes de mosquitos acechando, faltante de repelente –las farmacias directamente ponen en la puerta el cartel de “no hay”– y una vacuna costosa: la tormenta perfecta de la epidemia de dengue en Argentina. El Gobierno del ultraderechista Javier Milei rechaza incluir la vacuna TAK-003, también conocida como Qdenga, en el calendario oficial, medida que garantizaría que fuera gratuita y obligatoria. De hecho, el Gobierno ha llegado a cuestionar su eficacia, pese a que fue autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) pocos meses antes de que Alberto Fernández dejara la Casa Rosada. Tampoco está llevando a cabo una debida campaña nacional de prevención que frene la reproducción del mosquito vector del virus.

Hasta hace una década, el dengue era una enfermedad restringida a las provincias del norte de Argentina, de Brasil y de Paraguay, los países más afectados en América. Hoy, debido sobre todo al cambio climático, el virus se urbanizó: se propagó también al centro del país, incluyendo grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba y San Miguel de Tucumán. Salvo en la Patagonia y el Cuyo, el dengue circula en el resto de las provincias.

Según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, en lo que va de la temporada 2023/2024 se registraron 161 muertes y 232.996 casos de dengue, de los cuales 215.885 se notificaron desde la semana 1 a la semana 13 de 2024. La incidencia acumulada hasta el momento para el total país es de 495 casos cada cien mil habitantes. En el mismo período, 512 casos fueron clasificados como dengue grave. Hasta la semana pasada habían fallecido 129 personas, lo cual indica que en esta última hubo una fuerte suba de los fallecimientos.

Contra este virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti existe la vacuna Qdenga, del laboratorio japonés Takeda, que cubre las cuatro cepas de la enfermedad y está vigente en Argentina desde noviembre pasado. Para contar con inmunidad completa se debe aplicar una primera dosis y, a los tres meses, la segunda. Cada dosis cuesta unos 70.000 pesos (cerca de 74 euros al cambio oficial), mientras el salario mínimo está fijado en 202.800 pesos (215 euros).

Brasil lleva a cabo dentro del sistema de salud público una campaña de vacunación con Qdenga a 1,4 millones de niños y adolescentes de entre 10 y 14 años, franja etaria donde hay más casos de ingreso. Mientras el Gobierno de Lula da Silva tomó cartas en el asunto y va dejando atrás el pico de la enfermedad, el de Milei desinforma sobre la eficacia de la vacuna. “La inmunidad se logra a través del paso del tiempo, por lo que vacunar ahora implicaría que esa inmunidad la vas a lograr en cuatro meses, donde ya el mosquito no sea un inconveniente, más allá de que la efectividad no está comprobada”, dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en rueda de prensa.

“Argentina vive su peor epidemia de dengue”

Eduardo López, médico infectólogo del Hospital de Niños de Buenos Aires, explica en conversación con elDiario.es el momento de emergencia sanitaria que atraviesa el país. “Argentina vive definitivamente su peor epidemia de dengue”, dice López y destaca como dato importante que la vacuna está aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). “La vacuna es segura y eficaz, autorizada por la ANMAT y por la EMA. En ambos casos, se aprobó que se puede aplicar desde los cuatro años hasta cualquier edad. No es verdad que exista un límite para los adultos mayores”.

Para el infectólogo, el Ministerio de Salud tiene que acabar utilizando la vacuna, segmentando por edades y regiones del país. “En Argentina todavía hay que definir la edad lógica para vacunar. Entre los 10 y los 14 años existe una mayor cantidad de casos, entonces en mi opinión los adolescentes no pueden quedar fuera”. En el Hospital de Niños la guardia y los ocho consultorios para cuadros febriles están a tope de actividad, señala López.

El Gobierno de Milei no financia una campaña de vacunación contra el dengue, pero tampoco fomenta que quienes económicamente estén en condiciones de pagarse la vacuna lo hagan.

Andrea Gamarnik, viróloga, especialista en el virus del dengue e investigadora del instituto de investigación científica Conicet ha denunciado en la red X (antes Twitter) que Argentina está en el peor momento de la epidemia, pero que no los “dejan trabajar” porque, considera, el Gobierno está desmantelando al sistema científico. Y aporta un dato: el repelente para bebés se vende en Internet por 22.998 pesos (24 euros), cuando en junio del año pasado estaba 2.010 (2,14 euros), un incremento del 1.044%. “El mercado hace lo que se le canta. En los tiempos libres desmantelan al Conicet”.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) promueve, fiscaliza y controla buena parte de la investigación y desarrollo que realizan científicos, institutos y universidades de Argentina. El actual presidente ultraderechista prometió que si era elegido cerraría el Conicet. No lo hará de la noche a la mañana, irá dejando de financiarlo. Por eso, 68 premios Nobel escribieron una dura carta a Milei en la que advirtieron contra la dramática devaluación de los presupuestos del Conicet. “Vemos con preocupación la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el despido de empleados administrativos del Conicet y la terminación anticipada de contratos”.

Críticas al Gobierno

Los problemas de la salud deberían ser resueltos a partir de políticas públicas porque, en teoría, son las que garantizan el beneficio de las mayorías. Ante la de falta de repelente en farmacias y comercios, el Estado debería intervenir para que todos puedan estar protegidos, no solo las personas de alto poder adquisitivo que compraron masivamente, mientras que los productores se quedaron tranquilos porque cubrieron sus expectativas.

Los escasos repelentes para insectos que hay en el mercado se venden a precios exorbitantes. La firma estadounidense SC Johnson, que produce el 90% del total que se vende en Argentina, deja al mercado sin provisión porque –según denuncian los comerciantes– el pico de ventas ha pasado y, de empezar a producir ahora, se quedaría con un enorme stock sin vender de cara a la temporada invernal.

Ante los fuertes cuestionamientos, este jueves, el Gobierno de Milei decidió levantar trabas a la importación de repelentes por la alta demanda y la falta de productos. Según informó la ANMAT a varios medios de comunicación, el organismo suspenderá su intervención en un plazo de 30 días.

Las críticas arrecian contra el ministro de Salud, Mario Russo, ante la falta de una campaña de prevención, la respuesta tardía para coordinar con las provincias medidas frente al brote de la enfermedad y el descontento por el tema repelentes, que es parte del cuidado de la población. “La información que tenemos es que la falta de repelentes es un tema coyuntural, y que en dos semanas se pueda resolver. Los productores están trabajando a full”, dijo el ministro a un canal de televisión esta semana, en una de sus primeras apariciones ante un micrófono desde que asumió el cargo en diciembre.

Como una imagen sacada de una película de ciencia ficción, decenas de miles de argentinos compartieron en las redes sociales vídeos de nubes de mosquitos hace un mes. Se trató de la invasión de Aedes albifasciatus, una especie que crece especialmente después de las lluvias y en lugares abiertos y con césped, a diferencia del Aegypti, que se reproduce principalmente en ciudades y adentro de los hogares, en desagües y recipientes con agua estancada. Sin una campaña de difusión clara, muchos habrán sentido terror a ser picados.