El aumento de la mora ya instaló su propia agenda. Ocupa la atención pública y asoma como preocupación legislativa: proyectos de refinanciación, límites a las tasas, alivios transitorios para deudores. La pregunta que me interesa hacer no es cuánta mora hay hoy, sino cómo mirar ese dato en el largo plazo: qué categorías movilizamos para leerlo, qué transformaciones profundas viene a expresar, y qué futuro —o qué ausencia de futuro— nos está planteando. Si se lo mira solo como un problema de coyuntura financiera, la respuesta se agota en tasas y en el estiramiento de calendarios de pago. Si se lo mira como lo que en realidad es —el punto visible de una transformación social que lleva casi una década gestándose y que compromete el vínculo mismo entre los hogares y la democracia— la pregunta cambia de escala, y con ella las respuestas posibles. Las cinco tesis que siguen intentan ordenar esa mirada de largo plazo.

1. Las deudas de los hogares, un eslabón perdido de las promesas y los fracasos de la democracia

Cuando empecé a escribir Una historia de cómo nos endeudamos (Siglo XXI Editores) partí de una convicción que no siempre resulta evidente: las deudas de los hogares –esas que no aparecen en los titulares sobre el FMI ni en las rondas de negociación con acreedores externos– son un territorio donde se juega, silenciosamente, el vínculo entre la sociedad y la política. El objetivo del libro fue leer, a través del endeudamiento de los hogares, el encuentro y el desencuentro entre las expectativas que la democracia argentina generó desde 1983 y los fracasos y desilusiones que esas mismas expectativas terminaron produciendo. La deuda no es, en este sentido, un dato residual de la economía doméstica: es un eslabón que conecta la vida cotidiana de las familias con el proyecto colectivo de la democracia. Por eso sostengo que no se puede escribir una historia de la democracia argentina sin escribir, en paralelo, una historia de sus deudas domésticas. Ambas historias corren juntas, se explican mutuamente, y allí donde la política falla en sostener sus promesas, la deuda aparece para llenar ese vacío, aunque sea de manera precaria y a un costo altísimo para quienes la cargan. Con esta lectura de largo plazo sobre el rol de las deudas como anudamiento entre la sociedad y la política —y no como un capítulo aislado de la coyuntura económica— es que leo el presente: cómo llegamos hasta acá y por qué caminos podríamos salir.

2. Las deudas de los hogares son la fuente de una nueva cuestión social

El endeudamiento doméstico se ha convertido en una nueva cuestión social, fuente de desigualdad, explotación y, en ciertas configuraciones, de dominación. La vieja cuestión social del siglo XX se organizaba en torno a la relación salarial: el acceso a derechos básicos —vivienda, salud, educación— dependía del vínculo con el trabajo formal y de la protección que el Estado garantizaba sobre esa relación. Hoy ese acceso está cada vez más mediado por la capacidad de los hogares de obtener financiamiento en un mercado del crédito heterogéneo y desigual. El crédito y las deudas dejaron de ser una opción entre otras para convertirse en una necesidad estructural: los hogares las gestionan como una red de protección frente a riesgos que ya no pueden atender ni con sus ingresos laborales ni con la protección estatal. Esta transformación no es exclusivamente argentina —los estudios regionales muestran una dinámica similar de financiarización de los hogares de menores ingresos en distintos países de América Latina—, pero adquiere en la Argentina una intensidad particular por la combinación de inflación crónica, informalidad estructural y un mercado de crédito formal más acotado que el de países vecinos. Esta nueva cuestión social condiciona, además, todos los proyectos políticos: alienta las versiones de extrema derecha que prometen romper con el orden existente, y exige a las versiones progresistas repensar sus estrategias de protección social incorporando la centralidad de la deuda en la vida cotidiana de los hogares.

3. Las deudas crecen donde fallan los derechos y la protección social

La evidencia empírica permite identificar con precisión quiénes cargan con el peso mayor de esta transformación: los hogares inquilinos, los hogares con niños y niñas y jefatura femenina, y, como novedad del período reciente, los trabajadores alcanzados por la precarización laboral. Estos tres perfiles no son aleatorios: remiten, cada uno, a un derecho que no termina de garantizarse —el acceso a una vivienda regulada, la protección de la crianza, la estabilidad del empleo—. Donde ese derecho falla, no aparece simplemente una necesidad insatisfecha: aparece una deuda. Esta inversión de la relación habitual entre necesidad y endeudamiento tiene consecuencias analíticas importantes. Significa que el problema no puede resolverse únicamente en el terreno financiero, discutiendo tasas de interés o esquemas de refinanciación, aunque esas discusiones sean necesarias en lo inmediato. El problema de fondo es que una porción creciente de los hogares solo logra reproducir su vida cotidiana sacrificando ahorros, vendiendo pertenencias y acumulando compromisos que no tienen horizonte de resolución. Mientras el Estado no logre restituir de manera efectiva esos derechos -vivienda, cuidado, trabajo- la deuda seguirá ocupando ese lugar vacante, con un costo que no se mide solamente en pesos sino en las expectativas que los hogares depositan, o dejan de depositar, en la promesa democrática. Comprender esta relación entre derechos y deudas no es un ejercicio analítico: es la condición para pensar cualquier política pública que aspire a reducir la desigualdad estructural que atraviesa hoy a la sociedad argentina.

4.Las deudas “amortiguan” el malestar pero direccionan el descontento político

¿Por qué el deterioro del bienestar sostenido de los hogares no produce, de manera automática, un estallido social visible?. Parte de la respuesta está en la propia naturaleza de la deuda como experiencia vivida. En la Argentina, buena parte del endeudamiento popular es informal —con familiares, vecinos, el comercio del barrio— y esa informalidad, aunque genera un enorme desgaste emocional, no coloca al deudor bajo la amenaza constante del sistema financiero-bancario que sí opera en otros países de la región. Esa relativa amortiguación permite que el malestar se administre puertas adentro durante un tiempo prolongado, antes de encontrar una salida política. Pero esa demora no equivale a resignación: se acumula. Los sectores populares llevan décadas gestionando su economía con una combinación de planes sociales, trabajo informal y deuda; los sectores medios, en cambio, comenzaron a usar la tarjeta de crédito para llegar a fin de mes de manera creciente desde 2018 y, sobre todo, durante la pandemia.

Lo que define a este régimen de deuda no es solo su magnitud. Es su sentido acumulado. La deuda aspiracional —la que te permite comprarte una heladera, pagar la cuota del auto, planificar las vacaciones— crea un vínculo entre el esfuerzo presente y una promesa de futuro. La deuda de sacrificio es exactamente lo contrario: no te lleva a ningún lado. Es el precio de permanecer en el lugar. Y cuando esa experiencia se repite capa tras capa, gobierno tras gobierno, algo se rompe en la relación entre los hogares y la política.

Cuando ese sacrificio cotidiano no encontró ningún reconocimiento por parte de la política, se convirtió en malestar hacia el Estado, y ese malestar quedó disponible para la interpelación de un outsider que promete invertir los términos del sacrificio. No es casual que buena parte de la sociedad que veía en su propio esfuerzo financiero la prueba de que “se las arreglaba sola” haya encontrado plausible la promesa de que fuera el Estado, y no los hogares, quien sacrificara. La deuda, en este sentido, no solo amortigua: también contribuye, tarde o temprano, hacia dónde se canaliza el descontento.

5. Las deudas de sacrificio son el desafío para una propuesta de futuro

El régimen de deuda sacrificial que describe la experiencia financiera de millones de hogares argentinos se construyó a lo largo de años -la pandemia, la inflación crónica, los salarios que no alcanzan, la informalidad estructural- y se profundiza con las políticas de ajuste de Milei.

Si el problema es la mora, discutimos tasas y refinanciaciones; pero si el problema son las deudas de sacrificio, discutimos derechos. Donde falla un derecho —laboral, social— no nace una necesidad. Nace una deuda de sacrificio.

El crédito es dinero aún no prestado; las deudas, dinero ya prestado. El primero es una relación con el futuro, las segundas con el pasado. La escasez del crédito y el desborde de las deudas no es solo un desequilibrio contable, un fallo de caja negativo, es el dominio del tiempo pasado sobre el futuro. Una sociedad con deudas carcome las expectativas sobre el porvenir que ofrecen las democracias, devora estas expectativas desde sus cimientos y atenta contra la ilusión de un mañana mejor, su ficción más necesaria e irrenunciable.

AW/MG

Pese a extraordinaria ayuda norteamericana, no hubo cambios significativos en la crítica confianza de la sociedad argentina en su moneda: en octubre el Índice de Confianza Social en la Moneda registró 2,95 puntos sobre 5, apenas por encima del nivel observado en agosto (2,90). El dato preocupante asociado al índice es que cuanto más desconfían los argentinos de su moneda, más desconfían de sus vecinos o compañeros de trabajo. 

¿Qué es el Índice de Confianza Social en la Moneda? Desde hace unos meses, en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) venimos trabajando un nuevo indicador llamado Índice de Confianza Social en la Moneda (ICSM), una herramienta para medir de manera sistemática cómo los argentinos perciben el peso y cómo esas percepciones inciden en sus expectativas económicas, en su confianza institucional y en sus vínculos interpersonales. 

En octubre de 2025, el ICSM registró 2,95 puntos sobre 5. El índice tiene tres niveles de interpretación: de 1 a 3: niveles de confianza inexistente a crítica, de 3 a 4: niveles de confianza frágil a intermedia, de 4 a 5: niveles de confianza robusta a plena.

El índice revela que a medida que la confianza social en la moneda disminuye, también lo hace la confianza interpersonal. Las personas con mayor confianza social en la moneda declaran confiar más tanto en sus vecinos como en personas desconocidas en la vía pública, lo que refleja un nivel más alto de solidaridad interpersonal. 

Comparando agosto con octubre, el ICSM muestra una mejora, coyuntural, asociada a cierta calma cambiaria posterior a los anuncios de apoyo financiero internacional, más que a una recomposición profunda de expectativas. El índice se elaboró a partir de una encuesta estratificada por región, edad, sexo y nivel socioeconómico. 

Pero no es lo único que revela el estudio: un 41% de los encuestados no cree que el gobierno pueda estabilizar el valor del peso (nada de acuerdo o algo de acuerdo) y un 36% se muestra favorable a que el gobierno pueda alcanzar dicho objetivo (muy de acuerdo o totalmente de acuerdo). Mientras que un 49% considera que la inflación en los próximos 12 meses será entre alta o muy alta.

El ICSM se descompone en cuatro dimensiones: expectativas sobre el valor futuro del peso, confianza en el peso para ahorrar (reserva de valor), confianza en el peso para calcular (unidad de cuenta) y confianza en el peso para pagar y comprar (medio de pago). El valor general del índice en octubre está impulsado por las bajas expectativas de que la moneda nacional mantenga su valor en el tiempo (2,95). Aún menor resulta la confianza en el peso como reserva de valor (2,59). Un derrumbe mayor del ICSM se evita gracias a la confianza relativamente más elevada en el peso como unidad de cuenta (3,77) y, sobre todo, como medio de pago (3,98).

El ICSM de octubre 2025 confirma un patrón persistente: legitimidad cotidiana, fragilidad intertemporal, desigualdades estructurales en la confianza. El peso sigue siendo el vínculo material de la vida social, pero no logra consolidarse como vínculo de futuro. La confianza monetaria aparece así como un indicador integrado de la confianza social en el Estado y entre los ciudadanos. Los valores de ICSM actuales alimentan la desconfianza no solo de la economía, sino también erosionan la cohesión social, institucional y las expectativas sobre el futuro.

Otras conclusiones del ICSM: