Se enciende una radio y se abren caminos. Un mate en la mesa. Dos micrófonos prendidos. Del otro lado del vidrio, una compañera tuneando los niveles de audio. 

“Si hay algo que tenemos seguro, es que la salida es comunitaria,” dice Eladia Fernández, con su nenita de dos años jugando entre sus piernas. Este es un cierre de ciclo de un programa impulsado a pulmón, como tantas otras iniciativas que nacen de colectivos humildes en la ciudad de Goya.

Afuera, pega un sol correntino imponente. Adentro, Fernández entrevista a una amiga que organizó un festival, cuyo nombre quiere decir amistad en guaraní. Le pide que se presente. Es profesora, dice la mujer. “¿Y feminista?”, le pregunta Fernández. 

“En una ciudad que tiene ciertas miradas conservadoras, es un desafio nombrarte feminista,” dice Fernández, despues la entrevista. “Y tambien salir un poco de que es ‘la feminista’ –la de la tele, la de Rosario, la de Buenos Aires”, dice, en referencia a un movimiento muchas veces dominado por discursos urbanos.“Capaz no somos las mismas.” 

De ahí parte la mirada de La Chicharra, una radio comunitaria que se inauguró en 2015 como una respuesta a la necesidad de, como dice Esther Migueles, una de sus fundadoras, “contar lo que les pasaba”.

“Siempre tuvimos presente que sean visibles las zonas rurales y los barrios mas vulnerables,” dice Migueles, la docente jubilada que también está al frente de la conducción del programa feminista, al lado de Fernández, con Cintia Coria en la sala de técnica. 

Yo la conocí a Migueles en 2022, cuando viaje a Goya para presenciar un juicio de una mujer que estaba acusada de homicidio después de un aborto espontáneo. Los jueces la absolvieron. Migueles, junto a varias otras feministas de diferentes puntos del país, habían acompañado a la mujer día tras día. 

En una de esas charlas del entretiempo, me contó de la pequeña radio que ella ayudó a gestionar. Los orígenes se remontan a mujeres rurales que se capacitaron como comunicadoras populares y empezaron a hacer un programa de radio en los parajes de la zona, contando sus vivencias, desafíos y reclamos. Nombraron el programa Sapucai, que quiere decir “grito” en guaraní. Un día, llevaron una grabación rústica hecha en territorio con grabadores de la época a una radio local para su difusión. Migueles marca ese momento como un antes y un después, un acto que dio pie a una asociación civil de comunicación que incluiría un centro de formación, una escuela popular de género y La Chicharra. Su antena tiene un alcance de aproximadamente 60 kilómetros –los brazos radiales extendiéndose hacia la ruralidad que la gestó.  

Ahora, con las políticas de austeridad del gobierno de Javier Milei, y un relato que se vuelve cada vez más hostil hacia proyectos feministas, lo único que sobrevive de esa labor multidisciplinaria es la radio. La escuela de género estaba en fila para recibir más fondos del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, pero su disolución cortó esa vía presupuestaria. 

En la Argentina hay unos 120 radios comunitarias, populares, cooperativas y de pueblos indígenas, según los últimos datos del Foro Argentino de Radios Comunitarias que los nuclea.

Migueles, Fernández y Coria gestionan como pueden la Chicharra, buscando hacer rifas, ventas de mercadería que compran al por mayor u otros emprendimientos que las ayudan a solventar los gastos de electricidad y de internet, que aumentaron dramáticamente este último año. La situación sigue empeorando, y varias veces le han cortado la luz. La Chicharra no recibe subsidios del Gobierno, como otras radios en la zona. Aunque eso hace lo económico más difícil, le mantiene una independencia política que se vio en el abordaje de algunas notas, como el juicio de un aborto espontáneo. “Apelamos a la solidaridad de los distintos socios, del aporte más mínimo que se puede hacer” a una cuenta de Mercado Pago, dice Fernández. “La radio sigue, pero atravesada por esa situación.”

Fernández, de 38 años y docente de arte plástico, tiene una voz hecha para radio, se podría decir. No había televisión en su niñez rural, la radio era el hilo conductor hacia las ocurrencias del pueblo. Voces y programas marcaban el día como un reloj. En los 90, cuando Fernández empezó el colegio secundario, su familia se mudó a la ciudad y su mamá inició un emprendimiento de ventas de torta fritas y pan casero. Fernández era la vendedora. 

Con los años su familia se involucró con la Feria Franca de Goya, donde productores locales pasan a vender directamente al público, ahora desde un galpón en el centro de la ciudad. Mientras estudiaba filosofía, y después artes visuales, Fernández tomaba cursos de producción de radio. 

Un año, las autoridades municipales le dijeron que los productores locales no podían vender en una plaza central. La respuesta entre ellos fue armar un informativo en la radio. “Generó un tamaño revuelo”, recuerda Fernández, que formó parte de esa iniciativa. “A partir de ese momento fue hacer carne del arma, del instrumento que implica la comunicación”, dijo. “A cuanto podíamos llegar, cuanto podíamos jorobar o no”. “Nos dio identidad”, agrega. “Poder contar quiénes somos te hace pensar en quiénes somos.” 

Estela Ojeda casi se pierde en un mar de verde. Estamos en su campo, cerca de San Isidro, un pequeño municipio unos 45 kilómetros al sur de Goya. Este terreno es de su familia, un lote que obtuvieron hace varias décadas cuando el gobierno de entonces compró las tierras y las hizo disponibles para pequeños productores. Ojeda tenía 17 años en ese momento. Ahora es abuela. Y con los años, la sangre y el sudor que volcó hacia el suelo lo convirtió en parte de ella, sus propias raíces arraigando como si fueran los alimentos que ahora cosecha. Es posible encontrarla por momentos con un montón de cebollas en sus manos, o un esqueje de durazno que va a injertar cuando sea del grueso de una birome. 

Con un cuchillo de cocina, Ojeda se agacha y corta las hierbas que la rodean. Yerba buena y menta negra. Un abanico de bienestar para Migueles y Coria, quienes vinieron a visitarla. Se conocieron a través de la radio, en capacitaciones de producción y talleres de género. Hace unos años, Ojeda también mandó reportajes locales a La Chicharra. 

“El trabajo de agricultura no es fácil”, dice Ojeda, sentada en una mesa grande de su patio. “Pero en algún momento fue más rentable, te podías sostener produciendo”, dice Ojeda. Hay una caja en el centro de la mesa, llena de bolsitas transparentes que contienen semillas. 

“Yo me concienticé de que nace todo de ahí, de la semilla. Mi mamá y mi papá hacían ese trabajo de guardar la semilla”, dice. Ahora lleva adelante un intercambio de semillas con otros productores. Si alguien viene sin semillas para intercambiar, igual se van con algo. Es parte de su militancia rural. 

“Queremos que produzcan su alimento y se multiplique. Cuesta que otro se encadene a multiplicar”, dice. “Nos acostumbraron mucho a que todos compremos y no produzcamos. Y ahora es una época que hay que producir porque no se puede comprar.” 

En marzo del año pasado, el gobierno de Milei eliminó el Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que se había creado bajo el gobierno de Alberto Fernandez para implementar políticas públicas para el desarrollo de la actividad de pequeños productores. Había reemplazado a la secretaría del mismo nombre. En una conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el entonces vocero Manuel Adorni redujo la labor del Instituto a números: 160 delegaciones, dos sedes, 204 vehículos. El 85% de su presupuesto iba a sueldos. “Casi una agencia de empleo político”, dijo Adorni en su momento. De unos 946 empleados, ahora son 64. Un ahorro de $900.000 millones, dijo Adorni. 

Para Ojeda, la disolución se traduce en estancamiento. Programas y asistencia no avanzan. 

Mireya Gutiérrez también piensa en la producción y que sea algo que mantenga a la gente rural en su lugar. Ella vive y trabaja en los alrededores de Goya, pero en la otra dirección, al norte. Con sus hermanos, cultivan un terreno que heredaron de sus padres. Gutiérrez, de 41 años, se pudo haber ido de Corrientes. Lo pensó. Pero ya no. “Uno empiece a ver y decir, ¿de qué le sirve uno ir lejos?”. “Uno si deja su lugar, deja su historia. Deja el legado de sus antepasados, que lo han construido tanto.”  

Gutiérrez empezó su militancia a los 13 años y se destacó como una voz importante entre la juventud rural. Pasó por una asociación provincial de productores, una cooperativa, y se recibió como abogada. 

A la vez, buscaba proyectos y fondos provinciales o de ONGs para talleres o cursos que generaban otras salidas económicas para cada cosecha, como la producción de dulces o mermeladas, o capacitación en cuestiones ambientales. Los fondos también lograron servicios básicos, como acceso a internet, o la electricidad –elementos de los cuales no se hizo cargo el estado para su zona. Igual que Ojeda, Mireya también fue delegada nacional de la agricultura familiar para la provincia de Corrientes y ayudó en la redacción de la ley de agricultura familiar, que introdujo obras sociales y aportes jubilatorios. 

A pesar de los esfuerzos, un futuro rural sigue siendo una apuesta vertiginosa para muchos chicos jóvenes, que emigran a lugares urbanos en búsqueda de otras oportunidades. No es algo de ahora. Ya viene sucediendo hace años. “Hay que buscar la forma de resistir,  no solamente subsistir”, dice Gutierrez. 

Sin embargo, las semillas de La Chicharra están por todos lados. En el jardín de Yanina Gutierrez, por ejemplo, crecen mangos, maracuyá, limones, quinotos y tomate. Yanina fue presidenta barrial en la zona que se llama Arco Iris, en Goya, cerca de la radio. Como tal, gestionaba reclamos de sus vecinos en el municipio. Se volvió esa referente con herramientas que le aportó la asociación civil de la radio. Participó en la escuela de género, liderada por Coria y Fernández, que abordó temas que siguen latentes hoy, como la diversidad sexual y la violencia de género. También hizo reportajes para programas de radio sobre las problemáticas de su barrio. Informaba sobre un comedor que ella operaba, y vio cómo sirvió de modelo para otras comunidades. Pero el merendero de Yanina que alimentaba a 100 niños no funciona más. “No podes comprar un paquete de leche porque no te alcanza”, dice. Su propia huerta es menos sostenible por el precio de las semillas. Ahora, algo de su pequeño terreno lo usa para criar cerdos, que rinden más. 

“A mí lo que más me gusta de la radio es que da espacio”, dice, sentada en una silla de lona pliegable en su fondo, aceptando un mate que ceba Migueles. “Si le sabés sacar provecho te sirve un montón. Porque esto es popular. Es algo tan lindo. Está abierto para el tema que quieras tocar”, apunta.  

Coria formó parte del equipo que convirtió la escuela popular en un espacio  itinerante, llevando las políticas públicas a los barrios periféricos, como en el que vive Yanina, y a los parajes, como en el que vive Ojeda. 

“Para mí fue un proyecto muy enriquecedor”, dijo Coria, docente. “Con cada una siempre era trabajar con las particularidades del lugar, que tiene cada una de las personas. El saber que puede tener una y poder compartirla con otro, es lo mejor que uno puede hacer.” 

Coria, quien se encuentra ahora fuera de Argentina por trabajo porque se volvió muy difícil encontrar un empleo fijo en Goya, nota que los espacios colectivos se han vuelto aún más necesarios en este contexto. Se asombra del nivel de cambio –que un proyecto pequeño de una escuela popular de género ya no cuenta más con fondos estatales para operar.

“Todo parece que se tornó oscuro, sombrío, no se sabe si realmente uno puede seguir hablando de estos temas con total libertad”, nota. “Más allá de que somos las que siempre estamos levantando las banderas de estos temas, por ahi salir afuera ya… no sé. Hasta me animo decir que en Goya mismo, hoy por hoy, hacen ruido algunas cuestiones porque no hay un apoyo del Estado”, dice. “Uno también se siente desprotegido por parte del Estado.” 

De vuelta en La Chicharra, bajo una cita plasmada en la pared de Rodolfo Walsh –“El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento”– Migueles revuelve los cajones. “Parece que estamos muy pobres. No hay un triste birome”, comenta. Pero lo que falta en recursos desborda en compromiso, eso aprendimos trazando el camino de una pequeña radio que empezó bajo el lema “sembramos palabras, cosechamos derechos.” 

“Es una forma de sostenerse en tiempos difíciles”, agrega Fernández. “Y tiempos de vientos a favor, aumentarse y crear más”. 

Este trabajo fue realizado con el apoyo del Pulitzer Center

Johana Foenzalida fuma un pucho y mira para abajo, desde una de las áridas mesetas que abrazan Neuquén capital. A la distancia, en tierras que habían sido un basural, está su casita, un duplex de apenas dos años que tiene dos habitaciones, un baño y antebaño, cocina, comedor y un baño de visita. También tiene paredes que ella pintó de colores lavanda, aqua y maíz. Y tres árboles que ella plantó.

Nada de eso es menor, todo habla de una larga lucha para cerrar un ciclo de violencia y sanar las huellas que eso dejó. Difícil borrarlas –así son las huellas– pero hace rato que no está sola y ahora trabaja para que otras mujeres sepan lo mismo. 

“Fue la vuelta de rosca de mi vida”, dice Foenzalida, desde la meseta. “Después de tener mi casa, todo se acomodo.” 

La casa la obtuvo, en gran medida, gracias a los esfuerzos de una organización en Neuquén que se llama Movimiento para un Techo Digno (MTD). Se creó en 2003, de las tinieblas de la crisis del 2001 y los desocupados que rebosaban como volcanes en las calles del país. Es una organización social que empezó de la mano de hombres, pero se transformó en un vehículo de empoderamiento para mujeres. Ahora son ellas las que están a cargo de la dirección y manejan áreas de contención que incluyen violencia de género, trabajo, salud y apoyo barrial. 

Son ellas las que alertan sobre el impacto de políticas nacionales que han frenado la construcción de viviendas en el barrio denominado Z1, restringiendo una de las herramientas que existen para responder a la violencia de género en una provincia que en 2024 tuvo el nivel de femicidio más alto de la Argentina. 

En Z1, con fondos nacionales y provinciales se construyeron 2.000 viviendas. Viviendas que hace varios años se entregan a las mujeres de la familia, nombrándolas titulares como una forma de resguardarlas en caso de una ruptura en su hogar. Pero con la parálisis de la obra pública dispuesta por el Presidente Javier Milei, las últimas 180 casas quedaron sin terminar. “No creemos que el Gobierno tenga que construir viviendas”, dijo en una entrevista reciente Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación. En febrero, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial que disolvía la Secretaria de Vivienda.  

El lema “no hay plata” del Presidente toca cada rincón de Argentina y todas las sombras de la vida cotidiana. Ahí se encuentran víctimas de violencia de género, padeciendo recortes presupuestarios a asistencia económica y programas de acompañamiento de psicólogos y trabajadores sociales. “Si viene una mujer que trabaja en el servicio doméstico y necesita salir de esa situación hoy, urgente, ¿cómo hacemos para conseguir un alquiler?”, pregunta Foenzalida. “Un alquiler no baja de las 500 lucas. Un monoambiente te estoy diciendo.”

Las acciones del Gobierno nacional están enmarcadas en la lógica de un Estado chico. Según Sturzenegger, no se trata de ser más eficiente, sino, de hacerse “una pregunta más profunda” sobre qué hace el gobierno. Estás decisiones se respaldan sobre una columna de sentido ideológico armada por el mismo Presidente, quien en su discurso en el Foro Mundial de Economia de Davos señaló al “feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de genero” como instituciones diseñadas para “penalizar el disenso” y “justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles.” 

Busca eliminar del código penal la figura agravante del femicidio, argumentando que es injusto y desigual, algo que expertos ya pronosticaron que podría resultar la liberación temprana de personas condenadas por violencia. Para personas acompañando a mujeres en situaciones vulnerables, las decisiones oficiales las dejan más desprotegidas. 

“Las políticas de ajuste caen primero sobre las mujeres,” dice María Jose Vazquez, ex coordinadora en Neuquén de un programa del gobierno nacional que se llamaba Acercando Derechos. 

Neuquén es una ciudad en ebullición. Los “guanacos” petroleros que extraen las últimas gotas de un recurso codiciado marcan un ritmo de crecimiento y cambio que sacude el desierto. La provincia de Vaca Muerta funciona como un gran imán regional para argentinos que buscan salidas laborales en un contexto que se pone aun más difícil. 

Un chaqueño manejando para Uber tuvo cinco entrevistas en su primera semana en la capital neuquina para un puesto de mecánico, con ofertas al doble o el triple de lo que ganaba en su provincia natal. Un santiagueño, agotado después de 30 años de mantener una carnicería con su esposa, migró a probar suerte en la ciudad donde su hijo y nuera habían rápidamente conseguido trabajo. Los sueldos petroleros inflan la economía local y agudizan la brecha salarial. Para muchos, los alquileres se vuelven inalcanzables, ni hablar para mujeres que se encuentran violentadas en sus propios hogares y con pocas respuestas frente a la amenaza ¿a dónde te vas a ir? 

“Cuando el Estado no está ahí, ¿quién está?” se pregunta Vazquez. 

El programa Acercando Derechos, bajo la órbita del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, acompañaba mujeres en situaciones de violencia. En la provincia de Neuquén se componía de un equipo interdisciplinario que incluía abogadas que se encargaban de cuestiones legales, trabajadoras sociales que resolvían necesidades de vivienda, comida y educación y psicólogas que acompañaban el proceso terapéutico. Entre 2021 y junio del 2024, los 59 equipos que funcionaban en todo el país ayudaron a 30.800 mujeres, según lo que contabilizó Vazquez. El equipo de 10 personas en Neuquén acompañó a 820 personas. Con los despidos en el Estado de Milei, quedaron cuatro trabajadores, incluyendo Vazquez, pero sin el equipo técnico que hacía el seguimiento. 

También, hubo recortes al programa Acompañar, una política pública que nombran a lo largo del país como una herramienta importante a la hora de responder a la violencia de género. El programa se lanzó bajo la presidencia de Alberto Fernandez. Otorgaba el equivalente al salario mínimo vital y móvil durante seis meses consecutivos a personas que sufrieran violencia de género, para facilitar su salida del lugar de riesgo. Desde noviembre de 2020, cuando empezó, y el fin de 2023, más de 334.000 personas habían recibido la asistencia económica. 

Entre ellas estaba Odra González Trías, sobreviviente de un intento de femicidio en 2022 por parte de su expareja, José Gregorio Montaño. Inmigrante venezolana, González Trías llegó a la Argentina para reunirse con sus hijos y había denunciado a su pareja varias veces, algo que él ignoraba. “Sin la ayuda económica no sé cómo haría”, dice. 

Con la llegada del presidente Milei, la asistencia bajó a un plazo de tres meses y ahora los aplicantes tienen que presentar una denuncia judicial o policial para poder recibir autorización del pago. En el boletín oficial que informó del cambio, la administración de Milei destacó que es “prioridad del Gobierno Nacional adoptar los mecanismos necesarios para que los recursos con que cuenta el ESTADO NACIONAL se gestionen con criterios de eficacia, eficiencia y economía.”

En la oficina de Vazquez, mujeres llamaban el año pasado preguntando sobre sus pagos. Sin información disponible, el equipo no tenía respuesta. “Ya no nos llaman más”, dice. También, a partir de octubre, su línea de teléfono dejó de funcionar. El poco contacto que mantienen ahora es por WhatsApp. 

“Ellas me acompañaron mucho después del fin del juicio”, dice González Trias, sentada en la mesa de su living, en el departamento que comparte con sus dos hijos. “Estar en ese círculo en que te mete esa persona… para salir de ahí, cuesta. Hay que vivirlo para saberlo. De hecho, 15 días después que pasó lo que me pasó a mi, en Córdoba hubo un hombre que mató a su mujer con 17 puñaladas. Exactamente las mismas puñaladas que me metió a mi.” 

Ella no recuerda todos los detalles del hecho. Piensa que capaz porque era invierno y estaba bien abrigada, su ropa hizo que no se diera cuenta que Montaño la estaba apuñalando en la calle, cerca de su casa, después de haber llevado a los hijos de los dos al colegio. Diecisiete puñaladas. Las más severas fueron en su diafragma, que hacen que le cueste respirar cuando sube las escaleras. También tiene lesiones todavía visibles en su mano izquierda. Había levantado sus brazos para proteger su cara y Montaño le cortó cinco tendones de una muñeca. Tuvo dos operaciones y de a poco está recuperando movilidad en su mano, pero hay algunos movimientos que nunca va poder hacer de nuevo. 

“No es que voy a decir que lo supere”, dice ahora González Trias. “Porque no se supera eso”. Sí está rearmando su vida, trabajando en hoteles como mucama y recepcionista. La ayuda económica de Acompañar fue clave, pero ya se agotó. Por suerte, sigue recibiendo $320.000 al mes del programa de Neuquén que se llama Fortalecimiento Familiar. Su sueldo básico ronda los $400.000, algo que no alcanza para pagar su alquiler de $500,000 y que pronto aumentará $150.000. La AUH de $90.000 la resguarda para gastos escolares de sus hijos. 

Más allá de los malabares que tiene que hacer todos los meses para cubrir sus gastos, González Trias vive ahora en una suerte de calma. Neuquén le resulta cómodo. Sus hijos ya se adaptaron. No tiene ganas de irse. Pero, también, está contando los días. “Me preocupa cuando salga”, dice sobre su agresor, a quien le quedan 10 años de prisión. “Yo lo veria en todos lados. Porque si ya lo hizo una vez ¿por qué no lo haría una segunda?”  

Mariana Sarín acompaña a personas en situaciones de violencia hace años en Neuquén, de forma voluntaria. El método es insertarse como “una mujer más” que está al lado de la mujer violentada, brindando información de dispositivos estatales, gestionando por ella si no recibe respuesta, denunciando en los medios si es necesario. El programa del último gobierno que se llamaba Tejiendo Matria fue un fuerte avance, dice, porque formó una red de “promotoras” de género como ella con capacitaciones y credenciales que las respaldan a la hora de exigir respuesta de las autoridades. 

El patrocinio jurídico de Acercando Derechos fue “una diferencia abismal” porque aportaba un seguimiento legal que, ella dice, no existe con los defensores públicos, quienes tienen menos tiempo para dedicarle a los casos. “Había un enfoque distinto, de empatía”, dice Sarin. Igual, agrega, “la realidad es que lo que teníamos estaba muy lejos de lo que necesitábamos”. Y el clima ahora con el discurso de Milei para Sarin profundiza la sensación de que no hay a dónde reclamar. 

“La provincia algo hizo. Por ejemplo, sabemos que contrató a tres abogadas por una desliza en una nota periodística. Pero no publicitan eso”, dice. “No es que en algún lugar dice: si vos sos víctima de violencia podes tener una abogada sin pagar nada, podés llamar acá.” 

Las mujeres del MTD sí responden. Tiene un grupo de WhatsApp que llaman Código Rojo –rojo es el color de su agrupación – y cuando reciben un mensaje de una mujer que necesita ayuda se movilizan y van a la casa. Si es necesario, sacan a la persona violenta del hogar. Cada socia parece tener su historia, que van contando de a poquito, ganando confianza con las compañeras. Todas miran a Claudia Seguel, quien está a cargo de la dirección, como una madre. 

“Seguimos rescatando a mujeres, explicando que lo tuyo no es una casualidad, no es normal”, dice Seguel, coordinadora general de MTD. Pero sí que la violencia de género es transversal y sucede, capaz, donde menos lo esperás. (Alberto Fernandez, quien había visitado la sede de la organización durante su presidencia, ahora está procesado por lesiones y amenazas contra su expareja Fabiola Yañez.) Casi todas tienen una historia de haber sido escuchada por Seguel, y alentadas a fortalecerse. 

Como Belen Ilarragorry, quien llegó a las puertas de MTD después de recibir amenazas escritas de su pareja: le decía que le quedaban 40 días para vivir. Recibía mensajes con la cuenta regresiva de los días, como un reloj de arena en WhatsApp. Tenía marcas de quemaduras de cigarrillos en su piel. 

“Me daba vergüenza decir lo que me pasaba porque estaba lleno de mujeres fuertes y yo, pollito mojado,” dice Ilarragorry. Ya no es un pollito mojado; está a cargo de un galpón que había sido construido como un centro de salud durante la pandemia y que quedó en manos de MTD donde ahora hacen capacitaciones de género, talleres de costura u otras salidas laborales. 

“Nos cuidamos entre todas”, dice Belén Duran, 36, madre de dos nenas, en la casa de Z1 que comparte con sus dos hijas. La más pequeña, de cinco años, saca unos marcadores de colores mientras recuerdan un día que fueron al Jardín Botánico de Buenos Aires. “Les compré un pasaje en avión y vimos el cielo”, dice Duran, mirando a su nena. “Nunca me imaginé que yo iba poder, por mi cuenta, llevar a mis hijas de viaje.” 

Estuvo casada 14 años. Su militancia en la cooperativa no le cayó bien a su exmarido, que empezó a ejercer más control, con comentarios y presión. Pero ella seguía con sus capacitaciones de género. “Ahí empecé a escuchar cosas. No sabía que lo que vivía era violencia,” dice Duran. 

Algunos talleres fueron liderados por La Colectiva Feminista La Revuelta, una legendaria organizacion basada en Neuquén, que impulsó un programa de socorrismo para acompañar en la decisión de abortar antes de que se sancione la ley. Sentadas en la cálida sede en Neuquén capital, abajo de una frase de la feminista Sarah Ahmed pintada en la pared, Ruth Zurbriggen y Carla Nuñez explican el impacto que ven en el territorio. 

Nuñez es abogada y una de las siete integrantes de Socorro Violeta, una rama de La Revuelta que acompaña a mujeres en situaciones de violencia. Reciben personas de forma presencial todos los jueves y por teléfono los martes. Desde la llegada de Milei, las consultas han aumentado. El pago de asistencia económica es un problema recurrente que escuchan. 

“Hay algo que es del orden del golpe. Una pensó que tan atrás no iba a ser”, dice Zurbriggen, investigadora de La Revuelta y una figura importante en el feminismo de Argentina. 

“¿Cómo vamos a hacer para que no lleguen a tanto?”, se pregunta. “¿Qué capilaridad vamos a armar para que todo esto que dijo Milei no muestre el lado más horrible? El que habilita el odio es el Presidente.” 

Arriba de la meseta, Johana cuenta cómo ella canalizó un duelo profundo, en gran medida gracias a las mujeres que la siguen rodeando. 

Cuando tenía 13, su mamá fue víctima de un femicidio en un juzgado. Después de eso, entró en un ciclo de enojo, yéndose de su casa, buscando refugio en un papá que se había ido de la familia, entrando y saliendo de relaciones violentas y tóxicas hasta que finalmente llegó al MTD. “Mi hija era chiquitita todavía, tomaba teta”, dice Johana. En el interín, había perdido contacto con un hijo más grande. Vivía con su padre y la Justicia le negaba mayor acercamiento. Pero la luchó y ahora están juntos, los tres, en la casita con paredes que ella pintó en Z1. 

En su brazo tiene un tatuaje de una niña abrazando una mujer. Es ella, abrazando a su mamá. Un recuerdo, para los días en que sea necesario, de que no están solas. Y de que se puede salir adelante. 

Este trabajo fue realizado con el apoyo del Pulitzer Center y la colaboración de Laura Loncopan.

La bandera afuera de un centro de salud en los Troncos del Talar parece una invitación. Dos mujeres, una con una gorra verde, ambas con guardapolvos blancos que dicen “Interrupción del Embarazo” y “No Están Solas,” se acercan con panfletos en las manos y sonrisas dulces. 

El material no es una invitación, sino una advertencia: pinta una imagen estremecedora de las complicaciones que pueden derivar de la toma de misoprostol y mifepristona para abortar. El papel que distribuyen tiene un número de WhatsApp de “consejería”. 

Las caras cambian con algunas preguntas sobre quiénes son y por qué están ahí. 

–Mujeres autoconvocadas –es la respuesta a la primera pregunta. –Para acompañar a mujeres que están muy solas –es lo que repiten frente a la segunda. 

Se sienten incómodas. No es una suposición; lo dicen cuando me identifico como periodista. Y sus cuerpos lo demuestran. El mío también, porque algo parece no encuadrar. Es el día de la semana en que el centro de salud atiende consultas por interrupciones de embarazos y el verde que visten me hizo pensar que están para orientar a personas en esa dirección. Pero el propósito de las “mujeres autoconvocadas” es muy diferente, explica el médico Franciso Fariña, ya dentro de la salita de salud, donde cuelga un pañuelo verde. 

“Para nosotros están cometiendo un delito que es dar información falsa y además vulnerar el acceso a un derecho”, dice Fariña. Repasa el contexto que viven a cuatro años de la legalizacion del aborto en Argentina, en el que las fuerzas que se oponen a la ley van ganando terreno.

Las mujeres están para “interceptar”, explica. Se instalan afuera de las rejas del centro de salud, acercándose a toda mujer que pasa. Las interacciones varían, según los testimonios que llegan al equipo médico. Algunas pacientes cuentan que fueron direccionadas a un consultorio donde les hicieron una ecografía y que las mismas mujeres les ofrecen transporte hasta ese lugar. Después llegan al centro de salud con una imagen impresa de la ecografía, dice Fariña, en algunos casos contando que tuvieron que escuchar latidos. A otras les mostraron videos que describen a los médicos como “muy angustiantes”. Denunciar sus actividades no cambia mucho, dice el médico, más allá de una visita de la policía, que les pide que corran sus carteles para no invadir el espacio público.

“En este último año este grupo que está acá desde el 2020 empezó a aparecer en otros lugares de la zona”, dice Fariña, siempre fuera de consultorios de interrupción de embarazo en los días que atienden. “Sería más honesto que se pusieran con pañuelos celestes y fetos de plástico”, apunta Fiamma Vindigni, una médica en el centro de los Troncos. “Igual no corresponde –aclara–, pero sería más honesto”. 

Para ellos, y para otros profesionales de la salud, este es un efecto de la era Javier Milei, una señal que las palabras de un presidente tienen filo. Y cortan. 

En repetidas ocasiones el Presidente ha atacado el feminismo, direccionando su ira hacia “los asesinos de los pañuelos verdes” y sostenido –a pesar de las leyes vigentes en la Argentina– que un aborto es “un asesinato agravado por el vinculo”. Aunque el vocero presidencial dijo el año pasado que revertir la ley del aborto no esta en la agenda, su administracion sigue mandando mensajes contradictorios, el último en diciembre cuando Martin Menem, presidente de la Camara de Diputados, declaró en una entrevista que le “gustaria” reformar la legislacion de interrupción legal de embarazo y que “podría ser un proyecto” para 2025.

“Ahora están en un momento empoderado”, dice Gisela Stablun, médica y directora de Salud Sexual y Reproductiva en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sobre las fuerzas que trabajan en contra de la legalización. No parecen ser “mujeres autoconvocadas”, agrega, sino parte de algo más grande, con financiamiento y materiales en común. “Hay una desinformación o un intento todo el tiempo de desinformar o desestabilizar la política. Eso implica un doble esfuerzo para nosotras: poder seguir informando sobre la práctica y que los insumos necesarios lleguen”, dice, y agrega: “También nos pasa que las personas llaman para preguntar si todavía se puede abortar.”

Que esto ocurra en el conurbano bonarense –un territorio que sostiene politicas públicas para garantizar la ley de aborto y gobernada por Axel Kicillof, que busca posicionarse como una posible alternativo a Milei– no es menor. Demuestra que aun en una provincia donde 133 de 135 distritos tienen equipos de salud que proveen la interrupción legal del embarazo, el desafío es fuerte. 

San Miguel se ha declarado municipio “pro vida” y no garantiza la interrupción legal del embarazo, a pesar que hay una ley nacional. En el vecino municipio de San Isidro se desató una polémica por un consultorio primero denominado “Maternidades Vulneradas” que operaba dentro del Hospital Municipal Materno Infantil de San Isidro y que funcionaba, según organizaciones de derechos humanos y feministas, para obstaculizar el acceso al aborto. En un informe, Amnistia Internacional difundió la historia de una mujer que sufrió presión para cambiar su decision de tener un aborto en ese consultorio y tuvo que ir a otro municipio para realizar el procedimiento.  

“A nivel simbólico, van generando una disputa de sentido”, dice Carlota Ramírez, quien está a cargo de la Dirección de Equidad de Género en Salud en la provincia de Buenos Aires. El efecto Milei se extiende a lo concreto. El Gobierno Nacional redujo de manera repentina su inversión en salud sexual y, según pedidos de información hechos por Amnistía Internacional y testimonios de funcionarios de salud provinciales, frenó la compra y entrega de misoprostol y mifepristona el año pasado, según datos hasta agosto, derivando esa tarea a las provincias. El Ministerio de Salud no respondió a una demanda para información sobre el suministro de insumos para abortos en 2025.  

La provincia de Buenos Aires está logrando saldar ese bache por ahora, pero implica una gimnasia presupuestaria diaria de microdecisiones. En agosto la provincia expandió la línea de asistencia 148, que ahora también brinda informacion sobre metodos anticonceptivos y aborto. Fue una respuesta a reclamos de falta de atención de la línea 0800 del Ministerio de Salud Nacional, que cambió el mensaje con el cual recibe usarias a “salud sexual y procreación responsable”. 

“No solamente el Gobierno Nacional no envía –incumpliendo la ley– los insumos, sino que está ahogando financieramente a las provincias”, dice Ramírez. El año pasado atravesaron un momento en el que se agotó el stock de misoprostol. “Tuvimos que salir a repartir lo último que nos quedaba de mifepristona que la venimos guardando para las situaciones más complejas”, cuenta Ramírez. Por ahora los insumos están, pero están evaluando achicar la canasta de métodos anticonceptivos disponibles en el sistema de salud pública por cuestiones de fondos. “Si nosotros no pudiéramos garantizar el misoprostol nos subiría la muerte materna. Esta es una realidad. Las mujeres se mueren por abortos inseguros”, dice Ramirez.  

Puntos de resistencia 

A pesar de estos desafíos, el número de médicos que se sumaron como efectores de la interrupción de embarazo aumentó en la provincia, dice Ramírez. Y hay fuertes ejemplos de estrategias y modelos que están hechos para resistir.

Uno de ellos está en el Hospital Manuel Belgrano, en el municipio de San Martín. Allí un equipo de mujeres profesionales –médicas, residentes, una trabajadora social y una psicóloga– acompañan abortos de primer y segundo trimestre en una sala dedicada para esa funcion. Al entrar, se escucha una música suave. Una lámpara de sal genera un clima de calma. Los asientos están detrás de un divisor que otorga privacidad a las pacientes que atraviesan los efectos del medicamento. “Si quieren acostarse, se recuestan. Si quieren estar con familiares, pueden estar”, dice Ailin Carrillo, la médica a cargo del espacio. 

Como la ley misma, este pequeño lugar dentro del hospital es una manifestación de territorio conquistado. “No existe en ningún otro hospital público un espacio así”, dice Carrillo. Para las usuarias, transmite otro nivel de atención y contención, dedicada y sin exposición. Para el equipo de salud es una demostración del apoyo institucional que las respalda, en un contexto que todavía presenta cuestionamientos por parte de médicos que no están a favor de la práctica. Después que asumió Milei, médicos empezaron nuevamente a revisar historias clínicas, dijo Carrillo, para ver si las prácticas se cuadraban dentro de la reglamentación. 

Su propia trayectoria marca la velocidad de cambios sociales en Argentina. Cuando Carrillo estudio medicina en la UBA, entre 2007 y 2012, el tema aborto nunca se abordo. Ni se mencionó. De hecho, Carrillo acompañó a una amiga de la facultad cuando transitó un aborto y recuerda la sensación de miedo justamente por la falta de información sobre qué hacer y cómo hacerlo. Ella, como estudiante de medicina, no sabía a dónde recurrir para ayudar a su amiga. “Me sentí totalmente sin herramientas”, dice. Eso la sacudió y contribuyó a su propia evolución. Hace poco encontró uno de sus cuadernos de esa época. En un margen había escrito la palabra aborto y la había rodeado con un círculo. “Como diciendo: buscá esto”.  

Entró al Hospital Belgrano en el 2013 y el equipo de interrupción voluntaria del embarazo se conformó entre 2017 y 2018, al principio con residentes de medicina y el respaldo de la jefatura. En esos años, bajo el marco legal establecido por la Corte de causales para la interrupción legal del embarazo el trabajo fue más artesanal, mirando historias clínicas de otros profesionales de la salud para entender cómo avanzar, cuenta Elizabeth Álvarez, una trabajadora social que forma parte del equipo. La red que se tejió en esos tiempos se sostiene aún hoy y se fortalece con capacitaciones, como la que lideró Carrillo en diciembre con residentes de medicina, que brindó instrucción sobre cómo llevar adelante una aspiración manual endouterina, conocida como AMEU. 

El equipo tiene la particularidad, también, de tener una psicóloga dedicada al espacio. Se llama Florencia Pose y trabaja a la par de Carrillo. Su presencia implica que todos las usuarias que les consultan reciben evaluaciones psicológicas y acompañamiento. 

“Mi objetivo principal es poder trabajar los efectos emocionales, subjetivos de una interrupción de un embarazo”, dice Pose. “Porque más allá de que haya una ley, las representaciones sociales de interrumpir un embarazo siguen siendo muy culpabilizadoras hacia las mujeres y eso tiene impactos emocionales muy sufrientes”. En general, aunque estén seguras en sus decisiones, en muchos casos impulsadas por situaciones económicas en las que ya están enfrentando dificultades para darle de comer a su familia, siguen sintiendo culpa. “Muchas mujeres vienen pensando que se pueden morir por este tratamiento”, dice. “Aun así vienen a hacerlo. Eso para mi es muy conmovedor, porque son capaces de enfrentarse con esa posibilidad”, cuenta. 

Por eso, la presencia de psicología es primordial, dice Carrillo. “Flor es una joyita para este equipo, y marca la diferencia en un montón de cosas”. La manera en que entra y sale una persona no es la misma sin ella, dice. 

Ambas hablan de lo crucial que es el apoyo institucional, tanto de la dirección del hospital hasta nivel provincial, de Stablun y Ramírez, que se involucran personalmente cuando surgen desafíos puntuales. Así fue en San Isidro, cuando llegaron a través de la línea 148 las primeras denuncias sobre el consultorio que operaba en el Hospital Materno Infantil. Mujeres que llegaban al hospital con preguntas sobre una interrupción de embarazo primero pasaban por las manos de voluntarias que no tenían formación médica. 

“Les daban información falsa y trataban de convencerlas de que no continúen con el embarazo”, dice Stablun. Hubo denuncias de que les mostraron videos de fetos muertos. Que las hacían alzar un bebé de plástico. Que les daban escarpines. “Lo que estaban haciendo era ilegal”, dice Stablun. “La propia médica del hospital nos informaba que les llegaban más tarde porque las hacían dar vueltas, las hacían esperar”. 

El hospital es municipal. Entonces más que mandar recomendaciones y monitorear, los oficiales provinciales no tienen poder real para cambiar el contexto. Pero la presión también vale y después de mandar notas a la Dirección y tener reuniones, sacaron a las voluntarias, y ahora está a cargo de una enfermera que, según sabe Stablun, deriva rápidamente a un medico. Estos cambios se concretaron en diciembre, después de que el movimiento feminista se manifestara afuera de hospitales en San Isidro para visibilizar lo que estaba sucediendo. 

Para Pose, la psicóloga del Hospital Belgrano, unas de sus mayores preocupaciones es que las personas sientan que no puedan acercarse a un centro de salud y vuelvan a acudir a métodos inseguros. 

“Son tremendos los efectos” de los discursos anti, dice Pose. “Más allá que haya un montón de leyes que sean re progres en nuestro país, si no están acompañadas por campañas, que tienen que ver con cambiar los imaginarios sociales de esa práctica”, dice Pose, el miedo igual tiene un impacto. Sin embargo, la evidencia también muestra una convicción para acceder al derecho. 

“Las personas gestantes que atraviesan lugares en los que son hostigados no se quedan con eso –resalta Álvarez, la trabajadora social y compañera de Pose–. Vuelven a consultar”. 

Esta nota fue realizada gracias al apoyo del Pulitzer Center.

DTC

Las flechas marcan un camino truncado. Son calcomanías en el piso del hospital principal de la segunda ciudad de Salta, Orán. El Hospital San Vicente de Paul es una estructura imponente, con un gran techo de sombra que sobrepasa módulos de atención médica, como si fueran los ladrillos Lego que los arquitectos usaron para imaginar el diseño en los años 70.  Las flechas aparecen en la entrada, cruzan el vestíbulo, y paran en una puerta con un cartel que dice “Salud Mental”.  

Silvia Alanis conoce el camino, y la historia detrás de estas flechas que, de algún modo, está también detrás de ese mismo cartel. La psicopedagoga lo da vuelta: “Asesoría En Salud Integral para Adolescentes.” No todo lo que se pierde desaparece sin dejar rastros. Alanis es testigo de esto. 

Esa vendría a ser la historia del Plan ENIA, un plan de prevención de embarazo no intencional en adolescentes. Ya es conocida la decisión del gobierno de Javier Milei de vaciar el programa de fondos. En marzo se supo que 600 de las personas que trabajaban en ese programa serían despedidas. Pero bajo las pinceladas de la austeridad, hay personas, con historias y experiencias tangibles que se han perdido en el avance de la motosierra. 

Salta, en el norte argentino, es una de las provincias con mayor tasa de embarazo adolescente. Estaba dentro de la lista de 12 provincias donde se aplicó el plan ENIA en 2018 justamente para contrarrestar esa situación. Entre 2018 y 2021 el nivel de embarazo entre adolescentes de 15 a 19 años se desplomó en las 12 provincias donde funcionó el programa: pasó de 53 a 29 partos por cada 1.000 jóvenes. En comparación, en las otras provincias donde no operaba ENIA, bajó de 40 partos a 23 durante el mismo período.

Alanis es una psicopedagoga de 40 años que regresó a su ciudad natal, Hipólito Yrigoyen, con su hija adolescente y que se encontró haciendo lo que podría considerar ahora su vocación: escuchar y hacer de nexo con las instituciones a los jóvenes que sentían que no tenían ningún a quien recurrir para hablar de asuntos vinculados al sexo. 

Durante tres años Alanis dividió 30 horas a la semana entre dos escuelas secundarias de la zona y un hospital local. En las escuelas consultaba con los docentes sobre talleres que podrían ser de interés para los adolescentes, con temáticas como violencia de género, relaciones tóxicas o anticoncepción. Afuera de una oficina austera fijó un cartel con sus horarios de disponibilidad; una puerta para generar una sensación de privacidad con adolescentes que buscaban su consejos.

La gran mayoría de las personas que la buscaban eran mujeres jóvenes, y generalmente sus consultas eran sobre cómo practicar sexo seguro. El chip, como se conoce a un método anticonceptivo hormonal implantable, fue un tema de consulta habitual. El trabajo de Alanis no consistía en sugerir una u otra opción, sino en presentarles a los jóvenes las posibilidades y luego facilitarles citas en el hospital o centro de salud local para que pudieran tomar una decisión con una enfermera o un médico.

“La asesoría se suele iniciar con prevención del embarazo adolescente, pero en el camino vamos viendo que a las mismas adolescentes, chicas, chicos, los atraviesan otras cuestiones que tienen que ver con violencia en la casa, con autolesiones o abuso sexual también”, dice Alanis. “Empezamos a ampliar la mirada.” 

Su trabajo la llevó a interactuar con el sistema judicial. Recordó el caso de una madre que llegó al hospital preguntando si Alanis podía hablar con su hija, que amenazaba con escaparse. Vivían con un tío que tenía una discapacidad y con quien la niña, que entonces tenía 13 años, no se llevaba bien. La niña dijo que el hombre la seguía y le decía que era suya. Alanis presentó una denuncia ante la policía, que investigó. El tío fue acusado, fue a juicio, fue declarado culpable de abuso y encarcelado.

El trabajo también incluía acompañar a estudiantes que decidían llevar a cabo un embarazo. Recordó el caso de una niña de 16 años que no quería decirle a su madre que estaba embarazada porque temía que la mujer la obligara a abortar. Alanis dejó en claro a las jóvenes que estaba allí para apoyarlas en lo que decidieron hacer. “En ese espacio se generó un clima de confianza, muchas hablaron de cosas que les habían pasado cuando eran más jóvenes, casos de abuso sexual que habían sufrido en algún momento”, apunta. 

Generar confianza fue clave. Al principio, a los estudiantes les preocupaba que Alanis terminará revelando lo que compartían con ella a otros adultos, maestros o sus padres, pero ella les aseguró que, a menos que su salud estuviera en riesgo, no rompería su confianza. Por estos días, una pregunta la persigue: “¿A dónde van ahora estas niñas, estas jóvenes? No sé si tienen algún lugar”, se preocupa. 

Iván Naranjo, un ex trabajador del programa ENIA en Salta capital, se hace esa misma pregunta. Para Naranjo era importante estar en un espacio público, por eso instaló una mesa en el patio de las escuelas, donde tenía pancartas, folletos y juegos de verdadero o falso que jugaba con los estudiantes para despertar su interés en el tema o para romper el hielo.

Trataba de aprovechar las oportunidades para ampliar el material: si una pregunta del juego tenía que ver con el preservativo, también mencionaba que el preservativo es el único método anticonceptivo para prevenir las infecciones de transmisión sexual. “A veces tenía preservativos y cuando los tenía, me duraban dos segundos”, cuenta. “Lo principal era escuchar y luego poder dar información.”

“Uno siente tantas cosas, rabia, pena” por la pérdida del programa, señala. “Yo no diría que no hay acceso porque no estoy o porque no está el Plan, pero se perdió un recurso muy valioso que lo hacía más directo y además era un espacio más para adolescentes que ya no existe”, señala.

La pregunta entonces es qué sucede ahora. En Salta, por lo menos, no hay señales de que se hayan contratado de nuevo a trabajadores para ejecutar el programa. La provincia sigue con capacitaciones de ESI para docentes, pero el equipo que se dedicaba a esa tarea también fue recortado. Alanis recibe llamadas y mensajes de jóvenes que todavía la consideran una persona en la que pueden confiar. Es un trabajo que hace ahora sin remuneración, pero que continúa porque lo considera gratificante. Y también porque quiere que las jóvenes terminen en buenas manos. 

Un par de esas manos pertenecen a Elizabeth Corro, trabajadora de salud del Hospital Eva Peron en Hipólito Yrigoyen. Trabajó en estrecha colaboración con Alanis cuando ella formaba parte del programa ENIA, y las dos se convirtieron en aliadas cercanas en la búsqueda de mejores resultados en materia de salud reproductiva para adolescentes locales. Cuando se ven ahora, se saludan como hermanas, abrazos fuertes en la puerta de la pequeña oficina en el hospital donde reciben a pacientes.

Corro comenzó a trabajar en el hospital en 2009, cuando dijo que observó una “crisis” de embarazos adolescentes. Hubo un aumento repentino de niñas menores de 19 años que estaban en su segundo o tercer embarazo. Corro dijo que antes de la implementación del Plan ENIA, aproximadamente 30 de cada 100 mujeres embarazadas en el hospital eran menores de 19 años. Ahora dice que son 10 u 11.

“Esta reducción no ocurrió porque yo impusiera el implante, sino porque ellas tenían el conocimiento para decidir”, dice Corro, que reconoce el trabajo de Alanis por crear el “nexo” para que las estudiantes pudieran ir al hospital sin sentir vergüenza.

“Es un terrible paso atrás”, dijo sobre el cierre del programa, señalando que las estudiantes solían actuar como enviadas de información para sus familias, en particular otras mujeres, que aprendían sobre nuevos métodos de control de embarazo a través de ellas.

Desde la eliminación del ENIA, Corro asumió algo de lo que hacía Alanis, yendo a visitar escuelas para brindar parte de la educación sexual que solía brindar el programa. Esto se suma a sus tareas habituales en el hospital.

Hizo su primera visita a una escuela recientemente armada con una caja de preservativos. “Vamos a jugar”, les dijo a los estudiantes, indicándoles que se llevaran los preservativos a casa, los abrieran y practicaran. “Lo único que va a garantizar que los usen es la práctica”, explica.

Corro no está segura de la frecuencia con la que visitará la escuela el próximo año, y señala que también hay recortes en el sistema de salud en general. “Están reduciendo nuestras horas”, dijo. “Mi trabajo se ha duplicado”.

Alanis observa cuánto ha cambiado desde que ella era joven. Eso fue algo que siempre recalcó a los jóvenes durante su labor con ENIA. “Nadie me habló de métodos anticonceptivos”, señala. Y si bien hay amplia evidencia de que las mujeres están adquiriendo mayor autonomía sobre sus cuerpos y sobre sus propias decisiones de vida, en el norte, dice, todavía es difícil.

Este trabajo es parte de una serie, realizada gracias al apoyo del Pulitzer Center.