El camarista federal Alejandro Slokar criticó las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien había desacreditado a Madres de Plaza de Mayo, en particular por su apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Cúneo Libarona había opinado en redes sociales: “Qué raro otra vez las Madres de Plaza de Mayo defendiendo a un sanguinario socialista y corrupto como Maduro. Cuando se trata de un dictador de izquierda que persigue, tortura y hambrea a su pueblo, miran para otro lado”. Asimismo, agregó: “Ya les cerramos todo el financiamiento a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo desde el Ministerio de Justicia. No les dejamos ni un solo kiosco a los que curran con los Derechos Humanos”.

Ante las declaraciones, Slokar, quien también es director del Observatorio “Memoria y Justicia” de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), emitió un comunicado. Allí opinó que las afirmaciones del funcionario son una descalificación a la tarea histórica de las Madres y Abuelas.

“Las palabras del ministro no solo agraden a una parte esencial de la memoria histórica del país, sino que también buscan desacreditar la lucha por los derechos humanos que nos define como sociedad. Estas afirmaciones deben ser merecedoras del más enérgico repudio y un llamado a la reflexión de toda la comunidad jurídica y científica”, afirmó Slokar.

Luego, sumó: “Estas organizaciones son el núcleo constitutivo de la nación democrática y un emblema universal en favor de la vigencia irrestricta de los Derechos Humanos”.

La polémica comenzó a raíz de un comunicado de Madres de Plaza de Mayo, quienes saludaron al Gobierno de Venezuela, respaldando la gestión de Nicolás Maduro.

EM con información de NA.

En una entrevista reciente, el exjuez de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda analizó la situación política y judicial del país, resaltando la importancia del lenguaje en el ámbito democrático. “Lo débil de Milei es la comunicación. Una comunicación que es muy autoritaria, descalificando no sólo a sus adversarios, sino a personas cercanas. A los propios. El lenguaje en la democracia tiene mucho que ver. Es el primer signo de violencia y toda violencia es enemiga de la democracia”, dijo.

El cordobés también abordó, en diálogo con La Voz del Interior, la tensión que atraviesa actualmente la Corte al señalar un “alto nivel de enfrentamiento interno”, que impacta en su funcionamiento. Esta situación, según Maqueda, es reflejo de la polarización más amplia que afecta a todo el sistema político del país. El magistrado destacó que este conflicto interno no solo dificulta la toma de decisiones, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en la justicia.

Ante la pregunta de qué Corte deja, el exjuez declaró: “Diría que una Corte con un alto nivel de enfrentamiento interno, donde no priman tanto las cuestiones políticas, o no priman nada”.

En esa línea, se diferenció: “Lo que es muy malo son las operaciones que se hacen para descalificar a los miembros de la Corte o para descalificarse entre sí. Yo nunca he participado de eso ni voy a participar. Hoy es público que hay un nivel de enfrentamiento, donde estábamos tres por un lado y uno por el otro. Espero que ahora, que son tres, haya capacidad de diálogo para superarlo. Ahí no hay una diferencia política ni hay diferencias jurídicas muy grandes; ahí hay, a lo mejor, ambiciones de poder que hay que deponer”.

Críticas a Milei

Sumado a sus opiniones sobre el discurso de Milei, Maqueda analizó las políticas económicas actuales resaltando preocupación por las inequidades que generan. “Estoy de acuerdo con el déficit cero, pero se hizo sobre las espaldas de los que menos tienen”, manifestó.

En este sentido, el juez subrayó la importancia de implementar políticas públicas que no descuiden a los más desfavorecidos. “Es necesario un equilibrio. La austeridad no puede ser una excusa para perpetuar la desigualdad”, afirmó.

Asimismo, mencionó la necesidad de un consenso político amplio para que las reformas estructurales sean sostenibles en el tiempo.

El rol de la justicia

En relación al rol de la justicia, Maqueda, quien dejó la Corte al cumplir 75 años el pasado diciembre tras 22 años en el cargo, destacó que la independencia del Poder Judicial es fundamental para garantizar los derechos de todos. Al respecto, advirtió que los conflictos internos en la Corte y la falta de una visión unificada pueden debilitar su accionar. “La justicia no debe ser un campo de batalla; debe ser un espacio de equilibrio y garantía para la sociedad”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado a sus colegas y al sistema político en general para trabajar en la restauración de la confianza de los ciudadanos en las instituciones: “Es fundamental que el Poder Judicial mantenga su imparcialidad y su compromiso con la Constitución”.

EM

Hace mucho que no hablo de judiciales porque la agenda socioeconómica argentina es urgente. Más de un millón de chicos se saltean una comida y 4 de cada 10 argentinos son pobres. Si eso no es lo urgente, nos falla la brújula. Además de forma desigual, todos sufrimos el aumento de precios y de la inseguridad. Hoy por ejemplo, en el noti de A24 entrevistamos a Teresa de Berazategui, trabajando como empleada doméstica logró ahorrar y armar su local de ropa: este fin de semana le robaron todo, la dejaron sin nada. En este contexto me pone triste que la vicepresidenta nos arrastre a todos a un debate público sobre sus causas judiciales.

Pero hoy voy a hacer un espacio en “Cata de Noticias ”para pensar sobre lo que está pasando en Comodoro Py con el juicio a Cristina Kirchner, entre otros 12 imputados, por “Vialidad” porque es histórico al tratarse de una vicepresidenta en ejercicio. 

En un libro que publicamos con el fiscal Federico Delgado en 2016 con la editorial Planeta llamado “La cara injusta de la justicia” contamos con teoría y ejemplos cómo el Poder Judicial suele acariciar a los poderosos y aplastar a los débiles. En este caso, los alegatos del fiscal Luciani son un pedido fuerte mientras gobierna el Frente de Todos. Rompe con esa teoría.

En “Cata de noticias” mi espacio radial en el que intento alejarme del ruido que todo esto genera vale hacer algunas aclaraciones . Respiremos y pensemos por fuera de la grieta unos minutos.

*Los alegatos del fiscal Luciani son un pedido no vinculante, pero son la expresión del fiscal que representa a la sociedad. 

* Ahora los defensores van a hablar sobre el fiscal y es probable que sean duros y cuestionen la confección del proceso 

*Mientras tanto, los que agitan el clima son los dirigentes políticos porque dan por sentado que el juicio ya terminó: de un lado y del otro hablan de una sentencia escrita, de culpabilidad y de inocencia y, en realidad, el juicio ingresó en la fase final, pero aún faltan etapas. Y así, los políticos enloquecen a la gente. Un diputado de Juntos por el Cambio pidió pena de muerte para la Vicepresidenta y un sindicalista K amenazó con acomodarle los dientes al fiscal.

Más allá de los hechos de corrupción en la Obra pública denunciados en la causa de Vialidad, que vale recordar que fueron denunciados por Lilita Carrió en 2008 y que en Comodoro Py hicieron en ese entonces una calesita judicial para demorar y complicar la investigación, es interesante correrse de los gritos hoy y mirar por qué el proceso judicial está envuelto en sospechas de uno y otro lado y por qué eso puede ser un riesgo para la calidad de nuestra democracia. 

De nuevo, no estoy opinando de los hechos de corrupción denunciados, no estoy hablando de culpabilidad o inocencia. De hecho me parece trascendente que la justicia diga si hubo corrupción. Que lo confirme. El problema para la democracia es si no dice nada , si tarda en decirlo o si lo dice y la mitad de la sociedad desconfía de lo que dice la justicia.

Estoy mirando algunos cuestionamientos y sospechas sobre ciertos aspectos del proceso. Por ejemplo, si ponés en “mute” los gritos probablemente veas que la gran mayoría de la política, con silencios o con declaraciones, se blinda frente al delito de asociación ilícita porque temen que un precedente así se repita en el futuro. 

Por ejemplo, el dirigente de “Juntos por el Cambio” Miguel Ángel Pichetto expresó que va a ser difícil cerrar el esquema probatorio de la asociación ilícita y que le parece “un poco mucho que un Gobierno se constituya para delinquir”. 

Mientras tanto, militantes y simpatizantes del Frente de Todos marchan, gritan, piden. El Estado, igual que en materia económica y social, se muestra impotente. Nadie sabe bien qué hacer. 

En este contexto, el desafío para los jueces del TOF 2 es enorme. Ayer en Clarín el presidente del Colegio Público de Abogados Ricardo Gil Lavedra dijo que solo el 14% de los argentinos confía en la justicia. La pregunta es ¿cómo harán los jueces para convencernos de un veredicto y eliminar la sospecha? Si la condenan, ¿convencerán a la mayoría de los argentinos? ¿Y si la absuelven?

Corre el tiempo y nos aproximamos al momento de la sentencia, Cristina encolumna al peronismo en su denuncia de persecución judicial y el presidente Alberto Fernández aparece corrido y cuando habla comete furcios. Mientras tanto, el tercer accionista de la coalición gobernante y actual ministro de Economía Sergio Massa avanza con su plan de ajuste y estabilización en un contexto inflacionario, de pulverización de cualquier tipo de ingresos, de brecha cambiario, de índices de pobreza inmorales y de falta de dólares . 

 ¿Cómo sigue todo esto? Es Argentina así que siempre es mejor cerrar con “una historia en desarrollo”.

Editorial del 29 de agosto de “Cata de Noticias” por Radio con Vos

Un hogar de clase media baja, con ingresos de, por ejemplo, unos $ 150.000 acechados por la inflación, probablemente supo esta semana que un fiscal pidió una pena de prisión para la vicepresidenta por negocios con un contratista amigo de su esposo, que los empresarios del entorno de Mauricio Macri eran los que mantenían contacto más fluido con los funcionarios emblemáticos de la corrupción, que un diputado pidió la pena de muerte para Cristina, que los principales medios informaron que Alberto Fernández amenazó al fiscal acusador y que Horacio Rodríguez Larreta aprueba o veta congregaciones en Recoleta de acuerdo a la cara y la ideología del manifestante, y da pasos en falso que lo dejan expuesto. La secuencia comenzó temprano el lunes y continuaba a la medianoche del sábado.

El trabajador o la trabajadora de ese hogar puede creer más o menos lo que lee y escucha, le puede interesar más o menos la calidad de la democracia, pero tiene preocupaciones más urgentes a la vez que persistentes. Hace al menos una década que él o ella, sus padres y su barrio reman con ingresos deteriorados sin perspectiva de mejora, y no logran resolver temas cruciales para la vida como el acceso a la vivienda, escuelas públicas para que los pibes reduzcan la brecha con las elites, o medios de transporte y servicios públicos eficientes.

La memoria de hogares humildes indica que el último Gobierno de Cristina (2011-2015) tuvo más proclamas épicas que logros concretos en términos de ingresos, si no retrocesos. El período que siguió, el de Macri (2015-2019), que prometía razonabilidad para superar lo que identificaba como desvarío populista, abrazó el desvarío de la deuda externa. Resultado: aumento del trabajo precario, caída de 17 puntos en la capacidad adquisitiva de los salarios y resquebrajamiento social. Escenario propicio para que llegara una pandemia, una guerra de impacto global y un Gobierno con pulsión irrefrenable para tropezarse con sus propios pasos.

Mientras los debates se repiten en loop con un elenco con poca rotación, una voz disonante aparece hace un tiempo en el prime time de la tele y en las redes. Javier Milei promete incendiar todo e identifica a un enemigo que lastra a los individuos, sobre todo los blancos, que habitan el país: la casta. En una proclama alocada, el economista rockero defiende la venta de bebés y órganos humanos. Salvajadas, claro, pero que no terminan de causar estruendo un ambiente aturdidor, y que pueden ser dispensadas por un ciudadano que se siente un poco harto de todo.

Algo de eso registraron en agosto al menos dos consultoras mediante encuestas que todavía no son públicas. La intención de voto al candidato de ultraderecha demuestra una resiliencia que parecía amenazada por la crueldad mercantilista disparada por su boca. Son indicios que surgen de sondeos que, como se sabe, pueden fallar, pero aun en el registro de un estado de ánimo potencialmente cambiante o superficial, la hipótesis de Milei como postulante competitivo para 2023 podría durar más que un suspiro.

La semana en la que la desmesura alcanzó su cúspide merece ser revisada:

Lunes

El fiscal Diego Luciani termina la novena jornada de su alegato con un pedido de prisión de 12 años e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner. “Crimen de extrema gravedad”, “mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, “defraudó las expectativas de los ciudadanos que la votaron”, “éste es el momento: corrupción o justicia”. Aduce estar plantado sobre “toneladas”, no de piedras, sino de pruebas.

Luciani creyó tener todo para sospechar que “Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner”. Fueron doce años de relación contratista-gobernante de explicación difícil, si no imposible. El fiscal lo tuvo todo, menos lo fundamental: un documento, un testimonio, una clave bancaria, un Panamá Papers, un arrepentido con menos pinta de farsante que el exmarido de Karina Jelinek que revelara que la fortuna malhabida de Báez era en realidad de la familia Kirchner, o, en su reemplazo, alguna pista real de un soborno. En cambio, a Luciani le sobraron algunas cosas cosas: autoelogios, decibeles y un par de partidos de fútbol en la quinta de Mauricio Macri.

El fiscal lo tuvo todo, menos lo fundamental: un documento, un testimonio, una clave bancaria, un Panamá Papers, un arrepentido con menos pinta de farsante que el marido de Jelinek que revelara que la fortuna de Báez era, en realidad, de los Kirchner

Martes

Presentación de hora y media de Cristina en Youtube, no tanto para ejercer su derecho de defensa, sino para señalar que las coimas a José López y Ricardo Jaime, funcionarios encargados de presupuestos multimillonarios durante su Gobierno, fueron pagadas por familiares, socios y amigos de Macri. La vicepresidenta denuncia (prueba) que los jueces que visitaban Olivos, la Casa Rosada y la quinta de Los Abrojos no tienen ninguna intención de investigar al jefe de la oposición. El ataque encuentra un blanco, pero se desentiende del aspecto autoincriminatorio que significa que los supuestamente coimeados fueran designados y sostenidos por Néstor Kirchner y ella misma. Acotaría Diego Maradona, cuya mirada observaba desde un portarretrato mientras Cristina hablaba en su despacho en el Senado, que a los presidentes santacruceños se les escapó la tortuga. Hipótesis benévola para una pareja tan obsesiva con los números.

Acotaría Diego Maradona, cuya mirada observaba desde un portarretrato a Cristina mientras hablaba en su despacho en el Senado, que a los Kirchner se les escapó la tortuga, hipótesis benévola para una pareja tan obsesiva con los números

Miércoles

Como si le faltaran elementos para probar la relación promiscua de muchos integrantes de Comodoro Py con el elenco macrista, Cristina cree oportuno sacar a relucir un aviso fúnebre de 2021 por la muerte de Manuel de Abelleyra, hermano de la esposa de Luciani, firmado por Fabián Rodríguez Simón. “Todo sigue haciendo juego con todo”, razona falazmente la vicepresidenta. Lo único que prueba ese aviso es que el operador judicial de Macri era amigo de Abelleyra y que le expresó condolencias, “con cariño, a Ana y los chicos”. Cabe preguntarse cómo se habrán sentido Ana, los chicos y los familiares mayores del fallecido al ver el nombre de su ser querido expuesto como un argumento político fallido, salvo que todos deban hacerse cargo de las relaciones sociales de su cuñado.

Un hombre probo aunque un poco vengativo con el exmarido de su actual pareja al punto de planear plantarle droga para sacarlo de la cancha, como el fiscal Carlos Stornelli, venía insinuando que el Gobierno de Alberto Fernández podía mandar a matar a Luciani como le había ocurrido a Alberto Nisman en enero de 2015. Los mismos medios que desde hace siete años tratan de reivindicar, con severísimas dificultades, la figura de Nisman y de transformar su aparente suicidio en un asesinato multiplicaron esa sospecha, que se transforma en una pregunta directa al presidente en una entrevista en el canal TN. Éste explica con gestos y palabras que le parece un disparate, alude a lo que está expresado en los peritajes del cuerpo médico forense de la Corte Suprema y la Policía Federal (luego contradichos por la Gendarmería de Patricia Bullrich) en cuanto a que los indicios apuntan a una muerte sin intervención de terceros, y reflexiona que espera que Luciani no se suicide. Una de más, una de menos, la nada misma en un intento por responder con lógica una pregunta intoxicada.

Jueves 

La prensa que usa a Nisman se excita y lee en la respuesta de Fernández en “A 2 Voces” una amenaza de muerte. Ese periodismo se vuelve a poner en la árida tarea de elucubrar hipótesis sobre el asesinato en un departamento y baño cerrados, sin indicios de violencia ni rastros de terceros.  

Volcada a una deriva halconista definitiva, la bancada de diputados de Juntos por el Cambio pide juicio político a Alberto Fernández por su “amenaza” a Luciani. Firman todos menos Facundo Manes, quien se desmarca para “no banalizar el funcionamiento institucional”. Acto seguido, como buena paloma de la coalición conservadora, el neurocirujano se ve forzado a sobreactuar y denuncia su indignación por las “declaraciones mafiosas” de Fernández. Manes se pone en un brete, porque si realmente cree que el Presidente incurrió en una amenaza mafiosa, lo lógico sería adherir al juicio político.

El procurador interino Eduardo Casal envía una carta a Fernández en la que reclama por “una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones… que afecta el principio republicano de división de poderes”.

Manes se pone en un brete, porque si realmente cree que el Presidente incurrió en una amenaza mafiosa para terminar con la vida de un fiscal, lo lógico sería adherir al juicio político.

Rara preocupación de Casal. Está sentado en la silla de la Procuración General gracias al acoso y derribo de su predecesora, Alejandra Gils Carbó, quien, a diferencia de él, había sido designada con aprobación del Senado. La ofensiva del macrismo contra Gils Carbó incluyó el siguiente diálogo entre Rodríguez Simón y el fiscal del fuero de Seguridad Social Gabriel de Vedia, en octubre de 2017.

–¿No se puede acabar la persecución?

–Mirá, si vos me traes la renuncia, la persecución obvio que se acaba.

–Pero ella no va a renunciar.

–Y bueno, meteremos presas a las hijas, y a ella. Va por el orden que digo primero.

Luego de ese diálogo edificante en un despacho de Casa Rosada, Gils Carbó dejó el puesto y asumió, interinamente, Casal.

Viernes

De visita en Córdoba, Mauricio Macri eludió la desmesura y prefirió la ironía. “Hoy me decían que tenían dudas si López había sido ministro mío o de ella”, dijo en una de las entrevistas de su gira cordobesa. Es cierto, el hombre que arrojó bolsos con US$ 9 millones en un convento fue secretario de Obras Públicas de Néstor y Cristina, aunque los chats dieran cuenta de mayor familiaridad con los empresarios del entorno de Macri que con la expresidenta o con el propio Báez.

Macri se deja entrevistar con la tranquilidad que le brindan dos certezas:.no recibirá repreguntas y los jueces visitadores de Comodoro Py no lo investigarán por las graves sospechas sobre negocios con parques eólicos, el soterramiento del Sarmiento, los peajes y el Paseo del Bajo generados por medidas de su Gobierno con sus propias empresas o exempresas, o las de sus socios, como beneficiarios. El líder opositor también navegará sin despeinarse por las causas originadas en el espionaje sistemático ejercido durante los Gobiernos del PRO en CABA, provincia de Buenos Aires y Nación contra enemigos, rivales, aliados y familiares molestos.

Sábado

Las inmediaciones del departamento de Cristina en Uruguay y Juncal, en Recoleta, amanecen valladas, tras una semana de vigilia de los partidarios de la vicepresidenta, que habían dejado el lugar por la tormenta nocturna y ante la perspectiva de actos en plazas de la Ciudad y el conurbano, por la tarde. La torpeza del Ministerio de Seguridad de la Ciudad se transforma en un llamado a los cristinistas para volver a manifestarse ante lo que se percibe abusivo. Avanza el día con gases lacrimógenos y enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, en una repetición de lo que había ocurrido el lunes por la noche, cuando los jóvenes kirchneristas abrumaron con su número a la enésima manifestación de vecinas atildadas que suelen congregarse en esa misma esquina para insultar y amenazar a la “yegua montonera”.

A los “vecinos” anti-K que asedian esa esquina o la del Instituto Patria, la Policía de la Ciudad les regala palmaditas en el hombro. A los alienígenas, palos.

Larreta pretende presidir la Nación argentina e invierte fortunas publicitarias en ello, pero se tienta con actuar como intendente de Recoleta. Cristina le cobró esa tendencia anoche, pero más caro pagará Larreta ante Patricia Bullrich en la interna opositora el haberse puesto en situación de tener que recular.

Mientras tanto, el Liverpool de Luciani, Rodrigo Giménez Uriburu y Mariano Llorens pidió fecha libre este fin de semana.

¿Y el lanzallamas?

Andrés “Cuervo” Larroque guardó el lanzallamas (término acuñado por la periodista María Cafferata en Página 12) que utilizaba contra Martín Guzmán y dio paso a un estilo lacónico en Twitter para narrar la semana. “Con Cristina no se jode”, “Y esto recién empieza”, “Cuando digas y donde digas”, “Cristina contra el poder, en el medio no hay nada”. Esas microfrases y un par de entrevistas sin revisión del pasado reciente no eximen a Larroque, ni a Máximo Kirchner ni a Cristina de la pregunta de por qué creían, dos meses atrás, que el intento de Guzmán de reducir los subsidios para ricos y contener transferencias a provincias era vendepatria, y los recortes anunciados esta semana por Sergio Massa en obras públicas, jardines de infantes y compras de medicamentos forman parte de la nueva épica “refundacional”.

El cristinismo se entusiasma con el movimiento de bases que copó calles y plazas esta semana. Una y otra vez, se demuestra que no hay otro dirigente político que cuente con tal intensidad de adhesión como Cristina. Ese factor contiene una dosis de imprevisibilidad que resultó fundamental para revertir las múltiples oportunidades en que rivales y columnistas de diarios anunciaron el fin del kirchnerismo en los últimos quince años. Habrá que ver en esta ocasión si el resurgir cristinista excede a sus adherentes, que muestran ganas de ir por más, o si es la expresión de un núcleo que se desconectó de las preocupaciones más acuciantes de la mayoría. Por lo pronto, lo que parece fuera de duda es que no hay 2023 para el peronismo sin conducción o auspicio nítido de la líder.  

La principal oposición dirime cómo barajar su entusiasmo ante encuestas que marcan una amplia brecha sobre cualquier alquimia peronista y la hipótesis de una condena por corrupción contra Cristina que recorrerá zócalos, hashtags y portales durante meses. Eso sí, sus dirigentes pueden medir mal los efectos de una sentencia por el estilo. Los sondeos y los resultados de 2021 dan cuenta de que no se trata tanto de una recuperación de una mayoría para la coalición conservadora sino de una debacle del peronismo. Los votos aparentemente perdidos por el Frente de Todos buscan un destino, pero nadie debería descartar la opción de que vuelvan a estructurarse si el crecimiento del PBI se combina con la recuperación del ingreso real, baja de la inflación y la mística cristinista. Poco probable, no imposible.

La citada fortaleza aparente de Milei en un contexto de agobio económico para muchos combina con la incertidumbre que afecta a los dos principales bloques: en el Frente de Todos, por la desorientación programática y la defección en la conducción del Gobierno, y en Juntos por el Cambio, por la disputa irresuelta por el liderazgo que dejó fluir, días atrás, acusaciones por narcotráfico y corrupción.

La presunción de que existe una farsa en la cima —el postulado con el que engaña Milei al autoexcluirse— encuentra eco en una sospecha potente: Cristina fue jefa de funcionarios que cobraron coimas y Macri fue jefe o socio de empresarios que las pagaron. Así las cosas, el economista gritón, self made man del vale todo, figurita preferida de las producciones televisivas, seductor del alma libertaria de los Cristiano Ratazzi de la vida, libertario contra las amarras que impone lo que él dibuja como casta, está llamado a su juego preferido.  

SL

La causa principal por presuntas coimas en el soterramiento del tren Sarmiento nació el 16 de marzo de 2016, por una denuncia de Graciela Ocaña derivada del Lava Jato de Brasil.

Documentos incorporados al expediente que construía entonces el juez federal del estado brasileño de Paraná Sergio Moro señalaron que un gestor de Ricardo Jaime había reclamado, en 2009, el pago de una cuota de US$ 80.000 de una presunta coima al director de operaciones de Odebrecht Mauricio Couri Ribeiro. Con esa información sobre un monto que luego se demostraría irrelevante para las magnitudes manejadas, la legisladora de Cambiemos acudió a Comodoro Py. El fiscal Franco Picardi dio impulso a la investigación y el expediente quedó abierto en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.  

Desde entonces, el caso acumula tantas pruebas como movimientos estrambóticos, y hace dos años que no avanza. Hubo de todo. Un arrepentido clave que dejó de arrepentirse después de que Martínez de Giorgi sobreseyera a su esposa e hijos, procesamientos, desprocesamientos, hallazgos de rutas de dinero hacia cuentas offshore en Andorra y Uruguay y una singularidad extrema: aparecen en el banquillo los receptores de dádivas, según la benigna acepción del juez, pero, por ahora, quedan exceptuados de culpa y cargo los empresarios que supuestamente entregaron montos millonarios.

La versión del Lava Jato indicó que Jaime y su asesor español Manuel Vázquez crearon la firma Control y Auditorías Especiales (CAESA), con sedes en Argentina y España, para recibir sobornos por parte de la brasileña Odebrecht, IECSA —la empresa cedida por los Macri a su pariente Angelo Calcaterra en 2007—, la italiana Ghella —socia de IECSA en otros emprendimientos en la Ciudad de Buenos Aires— y la española Comsa.

A medida

El llamado a licitación para el soterramiento fue firmado por Jaime el 21 de febrero de 2006, al que respondieron IECSA —todavía con los Macri a cargo de la empresa—, Roggio y el consorcio Isolux-Esuco, según consta en el expediente judicial. Tras múltiples modificaciones en el trazado de la obra, montos y plazos, Cristina Fernández de Kirchner adjudicó el trabajo al cuarteto IECSA–Odebrecht–Ghella—Comsa, con participación de 30% para los tres primeros y 10% para el último, el 23 de enero de 2008.

Todo el concurso a cargo de los secretarios de Transporte Jaime (2003-2009) y Juan Pablo Schiavi (2009-2012) estuvo signado por la falta de planificación básica, como la elaboración de un presupuesto, fuente de financiamiento o definiciones técnicas para realizar la obra, lo que dejó casi todo librado al contratista, indicó un dictamen de Sergio Rodríguez, procurador de Investigaciones Administrativas, presentado en diciembre de 2017.

Desde un principio, la extrema opacidad de la licitación estuvo orientada a que el soterramiento fuera adjudicado al consorcio ganador, pese a la supuesta competencia con Isolux —una firma española con presencia recurrente en los concursos ganados por IECSA— y Roggio.

Ad honorem

En el procesamiento decretado el 15 de abril de 2019, Martínez de Giorgi dio por probado que IECSA pagó $ 600.000 a CAESA, la consultora creada por Vázquez, el asesor “ad honorem” de Jaime, y Comsa hizo lo propio por $ 263.097,56, entre 2005 y 2009. Vázquez se desligó formalmente de CAESA en 2005, aunque siguió a cargo de la gestión. Por si quedaran dudas, el consultor español dejó a su esposa, Marta Margarita Domínguez, como apoderada de la firma, y a sus hijos Julián y Mariano como vicepresidente y director, respectivamente.

La consultora de Vázquez cumplió su ciclo. Tras el desplazamiento de Jaime, en 2009, y, sobre todo, tras el accidente de Once de febrero de 2012 que derivó en la renuncia de Schiavi, el soterramiento pasó a la órbita de Julio de Vido, ministro de Planificación entre 2003 y 2015. Allí cobró protagonismo la firma Sabrimol, una offshore radicada en Uruguay a cargo de Jorge “Corcho” Rodríguez, como presunta receptora de las coimas pagadas por Odebrecht.

A su vez, fue incorporada al expediente el “acta de culpabilidad” firmada por Odebrecht en Estados Unidos, mediante la que el gigante brasileño admitió sobornos por US$ 35 millones a intermediarios con el Estado argentino, sin detalles.

Los mails del ejecutivo de Odebrecht Couri Ribeiro registrados en la causa de Moro en Brasil —también mencionados por Martínez de Giorgi؅— dieron cuenta de que Javier Sánchez Caballero, segundo de Angelo Calcaterra en IECSA, solicitó US$ 20 millones para abonar las coimas por la adjudicación del soterramiento.

Hipótesis corroborada

Martínez de Giorgi escribió que “se encuentra corroborada la hipótesis” de que los funcionarios que intervinieron en la adjudicación de la obra tuvieron “un interés particular para beneficiar a IECSA-Comsa-Constructora Norberto Odebrecht-Ghella”. Entre las “readecuaciones” más groseras, el juez señaló que el proyecto original preveía el soterramiento del Sarmiento desde Liniers a Caballito (desde donde ya continúa en trinchera hasta Once), dentro de CABA, y mejoras, puentes, túneles y pasos a nivel en el tramo entre Liniers a Moreno, del lado de Provincia. Esa idea fue reemplazada por el proyecto de soterramiento de toda la extensión, pero no se llamó a una nueva licitación como hubiera correspondido, señaló Martínez de Giorgi.

Con todo, el juez dispuso procesar a los funcionarios por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y no por cohecho. La figura le cupo a Jaime, su asesor Vázquez, Schiavi, De Vido, José López y una veintena de funcionarios de la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Planificación.

A Sánchez Caballero, de IECSA, y a Ramón Castro, de Comsa, Martínez de Giorgi les asignó el presunto delito de “ofrecimiento de dádivas”. El juez entendió que como los pagos a CAESA, la consultora de Vázquez, sumaron $ 1 millón, o 0,01% del monto estimado de la obra, no podían considerarse sobornos. A Vázquez y Julián Soba Rojo, presidente de la consultora, les atribuyó el delito de recibir esas “dádivas”. El monto citado era, en efecto, mucho menor en comparación con otros que copaban el expediente, pero el juez no los consideró suficientemente probados.

Al resto de los empresarios, incluidos Calcaterra, el Corcho Rodríguez y los representantes de Ghella y Odebrecht, Martínez de Giorgi los benefició con la “falta de mérito” (es decir, no quedaron procesados, pero sí sujetos a seguir siendo investigados). La esposa y los hijos del gestor Vázquez fueron directamente sobreseídos por el titular del juzgado 11 de Comodoro Py. Se verá: no fue magia.

De Vázquez al Corcho

El fiscal Picardi apeló los procesamientos y sobreseimientos en todos sus términos con 547 páginas presentadas el 26 de abril de 2019. Entendió que no se trató de meras dádivas sino de una trama de sobornos orquestada desde distintas dependencias oficiales y privadas, en Argentina y el exterior, sostenida a lo largo del tiempo. Picardi solicitó que el delito imputado fuera cohecho activo para los pagadores y cohecho pasivo para los receptores, figuras que suponen penas más graves que las estipuladas por el juez.

La “adecuación espuria” del proceso de licitación tuvo por fin directo beneficiar al cuarteto Odebrecht-Iesca-Ghella-Comsa, escribió el fiscal. En un primer tramo, el esquema de sobornos se canalizó a través de la falsa consultoría del testaferro Vázquez, y luego, tras la salida de Jaime del Poder Ejecutivo, mediante una trama más intrincada de sociedades offshore, argumentó. Ello coincidió con la decisión política de que el soterramiento fuera solventado por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, organismo bajo la órbita de Julio de Vido.

El consorcio de IECSA y Odebrecht transfirió US$ 4.495.250 a la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras y Edificación S.A, por “servicios técnicos o de ingeniería” que resultaron “inexistentes y simulados”

Más allá de las confesiones y supuestas pruebas acumuladas en el expediente Lava Jato de Brasil, Picardi reconstruyó la ruta de aparentes sobornos que involucran a paraísos fiscales con la actuación estelar de Jorge “Corcho” Rodríguez, ex de Susana Giménez.

Entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012, el consorcio de IECSA y Odebrecht transfirió US$ 4.495.250 a la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras y Edificación S.A (DSC), por “servicios técnicos o de ingeniería” que resultaron “inexistentes y simulados”, según la Administración Federal de Ingresos Públicos, citó Picardi en su apelación.

El flujo de esas transferencias a cuentas radicadas en la Banca Privada de Andorra (BPA) fue reportado desde un juzgado de ese paraíso fiscal en los Pirineos españoles. Una investigación judicial en Andorra halló que la BPA fue el vehículo para la canalización de coimas por parte de Odebrecht para sus negocios en América Latina. No fue una excepción. La entidad andorrana había sido intervenida en 2015 a raíz de un reporte de Financial Crimes Enforcement Network de Estados que la había sindicado como un banco dedicado, básicamente, a lavar dinero.

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La otra punta del ovillo se encuentra en un exhorto respondido por autoridades uruguayas. Sabrimol, la empresa que tanto el juez como el fiscal atribuyen al “Corcho” Rodríguez, recibió USD 4.946.148,84 y € 224.046 euros de parte de la firma Klienfeld en su cuenta del Banco Itaú en Uruguay, hasta 2014. Klienfeld era un armado offshore de Odebrecht para canalizar coimas. La cifra que partió a DSC en Andorra y de allí se difuminó hacia otras offshore y la que llegó a Sabrimol en Uruguay exhiben una coincidencia llamativa.

En la descripción “Conozca a su ciente”, la sucursal en Uruguay del Banco Itaú detalló sobre Sabrimol:

“Entre sus principales clientes se encuentran la empresa brasilera Odebrecht a la cual están asesorando en la obra relacionada al soterramiento del tren Sarmiento en Argentina, recibiendo fondos de subsidiarias de esta empresa en forma habitual. También son clientes los argentinos Susana Giménez y Jorge Rodríguez a quienes les administran propiedad e inversiones en Uruguay”.

Los registros de comunicaciones de José López y emails incautados en la investigación del Lava Jato de Brasil dieron cuenta que el mencionado secretario de Obras Públicas y el subsecretario de Coordinación de Planificación Roberto Baratta delegaban en Rodríguez la gestión ante Odebrecht, indicó Picardi. Ambos funcionarios eran, a su vez, interlocutores habituales de Calcaterra, cabeza argentina del consorcio encargado del soterramiento.

El Corcho negó ser titular de Sabrimol, pero tanto el juez como el fiscal lo consideraron probado por múltiples documentos.

El desarrepentido

El expediente brinda otro episodio singular. Hacia febrero de 2019 seguían los coletazos del festival de arrepentidos disparado en la causa Cuadernos. El 26 de ese mes, el gestor Vázquez se presentó ante la fiscalía de Picardi para declararse imputado colaborador. Su testimonio, sin la opacidad de la intervención del fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, habría significado un activo para la acusación, por entonces todavía a la espera de que se validaran los arrepentimientos y las pruebas construidos en el Lava Jato de Brasil (ocurriría en junio siguiente).

Vázquez le dijo a Picardi que Calcaterra había abonado US$ 20 millones a Jaime para obtener la adjudicación del soterramiento. Tras su arrepentimiento, el intermediario español debió afrontar una operación, lo que dilató el trámite para ser aceptado como imputado colaborador.

En abril, el juez Martínez de Giorgi se precipitó a procesar a unos 25 exfuncionarios —entre ellos, Vázquez— con la figura penal más débil posible, decretó la falta de mérito para la pata empresarial y dictó tres sobreseimientos: Marta Giménez (esposa) y Mariano y Julián Vázquez (hijos). Al mes siguiente, el testaferro de Jaime reapareció en Comodoro Py con nuevo abogado. Declaró ante Martínez de Giorgi que su arrepentimiento de febrero había sido inducido por su anterior letrada, pero que había recapacitado y ya no tenía nada que confesar. En tres meses, el cargo de conciencia se evaporó.

La sala 2 de la Cámara Federal se expidió sobre la apelación de Picardi contra el débil procesamiento dictado por el juez de primera instancia en agosto de 2019. En un texto breve, con consideraciones genéricas, Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia fallaron que los procesamientos y las faltas de mérito dictaminadas por Martínez de Giorgi estaban infundados y eran autocontradictorios, y declararon la nulidad de lo resuelto.

Desde entonces, uno de los expedientes en el que gritan indicios claros sobre un sistema de corrupción que abarca a altos funcionarios de los Gobiernos de los Kirchner y a la empresa de los Macri ocupa un lugar en un despacho de Comodoro Py.

El paso cansino y errático del expediente en el juzgado en lo criminal federal 8 de Capital Federal sintonizó a la perfección con la decisión del Ejecutivo de Cambiemos de reactivar la obra y pagar US$ 759 millones en un lapso de tres años al mismo consorcio que eligió Ricardo Jaime en 2006. 

SL

Durante los mandatos presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Lázaro Báez se transformó en el principal contratista de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Tras dejar un cargo gerencial en el banco santacruceño del Grupo Petersen, Báez creó empresas, absorbió otras y multiplicó inversiones. Compró campos y depositó al menos US$ 25 millones en una entidad suiza, con sus hijos como beneficiarios finales. El análisis del cruce de fondos familiares entre paraísos fiscales requiere la asistencia de un experto en fraudes. Además de amigo de Néstor Kirchner, Báez mantuvo un vínculo comercial con la pareja presidencial. Al tiempo que su buque insignia, Austral Construcciones, ganaba licitaciones para obras públicas, otras de sus firmas compraban propiedades a los Kirchner y explotaban sus hoteles.

Hasta aquí, motivos más que suficientes para iniciar una investigación en fuero federal.  

Báez fue detenido el martes 5 de abril de 2016 en el marco de la causa bautizada por los zócalos de la televisión como “Ruta del dinero K”, paralela al expediente “Vialidad” que esta semana inició la etapa final de alegatos en el juicio oral, con el fiscal Diego Luciani en “actuación estelar”, “un duro”, autor de una presentación “histórica” y “contundente”, “Doctor No”, hombre “valiente” que le puso “límites a la política” y formuló una “acusación fulminante y fundamentada”, según el relato predominante. Es cierto que el elenco más conocido de Comodoro Py no ofrece muchas figuras edificantes para una épica republicana, pero acaso el cúmulo de elogios que se llevó la modesta presentación de Luciani haya sido un exceso.

Dos días antes de la detención de Báez en 2016, se había hecho pública la filtración global Panamá Papers, con el rostro de Mauricio Macri poblando los portales del mundo junto al selecto grupo de gobernantes y exgobernantes que ocultaban empresas y sellos en ese paraíso fiscal. Sorpresa: Macri no resultó ser el Mandela que describían. Nadie lo habría imaginado de un contratista con sus antecedentes. En una extraordinaria paradoja, los periodistas alemanes del diario Süddeutsche Zeitung que comandaron la investigación de los Panamá Papers narraron que sus colegas argentinos, obsesionados con hallar “la ruta del dinero K” en Panamá o en Delaware, se toparon con “la ruta del dinero M”.

Los mismos medios argentinos que habían tratado de ocultar el apellido Macri en la filtración global se abalanzaron, con similar torpeza, sobre el auto que transportaba a Báez con casco y chaleco antibalas ese 5 de abril. Fue el primero de los múltiples escarnios públicos en el prime time orquestados durante los cuatro años de Cambiemos en Casa Rosada. A ese show le siguió otro con el fiscal federal Guillermo Marijuan al mando de excavadoras en búsqueda de tesoros enterrados en estancias de Santa Cruz, sin éxito.

Arrepentidos en el living

Hay que reconocer que el programa de Jorge Lanata en Canal 13 no filmó a Leonardo Fariña, el pintoresco arrepentido contra Báez en las causas “Ruta del Dinero” y “Vialidad”, en el living de Elisa Carrió en Recoleta, como hizo en 2015 con un testigo falso que apuntó contra “la Morsa” —según el zócalo— Aníbal Fernández. Fariña fue grabado con cámara oculta por “Periodismo Para Todos” en otro living, dos años antes, con un testimonio pulido en el que él se dejó a salvo y enlodó a Báez. El entonces marido de Karina Jelineck se arrepintió (“Lanata quería ficción, le di ficción”), pero luego se arrepintió de haberse arrepentido. Ya con Macri en el Gobierno, Fariña se adhirió al programa de testigos protegidos, ejecutado bajo la directa supervisión del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. También cabe reconocer que no se sabe si a Fariña le montaron un hotel boutique en Mendoza a cambio de su arrepentimiento, como a Alejandro Vanderbroele, espada filosa utilizada contra Amado Boudou. Lo que sí ocurrió es que el exgestor de Lázaro Báez salió de la cárcel, se cortó el pelo, se mudó a una vivienda con amplias comodidades y pasó a tener Osde como prepaga, todo a cargo del Estado.

El código procesal argentino establece que el imputado debe permanecer detenido sólo si existe “peligro de fuga” o riesgo de “entorpecimiento del proceso”, o en función de la gravedad del hecho (por ejemplo, homicidio o violación). En principio, Báez debió haber aguardado la sentencia definitiva en libertad, pero ese principio del derecho no rigió durante el Gobierno de Cambiemos. Las prisiones preventivas contra Báez se fueron solapando y permaneció en la cárcel hasta septiembre de 2020. Desde entonces, el dueño de Austral Construcciones se encuentra en régimen domiciliario.

Durante su larga detención, el “inminente arrepentimiento” del dueño de Austral Construcciones para revelar su vínculo secreto con los Kirchner fue anunciado media docena de veces. No ocurrió. En julio pasado, dos jueces de Casación rechazaron su excarcelación. Uno de ellos, Gustavo Hornos, era uno de los habitués de Macri en la Casa Rosada y en Olivos días antes de fallar en causas sensibles, según lo revelado por El Destape.

Se podría abundar sobre las cámaras de apelaciones tijeretadas por la mesa judicial, la duplicidad de causas o los traslados de jueces partidarios a dedo, pero lo mencionado basta para considerar que la denuncia de Cristina Fernández de Kirchner sobre la existencia del lawfare tiene asidero.

Al enemigo, doctrina Irurzun y relato de Fariña

Así las cosas, el sistema institucional argentino se encuentra ante una encerrona recurrente. La fundada presunción de que durante el kirchnerismo existieron prácticas sistemáticas de corrupción choca con un montaje de justicia que no garantiza, e incluso bloquea, la posibilidad de investigar en serio. En una práctica que hasta ahora no mereció ninguna revisión de parte de los nuevos liderazgos de Juntos por el Cambio (JxC) —por el contrario, la experiencia de Horacio Rodríguez Larreta en CABA parece reproducirla—, el macrismo potenció vicios hasta niveles desconocidos en democracia, con un doble fin: al enemigo, doctrina Irurzun para las prisiones preventivas, tribunales conformados a dedo, peritos que copian del rincón del vago y fariñas; a los propios, aspiradora de causas desde Comodoro Py para garantizar impunidad ante la presunción de corrupción sistémica también fundada. Y todo, bajo la estricta supervisión de la Corte Suprema.

No es el objetivo de esta nota transitar el detalle de los argumentos del fiscal Luciani, abordados en la cobertura de Emilia Delfino en elDiarioAR.

Al enemigo, doctrina Irurzun para las prisiones preventivas, tribunales conformados a dedo, peritos que copian del rincón del vago y fariñas; a los propios, aspiradora de causas desde Comodoro Py para garantizar impunidad

Como observación general, cabe consignar que la acusación parece más solvente cuando describe controles deficientes y cierta promiscuidad de gestión entre los encargados de la empresa y quienes debían controlarlos, o la aceleración de pagos, o el armado de licitaciones ficticias para que ganara casi siempre el mismo. Una típica cartelización de la obra pública en cualquiera de las provincias argentinas que merece ser investigada.

El énfasis del fiscal no subsana la necesidad de certeza de que efectivamente haya habido sobreprecios en las 52 obras encargadas a Báez en Santa Cruz, o de algún registro que lleve a dilucidar una coima. La “actuación estelar” se vuelve directamente vidriosa en la medida en que Luciani incrementa los decibeles y regala títulos para aseverar que Báez y Cristina son la misma entidad. Esa aspiración de máxima choca con que la causa paralela “Ruta del dinero K”, hasta ahora, no halló ninguna cuenta K en un paraíso offshore.

En el marco del juicio oral en la causa “Vialidad”, Luciani tuvo la oportunidad de preguntar a Fariña en diciembre pasado. El testigo protegido repitió una teoría extraña, que el fiscal haría bien en olvidar si procura una condena: “Austral tenía una particularidad que era que hacía (lavaba) negro el (dinero) blanco”. Es decir, según el colaborador, Báez y Néstor Kirchner lavaban dinero al revés, enviando a Suiza millones de dólares declarados para transformarlos en ilegales, con el fin de evadir impuestos.

Hay whatsapps y whatsapps

El fiscal logró impacto al poner sobre la mesa diálogos extraídos del celular de José López, el secretario de Obras Públicas de los 12 años de los Kirchner que una madrugada revoleó US$ 9 millones, saltó un muro de un convento, encontró el infierno de la deshonra internacional y finalmente fue rescatado por Comodoro Py y el Gobierno de Macri que lo transformaron en testigo protegido. Raro, pero no tanto. Al fin y al cabo, Iecsa, la empresa de obras públicas que pertenecía a los Macri, recibió contratos de las manos de López como pocas.

Los chats del exsecretario corrupto, que demostrarían que allegados a Cristina y Máximo Kirchner participaban de tratativas sobre la liquidación final de Austral Construcciones y sugieren contacto de ambos con Báez, antes de la asunción de Macri, causaron éxtasis en JxC y los medios de su sector. En cambio, los chats de Darío Nieto, el secretario del expresidente conservador, que demostrarían que apretaba por whatsapp para que bancos públicos de Ciudad y Nación dieran préstamos sin control a la agroexportadora Vicentín, principal aportante de campaña de JxC —lo que, en efecto, ocurrió—, no sólo pasaron inadvertidos para la gran prensa; Comodoro Py ya se ocupó de aspirar y enterrar la causa.

Si las garantías procesales contra Cristina, exfuncionarios y empresarios allegados no se cumplieron, ello debería determinar su inocencia en tribunales, pero no exime a la vicepresidenta de una respuesta al pueblo que representa

En febrero de 2021, Báez fue condenado a 12 años de prisión por haber orquestado el lavado de US$ 55 millones, mientras sus cuatro hijos y otros cómplices recibieron penas menores en la “ruta del dinero K”. Sebastián Casanello, aquel juez federal de instrucción que mandó a detener a Báez en el otoño de 2016, le dictó falta de mérito a Cristina. El magistrado se enfrentó a fuertes presiones: el Grupo Clarín, que lo llamaba “tortuga” porque no avanzaba sobre la expresidenta; la Cámara Federal, que lo obligó a citar a indagatoria a Cristina sin pruebas directas en su contra; y un sector del espionaje estatal, que le plantó dos falsos testigos —ya condenados— que aseguraron que el juez visitaba la residencia de Olivos.

¿Cómo hizo?

En diciembre de 2019, a días de asumir la vicepresidencia, Cristina habló en el juicio oral que estaría por llegar a su fin. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso se hundieron en sus asientos cuando los apuntó con el dedo y los acusó de que tenían “la condena escrita”. Es probable. Una vía de entrada a una sentencia en su contra podría ser que en el expediente de la “ruta”, Báez fue condenado por haber lavado dinero que provendría —según dos de los tres jueces, en coincidencia con Fariña— de sobreprecios en la obra pública en Santa Cruz y no sólo de la evasión impositiva.

Hay que poner mucha voluntad para dar crédito a los cantos de sirena sobre la honestidad y las instituciones republicanas que provienen de la derecha argentina, sus medios y Comodoro Py. Si las garantías procesales contra Cristina, exfuncionarios y empresarios allegados —varios de ellos, en efecto, corruptos— no se cumplieron, ello debería determinar su inocencia en tribunales, pero no exime a la vicepresidenta de una respuesta que debe, no a los jueces, sino al pueblo que representa.

¿Cómo hizo un empresario surgido de la nada, amigo y socio de Néstor Kirchner, para acumular y fugar durante más de una década decenas de millones de dólares obtenidos de contratos de obra pública que pagaron todos los argentinos? 

SL

El argumento de Cristina Fernández de Kirchner contra la Corte Suprema, difundido en la tarde del lunes a través de Twitter, es parcial y contiene omisiones, pero exhibe una solidez y una coherencia no muy presentes en sus incursiones públicas recientes. Dada esa fortaleza, las réplicas a la postura de la vicepresidenta no deben caer en tangentes como la “oportunidad” ni en abordajes que tienen que más que ver con el cinismo que con los valores democráticos.

Primero, las omisiones. La vicepresidenta se saltea el dato de que uno de los integrantes de “la Corte de los cuatro”, la actual, a la que define como “decadente”, fue designado por Néstor Kirchner. Ricardo Lorenzetti tuvo una primera temporada de sintonía con “la política de Estado” de memoria, verdad y justicia y otros paradigmas kirchneristas, lo que derivó en una amable convivencia entre los abogados santacruceños y el santafesino. Si, con los años, la relación se enturbió y Lorenzetti se mostró mucho más como un oportunista que dejó las huellas marcadas en varios contubernios, es algo de lo que deberían dar cuenta tanto el cortesano como quienes lo entronizaron.

Algo similar cabe con respecto a Juan Carlos Maqueda, designado en la Corte durante el interinato de Eduardo Duhalde. Tras una armonía que duró los tres períodos del primer kirchnerismo, ahora Cristina se percata de que el abogado del PJ cordobés es pasible de graves sospechas.

Más allá de las fronteras de la Corte y un puñado de designaciones de jueces y fiscales, la relación de Néstor y Cristina Kirchner con los tribunales de Comodoro Py tuvo de todo menos ejemplaridad. El botón de muestra es que Claudio Bonadio fue salvado en el Consejo de la Magistratura por la muñeca del entonces kirchnerista Miguel Ángel Pichetto, cuando, en 2005, se lo acusaba de entorpecer la investigación por el atentado a la AMIA. Con el tiempo, Bonadio aceleró y se transformó en un prevaricador serial, allanó y privó de la libertad a diestra y siniestra con la aplicación de su propio código penal y se prestaron servicios mutuos con la mesa judicial de Mauricio Macri. Es probable que la alegoría utilizada por Cristina —“sicario”— haya sido excesiva.

Segundo, las fortalezas. Se desconocen voces dispuestas a refutar lo que Cristina define como “la Corte ejemplar” designada por su esposo. Varios de sus integrantes exhibían solvencia jurídica, prestigio académico y pergaminos como demócratas, y ello se tradujo en un ciclo de sentencias garantistas sobre derechos civiles, ambientales y políticos.

A las absoluciones y el cajoneo que signaron los años del peronista de derecha Menem y el peronismo de izquierda de los Kirchner, con el republicano Macri se sumaron causas inventadas, procesamientos y detenciones arbitrarios

Desde el título “la decadencia”, la enumeración de Cristina es, no por conocida, menos demoledora: la inédita designación de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti por decreto, el impúdico tándem Lorenzetti-Bonadio-Sergio Moro, la doctrina del “poder residual” para justificar detenciones arbitrarias con la firma de Martín Irurzun (que quedó perimida no bien Macri dejó el Gobierno), el autovoto de Rosatti para presidir el cuerpo, el fallo sobre el Consejo de la Magistratura con quince años de atraso, la protección de jueces trasladados a dedo por Cambiemos a la Cámara Federal, las visitas a Olivos, las aventuras Stornelli-D’Alessio, etcétera.

Descaro y pudor

La “mayoría automática” de Carlos Menem sentó un precedente nefasto, pero el advenimiento del macrismo lo superó con creces. A las absoluciones y el cajoneo que signaron los años del peronista de derecha Menem y el peronismo de izquierda de los Kirchner, con el republicano Macri se sumaron causas inventadas a partir de pruebas y peritajes falsos contra opositores, críticos y molestos, seguidas por procesamientos y detenciones arbitrarios decididos en acuerdo tripartito con organismos de inteligencia y medios de comunicación. Algunas de las víctimas eran corruptas y merecían largas temporadas en la cárcel, pero la venalidad del proceso en su contra arruinó la posibilidad de alcanzar justicia.

El descaro con el que opera Comodoro Py es absoluto. Quienes más claro lo tienen son los abogados de Macri, sus ministros y sus espías, que dan lo que no tienen para que los tribunales federales de Retiro absorban cualquier expediente que involucre a sus clientes. Vuelan las absoluciones cruzadas entre jueces y fiscales que, o bien ocupan sillas en forma ilegal (lo dijo la Corte, pero asombrosamente no dictaminó su remoción), o visitaban a Macri en Olivos y fallaban en consecuencia, o extorsionaban en complicidad con los servicios. Dio pudor constatar la celebración del expresidente, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal ante el sobreseimiento de Macri en el espionaje a los familiares del submarino hundido, tras arrancar el expediente de otro fuero. Mientras festejan los goles perpetrados y los que van a venir, da la sensación de que nadie en la alianza UCR-PRO-Coalición Cívica está dispuesto a sacar los pies del plato, temerosos de cámaras indiscretas.

La pulida narración de la vicepresidenta generó repudios políticos y títulos periodísticos autómatas sobre “otra embestida de Cristina contra la Corte”. Es razonable: resulta más fácil pasarle por arriba al asunto o simular equilibrismo antes que refutar argumentos y demostrar que lo que dice no es cierto. Los jueces y fiscales señalados pueden no molestarse en responder; les quedan los dictámenes y las sentencias.

Dio pudor constatar la celebración del expresidente, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal ante el sobreseimiento de Macri por el espionaje a los familiares del submarino hundido, tras arrancar el expediente de otro fuero

Otra crítica no tiene que ver con la simulación de la “defensa de la independencia de la Justicia” mientras se amparan desmanes institucionales —genio y figura de los liberal-conservadores argentinos— sino con una visión supuestamente pragmática: “no es el momento”, “no le importa a nadie”, “la gente está preocupada por la inflación”. Esa línea argumental puede ser útil para un tuit, pero no es seria para el debate político. Tampoco desacierta el video de Cristina cuando une las preocupaciones económicas de las mayorías con la existencia de jueces y fiscales dignos. Es así, aunque resulte complejo de explicar en un fogonazo televisivo.

Hasta aquí, los argumentos. Para subsanar el escenario, la vicepresidenta rema en el Senado una reforma hacia una Corte de 25 miembros con representación de las provincias, un proyecto estrambótico de aprobación imposible en el balance de fuerzas actual, que daría paso a un proceso tortuoso de designaciones. Si bien la iniciativa sacaría al máximo tribunal de las manos de cuatro desprestigiados cortesanos, dispararía otros problemas.

Mientras tanto, la vicepresidenta se resiste a lo que parecía factible hasta hace poco: nombrar a un procurador general (Daniel Rafecas) en reemplazo del interino puesto allí a los empujones por Macri. Esa Cristina, la que lucha por una meta imposible e inútil y bloquea otra posible, se reencuentra con la dirigente política desenfocada que viene siendo, al menos, desde diciembre de 2019.

Nada de eso exime a Juntos por el Cambio de su responsabilidad ni a medios de comunicación que actuaron como artífices de la página más oprobiosa del Poder Judicial desde el retorno de la democracia.

Ni, tampoco, libera del compromiso a miradas progresistas y de izquierda que prefieren la comodidad de la bisectriz.

SL

El asesinato de Lucas González, presuntamente en manos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, conmociona al país. Me voy a ocupar de ello, pero desde otro lugar. Antes, haré algunas precisiones. Dejo a un lado la investigación judicial que está en curso. Aunque la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es protagonista del caso, me voy a referir a las fuerzas de seguridad en general y algunas de las causas de los abusos funcionales de las policías. Voy a identificar algunas de las premisas de estos hechos que se mantienen muy firmes, más allá de los gobiernos de turno.

¿Qué tiene de nuevo este hecho aberrante para los argentinos? Lamentablemente poco. Sin embargo, despertó un interés público que no suelen tener estos temas. Los sociólogos deberán explicarnos la singularidad de este hecho. Lo concreto es que el caso “Lucas” muestra algunas prácticas que revelan el déficit democrático de la democracia argentina. Aunque parezca un juego de palabras, se trata de una paradoja inquietante. Pero el hecho tiene causas bastante específicas.

Desde hace mucho tiempo, la dirigencia política justifica cualquier cosa en nombre de la, pongo comillas, seguridad. Una de ellas es la necesidad, vuelvo a poner comillas, “hacer inteligencia” . Permanentemente se interpela a las diferentes policías a que hagan inteligencia para prevenir los delitos. Sobre todo, cuando algún crimen despierta la ira popular.

¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia? Hablamos de actividades que se hacen de manera secreta, mediante el engaño y en los márgenes de la legalidad. Esa necesidad que se naturalizó, generó que las fuerzas de seguridad muy sueltas de cuerpo, sin identificarse, de manera clandestina y autónoma circulen por las calles en búsqueda de información. En esa costumbre se ubica el primer acercamiento de Lucas con la policía porteña.

Más allá de tecnicismos legales, es contra intuitivo en una democracia que el Estado, a través de sus policías, se camufle entre los ciudadanos para pescar información. Por ello las leyes distinguen entre las tareas de prevención que hacen las fuerzas de seguridad con sus autos y sus uniformes, de las tareas de inteligencia que exigen control del sistema judicial. En otras palabras, la policía solo puede hacer ese tipo de trabajos bajo la supervisión de jueces y fiscales. 

Pero esto no es solo culpa de las fuerzas de seguridad. Al reclamo permanente de la dirigencia se suma el problema de la autonomía de las policías. Ello quiere decir que en las calles pueden hacer, de hecho, cuando les plazca. Aquí hay otra cuestión: la ausencia de una clara y firme conducción política. Esa es una responsabilidad de los gobiernos. Especialmente porque con las reglas de la democracia no valen los relativismos. Las prácticas del Estado se tienen que inscribir en la lógica de las leyes. Aquí no existen las ambigüedades. El argentinismo del “Sí, pero bueno…” no vale para la Constitución. Son las autoridades electas las que tienen el timón que guía el trabajo de las agencias policiales.

El caso Lucas también revela los hábitos de los policías para borrar los rastros de sus faltas. No hacen falta mayores detalles. Basta reparar en que Lucas estuvo internado en condición de “sospechoso herido”. ¿Cómo puede ser que estas cosas pasen en el siglo XXI? Pasan, entre otras, por dos razones. En primer lugar, porque en los tribunales hay una tendencia a dar por ciertos los discursos de las fuerzas de seguridad. Ello no es malo en sí mismo porque se trata de la palabra oficial. Pero en la realidad hay un blindaje que incluye cierto rechazo a la corroboración. Eso es fuente de arbitrariedades. En segundo lugar, en plena revolución tecnológica nuestras fuerzas de seguridad permanecen trabajando con actas que documentan sus versiones de los hechos. No se graba, se filma poco y para colmo de males las cámaras de seguridad de las calles no siempre funcionan.

En otras palabras, las fuerzas se mueven sin control o con controles insuficientes. Falta de rendición de cuentas. Sabemos que los salarios ni herramientas de trabajo no son los mejores. No se publica con la nitidez necesaria el proceso de formación y de selección de los funcionarios. Podría seguir enumerando aspectos de este tipo, pero no tiene mayor sentido. Puedo concluir que la combinación de inoperancia, opacidad, escaso control, abuso de poder y cierta desidia trae aparejada la muerte y, en general, el temor de los ciudadanos con las fuerzas de seguridad que, pese a tanto cheque en blanco, no dan en el clavo.

Es que la seguridad no es cualquier cosa. Se trata de una obligación indelegable del Estado. Precisamente, como se trata de una obligación del Estado, está sujeta a reglas. Reglas que rigen pero que no siempre se cumplen del todo en nuestro país, en casi todos los campos. Cuando las fuerzas de seguridad no lo hacen, coquetean con la muerte, con la corrupción, con el espionaje ilegal y con todas esas patologías que son secretos a voces en los despachos oficiales y que corresponde a los funcionarios convertirlos en denuncias que ellos mismos deben investigar o impulsar las investigaciones.

Lucas en Barracas, Alejandro en San Clemente del Tuyú. Facundo Astudillo Castro en la provincia de Buenos Aires. Magalí en San Luis. Blas en Córdoba. Espinoza en Tucumán. Cambian los nombres o los apellidos, cambian las fuerzas de seguridad, pero las prácticas y las sospechas se mantienen porque el rol de las fuerzas de seguridad es una deuda de la democracia.

CDE

“Para mí lo peor sería sentir que estoy de acuerdo con las cosas que ya dije o escribí. Eso me pondría realmente incómoda. Porque querría decir que he dejado de pensar”. Susan Sontag

El conflicto con los mapuches, los debates acerca del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 sobre el “Pacto con Irán”, los problemas del Poder Ejecutivo para controlar los precios, la imputación a Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de las víctimas del “Ara San Juan”, la tensión social por los cortes de calles cotidianos, son algunos de los temas que integran la agenda pública en los últimos días. Todos tienen sus especificidades pero también un punto común: están atravesados por la crisis de la ley y del sistema judicial.

Las decisiones de los jueces conviven con la sospecha permanente. A veces, de manera fundada. En otras, simplemente porque la resolución judicial cae mal en alguno de los lados de la grieta.

La tensión con los mapuches, los cortes de calle y los controles de precios exhiben con nitidez los problemas del Estado para aplicar la ley y las resistencias de los sectores sociales que ponen en tela de juicio esa posibilidad. Da la sensación que nuestra vida pública está estructurada en torno a derechos, pero no de obligaciones. Es un problema complejo y con múltiples aspectos. Pero me interesa reflexionar sobre el comportamiento de las élites dirigenciales; es decir, las políticas, empresariales, sindicales. 

Las élites banalizan hechos que inciden en el nivel de vida de los ciudadanos. A punto tal que pudimos leer y escuchar estas semanas descalificaciones porque algunos funcionarios deslizaron la posibilidad de aplicar la ley de abastecimiento (más allá de la discusión de la eficacia de una medida así) o de juzgar los actos de violencia en la Patagonia; tema que será tratado esta tarde por el Colegio de Abogados de CABA. Y aplicar la ley es una de las razones de la existencia del Estado. El Estado produce y aplica las leyes. Si lo hace bien o mal, es otra cuestión. Pero el propio Estado crea los medios para corregir decisiones.

También hubo comentarios sobre las decisiones del TOF 8 sobre el “Pacto con Irán” que involucra a Cristina Fernández de Kirchner y del juez a cargo del Juzgado Federal de Dolores sobre el “Ara San Juan” que involucra a Mauricio Macri que no tenían relación con las resoluciones de los magistrados. Sin ingresar en ese debate, es importante resaltar que esas reacciones individuales, en su conjunto, son formas de lastimar la democracia desde adentro. La dirigencia pretende llevar agua para su molino, pero ese uso instrumental de las reglas de juego erosiona a las propias reglas de juego. 

A los problemas de eficacia del Estado para aplicar la ley se suman las intervenciones públicas de los dirigentes que simplifican cuestiones muy complejas de acuerdo a sus intereses personales o de grupo. La escena pública se parece cada vez más a un campo de batalla en el que las palabras funcionan como armas para descalificar lo que se percibe como una amenaza para posiciones particulares. Mientras tanto, los ciudadanos quedamos rehenes de esas escenas de pugilato verbal.

La campaña electoral es parte de todo ello. El termómetro de los partidos y coaliciones políticas que compiten por el voto no mide el malestar social. Las intervenciones en general, porque hay excepciones, se limitan a editar hechos para interpretarlos y luego difundirlos de acuerdo con sus intereses. El resultado de todo ello es una profundización entre la relación de las élites y los gobernados que se transforma en desconfianza, resentimiento y en la sensación de que la ley y la justicia se revelan impotentes para mejorar la vida de los ciudadanos. Es una dinámica riesgosa en momentos de crisis.

Aún con todos los problemas que pueda tener, es vital proteger el régimen democrático. Eso no significa no criticar lo que está mal o no identificar a los malos funcionarios. Al contrario, el deber de las élites y también de los ciudadanos es intervenir con firmeza y con el respaldo de la ley…con la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad.

En estos momentos de crisis, se hace indispensable una intervención fuerte del sistema judicial como promotora del diálogo. El diálogo no suprime el conflicto que es inherente a la vida en sociedad, pero la justicia tiene herramientas importantes para promover canales capaces de institucionalizar un diálogo responsable, persistente y sostenido en el tiempo sobre el destino en común.

Esta perspectiva integra el análisis que hace Roberto Gargarella en “El Poder Judicial como Promotor de la Deliberación Democrática”. La discusión pública tiene que darse sobre la Constitución que es el pacto común. Pero ello, exige algunos compromisos públicos como, por ejemplo, respetar la ley y no editar las decisiones judiciales de acuerdo a intereses particulares.

Esta tarea es colectiva, aunque probablemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Procuración General de la Nación, como cabezas del aparato judicial, deberían dar el primer paso. Aún lo esperamos.

CDE

El viernes 1 de octubre asumió Horacio Rosatti la presidencia de la Corte Suprema con Carlos Rosenkrantz como vice hasta el 30 de septiembre de 2024. Tal como lo habían acordado, la misma semana en la que asumió un nuevo gabinete nacional tras la derrota en las PASO del Frente de Todos los supremos eligieron a su nuevo presidente. No todos votaron; sólo lo hicieron Juan Carlos Maqueda, Rosenktantz y Rosatti, que se votó a sí mismo. La forma en que se desarrolló la elección llena de incertidumbre el futuro. Más allá de las razones que tuvieron los jueces que no votaron, esa decisión de Rosatti revela que los motivos individuales estuvieron por encima del deber público de elegir las autoridades del tribunal. Los desafíos de esta nueva Corte son muchos. Pero el principal es reconciliar a la ciudadanía con la justicia.

Según la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública realizada en agosto de este año por la Universidad de San Andrés, el grado de insatisfacción de los argentinos con el desempeño de la Corte Suprema es del 83%. Aunque aún no se conocen las líneas que trazará Rosatti para la gestión del sistema de justicia, la forma y el momento en los que fue elegido permiten pensar que hay patrones que no cambian: cada vez que hay elecciones, pasan cosas en la justicia.

Esto no debería suceder porque la Constitución no prevé que un resultado electoral tenga efectos en el campo de la justicia. A pesar de que no debería ser parte de la agenda, se imponen preguntas sobre qué va a pasar en el máximo tribunal del país con causas que involucran a los protagonistas de estas elecciones: el caso por los fondos de coparticipación que enfrenta al Gobierno con Horacio Rodríguez Larreta, la discusión sobre la conformación del Consejo de la Magistratura y las causas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por ejemplo, dos días después de las PASO, el 14 de septiembre, la Cámara Federal le ordenó al juez Sebastian Casanello que defina la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “La Ruta del dinero”. Gran parte de los hechos investigados estuvieron en manos del juez Julian Ercolini desde 2008 por una denuncia que realizó la entonces diputada Elisa Carrió.

En el resto de las causas en las que está involucrada la vicepresidenta, elevadas a juicio oral, pasa algo similar: la justicia no dice si es culpable o inocente pero los pocos movimientos que hay se dan al compás de los vientos del poder político. En la causa conocida como “El pacto con Irán” el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) debe definir si inicia el juicio. En Los Sauces y Hotesur el Tribunal Oral 5 espera pericias. Y en la causa de los Cuadernos la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó un recurso ante Casación para objetar la decisión de la Cámara Federal que rechazó analizar la apelación de la UIF contra el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca y otros directivos.

En 2019, antes del arranque del primer juicio a Cristina Kirchner, conocido como “Vialidad”, en el que está acusada de direccionar las obras públicas santacruceñas en favor de Lázaro Báez, su defensa planteó varios recursos en la Corte Suprema en los que cuestionan distintos aspectos del proceso. Fernández de Kirchner denuncia que no la dejaron defenderse y presentar pruebas. Sostiene que tiene una múltiple imputación por asociación ilícita y que eso no es posible. Cuestiona la ausencia de una prueba fundamental que es la auditoría completa de toda la obra pública vial, que hay 49 de las 51 obras analizadas que ya fueron juzgadas y en la que los imputados fueron sobreseídos y que de las 51 obras analizadas en el juicio el TOF 2 sólo ordenó peritar cinco, entre otros. Pasaron más de dos años y el máximo tribunal, que no tiene plazos, aún no se pronunció sobre el tema. Mientras tanto, el juicio avanza a paso lento. Falta que declaren unos 70 testigos, entre ellos el presidente Alberto Fernández, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y el flamante ministro de Seguridad Aníbal Fernández.

El nuevo presidente de la Corte Suprema tiene una gran oportunidad de mejorar el funcionamiento del máximo tribunal, de reconciliar a la justicia con la ley y con la sociedad. Para esto deberá cambiar la costumbre que gira en el círculo vicioso de mirar resultados electorales, las encuestas, los humores políticos y a partir de ello tomar decisiones.

Especialmente porque es verdad que el sistema judicial necesita muchas reformas legales. En esa necesidad, las élites políticas están de acuerdo, aunque hay muchas recetas dando vueltas. Pero, además, la justicia necesita una transformación moral. Y ese liderazgo tiene que estar en todas las instancias judiciales, pero necesariamente debe partir de la Corte que es el máximo tribunal.

En la Justicia los buenos funcionarios son mayoría. Mientras que la minoría siga utilizando recursos para conseguir fines que no tienen que ver con el mandato constitucional, las encuestas de opinión crítica sobre la Justicia se van a mantener. El desafío moral de un cambio sustancial es decisivo. La forma en que se eligió al nuevo presidente es un nuevo paso atrás.

CDE

El viernes 20 la Corte Suprema de Justicia anunció el reinicio de las actividades presenciales a partir del 1 de septiembre.Durante este tiempo los tribunales trabajaron, pero lo hicieron a velocidades diferentes. El fuero penal fue el que más se movió porque dirime cuestiones que tienen que ver con la libertad de las personas y con los delitos del poder. En el contencioso administrativo, que es donde normalmente recurren las empresas y los políticos para litigar contra el gobierno, la actividad también fue importante. Sin embargo, en otras áreas la lentitud crónica del poder judicial se combinó con el parate y los derechos de los ciudadanos se encogieron. Me refiero a los despedidos que no cobraron sus indemnizaciones, a los jubilados que vieron sus juicios paralizados, a las cuestiones de familia que siguen esperando, a los pequeños comerciantes que no pudieron cobrar sus deudas, a las víctimas de la inseguridad y de la violencia institucional que esperan justicia.

El Estado, por ejemplo, no dijo aún qué pasó con Facundo Astudillo Castro. Ya transcurrió más de un año de la aparición de su cuerpo sin vida. Facundo tenía 22 años y fue visto por última vez el 30 de abril cuando la policía lo detuvo en la ciudad de Mayor Buratovich en la provincia de Buenos Aires por circular durante la cuarentena dictaminada por el Gobierno a causa del COVID-19. También falta la explicación estatal de qué pasó con Magalí Morales, la mujer que fue detenida en San Luis en abril de 2020 por no llevar el DNI en plena cuarentena y que apareció ahorcada en su celda. Lo mismo sucede con los asesinatos de Luis Espinoza en Tucumán y el de Blas Correas en Córdoba a manos de la policía.

Bajo esas condiciones y en medio de una campaña electoral, la justicia se apresta a reabrir sus puertas. Pero hasta ahora ¿qué ofreció a los ciudadanos el poder del Estado al que el Presidente Alberto Fernández dedicó una parte importante de sus intervenciones institucionales frente al Congreso? Por ahora nada nuevo. La cámara de Diputados no discutió la reforma judicial después de la intervención del Senado, el cargo de Procurador General sigue ocupado interinamente por Eduardo Casal, el Consejo de la Magistratura no logró dinamizar las designaciones de nuevos jueces, tampoco enjuició a los que cargan con viejas denuncias en sus mochilas y no diseñó mecanismos de rendición de cuentas que permitan un poco de luz pública en los brumosos pasillos de los tribunales.

Mientras tanto, en los tribunales la oferta es básicamente la de las últimas décadas. La dirigencia política lleva sus problemas a la justicia y los magistrados los reciben sin prejuicios. Podemos leer los últimos movimientos de los tribunales en esa clave. El “Frente de Todos” alimenta con mucho entusiasmo el affaire de las armas y municiones que llegaron a Bolivia desde nuestro país en medio de un golpe de Estado. También denunciaron el cumpleaños de Elisa Carrió en diciembre del 2020. Desde la otra vereda, “Juntos por el Cambio” primero apostó a judicializar el plan de vacunación; sobre todo en relación a todo lo que rodeó el frustrado contrato con Pfizer. Actualmente se concentró en la fiesta que se desarrolló en la quinta presidencial de Olivos en julio de 2020 para celebrar el cumpleaños de Fabiola Yañez.

Dejo a un costado el debate sobre si los protagonistas de los hechos cometieron un delito. Me interesa otro aspecto. Lo defino como “la maquinaria política y judicial en tiempo de elecciones”.

Es casi un clásico de las campañas: realizar denuncias para ganar visibilidad y usar la justicia como una herramienta para hacer política. Probablemente el significado jurídico de los hechos que se denuncian no sea una prioridad para nadie. Un indicador de ello lo proporcionan ambas veredas.Por el lado del “Frente de Todos” hay un interés muy especial por conseguir pruebas de la justicia de Bolivia e instalar que el macrismo participó del golpe de Estado. “Juntos por el Cambio” coloca en la agenda pública el cumpleaños en Olivos de una manera llamativa, porque la causa está en manos del juez Sebastián Casanello y del fiscal Ramiro González. Ambos son parte del elenco de Comodoro Py, aunque los hechos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires y de acuerdo con el procedimiento judicial la investigación debería estar radicada en los tribunales de San Isidro.

Según los politólogos German Feierherd, Guadalupe Muñoz y González Ocantos, en su paper aún no publicado “Witch Hunts? Electoral Cycles and the Judicialization of Corruption in Argentina” (¿Las brujas cazan?, ciclos electorales y la judicialización de la corrupción en la Argentina?), judicializar la política con denuncias de corrupción en tiempos de campaña puede lograr el efecto de empañar la reputación del opositor, pero también puede ser contraproducente para quien las realizan, especialmente si las denuncias son tan frecuentes. Los autores destacan que las mismas tienden a perder credibilidad y los votantes las ven como ‘oportunistas’.

Probablemente lo que estamos viendo es algo más que la judicialización de la política y la politización de la justicia. Quizá el tiempo fraguó una maquinaria político judicial que aparece con mucha intensidad en los momentos electorales. Y si ello hipotéticamente es así, cuando los ciudadanos votamos, elegimos algo más que representantes. A lo mejor sin saberlo del todo, se plebiscita una forma de ejercer el poder.

CDE