En los ‘90, el preservativo irrumpió en la televisión abierta en horario central. Primero aparecía borroso, hasta que la cámara hacía foco y remataba: “El tiempo está malísimo, abrigate”. Aquella campaña, creada por Fundación Huésped junto al Consejo Publicitario Argentino, se convirtió en un hito que dejó frases memorables como “si salís de pesca, llevá salvavidas”.

Aunque no era una novedad como método de doble protección, el preservativo había cedido protagonismo frente al avance de las pastillas anticonceptivas como principal estrategia para evitar embarazos. Sin embargo, su presencia en la escena pública se reactivó en los ‘80 con la irrupción del VIH hasta que resultó imprescindible instalarlo en el prime time. Para una generación que había perdido amigos, parejas y personas cercanas, el virus era sinónimo de una sentencia de muerte y, con el tiempo, el forro fue recuperando terreno hasta convertirse en la única barrera capaz de funcionar como anticonceptivo y proteger de infecciones de transmisión sexual.

Sin embargo, cuatro décadas más tarde parece estar perdiendo espacio, no solo en la intimidad, sino también en la conversación pública. Pese a que más del 98% de las infecciones se producen por practicar sexo sin protección, según cifras de AIDS Healthcare Foundation (AHF) Argentina, apenas el 14% de las personas en el país incluye el preservativo en todas sus relaciones, el 65% lo hace solo algunas veces y el 20,5% directamente nunca. La pregunta es inevitable: ¿por qué se dejó de usar con tanta regularidad?

Una “moda” peligrosa

La idea de “coger a pelo” o “a peluche”, es decir, sin protección, empezó a circular entre los jóvenes a través de redes sociales y memes. ¿Se transformó en moda o simplemente dejó de verse como imprescindible? La pregunta no es retórica: revela un cambio profundo en cómo las nuevas generaciones perciben el riesgo, cómo interpretan la información y cómo toman decisiones en su intimidad.

La caída en el uso del preservativo no se explica por una única causa ni por una franja etaria en particular. Responde a un entramado más amplio: cambios culturales, avances médicos que redujeron la percepción del riesgo, la aparición de nuevos métodos anticonceptivos y la falta de políticas públicas sostenidas de prevención.

Jóvenes y adultos atraviesan este escenario de manera distinta, pero la tendencia es la misma: el forro ya no ocupa el lugar central que tuvo como símbolo de cuidado y responsabilidad sexual.

Entre los menores de 30, predominan respuestas ligadas a la “confianza” en parejas ocasionales, como si la cercanía digital o las apps bastaran para reducir riesgos. También mencionan que “corta el clima” o que “ya nadie lo usa siempre”. En los adultos, pesa el factor económico —cada vez son más caros y menos accesibles en los centros de salud—, aunque la explicación más repetida es la falta de costumbre. 

Entre los mayores de 60, el preservativo directamente nunca fue parte de sus experiencias íntimas. Con la llegada de fármacos como el Viagra, muchos retomaron su vida sexual, pero sin hábitos de protección. Persiste, además, la idea de que puede afectar la erección o disminuir la sensibilidad, y la creencia errónea de que mantener relaciones con mujeres mayores no implica riesgos: descartada la posibilidad de embarazo, consideran que las infecciones son un problema exclusivo de los jóvenes aún cuando la exposición es real.

Qué se perdió al perder el miedo

“Conforme se fue transformando la historia natural del VIH, con los antivirales que permiten que las personas que viven con el virus tengan buena calidad de vida, las nuevas generaciones le fueron perdiendo el miedo; al mismo tiempo, surgieron métodos anticonceptivos más modernos como los implantes subdérmicos, el DIU o el SIU”, explicó a Punto de Encuentro Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped.

Al respecto, Miguel Pedrola, director científico para Latinoamérica y el Caribe de AHF, destacó que “uno de los grandes problemas que tenemos es que solemos hablar del preservativo solo en relación al VIH, y no de las infecciones de transmisión sexual en general. Entonces, cuando el VIH deja de ser percibido como una amenaza, también desaparece el preservativo de la conversación pública”.

Las consecuencias ya se ven en las estadísticas: según AHF, el 15% de los nuevos diagnósticos de VIH también fueron positivos para sífilis. El porcentaje asciende al 40% si se suman tanto los nuevos diagnósticos de sífilis como los que tenían antecedentes de infección previa. Desde Fundación Huésped se registraron 69 casos de hepatitis B en 2024, mientras que el promedio anual de los últimos cinco años había sido de 31.

“Esos datos —señaló Pedrola— muestran que no estamos haciendo bien la prevención y que necesitamos aggiornar el discurso. Hoy ya no alcanza con decir ‘usá preservativo para no agarrarte VIH y no quedar embarazada’; hay que instalar que, para evitar el contagio de otras infecciones de transmisión sexual, el preservativo sigue siendo clave”.

Y añadió que incluso desde una lógica pragmática —“si lo quieren ver desde un punto de vista capitalista”— fomentar su uso representa un ahorro, porque cada persona infectada termina siendo más costosa para el sistema de salud. “Sin embargo —destacó— los presupuestos destinados a prevención se achican año tras año y ese mensaje pierde presencia”.

Menos preservativos, más casos

Para muchos jóvenes, las charlas sobre preservativos quedan reducidas a conversaciones entre amigos, sin demasiada información confiable de respaldo. A esa falta se le suma un obstáculo institucional: primero fue el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que puso en “revisión” y bloqueó el acceso a todos los contenidos de Educación Sexual Integral en su portal web. La Secretaría de Educación nacional siguió el mismo camino y retiró del portal Educ.ar varios recursos audiovisuales con el argumento de hacer “un estudio neutral” y evitar supuestos casos de “adoctrinamiento”.

Con menos materiales disponibles, cada vez resulta más difícil acceder a información clara y actualizada sobre sexualidad, métodos de protección y cuidado personal. Esa carencia no es menor: amplía las brechas de conocimiento y tiene un impacto directo en la caída del uso del preservativo.

Y aunque el Estado debería garantizar el acceso gratuito, desde Fundación Huésped denunciaron que en 2025 se compraron 34 millones menos de preservativos que en 2023. Además, en 2024 hubo 6.400 nuevos diagnósticos de VIH, 1.400 más que el año anterior. El 45% de estos casos se detectaron tarde, cuando la persona ya tenía su sistema inmune debilitado. 

La baja en el uso es una problemática a nivel global, no solo de Argentina. Según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre adolescentes cayó entre 2014 y 2022: entre los varones, del 70% al 61%, y entre las mujeres, del 63% al 57%. La pregunta se repite: ¿cómo es posible que un método tan seguro y probado pierda relevancia? ¿Cómo se combina la desinformación y la presión social para que esto suceda?

El universo digital también juega su parte en cómo se arman hoy los relatos sobre sexualidad y protección. Silvina Valente, presidenta de la Sociedad Argentina de Sexología Humana y directora de Consexuar, una academia para profesionales que también brinda terapia para pacientes, señaló: “Las redes sociales son ambivalentes: algunas ofrecen educación sexual de muy buena calidad, pero muchas otras difunden información dudosa o sin evidencia científica. Hay influencers que hablan de sexualidad y cuidado sin ser profesionales ni operadores pares, y los jóvenes terminan recibiendo mensajes contradictorios”.

“De hecho —criticó— algunos influencers recomiendan ‘no usar preservativo porque el bicho va y viene”.

Al respecto, señaló que en Argentina no existe producción nacional de preservativos y que la fuerte baja en las importaciones refleja con claridad la caída tanto en su uso como en la distribución gratuita por parte del Estado. En 2023 se adquirieron cerca de 161 millones de unidades; un año después, la cifra se redujo un 24 por ciento.

Hoy, lejos de aquellas viejas campañas televisivas que ponían al preservativo en primer plano, el desafío sigue siendo el mismo, aunque en otros espacios: lograr que el cuidado siga importando. Que el forro deje de estar olvidado en el cajón y recupere su lugar como herramienta clave para disfrutar del sexo seguro.

SL / MA

Mabel cuida. Se levanta a las 5.30, pone a calentar agua para el mate y mientras tanto carga el lavarropas, corta pan, lo tuesta, pela verduras para las viandas. Su orquesta de tareas domésticas empieza a sonar al alba y se silencia a la medianoche. Vive en la localidad de Villa Adelina, provincia de Buenos Aires, trabaja por las mañanas en el barrio porteño de Montserrat, donde limpia oficinas. Tiene una hora y media de viaje, primero toma el 140, después el 17. Antes lleva a su hijo Lucas a la escuela, a la Juana Manso de Villa Adelina, y a la pequeña Marisol la deja en lo de una vecina. Los cría sola desde que el padre se fue a trabajar a Uruguay. A veces él manda algo de plata. A veces. Mabel entonces trabaja más horas. Por las tardes, cuida a una señora de casi 80 años en la zona de Villa Ballester, justo a dos cuadras de la iglesia de La Merced, donde la lleva a pasear.  

Mabel es una de las miles de mujeres jefas de hogar en Argentina, donde hay 1,6 millones de hogares monomarentales, lo que representa el 25% del total de hogares con niños, niñas y adolescentes, según datos de Fundar. A su vez, dos de cada tres de estos hogares monomarentales no perciben la cuota alimentaria, o la reciben de manera aleatoria (UNICEF). 

Cuidar es un trabajo

Como tantas otras mujeres, Mabel dedica su vida a cuidar, de forma remunerada y no remunerada. Limpiar, cocinar, lavar ropa, bañar, llevar a la escuela, a turnos médicos, ayudar con las tareas escolares, dar medicamentos, acompañar y contener emocionalmente: todas estas tareas implican trabajo y han sido históricamente invisibilizadas. Se nos enseñó que eran actividades realizadas por amor, amor de madres, amor abnegado, pero como dice la filósofa e historiadora Silvia Federici “eso que llaman amor es trabajo no pago”. Aunque haya amor, hay en el cuidado además un trabajo imprescindible para el sostenimiento de la vida. Y lo hacen mayoritariamente las mujeres en el mundo entero sin obtener una remuneración económica a cambio: “Es la base sobre la que se sostiene el capitalismo”, explica Federici, autora de ‘Calibán y la bruja’.

Los movimientos feministas han logrado introducir la temática de los cuidados en la agenda pública. La pandemia hizo lo suyo: cuando el mundo se detuvo, lo único que parecía seguir girando, irremediablemente, era el disco rayado de los cuidados. Todas las actividades habían quedado suspendidas en el tiempo, salvo cocinar, limpiar, higienizarse. La rueda sinfín de los cuidados nunca se detiene. Como Bill Murray en la película ‘El día de la marmota’, que se desespera ante el sonido perturbador de su despertador cada mañana, que le anuncia el inicio del mismo acto rutinario, agobiante por lo reiterado. 

Otra vez sopa, otra vez a cuidar. 

Tiempo, bendito tesoro

Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, elaborada por el INDEC, podemos observar claramente que las mujeres argentinas invierten tres horas diarias más que los varones en trabajo no remunerado, y esto se traduce en menos tiempo para educarse, para generar ingresos, para descansar, socializar, ir al cine, leer. En definitiva, las mujeres tienen menor calidad de vida y menos autonomía, lo que a su vez eventualmente limita sus posibilidades de salir de vínculos violentos. Las mujeres, entonces, son más pobres, más dependientes, más sometidas. 

A pesar de las transformaciones culturales conquistadas por los movimientos feministas y de la diversidad, persiste fuertemente la división sexual del trabajo, que promueve tareas productivas fuera del hogar para los varones y tareas reproductivas domésticas para las mujeres. Valga como ejemplo que las trabajadoras de las casas particulares son el último eslabón en el mercado laboral, el peor pago, el más informal y precario. Según el Ministerio de Trabajo, 99,3% de este trabajo es realizado por mujeres. 

Las que cuentan con mayores recursos contratan a otras mujeres. Es lo que se conoce como feminización de los cuidados. Las pobres se ocupan de los cuidados de las ricas. Las pobres también cuidan a las pobres, en los comedores populares, en los barrios más vulnerables, en las organizaciones comunitarias. Las mujeres sostienen el mundo. 

En la década del 90 las feministas italianas consiguieron lo que se conoció como la “ley del tiempo” y pudieron hablar de la injusticia en el uso del tiempo. Treinta años después, las feministas argentinas lograron otro hito histórico: la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al cuidado como un derecho humano, y por lo tanto los Estados tienen la obligación de garantizarlo. 

El cuidado ya no es invisible: ahora es un derecho humano 

En enero de 2023, Argentina había presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva sobre “el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”. La respuesta llegó en agosto de 2025. Fue contundente: reconoció por primera vez que el cuidado es un derecho humano. Esto significa que todas las personas tenemos derecho a recibir y brindar cuidados, y también al autocuidado. No es un privilegio ni es un asunto privado, todas las personas necesitamos recibir cuidados en alguna etapa de nuestra vida, y el Estado debe garantizarlo.

Quienes cuidan tienen que tener derechos laborales, los Estados deben cuidar a quienes cuidan. La Corte dijo algo más: la distribución desigual del trabajo de cuidado es una forma de discriminación estructural de género, que tiene consecuencias concretas en la vida de las mujeres, como la pobreza, la dificultad de acceso al trabajo remunerado y de calidad, a la educación y a una jubilación digna. Los Estados deben reconocer esas desigualdades y generar herramientas para garantizar el acceso al cuidado en tanto derecho humano. Fue clara la Corte: es hora de compartir los cuidados entre las familias, la comunidad, el mercado y los Estados. 

El cuidado es un derecho y es un asunto colectivo. 

Quiero tiempo no enjaulado 

Ya lo decía María Elena Walsh en la ‘Marcha de Osías’, allá en 1966: queremos tiempo no apurado, no enjaulado, tiempo de jugar, de gozar, estudiar, viajar, pensar, leer, soñar. 

Las mujeres del Partido Comunista Italiano fueron pioneras: en el año 1990 presentaron un proyecto que se llamó “Ley de los Tiempos”, en el que planteaban que la gestión del tiempo era un problema político. La iniciativa cuestionó el reparto sexista del tiempo y planteó una reivindicación fundamental: un tiempo para vivir. Las feministas italianas tomaron la delantera: el artículo 1 de la ley reconocía el derecho de toda persona a prestar y recibir cuidados y a disponer de recursos y de tiempo para ello. Algo similar a lo que declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos este 2025. 

El proyecto de las italianas incluía un artículo sobre el tiempo en la ciudad: decía que los horarios comerciales, bancarios, de oficinas públicas, escolares eran incompatibles con el horario del empleo remunerado y que eso exigía que alguien, léase las mujeres, renunciaran a su propio tiempo. Proponía que los Estados crearan planes para ordenar los tiempos de la ciudad. 

Roma entonces reordenó los ritmos urbanos. “Estuve ahí en ese momento. Vi los cambios en el sistema de transporte romano, la creación de clubes de mujeres, el doble horario de la oferta educativa. Empezaban a tocar una nueva música las italianas feministas”, recuerda con emoción la socióloga y pionera en temas de cuidados Virginia Franganillo.

“Si los varones no cambian, cambiemos las ciudades”, decían las italianas. Lograron que se sancionara parte del proyecto de ley. Así pusieron el tema sobre las mesas italianas, lo colaron en los debates intelectuales y crearon herramientas para medir el uso del tiempo. Su lucha resonó en otros países de Europa, y también en América Latina, donde hoy las feministas lideran la discusión pública sobre el tiempo de los cuidados. 

“En los 60 discutíamos sobre la división sexual del trabajo. Militantes y académicas argentinas debatimos sobre cuidados durante veinte años, pero no se había logrado crear una política pública. Años después, el gran espaldarazo fue el primer paro de mujeres”, recuerda Franganillo. Era el 8 de marzo de 2017. Argentina daba a luz el primer Paro Internacional de Mujeres. ‘Si nosotras paramos, se para el mundo’: los cuidados salieron del clóset doméstico y fueron parte de los reclamos que ese día ocuparon las calles. 

¿Y quién podrá cuidarnos?

El mundo cambió: se extiende el promedio de vida. El envejecimiento poblacional implica que las personas viven más años y que habrá mayor cantidad de personas adultas mayores que demandarán cuidados. Además, bajan las tasas de natalidad, por lo tanto habrá menos personas jóvenes para cuidar a las mayores. A su vez, cambian los modelos de familia: a los tradicionales se suman los monomarentales, monoparentales, matrimonios igualitarios con y sin hijes, personas que viven solas, modelos que se arman y se desarman. Si históricamente los cuidados eran asuntos familiares, domésticos, las nuevas formas de vida familiar contarán con menos personas para brindar cuidados. 

Según la Encuesta del Uso del Tiempo de 2002, en Argentina el 70% del cuidado de las personas mayores lo hacen las familias. Bueno, las mujeres de las familias. En el 30% restante, el cuidado lo gestionan personas externas (otros familiares, la comunidad, el mercado). Quienes pueden contratar servicios de cuidados remunerados en el mercado representan menos de 10% de los hogares, según el último informe de Fundar. 

En la medida en que la demanda de cuidados cambia más rápido que la oferta de infraestructura y servicios, existe una sobrecarga de responsabilidades de cuidado en las familias. Bueno, en las mujeres de las familias. 

Hoy los Estados se ven ante la necesidad de abordar los cuidados con políticas públicas. Es una oportunidad para el empleo y el desarrollo de las ciudades. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo en Argentina la economía del cuidado podría crear alrededor de 1,8 millones de puestos de trabajo hacia 2030. 

En los últimos años, Argentina venía avanzando a paso firme en el diseño de las políticas de cuidados, a través del Mapa Federal del Cuidado (un portal para localizar la oferta de espacios y servicios de cuidado y de formación para personas cuidadoras), el Programa Casa Activa de acceso a complejos de vivienda colectiva para personas adultas mayores, el proyecto de ley presentado en el Poder Legislativo para crear un Sistema Integral de Cuidados, la mesa interministerial de cuidados, la creación de 500 centros de Desarrollo Infantil de atención integral para infancias hasta los 4 años de edad, kits de lactancia, el Sello Igualar para generar espacios laborales más inclusivos. 

Desde la asunción de Milei en diciembre de 2023 el panorama es otro: de 50 políticas de cuidado sólo 3 quedan activas. Son datos del último informe de la Cocina de los Cuidados, un espacio intersectorial de monitoreo de las medidas gubernamentales en el campo de los cuidados, integrado por representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos, iglesias, la academia, funcionarias y legisladoras de distintas fuerzas políticas. 

Cuidado descuidado

Algunos de los resultados del informe: 1,4 millones de personas adultas mayores quedaron por fuera de la cobertura de medicamentos de PAMI, ya no se distribuyen anticonceptivos, cunas para bebés, equipamiento para maternidades, medicamentos para el embarazo, hierro para recién nacidos, se redujo a un tercio el presupuesto para cuidadoras comunitarias, se cerraron 50 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario para personas con consumo problemático, que es una de las pocas herramientas de contención para jóvenes con problemas de consumo en los barrios populares. 

“En el gobierno anterior habíamos creado programas ejemplares para el resto de la región -explica Lucía Cirmi, Economista y ex Subsecretaria de Igualdad en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad-. Desarrollamos una batería de políticas con una escala muy por encima de lo que se manejaba en el resto de América Latina. Por ejemplo, el Mapa Federal de los Cuidados después se replicó en Colombia, Brasil y Chile. El programa Registradas (creado para reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares y promover su acceso y permanencia al empleo registrado), que alcanzó acá a 43 mil mujeres, tenía cuatro veces la cobertura de lo que tiene un programa similar en Chile. Nuestra política de vivienda activa y colectiva para personas adultas mayores fue la primera experiencia pública en Latinoamérica. Todas políticas que se replicaron en otros países y que desarmó el gobierno de Milei”. 

Al menos nueve países latinoamericanos ya avanzaron en leyes integrales de cuidado y otros quince modificaron políticas para ampliar sus sistemas (Cepal, 2025). Es la antítesis de Argentina: acá se enfocó el ajuste en las personas que cuidan y en quienes necesitan recibir cuidados, a quienes hunde en el abandono. 

En agosto de este año tuvo lugar la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL, ONU Mujeres y el Gobierno de México. El centro del debate: la sociedad del cuidado, un modelo que reconoce el cuidado como un derecho humano, un trabajo productivo y un pilar del bienestar social. En la conferencia se acordó una nueva hoja de ruta para los próximos 10 años a través del ‘Compromiso de Tlatelolco’. El gobierno argentino no se presentó. Sí lo hizo la ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, que firmó un convenio bilateral con México. 

Buenos Aires ha logrado sostener algunas políticas de cuidados al margen de la motosierra nacional: obras de infraestructura para la primera infancia, el Plan Qunita de acompañamiento integral para madres y recién nacidos, el registro y formalización de trabajo de cuidadoras de personas adultas mayores. Las provincias de Chaco, Santa Cruz y Tierra del Fuego pudieron avanzar en proyectos para crear sistemas de cuidados. También han sostenido algunas políticas de cuidados La Pampa, La Rioja, Catamarca y Santa Fe. 

“Es imposible mantener las políticas nacionales que han sido desmanteladas; de todos modos, estamos sosteniendo programas locales como el Cuidar, y optamos por no visibilizar programas para evitar los castigos y así protegerlos”, explica Alicia Tate Rubio, Secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Santa Fe. 

Desde la Cocina de los Cuidados pensaron una estrategia: un proyecto de ley presentado a través de la diputada Mónica Macha que pretende obligar al gobierno nacional a dar marcha atrás en el desmantelamiento de las políticas públicas declarando la emergencia en políticas de cuidados. “Pensamos no solo una política pública sino en construir un paradigma del cuidado, una perspectiva que transforme al Estado en un Estado que cuida. Para los feminismos es un tema de agenda muy actual y seguimos trabajando en medio de este contexto tan hostil”. 

“Estamos en una profunda regresión, peleando contra el hambre. Pero hemos logrado algo: concientizar sobre el cuidado como un trabajo. De esa no nos bajamos”, dice Virginia Franganillo desde los pasillos de un hospital, mientras cuida a una amiga que está atravesando una enfermedad grave. Sabe de cuidados. 

El discurso de odio contra la población LGBTI+ que dio el presidente en Davos le rebotó como un bumerang: en febrero de este año la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista se convirtió en una de las movilizaciones de resistencia más rotundas. Hoy, las embestidas contra las poblaciones que más necesitan ser cuidadas van delineando otro dique de resistencia ante la crueldad. 

“Échame tierra y verás cómo florezco”, dijo alguna vez Frida Kahlo, en rebelión ante el dolor y las injusticias. 

MK / MA

Pilar entró al consultorio y le entregó los estudios a la ginecóloga. La médica comenzó a leer los papeles.

–Vos sabés que a partir de ahora, si quedaras embarazada, tu embarazo se consideraría geriátrico, ¿no? No sé si estarás pensando en tener hijos… –dijo y empezó a enumerar una serie de opciones posibles con el mismo tono de quien repite una lista de supermercado–. Podrías congelar óvulos.  

Pilar Méndez –o “Pichu”, como le dicen– volvió a su casa molesta y angustiada. Tenía 33 y se había divorciado del varón con el que llevaba casada cinco años. Ya no pensaba en la maternidad como cuando era más joven y respondía con un sí rotundo. En aquel entonces, lo proyectaba hacia “más adelante”, pero el futuro ya había llegado: una nueva pareja “no heteronormada”, otra separación, un viraje laboral, la necesidad de previsión económica. Búsquedas, cambios. Y en el medio, el tiempo.

“El desfase entre lo que me dijo la ginecóloga y lo que yo sentía era grande. Fue muy violento. No me veía ni me veo geriátrica. Pero claro, pasaron los años y estoy en ese momento en donde inevitablemente tengo que empezar a tomar decisiones, delinear qué quiero hacer”, cuenta a Punto de Encuentroa sus 36.

“¿Qué quiero hacer?” es la pregunta de muchas mujeres y disidencias en torno a si ser o no madres, presionadas por el tic tac del “reloj biológico” y los comentarios de médicos, familiares, parejas o amigos. La respuesta no siempre es clara. Entre quienes abrazan ese proyecto y quienes eligen una vida sin hijos, hay una amplia avenida del medio. “Creo que quiero, pero lo haría en pareja y no me dan las cuentas para conocer a alguien, enamorarme y tener una familia”, “Tengo con quién, pero hoy no quiero, temo no desearlo nunca”, “En principio no quiero, me gusta como estoy así, aunque puede que me arrepienta”. Sí, pero. No, pero. Todas, dudas que se multiplican desde que se profundizó el cuestionamiento colectivo a la maternidad como único destino posible. 

Menos hijos, menos madres

Argentina es el país sudamericano con mayor reducción porcentual de nacimientos en la última década. Entre 2014 y 2023, la caída de la tasa de natalidad alcanzó el 43 por ciento, según un informe de la Dirección Nacional de la Población, con mermas significativas en Tierra del Fuego, Jujuy, Santa Cruz, CABA, Buenos Aires y Chubut. En el otro extremo, se encuentran Misiones, Santiago del Estero, Corrientes y San Juan.

El fenómeno preocupa a gobernantes y escandaliza a las nuevas derechas, que lo relacionan con la legalización del aborto o cuestionan el crecimiento profesional de las mujeres y el aumento de la libertad en sus elecciones. Sin embargo, la tendencia se empezó a gestar hace tiempo. Hoy, la tasa de fecundidad es de 1,4 hijos por mujer –por debajo del 2,3 a nivel mundial– mientras que en 1980 era de 3,3.  

La mayor reducción se dio en las adolescentes. Entre 2010 y 2020, período activo en políticas públicas como la Educación Sexual Integral y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia en Argentina (ENIA), la baja de nacimientos en la franja que va de los 15 a los 19 años fue del 53,3 por ciento. La contracara de ese efecto buscado y deseable es el aumento de la edad promedio de las madres. Mientras que en 2001 el 32 por ciento de los nacimientos eran de mujeres de 30 años o más, en 2016 esa proporción alcanzó al 38 por ciento de los natalicios, según CIPPEC. 

Los factores que contemplan mujeres y disidencias –y también masculinidades– son variados: dificultades económicas; sobrecarga de trabajo; falta de pareja, red de contención y tiempo; afán de crecimiento profesional y de autonomía, voluntad de construir o prolongar una vida sin hijos; diferencias entre las expectativas pasadas y el devenir de los acontecimientos y, en buena parte gracias a los feminismos, interrogaciones más profundas al mandato histórico de la maternidad. 

“Yo tengo una tía que en la adolescencia me hablaba del aborto y decía ‘si vos querés tener hijos, que sean los que puedas mantener sola. Porque después el tipo se borra’. Y me quedó grabado eso, la dimensión económica de la crianza, la necesidad de una estabilidad que no tengo”, ejemplifica Pilar, comunicóloga de la UBA y ex asesora parlamentaria a quien hoy, como docente en el nivel superior, no le cierran los números. El alquiler se lleva la mitad de su salario. Y el valor de la Canasta de Crianza en agosto abarcó entre 432.161 y 542.183 pesos, según la edad del niño o niña. 

¿Con quién?

“No sé si voy a ser madre. No a cualquier costo”, responde Lucía Camaño, que tiene 31 años y vive en Santos Lugares, partido de Tres de Febrero de la provincia de Buenos Aires. Como abogada en una empresa multinacional de consultoría estratégica y servicios tecnológicos, sus dudas no son laborales ni económicas. Es propietaria gracias a la ayuda familiar, cobra un sueldo en sintonía con el promedio nacional de los trabajadores del sector privado, hace home office, podría acceder a una licencia extendida o trabajar medio tiempo si quisiera. El asunto es que no se embarcaría en ese proyecto sola. “Si lo imagino, es con un compañero con el que comparta valores, incluso si más tarde me separo. Por mi profesión vi muchos divorcios y cuando hay una guerra entre los padres el costo emocional para los chicos es terrible”, explica.

En los últimos 40 años, los hogares unipersonales se duplicaron y hoy representan el 25 por ciento del total, de acuerdo con CIPPEC. Pero esto no se da igual en todas las clases sociales. En las casas más pobres, suele haber más niños, generalmente con mujeres a la cabeza que suelen trabajar en la economía informal, sin acceso a licencias. En los sectores más ricos, hay cinco veces más probabilidades de acceder a niñeras, jardines maternales y otros espacios de cuidado. 

Para Lucía, lo central de un compañero es la contención emocional en la crianza, más allá del soporte económico. Una corresponsabilidad. Ella está soltera y tiene citas a través de aplicaciones. No es la única: Argentina se encuentra entre los tres países latinoamericanos con más usuarios en esas plataformas. Lucía considera que son una herramienta más, válida, para salir con gente. Pero encontrarse románticamente cuesta cada vez más en tiempos digitales. “Hay algo del primer encuentro que es distinto con las apps. Cuando te conocés con una persona de forma presencial podés tirar un chiste y ya tanteás el estilo del humor. Una tiende a pensar que lo digital es más inmediato, y para mí es al revés, lo más rápido para intuir si alguien te gusta es cuando lo conociste en un ámbito cercano”, matiza.

Lucía prioriza conocer varones con quien tenga “afinidad cultural”. No le importa si la paternidad está o no en sus horizontes cercanos o incluso si ya tienen hijos. En su tono, hay mucha tranquilidad. “Ya de por sí es difícil congeniar con alguien en gustos, hábitos, mirada sobre el mundo, para construir algo. Hay hombres que están muy evasivos, puede que les gustes y no saben cómo acercarse, o si te ven muy independiente, abierta y transparente, se intimidan. Entonces, veo lejano formar una familia. No es imposible, pero es un paso más”, comenta y aclara: “De todos modos, sé que nunca va a existir un escenario ideal. Voy a ser madre si algún día me gana el deseo por sobre las excusas”.

El deseo y la realidad

Carolina Schneider tiene 39 años, es prosecretaria en un colegio y profesora de Educación Física en una escuelita de fútbol por la tarde. Vive en un departamento propio en Estación Buenos Aires, en el barrio porteño de Parque Patricios, gracias a la política crediticia Procrear. Desde chica, anhelaba formar una familia al estilo “Susanita”, pero los sueños no se pueden programar. Su última separación fue por diferencias en torno a ese propósito. Dice, con frustración, que a medida que pasan los años, relacionarse es más difícil: “hay muchas posibilidades de que una persona de entre 36 y 40 y pico de años ya haya tenido una pareja e hijos y que no esté pensando en eso para una nueva relación”. 

Exploró las apps de citas, aunque no le encantan. “Siempre las consideré un catálogo por esto de ponerle un corazón a fotos de personas que no sabés ni cómo son, ni qué piensan, nada. Me hace ruido elegir a partir de imágenes. Pero hoy es casi la única opción. La mayor parte del tiempo estoy trabajando –no me gusta la idea de relacionarme con gente del ámbito laboral– y en las salidas o bares cambió mucho la onda, no está de moda encarar”, señala a este medio.

Carolina tampoco se concibe maternando sola. “Hay días que arranco a laburar a las siete de la mañana y termino a las ocho de la noche. No me entra en el calendario hacerme cargo de una personita ni alcanzaría sólo mi sueldo”, lamenta. Con ayuda de su terapeuta, trata de encarrilar su deseo hacia otros lugares: crecimiento profesional y estudio. Aunque no sin dificultades ni penas: “Me cuesta salir de lo que había armado en mi cabeza, pero eso complica que vea otras cosas lindas de mi vida”.

A futuro, si la situación cambia, Carolina no descarta la adopción. Pilar, tampoco: “Adoptar da miedo y genera un montón de prejuicios o interrogantes, como si una va a poder alojar ciertos traumas de origen o dar todo el amor que esa persona necesita. Igual, imagino más ese camino. Y una maternidad poliamorosa –dice entre risas–, en el sentido de que debe ser colectivizada, en red, que no recaiga solo en una. Aunque quizás no pase nunca y proyectaré cosas nuevas”. 

En su mente la idea resuena hace tiempo. “Hablé sobre el tema en mis últimas dos relaciones. A mi ex esposo le pesaba la cuestión de la sangre. A mi última pareja no le atraía la idea de gestar. Y al conversar, empecé a pensar que capaz yo tampoco lo haría. Creo que los vínculos que se alejan de lo cisheteropatriarcal habilitan formas y charlas menos normadas, otras opciones”, reflexiona.

Que fluya

El deseo puede ser escurridizo. Entre esos vaivenes transcurrieron la vida y los vínculos de Rocío Ávila, ex trabajadora estatal y artista de 34 años que nació en Don Orione, barrio popular de Almirante Brown, conurbano sur. Hija menor de cinco hermanos, cuando era niña, jugaba a ser madre y a elegir el nombre del bebé. Una vez adulta, la idea permaneció, con menor peso, hasta casi evaporarse. Rocío temía perder la libertad de la que se apropió al mudarse sola a La Boca, CABA, a sus 22. Durante varios años, en ninguno de sus vínculos formales se habían generado las condiciones para planear tener hijos/as.

A mediados de 2021 se mudó a Mar del Plata. Un año después de la asunción de Milei renunció a su trabajo territorial en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para dedicarse a ser masajista y a “terapias alternativas vinculadas al arte”. Allí descargó Tinder en busca de vínculos sexuales casuales. Gracias a esa app, y luego de distintas citas, el año pasado conoció a su pareja actual, un joven que había visto en el gimnasio de su barrio, con quien comparte hogar desde hace dos meses. “Con él es otra cosa. Volví a pensar en la opción de una familia porque hacemos un buen equipo. Pero queremos esperar para no saltear etapas”, cuenta.

¿Cómo conviven los plazos de una pareja con la percepción del tiempo, de lo que puede un cuerpo? A Rocío le genera temor gestar a su edad. “Tengo un montón de dudas. La salud, por ejemplo, qué le pasará internamente a mis órganos, cómo va a cambiar mi cuerpo, pensar que alguien crecería dentro mío. No sé si tengo la capacidad de hacerlo, me impresiona”, confiesa. De todas maneras, dice que tiene esperanza en lo que ocurra: “Que fluya. Si tengo que ser madre lo seré, y si no tiene que venir un ser de mí a este mundo, está bien. Tal vez después me costaría aceptarlo, pero bueno, no pienso congelar óvulos tampoco”. Lucía sostiene que también trabaja mucho su “espiritualidad” y que confía “en la vida”. 

Tic tac efímero

Samantha Meulén Rosales tiene 30, una pareja hace 8 años, y ningún apuro. Sabe que si algún día tiene un hijo o hija, será más cerca de los 40, como su madre. Le molesta cuando la critican por eso, con preguntas como “¿cuántos años vas a tener cuando tu pibe tenga 15?”. Es azafata de Aerolíneas Argentinas y psicóloga. Entre vuelos, pacientes, cursos sobre su profesión, yoga y pilates, sumado a las pocas horas de sueño, no hay lugar para un niño o niña ni es su prioridad.

“Si hoy quedara embarazada, creo que no lo tendría. Para mí, la maternidad nunca fue un deseo incondicional, tiene mucho más que ver con un encuadre previo. Una pareja, un trabajo estable, toda una estructura que tiene que estar para recién ahí empezar a hablar del tema”, describe la psicóloga de Villa Urquiza, CABA. Cuando piensa en ese escenario hipotético, apuesta a una crianza cien por ciento compartida con su compañero. Rocío espera lo mismo: una distribución de tareas equitativa. No es la realidad mayoritaria. En los hogares con personas que demandan cuidados, las mujeres dedican el doble del tiempo que los varones a ese trabajo. Samantha baraja invertir en la preservación de óvulos para que no la corra el tiempo. Si un día decide ser madre, no quiere que sea porque sea apurada por el reloj biológico, lo que ella llama “quedarse sin fichitas”. Llegado el momento, podrá acceder a procedimientos de reproducción médicamente asistida amparados por la Ley 26.862. A diferencia de las generaciones pasadas, muchas mujeres se refugian en estas alternativas que provee la ciencia para transitar sus inquietudes con más calma y tomar decisiones acordes a sus condiciones de vida. 

Aunque Samantha revela su miedo: “No me preocupa tanto que no pase, sino más bien el paso anterior, la posibilidad de no desearlo nunca. Que la maternidad se convierta en una habitación oscura de mi casa a la que al final no entré. Porque ahora te digo, ‘más adelante, más adelante’. Siempre después, pero ¿qué pasa si ese más adelante no existe? ¿Quién voy a ser si no soy madre?”.

Cada una tiene su propia respuesta. 

SC / MA

Quien mire de cerca las motos verá los detalles: una foto analógica de la familia pegada en el tanque de la Suzuki 125, un protector repleto de stickers de rutas recorridas sobre las dos ruedas de la Honda, un pañuelo verde atado al volante, un patito tuneado colgando al lado del tablero un sticker de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, otro con la cara de Wanda Nara.

Entre mate y mate circula la charla sobre mecánica, service, motores y marcas, mientras la montaña de cascos, camperas y guantes con protección se acumula al lado de las zapatillas y los tacos de quienes se descalzan para sentarse en un círculo que, sin que lo planearan, se volvió símbolo y postal de una caravana motoquera transfeminista que se hizo colectivo.

Las pibas van copando la plaza y las calles: a veces son 7, a veces 15. A veces, muchas más. Hablan de motos, de trabajo, de sus vidas. Las conversaciones siempre terminan con una pregunta que en realidad es propuesta: “Che, ¿ponemos fecha para la próxima caravana?”.

Hay razones para encontrarse: las motos- especialmente las grandes- parecían ser propiedad de los varones. La libertad de andar en la ruta y sentir el viento que se filtra en el visor levantado del casco era “cosa de hombres”, con la mujer con un rol de acompañante salvo raras excepciones pero hoy y hace años, a fuerza de construcción y manada, esa realidad cambió. Encontrarse es potenciar ese cambio y reconocerse en esta realidad que empezó como rebeldía y cobró fuerzas al calor de la marea transfeminista. Por eso, aunque anden de a una sobre una moto, nunca están solas. 

Sobre dos ruedas

En 2019 las motos llegaron al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades (ENM) que ese año fue en La Plata. Pola ya llevaba tiempo arriba de su mota: trabajo, pero también “sostén en la vida”. Sumarse a esa caravana que llegó a la ciudad la unió al grupo de manera definitiva. “Gracias a la moto conocí a personas maravillosas que hoy son parte de mi familia”, asegura. Es militante LGBTTIQ+ e integra también un grupo de cicloturismo (@contrapedalciclismo). Siempre en dos ruedas. 

Pauli también se sumó a la caravana a partir del ENM en 2019. Era profe de pilates y mamá de cuatro hijes. Al año siguiente, con la pandemia, tuvo que cerrar su estudio y la moto se volvió también un modo de subsistencia. Tiene 64 y la moto se volvió parte de su vida: “No la voy a vender nunca”. 

Lili Furió es realizadora en cine documental y bailarina de tango, Lau trabaja en atención al cliente, Xoa es trabajadora estatal en Salud y Educación. Ari hace motomensajería y se está por recibir de mecánique en motos. Mariana Casas se recibió de abogada en 2001, fue la primera mujer trans en recibir el título, incluso antes de la ley de identidad de género. Había trabajado más de una década en motomensajería. En 2019 empezó a competir a bordo de una Honda Twister 250 color violeta con el logo de la federación LGBT. 

Los orígenes son diversos, pero hay comunión. La caravana es una forma de amistad y compañía: no se trata solamente de elegir una ruta en común sino que es un diálogo constante, indicaciones en el grupo de WhatsApp cuando a alguna se le queda la moto o se le rompe algún repuesto, bancarse la parada cuando a alguna se la roban, juntarse a comer un asado, recomendarse un buen mecánico o mecánica, pasarse laburos-deliverys. La solidaridad y sororidad dentro de esta caravana transfeminista es la regla.

RB / MA

Los consultorios que atienden a personas trans y travestis en el país resisten mientras el gobierno nacional desmantela programas de diversidad y recorta fondos en salud pública. Los equipos médicos que aprendieron sobre la marcha, que se formaron escuchando a sus pacientes y acompañando sus procesos, enfrentan ahora demoras en medicamentos, coberturas reducidas y un clima social hostil. Los consultorios y profesionales de todo el país se transformaron en pequeños refugios para la ley de Identidad de Género y sostienen, por pura prepotencia de trabajo y cuidado, el derecho a una identidad vivida sin miedo.

El teléfono de Daniel Lizzi recibe mensajes todos los días, a cualquier hora. El médico le da su número a todas sus pacientes y ellas, sea por un poco de fiebre, dolor de garganta, malestar en la panza, le escriben. Le confían cada parte de su cuerpo. Cada tanto, Lizzi recibe un mensaje especial. “Hace un año me cambió la vida, doctor”, le recuerda alguna y él, que a lo mejor está haciendo mandados, o llevando a su hijo a la escuela, vuelve a tener esa sensación íntima y poderosa de que con su trabajo está haciéndole bien a alguien, que sirve para algo. También lo paran en la calle, en la panadería o lo sorprenden en su consultorio con un regalo. Siempre es la alegría de sus pacientes que lo abrazan y repiten incansablemente: gracias, gracias, gracias. 

Daniel Lizzi vive y trabaja en Rosario, Santa Fe. Es cirujano y urólogo, el primero que hizo la cirugía de cambio de género en su ciudad una vez sancionada la Ley 26.743 de Identidad de Género y Salud Integral. Lizzi trabaja en conjunto con el doctor y cirujano plástico Emanuel Manavella. Juntos conforman la primera unidad trans del interior del país. Ya llevan más de diez años y más de cien cirugías realizadas en el sector público y privado a pacientes travestis/trans que viajan de todo el país para atenderse con ellos. 

Todo gracias a la ley que él repite de memoria: veintiséis siete cuarenta y tres. La Ley de Identidad de Género y Salud Integral no sólo permite cambiar el nombre del documento nacional de identidad. Reconoce que la identidad trasciende el cómo nos llamamos y eso incluye la corporalidad. Así, todo tratamiento médico que implique adecuar el cuerpo al género está incluido en el Programa Médico Obligatorio, lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado, tengas o no obra social o cobertura médica prepaga.

La vida antes

Antes de su sanción en 2012, cualquier operación que fuese segura tenía un costo elevadísimo, especialmente difícil para una población que sobrevivía - y sobrevive - en los márgenes, sin acceso al trabajo formal, a la escuela, a los hospitales. La ley fue una manera de posibilitar el acceso a operaciones que muchas veces se realizaban en la clandestinidad. No se sabe cuántas quedaron en el camino por inyectarse aceite de avión en glúteos o tetas, por ejemplo.

La aplicación de la ley nunca fue lineal ni ejemplar. En algunos lugares costó más que en otros pero es indiscutible que llegó para transformar la vida de miles de personas. El panorama, sin embargo, cambió en los últimos dos años. El discurso del presidente Javier Milei, y su vice, Victoria Villarruel, en contra de la ley no es inocuo. Tampoco el desfinanciamiento a las políticas de salud pública y de diversidad sexual. Y el resultado se siente en los consultorios. 

“Notable y tristemente ha cambiado mucho el panorama. Para mal. Para peor”, dice Daniel Lizzi. “Al día de hoy, en la parte pública no se están realizando estas cirugías. Sólo en el privado”, advierte. No es un cierre anunciado ni oficial. Es, simplemente, la consecuencia del desfinanciamiento en la salud pública en general. El cirujano asegura que tiene una lista de espera de 66 personas para operarse en la salud pública: el cúmulo de prácticamente dos años sin cirugías regulares de este tipo, que continúan apenas por goteo. “Lo más que hicimos fueron cinco chicas en un año. Después, en el último tiempo, fue mermando lenta y progresivamente, a cuatro, a tres. El último año se operó a una sola chica que ganó por insistencia”, enumera el médico. 

Las intervenciones sí se garantizan a quienes tienen obra social. En la parte privada están operando un promedio de ocho personas por año. En los primeros nueve meses de 2025 se hicieron siete cirugías de readecuación. Tienen al menos tres vaginoplastías más programadas para este año. Las toracoplastias, ya sea masculinizantes (sacando las lolas) o feminizantes (poniéndolas), son unas veinte este año. El reniegue burocrático para acceder a las operaciones es, sin embargo, cada vez mayor. Y además, las pacientes travestis/trans que cuentan con cobertura son cada vez menos: si ya es difícil tener cobertura médica para cualquiera, más aún lo es para aquellas que tienen más dificultades para acceder al sistema laboral formal. 

“Todo esto hace que muchas chicas desistan de la cirugía, por lo menos inicialmente. Están muy abrumadas por todo el tramiterío que tienen que hacer”, reconoce Lizzi. “Pero aunque inicialmente el escenario pega mal, es una decisión trascendental en la vida de cada una y al final es más fuerte la decisión que ellas tienen de su cambio corporal para adecuarse a su verdadera identidad que todo esto”, sostiene el cirujano. 

Atención y acompañamiento

“La situación es terrible y las consecuencias van a ser atroces”, dice Patricia Gómez del otro lado del teléfono. Tiene 41 años y nació, vive y trabaja en Santiago del Estero. Es médica graduada de la Universidad Nacional de Tucumán, ginecóloga en la Universidad Nacional de Córdoba y sexóloga clínica de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. También está al frente del primer Consultorio de Diversidad de la provincia del norte argentino.

Patricia trabaja con un cirujano plástico, una psicóloga y dos acompañantes terapéuticas, que son mujeres trans. El equipo no sólo acompaña cirugías u hormonizaciones, sino que, sobre todo, es una primera entrada al sistema de salud. Sin prejuicios, sin doble moral, sin discriminación. Desde que funciona el consultorio, hace ya ocho años, llevan atendidas a 320 mujeres trans y 180 varones trans. La mayoría son de la capital provincial y alrededores, donde se concentran los servicios especializados. La mayor dificultad para que las personas del interior santiagueño accedan al consultorio de diversidad está en el costo del viaje en colectivo que los lleve a consulta. Algunas lo lograron, haciendo viajes de hasta 400 kilómetros por una atención amigable.

El resultado de esos años de trabajo los destaca con hechos, no con números: “En el 2018, los varones trans sobre todo, venían con intentos de suicidio. Ahora vienen con la familia entera. Entonces, cuando nos pasa eso, cuando vemos a una familia conteniendo a la persona y al chico feliz porque va a empezar su tratamiento, nos emocionamos profundamente. Sobre todo mis compañeras trans, que tienen 41 y 18 años, y piensan en cómo hubiera sido su vida con esta posibilidad y este apoyo”. 

Pero en Santiago del Estero también cambiaron las cosas con la llegada del gobierno libertario. El desfinanciamiento general a las políticas de salud pública y en áreas claves de salud sexual, reproductiva y de diversidad en particular impactó directamente en la atención del consultorio. Los preservativos y descartables para hacer exámenes ginecológicos son pocos. Antes los distribuía Nación, ahora se ocupa la provincia. Y así como llegan, se terminan. Las consecuencias ya se ven. Las mujeres trans pasaban todos los días por el consultorio buscando preservativos. Después, preguntando si habían llegado. Ahora ya ni se acercan. “Imaginate cómo se van a disparar las infecciones de transmisión sexual. Es terrible”, sentencia la ginecóloga.

Pero además, desde octubre no tienen medicación para llevar adelante la hormonización. Las y los trabajadores del Consultorio de Diversidad venían usando el stock remanente de los envíos que había hecho el Ministerio de Salud de la Nación hasta 2023. El gobierno libertario no hizo nuevas licitaciones ni compró nuevos fármacos. Y se empiezan a notar los efectos. Los varones trans vuelven a menstruar, lo que en muchos genera ansiedades y malestar anímico. Las mujeres trans se alejan del sistema de salud y se automedican con anticonceptivos, que es, dice Patricia, lo que no tienen que hacer y contra lo que vienen peleando hace años. Es que estas pastillas contienen tipos y dosis de estrógenos inadecuados para ese fin, que aumentan el riesgo de trombosis y daño hepático. La terapia hormonal de afirmación de género necesita un seguimiento médico específico para garantizar su seguridad y eficacia. 

Cubrir los tratamientos sin cobertura tiene un costo variable. Las mujeres trans oscilan en un gasto de entre 78 y 128 mil pesos por mes, y los varones trans tienen disponibles dos tipos de testosterona inyectable: una cada tres semanas, que está a unos 45 mil pesos, y una cada tres meses, que cuesta 300 mil pesos. “Los pacientes hacen lo que pueden. La mayoría deja los tratamientos”, resume Patricia.

El trato respetuoso 

Silvina Cossi tiene 33 años, es psicóloga y dos veces por semana atiende en el consultorio de la diversidad sexual que funciona en Rawson, uno de los departamentos más poblados de San Juan. Se trata de un espacio amigable donde trabajan ella, una trabajadora social, una enfermera y dos médicas de familia, además del equipo de laboratorio y farmacia. El consultorio funciona a demanda, es decir, sin turno previo, y en horario vespertino en el hospital de la zona. Los pacientes viajan hasta tres horas para atenderse ahí. La mayoría lo hace para garantizarse un trato respetuoso con su identidad y sexualidad. Y porque allí pueden recibir un tratamiento específico como la hormonización.

La atención psicológica no es requisito para acceder a ningún tratamiento. Los pacientes de Silvina son los que tienen el deseo, la demanda o una derivación para psicoterapia. “Me pasa en la práctica que me escriben psicólogas de algún centro de salud preguntándome si me pueden derivar al consultorio de la diversidad a un paciente homosexual, por ejemplo. Y no hay ningún problema, se puede derivar, se puede recibir, pero en realidad se podría atender en cualquier centro de salud”. 

En el consultorio de diversidad de Rawson los tratamientos para hormonizarse sufrieron una interrupción que no duró más de dos meses, por lo que los pacientes no tuvieron modificaciones físicas u hormonales que impacten de lleno en su corporalidad. Esa incertidumbre instalada se siente dentro de la terapia. “Hay un efecto si se corta la medicación, sobre todo sintomatología de ansiedad. Depende de la estructura de base de cada usuario cómo repercute esta espera. No podemos generalizar que todos los pacientes de diversidad van a recibir la interrupción de la hormonización de la misma manera, sí podemos decir que principalmente hay una expectativa ansiosa”.

El gobierno provincial absorbió el presupuesto para estos medicamentos y garantiza también que la atención en el consultorio se siga brindando en cualquier circunstancia: si un paciente va y no tiene su medicación, igual cuenta con un espacio de contención, de escucha y acompañamiento. Nadie se queda solo otra vez.

Una realidad

El 23 de enero de 2025 el presidente Javier Milei se paró frente al mundo en el Foro Económico de Davos. Ahí, criticó al aborto, asoció la homosexualidad con la pedofilia, cuestionó la existencia de los femicidios y aseguró que “están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones”. Los discursos no quedaron ahí, y apenas unas semanas más tarde, el gobierno nacional publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025, que prohíbe que las personas menores de 18 años accedan a tratamientos de hormonización y cirugías de reasignación genital para adecuar su cuerpo a su identidad autopercibida.

El DNU atentó directamente contra el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, que establece el derecho al acceso a tratamientos de salud, como la hormonización, para adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida. En el caso de menores de edad, la ley vigente requiere del consentimiento informado del representante legal y la aprobación de la autoridad judicial competente, considerando los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño.

La modificación pretendía eliminar el derecho de los adolescentes a estos tratamientos de salud. Sin embargo, le llovieron los pedidos de amparo y la Justicia declaró la inconstitucionalidad del DNU. Aunque aún sigue vigente, se encuentra a la espera de que el Congreso trate su derogación. Las y los médicos aprendieron a sortear las trabas que las obras sociales establecieron para el acceso a partir del decreto.En los consultorios, la resistencia se volvió parte de la práctica médica.

“He visto familias muy empoderadas dispuestas a cualquier acción con tal de que se cumpla su derecho”, dice Fabiana Reina. Ella es tocoginecóloga, especializada en ginecología infantojuvenil y en endocrinología ginecológica de San Miguel de Tucumán. La demanda lenta y constante de familias que buscaban un consultorio amigable la llevó a trabajar sobre todo con infancias trans. El área de trabajo de la especialista es tal vez de las más atacadas por los detractores de la ley en general y, ahora, por el gobierno nacional en particular. “Me dijeron en su momento ‘lástima, tremenda profesional dedicarse a eso’”, reconoce la médica.

Desde el 2020, Reina preside la Fundación Transformando Familias. “Que cada vez tengamos más familias en la Fundación me hizo dar cuenta de que las infancias trans son definitivamente una realidad. Y que esa realidad convoca a toda la sociedad, empezando por su estructura fundamental, la familia”, dice.

La Fundación que encabeza la doctora es blanco de ataques por la organización del Primer Congreso Global de Infancias Trans previsto para el 18 de octubre. Las organizaciones de diversidad tucumanas denunciaron hostigamientos, agresiones y la difusión de contenidos falsos sobre el evento, que derivaron en la cancelación del congreso. Tenía más de 500 inscriptos y disertantes de todo el país y el mundo. No pudo garantizarse la seguridad e integridad de las familias que iban a asistir. Sus organizadores, que pocas habían sentido el odio organizado como ahora: aseguran que ese discurso llega direccionado y legitimado por el Gobierno Nacional.

“Nosotros estamos convencidos de que estamos en el camino correcto: alvar a un niño de intentos de suicidio, de autolesiones o de situaciones de agresión, discriminación, bullying, acoso, maltrato físico y todo lo demás por no aceptar o respetar su identidad, nos hace creer que estamos por el camino correcto, por más que deroguen leyes o saquen decretos”.

Fabiana trabaja con protocolos internacionales fijados por la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero, que establece los criterios clínicos de atención a las infancias y adolescencias. El uso de medicamentos,, por su parte, es a demanda y hay infancias y adolescencias que no llegan a eso. No todas las identidades trans deciden hormonarse. No es requerimiento ni norma para ser. En la mayoría de los casos, a los niños y niñas trans les alcanza, simplemente, con que los escuchen y reconozcan. “Mencionar el nombre que elige ese niño o niña, respetar la vestimenta que desea usar, el corte de pelo, los juguetes, los dibujos. Eso no tiene necesidad de intervención de ningún sistema judicial ni de salud. Es algo que la familia puede responder perfectamente acompañando”, explica Fabiana.

“Hay infancias y adolescencias que son entidades trans bastante importantes desde lo físico, autoperceptivo y disconfort corporal” . Para esas personas, los tratamientos hormonales, dice la especialista, son necesarios, sobre todo aquellos que ayudan a frenar el desarrollo puberal de los adolescentes. “La gente suele asustarse. Dice que castramos, hacemos daño o invadimos, pero la medicación que se usa es de las más seguras que hay. Y además, es reversible. No estamos experimentando con las infancias. De hecho, sobran ejemplos que muestran lo beneficioso que es recibir bloqueadores hormonales, no solo para la salud mental, sino para la salud física y social de los chicos y chicas.” El objetivo de los tratamientos no está en intervenir, sino en aliviar. 

Si la temática siempre fue difícil, ahora es más. Como en otras provincias, en Tucumán ha habido pausas en la entrega de medicamentos para las hormonizaciones y eso repercutió directamente en la interrupción de varios tratamientos. Las obras sociales y prepagas han reducido coberturas, y el escenario de incertidumbre y discriminación sólo genera más temores. Y, sin embargo, en cada consulta, en cada receta sorteada y en cada nombre respetado, se repite la misma escena que vio Daniel Lizzi en Rosario: alguien que, gracias a la ley y a la dedicación de los equipos de salud, siente que su vida cambia para siempre. Mientras los decretos y discursos intentan frenar los derechos, los cuidados cotidianos avanzan, sosteniendo lo que la ley prometió desde el inicio: que cada identidad pueda ser vivida sin miedo.

LH / MA

La ley nacional N°27.636 de Cupo Laboral Travesti, Trans y Transgénero exige un 1% de empleo formal en el Estado Nacional, pero su implementación en las provincias y municipios, como en Jujuy, requiere adhesión. Varios colectivos jujeños de la diversidad reclaman la aplicación de esta ley y demandan políticas públicas integrales. 

El pasado 24 de junio, ingresaron notas al Poder Ejecutivo provincial para la adhesión a la ley nacional. También presentaron un proyecto de reparación histórica para la comunidad travesti, trans de personas mayores de 40 años. Se trata de un pedido de pensión para una población cuya expectativa de vida todavía es menor, planteada por los años en los que tuvieron restringido por ley el derecho pleno a la identidad autopercibida, que de hecho criminalizaba sus existencias. 

En los organismos de gestión nacional la realidad es otra. En Vialidad Nacional y en el Parque Nacional Calilegua ingresaron mujeres trans, un paso en el cupo que se ha sostenido a pesar del giro político de la administración Milei en materia de reconocimiento de las personas trans. 

Lilen Ortega ingresó a Vialidad, distrito Jujuy en 2023 y continúa cumpliendo su labor. El miedo a la desocupación y destrucción de un organismo son una sombra aterradora para trabajadores y trabajadoras del sector. Refieren amenazas de despido y jubilaciones en un contexto de posible desintegración. “A pesar del discurso: somos todos y todas iguales ante la ley”, marca Lilen. Está dispuesta a defender el puesto que le costó tanto conseguir. 

La de Lilen parece una historia tranquila, pero es una guerrera y de un espíritu resiliente que enfocó su energía en capacitarse, en su familia y su trabajo. Nació hace 40 años en San Salvador de Jujuy. La familia la recibió como a un varón, pero desde muy chica ya supo que su identidad era otra. Ser trans en el NOA -o en cualquier lugar- no es fácil, pero hoy ella camina por la vida entera. 

“Tuve la suerte de estar contenida”, explica. Tiene ojos grandes y sonríe aunque relate recuerdos tristes: bullying en la escuela, o discriminación en otros espacios. 

Nena desde siempre

“Toda mi vida fui una nena, desde chiquitita”, asegura Lilen. Se recuerda con ternura ya en el jardín de infantes siempre con las nenas, jugando a la casita y queriendo ser la mamá. 

Su transición fue en la secundaria: empezó con modificar la vestimenta, a feminizarla un poco más. En esa etapa, dice, forjó su carácter. “Atravesé varias circunstancias respecto a otras miradas. No tuve la mala suerte de que me echen de la casa, o trabajar en la calle”, explica. La familia la apoyaba, pero ella marca que con “otra crianza”. Fuera de casa, el mundo exterior se encargó de hacerle sentir lo difícil que es ser una chica trans.

“Entendí que el proceso para que se familiaricen con mi condición no era fácil. Entonces hoy trato de explicar a las nuevas chicas que no es que no las quieran sus padres, sino que hay que enseñar a los padres a convivir con uno o una. No somos enemigos. Los papas por naturaleza en su época, tomaban como un castigo a un hijo afeminado”, considera “Hay que explicarles qué es la aceptación”, asegura. Entiende que en algunos casos no es rechazo sino miedo: “Piensan que nos van a golpear… No es que estemos exentos y menos victimizarnos, pero lo principal que tenemos es una vida, y uno elige qué quiere”.

“Tengo mucho respeto por mis compañeras trans y sus vidas. La recuerdo con mucho cariño a Lourdes Ibarra, ella me enseñó un montón ”. Lourdes fue una gran referente de la Fundación Damas de Hierro, luchadora, activista que marcó una agenda en la provincia. “A las chicas de la Fundación Ana Gabriel, Sofia Serapio, Johana… varias me ayudaron. Desde un bolsón hasta enseñarme trámites. Las respeto un montón, son protectoras”, comparte. 

Lilen repasa su vida, compara los tiempos, cambios y el valor de la lucha para desarrollar una vida plena sin prejuicios. “Mi vida es sencilla y cómoda” sostiene y remarca que es una privilegiada en tener un trabajo, salario, obra social y obligaciones.

Abrirse camino

Vida sencilla. Carácter forjado. “Así me abrí camino en lo que me propuse”, explica. 

Muchas veces escuchó “cualquier cosa te llamamos” cuando presentaba su curriculum. Muchas veces, en diferentes lugares. “Yo había visto que estaban ingresando chicas en el ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y sabía que se tenía que cubrir un cupo trans”, recuerda. Ahí apuntó. 

Cuando dejó su currículum en Vialidad, pidió tener una entrevista ahí mismo. “Tuve la suerte que ese día el Jefe de Distrito estuviera desocupado, el ingeniero Roda”. Esperaba una negativa, pero la jefa de recursos humanos, consultó, y volvió con una respuesta positiva. “Logré que me haga la entrevista el ingeniero: me preguntó mis capacidades, experiencia, muy amable y correcto. El tema era que nunca había habido alguien trans en Vialidad Nacional en Jujuy…”.

Lilen, firme con su voz recuerda su entrevista. Relata que: “le conté que soy peluquera desde jovencita, siempre trabajé, fui secretaria de profesionales. Además, él me contó su trayectoria profesional y me relató que estaba acostumbrado al cupo trans por ver en otros países la inclusión”. Observó la apertura al diálogo y la oportunidad de poder acceder a un trabajo en blanco, registrado.

Vialidad Nacional es un organismo que su población laboral es de un 85% de hombres, con trabajos específicos en rutas, caminos, y trabajo administrativo, cuentan con una escuela para capacitaciones y ascensos.

“Fue un placer, esa entrevista en el 2022 y en el 2023 después de 1 año y 2 meses me llaman de recursos humanos que había sido seleccionada. Fui la primera y después llegó un compañero; yo en marzo y él en junio”. La satisfacción de acceder a un trabajo y los derechos que representan era un sueño más para Lilen.

“Mi trabajo es responsabilidad, no tengo faltas, ni sanciones, ni reproches. Con mis compañeros nunca tuve malas miradas”, expresa orgullosa.

“Mi trabajo es administrativo: ingrese a recursos humanos hasta septiembre del 2024. Me cambiaron de sección, y ahora estoy en conservación para balanzas en Volcán, Barro Negro”, en su relato remarca el sentido de pertenencia a ese organismo.

Discursos de odio 

La asunción de Javier Milei trajo temor: al fin tenía trabajo y de pronto, la amenaza de que terminara al final de ese año. “La ley nos amparaba, pero nos angustiaba quedamos sin salario y los beneficios que por ley nos corresponden. Angustian las amenazas…”. 

“Por ahí lo pienso y hasta no es por homofobia sino para castigar al gobierno anterior. Entonces dice ‘saco, saco, saco’”, señala.

Los tratamientos de hormonización han sufrido restricciones. Lilien recuerda su propio proceso: Yo consumí hormonas hasta el 2018 y luego accedí a una cirugía de mamas y estuve a punto de otra cirugía específica en 2020. Tenía turno en mayo y llegó marzo y se inició la pandemia“.

“Soy creyente y sé que las cosas pasan por algo y, si no se puede, no se puede. Para algunas cosas soy perseverante y para otras sé hasta qué punto. Entonces dije ‘No se pudo’”, argumenta.

La ESI es el camino

Lilen vuelve unos años atrás para remarcar lo acertado de la Educación Sexual Integral (ESI), la importancia para crecer sin prejuicios. “Yo jugaba a la mamá, me ponía el delantal de la mamá, agarraba al bebote y lo hacía dormir. Las maestras me llevaron a la psicopedagoga”, advierte ante el prejuicio de los adultos. En segundo grado empezaron los insultos, después golpes. “Me cambian a la escuela Ceballos en 5° grado hasta que finalice la primaria. La pasé bárbaro porque éramos tres”, recuerda como una batalla ganada.

Luego fue la etapa del nivel secundario: ingresó al Colegio Nacional N°1, institución tradicional. Allí otra mala experiencia: “Repetí segundo año, porque también sufrí bullying. Era más cruel: había un compañero que me amenazaba que me pegaría en la plaza. Cosas horribles que hemos vivido. Vivíamos con la rectora hablando del mismo tema, sin ningún avance. Uno de los violentos era hijo de una profesora que no me quería aprobar. Me quedé de curso, rendía libre y no me aprobaba. Era estudiosa, yo estaba tranquila”, remarca las injusticias y la homofobia en el colegio.

Recuerda Lilén que una vecina trabajaba en el Servicio Penitenciario, y ante la situación le aconsejó a su mamá que había un colegio para adultos en esa institución. “Yo tenía 17 años, me inscribió y terminé la secundaria en el nocturno. Era otra sensación porque todos eran adultos. No tuve problema de nada”. Así finalizó el secundario.

Hubiera querido seguir estudiando en la Universidad. Había pensado seguir para Asistente Social o Ciencias Políticas. Pero la situación económica en su casa no era buena: “En ese tiempo a mi padre lo despiden, privatizan la Dirección de Energía, y de ahí entró a trabajar a una empresa tercerizada. Lo vuelven a echar. Y mi mamá era ama de casa, trabajaba en política ad honorem. Ella se aleja de eso, cansada y no teníamos para comer. Entonces aprendí peluquería, empecé a trabajar, maquillar”. Ese oficio acompaña a Lilen hasta hoy.

Identidad de género

Lilen quiso rectificar su documento incluso antes de que existiera la ley, sancionada en 2010. En 2006 había consultado con una abogada y había judicializado la petición del cambio de género.

Sin ley había requisitos que hoy no existen. Tenía que presentar estudios médicos. Recuerda que en el Hospital Pablo Soria y en el Hospital San Roque, instituciones públicas, hizo todo el trámite, estudios. “Pasé una pericia psiquiátrica en el hospital Neuropsiquiátrico, estaba todo avalado, listo. Y el juez pedía el informe. Pero el endocrinólogo me dijo: ‘No te voy a poder ayudar, me advirtieron que si me meto en este problema, me quitan la matrícula’”. 

Tuvo que esperar a la sanción de la ley. La situación era otra: “Fui al Registro Civil y no tuve problemas. El director me dijo: ‘La voy a derivar a la sucursal. Ahí la recibirá el encargado para que siga el trámite’. Llegué, me atiende, fotito. Salí con la tirilla. Lo cuido a mi DNI”.

“Hice todo el camino”

Se detiene en un tema que preocupa: los transfemicidios. “Son un dolor, son crímenes que los hombres creen que somos juguetes. Nos ven tan vulnerables”. Si la expectativa de vida de las personas trans es baja, es por las violencias, por el acceso a la salud, las restricciones en el acceso al mercado laboral que empuja a situaciones de riesgo. A veces, de consumo. “Es posible mejorar la calidad de vida de las personas trans”, insiste Lilen. 

“Soy una mujer trans con orgullo”, una historia entre varias similares, es una deuda las oportunidades y la lucha sigue con las mayores.  

“Después de todo lo que viví no tengo resentimiento, solo pido respeto para cada una de nosotras, para las que vienen y para las mayores”, asegura. Siente un “lado materno” con las personas trans más jóvenes: “Cuando tengo la oportunidad les doy consejo a las chicas que están en transición. Porque ayudarlas me da ternura y me completa: cada quien elige cómo vivir y el camino para ser libre lo mejor posible”.

MM / MA

En Neuquén, capital de Vaca Muerta, desapareció hace un año y dos meses Luciana Muñoz. Fue vista por última vez caminando por el barrio Gran Neuquén Norte, la madrugada del 13 de julio de 2024, tenía en ese momento 20 años. Fuentes judiciales de la causa dicen que tenía consumos problemáticos. Su familia y amigas dicen que fumaba marihuana y tomaba alcohol de vez en cuando. Una de las líneas de investigación, y la sospecha de su entorno, es que sea un caso de trata de personas.

La mamá de Luciana se llama Lila Aguerre. Tiene 36 años, a Luciana la tuvo a los 14. Vivieron siempre en Gran Neuquén Norte, en la zona oeste de la ciudad, donde se asentaron y se asientan los barrios más populosos y también los más pobres. Habla despacio, contiene las lágrimas, el cansancio, la rabia y la impotencia de no saber qué pasó con su hija. “¿Sabes qué? Volviendo para atrás, unos meses antes había empezado a salir con un chico y cambió muchísimo. Luciana estaba yendo a la escuela, estaba bien, se juntaba con sus amigas. Yo no tenía ni idea al principio de que el tipo vendía. Me enteré unas semanas antes de que desapareciera, porque ella me lo dijo. Entonces yo en un momento me enojé y le dije ‘Luciana, ese tipo no te conviene’, porque la vez que ella iba -a su casa- no la dejaba hablar por teléfono. Ya me había venido con la cara media ‘moreteada’, acá en el ojo”, cuenta Lila, mirando hacia la calle. Lo último que sabe de su hija es que el 13 de julio a la madrugada se fue a la casa de un amigo a tomar unos tragos, y que ese amigo dijo haberla acompañado alrededor de las 7 de la mañana hasta dos cuadras antes de su casa. Ese recorrido es el que hicieron sus amigas apenas no supieron nada de ella, se movieron hasta conseguir las filmaciones de las cámaras de seguridad donde aparentemente se la ve a Luciana cruzar la rotonda de 1 de mayo y Novella. En ese lugar, al cumplirse un año de la desaparición colocaron un cartel de madera que dice: “Acá desaparecí”.

Ahí se para Lila, con la foto de su hija, a color y plastificada, para que no se arruine de tanto mostrarla. “Lo que más extraño es su presencia, su risa, todo el tiempo. Falta eso en la casa, capaz que estábamos re callados, y venía ella a los gritos. Yo como mamá la siento en mi corazón, siento que ella está todavía con vida. El no saber es lo peor ¿Quiénes son los que están atrás de lo que le pasó a ella? ¿Por qué hay tanto silencio? ¿Por qué cuando vos hablas de ella la gente se pone incómoda? ¿Qué hay detrás de la desaparición de mi hija?”, se pregunta, sin encontrar todavía respuestas.

La investigación

La causa está a cargo del fiscal Andrés Azar, quien asegura que hay varias líneas de investigación pero que no puede brindar detalles para no entorpecer la búsqueda. Sin embargo, confirma que una de las hipótesis es la trata de personas: “Estamos en ese punto. No sé si sería prematuro hablar de trata en este momento, pero sí hay ciertos puntos relacionados con la prostitución”. Al ser consultado sobre la activación de un protocolo nacional de búsqueda de Luciana afirma que “tiene que haber evidencia y evidencia que se pueda respaldar, para activar un protocolo de trata, no sospecha, tenemos que tener pruebas” aunque a la vez sostiene que “casos de desaparición tenemos un montón pero que haya pasado tanto tiempo sin que aparezca no”. En la región hay dos antecedentes que marcan la memoria colectiva: el de Florencia Penacchi, una estudiante neuquina que vivía en Buenos Aires, que desapareció sin dejar rastros en marzo de 2005, y se sospechó que era un caso de trata de personas; y el de Otoño Uriarte, una adolescente de Río Negro que estuvo desaparecida durante seis meses, la encontraron muerta en un canal de riego y también su familia denunció que había una trama de poderes vinculados a la trata y a la prostitución.  

Ante la falta de certezas Azar sostiene que “es una causa de desaparición que está atravesada por varias vulnerabilidades y que ha complicado la pesquisa y la investigación desde un comienzo. Tenemos una persona (Luciana), y acá una vulnerabilidad económica, que no tenía teléfono celular, y desgraciadamente un consumo problemático de estupefacientes, y esto ha generado que se haya visto inmersa en un submundo. Sus contactos, sus amistades, no quieren hablar con la policía, no quieren acercarse a la Fiscalía. Por eso es muy difícil”. El único imputado hasta el momento es el ex novio, pero por falso testimonio, al comprobarse que había mentido en dos oportunidades sobre si había estado con la joven los días previos y sobre lo que hizo esa noche.

“Hay una estudiante desaparecida”

Nancy Antilef es la directora del CPEM 76, donde asistía Luciana. Es un secundario para personas jóvenes y adultas, de 600 estudiantes aproximadamente, y con una importante movilidad ya que la mayoría trabaja y busca terminar sus estudios. Todavía consideran a Luciana parte de la escuela: no abandonó, está desaparecida, y por eso desde la institución tramitaron su promoción.

“Las compañeras de Luciana la estaban acompañando en sus exámenes porque ella tenía que rendir materias previas entonces estaban muy atentas. La preocupación de ellas fue inmediata, llamaron a la secretaria de la escuela y ella nos avisa: ‘hay una estudiante desaparecida’”, recuerda Nancy. “Ellas hicieron el recorrido antes que la policía, salieron con la abuela a buscar las cámaras por donde había andado. Y son las que aportan las pruebas después a la Fiscalía”, agrega.

Todo ocurrió durante las vacaciones de invierno, pero aún así la comunidad educativa se movilizó: sacaron comunicados en la cartelera, fueron al gremio docente, empapelaron el barrio con la cara de Luciana. “Para la vuelta a clases organizamos un cambio de actividades para informar sobre la situación y trabajamos el protocolo de qué hay que hacer cuando una persona desaparece. Después pegatineamos toda la escuela para que todos sepan y que salga en los medios que esta escuela empezaba las clases sin una estudiante”. Con el paso de los días, también se abordaron los prejuicios: “pensar que si la estudiante consume no hay que buscarla, no se merece el respeto, ni de derechos, ni garantías, o decir ‘por algo habrá sido’, es volver a esa conceptualización de la dictadura, entonces trabajamos en romper esos prejuicios, desnaturalizar que una persona puede desaparecer y que nadie la busque o que a nadie le interese, hablamos de la problemática, aunque hay un silencio abismal atrás”. Además, sobre lo que pudo haber ocurrido sostiene la hipótesis de la familia: “hay grupos de poder vinculados, entre ellos la policía, hay una red de poder que sostiene una práctica de trata, de prostitución, de consumo”.

“Ella te decía ‘llego en 5 gordita’, y después del receso no llegó más”. El recuerdo es de Yanet Scalona, una sus compañeras. Dice que su grupo de amigas todavía espera que aparezca por el pasillo. “Nos conocimos en primer año, en 2023. Era muy pizpireta, como cualquier pibita de su edad. Estaba en esa transición de la adolescencia a la vida adulta, de compromiso, de trabajo, de querer estudiar, de querer formarse en algo”, cuenta Yanet. Tiene 47 años. “La Lu” -como le dicen sus amigas- podría ser su hija pero que se hicieron compinches. Recuerda haber compartido las lecturas de los libros “Tuya” y “Perros de nadie”. “Andaba con problemas de amor, pero típico de cualquier chica de su edad”, agrega.

Tanto Lila, como Nancy y Yanet aseguran que Luciana fumaba marihuana de vez en cuando y tomaba alcohol, pero que no era algo recurrente en su vida. “Si fuese como la quieren pintar, ella no habría estado preocupada en dar una lección, en entender un libro o ver cómo se hace alguna ecuación”, afirma Yanet.

El abandono

El llamado “narcomenudeo” es el tráfico de drogas y estupefacientes en menor escala, una modalidad que crece en las zonas populares y más aún en épocas de crisis y ajuste. Nancy advierte que es algo que está presente en el barrio. La escuela está emplazada en Melipal, al lado de Gran Neuquén Norte, donde vivía Luciana. “Veníamos de una balacera en la esquina de la escuela, porque hay una disputa por los kioscos narcos. Hay un abandono al oeste en relación al narcomenudeo, hay un ‘dejar hacer’”, asegura.

Nancy destaca que la desaparición de Luciana destapó debates, puso sobre la mesa la necesidad de hablar de los consumos de sustancias, y también sobre los cuerpos de las mujeres y sus vínculos sexo-afectivos. “Tenemos estudiantes que reconocen vender su cuerpo, y que consumen sustancias y hablan abiertamente de esa situación, también de los riesgos. Ante esto ¿cómo contenemos?”, se pregunta la docente. Se abre ahí otro debate sobre el rol actual de la escuela, que trasciende lo meramente formativo. “Tal vez tengamos que habilitar más la escucha”, aventura Nancy. Desde el Consejo Provincial de Educación, afirman que “las escuelas no cuentan con protocolos específicos dado que la competencia frente a situaciones de esta naturaleza excede al ámbito educativo”.

Lo visible

En los últimos años Neuquén ha sido noticia nacionalmente por la explotación de gas y petróleo no convencional en la formación Vaca Muerta. No tienen la misma visibilidad las contradicciones y desigualdades que genera una economía de enclave petrolero. Entre ellas está lo que sucede con el comercio sexual en contextos extractivos. La antropóloga mapuche Melisa Cabrapán Duarte en una investigación publicada en 2018 ya abordaba cómo en los últimos años “la prostitución en estos entornos pasó a ser leída como trata de personas con fines de explotación sexual, que es la modalidad sexoeconómica más coercitiva y violenta dentro del comercio sexual –aunque no la única”. Además, sostiene que el comercio sexual en zonas petroleras de la Patagonia es “representado desde el sentido común como un espacio que promueve casi exclusivamente la trata de personas, a pesar de que exista una diversidad de experiencias o de grados de consentimiento”. En este contexto, de tramas de poder y modos de consumo extractivista de uso y descarte que instala la industria hidrocarburífera, no solo en su núcleo central sino sobre todo en los márgenes, hace más de un año falta Luciana.

“Cuerpos que importan”

“¿Quién les enseña a ser sujetas de derechos?” La pregunta se la hace Paola Gómez, médica del sistema público de Neuquén, referente del dispositivo de día Casa de Mujeres “Las Resilientes” destinado a embarazadas o puérperas con consumos problemáticos de sustancias. Desde su experiencia analiza: “si una mujer se considera sujeta, y quiere comercializar su cuerpo, es una discusión, y ahí podemos dar ciertos debates, ahora cuando no hay opción y cuando es la única manera para obtener plata, casa, drogas…No hay una sujeta ahí”. Paola no habla puntualmente del caso de Luciana sino que hace referencia a las condiciones de vida estructurales de una población vulnerable, marginada, que muchas veces repite patrones porque no conoce otros modos de vincularse y de transitar las existencias.

Lila, Nancy, la abuela de Luciana y una integrante de “la Asamblea por Luciana”, formada desde su desaparición por amigas y familiares, viajaron a Buenos Aires a fines de agosto para visibilizar la búsqueda. Fueron a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, marcharon junto a los jubilados y jubiladas, hicieron ruido. “Volvimos y no tuvimos ningún llamado de la Justicia, ninguna novedad”, dice desilusionada Lila. Marchan cada mes que se cumple sin Luciana, en la escuela organizaron un taller sobre trata el 8 de agosto, pegan carteles. Se preguntan cómo cambiaría el reclamo en la sociedad, y si la respuesta por parte del Estado sería distinta si la desaparecida hubiese sido de otro estrato social.

En los 90, la filósofa Judith Butler postulaba la noción que existen “cuerpos que importan” y otros que son excluidos, por lo general aquellos que se alejan de la norma por su disidencia sexual o por su estado social. Cuerpos, vidas, que quedan a la deriva, que “se dejan morir” desde la perspectiva biopolítica, es decir que no hay políticas públicas que los incluyan, que les habiliten posibilidades, que los contengan.

Lila se resiste a la idea de no saber, de dejar morir, de dejar hacer. “El silencio se vuelve impunidad”, denuncia. Nancy también: “No podemos naturalizar que una estudiante esté desaparecida, la escuela tiene que tener un rol protagónico en visibilizar la situación cuando vemos que los medios estigmatizan, que no aparece en búsquedas permanentes o quedó como una noticia atrasada”. Yanet resume el dolor que comparten: “cuando una persona está desaparecida no se puede hacer un duelo, estás continuamente con ese dolor ahí. Estás esperando volver a verla, sus amigas todavía esperan que vuelva por ese pasillo”.

Si sos víctima o conocés una situación de trata de personas podes hacer la denuncia en el número gratuito 145. Si tenes algún dato de Luciana Muñoz comunicate con la Policía de Neuquén al 299 4422821 / 266 154017882. 

MF / MA

Los días de lluvía para las y los vendedores ambulantes son desoladores: pocas ventas, ropa y zapatillas mojadas y mucho frío. El 3 de marzo de 2025, a las ocho de la noche, Inés Zarantonello miraba televisión; disfrutaba del calor de su casa luego de haber pasado todo el día vendiendo empanadas bajo la tormenta. Su novia, Ana, había bajado al supermercado a comprar algo para la cena. Como todos los lunes a esa hora, a pocos metros del departamento de las chicas tocaba La Bomba del Tiempo en el Centro Cultural Konex, en el barrio porteño de Almagro. Durante el show de tambores, el ruido es tan intenso que en la casa de Inés y Ana retumban las paredes y los vidrios. 

Inés todavía no entiende cómo, entre el alboroto, logró escuchar los gritos de su novia. Apagó la tele, no alcanzó ni a ponerse las zapatillas y salió corriendo al pasillo. En la escalera, dos de sus vecinos —padre e hijo— le estaban pegando palazos a Ana mientras le gritaban: “Lesbiana de mierda, te vamos a matar, qué linda se te ve la cara rojita”, en alusión a la sangre que le corría por el rostro.

Inés se interpuso entre su novia y los golpes. Intentó calmar la situación, pero uno de los agresores sacó una navaja. Ana recibió un puntazo en la oreja —cuatro puntos de sutura—, otro en la cabeza —un punto— y golpes en todo el cuerpo. Inés sufrió un corte en el brazo derecho —cinco puntos—. La navaja les parecía poco, entonces uno de los matones fue al departamento y agarró dos cuchillas, las afilaba una contra otra como si fuese un carnicero, mientras ellas lloraban, desoladas. El ataque duró diez minutos. 

“Las semanas previas nos hostigaron, la violencia fue en aumento. Ahora estamos con una orden de restricción y un botón de pánico; nuestros agresores, Miguel y Julián Yanes, viven en el mismo piso que nosotras. Ellos pudieron pagar un abogado penalista, algo que nosotras, por nuestros bajos recursos no pudimos. Solo estuvieron 48 horas detenidos. Para la Justicia fueron lesiones leves y amenazas pero en realidad nos quisieron matar por ser lesbianas, deberían estar presos. Este gobierno de ultraderecha habilitó el odio e hizo mierda nuestras vidas. Incitaron a que resurjan estos fantasmas que creíamos muertos”, cuenta Inés a Punto de Encuentro.

Vivir con miedo

Después del ataque, la vida les cambió por completo. Gracias a un espacio feminista pudieron recibir atención de psicólogos, psiquiatras y abogados. Mientras ellas toman antidepresivos y pastillas para poder dormir, los agresores viven en libertad. Ines y Ana son vendedoras ambulantes, desde el 3 de marzo tienen miedo de salir: “Los discursos de odio a la comunidad LGBTIQ+ del presidente Javier Milei están directamente relacionados con el ataque que sufrimos por nuestra orientación sexual. En un instante perdimos nuestros derechos y nuestra libertad. La violencia es cada vez mayor”, dice Inés.

Un mes y ocho días antes de la agresión a Inés y a Ana, el 23 de enero de 2025, en su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente Javier Milei en su intervención asoció la orientación sexual de una persona al abuso hacia las infancias, usando como ejemplo el caso de una pareja homosexual estadounidense condenada por ese delito. Leyó: “Cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos”. 

Desde que la Libertad Avanza gobierna Argentina, los discursos de odio. las fakes news y los embates al colectivo LGTBIQ+ y a los feminismos son coordinados y sistematizados. Los recortes del Estado Nacional tienen un especial ensañamiento en las políticas de género: desmantelaron programas que resultaban efectivos, la motosierra destruyó políticas públicas orientadas a la salud sexual, modificaron leyes por decreto y un sinfín de retrocesos en conquistas sociales que mejoraron sustancialmente la calidad de vida de millones de personas. La habilitación estatal del odio y la violencia física y psicológica al feminismo y a las diversidades sexuales traspasa las redes sociales y se sienten en las calles y en los cuerpos. 

Los resultados del último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ son alarmantes: durante el primer semestre de 2025 se registraron 102 crímenes de odio contra esa comunidad, eso significa un aumento del 70% en comparación con el mismo período del año anterior. Del total de las víctimas, el 70,6 % de los casos (72) corresponden a mujeres trans; en segundo lugar, con el 16,7 % (17), se encuentran los varones gay cis; en tercer lugar, con el 6,9 % (7) de los casos, figuran las lesbianas. “Creemos que el aumento en los crímenes de odio en Argentina están directamente relacionados con la profundización y el aumento de los discursos violentos. Las conductas discriminatorias y violentas hacia nuestra comunidad hoy están legitimadas y avaladas desde el gobierno nacional y desde la figura presidencial”, dice a Punto de Encuentro, María Rachid, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. 

La respuesta colectiva

El Teje es una organización dedicada a brindar talleres de acompañamiento político y de cuidado gratuito a niñeces y adolescencias trans, así como a sus familias y referentes afectivos. Desde la Educación Sexual Integral (ESI), con una mirada transfeminista se generan espacios seguros y comunitarios. La ternura es el punto de partida para entrelazar estrategias de diálogo, debate, contención a un presente marcado por discursos de odio hacia la comunidad LGBTIQ+.  

Juana Molinari tiene 30 años, es activista travesti, co-fundadora de El Teje “Desde principios de este año aumentó la cantidad de personas que asisten a la organización. Las familias refieren tener mucho miedo de que sus hijes estén solos en los espacios públicos. Hay que desarmar los miedos colectivamente. En los talleres para adolescentes trabajamos mucho con ESI, salud mental y prevención de suicidios. Les adolescentes manifiestan un recrudecimiento del bullying y la violencia en los colegios; esto lo notamos en los talleres: el año pasado, entre adolescentes, familiares y adultos, acompañamos a 60 personas. Este año vienen 150. Por la demanda tuvimos que sumar cinco profesionales de salud mental¨, cuenta Juana. 

El Teje mantiene un acuerdo con el colegio secundario Nicolás Avellaneda, de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a este convenio, la organización dispone de cupos escolares, que pueden ser usados en cualquier momento del año, por adolescentes trans que están sufriendo bullying en sus escuelas. “A partir de un caso de violencia escolar que llegó al espacio resolvimos hacer este acuerdo con el colegio. En el Avellaneda hay un equipo de profesionales de ESI muy bueno, articulamos con ellos para hacer el acompañamiento inicial. Empezamos en septiembre de 2024, desde entonces ya se cambiaron siete adolescentes que sufrían maltrato. Sus vidas cambiaron por completo”, dice Juana. 

Milei y la ley

En febrero de 2025, y basado en fake news, el presidente Javier Milei modificó por decreto la Ley de Identidad de Género. De un plumazo, introdujo cambios en el artículo 11, que garantiza el derecho al libre desarrollo personal. El DNU presidencial prohíbe los tratamientos e intervenciones para personas menores de 18 años. Restringiendo derechos previamente reconocidos por la normativa vigente. Si bien no todas las personas trans, travestis y no binaries deciden comenzar el tratamiento de hormonización, esta decisión del Ejecutivo trajo complicaciones y dificultades al colectivo. 

Según María Rachid, el DNU es absolutamente inconstitucional e ilegal porque un decreto no puede modificar una ley aprobada por el Congreso. “Para modificar la ley se basaron en argumentos falaces y alejados de la realidad. Está generando dolor y preocupación en muchas familias”. 

Mimi Lozano, cursa quinto año de Psicología en la UBA y es referente de El Teje. Dice que el decreto causó tristeza y desilusión en las adolescencias trans y es un tema de discusión y preocupación en los talleres que coordina. Si bien la Ley de Identidad de Género está vigente, profesionales y activistas notan dilaciones y trabas estatales a quienes quieran iniciar los trámites de cambio de género y tratamientos de hormonización: “Les adolescentes viven con angustia las violencias estatales. Antes teníamos una Ley de Identidad de Género que les permitía cambiarse el DNI sin ningún tipo de justificación o de firma parental. Les adolescentes apuntaban a eso como un anhelo y era algo que les daba mucha ilusión y de repente se topan con demoras o negativas y se frustran. Por eso hay que acompañarlos y construir en comunidad”. 

La motosierra también destruyó políticas públicas orientadas a prevenir embarazos no deseados en adolescentes, como así también prevención de enfermedades de transmisión sexual. La desarticulación de programas, el vaciamiento institucional y la reducción de recursos afectan directamente la capacidad de respuesta de las provincias y municipios. 

Patricia Sotile es abogada e integra el área jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Desde allí trabajan en cuatro ejes centrales: salud sexual y reproductiva; violencias y acceso a la justicia, género y democracia, y cuidados y desigualdades socioeconómicas.

Desde la asunción de Javier Milei, advierten un grave retroceso en políticas públicas vinculadas a la violencia de género y en la compra de insumos para salud sexual y (no) reproductiva. “Existe una decisión política de desmantelar, desfinanciar o interrumpir programas que garantizan el acceso a la salud sexual y reproductiva, como la falta de compra de insumos para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y el envío de medicamentos a centros de salud. Las provincias atraviesan una situación crítica para suplir la ausencia del Estado Nacional en la compra de métodos anticonceptivos o insumos para salud sexual”, dice Sotile.

Uno de los programas más exitosos —y reconocido internacionalmente por sus resultados— es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA). Se implementó en 2018 y desde entonces logró reducir en casi un 50% el embarazo no intencional en adolescentes. “El plan está completamente desmantelado. Despidieron a 619 agentes territoriales que trabajaban en las provincias con adolescentes para prevenir embarazos no deseados, detectar casos de abuso y violencias de género, consumo problemático y problemas de salud mental. Además, se recortaron o suspendieron numerosos programas fundamentales que brindaban ayuda, acceso y contención a mujeres y diversidades en situación de violencia. Argentina no solo está siendo observada con preocupación por los países de la región, sino también por organismos internacionales”, cuenta.

Marea Rosa es una ONG de La Plata que lucha por una sociedad libre de discriminación y violencias. En su mayoría está integrada por chicas trans. Galaxia Rod es activista por los derechos humanos y sociales de las personas travestis y trans y militante de la organización e integrante de la coordinadora “Flopy Reinaldi”. “Teniendo en cuenta que es la población con niveles altísimos de suicidios; este desamparo estatal afecta a un desarrollo saludable. Somos el caballito de batalla de la ultraderecha, sus discursos impactan de lleno en nuestros cuerpos. La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires para eliminar el cupo laboral trans”, dice Galaxia. 

Romina Montiel es médica generalista, médica de familia y paliativista. En el marco de los derechos sexuales, reproductivos, no reproductivos y de diversidad, trabaja en un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. 

En estos centros, desde hace dos años, faltan preservativos y escasean las pastillas anticonceptivas orales. Para las interrupciones voluntarias y legales del embarazo hay faltantes de mifepristona, un medicamento que, combinado con misoprostol, reduce los efectos adversos para las personas que lo utilizan. Si bien no hay registros oficiales que demuestren esta hipótesis, Romina nota día a día un aumento preocupante de embarazos adolescentes y de enfermedades de transmisión sexual. Además hay un desabastecimiento de hormonas utilizadas en tratamientos para personas trans, travestis y no binarias para adecuar sus cuerpos. Los municipios, en su mayoría con problemas de presupuesto, no pueden dar respuestas a las demandas. Son las y los médicos los que tienen que trazar estrategias para suplir la ausencia planificada del Estado.  

“Asistimos a más de 180 personas trans, travestis y no binaries. Desde principios de 2025 detectamos faltantes de hormonas. En mis 25 años de profesión jamás vi un deterioro tan profundo”, dice Romina. 

Coincide con Galaxia Rod que para las persona trans, suspender un tratamiento de hormonización o no poder iniciarlo provoca mucha angustia, impotencia, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, de la alimentación y en los vínculos. Además, se deteriora la calidad de vida y la preocupación por un derecho antes garantizado se vuelve diaria. 

En el CAPS generan lazos humanitarios y cotidianos con los pacientes del colectivo LGTBIQ+. Romina cuenta que los acompañan a las marchas del orgullo y a diversas actividades. El año pasado sucedió un hecho inédito, muchos decidieron no asistir por miedo a exponerse. Por esa experiencia traumática, para este noviembre organizaron grupos de contención y acompañamiento. Para Montiel la destrucción de políticas públicas afecta a la dignidad de las personas, que no pueden acceder a un derecho vital, no poder identificarse atenta contra la dignidad de estar vivo. 

Para Galaxia, existe una parte importante de la sociedad que siente satisfacción cuando se les quitan derechos a las personas travestis y trans. En este cambio de paradigma, en donde los discursos de odio están amparados y avalados desde el Estado nacional, se habilita y legitima la violencia en las calles. Para ilustrarlo, relata un episodio de un día cualquiera en su vida. Como siempre, fue a la misma verdulería de su barrio. Mientras esperaba ser atendida, un hombre se le acercó y le dijo: “Para salir así vestida, te tenés que sacar esos bigotes”. 

Desde Marea Rosa notan un aumento exacerbado de la violencia al colectivo LGTBIQ+ “Hoy, todas nuestras compañeras, fueron víctimas de algún tipo de agresión física o violencia psicológica. No tenemos dónde denunciar porque los organismos fueron desmantelados”.

Aramis Amaris Lascano es abogada, activista trans y docente en la Escuela Shirley La Bombón, un espacio de educación travesti, trans y no binarie de la ciudad de La Plata. Cree que la forma de enfrentar este momento tan hostil para la comunidad es generando lazos de solidaridad y entrelazarse en un apoyo mutuo. Los insultos y las agresiones en la vía pública se volvieron eventos cotidianos. ¨Hace unas semanas un tipo aceleró el auto y me lo tiró encima, tuve que saltar porque sino me atropellaba. Nos construímos una coraza o una armadura para poder vivir“, cuenta Amaris. Ella se atiende en un hospital público de la Provincia de Buenos Aires. Dice que desde 2024 faltan hormonas o las que hay están vencidas. ”Nos genera incertidumbre, desequilibrios y un impacto negativo en nuestra salud. Hay quienes tomamos hormonas femeninas y bloqueadores de testosterona. Yo nací desarrollando testosterona, no tomar bloqueadores afecta a nuestra identidad de género, a nuestra propia constitución como personas“. 

CS / MA

El 5 de junio de 2024 Camila recibió un WhatsApp de una compañera del colegio que contenía una captura de pantalla. Tuvo que leerlo dos o tres veces antes de irse al navegador para buscar lo que nunca hubiera querido encontrar: su nombre y apellido en un sitio web de contenidos pornográficos. “Cuando ingreso mi nombre, aparecen automáticamente tres resultados de búsqueda”, señala la joven. A partir de ese momento, un huracán arrasó con todo. 

Jimena, otra joven afectada, hizo la misma búsqueda: se encontró con fotos de su cara, extraídas de su cuenta de Instagram y “fotos de otros cuerpos de mujeres en ropa interior con su cara editada arriba de esos cuerpos”. La práctica se denomina “face swapping”: se realiza con IA y consiste en el reemplazo de imágenes (fotos y/o video) e intercambio del rostro de dos o más personas. 

Las estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano empezaron a recibir mensajes directos de varones desconocidos, de distintos países del mundo, en sus cuentas de Instagram. Junto a las imágenes trucadas y los nombres reales, alguien había publicado los perfiles de redes sociales de ellas en el sitio web Poringa, con mensajes tales como: “XX...se regala en MD de Instagram”, junto a una serie de fuertes adjetivos sobre las chicas, propios del discurso porno. 

El alcance del daño era descomunal. Las publicaciones habían sido realizadas un año atrás, por lo que ya tenían miles de visualizaciones, de usuarios locales y de otros países. Las víctimas entraron en pánico, temían que la población escolar ingresara a las publicaciones y que el tema escalara, exponiéndolas a las miradas y a los comentarios de sus pares e incluso de desconocidos que podían quizás reconocerlas. 

En esta nota no usaremos los nombres reales de las chicas: una decisión para respetar su intimidad y evitar la revictimización.

En el aula… y en Internet

Buscando respuestas, la mamá de Josefina, una joven que tenía 17 años en ese momento, descubrió que el autor del hecho habría utilizado fotos de su hija y de otras compañeras que subían a la red social de Instagram en una lista reservada, de mejores amigos, a la cual tenía acceso. Era un conocido, un compañero de escuela de las chicas quien editaba y pegaba sus caras sobre imágenes de cuerpos desnudos de mujeres que exhibían lencería o mostraban sus partes íntimas. Aún desconcertada, decidió ponerse en contacto con las mamás de las otras chicas que formaban parte de esa lista y que eran amigas o conocidas de su hija. El resultado fue abrumador.  

En total, al menos 15 las adolescentes que cursaban 5° y 6° año en la escuela preuniversitaria fueron víctimas de violencia de género en línea, violencia sexual y violencia psicológica por parte de un compañero de colegio. El imputado, identificado por sus iniciales J.M.C., tenía 18 años al momento de los hechos y en algunos casos era parte del círculo íntimo, de amistad, de las jóvenes. Hoy está imputado y camino a juicio. En menos de 72 horas, desde que descubren que había sido él, se desató un infierno para las chicas, que de un momento al otro debían enfrentar una situación para la cual no estaban preparadas. Desde la Escuela las citaron en Dirección y les indicaron que debían informar a sus madres y padres de manera urgente, debido a la gravedad de lo ocurrido. 

Ese miércoles J.M.C. se vio cercado por las sospechas y pidió ser retirado de la escuela por su mamá. Nunca más volvió al colegio. 

Lo virtual es real

A través de la Asesoría en Violencias de Género y la Asesoría en Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA), la Escuela acompañó a las víctimas y a sus familias a realizar las denuncias en el Polo Integral de la Mujer de la Provincia de Córdoba, para que pudieran recibir asesoramiento técnico y psicológico. 

La Justicia actuó rápidamente en relación a la desindexación de los contenidos: en 24 horas ya casi no quedaba rastro de las imágenes de las pibas. Decimos “casi”, porque no es posible eliminar la huella digital en un cien por ciento. Si bien J.M.C. se había ocupado de bajar el material, la Justicia pudo acceder a todos los registros que hoy forman parte de los elementos probatorios de la causa.

“Cuando es necesario, las madres nos ponemos de acuerdo muy rápido. A mí me llegaron las pruebas, porque otra mamá me las envió. Y a otra madre que no tenía las pruebas, se las mandé yo”, explica la mamá de Josefina*, en diálogo con Punto de Encuentro. “A nuestras hijas no les gustó eso, porque se sintieron expuestas, pero nosotras no teníamos alternativa: teníamos que protegerlas y actuar en función de que se haga justicia”, aclaró. 

Ese fin de semana las pibas se cayeron a pique. Varias de ellas experimentaron episodios de depresión profunda, angustia y nerviosismo. Se pasaron días enteros en la cama, llorando sin parar, intentando procesar lo que se les vino encima. No querían volver a pisar la escuela.

“El pibe había estado en mi casa, era parte del grupo de amigos de Josefina; darnos cuenta de eso fue también muy doloroso”, señala la mamá, en diálogo con ElDiarioAR. 

En su último libro “Denunciá”, la investigadora británica, Sara Ahmed plantea que “las palabras tienen una carga: pueden terminar haciéndonos sentir que nosotras somos el problema”. Ahmed agrega que “la palabra denuncia también puede sonar como un choque, una colisión, el sonido fuerte de algo rompiéndose en pedazos”.

Denunciar es enfrentarse al encorsetamiento de la palabra, es encontrarse con el aparato institucional como aparato disciplinador, en el que incluso, a veces, se victimiza al denunciado y se cuestiona o se expone innecesariamente a la víctima. 

Lo cierto es que existe una brecha entre lo que se supone que debería suceder según las políticas y procedimientos, y lo que en realidad termina sucediendo. Si bien, el hecho de que existan dispositivos para denunciar las violencias garantiza una puerta a la cual golpear, la circularidad y los obstáculos a la denuncia también forman parte de un tortuoso proceso. 

No somos las mismas después de denunciar, el proceso no es gratuito y el costo lo pagan nuestros cuerpos, nuestras vidas.  

“Este contenido fue eliminado”

El 6 de junio de 2025, el Fiscal Pablo Cuenca Tagle, responsable de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Genero y Familiar de Sexto Turno de Córdoba, elevó a juicio la causa contra J.M.C. por lesiones graves calificadas por violencia de género. En su argumentación, Cuenca Tagle apeló a la Ley Olimpia (27.736) que se encuentra vigente desde octubre de 2023 y que incorpora la violencia en línea como una de las modalidades de la violencia por razones de género, tipificada en la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (26.485).

En ese marco también reconoció que el imputado ejerció violencia sexual, debido a que “las imágenes editadas contenían representaciones sexualizadas de la mujer, vulnerando también el libre desarrollo de la personalidad en esa área”. El uso de la IA no fue circunstancial o esporádico en este caso, sino que el joven hizo un uso repetido y prolongado de esta tecnología durante un período de al menos dos meses. 

El Fiscal enmarca los hechos en la problemática de la violencia de género digital y menciona la Convención Belém do Pará que reconoce que toda mujer tiene el derecho a una vida libre de violencia y la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), incorporada a nuestro orden constitucional en 1994.

Solo dos chicas decidieron, junto a sus familias, presentarse como querellantes. Algunas más decidieron sumar su testimonio, y otras eligieron no exponerse, ni llevar a J.M.C., a la instancia de los tribunales.

“A las víctimas hay que respetarlas”, señala el abogado querellante de la causa, José D´Antona. En ese sentido, indicó que este caso sería “un leading case que sentaría jurisprudencia” en la materia. Acepta que el Congreso “nunca irá a la velocidad de internet y del desarrollo de la IA”. En esta línea, reconoció que actualmente existe un vacío en derecho penal, en relación al face swapping. 

Mientras tanto, en el mes de junio, la Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Ingrid Vago, agravó la imputación de J.M.C. por tenencia de contenidos de pornografía infantil. Además de los archivos relacionados a la denuncia de sus compañeras de colegio, entre los materiales secuestrados por la justicia que se encontraba alojado en dispositivos digitales, los expertos informáticos de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) del Ministerio Público Fiscal de Córdoba hallaron imágenes relacionadas con abuso sexual infantil.

La elevación a juicio se encuentra en instancia del Juzgado de Control y todo indica que el proceso seguirá su curso para llegar pronto a la Sala de Audiencias de los Tribunales II de Córdoba Capital. 

Nuestras vidas importan

Olimpia Coral Melo, activista mexicana, es una reconocida defensora de los espacios digitales libres de violencia para niñas y mujeres a nivel regional. En 2013, sufrió en carne propia un hecho de violencia de género en el entorno digital cuando fue víctima de la difusión de imágenes íntimas, sin su consentimiento, por parte de quien era su pareja.

Acorralada por la vergüenza y la angustia, Coral Melo pensó en quitarse la vida. En cambio decidió salir a luchar por todas las mujeres y niñas que habían sufrido situaciones similares, en un país en el que no contaban con marco legal para poder abordarlo. “Que nuestro sufrimiento valga la pena”, lanzó la mexicana como una consigna que encontraría eco en toda la región.

En 2023, el Congreso Nacional argentino aprobó la Ley Olimpia (27.736) que incorpora la violencia contra mujeres en entornos digitales a la Ley 26.485, como una modalidad de violencia de género. De esta manera, se le puso nombre a una tipología de violencia online que afecta especialmente a mujeres y niñas.

Belén San Román trabajaba como agente del Comando de Patrullas Rurales de Bragado, tenía dos hijos de 2 y 8 años. En diciembre de 2020 murió después de varios días de agonía, tras haberse disparado en la cabeza con su arma reglamentaria. Tobías Villarruel, un hombre con el que se había vinculado, la había extorsionado publicando una serie de fotografías íntimas y un video sexual en redes sociales. La familia de la joven contó que “no soportó la presión, la exposición y la vergüenza” y se quitó la vida. 

Ema Bondaruk tenía 15 años cuando se quitó la vida luego de que se difundiera un video íntimo suyo sin su consentimiento. En su memoria, en agosto pasado se presentó una ley para prevenir y abordar la violencia digital y de género en las escuelas de todo el país.

Una guía para hacerle frente

“El 23 de agosto de 2024 se difundió un video con imágenes íntimas de Ema, sin su consentimiento. Esto ocurría en el horario escolar, entre pares: 24 horas después Ema se quitaba la vida”, explicó Laura Sánchez, mamá de la joven de Longchamps. “En mi ignorancia entendí que se había difundido un video y listo. Yo soy de una época distinta. No me justifico, pero no tomé dimensión”, reflexionó la mamá días después de los hechos, en diálogo con Infobae. 

“Frente al desencadenante de esa viralización del video de Ema ni las familias, ni la escuela supieron qué hacer. Hubo medidas que no se tomaron y que, tal vez, hubieran podido contener la situación”, explica la diputada nacional Mónica Macha, quien promueve la Ley Ema y dio impulso a la Ley Olimpia y al proyecto de Ley Belén en nuestro país. 

El 18 de agosto pasado Macha, junto a Laura Sánchez, y referentes de diversas organizaciones que trabajan la temática presentaron la Guía Ema “Para el Abordaje de Casos de Difusión de Contenido Íntimo Sexual sin consentimiento en Ámbitos Educativos”, una herramienta pensada para prevenir y abordar este tipo de casos en las escuelas del país, desde una perspectiva feminista y restaurativa.

“La intención es plantear un abordaje restaurativo, porque estamos hablando de adolescentes, y entendemos que la adolescencia es un proceso de transición, de desarrollo, de construcción de la subjetividad”, explica la diputada. “Creemos que hay chance para que los pibes que suben material de otra persona sin consentimiento y lo viralizan, tengan un espacio para hacer una elaboración colectiva de esto que pasó, que haya conciencia del daño y que esto pueda cambiar”, remarcó.

En esta línea, es un desafío para las comunidades educativas promover y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en espacios digitales, favoreciendo particularmente el respeto y la garantía de la intimidad y la protección de datos personales conforme lo establecido en la Ley 25.326.

La Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral en clave digital también configura una herramienta potente, para trabajar sobre el consentimiento, la autonomía, la privacidad, el respeto por la intimidad propia y ajena, el cuidado de la identidad digital y el uso responsable de plataformas digitales desde una perspectiva de no-violencia.

En paralelo, frente a las graves consecuencias que acarrea para la vida de las víctimas, el proyecto de Ley Belén propone modificar el Código Penal y crear 6 delitos relacionados con la violencia de género digital: la recepción no consentida de material sexual digital (ciber flashing), la sextorsión – extorsión con amenaza de exposición de material íntimo-, la obtención no consentida de material sexual, íntimo o de desnudez, la difusión no consentida de material íntimo y su reenvío y la difusión no consentida de montajes pornográficos desarrollados con IA.

De ser hallado culpable de los delitos que se le imputan, el joven estudiante de la escuela preuniversitaria de Córdoba podría enfrentar una condena de entre 3 y 10 años de prisión. 

SS / MA

En una peluquería de barrio el tiempo parece correr distinto. No es solo el ritmo de los secadores o el olor a tintura lo que marca esos minutos: es la posibilidad de estar, de cuidarse, de reconocerse. Mujeres de más de 80, algunas mayores de 90, ocupan las sillas como quien encuentra un espacio propio en el mundo. Algunas llegan solas. Otras acompañadas por sus cuidadoras que las dejan por algunas horas y luego vendrán a buscarlas. Unas horas de autonomía. 

Son también unas horas de cuidado: las peluqueras entienden lo que ese espacio representa en la vida de sus clientas y lo resguardan. A veces ellas mismas van a buscarlas si tienen dificultad para llegar solas hasta el local. 

La fotógrafa María Eugenia Cerutti retrató estos encuentros a lo largo de varios días en peluquerías de Colegiales y Almagro. La peluquería puede parecer un territorio lleno de mandatos e ideas arquetípicas de lo femenino. Al poner la mirada en mujeres de más de 80 Cerutti dio con un espacio que es también comunidad.

“Qué lindo verte”, le dice una señora a otra. Son amistades de ocasión, intimidades que se construyen bajo una rutina de peinado y que a veces tienen continuidad fuera de la peluquería. Los servicios que se hacen son los típicos: lavado, corte, tintura y manos. Pero allí hay algo más que belleza: “Queremos estar lindas aunque nadie nos mire”, dice una de ellas. Otra confiesa: “Salgo de acá y soy otra”. La peluquería se vuelve un territorio de afirmación, un espacio donde la coquetería se convierte en resistencia frente a la invisibilidad que suele acompañar la edad. 

Estas mujeres representan una generación bisagra: sostuvieron mandatos, desafiaron otros y se encuentran aquí solo por esa coincidencia de turno y coquetería compartida. La peluquería funciona como una línea de ensamblaje por la que ellas van circulando, una coreografía de belleza donde el movimiento de las sillas y de los cuerpos se acompaña de conversaciones, silencios y miradas cómplices. 

Hablan de sus vidas, de su juventud, de cuando se casaron, y también de sus familias hoy. Se muestran fotos de nietos, se escuchan historias de resiliencia: “Me cuido mucho el pelo porque pasé 80 sesiones de quimioterapia”, explica una. “Te gano: yo pasé 120”, responde otra. Se miran y se entienden. Es otra manera de hablar de lo que seguramente fueron experiencias difíciles. Una de ellas agrega: “La visión de la vida me cambió después del cáncer, ahora soy más agradecida”.

El trabajo de Cerutti permite mirar este universo con atención: mostrar que el cuidado, la autonomía y los rituales de intimidad no desaparecen con la edad. La peluquería no es solo un espacio de belleza; es un territorio de memoria, de encuentro, de resistencia y de visibilidad. Un lugar donde el tiempo lento, el cuidado propio y la complicidad entre mujeres mayores se vuelven profundamente significativos, y donde cada gesto, cada conversación y cada corte de pelo cuentan una historia de vida.

MEC / MA

Hay un hilo invisible que une a madres e hijos, tenso y silencioso. En 2014, Samanta Schweblin lo convirtió en el corazón de su primera novela, Distancia de rescate, y puso en palabras una experiencia compartida por muchas mujeres. En la ficción, Amanda y su hija Nina llegan a un pueblo para pasar el verano, pero la aparente tranquilidad se quiebra cuando conocen a Carla, una vecina que les cuenta la historia de su hijo intoxicado y la desesperada decisión que tomó para salvarlo. A partir de ese relato inquietante, la novela se adentra en un clima de amenaza latente donde el vínculo se mide en términos de distancia física y emocional: ¿cuán cerca hay que estar para proteger, para reaccionar a tiempo? El término “distancia de rescate” pronto saltó de las páginas a lo cotidiano y se convirtió en una forma precisa de nombrar algo que hasta entonces no tenía nombre: la vigilancia amorosa que define la crianza. Tal vez, lo más interesante de esta invención literaria es que no nace en la más simple autopercepción: Schweblin no es madre.

La literatura como espejo de la maternidad

La maternidad es desde siempre un territorio fértil para la literatura, explorado desde distintas voces, épocas y geografías. En la tradición universal, autoras como Toni Morrison en Beloved, Doris Lessing en El quinto hijo o Margaret Atwood en El cuento de la criada indagaron en las tensiones, los miedos y las potencias que encierra la experiencia, ya sea en clave realista o distópica. “No es el amor lo que me preocupa cuando dejo a la niña, como una cuerda y un arnés que arrastro a mi paso allá donde vaya. Es más bien que, cuando la dejo, el mundo lleva la mancha de mi deserción, y a la suma de lo que quiera hacer tengo ahora que restarle el abandono”, dice Rachel Cusk en “Un trabajo para toda la vida”, un relato de autoficción sobre la experiencia de ser madre que publicó en 2001.

En América Latina, esa mirada se multiplica: Gabriela Mistral dedicó parte de su poesía a la ternura y la pérdida; Isabel Allende en Paula transformó el duelo de una madre en memoria íntima y colectiva; y Ángeles Mastretta en Mujeres de ojos grandes ofreció retratos de madres que desafían las convenciones.

La experiencia de criar o de pensar la crianza ha sido y sigue siendo una de las grandes fuerzas narrativas de la literatura. Hoy, además, emergen nuevos abordajes que interrogan el deseo mismo de maternar, que indagan qué ocurre cuando la maternidad no llega en la forma que se esperaba, que retratan la frustración de lo cotidiano o el peso de las pérdidas gestacionales. Desde la ficción y la no ficción, cada vez más autoras se animan a explorar ese “lado B” con matices, zonas luminosas y territorios aún no transitados, con una apertura que habilita a repensarse y a narrar la maternidad desde lugares menos obvios, más complejos y profundamente humanos.

Maternidad, pérdida y ciencia

La socióloga e investigadora del CONICET Marina Larrondo publicó La suerte de tu lado bajo el sello El Gato y la Caja, una crónica en la que combina su experiencia personal con abortos recurrentes durante el primer trimestre del embarazo y una detallada explicación sobre cómo funciona la medicina reproductiva. Lo que la llevó a escribirlo, aclara, no fue en un principio la maternidad en sí: “Me motivó la experiencia que tuve en un grupo de mujeres basado en lo que vamos a llamar ‘terapias alternativas’, y cómo eso puede llevarte a acrecentar el autoengaño y a buscar soluciones que en definitiva no son efectivas, que te dejan peor de lo que estabas”. En La suerte de tu lado, Larrondo desestima —después de padecerlas— las explicaciones propias de las pseudociencias: “Creo que hay un hilo que comienza en mi bisabuela y nos une a muchas de las mujeres de mi familia y posiblemente tenga que ver con el miedo a que les pase algo terrible e irreversible a nuestros hijos. Es un miedo natural de todas las madres, pero en algunas mujeres de mi familia lo veo un poco exacerbado. Lo que seguro es cierto es que no viene de ningún órgano ni de ninguna memoria celular, viene de la historia, está metida en la transmisión de quiénes somos, en la trama hecha de relatos muy concretos que van de generación en generación hilvanando sus efectos, algunos más complicados que otros, no siempre presentes, y no siempre transmitidos de la misma manera. Como todas las historias, como todas las identidades. ¿Cómo podría ser de otro modo?”.

La autora no se propuso hacer un relato íntimo de la crianza —“prácticamente hablo muy poco de mi relación con mi hija después de que nació”—, sino narrar “el proceso de un cuerpo que falla, de amistades que se pierden, de vivir en un duelo permanente, en pérdidas que se repiten, de sentir que la vida no tiene sentido, que el mundo se derrumba”.

Para cuidar ese registro, trabajó con la escritora Julia Coria, quien le ayudó a dosificar la bronca que atravesaba el texto. “Tenía una escena del nacimiento de mi hija en la que de golpe mencionaba a alguien con quien me había peleado tres años antes; ella me dijo: ‘Sacame a esta mujer de la sala de parto’. Tenía razón: el lector no tiene por qué cargar con eso”. El resultado es, en sus palabras, “un libro pura emoción, que transmite angustia, dolor, alegría y logro” y, a la vez, una obra de divulgación científica cuidada en los datos y las fuentes.

Sus influencias literarias no provienen tanto de la narrativa tradicional sobre maternidad, sino de textos sobre pérdida, duelo y resiliencia: Todo nos sale bien de Julia Coria, Life, Almost de Jennie Ag y su blog The Uterus Monologues, Parte de la felicidad de Dolores Gil, El nadador en el mar secreto de William Kotzwinkle, la crónica La cruzada de la teta de Margarita García Robayo o relatos breves como uno dedicado a la maternidad que la cautivó en Amor con amor se paga, de Natalia Brandi. “Lo que más me interesó para escribir fueron relatos de duelo, pérdida, sensación de no estar eligiendo la vida que se vive, desesperanza… y también historias de resiliencia”, cuenta.

¿Cómo impactaron la literatura y su propia investigación en su percepción de la maternidad? En verdad, poco. Porque más bien está atravesada por otra tensión: la que une a las hijas con sus madres. “Tengo una dependencia afectiva muy fuerte de mi madre y sé que el día que no esté, el mundo perderá sentido para mí. Creo que la pregunta por la maternidad se mezcla con el miedo a esa pérdida. Con mi hija, en cambio, todo es felicidad”.

Espacios colectivos para narrar la maternidad

A diferencia de Larrondo, que parte de su vivencia personal y de un trabajo de investigación para desarmar ciertas narrativas en torno a la maternidad, la escritora, fotógrafa y autora del libro de poemas Lleva su nombre, Lula Bauer, aborda el tema desde lo colectivo. En sus talleres —que se dictan tanto en su casa como en la librería Naesqui— la palabra se vuelve acción: más allá de la lectura y la escritura, las participantes producen piezas concretas como bitácoras, fotografías y fanzines que permiten construir una narración singular y política de su maternidad.

Bauer destaca la diversidad social de sus grupos, que incluyen desde mujeres con ingresos que les permiten hacer frente al costo del taller hasta otras becadas o que aportan colectivamente para poder seguir participando. Esa variedad le permite abrir una reflexión sobre cómo el tiempo y el dinero condicionan la experiencia de maternar: “Ante las pérdidas de puesto de trabajo y del poder adquisitivo de estas madres, ¿qué es si no el tiempo y el dinero?”, se pregunta.

La propuesta busca ser un espacio de escucha cuidadosa y respeto a la pluralidad, bajo una mirada que da por sentado que “no hay una maternidad única”. Los talleres suelen generar emociones profundas, con discusiones que incluyen llanto, reclamos, y también solidaridad entre las participantes. Para Bauer, estar al frente de esos encuentros implica “la compleja tarea de la coordinación”, con atención a que nadie se sienta juzgada o incómoda, especialmente porque “somos madres muy cansadas, criando en contextos muy salvajes y crueles donde no todo da lo mismo”.

Estos registros se materializan en cuadernos de bitácora y fanzines, una “mirada coral” que recoge matices y relatos diversos, alejados de la literatura tradicional de crianza. La mayoría de las madres son lectoras, pero algunas no tienen hábito de escritura, y aun así las producciones son “muy movilizadoras”, porque expresan con potencia “el pensamiento rumiante” que atraviesa la maternidad.

En este contexto de maternidades diversas y complejas, Bauer confiesa una preocupación profunda por la fragilidad que atraviesa la figura de las madres en la sociedad actual: “Vivimos en una época en la que muchas veces los influencers crían gatitos y perritos y despotrican contra los niños. Es peligroso. ¿Cómo criar a nuestros hijos frente a un futuro tan incierto? ¿A qué sociedad los arrojamos?”

“Hasta aquella mañana de primavera en la casa de Mishal, sentía que mi deseo de maternidad era algo privado, individual, que debía resguardar del mundo como una semilla en el corazón del sueño”, cuenta la escritora Paula Vázquez en “La librería y la diosa”, un libro en el que conecta sus clases de cerámica, la maternidad y la literatura. Y va más allá: “Después de haber nombrado mis embarazos, las pérdidas, el latido anhelado, el latido apagado, mientras todas teníamos las manos dispuestas como instrumentos para nuestro fruto, sentí el punto de un zurcido común, la iluminación del lugar preciso en que mi vida se tocaba con otras vidas, la revelación de una verdad profunda: que toda la experiencia de individualidad es secundaria y que, debajo de ella, más allá, hay otro nivel, más hondo, que es el de la unidad”.

Entre el duelo y la esperanza

A las voces que piensan y narran la maternidad desde experiencias personales y colectivas, se suma la de Marina Gersberg, psicóloga, editora de Pánico el Pánico y autora de El fin es el fin del sol (Vinilo), un libro donde conviven el duelo, el nacimientos y una mudanza y que recorre distintas formas de maternar. “La literatura en este caso me ‘sirvió’ para hablar de lo que no se habla, salir del silencio, intentar elaborar un trauma. Las mujeres fuimos mucho tiempo acalladas y ni hablar de las experiencias que se salen de la norma. Escribí este libro en parte para no olvidar, para no explotar por dentro”, cuenta.

Escrito a lo largo de más de una década, nació sin saber que sería un libro. “Lo empecé a escribir hace más de diez años en un viaje a Cusco, filmando observatorios astronómicos. Ahí escuché esa frase que no sabía que en el futuro iba a tener tanto sentido. Después se transformó en una historia de amor, de nubes, pájaros y montañas. Me interesaba contar mis experiencias de maternidades diferentes, profundas que me tocaron en esta vida y el salir de la ciudad para venir a vivir a un pueblo en Traslasierra, Córdoba. Cuento la enfermedad y muerte de mi madre, mis abortos, un parto desgarrador, ser madre de una hija con discapacidad”.

En el libro, Gersberg narra el nacimiento de Amapola, su hija menor, durante la pandemia, y el momento en que se enteró, después de un parto muy complicado, que había sufrido una lesión cerebral: “Nunca imaginé conocer a mi hija recién nacida a través de una foto. Yo pensaba más en el ‘piel con piel’, en la hora sagrada, pero recién pude ir a verla al día siguiente. […] Volver así, sin ella, y que Lucero no conociera a su hermana fue tremendamente doloroso. […] Esto fue lo más revelador. Amapola es así, no se sabe cómo va a ser en el futuro ni qué cosas va a poder hacer, pero no está enferma”.

Ese tránsito, atravesado por pérdidas y duelos, la llevó a una reflexión que recorre las páginas del libro: “Voy a tener que ser mi propia madre. No sé quién soy, me hablo para entender, para volver al presente, al disfrute con lo que somos”.

Como lectora, también encuentra en otras autoras un espejo y una red: “Leer a otras madres nos hace sentir menos solas, como una manera de dejar de ser islas. Siempre me gustó que me cuenten todo, el lado oscuro de las cosas, las ambivalencias. Hay un concepto de Jane Lazarre en Una escritora en el tiempo que dice: ‘La maternidad siempre ha reivindicado el activismo, y la escritura es una forma de activismo, porque, si no contamos nuestros relatos, ¿quién lo hará por nosotras?’”.

Hablar y escribir sobre maternidad es disputar sentidos: no cabe en una sola imagen ni en un único relato. Puede ser una habitación de hospital, un taller compartido, una investigación académica o un recuerdo que vuelve cuando ya no se lo espera. Contarlas es, de algún modo, descubrir ese hilo invisible que une a las madres con sus hijos.

ACPC / MA

Hijas del churqui

Orgullo cholonkero es una comunidad que surgió en 2018 a partir de una primera asamblea comunal con el objetivo de visibilizar las disidencias sexogenéricas en las comunidades indígenas. A más de 2939 metros sobre el nivel del mar en una comunidad de más 17000 habitantes, con calles empedradas y angostas, entre indígena y colonial. “Quienes organizamos esa primera asamblea comunal fuimos buscando y reuniendo a las compañeras que conocíamos del territorio de Humahuaca, que habitaban los territorios indígenas de distintas comunidades alrededor de la ciudad”, explica Gustavo Cabana. Se presenta como marica, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Jujuy y una de las iniciadoras de la comunidad, junto a Quillay Méndez, bailarina y performer. Ambas provienen del “interior” de Humahuaca, de lugares rurales como Pucara y Chorrillo, otras son de Ocumazo, Valiazo o de la misma Humahuaca.

“La cholonka es el fruto que nace del churqui, un árbol espinoso, pero que tiene propiedades curativas y crece de Humahuaca para el norte, entonces es una linda metáfora-dice Quillay-. Para mí Orgullo cholonkero es una resistencia étnica”. Surgió primero como un encuentro social, entre vinos y cervezas. “En esos espacios que me parece que también son de resistencia, donde se desinhibía el cuerpo y las compañeras pasaban a mostrar más la mariconeada. Fuimos la Gustavo, la Lourdes, yo, también hubo otras maricas que no eran de Humahuaca, pero transitoriamente estaban aquí”, recuerda. “Cholonkeras-tira piedras, quilomberas, nos decían las de Tilcara. Ellas, del ayllu de abajo y nosotras, del ayllu de arriba”, define Gustavo aludiendo a la antigua organización política andina del Tawantinsuyu.

Lourdes, torta, estudiante de la licenciatura en Turismo y técnica en Hotelería, dice que Orgullo cholonkero ha sido un espacio más de contención: “porque yo pensé que era la única lesbiana acá en la Quebrada de Humahuaca, pensaba que no había nadie más. Es una ayuda, uno no está solo acá, sino que hay mucha gente como yo, maricas, otras tortas, travas. Me acuerdo que fui a mi primera marcha del orgullo cuando tenía apenas 18 años o 17, a San Salvador, cuando habían salido los primeros planes Progresar. En ese momento estaba Milagro Sala con la Tupac, que organizaban. Y ahí conocí a la Quillay, que me invitó a reuniones y eventos”.

Gustavo cuenta sobre esa primera reunión: “Fue básicamente para discutir qué lugar ocupábamos las travas, los putos, las tortas dentro de las comunidades indígenas, qué lugar nos daban, si ejercíamos cargos políticos o no. Y otra socialización fue también pensar qué lugar ocupábamos dentro del llamado movimiento de la diversidad sexual. Y centralmente si nos sentíamos representados en esas dos esferas políticas que atravesaban nuestras vidas cotidianas. Concluimos que estábamos ante una forma de patriarcado en las comunidades indígenas donde las disidencias sexuales eran vistas como un elemento foráneo; no ocupábamos cargos de importancia porque la legitimidad ahí estaba dada por la sexualidad que se portaba”.

Patriarcado andino, identidades y derechos

Las preguntas recurrentes y estigmatizantes: ¿por qué no tiene novia? ¿para cuándo los hijos? Son índicios de una heterosexualidad obligatoria, de un patriarcado andino que violenta. “En nuestras comunidades luchamos contra una mirada heterosexualista. Muchas fueron excluidas de los sistemas de herencia porque son las familias heterosexuales las que cuidan el rastrojo, las parcelas de tierras que cultivamos”, reflexiona Gustavo, que tiene su propio rastrojito en Pucara, de donde provienen sus ancestras. “Leímos a María Galindo, Adriana Guzmán, a Silvia Rivera Cusicanqui, con sus posturas de feminismo indígena y campesino, la descolonización del sodomita en los Andes de Horswell. Y conocimos experiencias políticas y personales de travestis, de maricas, de tortas en las comunidades indígenas. Nuestro mundo aldea era un mundo violento. En las reuniones que llamamos apthapy (donde compartimos, comemos y hablamos), la mayoría contaba experiencias de acoso sexual y violación: nuestras comunidades de origen tienen sesgos heterosexuales y violentos: el patriarcado andino. Por ejemplo, las compañeras travesti eran expulsadas de sus comunidades para poder transicionar: ahí veíamos un ”sexilio“ forzado. Y nosotras nos planteamos politizar la cultura”.

¿Qué son las sexualidades disidentes y cómo se habitan en la Quebrada de Humahuaca, donde las resistencias se respiran? Quillay responde, haciendo alarde de su identidad cholonkera “Ay, no sé qué es ser disidente sexual. Es portar esta cara. Yo creo que ser disidente sexual no es tanta magia, no está como tan desligado de lo que vivimos todos los días. No es que nos levantamos con brillos en la cara, con glitter y bien arregladas y esas cosas; ser disidente sexual me parece que implica también trabajar en la construcción, ser albañiles, ser docentes, ser precarizados. También es agarrar la bolsa, ir a buscar fruta al mercado, pasear por la feria, prepararse para las ceremonias de la Pachamama. Entonces, esa disidencia sexual me parece que viene cargada de todas estas cuestiones. Un poco que la identidad sexual y la étnica vienen juntas”.

“Sabemos qué pasó en Stonewall –explica Lourdes- pero buscamos lo nuestro propio. A veces la gente del pueblo tiene la creencia de que lo que pensamos es de afuera, o le dicen hippie, como que ellos vinieron e insertaron todas estas creencias o costumbres o las orientaciones y decisión sexual que tenemos nosotros. Y no es así. Simplemente un día dije ‘me gustan las mujeres y ya está, quedamos ahí’. Más allá de las dudas y demás”.

Gustavo hace memoria y reconstruye discursos pasados. “Estaba el discurso de que nuestras identidades, eran identidades foráneas o no eran. Hoy en día son propias de las comunidades. A nosotros también las nomenclaturas de la diversidad sexual nos parecían extrañas, lo gay y todo ese sentido que se le atribuía a esas palabras eran por ahí elementos distintos a la experiencia que nosotros habitábamos”.

Para Quillay es importante el rescate de la memoria “de compañeras que han sido maricas, que han sido travestis, que han sido tortas y que se han tenido que ir obligadamente de Humahuaca. Pero claro, caen, vuelven, vuelven para carnaval, vuelven para el cumpleaños de una abuela, vuelven para alguna festividad en especial, vuelven siempre a Humahuaca. Y cada vez que esos cuerpos vuelven, Humahuaca se sorprende. Pero nosotras estamos en territorio y llevamos a la comunidad de Orgullo cholonkero a todos lados, incluso hasta hemos llegado a posicionarnos frente de instituciones como la municipalidad y el hospital porque lamentablemente los derechos sexuales no están pensados para nosotras, sino para la gente de la centralidad”, explica. Asegura que falta ESI, que falta información sobre acceso a derechos tan básicos como el matrimonio igualitario. “¿Quiénes de las maricas piensan en casarse si ni siquiera pueden pensar en tener una relación sana? Y esto se carga también con la cuestión identitaria porque las maricas o las tortas no pueden tener ese afán, les atraviesan otras cosas como no llegar a fin de mes, no tener laburo, o ser siempre echadas de su casa”, asegura.

Quillay también cuenta cómo el activismo de esta comunidad ha logrado conversar y trabajar en conjunto con instituciones locales como el hospital, la municipalidad, un centro cultural para proponer una escuela de género, que aún se sostiene. “Hemos sabido cómo ganar el respeto de esas instituciones, a partir de generar reuniones, encuentros. Hace un par de años pudimos hablar con la directora del hospital, le comentamos nuestra situación y hubo una apertura. Compañeras como Lourdes dieron charlas ahí y contaron nuestras realidades. Les explicamos ‘che, si viene la Quillay y ella te dice que su nombre es ése, decile Quillay’, respetarle desde ese lugar. O si viene una compañera torta, respetarla desde su identidad torta y preguntarle cómo se siente, darle ese trato digno que se merece. No sólo para las que somos de Orgullo cholonkero, pero para todas. Muchas mujeres no sabían cómo pedir pastillas anticonceptivas, les daba vergüenza y tenían miedo porque las trataban muy violentamente los médicos, médicas, enfermeras y enfermeros. Y hay una cuestión de desigualdad de poderes, te hacen sentir en falta. Imaginate si esa persona heterosexual tiene miedo de ir al hospital, ¿qué es lo que va a hacer una compañera torta, trans, ¿no?”.

Qarichumpi: sol y viento

La identidad marrón no es la identidad indígena, las cholonkeras tienen su propia aproximación al anticapitalismo y antirracismo. “Es que yo no soy marrona, yo soy indígena -Quillay corta rápido la pregunta-. Para mí la categoría de marrón no aplica en estos lugares. A lo sumo nos decimos morochitas. Nuestras abuelas nos decían qarichumpi: más oscuro y como paspadito por el sol y viento”. Y Gustavo agrega “No tenemos protector solar a veces, nuestras abuelas no tenían protector solar y estaban y trabajaban en el campo, trabajaban la tierra. Tanto lo marrón como lo indígena son marcas de racialidad”.

Quillay explica cómo marcan esas marcas: “acá la violencia surge del morochito para el morochito, sobre todo en Humahuaca, donde la blanquitud no tiene tanta influencia como en Tilcara. Acá hay una historia de resistir constantemente a todos los golpes: se han librado 14 batallas por la ”independencia“ de la Argentina. Han usado a los indios, han usado la fuerza de los indios para liberar lo que a posterior les va a oprimir, que es el Estado argentino, ¿no? Y desde acá se oprime también a la gente que vive en el campo, porque ahora Humahuaca se considera ciudad. Si sos del campo, entonces ya te estigmatizan por ser de una comunidad indígena, porque hay una especie de blanqueamiento que se produce dentro de la comunidad humahuaqueña: viven en Humahuaca pero no pueden ser indios, vivir en la ciudad limpia, higieniza una corporalidad”.

Un cuerpo marica no deja de ser un cuerpo indígena. “Pensando en transformar las marcas de la raza en una categoría política empezamos a hablar de marronitud –indica Gustavo- pero es una categoría problemática en varios sentidos, que nace de la diáspora en la ciudad de Buenos Aires. Desde Jujuy encontramos un procesamiento ideológico de la diferencia, los cuerpos. El cuerpo desobediente a la norma, es un cuerpo racializado: el cuerpo marica, torta, travesti, no binarie. Además, en Jujuy lo vivimos en nuestros propios cuerpos y para nosotras no es suficiente que haya una política de visualización de lo marrón si quienes están ahí son fachos. Está Natalia Sarapura como diputada, ahí estaría nuestra representación marrón y no es suficiente. Entonces, nosotras lo que hicimos fue entretejer el indianismo, que es nuestra postura inicial fuerte, nuestro proyecto de vida por el buen vivir con una interpretación que hacemos de la historia de la marronitud y es una lectura política que hacemos de nuestros cuerpos”.

Ancestralidades

Las cholonkeras orgullosas tienen una búsqueda en la historia y las prácticas andinas, por eso es importante el anclaje en conceptos como el Travestisuyu, el Plurisuyu, el Qariwarmisuyu “en los documentos de la colonia aparecía la palabra qariwarmi que era la manera en cómo en ese momento las comunidades indígenas nombraban a las personas que habitaban las dos energías del cosmos: lo masculino y lo femenino en una persona”, profundiza Gustavo, deslizando que hasta están representadas en el famoso dibujo de Santa Cruz Pachacuti.

Es una comunidad plurisexual, con una organización comunal, donde las festividades del calendario agrario andino y disidente estructuran el tiempo de compartir y donde conviven tres identidades que son “las más representativas –explica Gustavo- y cada una elige una comunera en asamblea. Entonces, Lourdes es la comunera de las tortas, la Quillay es la comunera travesti y yo, la comunera marica”. Rápidamente, Quillay agrega “Claro que es una comunidad, de compañeras que se animan a que sus cuerpos sean más libres”. “Y lo lindo es que se convive –dice Lourdes-, compartimos así de vez en cuando, por ejemplo, la Pacha. Más que nada nos encontramos en el tiempo de fiesta, para la Virgen de la Candelaria, que es el 2 de febrero, y ya es el típico carnaval. Rescatamos la cultura, como indios nosotros existimos acá y nuestra orientación sexual no nos impide tener nuestras creencias. A mí me gusta mucho nuestra comunidad cholonkera, ya que rescatamos la cultura, nuestras tradiciones. Como soy católica, tengo mi señor de Quillacas y mi señorcito de la Laguna (santos andinos), soy parte de una banda de sikuris, asisto a las fiestas patronales, me ”promeso“ también por ahí. La celebración de la Pacha en agosto es muy importante: ahí la tradición siempre fue pasar de a parejitas hombre-mujer, heterosexual. Y bueno, en esta fase estoy pasando con mi pareja, se siente bonita experiencia, tengo ya conexión con la Pachita, con mis tierras, con mis ancestros y mi orientación no me impide nada pasar haciendo el ritual respetuosamente, ¿no?”.

La ancestralidad y sus símbolos son parte de las reivindicaciones que se construyen en esta comunidad andina. “Las comunidades tienen su centro de poder y aún tenemos pendiente eso. Pero sí tenemos símbolos de nuestra ancestralidad, como la bandera blanca, insignia del Coyasuyo, con las cintitas de colores, que nos representa. Y el otro signo muy muy característico de Humahuaca es el rebozo, una especie de chal tejido y bordado a mano al que nosotras le otorgamos una politicidad, lo etnificamos. Elegimos el rebozo y no el poncho, porque tiene un costado afectivo, político y cultural. Son tejidos y bordados, provienen de nuestras abuelas, de nuestras madres, son nuestra herencia. Y ahí está el lazo que construimos con las mujeres de nuestras comunidades. Queremos que haya más comuneras mujeres en las comunidades indígenas. Consideramos que este momento histórico es un momento de un warmikuti, como llaman las feministas comunitarias de Bolivia, el momento de un retorno de las mujeres al proyecto político de las comunidades. El rebozo simboliza también nuestra resistencia porque la indumentaria es muy importante.”

Como en la trama de los rebozos andinos, la comunidad cholonkera teje buscando reconstruir la historia ancestral disidente y construir una identidad propia, arraigada, un lugar de enunciación marica/torta/trava indígena surandino. Es un rebozo que protege e identifica, tejido de recuerdos, búsquedas, posiciones anticapitalistas y antirracistas, con voz propia, con hilos de identidad, reflexión, ética y estética.

AT / MA

De las más de 130 historias clínicas que el doctor Remilly Molini tiene ordenadas alfabéticamente en su escritorio en el centro de salud de la isla entrerriana Charigüé, el 90 por ciento pertenecen a mujeres. Todas isleñas, que acuden a las consultas por ellas mismas pero también por las dolencias de los hombres de su familia, que rehuyen de esa cita.

El doctor Remi, como lo nombran cariñosamente, trabaja allí desde hace más de treinta años. Dice que nunca vio un recorte tan abrupto en la distribución de preservativos, métodos anticonceptivos y medicamentos para la interrupción del embarazo como en este último año y medio. Aunque él se las rebusca para no dejar a sus pacientes sin medicación.

Una de las historias apiladas sobre el escritorio es la de Paola y sus hijos Evelyn, Ariana y Jonás, la de su nieta Luana y también la de su madre Alicia.

Madres e hijas

Paola pone la pava sobre la hornalla y mientras prepara el mate con azúcar relata esos días de julio de 1998, cuando ella transitaba las últimas semanas de su primer embarazo y el río Paraná, una de sus mayores crecientes. Por eso, recuerda, había que tomar varios recaudos para cruzar desde el Charigüé hasta el Hospital Provincial de Rosario. Si bien las islas pertenecen a la jurisdicción de Entre Ríos, Rosario está mucho más cerca que cualquier otra ciudad entrerriana: sólo hay que atravesar el lecho central y profundo del río, donde el agua desconoce los límites geográficos.

La panza se le estaba poniendo dura cada vez más seguido. Lo raro era que no sentía ningún dolor y por eso dudó que fuesen contracciones. Para quedarse tranquila, llamó a Remi. El doctor le recomendó que acudiera al hospital para evitar sobresaltos con el Paraná tan crecido. A esa altura la planta baja de su casa ya estaba tomada por el agua.

Paola revisó que en la canoa estuviese todo lo de la lista y esperó a su marido, Fabián, para cruzar.

Esa misma noche, por cesárea, nació Evelyn. Quien 23 años después haría ese mismo viaje desde su casa en el Charigüé hasta Rosario para que naciera su hija Luana. Esta vez, el recorrido fue por tierra hasta el Puente Rosario-Victoria y desde allí al hospital. Porque en marzo de 2022 el río Paraná transitaba su bajante histórica. La isla era otra.

Como había hecho su mamá, antes de salir llamó al doctor Remi. En los relatos de estas dos madres primerizas, separadas por una generación, el río aparece como persistencia familiar. Igual que el Paraná, con sus crecientes y bajantes, ellas también fueron transformándose en ese movimiento serpenteante, identificadas con el agua. El agua como caudal, fuerza, fuente de alimentos. Como contención, hogar, vida, correntada. El agua como origen y continuidad.

CM / MA

Primero fue un poema. La escritora y pensadora Morena García definió lo que eran con dos palabras: una Nación Trava. Hablaba de una forma de vida extendida por todas las provincias, una geografía que llevan en los cuerpos hormonizados, una lengua propia –el carrilche– inventada para escapar de la Policía, un modo de gestionar lo político y de hacer cultura. Pero, sobre todo, detrás de la idea de la Nación Trava estaba lo que construyen desde hace años en Rosario.

La ciudad que siempre tuvo fama de ser distinta es la tierra donde travestis y trans lograron derechos impensados en tiempos de avance de las ultraderechas. Es donde, mucho antes de que se sancionara una ley nacional, nació la primera ordenanza de cupo laboral trans del país en 2016, con más de 50 ingresos. El cupo llegó a la Universidad Nacional de Rosario (UNR), con 25 personas en distintas facultades, y al Estado santafesino, con otras 30.

A nivel provincial, tiene la Ley 5110 que da una pensión a más de 180 personas trans mayores de 35 años en situación de vulnerabilidad. Y es donde se gestaron dos reparaciones históricas: la de las víctimas de la dictadura militar en 2018 y la Ley 14.220, sancionada justo después del triunfo de Javier Milei, que abarca a sobrevivientes de la violencia institucional en democracia. Ambas otorgan dos pensiones mínimas y obra social.

La Nación Trava va más allá de avances legislativos. Detrás hay una praxis que se extiende a instituciones, organizaciones sociales, gestión cultural, rosca política y trasvasamiento generacional. En un país donde tienen una expectativa de 35 a 40 años –mientras la esperanza de vida general ronda los 77–, en Rosario una comunidad construye un pequeño país donde ese número se transforma en la esperanza de vivir mejor y llegar a viejas.

La militante

–Las naciones tienen cultura, historia y lenguaje propios. Y nosotras tenemos todo eso. La diferencia es que nuestra Nación no es solo para travestis. Es un paraguas para todo aquel que se sienta por fuera del sistema hegemónico.

Michelle Vargas Lobo, La Miya para todo el mundo, habla desde una oficina en el Programa Andrés Rosario, el PAR. Tiene 44 años, el pelo lacio negro con un flequillo perfecto, los ojos achinados, la cara redonda y una sonrisa grande con hoyuelos. Está abrigada con un buzo de peluche rojo chillón.

–Y es una Nación donde laburamos desde el abrazo. Trabajamos con situaciones muy complicadas y la única manera es desde el amor.

Nació en Bahía Blanca, se crió en Río Gallegos y en la adolescencia salió de la casa expulsada. Recorrió el sur, vivió dos años en Chile, la pasó mal en Buenos Aires y llegó a Rosario en 2003. Los primeros años fueron duros. Tuvo problemas de consumo, vínculos violentos y llegó a vivir en la calle. Pero encontró algo que la hizo quedarse.

–A mí me cambió la vida la militancia. No es un lugar común: antes estaba completamente sola.

Esa militancia empezó casi por casualidad en 2010, cuando una amiga la invitó a una asamblea para organizar la marcha por la Ley de Matrimonio Igualitario. De ahí salió el primer grupito: Comunidad Trans Rosario, que sigue hasta hoy con otras cinco compañeras. También es militante peronista y trabaja en la UNR en el Programa de Inclusión Educativa y Laboral (Piel), donde hacen seguimiento de todas las personas travestis y trans en la universidad.

–El problema no es el ingreso al trabajo, es la permanencia. De qué te sirve trabajar si te van a tratar mal o no te respetan la identidad. La universidad todavía es un espacio hostil. Nosotras atajamos todas las pelotas y tratamos de mover la fibra sensible.

Todas las tardes está en el PAR, una asociación civil que nació en 1993 en distintos lugares del país para atender personas con problemas de consumo. Con los años, la sede de Rosario se independizó e hizo un giro en la forma de atención, volviéndose una referencia en salud mental y para la comunidad travesti. Tiene dos sedes, una donde hacen eventos culturales y reparten comida, la otra donde funciona la atención clínica, talleres y otros proyectos. De la comunidad trans, ya pasaron más de 200 personas. En 2025 funcionan cuatro talleres a los que van 60 jóvenes bajo el programa estatal provincial Nueva Oportunidad, que apunta a chicos y chicas de entre 18 y 35 años vulnerables o en contacto con la violencia urbana.

–Hay que tener una mirada muy particular para trabajar con nosotras porque somos muy quemacocos. El Estado nos deriva un montón de pibas porque no sabe cómo hacer y entiende que nosotras sí podemos contenerlas.

En el PAR armaron la cooperativa de cuidados Juntas y Unidas. Son 15 socias y la Miya es la presidenta. También es enfermera. Se recibió el año pasado en la UNR. Y es una red en sí misma: articula con la Secretaría de Salud por las hormonas, con sindicatos y organizaciones, con la Justicia Federal y la Unidad 5 donde hay 15 travestis presas. Con Comunidad Trans coordinan con el Ministerio de Capital Humano para darle comida a 200 compañeras. Apenas asumió la nueva gestión les habían cortado el envío pero después de varios trámites donde demostraron el trabajo que hacen volvieron a mandar comida.

En un momento dejaron de mirar a Buenos Aires. Se dieron cuenta de que tenían que hacer su propia agenda.

–Hubo algo de asumirnos como sujetas políticas y accionar desde ahí, siempre con lo colectivo en la cabeza.

Hoy están viendo los resultados de objetivos que se pusieron hace quince años. Con la reparación garantizada pueden enfocarse en otras poblaciones.

–Salvó a la franja más vulnerable, las mayores de 45. La mayoría de las compañeras están beneficiadas y eran las que más nos preocupaban. Ahora trabajamos más con la juventud.

Ella no cobró la reparación. Tiene los requisitos pero por ahora no la necesita. Entre los nuevos desafíos están las políticas de vejez. Están tramitando la jubilación de travestis que tienen edad para jubilarse y no lo sabían. Y quieren un espacio habitacional para infancias y vejez.

–Porque la expulsión es en la infancia y en la vejez. Te criás sola y te morís sola.

La intelectual

Morena García entra al bar con un poncho rojo y negro, el pelo gris larguísimo y ondulado, los ojos delineados hacia arriba con un firulete y un aro gigante amarillo que le roza el hombro. En la Nación Trava es el brazo intelectual, la que le pone palabras a las cosas. También produce un podcast, da clases de cocina en el PAR y está en el teje de todas las movidas.

Se sienta y lo primero que dice es que para ella no hubo una transición a la democracia para las travestis.

–En democracia la cana te detenía por zurdo, hippie, rockero. Hubo sujetos peligrosos por lo que pensaban, pero las travas portaban el cuerpo político. Muchas ni comprendían por qué las detenían.

Le gusta indagar sobre la historia de las travestis aunque dice que hay poco escrito. Apoya cuatro libros y un cuaderno arriba de la mesa y habla de que en épocas medievales las trans eran guardianas de los espíritus.

–Y la pregunta es cómo llegamos de eso a ser las mendigas de cualquier consideración social y de derechos humanos.

Se crió en Fisherton, en el norte de la ciudad, y se fue muy chica. No le gusta la palabra transición. Piensa que es un concepto con punto de partida y de llegada. Y ella no llegó a ningún lado.

–Yo soy esto desde siempre. Yo estoy siendo travesti, soy un gerundio.

Sí marca un momento en el que descubrió lo que era y fue cuando conoció a otra como ella: La Perla, una travesti de Barrio Godoy. Apenas la vio dijo: “Soy esto”. A los 12 la echaron de la casa. Salió con un bolsito, paró un camión y la llevó a Formosa. Después cruzó a Paraguay, donde fue víctima de trata durante cuatro años. Volvió a Rosario a los 16.

–A esa edad ya había pasado parte de la vida putoneando gratis porque era lo que me decía la sociedad que tenía que hacer. Nadie quisiera pasar por lo que pasamos nosotras para cobrar una pensión. El deseo lo pagamos con la vida. No lo digo como kamikaze del género, de “matenme porque estoy dispuesta a todo”. La travesti lo da todo, no hay clóset para nosotras.

Nación Trava es un poema de su libro Una sospecha de maquillaje, aunque dice que no nació de ella.

–Mis ideas se cruzan con otras, si pasás por lo mismo se nos ocurre lo mismo.

Sí cree que en la popularización Susy Shock fue fundamental. La define como una mula de la cultura, que trafica conceptos por todo el país. Para ella, cuando Susy viene a Rosario se permite lo que en Buenos Aires no puede.

–La Nación Trava es una de las más peligrosas porque no tiene territorio, se lleva la piel. Cada cuerpo travesti, marica, puto, hetero que conforma ese paraguas porta una geografía que se desplaza. Una travesti es paria de todas las naciones. Está cocida por geografías de otras travestis. Cuando migra lleva una lógica de gentrificación. No busca un tipo o una mina, busca otra travesti y arma comunidad. Esas son las células que conforman la Nación.

Ese país travesti tiene, además, un dogma: deshabitar la nación binaria. Para Morena García lo heterosexual puede habitar lo trava si se lo permite. Recuerda una conversación con Hebe de Bonafini en la Facultad de Psicología, cuando la madre de Plaza de Mayo le dijo que ella se sentía un poco travesti, por la locura y el coraje.

–El otro día le propuse a alguien un travesti shower. Una fiesta para recibir a un cuerpo que no va a pertenecer a una norma.

La Nación Trava tiene sus propios símbolos y pilares que Morena García define: la ternura política, la acción y el cuidado. Ayudar y devolver, sostener la vida, una que se queda sin medicamentos de VIH y otra le da unas pastillas. Piensa el concepto más allá de Rosario, como un rasgo federal. Y como toda Nación tiene discusiones.

–Durante mucho tiempo no podías discutir lo travesti porque era cancelativo. Nos habíamos ubicado en un lugar de víctimas. Y yo creo que hay que discutirlo todo. Una travesti era “dame, dame, dame”. Quedó una costumbre que también hay que discutir: la travesti como mendiga de algo sin generar política pública.

Para ella, eso está cambiando con las nuevas generaciones. En Rosario lo ve en La Peluche, una organización de jóvenes trans, travestis y no binaries que ella adoptó como una madre. Nacieron por un emprendimiento: una feria vintage que se mueve por la ciudad. También hacen gestión cultural, videos, garantizan acompañamientos y articulan con las más viejas.

–No les expliqué nada, yo ya estoy de modé. Nacieron siendo sujetos políticos, nosotras nos tuvimos que constituirnos como tales. La pendejada es la semilla del viento de la Nación Trava. Para algo que no tiene capacidad de reproducción lo que tenemos es la osmosis travesti. Nos quitan las hormonas, nos persiguen, pero cada vez somos más.

Su deseo es que en su lápida diga solo una palabra bien grande: TRAVESTI.

La funcionaria

Pamela Rocchi atiende el teléfono desde San Justo, en el norte santafesino. Tiene 39 años, es mujer trans, socialista y directora provincial de Igualdad y Diversidad Sexual.

–No estamos en Disney. Hay muchos problemas y años de abandono estatal pero nuestro desafío es garantizar que cada persona pueda vivir como quiera en esta provincia.

Nació en Alcorta y en 2021 se presentó como candidata a presidenta comunal. También es secretaria de la Asociación de Varones Trans de Santa Fe y fue autora de la obra de teatro Reparadas, donde travestis y trans contaron la violencia vivida en dictadura.

Fue clave en la Ley de Reparación. Cuando se trató en la Legislatura era asesora de la diputada Clara García y colaboró con la rosca legislativa que impulsó Karla Ojeda, otra de las referentas e imprescindibles de Comunidad Trans. La ley se aprobó en noviembre de 2023 y en diciembre la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, convocó a Pamela Rocchi para su gabinete. Para ella fue un desafío doble: pasó de militar la ley a implementarla.

Durante 2024 dos abogados de la Dirección se dividieron la provincia y reunieron la información de cada beneficiaria. Tenían que probar que habían sido detenidas y violentadas por el solo hecho de ser travestis y trans. El límite temporal era 2010, cuando la Legislatura derogó las contravenciones que habilitaban a la Policía a llevarlas presas.

La información venía de la Policía, los libros de comisarías, los centros de salud y la Justicia. Algunas tenían prontuarios del tamaño de varios diccionarios. Toda esa documentación pasó a formar parte del Archivo de la Memoria Travesti-Trans de Santa Fe que llevan adelante Marzia Echenique, Carolina Boetti y Karla Ojeda. Mientras los abogados juntaban pruebas, Pamela hacía la rosca política.

–Me tocó sentarme con muchísimos funcionarios para explicar por qué esta ley salva vidas. Siempre lo digo: ellas corrieron para que nosotras caminemos.

Para ella lo que pasa en la provincia de Santa Fe es un orgullo. La fortaleza está en que, a pesar de pertenecer a partidos distintos, entendieron que primero son comunidad travesti-trans. Desde la Dirección aplican la Ley 5110 y se ocupan de hacer llegar las hormonas, aún en tiempos de recortes. En 2024 la provincia recibió 93% menos de tratamientos hormonales, preservativos y anticonceptivos. Toda esa faltante fue cubierta por el gobierno provincial, que invirtió alrededor de 6 mil millones de pesos.

–Cuando estás cerca de la comunidad, escuchás lo que necesitan y los abrazás, cambia todo. A veces no vienen por una política pública, sino por un oído.

El vínculo entre Estado y comunidad también es una virtud de la Nación Trava. La Miya Vargas define a Pamela como una compañera que sabe el lugar que ocupa. Se formaron juntas políticamente, cada una desde su espacio.

–Ella sabe muy bien lo que hace y es muy acertado su lugar. También es importante el reconocimiento que le da el socialismo, algo que el peronismo no hizo con nosotras. La reparación casi le costó la cabeza. Las leyes son re lindas pero el costo político es ejecutarlas. Y ella estuvo ahí peleando en un contexto en que para el gobierno de Milei nosotras somos lo peor que le pasó al país. Y con un gobernador que lo apoya en lo discursivo.

Morena García dice que la funcionaria es un animal político. Siempre que puede le marca los puntos. Se pregunta por las hormonas y los medicamentos que faltan. Una vez le dijo: “Cuando todo se complique vos saltá. Toda tu Nación te va a respaldar”.

La gestora

En una vidriera de La Ferretería cuelga la bandera de Argentina, en la otra la del arcoiris. La Mara Prat aparece detrás del mostrador. Tiene 38 años y además de ser ferretera, es gestora cultural. Con sus dos socias de Capra organizan el festival Nación Trava que en septiembre tendrá su tercera edición. También están detrás del carnaval travesti, el ciclo Brasa y de otras movidas culturales.

La Mara Prat viene de familia de ferreteros y abrió la propia hace cuatro años con su pareja, Fede, un varón trans con el que tienen una hija de cuatro años. En una de las manos tiene tatuado su nombre, en la otra unos dibujos tipo hindúes. Lleva puesto un pulóver verde, jean, el pelo largo, la cara sin maquillaje. Prepara el mate mientras cuenta que ella transicionó de vieja, a los veintipico.

–Y por más que fue de grande perdí privilegios que ni sabía que tenía.

“Podés ser puto pero no travesti”, le dijeron en la casa. Ella ya vivía sola pero durante muchos años la relación se cortó. Cuando nació su hija el vínculo se recompuso, dice que sus padres son abuelos hermosos.

La Ferretería es un búnker travesti en Rosario. Arriba tiene una oficina en la que trabajan con Capra y en la terraza hacen asados, asambleas y reuniones. La Mara siempre estuvo vinculada a la música. Tenía 14 años cuando juntó laburando 550 dólares y se compró su primera batería. Su mamá travesti fue Ayelén Beker, cantante rosarina. Se conocieron en la grabación de un videoclip.

–Nunca más me dejó sola. Tuve una transición amorosa. Aprendí todo de ellas. Rosario es uno de los mejores lugares del país para ser travesti. Hemos girado mucho por las provincias y la construcción política de acá no está en ningún lado. Las peleas son infinitas pero se saben poner en un frasquito e ir todas juntas.

Con Ayelén Beker se volvió gestora. Se fueron de gira cuando tenía una banda de cumbia, grabaron discos y un video para Netflix en plena cuarentena, registraron temas y organizaron shows. Sobrevivieron en comunidad a los dos años de pandemia y conoció la amistad travesti. Siempre se acuerda de una noche que estaban sin un peso y la Beker las echó de la casa para hacer un servicio de trabajo sexual. Quince minutos después compró fideos con salsa para todas y les dio de comer.

–Todo eso hizo a la gestión cultural. La potencia artística que tienen las maricas está desde el sobrevivir.

En 2023 organizó con Capra el primer Festival Nación Trava. Tuvo como concepto la Constitución de la Nación Travesti. Fue dos semanas después del balotaje y se convirtió en un primer acto de resistencia. En el verano de 2024 decidieron juntar en la terraza a todos los satélites de la comunidad alrededor de Capra para ver cómo seguir en la era Milei. Y el apoyo fue unánime para seguir haciéndolo. El segundo Nación Trava tuvo como tema al lenguaje y las voces travestis.

Este año será el 5 y 6 de septiembre en el Centro Cultural Parque España y estará atravesado por la idea de “amor puto”. La Mara pensó el concepto en la Diplomatura en Gestión de Proyectos Culturales LGBTI+, del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, a partir de otro poema de Morena García. Parte de la idea de ese primer beso que, como una molotov, detona todas las construcciones cisheterosexuales y determina “vivir tu vida a lo puto”.

Para ella la particularidad de Rosario tiene que ver con muchas cosas pero marca a la organización Comunidad Trans como determinante.

–Son referencias vivas, vienen acá a la ferretería y tejemos cosas juntas. Y también la entrada al Estado, se metió una y empezaron a entrar más. Y es literal lo que dice Lohana, es una fórmula matemática.

Lo dice por la frase de Berkins: “Cuando una travesti entra al Estado, cambia la vida de esa travesti. Cuando muchas travestis entran al Estado, cambia la vida de toda la sociedad”.

–Milei nos arrasó pero también produjo una reorganización. Me siento tranquila de que las más viejas no están poniendo solas el cuerpo. No son el motor principal, somos un montón de motores nuevos.

AB / MA

La gastronomía está viviendo un momento realmente crítico debido a factores socioeconómicos. En un marco recesivo y de contracción del consumo (bajó al menos un 20% desde marzo), lo primero que se recorta es salir a comer afuera, y los locales, desde los que ostentan estrellas Michelín a las fondas y bodegones, lo están sintiendo.

Otro fenómeno que sucede a la par de la crisis en todo el país, pero que es menos aparente –o está directamente invisibilizado– es la violencia machista cotidiana en espacios laborales relacionados con la cocina y barra, que sumada a la informalidad característica del sector, da como resultado que el ámbito se haya vuelto especialmente corrosivo para mujeres y disidencias LGBTQI+. Es decir, si bien la situación general afecta a todos, el impacto se recrudece sobre las mujeres a causa de desigualdades estructurales, y además, prácticas violentas y discriminatorias que están empujando a muchas de ellas a considerar dejar el rubro -o el trabajo nocturno-, cambiar de actividad o diversificar su empleo

“El que no está en el rubro no tiene idea de lo que hay detrás de un plato. Sueldos, materia prima, alquiler, vajilla. Soy gastronómica hace más de veinte años, trabajando en Argentina hace más de una década y jamás ví una situación tan angustiante”, comenta una dueña de un local en CABA. Si pensamos que al consumidor de a pie le cuesta imaginarse toda la cadena de trabajo y valor que hay detrás de un plato de comida o de una taza de café, ¿qué tanto sabemos quienes van a restaurantes de las violencias que viven las mujeres y disidencias LGBTQI+ que trabajan en la gastronomía? ¿Por qué se habla de un ámbito que se ha vuelto cada vez más “expulsivo” para todas ellas? Y, ¿cuál es el vínculo entre informalidad, violencias de género y salud mental?

Aunque hoy en día veamos más referentes femeninas en la TV o en las tapas de las revistas, y aunque en efecto se hayan incorporado a la hospitalidad más mujeres que hace una década, esto no quita que al 2025 la gastronomía continúa siendo un espacio masculinizado en donde se siguen presentando numerosas dificultades y limitaciones para las mujeres y minorías, solo a cuenta de su condición.

La precariedad, un precursor de las violencias

Los cierres y el poco movimiento traen un mal sabor en la boca de las personas que integran este sector, ya que recuerda lo sucedido en la pandemia. Los especialistas vaticinan un panorama aún más desalentador, en un país que ya es caro en dólares para los turistas y con crecientes costos dinamitando al rubro desde adentro, se estiman que van a cerrar el 30% de los restaurantes en Buenos Aires -la mayoría pymes.

La gastronomía es uno de los sectores que más dinamizan la economía en parte por constituirse como primer empleo para muchas personas, aporta al PBI por estar relacionado también con sectores clave como la agricultura, el turismo y la hotelería, pero también con el patrimonio cultural. Sin embargo es un ámbito profundamente precarizado: trabajadoras informales con empleos no registrados, sin cobertura médica o protección en casos de accidentes (algo corriente en la actividad), falta de aportes jubilatorios, licencias de por maternidad y un sistema de propinas que genera polémica desde siempre por usarse para compensar los sueldos magros. Entre el 30% y 50% del sueldo de un gastronómico, dependiendo del puesto y el local, proviene de este aporte voluntario, que ni siquiera es legal o tributa.

La informalidad opera como caldo de cultivo para las violencias: “La informalidad y la precarización laboral terminan siendo factores que afectan aún más a mujeres y diversidades y dejándolas en un mayor grado de vulnerabilidad frente a situaciones de violencia laboral (incorporada dentro de la ley de protección integral 26485). Es decir, la informalidad laboral las expone, complejizando sus situaciones y hasta generando una doble vulneración”, explica Melisa García, abogada feminista y directora de ABOFEM con experiencia en el rubro.

“Lamentablemente se trata a la mujer como tonta ante desafíos empresariales. Al momento de negociar condiciones laborales se subestima la capacidad, se pide todo el tiempo que demostremos ser merecedoras de un trabajo que ya estamos capacitadas para realizar. Harta de la precarización laboral solo por ser mujer”, dispara una gastronómica de 34 años desde Córdoba, donde gerencia uno de los restaurantes más conocidos de su ciudad).

Según datos del informe regional, El lado B de la Gastronomía: sexismo y precarización en el sector gastronómico (2023), realizado por el Observatorio de Género y Salud en Gastronomía de la ONG Mapa de Barmaids & Afines, casi el 60% de las participantes afirmó que alguna vez se sintió incómoda o que se la trató de manera indebida en una entrevista de trabajo. Muchas de las situaciones relatadas giran en torno al especial énfasis en la presencia física, “el ser linda”, “el tener buen peso” más que en el nivel de estudios o aptitudes o, incluso, la atención y mirada puesta, durante la misma entrevista, en partes específicas del cuerpo femenino.

El estudio se realizó en Argentina, Chile y México durante 2023. Las respuestas revelan una transversalidad escalofriante, ya que más allá de toda diferencia geográfica o cultural, las problemáticas son las mismas en todos lados: propietarios varones haciendo comentarios sobre el cuerpo, invitaciones a salir y hasta abusos físicos. “Fui acosada por un encargado y terminé renunciando yo porque el dueño no quería echarlo para no pagar la antigüedad. En otro trabajo fui acosada verbalmente de manera constante por todo el equipo de cocina conformado por varones incluido el jefe de área”, relata una trabajadora de cocina de 23 años que vive en Buenos Aires.

La experiencia femenina en la gastronomía y su lado B

Una cifra preocupante es la referida a los abusos físicos en el lugar de trabajo: un 33% de la muestra afirmó haberlos sufrido, esto es 3 de cada 10 mujeres. La mayoría (56%) lo padeció de parte de un superior o jefe, lo que implica una mayor asimetría de poder. Si bien estas cifras pueden considerarse una aproximación, ya que no todas se animan a declarar haber sufrido un abuso o sienten vergüenza o temor a admitir este tipo de agresiones, resulta un número significativo. Si se miran otros estudios más generales sobre acoso o delitos de abuso sexual se sabe que los resultados tienda a sub-representar las problemáticas. Además, muchas de las víctimas se encuentran en procesos legales y no quieren o pueden hablar. En este sentido, del total de las víctimas según el informe sólo un 3% afirma tener alguna denuncia o causa legal abierta.

No sorprende que sea una minoría la que denuncia, ya que siendo un nicho laboral tan particular -“donde todos se conocen con todos”-, muchas temen que una denuncia formal afecte sus referencias profesionales a futuro. Según el estudio, ser tildadas de “conflictivas” es uno de los grandes temores. Otras simplemente no pueden arriesgarse a perder su empleo. La culpa, la vergüenza o el miedo son las emociones más citadas. Como a veces es más fácil verlo o reconocerlo en otras personas, tampoco sorprende que de acuerdo al informe el 85% de los participantes diga conocer a otras mujeres o disidencias que estuvieron en situaciones de abuso físico o psicológico en su trabajo.

“Mi jefe me hablaba siempre fuera del horario laboral y en mis días de franco para que resuelva situaciones que podía resolver él. Muchas veces si yo establecía un límite me empezaba a hablar del merecimiento y utilizaba la manipulación para lograr lo que quería. Eso me afectó en mi salud mental”, admite una chica de 27 años, camarera, de Buenos Aires. En este panorama vemos a mujeres y disidencias sexogenéricas -que en muchos casos son muy jóvenes- expuestas a enfrentar la violencia laboral, psicológica o física en una relación doblemente asimétrica, por ser varones y por tener cargos de poder que les dificulta reclamar o denunciar (incluso en los casos en los que la víctima eligió hacerlo).

La salud mental es un punto álgido en un sector dedicado al servicio donde el contacto con la gente es diario, y donde muchas suelen tener que soportar o enfrentar malos tratos no solo de sus empleadores o compañeros, también del cliente,del que además también depende su sueldo por las propinas. El abuso psicológico también es citado como un problema dentro del ambiente laboral y tema recurrente en denuncias. Según el reporte de la ONG Burnt Chef (2022) el 84% de los gastronómicos y gastronómicas experimentan problemas de salud mental durante su carrera. “Escuché muchas veces mujeres y hombres decir ¿Viste la chica de la recepción? No está buena, deberían poner a una más linda’. Es decir que el público o cliente también tiene la misma mentalidad”, sigue una barmaid que trabaja en un conocido bar de CABA.

Maternar y trabajar en gastronomía: ¿misión imposible?

Según cuentan las trabajadoras del sector, un punto recurrente que suele surgir en las entrevistas de trabajo, indistinto del tipo de actividad que se realice (sea un puesto de cocina un restaurante, o una barmaid con trabajo a contraturno), son las preguntas en torno al estado civil o la planificación familiar. Cuesta imaginarse que aparezcan en entrevistas a los varones. “Cuando decís que tenés hijos y estás soltera medio que no les gusta mucho. En otra entrevista me dijeron que no considerara la oferta de empleo si yo tenía o pensaba tener hijos”, reclama una cocinera de 35 años que trabaja en cocina en Buenos Aires.

¿Cuál es el vínculo entre maternidad, sexismo y hospitalidad?, ¿cómo se articulan la maternidad, los cuidados del hogar y la vida profesional?, y ¿cuán difícil es maternar y ser una profesional de la gastronomía? Lo que la evidencia testimonial y algunos números nos dicen es que el ambiente de la hospitalidad está poco preparado para alojar ambiciones profesionales y un buen equilibrio entre vida personal y trabajo, al fin y al cabo, como sucede en la mayoría de los ámbitos laborales hoy. Esto se debe entre otras cosas a que el momento en que la mayoría de las mujeres puede despegar profesionalmente -gracias a que llevan años formándose o construyendo una carrera-, en los tardíos 20s o 30s, es cuando muchas eligen ser mamás.

Y es por esto también que mientras la jefaturas de los locales suelen estar en manos de los varones (cifras informales hablan de un 90% de chefs ejecutivos hombres y solo un 10% de mujeres), también existe todo un circuito de desarrollo profesional (incluyendo viajes, concursos, eventos, etc) y de validación del que las gastronómicas que eligen maternar se terminan quedando afuera por el cuidado de sus hijos y la carga doméstica. Por eso también muchas de las figuras públicas que trascienden y que logran maternar y tener una carrera o negocio, suelen ser mujeres que están al mando de sus propios locales o proyectos y de nivel adquisitivo de alto a medio.

“Faltan políticas que acompañen la maternidad en todos los aspectos. Por suerte no fue mi caso, pero sé que hay licencias muy cortas y escasa. Faltan lactarios, jornadas laborales reducidas en los primeros meses de vida de tu bebé, etc. Hay una frase muy habitual que dice: se pretende que trabajemos como si no maternáramos y que maternemos como si no trabajáramos”, cuenta Sol Cravello, jefa de Conocimiento Cervecero de Patagonia, sommelier de cerveza y jueza internacional, a sus 41 años.

Un estudio local realizado por Wines of Argentina antes y después de la pandemia tiene algunas cosas interesantes para aportar al respecto. Si bien el 60% del área de enología está dominada por mujeres, para sorpresa de nadie el sector sigue presentando aún una marcada brecha de género, ya que de cada 10 personas que trabajan en vitivinicultura, 3 son mujeres y 7 son varones. Ahora bien, aunque la enología todavía era predominantemente masculina, los resultados post-pandemia arrojaron una gran diferencia. La hipótesis del informe es que cuando muchas bodegas implementaron el trabajo híbrido o flexible, esto posibilitó que más mujeres (madres y con familia) se incorporaran al mercado.

“Dos cosas que tuve que sacrificar en mi carrera como madre fueron los viajes de trabajo espontáneos y los eventos nocturnos. Las compañías creen que es mejor contratar hombres ya que ellos no gestan ni son encargados de las tareas de cuidado”, asegura María Laura Muñiz, sommelier y dueña de una importadora de vinos y spirits, 40.

Esto pasa en toda la gastronomía, a misma cantidad de mujeres en centros de estudio culinario, del vino, carreras de coctelería, etc, e inclusive mayoría de egresadas mujeres en algunos casos como la enología, menos mujeres trabajando en puestos jerárquicos, ganando lo que corresponde; y luego, la penalización por la maternidad que dificulta conseguir y/o sostener trabajos, cuando las prácticas machistas no son las que las corren.

El consumo también es político

Todos los días quienes consumen alimentos -o servicios relacionados a la alimentación- toman decisiones cada vez más informadas sobre lo que eligen comprar. Discutimos mucho más hoy sobre los procesos detrás de los alimentos, leemos y analizamos etiquetas pensando qué nos llevamos a la boca; también como consumidores sopesamos variables como las de comercio justo o la trazabilidad ambiental de lo que metemos en el changuito, por eso la moda de consumir localmente o conseguir alimentos que no tengan impacto en hábitats naturales, comprarle a pequeños productores, etc. Pero, ¿pensamos alguna vez en el impacto humano detrás de la labor gastronómica? ¿En cómo tratan en ciertos locales al personal?¿Cuán diversos son o cómo son las condiciones de trabajo o de salud? Probablemente no todavía, no demasiado.

Sin embargo, quizás en un futuro no tan lejano podamos como consumidores cada vez más empoderados que somos, empezar a contemplar estas cuestiones en la ecuación cotidiana de nuestras elecciones de alimentación -o la hora de decidir a dónde ir a comer o beber-, que son también, después de todo, consumos políticos.

LM / MA

Una rueda humana con ocho, diez varones, ocupa el centro de la sala. En el medio, parada, está Lucila Maraga, detenida ilegalmente. Nadie sabe dónde está. Ni siquiera ella misma: lleva vendas en los ojos, las manos atadas y está desnuda. Comprende que está en el centro de una ronda por el movimiento: “uno me tiraba a los brazos del otro, volvía al centro y me seguían empujando. Era una sensación horrible porque sentía que me iba a caer, no tenía idea lo que pasaba”.

Lo que cuenta ocurrió en una habitación trasera del edificio de la Policía Federal de La Rioja, hace casi 50 años. Su testimonio –junto al de otras ocho mujeres– fue clave para condenar en diciembre de 2023 al exintegrante del Escuadrón 24 de Chilecito, también ex jefe de seguridad del Instituto de Rehabilitación Social de La Rioja, Eduardo Britos, como uno de los autores de esos padecimientos. Una variante de la tortura que se inscribió en los cuerpos de las mujeres: la agresión sexual.

Suena y resuena

Una resonancia metálica se expande por la habitación. Suena como “ommm”. La reverberación se prolonga cada vez que Claudia Mendoza golpea un cuenco con un mazo. Me lo acerca a la espalda y me explica que son instrumentos somáticos: “Entonces vos lo escuchas pero también lo sentís, ¿sentís las vibración en el cuerpo?”.

—Estos instrumentos ayudan a armar un baño sonoro, a generar una sensación. Y tienen diferentes tonalidades. Tenés estos otros que te ayudan a despejar la mente cuando estás muy saturada, y así, depende para qué lo quieras.

Claudia integra el Equipo Interdisciplinario de Acompañamiento a las Víctimas y Familiares del Terrorismo de Estado de La Rioja que se conformó para contener y ayudar a quienes debían declarar en Juicios de Lesa Humanidad. La mayoría son psicólogas, psiquiatras, trabajadoras y trabajadores sociales. Ella es musicoterapeuta. Trabaja en salud mental hace años pero considera que ésta experiencia fue la “más impactante y transformadora a nivel profesional”.

—Sentía que una persona, un cuerpo, que había estado en esas condiciones, necesitaba un anclaje diferente para poder destrabar la voz y hablar. Es muy difícil que alguien pueda expresarse si tiene un nudo en la garganta.

Los cuerpos, campos de batalla

Son las 4.30 de una madrugada de abril de 1975. En una cama de una plaza Lucila intenta dormir junto a su compañero, Lucho Gómez. Viven en una pensión austera que en 2025 será la sede del partido radical en pleno centro riojano Pero faltan años. Esa madrugada la policía se anuncia con golpes, armas largas y ferocidad. Entra, los carga en un vehículo y los traslada vendados para interrogarlos.

Cincuenta años después todavía puede repetir cada detalle de esa secuencia camino a la sede de la Policía Federal,porque se siente ahí. Sube escalones, ingresa por un garage. Es interrogada. Sale. Hace un trecho. Otro trecho derecho. Cruza un patio. Hay ruidos, risas, corridas, todo junto y desordenado. Alaridos de varones. A ella la espera la rueda humana que la obliga a desnudarse, manosea sus partes íntimas, la abusa. Por una fina luz que le deja la venda, solo ve botas.

Lucila tenía entonces 24 años. Ya era docente, militante gremial y estaba identificada con la pastoral de Enrique Angelelli. Fue una de las tantas riojanas detenidas antes que se instaure formalmente la última dictadura militar en Argentina, en 1976. Durante el gobierno democrático y peronista del ex presidente Carlos Menem, entonces gobernador.

Hoy tiene 74 años y es un torbellino. Como si hiciera carrera contra el tiempo para no dejar escapar segundos en los que alguien, en algún sitio, quiera escuchar el horror que se vivió hasta hace 42 años en Argentina. Del tiempo en centros clandestinos se le mezclan, como enjambre de abejas ciegas, momentos de tormentos, agresiones físicas y psicológicas. Como cuando la paraban contra la pared, piernas abiertas, desnuda, manos en alto, cabeza gacha, durante varias horas, no recuerda cuantas. La abusaron con morbosidad, dice.

Diana, embarazada

Diana está parada junto a Pano Navazo, el periodista que la entrevista para la serie Contra el Olvido. Historias de Resistencia que acaba de estrenarse en La Rioja. Él pregunta: “Si tuvieras que decir quién es Diana Quiros ¿qué dirías?”. Ella hace un paso para atrás, una sola respiración profunda y responde sin pausa: “mamá, esposa, abogada, militante de los derechos humanos, sobreviviente de la última dictadura militar”. Allí cuenta muchas de las vivencias que días mas tarde me narrará, de cuando estuvo en cautiverio forzado. También del aborto que le produjeron los golpes cuando la detuvieron a los 17 años.

De niña llegó a La Rioja desde Córdoba. Del barrio Benjamín Rincón se había pegado una costumbre muy característica de los años ´70 riojanos: pertenecer a grupos juveniles de la pastoral del obispo Angelelli, asesinado por la última dictadura militar. Diana terminó el secundario en diciembre de 1974 y ese mismo mes se casó. Llevaba dos meses como estudiante de enfermería cuando la detuvieron. En realidad habían llegado buscándolo a él.

—Yo cometo… creo que fue un error, de irme a una casa que ya estaba allanada. Como no lo encontraron a él porque estaba en la escuela, discutían si llevaban a mi suegro o a mí. Me cargaron porque era la más joven. A él lo buscaron, lo encontraron y detuvieron también.

Era de noche y estaba embarazada. Su destino también fue la sede de la Policía Federal, a dos cuadras de la plaza principal de La Rioja, donde funcionó el que considerado primer Centro de detención y tortura de la provincia de La Rioja, entre 1971 y 1979. Como testigo declaró en varios juicios que se tramitaron en La Rioja, haciendo la cronología del horror que ahora me narra:

—Me ingresaron esposada y vendada, me llevaron a una pieza que hay en el fondo tipo calabozo. Me dejaban sola y volvían, siempre eran patota. Yo escuchaba los gritos porque esa noche detuvieron a varios. Sabían que estaba embarazada porque los golpes eran siempre en la cabeza y en la panza.

La trasladaron a la Correccional de Mujeres por el embarazo y con un análisis corroboraron que estaba de dos meses y medio, consta en su historia clínica. Ese mismo día declaró ante un juez que ordenó la libertad pero al salir de la comisaría cruzó la calle, le atravesaron un falcón y la detuvieron otra vez en “la Federal”, como le llaman muchos de los detenidos. Durante la inspección ocular por los juicios, fue una de las que recorrió e identificó cada sitio de esa casona que funcionó como centro clandestino en la provincia.

—Ahi es cuando yo esa noche tengo el aborto —recuerda—-. Estaba vestida con un pantalón rojo y una blusita celestita. Tenía un camastro, sin colchón. Empiezo a sentir dolores en el cuerpo y mucho en la cintura, en la espalda. Imaginate, era primeriza... Empiezo a llamar a la guardia, le pedía que llamen a un médico, decían que estaba mintiendo“. Finalmente la llevaron a un hospital: ”Estuve en los pasillos, nadie me quería recibir porque era una subversiva, una terrorista, no era un ser humano... Cuando me atiende el médico me dice que ya no había nada que hacer.

Declarar, reparar

Virginia Miguel Carmona es la fiscal federal de La Rioja. Instruyó una de las dos megacausas que investigaron y condenaron a responsables por delitos de lesa humanidad en la provincia, y fue quien abrió la puerta hace dos años para que se juzgara también por delitos sexuales al ex gendarme Eduardo Britos, condenado a perpetua por participar en el homicidio del laico Wenceslao Pedernera.

—Hay una característica de La Rioja que siempre destaco: se guardó tanta prueba documental que permaneció intacta, que no lo podés creer. Se conservaron cosas del ´76 y ´77 en el Juzgado Federal, en el Instituto de Rehabilitación Social, en el Ejército. Muchos documentos para poder reconstruir quiénes estaban en cada lugar y en cada momento.

El debut de la fiscal en juicios por delitos de lesa humanidad fue en 2016 con la “megacausa La Perla”, de Córdoba. Una de las más importantes del país, duró cinco años, casi 900 testigos, más de 700 víctimas. En aquel proceso ella pidió uno de los días de alegatos del Ministerio Público Fiscal solo para hablar de lo que había detectado: un plus de violencia contra las mujeres solo por ser mujeres.

—Había abusos, alusiones a los cuerpos, burlas, violaciones y todo lo que se te ocurra de manera perversa sobre los cuerpos femeninos, que no surgía en las declaraciones de los varones. Y es porque había un prejuicio mayor y un plus de violencia hacia las que no respondían a los cánones sociales de la época, lo que no se esperaba de una mujer ama de casa, dedicada a los hijos.

En el fallo de esa megacausa, Miguel Carmona dejó asentado que el machismo “desde la sociedad se trasladaba intramuros con crudeza en contexto de cautiverio forzado”. Habló expresamente de la violencia de género y consideró que no había que juzgar a los responsables por tormentos, porque dejaba impune el delito sexual. Idéntico lente aplicó para investigar lo sucedido en la megacausa riojana.

—En La Rioja pasó lo mismo, ese plus de ensañamiento por no responder a los estereotipos. Si había un represor condenado por tormentos y en realidad había violado a numerosas víctimas, toda esa porción de la delictividad quedaba impune.

En el último juicio escuchó cerca de una decena de testimonios sobre agresiones lacerantes en zonas íntimas, torturas físicas y psicológicas. Escuchó también el nombre y apellido de quienes las cometieron y aplicó un recurso que habilita el Código Procesal Penal Argentino: amplió la denuncia para que se dictara una condena completa contra Britos por abusos deshonestos, agravado por haber sido cometido por encargados de su guarda.

El fallo está entre los primeros del país que reconoce que en ese plan de exterminio el género sí determinó la aplicación de mayor violencia sobre los cuerpos. La prueba: el testimonio de las propias víctimas y la construcción de la memoria colectiva de esas mujeres.

Delitos sexuales de lesa humanidad

Viviana Reinoso tiene muchos números de fallos y nombre de causas en la cabeza. Son parte del recorrido que fue haciendo la justicia argentina para reconocer los delitos sexuales desde que se reabrieron las causas para juzgar el terrorismo de Estado, en 2006. Es abogada querellante de varias víctimas en los juicios que se tramitaron en La Rioja. Pone claridad judicial al explicar que se trata de delitos sexuales de lesa humanidad, porque fueron realizados en el marco de un plan de exterminio del opositor político:

—Crimen de lesa humanidad es el ataque generalizado y sistemático en contra de una población. Una de las cosas que retrasó el proceso judicial fue, por un lado, los tiempos de las víctimas para poder hablarlo. Y por el otro el error de considerar que lo generalizado y sistemático tenía que ser el delito sexual en sí y es un error. Cuando lo generalizado y sistemático es el ataque en sí, puede existir un hecho, una sola violación, pero vos tenés que encausarlo en ese ataque.

Explica el recorrido que tuvo que hacer la justicia para poder juzgar al “actor mediato” de los delitos cometidos en la dictadura. Resalta que la primera sentencia que tipifica como delitos sexuales y no como tormento es la de Mar del Plata, donde se condenó a reclusión perpetua al suboficial Gregorio Molina en 2010. Tras muchos años de silencio, la justicia argentina condenaba por primera vez la sistematicidad de los crímenes sexuales ocurridos durante el terrorismo de Estado.

Memorias sonoras

Claudia Mendoza estuvo casi desde el principio en el grupo que coordinaba la psicóloga Graciela Seppi, quien la convocó interesada en su formación. Trabajó lineamientos de un equipo nacional, con modalidades de intervención “bastante pautadas”, dice. Antes de tomar contacto con personas a las que podía acompañar y frente a tantas horas de escucha en las audiencias, hizo un ejercicio muy acorde a su especialidad. Se dispuso a crear los climas sonoros que rodeaban a los juicios.

—Logro captar algunas cuestiones desde mi oído terapéutico sobre las sonoridades. Lo que pasaba en las calles, sala de espera, adentro de las audiencias, con la radio abierta que hubo. La gestualidad, la corporalidad. Creo que eso fue también una modalidad de soportar el horror de la escucha.

Me mira convencida que sé de lo que habla: “Ya sabés que escuchar el horror no es gratuito”. Ahí es cuando asegura que puede usar herramientas del arte para habilitar otras formas de expresión.

—La música actúa en todos los planos. A nivel cerebral, que es como nuestro comando, ahí están las emociones, las sensaciones. Siempre hago el ejercicio de sentir la música con el cuerpo, por qué parte del cuerpo tiene salida. Los ritmos activan la parte del cerebro que es la motricidad. Aparecen colores, formas, imágenes mentales, recuerdos, asociaciones, una letra. Toda nuestra vida está hilvanada de canciones. Todo eso te va configurando una identidad sonora.

El silencio de la espera en una sala. Pronto lo cortará una voz para pronunciar el nombre de alguien que se sentará frente a desconocidos para hurgar en su mente el sufrimiento. En esa ausencia de ruidos se puede reconocer el ritmo acelerado de un corazón a punto de explotar -dice Claudia-. Ahí, donde las palabras retumban y la atmósfera se pone densa, también hay una pieza del rompecabeza del espanto.

Claudia cita al psicoanalista David Nasio para explicar que “el dolor es como una locura de las pulsiones, una rítmica de las pulsiones. Descubrí que mi tarea era volver a acompasar ese ritmo, y eso se logra por medio de las canciones. Tenemos una cultura maravillosa donde están los ícaros, cantos de sanación que usaban nuestros aborígenes o las canciones más tradicionales que son envolventes”.

Mover y reconstituir el dolor

Diana y Lucila estuvieron detenidas siete años. Las trasladaron desde La Rioja al Penitenciario Federal de Villa Devoto, en Buenos Aires, en el mismo avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina. Contorsionadas y atadas de manos en el piso, vivieron el tormento cuando en pleno vuelo se abrían las puertas y aturdía el aire y la amenaza de ser arrojadas al vacío. Compartieron la cárcel y coinciden que esa fue una escuela de vida. Relatan estados mentales de los momentos en que el dolor se volvía insoportable, y las dos dicen idéntico: “no sé cómo explicarte”.

—Lo que hice fue empezar a sumar, no a contar las clásicas ovejitas —es increíble, pero se ríe Lucila—. Era como que te ibas y volvías. Te ocupabas en tratar de ubicar el número. Lo empecé a hacer como una forma para salir de eso, porque era demasiado. Yo había decidido no hablar en los interrogatorios y el castigo era peor. Como que con la suma yo protegía mi fuerza, porque no sabía qué me esperaba al otro día, tenía que estar lo mejor posible. Me pasó los siete años que estuve en la cárcel.

—Yo no estaba ahí —sentencia Diana—. Tenía una total abstracción de lo que estaba pasando. Cuando estaba en el avión no perdí la conciencia. Estaba el cuerpo ahí, tirado, meado, pateado, pero mi mente estaba en otro lado. Mi espíritu, no se como llamarlo, no estaba ahí. Es como un mecanismo de defensa…. Parece que tu cuerpo no aguanta, no resiste, entonces como que me elevo, ¿entendés? Como que hay una cosa ahí superior. Rara. Como que llegas a un límite y decís “no, me preservo de esto”.

Claudia encuentra paisajes similares en las memorias de esos cuerpos: “Escuché mucho sobre esa escisión en el momento de la tortura. El cuerpo se escinde, hace un corte, la cabeza va por un lado, el cuerpo por otro donde se anula la sensación. Es como anestesiarlo para poder soportar. Esa anestesia muchas veces puede perdurar en esta cosa defensiva de no querer sentir”.

En su libro La llamada, la periodista argentina Leila Guerriero hace un retrato fino y punzante sobre la historia compleja de Silvia Lavayru, ex militante de montoneros secuestrada, torturada y violada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) entre 1976 y 1978. Ahí la cita: “vivo en Buenos Aires pero no vivo. Vivo en el limbo”. Seguido dice la periodista: “Estremece un poco, porque se parece demasiado a la frase que usa para describir lo que le pasaba cuando estaba en la ESMA y la llevaban a algún sitio en auto:«Iba mirando la calle a través de la ventanilla y sentía que no estaba ni viva ni muerta, ni en un lado ni en el otro. En el limbo» ”.

Tejido comunitario

Diana dice que no se sana. Nunca. Prefiere decir reparar. Una parte de ella está convencida que “no hubo tiempo” para procesar la pérdida de su primer embarazo, ni siquiera con quien era su esposo, porque una vez en libertad se separó y tuvo que construir una vida nueva. Se recibió de abogada y tuvo dos hijos.

—Cuando salí de la cárcel empezaba a contar algo y mi mamá me decía “no me hablés”. Nunca quiso que le contara nada, mi hermana tampoco, ni mi papá. ¿A quién iba a contarle semejante cosa? Todavía no puedo verbalizar la pérdida. Hay una parte de mi ser que me dice “existió”, y otra parte dice capaz que no, que te pareció, que se equivocaron los análisis. Para que no duela.

Con el equipo de acompañamiento y los juicios tuvo una oportunidad para revolver: “sacar de adentro todo lo que había pasado y sin esconderte nada, porque sabías que solo la verdad, y con la memoria, ibas a poder reparar el daño”.

Desde la praxis judicial, la fiscal Miguel Carmona cree que el acompañamiento psicológico de personas que están capacitadas para contener una víctima en esas condiciones es crucial para que puedan declarar: “ese coraje de las víctimas ante el tribunal y las partes en un juicio es porque creían que realmente se los podía juzgar”.

Claudia dice que la sanación tiene también componentes espirituales: “El cuerpo es maravilloso. Tiene muchas capas. Yo descubrí con estas mujeres que en el plano de lo físico tiene esa capacidad de reciclar. Y después en las otras capas, en el campo espiritual, están esos otros cuerpos que hay que ir reparando, como… uniendo”.

“Siento que ellas han encarnado un daño que sufrimos todos. Con su cuerpo han transitado el horror que nos pertenece a todos. Por eso son tan importantes los juicios. Cuando algo de la reparación sucede, en lo comunitario, también se reconstituye ese tejido”.

Como esa testigo que salió de declarar y en la vereda del edificio judicial rodeada de amigos, familiares, otros ex presos y presas, cantó la canción Campanas de palo, de María Elena Walsh.

MSL / MA

Sobre la tierra rojiza de Tartagal, a más de 360 kilómetros de la capital salteña, aún se sostiene uno de los derechos más golpeados de los últimos años: el derecho a decidir. En el norte de Salta, el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo –garantizado por la Ley 27.610 desde 2021– se enfrenta a un desmantelamiento sistemático que opera en silencio, y que nuevamente va camino a convertirse en un privilegio de clase.

En este contexto las comunidades originarias son las más afectadas. Lejos de los centros urbanos, las mujeres wichí, guaraníes y chorotes enfrentan no solo la falta de insumos médicos, sino también barreras culturales, lingüísticas y territoriales. “Hoy estamos sintiendo lo peor que puede pasar en un país”, dijo Nancy López, líder weenhayek-wichi de la comunidad Ocku Puckie en Salta. “El hospital ya no te da nada. Antes te daban una tableta y vos comprabas otra. Ahora sólo te dan un papel para que compres todo. Y muchas veces no tenés ni para una”, expresó apenas pasadas las 8 de la mañana de un martes, ya que ni bien terminase de hablar tendrá que salir a los “territorios” para continuar el trabajo de lucha y resistencia de las comunidades indígenas.

Ese “papel” es una receta. Un papel que, traducido al mercado, vale 110.432 pesos: el costo actual de una caja de misoprostol en farmacias privadas, según confirmó la médica Miranda Ruiz, garante de IVE/ILE en el Hospital Público Juan Domingo Perón. Ese hospital —el tercero más grande de la provincia— ya no cuenta con stock de medicamentos. “Desde la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria se dan 15 turnos todos los lunes a la mañana. Pero no tenemos medicación desde hace meses” por lo que “se les da receta para que compren”, resumió Ruiz, quien en 2021 había sido imputada por aborto sin causal, pero fue sobreseída poco más de un año después por el Poder Judicial salteño.

Un Estado ausente, una ley quebrada

Macarena Villena, médica de familia e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, lo dijo sin rodeos: “Tenemos ley, pero no tenemos medicación. El acceso está quebrado. Y se está elitizando”. Aseguró que desde marzo, no hay distribución pública de misoprostol ni de mifepristona en Salta. Como efectora asegura que las compras que venían haciendo la provincia también se interrumpieron. “Nos dijeron que no hay autorización para seguir comprando. Y lo poco que llega no cubre la demanda”, denunció. Este medio intentó comunicarse con las autoridades a cargo —Javier Sapura, supervisor de Salud Sexual y Reproductiva de la cartera de Salud de Salta, quien dijo estar de licencia; y Patricia Leal, en Maternidad e Infancia; y — pero no recibió respuestas a las consultas.

Lo cierto es que desde diciembre de 2023, el gobierno nacional de Javier Milei avanzó con una política de recorte total en los programas de salud sexual y reproductiva. No se autorizaron partidas para compra de medicamentos, anticonceptivos ni insumos básicos. Además, se desarmaron programas y equipos técnicos, y se interrumpieron las líneas de capacitación a profesionales. El Ministerio de Salud no renovó contratos ni continuó la distribución de misoprostol y mifepristona, esenciales para garantizar abortos seguros.

La consecuencia es clara y en la provincia el aborto legal dejó de ser gratuito y pasó a ser un privilegio. “Estamos atendiendo mujeres que pueden trasladarse, que tienen obra social o que logran reunir el dinero. Las demás ni siquiera llegan a pedir turno”, explicó Villena. “¿Qué pasa con ellas? ¿Dónde están? ¿A quién recurren?”, se preguntó la profesional de la salud que fue una de las impulsoras públicas del debate por el aborto legal, seguro y gratuito en Salta. No tiene respuesta.

Para Villena, que ejerce en el principal epicentro de la provincia, el problema que se vive en Salta tiene nombre y apellido. “No hay voluntad política para garantizar la ley. El gobernador Gustavo Sáenz es antiderechos. Se alinea con Nación, que dejó de enviar medicación. Y mientras tanto, la provincia no reclama ni demanda nada. Se quedan callados, como si no fuera su responsabilidad”, denunció.

Las cifras que el Estado conoce (y desoye)

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta (OVcM) registró, en 2024, un total de 4.621 interrupciones voluntarias del embarazo. La demanda se concentra en mujeres de entre 21 y 30 años -- 1.331 en el grupo de 21 a 25 años, y 1.223 en el de 26 a 30—. Esta franja, que representa más del 55% de los abortos realizados, coincide con una población en edad fértil, activa, muchas veces jefa de hogar.

Aún así, hay otro dato, más urgente y más oscuro: durante el 2024 se realizaron 83 IVE y 19 ILE en niñas y adolescentes de entre 10 y 15 años. Más de cien casos en menores, lo que significan casos atravesados por la violencia sexual, la falta de educación sexual integral, el miedo y el silencio. Ante lo que debería ser motivo de escándalo y la posibilidad de reforzar las políticas públicas, estas se desmantelan.

Las interrupciones legales del embarazo, por causales como violación o riesgo de vida, sumaron 382 en todo el año. Febrero fue el mes con más casos (49), y julio el más bajo (12). Por edades, la distribución es similar: la mayoría de las ILE (93) se realizaron en mujeres de 21 a 25 años, seguidas por el grupo de 26 a 30 (85). Pero la presencia de niñas en esos datos (19 entre 10 y 15 años) revela un dato más profundo: la violencia estructural sigue operando en los cuerpos más vulnerables, sin que haya una respuesta estatal integral.

La comparación entre IVE e ILE por grupo etario refleja el mismo patrón, donde el aborto en Salta se muestra como una necesidad transversal, concentrada en mujeres jóvenes, con capacidad reproductiva activa. La diferencia es que la ILE, por definición, representa situaciones críticas. Y esas situaciones no son atendidas como tales.

Si algo dejó el debate público por el derecho al aborto fue la consciencia de que detrás de cada cifra hay una historia. Sin embargo, hoy se visibiliza una ausencia porque mientras los números muestran la demanda, el sistema de salud pública no está preparado para responder. “El derecho a decidir está condicionado a lo que consigas en la farmacia o a lo que puedan donar las redes feministas”, sentenció Villena.

Las barreras invisibles: idioma, territorio, cultura

En las comunidades indígenas, esas barreras se vuelven muros. “Siempre he dicho que si hablo de aborto, las mujeres no lo aceptan. Creen que es un crimen”, dijo Nancy López. Pero esa resistencia no es caprichosa, puesto que muchas veces es producto del desconocimiento, de la falta de información en la lengua materna, de protocolos que no consideran las culturas locales. “Los papeles están en castellano y con palabras que muchas no entendemos. Si no entendés, no podés aceptar”, explicó.

Por eso, un grupo de mujeres indígenas impulsó la creación de cartillas traducidas al wichí y al guaraní, acompañadas por audios en lengua originaria. “Cuando lo escuchan en su idioma, lo entienden. Y ahí empieza el debate”, contó Nancy. Relató que este año, con esfuerzo propio, lograron hacer talleres en dos comunidades. En uno de ellos participaron 78 mujeres. Pero sin movilidad, sin talleristas, sin financiamiento estatal, la tarea es lenta. “Avanzamos igual. Despacio, pero avanzamos”, repitió Nancy.

Fue en diciembre del 2021, que un grupo de mujeres, entre las que se encontraba Nancy López, dieron a conocer la creación de una herramienta pensada desde sus territorios, sus lenguas y sus cuerpos. Se trató de “Cuerpos y libertades”, una colección de materiales traducidos e interpretados a los idiomas wichí, guaraní, toba y chorote, que adapta los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación para la atención integral en casos de violación sexual y para el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE).

Más de veinte personas participaron de este trabajo colectivo junto a traductores especializados, que asumieron el desafío de trasladar al lenguaje propio de cada comunidad no solo las palabras, sino los sentidos, las prácticas y los derechos. El objetivo era garantizar que cada persona pueda tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva sin que la barrera idiomática sea un obstáculo. “No hay anticonceptivos. No hay nada”

En Tartagal, Pamela Justiniano -responsable de la Dirección de Mujeres y Diversidad- denunció una situación alarmante. “No hay anticonceptivos. Ni pastillas, ni inyectables, ni preservativos. Hace meses que no llega nada”, expresó. En ese sentido, dijo que la falta de insumos básicos deja a miles de mujeres y personas del colectivo LBGTIQ+ sin posibilidad de elegir, sin protección frente a infecciones, sin alternativas. “Los kits de salud sexual están vacíos. Y los programas de atención en barrios y comunidades están paralizados”, detalló.

Además de los insumos, también dijo que faltan vínculos institucionales. Para ingresar a las comunidades indígenas, dijo que su equipo necesita autorización desde el CIC Rural. Pero, con el cambio de autoridades, esa articulación se cortó este año. “La nueva dirección no responde. Hay que mandar notas, esperar semanas. Y muchas veces nos dicen que no”.

Justiniano también afronta una gestión con recortes. “Nos dijeron que no hay recursos para seguir haciendo territorio. Que salgamos lo menos posible”, lamentó. Ante ello, la planificación de acciones ahora se reconfigura desde la precariedad: visitan comedores y merenderos con recursos propios, recolectan ropa en eventos, y apelan a la colaboración de negocios locales para ayudar en fechas clave como el Día de la Madre o del Niño.

La situación también se agrava por los obstáculos logísticos. “Antes realizaban operativos desde una articulación multidisciplinaria, donde llegaban a los territorios equipos de Salud, Educación, Género”, entre otros. También, la oficina que dirige Pamela casi fue trasladada a la terminal de Tartagal, lejos del circuito de instituciones claves como el 911 o Ciudad Judicial. “Nos negamos, porque es fundamental estar cerca. Es el único recurso humano que tenemos para acompañar a una mujer en situación de violencia. No se puede ir sola”, insistió.

La red, la trinchera, la esperanza

Sin Estado, sin medicamentos, sin recursos, lo que queda es la red, sean profesionales, indígenas y feministas. “Volvimos a coordinar con el Socorro (Rosa de Salta) como antes de que exista la ley. Armamos redes de donación de medicación. Y esto no debería pasar. Ya no”, dijo Villena. A modo de ejemplo, contó que en Cafayate, gracias al esfuerzo de una psicóloga del hospital, logran entregar parcialmente misoprostol a quienes consiguen la mifepristona por su cuenta.

Lo cierto es que la urgencia por garantizar el derecho a decidir también se une a la urgencia por comer. En un contexto socio económico alarmante para el país, las salidas se sostienen desde las redes, principalmente de mujeres. Nancy López, contó que mientras intentan dialogar sobre el derecho al aborto, en paralelo llevan adelante otros procesos, como la elaboración de huertas comunitarias y trabajos con artesanas junto a organizaciones de la sociedad civil. Además, sostienen la Radio La Voz Indígena, sin auspicios. “No tenemos ayuda, pero seguimos. Porque la radio siempre fue nuestra herramienta para decir la verdad”, manifestó.

En la diaria, desde la Dirección de Mujeres y Diversidad son testigos del deterioro social. “Las mujeres vienen y te dicen que no tienen ni para comer. Te muestran fotos de casas hechas de plástico. Es tremendo cómo está golpeando la crisis”, contó. En muchos casos, la ayuda se reduce a un módulo alimentario esporádico o a gestiones que hacen con el área de Desarrollo Humano o colectivos barriales.

La situación en comunidades indígenas es particularmente delicada. “Hay mucha discriminación, cuesta mucho que se acerquen. Y cuando lo hacen, si no podemos darles algo concreto, se sienten defraudadas”, expresó. Sin capacitaciones ni recursos sostenidos, la tarea de acompañar se vuelve cuesta arriba.

A pesar de todo, Justiniano afirmó que siguen saliendo al territorio, aunque sea “arañando”. Sostienen talleres, acompañan trámites judiciales y se organizan en red. “No vamos a dejar de salir. Aunque sea con lo que tenemos, vamos a seguir llegando”, afirmó.

En la misma sintonía, Nancy López dijo que están “tratando de que no se caiga todo. Es difícil, pero si avanzamos lento, avanzamos igual. Como decimos entre nosotras: hay que arañar el año (hacer todas las acciones posibles), pero hay que llegar”. En esa frase está la síntesis de una lucha que no claudica y que se enfrenta al desprecio de quienes gobiernan.

ML / MA

La sexualidad de las personas con discapacidad (PCD) sigue siendo un tema tabú para la sociedad. Pensar en seducir cuando usás pañales, tenés una sonda, no podés mover tus manos o tus piernas, o podés tener una crisis no es sencillo. Las aplicaciones y redes sociales pueden ser aliadas, pero también una barrera que impida la vinculación cuando es el único modo. En gran medida, las posibilidades de vincularse se relacionan con los recursos que cada persona tenga, la autopercepción, como viva su discapacidad y cuán receptivo sea el entorno.

La adolescencia es un momento complejo en el que las diferencias parecen negativas, pero todos buscamos que nos quieran y en esta etapa, que nos acepten también.

Las personas con discapacidad no somos todas iguales, incluso teniendo la misma discapacidad podemos necesitar o no apoyos, gozar de diversas maneras y preferir formas distintas de vincularnos. Algunas elegimos maternar, tener o no una pareja exclusiva o abierta, pero lo más importante es poder elegir y ejercer nuestros derechos con libertad y autonomía.

La asistencia sexual es cuando una pareja requiere de una persona que les asista en sus movimientos, o cuando una PCD necesita de alguien para conocer su cuerpo y experimentar.. La asimilación con el trabajo sexual, así como la asistencia como una especie de corrección de la sexualidad son temas que generar debates y diversidad de opiniones.

Apartheid y discapacidad

“¿Querés que te describa cómo soy? Yo quiero que sepas como soy. Uso anteojos, ojos marrones, pelo rosa”. Cali tiene 31 y hoy vive con su familia. Hasta hace 2 años vivía sola, pero las crisis y la falta de trabajo y apoyos, hicieron que vuelva. “Tengo epilepsia focal compleja, y mis crisis son motrices y gelásticas con psicosis”, explica y da un ejemplo: “Son las que tiene el Joker, el Guasón de Batman. Por eso se hace Joker, porque se burlan de él y la sociedad lo rechaza. Somos siempre pacientes, asesinas, personajes burlescos, o villanas, y nunca protagonistas de comedias románticas”.

Cali es además una persona intersex: “Yo siempre caminé de la mano de la discapacidad y la intersexualidad, así que toda mi experiencia de mi infancia y adolescencia la identifiqué con la intersexualidad y luego supe que también tenía que ver con la discapacidad. Hasta mis veintipico no me asumí PCD, pero siempre fui una persona con psicosis”, explica. Con este panorama, asegura, todas sus relaciones siempre estuvieron ligadas a la locura y a su estigma. “¿Cómo me iba a relacionar con otras personas siendo yo una persona loca? ¿Cómo compartir que escuchaba voces o tenía ideas que las otras personas pensaban como delirantes?”, recuerda. “Di mi primer beso a los 23 años, empecé a salir con otras personas recién cuando pude hablar de mi psicosis”. Sus crisis motrices son diarias: relacionarse implica decir que tiene epilepsia, qué hacer frente a una crisis, cuándo la otra persona tiene que ocuparse y preocuparse. “Claro, la discapacidad no está pensada como algo erotizante… a no ser que sea un fetiche”, explica.

Cuando el deseo apareció en su vida, Cali descargó Tinder, fue a una cita y tuvo una crisis delante de esa persona. “Luego me puse ‘persona intersexy orgullosamente disca’ y no tuve un match nunca más”, asegura.

Cali afirma que a partir de las redes sociales e internet hay mayor fetichización de corporalidades de personas con discapacidades visibles: “Ha habido discusiones sobre asistencia sexual que yo odio la idea de asistencia, pero el trabajo sexual de PCD y pensado para PCD es algo de lo que se empezó hablar en los últimos años. Yo salgo con personas con discapacidad porque hablamos de nuestra discapacidad, de lo que necesitamos y ya está, luego nos conocemos cómo somos. Sigue habiendo un apartheid y también en nuestra mente a la hora de desear y que nos deseen”.

¿Qué es el cuerpo perfecto?

Andrea es periodista, tiene 38, trabaja hace 15 años en una dependencia del Estado, vive sola hace 6 años y medio. “La verdad que la adolescencia la transité con bastantes prejuicios sobre qué iba a poder hacer o cómo me iban a ver los demás”, recuerda. La primera vez que se sintió “una más” fue a los 18 cuando empezó a acercarse a un grupo de jóvenes de la Biblioteca para Ciegos . “Me dieron mucha seguridad para salir a la calle y también respecto a los vínculos sexoafectivos porque por primera vez pude sentir que un pibe de ese grupo se estaba fijando en mí y fue el primer novio que tuve”.

Vivió el surgimiento del #NiUnaMenos como oportunidad de romper con miedos propios. “Por fin se podía hablar de que los cuerpos no siempre son perfectos. Bueno, ¿qué es el cuerpo perfecto? Yo tengo una discapacidad visual y una discapacidad motriz, las dos de nacimiento. Creo que la discapacidad que más conflicto me genera es la motriz”, comparte.

Dice entre risas que las aplicaciones de citas le resultan un “supermercado de personas”, prefiere conocer gente en otros espacios. Hasta ahora han sido varones con discapacidad visual porque Andrea siente que los demás tienen prejuicios por su discapacidad. “Contacté con una asistente sexual para que me ayude a descubrir aquello que sí podía. Yo tengo una posición bastante ambigua respecto del trabajo sexual, no en el sentido moral, sino por perspectiva de género y la lucha contra la trata y explotación de personas. Pero para mí fue un antes y un después –reconoce Andrea– . Hasta ese momento yo venía leyendo sobre el tema y sentía que era complejo porque siempre se hablaba desde la perspectiva del varón que necesitaba la asistencia de una mujer, pero no era mi caso. Yo me considero cis-hetero y necesitaba saber qué podía y que no porque me había quedado en un callejón sin salida”. Los médicos le habían marcado qué podía, pero para Andrea la palabra no era suficiente. “No es lo mismo que experimentar qué posturas podía tener con el cuerpo”.

“¿Quién es esta desquiciada que no está en una cama triste tirada llorando?”

Mica tiene 27, estudia derecho y trabaja en el Banco Central. Está en pareja y vive sola.

“Soy una persona con discapacidad motriz bastante visible porque estoy amputada de mis 2 piernas. Cuando era adolescente estaba un poco excluida porque la onda era ir a boliches”, recuerda. Trataba de ir pero encontraba obstáculos: “Están pensados para un número muy desbordante de gente, no había baños accesibles entonces si tomaba, me tenía que ir temprano”.

Los hoteles alojamiento tampoco son accesibles. “Mi vínculo tenía que subirme con una mano y sostener la puerta con la otra para poder entrar. A la gente que estaba esperando le parecía rarísimo, se quedaba mirando y trataban de ver mi cara, a ver quién es esta desquiciada que no está en una cama triste tirada llorando porque tiene una discapacidad”, explica.

Mica se presenta como bisexual y asegura que la experiencia ha sido distinta con varones que con mujeres: “Generalmente los hombres sin discapacidad esperaban que yo ignore mi discapacidad, les costaba mucho aceptar que yo hay cosas que las tengo que hacer distinto –asegura–. Eso no me pasaba con mujeres. Las que se interesan saben que por la discapacidad tenés otras necesidades. Yo no puedo ponerme en 4 por ejemplo”, especifica.

Conocer su cuerpo le permitió conocer su deseo: “Con el tiempo yo empecé a saber cómo funcionaba mi cuerpo. Sé qué no me gusta y también la gente es más receptiva”, cuenta.

Pensarse en pareja

Meche y Silvina comparten la vida hace 30 años y están casadas desde 2010. Se conocieron porque Meche buscaba una persona con quien compartir el alquiler. Silvina tuvo dudas. “Sabía que Meche estudiaba, iba a la universidad, que se manejaba bastante bien en su casa, pero yo igual pensaba: ¿Qué me va a pedir? ¿Qué voy a tener que hacer?”, recuerda. Pero nada fue como lo había imaginado: “Me di cuenta de que teníamos mucha afinidad y ella me gustaba”.

Hoy son mamás de Ludmila, que tiene 23. Meche recuerda: “Desde muy chiquita quise ser mamá. Para nosotras se jugaban un montón de prejuicios sociales sobre nuestra maternidad porque al ser lesbianas se sumaba que yo tuviera una discapacidad”.

Hubo apoyos. Meche enumera: “La señora que la llevaba en el micro, la señora que trabajaba en casa, limpiaba y la cuidaba cuando íbamos a trabajar. Y mi silla electrónica que para mí es fundamental en mi vida y lo fue particularmente en mi maternar”. Recuerda cómo la fueron usando, ella y su hija que aprendió a subirse, a pararse atrás y agarrarse de las manijas.

Cuando tenía unos 11 años, Ludmila les contó que había sufrido más la discriminación social en relación a la discapacidad de una de sus mamás que al hecho de que fueran lesbianas. “Las veces que no pudimos ingresar a los lugares porque no había accesibilidad o que no pudimos tomar un transporte. Recuerdo cuando teníamos que ir a su muestra de acrobacia y ningún taxi me paraba. Entonces la disyuntiva era si ellas se iban en el auto y llegaban a tiempo o si me esperaban”, recuerda Meche.

“En general no se nos piensa con parejas ”, asegura. Está convencida de que los prejuicios más fuertes sobre las personas con discapacidad surgen en torno a la sexualidad. Meche polemiza: “Yo tengo una mirada bastante crítica en relación a la asistencia sexual porque desde la perspectiva de género siempre son las mujeres pobres las que ponen el cuerpo y yo soy abolicionista en relación a la prostitución”. Es un tema espinoso en el que no hay una mirada unánime, ni en los feminismos, ni entre las personas con discapacidad ni en la sociedad en general. A Meche, además, le parece que el concepto de asistencia es precisamente asistencialista: “No caminar o no mover los brazos no significa que no pueda tener relaciones, incluso una persona puede tener relaciones sexuales si no se le para el pene porque tiene lesiones medulares. Esa es una mirada reduccionista de la sexualidad, como si todo fuese que alguien venga y te manipule un genital”, asegura. Imagina perspectivas feministas colectivas, talleres feministas y de PCD que trabajen el erotismo. Considera: “Profesionalizar esa intervención es medicalizante y patologizante”.

Dolor y deseo

Julia tiene 30, vive con su gato, es docente de teatro en una escuela secundaria, concejala en Monte, Provincia de Buenos Aires y escritora, “Para mí no había nada malo en mí por lo que otro me rechazara, siempre fui de naturalizarlo, pero tengo colecciones enormes de rechazo”, comparte. Julia tiene una malformación en su columna vertebral que le provoca baja altura y dolor crónico. Llegando a los 18 empezó a percibir una atención particular: morbo. “No entendía bien por qué me generaba tanta bronca y lo descubrí buscando la palabra en el diccionario, que es atracción hacia algo desagradable”. Le pasó cuando usaba Tinder: “Había mucha gente que miraba mi foto y me decía que le generaba morbo tener relaciones conmigo, entonces me incomodaba mucho porque me hacía sentir un objeto inanimado que no decide”, explica.

“Todos buscamos que nos quieran. Creo que al tener la discapacidad, una recae en la culpa de pensar que es por eso que no consigue pareja”, explica- “Pero en el pueblo somos pocos y por ahí el que me interesa está ocupado”. Tuvo dos relaciones, pero ninguna formal ni pública. “Con mi primer pareja había un esfuerzo de él porque yo me muestre como una especie de amiga. Yo nunca le atribuí la responsabilidad directa a que yo tenía discapacidad y que quizás le daba vergüenza que lo vean con una piba como yo, ahora sí lo veo un poco así. Cuando sos más chica y estás muy enamorada aceptás cualquier cosa, ahora tengo otras herramientas”, asegura Julia.

Con el segundo vínculo fue distinto: “Él no tenía discapacidad y era súper respetuoso de los tiempos, del cansancio, de los dolores sobre todo. Tener dolor crónico y compartir sexualidad con alguien es un mundo interesante para revisar para que el otro no se transforme en una especie de enfermero pero tampoco que no haga como que nada pasa”.

“No podía no ser quién era”

Fran tiene 34, vive sólo desde hace 2 años con apoyos las 24 horas. Es dramaturgo, actor, escritor, cantante y da conferencias sobre discapacidad, accesibilidad y diversidad.

Cuando supo que era varón se lo dijo a su madre. “Me dijo que hable con la psicóloga, que obviamente no le dio importancia. Me dijo: ‘ Vos tenés que ser una persona con discapacidad integrada a la sociedad’”. El resultado: retraimiento. “Me metí mucho para adentro y cuando me tocó ir a la secundaria no sabía cómo relacionarme. Con varones no, porque me sentía diferente, pero con mujeres tampoco. Nadie me hablaba”, recuerda. Se enamoró de una compañera y fue muy tormentoso. “No podía no ser quién era”, explica. Necesitaba apoyo para vestirse y su hermana fue una aliada. “Cuando yo decidí que ya no me quería poner más ropa femenina la tiramos”.

Fran relata dos situaciones de “abuso o algo no consentido”. Primero en la adolescencia, luego más grande. En ambos casos le dijeron que era exagerado “que a todas las personas con vulva les pasa”. “Las PCD somos un colectivo mucho más vulnerable a eso y la respuesta que recibimos no es la que tendríamos que recibir”, reclama. Y reafirma que prefiere escuchar a su cuerpo.

Sobre la asistencia sexual asegura que para él es un puente: “Siento que es un vínculo para acercar, como un puente entre la discapacidad y la sexualidad que en general no se juntan porque pasa que hay mucha curiosidad, mucho morbo pero cuando está la posibilidad la gente medio se escabulle porque no sabe qué tiene que hacer”, comparte. “Me ha pasado de conocer gente en boliches y decir ‘Me muero por darme con esta persona, pero ¿cómo hacemos?’ Para mí es construir un vínculo, que se de un espacio cuidado y accesible y explorar lo físico de la sexualidad que es saludable”.

Libertad y violencia

Vick tiene 28, vive sola y trabaja de manera independiente. Es editora audiovisual, fotógrafa y gestora cultural y estudió Cine.

“Yo me imaginaba a mí misma como alguien con quien no querrían estar, así que ni siquiera lo intentaba. Le escapé a la dinámica heterosexual de como se relacionaban las personas porque al ser usuaria de silla no se daban comúnmente las citas”, asegura. Usa aplicaciones y pone fotos en las que se ve la silla de ruedas. “Tuve citas, algunas fueron un fiasco, otras son muy buenas. También me gustó y me sorprendió gente muy directa. Alguien que directamente me dijo: ‘Hola, ¿querés coger?’. Que se animen a proponerlo, me gusta.

Vick explica que le resulta más fácil relacionarse con mujeres. “Al hombre lo tenés que educar con la discapacidad y con todo, las chicas son más comprensivas y empáticas pero al mismo tiempo te da cosa acercarte, hay otras dinámicas complejas que no son por la discapacidad sino por el esquema en el que nos relacionamos las mujeres”. Los vínculos no son sencillos más allá de las circunstancias. Tuvo tres parejas estables: dos varones y una chica. El primer vínculo duró tres años y recuerda que la familia de él la amaba: “Pensaban: ‘Qué ángel, qué hermosa, qué valor mi hijo, qué luchadora’. Mi familia lo amaba a él por caminante”.

“Hay mucho estereotipo quizás de que las PCD tienen que salir con una PCD, yo nunca tuve ni siquiera una cita con una. Estoy re abierta a eso pero no se ha dado”, asegura Vick y explica su punto de vista: “Hay 2 tipos de discas: los que vivieron toda su vida en el mundo de los caminantes, como yo, que no notaba que hubiese diferencias, yo era la única hasta los veintipico de años. Y hay aquellas que toda su vida se relacionaron con otras PCD”.

Vick practica Ballroom, una disciplina que es una suerte de desfile LGBTIQA+ y que ella define como “espacios de resistencia queer”. “Hay una categoría realness y hay que presentar nuestra realidad ante un jurado. Por ejemplo, las herramientas que usa una mujer trans para pasar en la calle como una mujer cis”, explica Vick. Ella fue la primera persona con discapacidad en participar. “Participé en todas las categorías, nos juntamos a entrenar y a bailar. Yo tengo muchas cicatrices y es algo que siempre escondí de mí y a partir de ballroom empecé a sentirme cómoda con ellas”, celebra.

Sin embargo, la violencia aparece. “Una vez salí con un chico que sacaba fotos de desnudos. Cuando nos despertamos me estaba sacando fotos de las cicatrices”, relata. Ella no había consentido, no estaba posando. “Le dije enojada que abra el rollo para que se vele y nunca más vi a esa persona, casi lo escracho”. Vic es clarísima: “A mí no me interesa salir con una persona porque lo que le gusta es mi discapacidad”.

Gozar del propio cuerpo

En las voces de las personas con discapacidad no hay una única forma de vivir la sexualidad, ni una definición cerrada de lo que está bien o es posible. Hay experiencias marcadas por el estigma, el deseo, la soledad, el dolor, los condicionamientos, el goce, la incomodidad y la libertad. Lo que une a todas no es la discapacidad, sino que cada persona enfrenta las barreras que la sociedad impone al deseo cuando no encaja en la norma. Esta nota no busca conclusiones, sino dejar registro de algo más profundo: que hablar de sexualidad y discapacidad no es hablar de lo excepcional, de súper héroes o heroínas con capacidades sobrenaturales, sino de lo pendiente, del dolor de la exclusión y los estereotipos, y de la posibilidad de construir vínculos saludables, de disfrutar con otres, de decidir y de gozar del propio cuerpo y del de la persona que nos atrae, que nos desea, con la que queremos pasar un rato agradable o aquella que amamos.

VG / MA

“Necesito saber qué debo hacer para dar en adopción… estoy en gestación y no puedo tenerlo… ayuda”. Este mensaje que llegó a las redes de una voluntaria de la Red Argentina por la Adopción, es un ejemplo de lo que viven muchas mujeres que deciden seguir adelante con un embarazo no deseado pero no quieren ejercer la maternidad. No saben qué hacer, salvo ocultarlo. Quieren entregar en adopción al bebé que van a parir, pero también evitar el escarnio y ser juzgadas por su decisión. Para muchas, el principal miedo es si su voluntad va a ser respetada.

Es una decisión difícil, que suele tomarse en soledad, con vergüenza y bajo el peso del estigma social. “Se juega la idea de la mala madre, y el prejuicio es tal que esa persona queda incluso por fuera del reino animal”, describe con crudeza Inés Belaustegui, jefa del equipo de Trabajo Social de la Maternidad Estela de Carlotto, de la localidad bonaerense de Moreno.

Sin embargo, es una opción válida prevista en la legislación argentina. Carolina Videtta, doctora en Derecho y abogada especializada en derecho de familia por la UBA, explica que el artículo 607, inciso b, del Código Civil y Comercial contempla la decisión libre e informada de ambos progenitores de entregar a su hija o hijo en adopción. Esa manifestación debe ser ratificada 45 días después del nacimiento.

Esa validación tiene un motivo: “Es una forma de resguardar el proceso subjetivo y emocional que atraviesa una mujer que acaba de parir. No necesariamente lo que pensaba a los cinco o siete meses de embarazo será lo mismo que sentirá en el momento del nacimiento”, plantea Marianela Ripa, abogada especializada en derecho de familia y magíster por FLACSO. Ripa, que viene investigando la jurisprudencia en la materia, subraya la importancia de acompañar a estas mujeres para discernir si la decisión forma parte de un proyecto vital o si responde a contextos que impiden ejercer la maternidad.

También se debe tener en cuenta el derecho del padre, en los casos en los que está identificado. Sin embargo, en la mayoría de estos relatos la figura paterna brilla por su ausencia.

El derecho a decidir

Las razones para no querer maternar son múltiples. Según los equipos que les dan seguimiento, las más frecuentes son situaciones traumáticas como violencia de género, abuso sexual, pero también la existencia de vínculos no formalizados o inestables, falta de apoyo de la pareja o la familia, dificultades económicas. En algunos casos no acceden a un aborto legal por desconocimiento, trabas en el sistema o porque llegan “tarde”, pasado el límite legal. En otros casos rechazan la opción. Se trata de decidir libremente sobre el propio proyecto de vida.

En Argentina, el sistema de determinación de la maternidad es forzoso, queda establecido por el hecho del parto. Es decir: en una primera instancia será la madre quien haya dado a luz. “Sí o sí va a quedar determinada esa maternidad. Después, puede que lo quieras dar en adopción, pero al parirlos te inscriben como madre de ese niño o esa niña”, explica Videtta, coautora del libro Quiero adoptar: cómo construir la parentalidad adoptiva. No pasa lo mismo con el progenitor, salvo que esté casado legalmente con la mujer.

El desafío del sistema judicial es equilibrar los derechos de ese niño o niña a crecer con su familia de origen y la voluntad autónoma de la madre. Porque la ley también establece que la declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar o referente afectivo ofrece asumir su guarda o tutela.

Para Ripa, en estos casos, la primera decisión es de la mujer. “No sabemos su historicidad. Y si llega a esos momentos, es posible que no haya contado con redes afectivas. Quien porta un embarazo también tiene la capacidad de hacer un análisis respecto al interés superior de ese niño. No es algo que tengamos reservado las abogadas y abogados del sistema judicial”, subraya.

En cuanto a la posibilidad de apelar a la familia ampliada, Ripa plantea que hay que respetar el propio análisis de esa mujer: “Tengo que suponer que también ha evaluado con qué recursos y déficit cuenta su propia red”.

La experiencia indica que, en general, quienes se proponen dar en adopción después de parir, no solo están muy decididas, sino que no quieren que las llamen más. Y el lapso de 45 días para ratificar termina siendo para muchas un forzamiento del Estado a volver a abrir una etapa que quieren cerrar.

El camino a seguir

En varias provincias es el Registro de Adopción el encargado de acompañar los procesos de mujeres que quieren renunciar a la maternidad, como sucede en Mendoza o Chubut. En otras provincias, como Buenos Aires, los hospitales o maternidades se contactan directamente con los servicios locales o juzgados de familia para dar la intervención.

Sin embargo, la información sobre cómo proceder o adónde dirigirse no está fácilmente disponible. Mariana Macía, abogada, mamá por adopción y voluntaria de la Red Argentina por la Adopción, recibe varias consultas al año a través de redes sociales. Cuenta que luego de dar una respuesta, en general, las mujeres no vuelven a comunicarse. “Que el acceso a estos datos no sea simple, genera más miedo y oscuridad al tema, porque las puede llevar a tomar decisiones que hasta pueden ser ilegales”, asegura Macía.

Para Ripa –quien además se desempeña en el Poder Judicial mendocino–, “la renuncia a la maternidad se tendría que trabajar desde la Dirección de Género, porque para una mujer que se está haciendo esa pregunta, tener que ir a un lugar que se llama ‘adopción’ ya encamina todo hacia un único destino”.

Sandra Papania, directora general de la Oficina de Adopciones de Chubut, explica que cuentan con un protocolo junto al Servicio Materno Infantil. Si una embarazada manifiesta su intención de dar en adopción, se activa la intervención del equipo profesional, que junto a la maternidad evalúa la viabilidad. “La mayoría vuelve a ratificar su deseo después del parto”, señala.

Durante todo el proceso, detalla Papania, se brinda acompañamiento, se informa sobre el procedimiento legal, se elabora un informe técnico y, al momento del nacimiento, se realiza un acta que informa la voluntad de la mujer de dar el bebé en adopción que se entrega al juzgado interviniente. Será el juez quien determine si se inicia una búsqueda de familia extensa o de progenitor, o si se respeta la voluntad de la madre. “Muchas veces, sienten temor de no ser escuchadas. Desde la oficina buscamos acompañar y contener”, explica.

En Mendoza, el mecanismo es similar: cuando un caso llega a la maternidad, se notifica al Registro de Adopción y comienza un trabajo conjunto entre los equipos profesionales. “Las situaciones son muy diversas. Hay mujeres que no sabían que estaban embarazadas o lo ocultaron hasta el parto. Incluso, hemos atendido casos en los que no hubo signos visibles, ni siquiera para ellas mismas”, relata la licenciada Analía Correa, jefa del Servicio de Trabajo Social de la maternidad del Hospital Luis Lagomaggiore, una de las más grandes de la provincia y que más partos recibe.

Correa destaca que cada historia es única. Algunas mujeres mayores deciden dar en adopción por motivos económicos, familiares o de salud. En jóvenes, muchas veces está vinculado a un proyecto de vida o la percepción de que no es el momento para maternar. “Trabajamos desde una perspectiva de salud integral, no sólo física sino también mental, y buscamos que sea una decisión informada y consciente”, precisa.

¿Es posible correrse de la idea de “instinto materno” para pensar que la posibilidad de gestar no necesariamente trae aparejada la voluntad de criar? Responde Correa: “Sigue habiendo mucho prejuicio en torno a qué es la maternidad, a creer que una mujer ya viene preparada, chipeada, para ser madre. Persiste la idea de ‘¿cómo lo vas a dar?’, como si fuera antinatural”.

Ripa invita a preguntarse quiénes son las mujeres que toman esta decisión, cuáles son sus contextos, y si deciden autónomamente o la mayoría lo hace porque no cuenta con la posibilidad socioeconómica de criar. “Si es así –advierte–, se pone de relieve que lo que está en la base de los procesos adoptivos es la desigualdad económica”. Se pregunta entonces “si la adopción no sigue siendo una forma en que las familias o las mujeres empobrecidas por sistemas económicos sean las proveedoras de niños, porque las familias pobres no adoptan”.

Sin embargo, habla de decisión libre: “Una mujer adulta que, desde su posibilidad y su capacidad de reflexión, hace un análisis del interés superior de ese hijo que va a tener: se lo doy a otro porque yo, con mi realidad, no lo sostengo”.

Identidad y biología

Desde su experiencia en la maternidad Carlotto, Belaustegui resalta que ante la decisión de dar en adopción, la mayoría no lo hacen porque no les importe ese bebé, sino precisamente pensando en su bienestar. Remarca: “Es tan importante brindar información y acompañar en todo el proceso, para que la causa judicial sea más rápida y ella logre desvincularse respetuosamente”.

Una de las primeras cuestiones que plantean en las charlas en la maternidad es que hay un niño que tiene derechos, que nadie les va a pedir que maternen, pero que tienen que inscribirlo. “No es un NN, nació de una persona y el bebé tiene derecho a la identidad”, plantea Belaustegui. A veces intervienen en el trámite y trabajan para que no sea revictimizada. No es para nada sencillo. Si el equipo del juzgado y los servicios locales no toman en cuenta ese trabajo, vuelven a indagar a la mujer e intentan buscar a la familia ampliada. Por temor a estas situaciones, muchas son las que prefieren escaparse antes del alta.

En Argentina se juega un fuerte respeto a lo biológico, anudado a la historia del país. “Es razonable que pensemos la identidad de lo biológico cuando todavía tenemos nietos que han sido víctimas de la desaparición forzada que siguen siendo buscados”, detalla Ripa. Pero existen otras formas de ser familia que no priorizan lo biológico. “Quien nace tiene derecho a 'ser hijo de’, no en términos biológicos, sino en términos de sistema. Entonces, no siempre ser el niño llegado que la madre no quiso va a ser más saludable para la vida de ese niño que ser el hijo adoptivo de otra familia donde hay un lugar de hijo que hay que ocupar”, asegura la especialista en Derecho de Familia.

En países como Francia, Bélgica, Alemania y Luxemburgo, entre otros, existe lo que se llama “parto anónimo” o parto con X, que bajo determinadas circunstancias se puede levantar. Esto permite justamente reservar la identidad de la persona que va a parir.

“Si bien nos podríamos dar ese debate –plantea Videtta–, hoy no lo tenemos. Y más allá de que yo decida no maternar, voy a aparecer inscripta en la partida original de nacimiento de ese niño, en el legajo base, para que el día de mañana, si esa persona quiere acceder a su identidad, lo pueda tener”.

Belaustegui comparte el caso de una mujer que no quería maternar. “Era una situación de violencia donde la consecuencia había sido un embarazo no deseado, una maternidad no planificada. La crianza de ese niño, de esa niña, terminaba perpetuando el círculo del que ella buscaba salir”, relata. Sin embargo, el servicio local optó por evaluar a la familia ampliada y a la expareja. El padre del bebé dijo que quería criarlo, también la abuela. Ella, finalmente, terminó regresando a ese entorno.

La trabajadora social también cuestiona la idea de que lo biológico sea siempre lo mejor: “Muchas veces, se prioriza que se quede con la familia sin evaluar si es lo más sano para la mujer o el bebé”.

Derechos en pugna

En los últimos años, existe jurisprudencia con perspectiva de género que sienta precedentes importantes para modificar el accionar de la justicia, respetando el deseo de estas mujeres sin vulnerar los derechos de los recién nacidos. Ripa invita a cambiar el foco para pensar la voluntad de la mujer de no querer vincular al bebé con la familia de origen. Y cita un fallo de Tandil, donde la jueza determinó que el mejor interés para el recién nacido era aquel “elegido por su propia madre”. Y en el escrito lo justificó así: “No estoy, no estuve, ni estaré en sus zapatos, y mi obligación como magistrada es respetarla, como mujer y como madre, no imponerle el calvario de tener que convivir con su hija, o bien alejarse de su propia familia”. En este ejemplo, “la magistrada otorga valor a la evaluación que la mujer ha hecho de su propia familia biológica a partir de su experiencia vital, de su historicidad”, explica Ripa.

Videtta suma otras sentencias con un denominador común: casos de mujeres que no quieren maternar, en los que se hizo valer esa voluntad, no se convocó a los progenitores y no se trabajó con la familia de origen. Al indagar sobre quién era el padre, las mujeres referenciaron no tener pareja estable, o los embarazos eran producto de abusos.

En un hecho ocurrido en Neuquén, una joven que había fallado en su intento de interrumpir su embarazo con misoprostol, continuó en secreto, por miedo a ser excluida de su familia. Antes del nacimiento, hizo saber que quería que se le practique una cesárea con anestesia total y que no deseaba saber si el bebé había nacido, si estaba con vida, su sexo o su peso. En el fallo, donde se respeta no buscar a la familia ampliada, se destaca que “juega un papel fundamental el principio de la autonomía de la persona” y se resalta que “el plazo de 45 días resulta inconstitucional, ya que se le forzaría a maternar”. Después del parto, la chica dijo que se sentía “aliviada y que volvió a vivir”.

Doble vulneración

Para muchas, abortar es una opción. Sin embargo, a pesar de que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) son alternativas válidas en el país, se presentan múltiples barreras en el acceso. Enese marco, dar en adopción se convierte en la única opción para quienes decidieron no maternar.

En el último tiempo han aparecido casos de mujeres que solicitan una ILE en semanas más avanzadas en las causales contempladas por la ley —cuando está en riesgo la salud o la vida de la persona gestante o cuando el embarazo es producto de violación— y que, debido a dificultades en el acceso, dilaciones y a la vulneración de múltiples derechos, finalmente dan a luz y entregan a sus bebés en adopción.

Marianela Ripa narra episodios en Córdoba y Tucumán de niñas que solicitaron acceder a una ILE, pero los centros de salud obstruyeron su derecho al aborto. En dichos casos se desarrolló artificialmente la vida intrauterina y luego el hospital provocó el nacimiento en estadíos tempranos, al borde de la viabilidad fetal, vulnerando la voluntad de niñas y adolescentes. “Hay un ensañamiento terapéutico con esos fetos, que nacen con parálisis cerebral, ceguera, sordera y van a tener una calidad de vida muy compleja” debido a ese adelantamiento, y agrega: “Esto es netamente ideológico, como una forma de evitar los abortos y salvar embriones”.

Por su parte, Videtta considera que la jurisprudencia que se está generando “no es una buena”. La doctora en Derecho alerta: “Se está tomando el consentimiento de las mujeres que habían pedido una práctica médica, como es la IVE/ILE, y lo asimilan a la voluntad de entregar a su hijo en adopción, cuando son absolutamente distintas”. La realidad es que hay una vulneración de la autonomía de la mujer ya que el consentimiento informado que brindó fue para la interrupción del embarazo y no para cualquier otro fin. Un aborto jamás implica el nacimiento de un recién nacido vivo. Por definición el aborto es la expulsión de un embrión/feto muerto.

Belaustegui señala que, ante esta avanzada antiderechos, en muchos lugares no se les brinda información adecuada a las mujeres. La licenciada en Trabajo Social recuerda el caso de una mujer que llegó a la guardia tras un aborto mal realizado y en trabajo de parto. Ante ese escenario se escapó del hospital y fue buscada por los servicios sociales para que inscriba y nombre al bebé. “La mujer –indica– no estaba pidiendo dar en adopción, quería interrumpir un embarazo. Y termina teniendo que elegir entre dar en adopción o maternar”.

Por último, Ripa señala una jurisprudencia distinta: en Mendoza, un juzgado aplicó el artículo 607, inciso a, calificando al menor como huérfano sin vínculo y omitiendo registrar los datos de la progenitora.

Acompañar

El relato se repite en las maternidades y hospitales. En general, quienes llegan con el convencimiento de no criar a los bebés que están por parir toman la decisión de no nombrarlos, de no tener vínculo, de no verlos ni amamantarlos. Algunas solo quieren saber si están bien. Y existen pedidos de cesáreas con anestesia total, “para no enterarse de nada”. En los relatos de las experiencias que buscan ser respetuosas aparece todo el tiempo la consigna de “acompañar sin juzgar”. Algo que no es tan sencillo.

La licenciada Analía Correa explica que es un trabajo permanente lograr que el trato en el hospital sea basado en derechos, porque persisten situaciones en que hay personal de salud que, consciente o inconscientemente, busca convencerlas de maternar: “Te vas a arrepentir”, “Te vas a encariñar”, “¿Querés ver al bebé?”, “Es lo mejor que te va a pasar en la vida” son frases que siguen apareciendo.

Los equipos de obstetricia también deben poder brindar toda la información para que la mujer pueda decidir, incluso plantear si es mejor una cesárea o un parto. En Chubut, por ejemplo, Papania explica que en general se realizan cesáreas programadas. “Por diferentes motivos muchas no pueden llegar a un parto natural, y poder organizarlo les permite inventar, por ejemplo, ‘me tengo que operar un fibroma’”, explica.

Respecto a lo judicial, Ripa considera que podría repensarse la legislación, específicamente el artículo 607 b del Código Civil, agregando la opción de mantener la privacidad de las mujeres: “Esas situaciones –propone– habría que regularlas en términos habilitar la pregunta de si quieren o no que quede registro de ellas y asegurarles que no vamos a salir a buscar a su familia biológica”. A modo de síntesis final, trae algo que sucede cada vez más, en especial entre personas de más poder adquisitivo, y poco se cuestiona en su métodos: “En las gestaciones por sustitución o las técnicas de reproducción humana asistida, ya estamos tolerando que haya niños que no van a saber nunca nada de su material biológico. Entonces, ¿por qué no lo podemos tolerar en estos casos?”.

EB / MA

“Si las mujeres fueran más baratas, todas las empresas las contratarían”. Esta frase del economista y presidente Javier Milei dicha en el debate presidencial y repetida una y otra vez, resume el negacionismo respecto a la brecha salarial de género. 

El argumento parece sólido y con sentido, ¿por qué las empresas van a perder plata contratando varones si pueden contratar mano de obra aún más barata? Y si bien, a priori, la sociedad le perdonó el despiste y lo eligió Presidente de la Nación, hay múltiples razones argumentativamente consistentes para sostener que la afirmación es fake.     

En el año 2023 la economista Claudia Goldin fue galardonada con el Premio Nobel de Economía por su investigación sobre la brecha laboral de género. En su análisis, Goldin demostró que una de las principales causas de la desigualdad salarial es la segregación ocupacional: las mujeres tienden a concentrarse en trabajos peor remunerados (educación, salud, tareas de cuidado), mientras que los hombres predominan en sectores mejor pagos (tecnología y finanzas).

Si bien Goldin señaló que estas diferencias están influenciadas por factores estructurales, sociales y culturales, algunos sectores tergiversan su trabajo para argumentar que las mujeres simplemente “eligen” esos empleos por preferencia personal. Sin embargo, la investigación de Goldin no sostiene que esta elección sea libre de condicionamientos, sino que está profundamente moldeada por normas de género, expectativas familiares y las barreras que enfrentan las mujeres en el mercado laboral, especialmente tras la maternidad.

En otras palabras, el estudio de Goldin no niega la existencia de la brecha, al contrario, revela cómo las decisiones laborales están influenciadas por el contexto social y económico. 

Preguntas y respuestas

En épocas en las que el dinero es protagonista y el sistema capitalista está en crisis, hablar de brecha salarial parece un trabajo difícil pero necesario. ¿Por qué aseguran que la diferencia salarial alcanza hasta el 30%? ¿Por qué organismos internacionales sostienen que para cerrar esta brecha nos hacen falta más de 200 años de políticas de igualdad? 

Las fake news alrededor de este tema son muchas y razones de la brecha aún más. Para poder contraargumentar al menos las cinco principales, las miradas de dos especialistas: Fabiana Solano, socióloga especializada en género y análisis de discursos políticos y Lucía Cimid Obon, economista especializada en desigualdad de género en el mercado laboral y economía del cuidado.

1- “Las mujeres eligen carreras peor pagas” 

Apela al desconocimiento de los sesgos de género. Si bien los movimientos feministas en esta década insistieron y alcanzaron cambios, la sociedad continúa profundizando estas diferencias en la crianza entre varones y mujeres. Los juguetes, las expectativas familiares y la representación en los medios refuerzan esta división. En Argentina, según la UNESCO, solo el 34% de quienes estudian carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) son mujeres. 

A su vez, el valor económico también está sesgado por el género. Los sectores feminizados se pagan menos porque se consideran una extensión del rol doméstico. Podríamos decir que casi todo se desprende del concepto de “vocación”, las mujeres no hacen las tareas del hogar, del cuidado o de la enseñanza porque ganan un salario sino porque tienen la “vocación” de hacerlo a cualquier precio. 

Si miramos al sector de servicio doméstico, conformado casi íntegramente por mujeres, registra una tasa de informalidad del 75,6%. Casi ocho de cada diez empleadas domésticas se encuentra fuera del mercado laboral formal y lejos de sus derechos. 

Además, la relevancia de este sector para la estructura ocupacional es tan clave que, si se registrara al total de trabajadoras de casas particulares, la tasa de informalidad de la economía argentina se reduciría en 6,7 puntos porcentuales (caería del 36,7% al 30%). 

2- La maternidad interrumpe las carreras laborales de las mujeres

Otra vez, la cuestión de los cuidados como eje principal de la brecha. El problema no es tener hijes, sino que las tareas de cuidado recaen desproporcionadamente sobre las mujeres. A su vez, las licencias parentales desiguales refuerzan esta brecha.

“Hace más de 30 años que existen proyectos de ley para modificar las licencias parentales y nunca avanzan por falta de compromiso de los varones en el poder. No se trata solo de un problema de género, sino de política social. Los niños y niñas que crecen con ambos progenitores presentes tienen mejor desarrollo y mejores niveles educativos. La falta de licencias equitativas refuerza la idea de que la maternidad es un problema laboral”, sostiene Lucía Cimid Obon.

Por su parte, Solano refuerza: “El problema no es la maternidad sino que el sistema interpreta la maternidad como un problema. Por eso tantas mujeres postergan la maternidad o directamente deciden no tener hijes. Y eso se ve en las estadísticas. Al no tener un acompañamiento institucional nos interrumpe nuestro desarrollo laboral”. 

Las empresas, por otro lado, penalizan a las madres y no a los padres. Las mujeres que crían enfrentan más dificultades para ser contratadas, promovidas y acceder a mejores sueldos. Lo contradictorio es que la paternidad suele estar asociada a mayor estabilidad y confiabilidad laboral. Un estudio de la CEPAL muestra que las madres ganan, en promedio, un 25% menos que las mujeres sin hijes, mientras que en los hombres la paternidad no afecta sus ingresos.

3- Las mujeres trabajan menos horas por responsabilidades de cuidado

Desarmemos esta afirmación compleja: “Las mujeres trabajan menos horas por responsabilidades de cuidado”. Por un lado, hay mujeres que sí eligen cuidar pero, por el otro, la falta de licencias parentales equitativas, guarderías accesibles y horarios flexibles obliga a muchas mujeres (las que quieren y las que no quieren cuidar como única tarea) a reducir su jornada laboral. 

El trabajo a tiempo parcial tiene menos beneficios laborales y menor cobertura de seguridad social. Además, quienes trabajan menos horas, cotizan menos para su jubilación y tienen menos oportunidades de ascenso. 

En Argentina las mujeres dedican el doble que los varones a las tareas del cuidado. El 52,4% de las mujeres ocupadas trabajaban en puestos de media jornada, en comparación con el 25,4% de los hombres. 

Es muy loco (no) pensar que si bien el trabajo de cuidado y del hogar sostienen a la economía, ese trabajo está invisibilizado. Si se valorara económicamente, equivaldría a un 16% del PBI.

Estas labores permiten que otros (mayoría varones) puedan trabajar a tiempo completo. El cuidado tiene valor: si alguien necesita limpiar su casa o cuidar a adultos o a infancias, tiene que pagar para conseguirlo. 

4- Si fueran más baratas, solo contratarían mujeres

Volvamos a la frase de Milei: “Si fueran más baratas, solo contratarían mujeres”. Las decisiones de contratación no se basan únicamente en costos. Los sesgos y los estereotipos de género inciden. Las mujeres suelen ser vistas como “más propensas a faltar”, lo que lleva a que no sean la primera opción. 

Un informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) destaca que las mujeres enfrentan mayores tasas de desempleo, subocupación e informalidad en comparación con los hombres. Y eso que en esta nota no hablamos sobre la segmentación horizontal y vertical que dificulta el acceso a puestos de liderazgo.

Según Lucia Cimid Obon, gracias a los estereotipos, el mercado cree que las mujeres somos más caras y no más baratas. “Si hacen la cuenta completa, piensan en la posibilidad de que nosotras faltemos o nos embaracemos con una licencia de 90 días cuando los varones no la tienen”, sostiene. 

En Argentina, las mujeres representan solo el 35% del empleo registrado en el sector privado, a pesar de ganar menos que sus colegas varones (Fuente: Ministerio de Trabajo, 2023).

5- El mercado es “neutral” y no discrimina por género

El mercado está atravesado por normas sociales, culturales y de poder. Los sesgos de género persisten en todos los ámbitos pero particularmente el económico. Las decisiones de contratación, ascenso y remuneración se basan en percepciones sesgadas sobre la capacidad de las mujeres y la de los varones.

Un ejemplo de esto es un estudio que se llevó a cabo en el Instituto de Políticas Laborales de EE. UU. Este análisis mostró que, con currículums idénticos, los hombres recibían un 30% más de respuestas de entrevistas que las mujeres. 

Desde entonces, algunas empresas comenzaron a implementar sistemas de selección “a ciegas”, es decir, sin incluir nombre ni género en los CVs, con el objetivo de reducir posibles sesgos en la primera etapa del proceso. No se trata de una norma general ni de una política extendida, pero sí de una práctica creciente que busca evidenciar cómo incluso un dato mínimo —como el nombre— puede condicionar una oportunidad laboral.

Además, el pluriempleo, fenómeno contemporáneo, también tiene cara de mujer. En nuestro país esta forma agotadora de vincularse con el terreno profesional tiene a las mujeres de rehenes en un círculo vicioso de precarización. Mientras que el casi el 12% se mueve en el terreno de los múltiples empleos, solo el 6,2% de los varones lo atraviesa. 

Al respecto, Solano finaliza: “Debido a todo esto, es que es tan importante la construcción de estos espacios libres de sesgos para transformar el mercado. Que una empresa tenga una mirada piola al respecto no modifica en absoluto la reproducción sistémica, que ese es el gran problema en la actualidad. Se necesitan políticas públicas, una discusión permanente y una conversación social acorde a este nuevo paradigma para poder modificar al mercado”.

PG / MA