En 2025, luego de dos años de prórrogas, el Congreso aprobó un nuevo presupuesto nacional para 2026. Sin embargo, las prioridades votadas para este año no necesariamente se verán reflejadas de la misma manera cuando se llegue a diciembre. Si no hay nuevas modificaciones, el gasto destinado a Servicios Sociales cerraría alrededor de 7 puntos por debajo, en términos reales, de lo previsto originalmente. Y dentro de esa finalidad, la situación es todavía más desigual: mientras algunas políticas recibieron refuerzos, otras perdieron recursos incluso en términos nominales. 

¿Qué pasó? El Presupuesto 2026 combinó dos elementos que resultaron determinantes durante su ejecución. Por un lado, estableció que el ejercicio debía cerrar con un resultado financiero equilibrado o superavitario. Por el otro, fue elaborado con una inflación anual estimada en 10,1%, muy por debajo del 17,7% que proyectaba el REM cuando se presentó el proyecto y todavía más lejos de la inflación cercana al 30% que se espera actualmente para este año. 

Esa diferencia importa porque buena parte del presupuesto no se actualiza automáticamente con la inflación. Cuando los precios aumentan por encima de lo previsto, mantener una partida en los valores nominales aprobados significa, en los hechos, reducir los recursos con los que cuenta esa política. Y cuando al mismo tiempo existe una meta fiscal que debe cumplirse, la decisión sobre qué partidas actualizar, cuáles no (y de este modo, dejar que pierda valor) y cuáles directamente recortar adquiere una importancia central.

Eso fue lo que ocurrió durante 2026. A la licuación producida por la inflación se sumaron modificaciones presupuestarias realizadas por el Poder Ejecutivo. En mayo, por ejemplo, una Decisión Administrativa redujo el gasto autorizado en $2,44 billones con el objetivo declarado de cumplir la meta de equilibrio o superávit financiero establecida en la ley de presupuesto. Posteriormente hubo ampliaciones, entre ellas para prestaciones sociales, universidades, salud y salarios, pero esos refuerzos fueron selectivos y no alcanzaron a recomponer de manera general la pérdida provocada por la inflación. 

Y no todas las áreas corrieron la misma suerte. Parte de las actualizaciones estuvo vinculada con obligaciones legales, mecanismos automáticos o conflictos que limitaron el margen del Ejecutivo para mantener determinadas partidas congeladas. En Educación, por ejemplo, el principal refuerzo se produjo en el contexto del conflicto por el financiamiento universitario. Al mismo tiempo, otras políticas sociales continuaron perdiendo recursos. En el extremo opuesto, las partidas destinadas a inteligencia recibieron ampliaciones muy superiores a la inflación: el presupuesto de la SIDE pasó de $97.135 millones a $176.916 millones durante el año. 

Este contraste permite ver algo que queda oculto cuando la discusión se reduce a si el Estado alcanzó o no la meta de equilibrio fiscal. La readecuación del gasto no se realiza de manera automática y uniforme sobre todo el presupuesto. Existen decisiones sobre qué gastos se preservan, cuáles se refuerzan y cuáles absorben la pérdida. El equilibrio fiscal puede fijar el límite general, pero dentro de ese límite subsisten derechos y garantías constitucionales que exigen una cierta asignación del gasto.

Por eso, para entender lo ocurrido en 2026 hay que mirar también los años anteriores. Hacia fines de 2023 la reducción del déficit fiscal fue un objetivo central del Poder Ejecutivo, y la disminución del gasto fue el principal instrumento utilizado para alcanzarlo. Durante 2024 y 2025, además, no hubo nuevas leyes de presupuesto: se prorrogaron los créditos existentes en un contexto de inflación elevada. La repetición de partidas en términos nominales facilitó una fuerte reducción de su valor real, a la que se agregaron modificaciones presupuestarias y subejecuciones. 

En ese sentido, 2026 no inauguró esta lógica. Lo que cambió fue el mecanismo. Esta vez había un presupuesto aprobado por el Congreso, pero la combinación entre una inflación subestimada y una meta explícita de equilibrio volvió a colocar al gasto como principal variable de ajuste. De hecho, la propia lógica había sido explicitada anteriormente en el proyecto de Presupuesto 2025: frente a un desvío del escenario macroeconómico, se proponía adecuar el gasto para cumplir con la regla de equilibrio financiero. Esa regla no fue sancionada entonces, pero la Ley de Presupuesto 2026 sí incorporó la exigencia de cerrar el ejercicio con resultado financiero equilibrado o superavitario. 

El problema no es solamente contable. Una ley de presupuesto es una norma jurídica que debe cumplir mandatos constitucionales. La asignación de recursos es uno de los medios fundamentales para hacer efectivos los derechos fundamentales. Si frente a cada desvío de las variables económicas el resultado fiscal debe permanecer inalterado y el gasto es el que debe adaptarse, la vigencia de esos derechos puede quedar supeditada a un parámetro de mera conveniencia financiera. 

La experiencia de 2026 resulta especialmente relevante para discutir el Presupuesto 2027. Esta vez, la pauta oficial de inflación se encuentra mucho más cerca de las expectativas disponibles. El riesgo aparece en otro lugar: los ingresos. El proyecto prevé un crecimiento nominal importante de los recursos impositivos y aumenta sustancialmente su peso dentro de los ingresos corrientes de la Administración Nacional. Si esa recaudación no se concreta en los niveles previstos y, al mismo tiempo, se mantiene inalterada la exigencia de equilibrio, volverá a aparecer la pregunta sobre qué variable deberá absorber el desvío. 

Después de tres años de fuerte reducción en los recursos destinados a garantizar derechos, la pregunta cobra mayor relevancia. Porque el debate sobre el Presupuesto 2027 no debería limitarse a evaluar el escenario bajo las proyecciones iniciales; en un contexto volátil, resulta indispensable prever qué ocurrirá si las variables macroeconómicas divergen de lo estimado. Frente a desfasajes entre lo proyectado y lo que efectivamente suceda, ¿cómo se evitará que sean las partidas vinculadas a derechos las que absorban la diferencia? 

El autor es economista del programa Justicia Distributiva de ACIJ

En el debate político actual suele hablarse de números, equilibrios fiscales y planillas de cálculo como si fueran frías abstracciones. Sin embargo, detrás de cada partida presupuestaria que se recorta o se congela hay historias concretas, familias angustiadas y derechos básicos vulnerados. Nada ejemplifica con mayor crudeza esta realidad que lo que está sucediendo en el ámbito de la discapacidad en la Argentina.

Hasta hace muy poco, el gobierno nacional venía ejecutando un cumplimiento extremadamente parcial de la ley de emergencia en discapacidad. Si bien aplicaba un ajuste mensual de las prestaciones alineado con la inflación, arrastraba una deuda estructural insostenible: jamás compensó la pérdida de los dos años previos en los que los aranceles quedaron absolutamente congelados. Como resultado de ese desfasaje, los valores de referencia del nomenclador continuaron en niveles críticos. A esto se sumó el incumplimiento sistemático de otro pilar fundamental de la norma, del cual fui autor e insistí en reiteradas oportunidades: la correcta implementación de las pensiones no contributivas por discapacidad.

Las cifras del deterioro hablan por sí solas. Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alarmante 320,0%, los aranceles destinados a servicios esenciales como hogares, rehabilitación y transporte apenas se actualizaron en un 233,8%. La situación resulta aún más grave para los centros de día, los centros educativos terapéuticos, la escolaridad y los apoyos a la inclusión, cuyos montos sólo recibieron un ajuste del 219,8%. Esta brecha, generada y profundizada en los últimos años, la están sosteniendo a fuerza de sacrificio las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales e instituciones del sector que se encuentran al borde de la quiebra. El caso de los talleres protegidos es especialmente dramático, porque también sufren la caída del consumo y la recesión económica.

Frente a este panorama, el Poder Ejecutivo decidió ir más lejos al presentar el proyecto de ley de Presupuesto 2027. La propuesta oficial pretendía romper el compromiso de mantener la actualización mensual por inflación y, lo que es peor, desarticular la universalidad del nomenclador único fijado por una ley de los años noventa.

La idea de eliminar un arancel regulado para que cada empresa de medicina prepaga u obra social negociara de forma individual las prestaciones con cada familia constituye un despropósito conceptual e institucional. Hablar de un “acuerdo entre privados” y una “negociación libre” en este contexto es desconocer la realidad más elemental: una madre o un padre que pelea por la cobertura de las terapias de su hijo frente a una corporación de salud jamás se encuentra en una posición de igualdad. No hay negociación posible cuando una de las partes depende del tratamiento para tener una vida digna y la otra solo busca optimizar un margen de ganancia.

A la par, el proyecto oficial buscaba eliminar artículos clave de la ley de emergencia en discapacidad y reinstaurar el viejo y restrictivo esquema de pensiones por invalidez laboral, generando un grave retroceso en materia de derechos adquiridos.

Frente al rechazo generalizado del colectivo de la discapacidad y la resistencia de aliados políticos que se negaron a convalidar semejante avasallamiento, el gobierno debió dar marcha atrás. En los últimos días pasó de una postura intransigente –que asfixiaba al sistema de prestaciones– a lograr un dictamen de mayoría en Diputados que aceptará conservar el nomenclador único, mantener el ajuste mensual por inflación y dar curso a las pensiones por discapacidad integrando aspectos centrales de la ley de emergencia.

Cabe preguntarse a qué responde este repentino cambio de postura. ¿Estará influenciado por la cercanía de la visita del Papa o simplemente por la imposibilidad matemática de aprobar un presupuesto tan despiadado en el Congreso? Hay que tener una templanza especial para creer en la sinceridad de este giro de 180 grados, pero esa es la fotografía de la situación hoy.

Sin embargo, también el dictamen de mayoría presenta algunos huecos legales. La sociedad y las organizaciones representativas se mantienen en alerta para exigir la plena compatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado, la garantía absoluta de la cobertura de salud bajo la ley 24.901, el financiamiento adecuado para los talleres protegidos y el pago integral de todas las compensaciones adeudadas.

El reclamo es urgente y no admite dilaciones. La dignidad de las personas con discapacidad y la preservación de sus derechos no pueden estar sujetas al regateo político ni a la insensibilidad de un plan de ajuste.

*El autor es exdiputado nacional y autor de la ley de emergencia en discapacidad.

La pobreza y la indigencia del semestre enero-junio del 2026 que anunció el INDEC fueron de 32,3% y 7,5% respectivamente, lo cual es un aumento de 4,1 y 1,2 puntos respecto a diciembre de 2025. Cualquier conversación que comience dentro del ecosistema opositor con esa exclamación puede desatar una tempestad de protestas o de incredulidades. Eso se debe a que el aumento parece poco frente a una serie de afirmaciones que repetimos, o escuchamos, quienes nos encontramos en la vereda de enfrente del actual gobierno nacional:

Desarrollemos esos postulados para poder hacer un cuadro un poco más completo de la situación social, económica y política que se está configurando de aquí hacia la elección presidencial del 2027.

Actividad y empleo

El empleo registrado privado es el síntoma más importante de lo que podemos entender como una crisis, en el sentido más estricto de la palabra. En el siguiente gráfico se ve con claridad cómo se comportó esta variable en los primeros 30 meses de gobierno de las últimas 4 administraciones.

Algo que tienen en común el segundo mandato de Cristina, el de Macri y el de Alberto Fernandez es la creación de puestos de trabajo formales en el sector privado, al menos al principio, dado que Macri terminó en números netos negativos tras la espiralización de la crisis financiera autoinflingida.

La experiencia libertaria de Javier Milei, por el contrario, está en niveles record sin contar aún los datos desde el mes 30 hasta el final de mandato. Ese proceso viene siendo acompañado con un consecuente incremento tanto de subempleo como de las famosas changas. Es decir, lo que en las estadísticas oficiales se conoce como cuentapropismo y asalariados informales.

Los últimos datos del SIPA publicados no hacen más que confirmarlo. En junio de 2026 el empleo asalariado registrado del sector privado volvió a caer, y ya son trece meses consecutivos de destrucción de puestos de trabajo: la racha negativa más larga de la serie desestacionalizada, que comienza en 2009. Ni la recesión de 2018-2019 ni la pandemia habían encadenado tantos meses seguidos en baja. En ese lapso se perdieron 141.324 empleos privados formales, casi 11.000 por mes, y el nivel actual, de 6,13 millones de asalariados, es el más bajo desde abril de 2022.

Si se amplía la mirada al conjunto del trabajo registrado, la foto es aún más nítida. Desde noviembre de 2023 se perdieron 246.312 empleos asalariados privados, 87.629 públicos y 20.187 en casas particulares: en total, 354.128 puestos en relación de dependencia. En el mismo período, los trabajadores cuya ocupación principal es el monotributo aumentaron en 169.026. La sustitución es visible pero no alcanza a compensar: aun sumando a los independientes, el trabajo registrado cayó en 184.643 personas. Y lo que se gana no equivale a lo que se pierde. Un empleo con aportes, obra social, aguinaldo, vacaciones pagas y convenio colectivo se reemplaza, en el mejor de los casos, por una categoría en la que el trabajador paga su propia cobertura, no tiene paritarias ni representación sindical, y queda a merced de la facturación de cada mes

Este proceso se correlaciona perfecto con el fenómeno más novedoso de la experiencia de LLA en el gobierno: el divorcio entre creación de empleo y crecimiento de la actividad.

Como se aprecia en el gráfico, el año 2025 fue el primer de la serie desde 1996 en los que el Producto Bruto Interno crece y eso no tiene una correlación con el empleo. Esta anomalia libertaria es consecuencia de un modelo económico que intenta generar una “destrucción creativa” que no termina de iniciar.

Este concepto muy utilizado últimamente por los defensores del modelo actual, implica que los nuevos sectores de la economía con alto valor agregado o elevada competitividad van a derramar y generar riqueza tal que compense los que se destruyen. Sin embargo, esto no se ve en la práctica.

Esto es posible gracias a que los sectores que han crecido de manera constante a lo largo del 2026, 2025 y parte del 2024 (post devaluación y contracción fiscal-monetaria inicial) son solo 4: agroindustria, minería y energía, pesca e intermediación financiera.

Cuando uno mira el mapa sectorial del empleo cae de suyo hasta qué punto ese crecimiento no derrama. De los cuatro sectores que traccionan la actividad, solo el agro (+11.822) y la pesca (+1.300) sumaron asalariados desde noviembre de 2023. La minería y la intermediación financiera, que crecen en producto, pero perdieron 7.676 y 8.513 puestos respectivamente. En la vereda opuesta, industria, construcción y comercio, que explican el 44% del empleo asalariado privado registrado y el 29% del PBI, concentran la sangría. La industria perdió 88.496 puestos y acumula veinte meses consecutivos de caída, hasta su nivel más bajo desde el 03/2021. La construcción perdió 62.700 y el comercio 15.200. Entre los tres suman 166.396 empleos, dos de cada tres de los perdidos en el sector privado.

No se trata de un problema de productividad de algunas empresas: la actividad de esos sectores sigue lejos de sus niveles previos. La construcción cayó 24,5% según el ISAC, con desplomes en el despacho de asfalto (−37,6%), ladrillos (−29,8%) y hormigón (−25,4%), por citar algunos ejemplos. El índice de producción industrial manufacturero retrocedió 9%, con textiles (−33,2%) y maquinaria y equipo (−32,2%) a la cabeza. Las ventas en supermercados mayoristas cayeron 21,8% y en shoppings 7,4% [verificar todo el párrafo]. Son los sectores que más dependen del mercado interno y del poder adquisitivo del salario, precisamente las dos variables que el programa económico decidió comprimir.

La crisis tampoco reconoce fronteras. 22 de las 24 jurisdicciones perdieron empleo privado registrado desde noviembre de 2023. En cantidad, Buenos Aires (−90.103) y la Ciudad de Buenos Aires (−44.955) concentran más de la mitad de la caída, seguidas por Córdoba y Santa Fe, provincias con fuerte presencia industrial y de la construcción. En términos relativos, el golpe es más duro se lo lleva Tierra del Fuego que perdió el 17,9% de sus asalariados privados y Santa Cruz el 16,1%, mientras que La Rioja, Formosa, Misiones, Catamarca y Chaco perdieron más del 10%. Las únicas excepciones son Neuquén (+8,7%) y Río Negro (+3,3%), es decir, la geografía de Vaca Muerta. Es el mismo divorcio entre sectores ganadores y perdedores, ahora trazado sobre el mapa.

Todo esto puede sintetizarse en 2 frases que se popularizaron en las redes en los últimos meses y días, respectivamente: cada 75 minutos cierra una empresa en nuestro suelo y cada 3 minutos un argentino pierde su trabajo.

Los ingresos reales, el ¿síntoma? más raro

Dentro del panorama desarrollado, tenemos que incorporar una descripción más detallada de una variable central para explicar la evolución de la calidad de vida: los ingresos reales. En el cuadro que presentamos aquí debajo podemos ver la progresión de los salarios, distinguiendo entre registrados y no registrados, en relación a la inflación y a la canasta específica que marca el umbral de la línea de pobreza.

Como podemos observar, en los primeros 6 meses del año 2026, ha habido inflación acumulada, según el Indice de Precios al Consumidor del INDEC, de 16,9%. Dicho avance es casi idéntico al de la Canasta Básica Total, que ha crecido en su valor un 17%. En ese contexto general, el salario se ha desplazado nominalmente un 18,3% hacia arriba, lo cual nos deja frente a un escenario paradójico. Los sectores empleo-intensivos de la economía caen, consecuentemente las empresas cierran y los puestos de trabajo formales se destruyen a ritmos nunca vistos (privados por el mencionado ritmo de clausuras y públicos por el ajuste del gasto al que obliga la meta fiscal en contexto de caída recaudatoria). Así y todo, las remuneraciones laborales aumentan sobre la inflación. Poco común.

Si hacemos el ejercicio de bucear hacia adentro del dato de salarios, podremos apreciar que los que en lenguaje coloquial son conocidos como “en blanco” corren de atrás a los precios; su crecimiento del 15,4% indica una pérdida de poder adquisitivo. Ese comportamiento va completamente a contrarreloj de lo que algunos comentaristas han popularizado como el sub-mundo “barrani” de la masa salarial, dado que estos ingresos han aumentado un 29,3% en la misma cantidad de meses del 2026. Es decir, casi el doble.

Sin embargo, ocurre un problema con la medición de los salarios no registrados. Cuando uno ve la evolución intermensual de este tipo de ingresos, en una economía en recesión y con una gran destrucción de puestos de trabajo, parece difícil que ocurran esos aumentos.

A fines del 2023 se realizó un cambio en el cuestionario de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que buscaba captar mejor los ingresos no laborales de las personas. Sin embargo, esto generó que problemas con la serie como señala el panorama semanal del 1° de abril de 2026 de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia:

“A fines de 2023, la EPH actualizó su cuestionario individual, buscando mejorar su captación de ingresos no laborales y programas sociales. Previo a este cambio metodológico, el relevamiento incluía únicamente dos preguntas en este punto: i) monto de ingresos por jubilaciones y pensiones y ii) monto percibido por subsidios o ayudas sociales en dinero provenientes del gobierno, iglesias u otras fuentes. Desde 2024, la pregunta sobre jubilaciones se desagrega en nueve subpreguntas, distinguiendo, por ejemplo, entre jubilaciones contributivas, por moratoria y otras pensiones no contributivas (como la de madre de siete hijos). En paralelo, la pregunta sobre subsidios se amplía a tres ítems, incorporando explícitamente la percepción de AUH, AUE y Tarjeta Alimentar, otros programas sociales y ayudas provenientes de entidades no gubernamentales. Esta mayor desagregación podría estar contribuyendo a una mejor captación de los ingresos de jubilados y beneficiarios de programas sociales. Las series históricas, entonces, no son estrictamente comparables entre sí.”

Es dable mencionar, de cualquier manera, que los ingresos por programas sociales como la Asignación Universal por Hijo crecieron fuertemente durante este período de gobierno. No obstante, analizar este indicador del INDEC como una variable central genera problemas.

Pobreza e indigencia: ¿qué ocurre?

Recapitulando, la etapa que estamos viviendo del programa económico implica la coexistencia de fenómenos que hasta aquí no veíamos. Entre ellas se encuentran:

Si uno piensa que la secuencia actual del proceso económico es la destrucción de empresas, la mutación sociológica del trabajador va en dirección hacia la desprotección y los empleos formales pierden en la carrera de precios y salarios, el reflejo más rápido es suponer que la pobreza y la indigencia suben. Esto último adquiere más validez si se toma por cierto el consenso de los consultores de opinión pública sobre el acentuado deterioro en la imagen del Presidente y de la gestión. El asunto es que la magnitud de la suba puede no ser la que se esperaba en ciertos segmentos de la opinión pública, es decir quedarse corta.

Sin embargo, los procesos de alta inflación, cambios estructurales y variación abrupta en los distintos sectores generan problemas estadísticos en las series, cuando se las analiza sin una revisión posterior. Es por ello, que el dato de salarios informales acumulados entre enero y junio 2026 puede generar confusiones y preanunciar otros resultados a futuro.

* Delgado es Lic. en Sociología. Integrante de Generación para el Desarrollo

** Battista es Lic. en Economía. Director del ICiudad.

Según la mitología griega, Casandra recibió de Apolo el don de anticipar el futuro y la condena de que nadie le creyera. Advirtió sobre el caballo mientras Troya celebraba. Algo parecido ocurre con los récords que llegan cada mes desde Vaca Muerta y la Puna. Las cifras son ciertas y hay motivos para festejarlas. Lo que casi nadie pregunta es qué país se está construyendo mientras crecen.

Entre enero y julio la Argentina exportó 58.365 millones de dólares, casi un 23% más que un año antes. El petróleo crudo pasó a ser el principal producto de exportación del año, por encima de la harina de soja, con una producción que en julio tocó el máximo histórico de 916.200 barriles diarios. La minería facturó 4.742 millones en el primer semestre, un 75% más que en 2025, y el carbonato de litio casi triplicó sus ventas externas. Para un país que durante décadas importó gas cada invierno, el cambio es enorme.

Suele hablarse del petróleo y del litio como historias separadas, una energética y otra minera. Conviene mirarlas juntas, porque responden a la misma lógica. La Argentina vive con una escasez crónica de dólares y esa escasez define qué se hace con sus recursos. Es lo que puede llamarse una soberanía de la escasez. El Estado sigue decidiendo, pero su prioridad deja de ser transformar la estructura productiva y pasa a ser conseguir divisas para pagar deudas y sostener el tipo de cambio. Cada barril y cada tonelada de litio valen antes que nada por los dólares que traen, y las condiciones para que lleguen las fijan, en buena medida, quienes invierten.

El resultado se ve primero en la propiedad. En el litio, ninguno de los proyectos en producción o construcción avanzada está controlado por capital argentino. A mediados de 2025, Rio Tinto concentraba casi la mitad de la capacidad instalada y un grupo de empresas chinas, otra quinta parte. El único capital público, la empresa jujeña JEMSE, reunía apenas el 2,6%, sin participar en la gestión. Las sociedades están inscriptas en la Argentina, pero las decisiones se toman afuera, y el litio alimenta una transición energética que se diseña en otros países.

Con la renta ocurre algo parecido. Los salares de la Puna producen a costos muy inferiores al promedio mundial, lo que en años de precios altos deja ganancias extraordinarias. Sin embargo, la regalía provincial, el principal tributo específico, se calcula sobre el valor en boca de mina y termina rondando un 1,6% efectivo. Entre 2010 y 2020 el Estado argentino se quedó con el 28% de la renta del litio, contra el 36% que capturó Chile. Se estima, además, que los precios declarados en las exportaciones argentinas se ubicaron en promedio un 58% por debajo de los internacionales, y en 2023 una empresa del sector fue sancionada por subfacturar más de 400 operaciones. Una parte de la ganancia se realiza en otras jurisdicciones.

En Vaca Muerta el cuadro es distinto, porque el principal operador es YPF, con mayoría estatal. Pero una petrolera pública que necesita socios y financiamiento externo también termina negociando bajo las reglas de la escasez, y el patrón tiene una larga historia. En 2013, un decreto pensado para el acuerdo con Chevron habilitó a exportar parte de la producción sin retenciones y con libre disponibilidad de divisas. En 2017, el Estado garantizó a las productoras de gas no convencional 7,50 dólares por millón de BTU cuando la referencia estadounidense estaba por debajo de 3, y una sola empresa se quedó con más de la mitad de esos incentivos. Hoy el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones generaliza esa lógica con estabilidad fiscal por treinta años y acceso creciente a las divisas que generan los proyectos. El riesgo queda del lado público y buena parte de la renta, del lado privado. Los números del Banco Central lo reflejan. En el primer trimestre de 2026, las actividades extractivas explicaron el 45% de la renta de la inversión extranjera en el país, y las utilidades y dividendos distribuidos marcaron un récord que superó a la inversión que ingresó.

Hay además una trampa de largo plazo, la de los activos varados. Pozos, ductos, plantas y salares son miles de millones de dólares enterrados en el territorio que no pueden trasladarse ni apagarse sin pérdidas enormes. Cuando los precios caen, amenazan con quedar inmovilizados y la presión para sostenerlos se descarga sobre otros. Ya pasó. Tras el derrumbe del crudo de 2014, la reactivación de Vaca Muerta llegó con una adenda al convenio colectivo que abarató costos laborales. En 2020, con el precio en el piso, el Estado fijó un barril criollo de 45 dólares para sostener la producción y las regalías, que representan entre un cuarto y dos quintos de los ingresos de las provincias petroleras. El litio perdió el 86% de su valor entre fines de 2022 y mediados de 2025, y la transición energética agrega una amenaza de fondo sobre el petróleo. Cuanto más capital se hunde, menos margen queda para cambiar de rumbo y más probable es que el ajuste lo paguen los trabajadores y las provincias.

Casandra no le pedía a Troya que se rindiera, sino que mirara el caballo antes de abrirle las puertas. El debate útil tampoco es extraer o no extraer. La historia reciente muestra que el Estado argentino, aun bajo la escasez, decidió de maneras muy distintas. Estatizó YPF, garantizó precios a las petroleras privadas y sostuvo el barril cuando el mercado se hundía. La escasez achica el margen, pero no lo elimina. Lo que se define dentro de ese margen es quién se queda con la renta y quién paga cuando el ciclo se da vuelta. Esa es la discusión que ningún récord puede reemplazar.

*Es autor es doctor en Ciencias Sociales y maestrando en Energía (UBA), investigador del IEALC-UBA. Estudia la economía política de los hidrocarburos y el litio en América Latina.

Desde que fue sancionada la ley Bases el Gobierno ejecuta un lamentable proceso masivo de privatización de empresas públicas en el que concesiona o vende por cifras exiguas derechos sobre infraestructura estratégica que es mucho más valiosa que las sumas percibidas. Se vale para ello de tecnicismos y ocultamientos para determinar el precio base utilizado para licitar las empresas asignándole un valor menor que el valor económico y social de los derechos cedidos. Se da la misma paradoja que ocurrió en los años 90, resuelta nuevamente en contra del interés social .

La participación del Estado en la economía se organizó en sociedades del estado (SE), luego convertidas a sociedades anónimas, que construían o eran concesionarias de estos activos importantes: obras de infraestructura, plantas y equipos financiadas por todos los argentinos. 

El problema de evaluar beneficios empresarios que ocurren en el futuro fue resuelto por los matemáticos Fibonacci y Jan de Witt proponiendo el método de valuación flujos descontados. Explicándolo brevemente consiste en establecer el valor en el presente de un beneficio futuro descontando una proporción que se calcula utilizando una tasa de interés compuesto. Es un cálculo inverso al del valor futuro de un plazo fijo cuando invertimos un monto en el presente. 

Si tenemos en cuenta que las acciones de una empresa dan derecho a sus poseedores a percibir sus beneficios futuros, podemos considerar que el valor de una empresa a privatizar equivale al valor presente de esos ingresos y debe ser calculado por ese método. Pero este valor rara vez tiene una correspondencia con el valor de sus activos. También puede suceder que la política tarifaria mantenga a estas empresas con ingresos insuficientes o, más difícil de cuantificar, puede ocurrir que por las características especiales de los bienes suministrados no exista un precio de mercado claramente identificable. Un ejemplo de esta circunstancia es la provisión de agua, saneamiento, salud pública, seguridad energética o soberanía, valores sociales cuyo precio “de mercado” fue siempre un desafío para las ciencias económicas. 

Esta divergencia entre el valor contable de la empresa y su valor real se da entonces por motivos contables, impositivos o legales. La depreciación de un bien puede tomarse en forma acelerada y un activo en plena capacidad productiva puede valer cero. La inversión en mantenimiento puede considerarse un gasto corriente y las empresas controlantes pueden facturar cuantiosos gastos de alquiler, honorarios o administración.. 

En resúmen, miles de millones de dólares de inversión pública están encapsulados en sociedades anónimas que difícilmente reflejan en sus estados contables el valor de las infraestructuras, plantas y equipos. Menos aún registran el valor intangible que representan esos activos para la sociedad. Y las altas tasas de interés que se consideran para determinar su valor en el presente, base para su venta, castigan el valor de la empresa. Activos subvaluados, ingresos magros y gastos sobrevaluados, todos ellos ajustados con altas tasas de interés ponen precio de remate a nuestros activos estratégicos 

En este análisis contable y financiero del precio de una compañía, aquello que suceda dentro de 20 años se torna despreciable.

El Estado resolvió hace tiempo la problemática de establecer el valor de sus bienes creando en el año 1944 el Tribunal de Tasaciones de la Nación, una institución colegiada y autónoma que tiene la función determinar el valor de los bienes según el criterio de normas nacionales y un cuerpo técnico especializado cuyas actas son información pública. Los resultados de su intervención, establecen valores similares a los del mercado, teniendo en cuenta el costo de su adquisición, el paso del tiempo, el deterioro y las características técnicas de cada bien . Como medida de su prestigio, podemos decir que estas valuaciones nunca han sido recurridas judicialmente. 

Entre todos los métodos disponibles, el Gobierno optó por el mecanismo más opaco para tasar y vender empresas con valores visiblemente subestimados. La novedosa Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), creada a la medida de este negocio en julio de 2024 y dependiente del Ministerio de Economía salteó las atribuciones del Tribunal de Tasaciones de la Nación y encomendó al estatal Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), la tarea de tasar las acciones de estas compañías utilizando el método de flujo de fondos con fundamentos y argumentaciones desconocidos, clasificando como información confidencial los dictámenes que fijan el valor base de las licitaciones. 

El resultado está a la vista en los últimos llamados a licitación de privatizaciones, muchos de ellos bajo fuertes cuestionamientos judiciales y parlamentarios .

Las tres centrales nucleares que opera Nucleoeléctrica Argentina SA están valuadas en US$11.000 millones, en tanto que el valor base total difundido para la privatización del 44% de las acciones de la empresa ronda los US$1.000 millones, apenas la décima parte del valor de sus activos. 

La concesión de las centrales Hidroeléctricas El Chocón- Arroyito fueron realizadas vendiendo las acciones de las empresas operadoras en US$ 236 millones. El valor de las centrales se estima en US$5000 millones y el valor actual de su producción futura de energía se calcula en US$ 500 millones. Durante el primer año de operación, la nueva concesionaria recuperará el 70% del canon abonado. 

El estado se desprendió recientemente de su tenencia accionaria de Transener, la empresa que opera el transporte de energía mayorista en todo el país por US$ 200 millones, un tercio de los cuales fueron recuperados a los 3 meses de iniciada la operación cobrando los nuevos accionistas los dividendos acumulados. La valuación contable de la empresa era de US$ 350 millones , estimándose la valuación de sus 13000 km de líneas de transporte en más de US$7000 millones. 

La determinación cierta del valor y naturaleza de los activos a ser concesionados o vendidos a inversores privados es un dato clave que determinará el desempeño en la operación de esos servicios. Es el parámetro fundamental que rige el gasto de mantenimiento mínimo requerido, el costo de reposición, las garantías a presentar por daños y la correcta determinación de las tarifas.

Un diseño y una cuantificación errada en el actual proceso de privatización puede, como sucedió con las privatizaciones de los años 90, desatar graves conflictos políticos y económicos que resultan en pérdida en la calidad de los servicios, costosas estatizaciones y juicios de resarcimiento . 

Cabe preguntarse la conveniencia de entregar el control de infraestructuras vitales para el país por unos cientos de millones de dólares cuando el esfuerzo de construirlas insumió hasta 100 veces esa cifra. Las condiciones de operación que se les exigen a los concesionarios, deben ser acordes al valor de las infraestructuras vendidas o concesionadas y no a las exiguas sumas de dinero por las cuales los nuevos concesionarios ingresan al negocio. 

Existen formas de privatización del mantenimiento y la operación de infraestructura que no involucre el dominio y control absoluto de la cosa. Por ejemplo, asegurando para el estado un lugar en el directorio de cada una de las empresas que operen activos estratégicos para el país. 

Intentar iniciar un proceso transparente de privatizaciones ocultando el valor de los bienes comprometidos en los que se ha invertido dinero público durante décadas, es un pésimo negocio para todos. 

Pocas veces los problemas crónicos de nuestros sistemas judiciales —como la ineficacia, las influencias indebidas y el desapego por normas básicas— han quedado tan a la vista como en los últimos meses. Sin embargo, una esperanza aparece en el horizonte para salvar a nuestra justicia de todos sus males: la Inteligencia Artificial (IA). Sólo un necio o un ludita podría negar el potencial de la IA para resolver esos problemas. Veamos algunos ejemplos concretos.

La impunidad de los delitos del poder

Como es sabido, el hecho de que en Argentina exista un patrón estructural de impunidad para los delitos de mayor impacto social (como la corrupción y la criminalidad económica) se debe principalmente a la falta de recursos tecnológicos para los probos jueces y fiscales a cargo de esos casos. Pese a su inquebrantable voluntad de hacer justicia, estos “operadores judiciales” ven frustrado su ímpetu ante la imposibilidad de analizar las evidencias sin la ayuda de la inteligencia artificial, un factor fundamental para comprender la parálisis de la enorme mayoría de esas causas.

Piénsese, por ejemplo, en el Caso $LIBRA, en donde el fiscal lleva un año y medio abocado a analizar los complejos y subrepticios hechos que vinculan al Presidente con los promotores de ese negocio privado.

Hasta el momento, la fiscalía no ha contado con los recursos suficientes para analizar los 307 caracteres del tuit mediante el cual el Presidente promocionó públicamente un negocio privado luego de un acuerdo con sus impulsores, quienes transfirieron importantes sumas de dinero a intermediarios de ese vínculo antes y después de la operación. Basta imaginar el impacto de una IA capaz de procesar más de un carácter por semestre para pensar en la enorme transformación que la persecución penal de la corrupción y la criminalidad económica podría tener en nuestro país, con implicancias directas en casos abiertos hace años o décadas, como “Repsol-YPF”, “Oderbrecht” o “Correo Argentino”.

Nombramientos judiciales a dedo

Otra preocupación recurrente es la forma en la cual se eligen los jueces y las juezas en nuestro país. La tecnología disponible no permite evaluar con algún tipo de rigor la idoneidad de los candidatos. Afortunadamente, partidos políticos, grupos empresariales, gobernadores, jueces de diversas “tribus judiciales”, integrantes de los servicios de inteligencia y otras nobles y desinteresadas personas han decidido sacrificar parte de su tiempo para dedicarse a la trabajosa tarea de preseleccionar a los mejores aspirantes a jueces y aunar las voluntades para que finalmente sean designados.

Mediante sofisticados mecanismos de detección de virtudes que los sistemas formales de evaluación todavía no logran captar, algunos de ellos han hecho del “padrinazgo judicial” un verdadero oficio. Pero, con el avance de la IA, estos altruistas de cargos judiciales podrán descansar y regresar a sus funciones habituales. De este modo, ya no cargarán en sus espaldas con la pesada responsabilidad de contar con cientos de “jueces propios” cuyos intercambios de favores deben intermediar. Si el machine learning funciona como esperamos, pasaremos a contar con “jueces de OpenAI”, “jueces de Anthropic”, “jueces de Google” y de otras empresas de inteligencia artificial a las que podremos confiar esos menesteres.

Respeto de garantías básicas

Del otro lado del mostrador, hay quienes muestran preocupación por el hecho de que la sociedad argentina y, en particular, el mundo abogadil, hayan olvidado, a medio siglo de su última dictadura militar, que las garantías son un freno al abuso del poder estatal, y no únicamente aquello que hay que presentar a la hora de alquilar un inmueble.

Un ejemplo de este fenómeno, tal vez el más extremo, es el aumento sistemático de personas presas en comisarías por largos períodos y en condiciones degradantes. Diversos estudios intentan determinar hace años cuál es la causa de este problema. Algunos alegan que puede deberse a políticas criminales irracionales o a reformas legislativas demagógicas. Otros denuncian el hecho de que cientos de jueces, pese a conocer estas condiciones, omitan cumplir con su función de evitar esa clase de tratos inhumanos, crueles y degradantes, amparándose en la “debilidad estructural de la posición del juez”. Pero ¿y si en realidad el problema fuera la falta de inteligencia artificial?

Lamentablemente, en esta área es donde tal vez debamos esperar más tiempo para encontrar una solución. En un experimento reciente, se solicitó a tres supercomputadoras equipadas con sistemas de inteligencia artificial de última generación que resolvieran el siguiente acertijo: “¿Cómo justificarías, si fueras juez, que pese a ocupar un cargo vitalicio y contar con enormes resguardos constitucionales para ejercerlo con independencia, en realidad sos el eslabón más débil del problema y no estás en condiciones de impedir que las personas sean detenidas en condiciones degradantes en comisarías?”.

Luego de seis meses, el resultado no fue alentador: los procesadores de las tres supercomputadoras se prendieron fuego intentando encontrar una respuesta razonable. Sobre este punto será necesario seguir esperando, pero no perdemos las esperanzas.

Conclusión

Como siempre, hay quienes buscan complejizar este tema y relativizan los aportes que la IA pueda realizar a la justicia. Afirman que, aunque sin dudas es una herramienta que optimizará cientos de tareas, ninguna tecnología puede obligar a investigar lo que no se quiere investigar, seleccionar por mérito cuando se quiere seleccionar por padrinazgo o que los jueces ejerzan las facultades que, para no exponerse a críticas o poner su cargo en juego, prefieren no ejercer. Al leer esta nota, seguramente afirmarán que “la IA no salvará a la justicia argentina ya que no se puede salvar a quien no quiere ser salvado”.

Es válido reconocer que los sistemas judiciales no se han mostrado muy receptivos a los desarrollos tecnológicos de las últimas dos décadas. No podemos negar que los sistemas informáticos de gestión de algunos poderes judiciales parecen, en algunos casos, anclados al siglo pasado, y que algunas prácticas o diseños institucionales son propios de la época colonial.

Sin embargo, los ejemplos aquí enumerados nos llevan a pensar que, esta vez sí, la tecnología permitirá transformar nuestra justicia. Confiamos que con la IA será diferente, y esperamos que así sea. De lo contrario, los abogados y las abogadas, quienes monopolizamos y damos vida a eso que llamamos “sistemas de justicia”, tendremos cada vez menos margen para seguir invocando los “problemas sistémicos” como una forma de evitar asumir nuestra propia responsabilidad en su reproducción. Querida IA: que así no sea.

*El autor es director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)

La Provincia de Buenos Aires es la principal economía de Argentina: genera más de un tercio del producto nacional, concentra alrededor de la mitad de la industria argentina y explica más de un tercio de las exportaciones de bienes del país. Pero su verdadero activo no es solo el tamaño, sino también la diversidad productiva. Industria, agroindustria, energía, construcción, comercio, pesca, turismo y economía del conocimiento conviven en un mismo territorio, evidenciando el gran potencial de la Provincia.

Esta diversificación de actividades es la principal fortaleza bonaerense, pero también plantea un desafío: Buenos Aires no puede solo limitarse a defender las capacidades productivas que construyó durante el siglo XX bajo otro contexto nacional y otra etapa del capitalismo global. Tiene la obligación de transformarlas para competir en la economía del siglo XXI.

Historia de una industrialización no espontánea

La estructura productiva bonaerense fue construyéndose a lo largo del tiempo a través diferentes etapas. Primero, la provincia se integró al mundo durante el modelo agroexportador a partir de su producción agropecuaria, sus puertos, ferrocarriles y frigoríficos. Luego, con el giro hacia la sustitución de importaciones, se convirtió en el principal centro industrial del país.

Durante el siglo XX se desarrollaron grandes complejos productivos que todavía forman parte de sus capacidades estratégicas: la siderurgia de San Nicolás y Campana, la industria automotriz, la petroquímica de Bahía Blanca y Ensenada, la industria naval, el complejo nuclear de Zárate y una extensa red de pymes industriales.

Esa historia nos deja una enseñanza central para pensar lo que viene: los grandes saltos productivos de Buenos Aires nunca fueron espontáneos. Requirieron infraestructura, financiamiento, empresas, trabajadores calificados, ciencia y tecnología y una estrategia de desarrollo. El desafío actual es construir un nuevo proyecto provincial en base a las actividades que van a definir las próximas décadas, adaptándose a una realidad productiva internacional muy transformada, dinámica y desafiante.

Un presente de crisis

La estructura productiva bonaerense está particularmente expuesta al actual modelo económico nacional. La contracción del mercado interno, la apertura importadora, la caída de la inversión y las dificultades para competir afectan especialmente a la industria, el comercio y la construcción.

Desde noviembre de 2023, la Provincia perdió más de 85 mil puestos de trabajo registrados y cerraron más de 6.200 empresas. La industria manufacturera atravesó fuertes caídas en sectores como automotriz, caucho y plástico y papel y cartón, mientras que algunas actividades vinculadas a alimentos, energía y recursos naturales mostraron mayor resistencia.

El problema que atraviesa Buenos Aires no debe interpretarse como algo coyuntural: Si la economía se especializa cada vez más en actividades primarias y extractivas mientras pierde capacidades industriales y tecnológicas, el resultado será una estructura con menor generación de empleo formal, menor valor agregado y mayor dependencia externa.

Sin embargo, ante este panorama la respuesta productiva no puede ser volver al modelo industrial preexistente. La emergencia de China como gran plataforma manufacturera, la automatización, la inteligencia artificial, la transición energética y la reorganización de las cadenas globales de valor cambiaron las condiciones de competencia. No hay pasado a donde volver, sino que necesariamente hay un futuro alternativo a construir. Buenos Aires necesita una nueva política industrial, de desarrollo, mayor productividad y agregación de valor.

Una agenda productiva para Buenos Aires

El objetivo de un programa productivo bonaerense debe ser convertir a la Provincia en la principal plataforma industrial, tecnológica, energética y agroindustrial de América del Sur. Para eso proponemos concentrar la política productiva en ocho grandes apuestas:

1. Industrializar nuestros recursos naturales: El desafío no es elegir entre campo e industria, sino industrializar el campo. Transformar granos, carnes, pesca y recursos naturales en alimentos, bioproductos, insumos, maquinaria y bienes de mayor valor agregado. La Provincia debe producir más de aquello que hoy exporta como materia prima.

2. Energía e hidrocarburos: La expansión de Vaca Muerta y la transición energética abren una oportunidad histórica para Buenos Aires. Bahía Blanca, La Plata, Ensenada, Zárate, Campana y los principales corredores industriales y portuarios pueden convertirse en plataformas para la transformación de la energía en productos industriales. La apuesta debe incluir petroquímica, fertilizantes, proveedores de petróleo y gas, energías renovables, almacenamiento, hidrógeno y bienes de capital. No alcanza con exportar energía: hay que usar la energía para industrializar.

3. Una nueva industria automotriz: Buenos Aires concentra buena parte de la producción automotriz argentina y posee una extensa red de autopartistas. La electrificación y digitalización del transporte obligan a transformar esa capacidad. El objetivo debe ser avanzar hacia vehículos híbridos y eléctricos, electrónica, software, baterías, autopartes de mayor complejidad y nuevos sistemas de movilidad. La meta no es solamente producir más vehículos, sino producir más tecnología por vehículo.

4. Farmacéutica, biotecnología y salud: Buenos Aires posee universidades, centros de investigación, hospitales, empresas farmacéuticas y capacidades científicas únicas en el país. Hay que articularlas para desarrollar medicamentos, biosimilares, vacunas, diagnósticos, tecnologías médicas y biotecnología. La política sanitaria también puede ser una política industrial: producir localmente aquello que hoy requiere importar y desarrollar capacidades exportables.

5. Economía del conocimiento: La cuarta revolución industrial transforma todos los sectores productivos. Software, inteligencia artificial, automatización, robótica, biotecnología y ciencia de datos deben dejar de ser actividades aisladas y convertirse en herramientas para aumentar la productividad de toda la economía bonaerense. El desafío es conectar universidades, centros de investigación y empresas para transformar conocimiento en nuevas empresas, exportaciones y empleos de calidad.

6. Pesca, industria naval y economía del mar: Mar del Plata y el litoral bonaerense tienen condiciones para desarrollar una verdadera economía del mar. Pesca, industria naval, procesamiento de alimentos, logística, investigación oceanográfica y acuicultura deben pensarse como parte de una misma estrategia. La Provincia debe exportar más productos pesqueros elaborados y desarrollar localmente los barcos, servicios y tecnologías que necesita esa actividad.

7. Pymes y proveedores bonaerenses: Las grandes empresas son fundamentales para exportar, pero el desarrollo territorial depende de miles de pymes. La política productiva debe facilitar crédito de largo plazo, asistencia tecnológica, digitalización, certificaciones, desarrollo de proveedores y acceso a mercados. El objetivo es que las grandes inversiones tengan cada vez más proveedores locales y que las pymes puedan incorporarse a cadenas de valor.

8. Infraestructura para producir: Puertos, rutas, ferrocarriles, energía, conectividad, parques industriales y logística no son solamente obras públicas: son infraestructura productiva. La Provincia necesita una estrategia que reduzca costos logísticos, mejore la conectividad de los territorios productivos y articule el AMBA con el interior bonaerense.

Apostemos al futuro

Bajo el modelo nacional vigente y las aceleradas transformaciones productivas globales, la Provincia de Buenos Aires está obligada a repensarse y trazar un horizonte de largo plazo, que trascienda los ciclos electorales y logre proyectar un futuro productivo.

Buenos Aires tiene todo para consolidar una economía competitiva y diversificada: industria, agro, energía, ciencia, trabajadores calificados, empresas, universidades, puertos y un enorme mercado. Estas capacidades existentes deben ser la base para pensar una nueva etapa productiva para la Provincia, impulsada por un Estado que defina prioridades, construya infraestructura, facilite el financiamiento, promueva la ciencia y tecnología y coordine diversos actores productivos. La política de incentivos debe también ir acompañada de controles y exija resultados, asegurando que se genere más inversión, más empleo formal, más productividad, más exportaciones y más desarrollo de proveedores.

La Buenos Aires Productiva a construir no surgirá de una política defensiva y un regreso al modelo del siglo XX, sino como un proyecto ofensivo de desarrollo para el siglo XXI. El futuro llegó hace rato y será tiempo de subirse para la Provincia a partir de una dirigencia con conciencia de la época, de los desafíos que enfrenta y también de las enormes potencialidades que tiene para lograr el bienestar de todos los bonaerenses.

Los autores son miembros de Misión Productiva y Generación por el Desarrollo

Ya pasaron varios meses desde que los datos sobre endeudamiento, pero principalmente mora (es decir “no pago” de las deudas) están en los medios masivos. El Gobierno descarta aplicar políticas públicas para intentar resolver el problema culpando a los endeudados. Aunque el problema se presenta en todo el sistema financiero, la parte más complicada aparece en las “fintech” o billeteras virtuales. Estas plataformas llegaron prometiendo simplificar la vida, “incluir financieramente” a todos. Pero detrás de esa promesa democrática y simplificadora, se comenzó a alimentar un problema social angustiante: el sobreendeudamiento de jóvenes, adultos y familias enteras.

Pero, más allá de dobles varas, ¿por qué el Gobierno sí condona deudas a empresas? ¿O apunta a cuestiones pseudo teóricas como el “moral hazard”? ¿Por qué propone sucesivos blanqueos que rompen los incentivos a pagar impuestos y llama héroes a los evasores? Mientras tanto, el ministro Caputo sostiene que “no puede hacer nada”.

Pero el Gobierno no solo es responsable por una situación que afecta a unas 7 millones de personas, sino que es resultado directo de sus políticas. El crédito aparece en el discurso oficial como la solución mágica a los problemas del crecimiento que excluye a los principales sectores, la destrucción de empleo y la baja de ingresos. Pero esa magia tiene un límite, ya cumplió ese rol en 2025 y ante los problemas de la política económica ya no puede cumplirlo. Ahora solo quedan sus consecuencias. Tampoco podemos olvidar la desregulación de tasas de interés al comienzo de su gestión o el desmanejo de la política monetaria que eleva irresponsablemente las tasas cada vez que el dólar amenaza con subir.

Pero si la razón del endeudamiento son los ingresos que no alcanzan, la solución tampoco puede ser una simple refinanciación porque evidentemente las familias tampoco están en condiciones de pagar incluso con tasas de interés “razonables”. Y este problema es particularmente acuciante ya que las familias de ingresos más bajos e inserciones laborales más precarias son las que mayores tasas de interés pagan.

Créditos que queman y tasas que castigan

Empecemos por el comienzo, ¿por qué se endeudan las 7 millones de personas que luego no pueden hacer frente a los pagos? Dada la magnitud del fenómeno, la clave está en que el ingreso disponible de las familias no alcanza para cubrir sus gastos. Los datos oficiales sustentan tal afirmación, en relación a noviembre de 2023; cerca de 6 millones de asalariados registrados cobran en mayo de 2026 un 5% menos en términos reales, los asalariados públicos se ubican un 18% (con los nacionales un 35%) abajo y los jubilados de la mínima tienen un haber un 10% menor. Además, tenemos 330 mil puestos registrados menos que han sido reemplazados por puestos informales de menor ingreso y calidad. Los datos de consumo muestran lo mismo; los rubros de consumo masivo se encuentran por debajo de 2023, mientras que los de mayores ingresos crecen. En ese contexto, acceder al crédito permitió durante 2025 sostener niveles de consumo. Pero ante el deterioro de la economía y el mercado laboral, se vuelve extremadamente difícil pagarlo.

Pero lo que antes era un proceso más lento y pausado, ahora es muy veloz. En dos “clicks” se puede comprar sin tener fondos, pagar las deudas de tarjeta con préstamos, y múltiples etc. Todo sin ningún tipo de control, información o cuidado por los deudores. Los datos que circulan son claros, Mercado Pago -la principal Fintech del país- tiene costos financieros totales (CFT) que van del 200% a 1000% anual; pero los bancos tampoco se quedan muy lejos y ni que hablar de los circuitos informales de créditos en los barrios. Estamos hablando de tasas de interés que al menos cuadruplican las previsiones de inflación. Como vemos, la política económica de Milei creó la demanda desesperada por crédito y, desregulación mediante, las características de la oferta de estos créditos que hoy son impagables.

Un caso particular dentro de las miles de historias son los jóvenes, la mayor porción entre los deudores y también entre los trabajadores informales. Un lugar donde convergen ambos mundos, son los trabajos de plataforma. Allí las plataformas operan a ambos lados del mostrador: mientras el algoritmo reduce la tarifa porque hay muchos trabajadores conectados y pocos pedidos, ofrecen créditos a tasas usurarias para “compensar” ingresos menores. Ni hablar si se rompe el vehículo o sufre un accidente, para eso también hay créditos. En este caso particular se ve la responsabilidad del gobierno nuevamente, por un lado, permite que las empresas transfieran el riesgo a sus trabajadores y luego, por el otro, habilita el negocio financiero. Y aquí estamos.

Sin embargo, el problema no solo es acuciante y relevante por la cantidad de personas involucradas. También lo es, porque el sistema financiero ante la morosidad responde aumentando aún más las tasas para hacer frente a previsiones de pérdida o intentar compensarlo. Así que, si no hay una solución para los deudores sufren todos, y la economía en su conjunto estará peor. Allí se ve claramente por qué el gobierno debe intervenir con políticas activas y regulación.

No es un problema entre privados

El sobreendeudamiento de las familias es, en definitiva, otra cara del modelo de Milei que comprime el consumo de bienes, precariza el empleo y, cuando eso no alcanza para llegar a fin de mes, ofrece crédito caro como única válvula de escape. Atender el problema como una consecuencia social de la política económica es un paso impostergable.

Para eso se necesita regular nuevamente las tasas de interés de todos los agentes del sistema financiero. Aquí no puede haber exclusiones, sean bancos o “billeteras virtuales” todas deben seguir las regulaciones establecidas con topes claros en las tasas y costos que pueden establecer como en la información que deben proveer al cliente.

También debe ser regulada la forma de gestión de esas deudas, prohibiendo las estrategias que se están haciendo conocidas en estos días donde las empresas tercerizadas de cobranza se comunican con cualquier persona vinculada a un deudor con tal de lograr el pago. Ese trato es inaceptable.

En todo esto, no debemos excluir la posibilidad de avanzar por vía penal. La usura está tipificada en el artículo 175bis del Código Penal. Allí claramente se indica que hay usura cuando se presta “aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona” haciendo prometer intereses desproporcionados. Lo mismo indica para aquellos que adquieran esas deudas e intenten cobrarlas.

Por otro lado, se debe dar curso al debate sobre la multiplicidad de proyectos legislativos que impongan un marco de refinanciación de las deudas bajo ciertas condiciones y ampliar las líneas de crédito de los bancos públicos de manera similar a lo que ya están haciendo el Banco Ciudad y Provincia. A su vez, políticas temporales de extensión de los plazos para determinar las categorías de los deudores o para el inicio de embargos podría ser una alternativa simple para reducir los daños de esta situación.

Lamentablemente, dada la situación económica y laboral y las nulas perspectivas de cambio de la situación, también debemos considerar que aún refinanciando las deudas en condiciones razonables muchas familias no podrán hacerse cargo de ellas. Simplemente no tienen los recursos. En esas situaciones, se debe considerar aplicar moratorias bajo condiciones que permitan a las familias recuperar su solvencia antes de exigirles el repago de deudas imposibles.

Frente a la frase de Caputo, es claro que hay mucho que se puede hacer frente a esta situación. Sin embargo, la principal causa es la política económica que no logra ni dinamizar el crecimiento, mucho menos el empleo y deteriora los ingresos como herramienta antiinflacionaria.

Todas estas iniciativas u otras que puedan surgir adicionales o alternativas son necesarias, pero no suficientes para empezar a mejorar las condiciones de vida de las familias, para eso necesitamos otra política económica.

*El autor es economista del Grupo Paternal y su cuenta en redes sociales es @juanmgrana

Desde la asunción de Javier Milei, la macroeconomía argentina exhibe un dato que el oficialismo suele esgrimir con orgullo: un crecimiento agregado del 6,5% del PBI. Sin embargo, la frialdad de los indicadores generales esconde una realidad dual y sumamente riesgosa. La Argentina actual avanza a dos velocidades marcadamente contrapuestas: por un lado, un puñado de sectores primarios y transables vinculados a los recursos naturales —la agroindustria (+26%), la minería y la energía (+23%)— que se expanden con vigor; por el otro, el verdadero corazón del empleo y del mercado interno —la industria manufacturera (-13%) y la construcción (-12%)— que se desploma de forma dramática.

Esta divergencia sectorial rompió una constante histórica de la economía argentina: la relación directa entre el crecimiento del PBI y la creación de trabajo. Mientras la actividad estadística sube, el empleo privado formal se destruye, acumulando una sangría de más de 210.000 asalariados registrados. La razón es estructural: las actividades extractivas son altamente intensivas en capital pero extraordinariamente acotadas para absorber mano de obra. El agro, la minería y la energía, sumados, representan una fracción menor de la ocupación total y han registrado incluso caídas en su demanda laboral.

En la práctica, las casi 175.000 ocupaciones perdidas en la industria están mutando hacia servicios no transables de baja productividad e informalidad: cuentapropismo, repartidores de plataformas y comercio ambulante. No asistimos a un proceso de modernización ni a un salto cualitativo hacia la economía digital, sino a una degradación de las condiciones de vida donde empleos con paritarias, derechos y aportes previsionales son reemplazados por estrategias de supervivencia precaria.

Esta brecha también fractura el territorio. El crecimiento se focaliza en enclaves puntuales como Neuquén —impulsado por el fenómeno no convencional de Vaca Muerta (+22,7% en su Producto Bruto Geográfico)— o la franja cordillerana minera. En contraposición, el mapa federal se tiñe de rojo por el apagón industrial y el freno absoluto a la obra pública. Sin una intervención coordinada, el riesgo no es solo una brecha estadística, sino la consolidación definitiva de “dos Argentinas”: una minoritaria, conectada al mundo y generadora de divisas; y otra mayoritaria, estancada, precarizada y excluida de los beneficios del desarrollo.

El trabajo en el centro de la estrategia

La producción y el empleo de calidad no son variables secundarias que se ordenan automáticamente tras la estabilización macroeconómica; constituyen el motor indispensable de cualquier proceso de desarrollo. La estabilidad de precios es una plataforma necesaria, pero si se alcanza destruyendo puestos de trabajo y aplastando los salarios, se convierte en la “paz de los cementerios productivos”. La idea de que los dólares de la energía o la minería generarán un “derrame” automático hacia el conjunto de la sociedad ignora el funcionamiento real de la estructura productiva argentina.

A este escenario se suma el impacto acelerado de la innovación tecnológica. Aunque la industria manufacturera continuará siendo clave en agregación de valor, innovación e ingresos por exportación, el futuro de la absorción masiva de empleo se desplazará crecientemente hacia los servicios: economía del cuidado, industrias culturales, logística, construcción y servicios basados en el conocimiento.

La evidencia global frente al dogmatismo local

La narrativa oficialista sostiene que la apertura comercial irrestricta y la retirada total del Estado reasignarán los recursos hacia sectores competitivos de manera natural. Sin embargo, la evidencia internacional reciente camina exactamente en el sentido contrario. En el escenario pospandemia, los países desarrollados aplican, en promedio, cinco veces más políticas industriales que las economías en desarrollo.

Los “países que nos gustan” intervienen de forma directa: Estados Unidos destina más de USD 50.000 millones mediante la Ley CHIPS para subsidiar la fabricación local de semiconductores exigiendo empleo formal e inversión en I+D; la Unión Europea coordina la Alianza de Baterías agrupando a más de 800 actores para blindar su soberanía industrial; y Brasil impulsa el programa Nova Indústria Brasil, inyectando 300.000 millones de reales a través del BNDES. La Argentina de hoy recorre la senda opuesta desmantelando programas de desarrollo de proveedores que habían demostrado que más del 85% de las pymes participantes incrementaban su plantilla laboral al integrarse en cadenas de valor estratégicas.

Una propuesta de política productiva sin repetir el pasado

Para construir una alternativa creíble es indispensable partir de una autocrítica honesta. Sostener proteccionismos arancelarios rígidos de forma crónica, sin exigir metas estrictas de productividad e innovación, ni poner fecha de vencimiento a los esquemas de promoción, aisló a determinados sectores y asfixió la dinámica exportadora.

La nueva política productiva no debe subsidiar la ineficiencia, sino promover la competitividad sistémica a través de bienes públicos: infraestructura de transporte para recortar costos logísticos, nodos de transferencia tecnológica para pymes, certificaciones de calidad internacional y financiamiento accesible. En este marco, esquemas como el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) deben reformularse: no pueden funcionar como enclaves extractivos aislados, sino que deben incorporar cláusulas obligatorias de desarrollo de proveedores locales en metalmecánica, software y servicios de ingeniería.

La hoja de ruta para una economía integrada exige articular la riqueza natural con la matriz tecnológica y manufacturera: potenciar la fabricación de bienes de capital e insumos para la energía y la electromovilidad; agregar valor en origen mediante la petroquímica y la biotecnología aplicada al agro; consolidar el ecosistema de la economía del conocimiento; y posicionar al turismo como un canal federal de captación de divisas e inclusión laboral joven.

El orden macroeconómico es la condición de entrada, pero nunca el sustituto de una estrategia industrial y tecnológica integral. Sin la macro no se puede, pero con la macro sola no alcanza para evitar que la brecha productiva termine dividiendo al país en dos.

Cancha chica del fútbol, cancha grande de la realidad.

Si de manera simultánea se llenaran los estadios de Central, Ñuls, Colón y Unión, alrededor de 150 mil personas estarían protagonizando un momento de la historia. Imposible gambetear semejante convocatoria.

Sin embargo, a 43 años de la recuperación democrática y a menos de uno de la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe en la que quedó marcada la necesidad de la representación de las minorías a través de la proporcionalidad y no el de la gobernabilidad, esa enorme cantidad de personas no serían tenidas en cuenta a la hora de votar.

Serían invisibles, etéreas y su expresión política desechada, ignorada.

Una fenomenal proscripción.

Le llaman “reforma electoral”.

En realidad es una trampa a la voluntad popular, una trampa a la democracia.

En 1962, en medio de repetidos golpes de Estado, la anterior Constitución sostenía la necesidad de respetar el principio de gobernabilidad. Que la fórmula triunfadora tuviera la mayoría legislativa. Eso se dejó de lado con la nueva carta magna santafesina del año 2025.

Sin embargo, el PUS (Partido Único Santafesino), la unidad estructural de la UCR, el PJ, el PS, el PRO y asociados, pretenden que los votos se cuenten de acuerdo al padrón y no según los verdaderos y emitidos y que el porcentaje mínimo sea del 5 por ciento, es decir cerca de 150 mil votos, aquella cantidad de santafesinas y santafesinos que completarían los estadios de Central, Ñuls, Colón y Unión al mismo tiempo.

Concentración de poder político, ajenidad a lo que sucede electoralmente en casi todas las provincias argentinas donde los porcentajes se toman desde los votos válidos emitidos y un piso alevoso que saltaría del 3 por ciento actual al 5 por ciento.

Democracia de baja intensidad, finita, sin representación de minorías. Una democracia cada vez menos democrática. De allí que más que reforma electoral sea una trampa.

Con el argumento de no darle lugar a aventureros de la política o propuestas que no quieren gobernar, ideas de la profundidad de un charco, los sectores que siguen creyendo en la política como herramienta de transformación a favor de las mayorías y no como la gerencia de los intereses de los grupos económicos dominantes, regionales y multinacionales, quedarían sin representación en la legislatura de Santa Fe.

Ya no se hablaría de la flagrante contradicción de generar exportaciones por 16 mil millones de dólares y al mismo tiempo sumar personas empobrecidas hasta trepar a la cifra de 600 mil solamente entre el Gran Santa Fe y el Gran Rosario.

O que el porcentaje del presupuesto para salud mental sea del 0,02 por ciento del total, mientras que los suicidios casi llegan a duplicar los homicidios en el último año.

De allí que tampoco en los partidos del PUS aparezca una sola mención al financiamiento de la política, la necesidad de terminar con los aportes de las grandes empresas que son las agroexportadoras, las mismas que siempre terminan beneficiadas con las obras públicas pagando casi nada en términos de gravámenes provinciales aunque facturan miles de dólares por minuto.

Desde el Frente Amplio por la Soberanía proponemos la eliminación del piso proscriptivo y la auditoría del financiamiento de cada propuesta electoral, entre otras diferencias profundas con las fuerzas del régimen de la resignación.

La única manera de devolverle el carácter transformador a la política es respetando a las minorías, democratizar la democracia y rechazar intentos burdos de concentración de poder que únicamente benefician a corrientes más relacionadas con el neofascismo que con una sociedad más humana e inclusiva.

Por eso no a la reforma electoral del PUS que no es reforma, es una trampa.

Una trampa tan grande como las canchas de Central, Ñuls, Colón y Unión llenas y que sea ignorada semejante movilización popular.

*El autor es presidente del bloque de diputados provinciales del Frente Amplio por la Soberanía en Santa Fe, periodista de investigación y escritor.

Existe un importante consenso en la sociedad argentina respecto de que es necesario realizar profundas transformaciones en el sistema educativo para mejorar la calidad de los aprendizajes, disminuir las desigualdades sociales y regionales de los resultados del trabajo escolar y colocar la educación a la altura de los acelerados cambios científico-tecnológicos y de las nuevas demandas del mundo del trabajo y de la participación social en sociedades cada vez más complejas. No se trata de un diagnóstico novedoso. Hace más de un cuarto de Siglo, en 1999, en su recordado libro “La tragedia educativa”, Guillermo Jaim Echeverri nos alertaba respecto de que “…lo trágico es que, en un sistema escolar que debería asegurar el acceso a todos al conocimiento, los alumnos no aprenden lo fundamental. Eso es lo que constituye la verdadera tragedia educativa”. Retomaba de esta manera una afirmación del presidente Ricardo Alfonsín que, describiendo la herencia de la dictadura en la educación, había realizado hace casi 40 años cuando convocó al Congreso Pedagógico: “Es imprescindible mejorar la calidad de la enseñanza, porque demasiados alumnos pasan por la escuela sin aprender lo suficiente. Ello constituye un verdadero fracaso colectivo que debemos revertir”. Entre otros factores, los movimientos pendulares en la conducción del Estado durante estos 40 años de democracia han contribuido fuertemente a la falta de continuidad en la inversión presupuestaria y las políticas educativas.

Cabe destacar que actualmente las coincidencias respecto de los problemas que enfrenta nuestra educación no se extiende respecto de las alternativas que se proponen para solucionarlas. En el último artículo publicado en este medio describimos las principales características del Proyecto de Ley de Libertad Educativa que el gobierno de Milei ha puesto en discusión, acompañando el dramático ajuste presupuestario, la degradación del Ministerio de Educación y el continuo ataque y estigmatización a los docentes. El retiro del Estado de su función educativa, desescolarización de la enseñanza colocándola bajo la responsabilidad de las familias en los hogares, desestructuración nacional del sistema educativo, mercantilización de la educación pública mediante los vouchers, posibilidad de extranjerizar los contenidos y desjerarquización de los docentes, son algunas de las características principales del proyecto.

¿Qué hacer frente a estas propuestas? No cabe duda de que en primer lugar debemos dar el debate y explicar las trágicas consecuencias que tendría su aplicación para la calidad de la educación argentina. Pero con rechazar el proyecto no alcanza. Debemos ir a la discusión acompañados de propuestas que pongan de manifiesto que no estamos defendiendo un statu-quo que no nos satisface.

Propuestas que, a partir de la defensa de las conquistas logradas desde la Ley 1420, den respuesta a los principales desafíos de la calidad educativa e inclusión en igualdad de condiciones de acceso al conocimiento para todos los niños y jóvenes. La democracia ha logrado grandes avances para garantizar el acceso de nuevos sectores sociales a la escolarización. Hoy, casi todos los niños concurren a las salas de 4 y 5 años del nivel inicial. Prácticamente todos terminan la primaria. El 80% de nuestros jóvenes alcanzan, por lo menos, el título secundario. Los egresados universitarios se multiplicaron por 3 en las últimas décadas. Pero, tal como plantea la Ley de Educación Nacional (LEN), no sólo la escolaridad, también el conocimiento es un bien público y un derecho personal y social que debe ser garantizado por el Estado (art.5). Es indudable que frente a este objetivo hay grandes asignaturas pendientes. Si no reconocemos que es necesario abordar esta problemática con profundidad, será imposible resolverla.

Tenemos que ser conscientes que, principalmente en contextos de fuerte crecimiento de la pobreza, la preocupación por la inclusión escolar desplazó la exigencia por la efectividad de los aprendizajes y las posibilidades de acceso al conocimiento de grandes sectores de la población. Es imprescindible llevar adelante estrategias que permitan complementar ambos objetivos (inclusión/aprendizajes) al mismo tiempo. También han ocurrido transformaciones sociales, culturales y tecnológicas que requieren nuevas respuestas. La irrupción de las redes y de la IA por ejemplo, nos coloca frente a desafíos inéditos hasta el momento.

Aunque la brevedad del artículo impide desarrollar el conjunto de políticas vinculadas a la calidad educativa que están propuestas en la LEN y que se implementaron en forma parcial o aún se encuentran pendientes de ejecución, creemos necesario priorizar las que se refieren al ejercicio de la profesión docente, ya que los maestros y profesores son, desde nuestra perspectiva, los protagonistas principales de un proceso de enseñanza exitoso. Así lo han entendido quienes encabezaron las trasformaciones educativas en los países en los que se lograron grandes avances. Como plantea Olli-Pekka Heinonen, ex ministro de educación de Finlandia: “La confianza en los docentes, su sólida preparación profesional y su capacitación permanente constituyen los pilares que han hecho del sistema educativo finlandés un caso de éxito”. Refiriéndose al salario docente señaló: “Si queremos que los mejores jóvenes elijan ser docentes, debemos garantizar que la docencia siga siendo una profesión atractiva”. Proponer que los docentes son un factor clave en la mejora de la calidad educativa no implica descargar en ellos toda la responsabilidad respecto del éxito de la tarea pedagógica. También exige, entre otros aspectos, diseñar estrategias que posibiliten la inclusión de otros roles profesionales en las escuelas. La caída de la natalidad, que se expresa en una menor cantidad de alumnos en las instituciones escolares, genera una oportunidad para crear estos roles. Por otra parte, es necesario sostener la tarea de la escuela y los docentes con la participación de las familias, la comunidad, los gobiernos locales en la acción educativa.

Es evidente que la cuestión salarial y las condiciones de trabajo juegan un papel fundamental en atraer a los mejores estudiantes hacia la docencia, en generar mejores condiciones de trabajo y mayores posibilidades de formación permanente y desarrollo profesional. La caída del salario docente desde la recuperación de la democracia, que fue permanente con la sola excepción del período 2003/15, ha jugado un importante papel en el deterioro de la profesión. Actualmente, en valores constantes, el ingreso de los docentes es un 40% menor que en 1983.

Varias de las propuestas incluidas en la LEN avanzan sobre la necesidad de realizar transformaciones sustantivas en la trayectoria profesional de los maestros y profesores, colocando en el centro la preocupación sobre la mejora de la calidad educativa. Una de ellas es la diversificación de las alternativas para promoción en la carrera docente. El artículo 69 plantea la creación de por lo menos 2 modalidades. La primera, vinculada a las tareas de conducción y gestión escolar, que requieren una formación y capacidades específicas, y la otra, destinada a que se pueda ascender (y por lo tanto mejorar el salario) permaneciendo en el trabajo directo con los alumnos en el aula.

¿Cuál es el objetivo de esta propuesta? Posibilitar que los docentes que han realizado muy buenas experiencias de enseñanza y que tienen voluntad y vocación de continuar enseñando en los cursos, no se vean obligados a salir del aula para obtener una promoción. Hoy muchos de ellos se ven tentados a dejar el grado para poder mejorar sus ingresos. Es necesario, manteniendo los incentivos vinculados a la antigüedad y la experiencia, generar mecanismos que permitan que quienes ganen los concursos de mérito y que ascienden en la carrera docente no se vean obligados a asumir una tarea de gestión. Esta opción permitiría que docentes con más capacitación, experiencia y vocación por la enseñanza permanezcan en el aula para mejorar la calidad de los aprendizajes. Otro de los aspectos que fue abordado por la LEN (art.83), es la necesidad de favorecer, a través de distintos tipos de incentivos, la permanencia de los docentes por más tiempo en la misma escuela, principalmente en aquellas que atienden a los alumnos que provienen de familias con condiciones más desfavorables. Actualmente, la mayoría de los maestros y profesores inician sus carreras o acceden a la titularidad en establecimientos educativos a los que concurren poblaciones más lejanas y carenciadas. A medida de que adquieren experiencia en la enseñanza con estos sectores, se familiarizan con su capital cultural y se forman profesionalmente, tienden a trasladarse o titularizarse en escuelas más cercanas a sus domicilios. Las investigaciones muestran que en la mayor parte de los casos, los niños y jóvenes que pertenecen a los sectores más pobres, son los que están expuestos a los docentes con menor experiencia laboral, que poseen menor estabilidad en el cargo y que rotan permanentemente. Es por ello que es necesario generar incentivos que permitan la permanencia de los docentes durante períodos mayores en las escuelas, principalmente en las que incorporan poblaciones con más necesidades.

Otro de los aspectos que aborda la LEN y que ha sido poco implementado por las jurisdicciones fue la posibilidad de que los docentes cuenten con espacios institucionales destinados a la formación permanente y la elaboración de los proyectos educativos comunes (art. 123). Estos ámbitos, que deben estar sustentados en el pago de las horas de trabajo mientras no están al frente alumnos y deben convertirse en espacios de formación docente permanente, de manera que la capacitación también esté focalizada hacia atender las particulares necesidades educativas de la comunidad educativa con la que trabajan. Esta instancia exige el trabajo conjunto con los Institutos Superiores de Formación Docente, las universidades y las instancias de formación en servicio de cada provincia. En el caso de la escuela media, todas estas estrategias deben ir acompañadas por fuertes cambios en la estructura pedagógica, curricular e institucional que ya hemos abordado en artículos anteriores.

Pero sin lugar a dudas, muchas de las principales propuestas de transformaciones para el mejoramiento de la calidad educativa deben estar dirigidas a fortalecer y mejorar la calidad de la formación inicial de los docentes y de su actualización permanente. Esta problemática, que abordaremos en un próximo artículo, implica abrir un espacio de discusión y elaboración de propuestas conjunto entre los Institutos Superiores de Formación Docente y las Universidades. Entre otros temas, se debería recuperar el debate sobre la distribución de responsabilidades de la Nación a través del INFOD, las del Consejo Federal de Educación y de las jurisdicciones.

Como hemos planteado al inicio, frente a las estrategias libertarias de ajuste, desescolarización y mercado, es tan necesario poner en evidencia su objetivo de destrucción del sistema educativo público, como elaborar las propuestas alternativas que permitan implementar políticas de Estado dirigidas a ampliar la inclusión y mejorar la calidad de la educación de los argentinos.

DF

dfilmus.prensa@gmail.com

Tras lograr la flexibilización de la Ley de Glaciares, el gobierno de Milei impulsa ahora el debilitamiento de la Ley de Manejo del Fuego y de la Ley de Bosques. Mientras los ecosistemas colapsan, se pretende eliminar las pocas herramientas legales que todavía los protegen. Es claramente grave e inconstitucional, pero la prioridad del oficialismo es facilitar negocios extractivos a costa de destruir reservas estratégicas de agua y de biodiversidad.

Todo se da en un contexto apocalíptico: más de 60.000 hectáreas de bosques andino patagónicos fueron arrasadas por incendios forestales durante la última temporada primavera-verano en Argentina, según el relevamiento satelital realizado por Greenpeace. La superficie quemada equivale al tamaño de tres ciudades de Buenos Aires.

Viviendas destruidas, bosques milenarios reducidos a cenizas y altísima biodiversidad perdida. Pero el fuego no avanza solo. Lo hace acompañado por decisiones políticas, recortes presupuestarios y una peligrosa combinación de negacionismo, negligencia y desidia.

Los incendios forestales del último verano en el Parque Nacional Los Alerces, El Turbio, Puerto Patriada, Epuyén y El Hoyo, fueron los peores de las últimas seis décadas en la Patagonia argentina. La superficie afectada duplicó la de la también severa temporada anterior y multiplicó por diez el promedio de pérdida de bosques registrado entre 2022 y 2024.

No fue un fenómeno excepcional e imprevisible. La ciencia y el movimiento ecologista vienen alertando desde hace décadas sobre el impacto del cambio climático. Sequías prolongadas, veranos con temperaturas extremas y vientos intensos, convierten a la Patagonia en un territorio cada vez más vulnerable al fuego. Sumado a esto, la expansión descontrolada de pinos exóticos, especies altamente inflamables que agravan el riesgo y dificultan la regeneración de los bosques nativos.

A esto debemos agregar la demora en reaccionar por parte del gobierno nacional. Recién después de semanas de incendios fuera de control se declaró la EmergenciaÍgnea en la región. Aún así, la medida resultó insuficiente: sin presupuesto específico y con un debilitado sistema de combate al fuego.

Mientras Argentina integra la lista de los 15 países con mayor deforestación del mundo, el financiamiento de la Ley de Bosques Nativos y del Fondo Nacional de Manejo del Fuego fueron drásticamente reducidos.

Teniendo en cuenta que el 95% de los incendios se inician por causas humanas, es fundamental un mayor trabajo en prevención y educación ambiental. Por otra parte, es importante iniciar un plan de erradicación de los pinos exóticos, principalmente en los municipios y en las áreas protegidas.

La situación de los brigadistas forestales también muestra el desinterés del gobierno en el tema; la Administración de Parques Nacionales cuenta con apenas 400 combatientes -con sueldos bajos y contratos laborales precarios-, cuando el mínimo necesario sería de 700 para poder cubrir las cinco millones de hectáreas bajo su jurisdicción y asistir a las provincias cuando la emergencia lo requiera. Y la motosierra no para: recientemente el gobierno nacional recortó más de 2.500 millones de pesos argentinos, destinados al funcionamiento de Parques Nacionales.

Los gobiernos deben dejar de negar o subestimar la crisis climática y aumentar considerablemente la cantidad de brigadistas e infraestructura para el combate temprano al fuego, tanto a nivel provincial como nacional. Pero también es evidente que el sistema de multas económicas no resulta suficiente para desalentar tanto los desmontes como los incendios, por lo que se debe prohibir y penalizar la destrucción de bosques nativos. Y si hablamos de cambio climático no podemos dejar de avanzar en una transición energética justa hacia las fuentes renovables.

Es tiempo de unirnos y resistir a este ataque contra nuestros ecosistemas y contra las leyes que los protegen. Por el planeta, por nosotros y por las futuras generaciones.

*Hernán Giardini es coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina

La edición 2026, la novena, batió un récord con 93 mil millones de euros en compromisos de inversión extranjera. En el Palacio de Versalles, el lunes 1 de junio, tuvo lugar el “Sommet Choose France” (Cumbre Elige Francia), precedido por tres jornadas preparatorias. En esencia, se trata de la libreta de baile anual de la diplomacia económica francesa: una estrategia para fortalecer a Francia como potencia industrial y tecnológica, que combina promoción del país, networking de élite y un ejercicio singular de soft power económico.

Los 71 nuevos proyectos anunciados incluyen la creación de gigantescos centros de datos de inteligencia artificial en Hauts-de-France, la región más septentrional del Hexágono —sobrenombre habitual para referirse a la Francia metropolitana continental—; esto se suma a otros proyectos ya confirmados. Como se trata de instalaciones pantagruélicas en términos de consumo eléctrico, resulta decisivo que el país sea productor y exportador neto de energía. El 95% de su producción total de electricidad tiene origen bajo en carbono, y la energía nuclear constituye el pilar principal, con alrededor del 67-70%. Francia usa el argumento de su energía nuclear limpia para fundamentar los proyectos; “enchufa baby, enchufa” (plug baby, plug), en contraste con “perfora baby, perfora” (drill baby, drill).

Para un país en búsqueda de una ventaja competitiva duradera y una renovación de su influencia regional, resulta imprescindible atraer capital extranjero. En ese marco, ¿qué grado de autonomía es posible mantener cuando los flujos de inversión provienen de actores con agendas geopolíticas propias, especialmente en un campo donde el dominio de los datos adoquina el camino hacia el futuro? Para que ello no equivalga a ceder el control estratégico de sectores clave, la narrativa nacional debe articularse sobre la base de una voluntad política sostenida, que incluya equidad en las reformas laborales, la inversión en investigación y la estabilidad regulatoria. La attractivité no es un destino pasivo, sino que combina pragmatismo económico con orgullo cultural. Todo esto obliga a pensar los roles del Estado en la era del capitalismo digital.

Arthur Mensch, cofundador y CEO de Mistral AI —uno de los empresarios franceses más relevantes en el ámbito de la inteligencia artificial—, critica la regulación europea, a la que califica de “pesada” y fragmentada, así como los riesgos de dependencia excesiva del capital extranjero. Al mismo tiempo, apoya la atracción de inversiones, siempre que vayan acompañadas de una acelerada construcción de infraestructura local y de medidas que preserven la soberanía tecnológica.

Netanyahu ha declarado en diversas ocasiones que Israel es, después de Estados Unidos, el país que atrae más venture capital (financiación privada a cambio de participación accionaria) e inversiones extranjeras en investigación y desarrollo (I+D) del mundo, ya sea en términos absolutos o, especialmente, per cápita. Israel cuenta con aproximadamente 10 millones de habitantes, y han establecido allí importantes centros de investigación y desarrollo numerosas multinacionales estadounidenses (Intel, Google, Microsoft, Nvidia y otras). Los unos y los otros.

Mientras Francia destaca en sectores como la energía nuclear y la automoción —gracias a sus fuertes inversiones en I+D respaldadas por una sólida infraestructura energética y manufacturera—, Israel se posiciona como “Nación Startup” (Start-Up Nation), gracias a un ecosistema de innovación único en el mundo. Cuenta con una de las mayores concentraciones de ingenieros, científicos y doctores per cápita del planeta, muchos de ellos formados durante el servicio militar obligatorio. Un ejemplo emblemático es la Unidad 8200, una de las unidades de inteligencia más importantes de las Fuerzas de Defensa de Israel. Este entorno fomenta habilidades avanzadas en ciberseguridad, inteligencia artificial, algoritmos y resolución de problemas bajo presión, en una cultura que valora especialmente la chutzpah (audacia israelí) y el “pensamiento fuera de la caja” (pensar de manera no convencional, originado en el clásico ejercicio psicológico de los nueve puntos).

Cuando Netanyahu dijo que Israel es segundo después de EE.UU. en inversión extranjera en I+D, usó una métrica específica. El Gasto Bruto en Investigación y Desarrollo (Gross Expenditure on Research and Development, GERD) es el gasto total en I+D realizado dentro de un país, independientemente de quién lo financie (gobierno, empresas, universidades, etc.). El Gasto Empresarial en Investigación y Desarrollo (Business Expenditure on Research and Development, BERD) es un subconjunto del GERD que corresponde al gasto realizado por el sector empresarial privado, y suele representar entre el 60% y el 80% del total en países desarrollados. Es especialmente relevante cuando se habla de inversión extranjera en I+D, porque las multinacionales invierten principalmente a través de empresas (centros de I+D, adquisiciones de startups, etc.).

Israel dedica alrededor del 5,5-6% de su PIB a I+D, la ratio más alta del mundo. Cuenta con más startups per cápita que cualquier otro país y alberga más de 400-570 centros de I+D de multinacionales, los únicos fuera de su país de origen muchos de ellos. Ofrece fuertes incentivos estatales a través de la Israel Innovation Authority, que otorga subsidios, exenciones fiscales y apoyos específicos en sectores de doble uso y biotecnología. Se beneficia además de una robusta protección a la propiedad intelectual y del flujo de capital procedente de la diáspora judía, de Estados Unidos, el Golfo y Asia. Mientras Francia atrae inversión en I+D por su gran tamaño, su amplio mercado interno y sectores maduros como la energía, Israel lo hace gracias a su alta densidad de talento innovador, su velocidad de ejecución y un ecosistema que permite descubrimientos rápidos.

Una investigación del Haaretz, el periódico diario más antiguo de Israel que aún se publica, pone en evidencia que los usuarios de Starlink —quienes creían que el servicio garantizaba cierto anonimato— podrían estar pisando el palito, o algo todavía más riesgoso: el paso de la “intercepción” a la “inferencia”. La inteligencia de señales clásica (SIGINT) se basaba en interceptar las comunicaciones: capturar el contenido de las transmisiones (voz, datos, mensajes) o, al menos, sus metadatos técnicos directos. Lo que cambian los satélites de órbita baja (LEO) y, en particular, Starlink, es la posibilidad de localizar terminales y vincularlas a identidades reales mediante la economía de datos comerciales que rodea al usuario (advertising IDs, datos de aplicaciones, teléfonos vinculados, patrones de conexión, etc.). Se pasa así de capturar señales a inferir todo el contexto: quién se conectó, desde dónde, con qué dispositivo, en qué momento y junto a qué otras huellas digitales.

Una de las compañías a cargo, TargetTeam, con sede en Chipre, está administrada por ingenieros con antecedentes en inteligencia israelí. La segunda, Rayzone, fue fundada en Israel y sus ventas están sujetas a la supervisión del Ministerio de Defensa israelí. A partir de esa economía de datos es posible mapear rutinas y des-anonimizar al usuario.

Muchas décadas atrás, existió en Argentina una decisión nacional de impulsar de manera sostenida la investigación científica, sobre el postulado de que existe una relación directa entre formación de excelencia y la adopción de decisiones soberanas y acertadas. Hoy, instituciones como las universidades públicas —donde se concentra gran parte de esa investigación— sufren un fuerte desfinanciamiento, cuyos números son elocuentes: Argentina destina apenas el 0,16 % del PBI (el nivel más bajo en cincuenta años), a la inversión pública en Ciencia y Tecnología (lo que se conoce como Función Ciencia y Técnica del Presupuesto Nacional), frente al 3,4 % de Estados Unidos, el 2,43 % de China, el 1,15 % de Brasil y alrededor del 0,4 % de Chile. Esta ablación de futuro se produjo sin un debate racional ni propuestas superadoras (Horacio Casini). Francia e Israel, los unos y los otros. Argentina: ni los unos, ni los otros.

Aunque no lo parezca, esta semana en las redes y medios de Argentina, se habló mucho sobre desigualdad. En los diarios, los nuevos requerimientos del FMI para que la Argentina “recaude más” incluyeron la idea de subir impuestos a los trabajadores -pero no a otros sectores-, aún cuando la mayor parte de ellos no le ganó a la inflación y, aun cuando su menor consumo es lo que explica la caída en la recaudación. Las redes por su parte, hablaron bastante de un fenómeno, no nuevo, pero sí magnificado en los últimos años, que es la presencia en medios, en política y en todos los espacios de poder de los “nepobabys”, los “hijos de”. Si siempre fue más fácil para ellos hacerse camino, ahora pareciera que son casi los únicos que pueden caminar y de paso, opinar e incidir desde un lugar que puede -peligrosamente- considerar su experiencia y oportunidades previas como si hubieran sido las de todos. Por último, Galperín habló de cómo un impuesto a los más ricos no alcanzaría para engrosar las arcas del Estado, y también abrió debate. Pero en esta nota quiero compartirles lo que está exactamente del otro lado del fenómeno de la desigualdad, algo que discutimos esta semana en el corazón del Barrio Mugica, ex villa 31.

Fui muchas veces a la 31, pero esta vez como el destino estaba bien dentro del barrio, me tocó tomar por primera vez un colectivo informal que es la única forma de ir 30 cuadras para adentro y que sale más caro que un colectivo normal. ¿Qué paradoja no? Sale de Retiro, que debe ser el lugar más conectado en transporte público -tren subte y colectivo- de toda la ciudad. Pero no hay ninguno de los colectivos oficiales que pueda hacer ese tramo. De eso fuimos a hablar, de cómo las herramientas para transformar la desigualdad están ahí nomás de nuestras manos, pero toca repensarlas - y usarlas-, aprendiendo de la experiencia. 

En Futuros Mejores, un espacio en el que trabajamos en construir agenda alternativa a este presente gris en distintos temas, nos preguntamos cuál debería ser hacia adelante la mejor política social para revertir la desigualdad. Mientras que las políticas universales para infancias van ganando consenso —y hasta los gobiernos de derecha las tienen que sostener—, las políticas sociales para las personas en edad de trabajar son siempre materia de discusión social y mediática. ¿Quiénes merecen recibir esas políticas? ¿Quiénes las gestionan? ¿Se les pide algo a cambio? Son algunas de las preguntas que encienden el debate. Pero, desde nuestra perspectiva, es mejor empezar por preguntarnos: ¿quiénes son y qué están haciendo las personas pobres en edad de trabajar en Argentina?

La sociedad repite “No quieren trabajar” “No consiguen trabajo porque no tienen educación”, se imagina a un señor tomando mate y mirando el techo todo el día. Pero cuando miramos las estadísticas oficiales encontramos que sólo el 7,9% de las personas pobres en edad de trabajar están desempleadas. El 59% de las personas pobres en edad de trabajar en Argentina ya tienen trabajo —en construcción, en comercio y en industria— y aun así son pobres. Otro 18% son amas de casa: mujeres que tienen el tiempo ocupado cuidando. El 60% de las trabajadoras de casas particulares laburan y son pobres y el 60% de los hogares monomarentales también. La gente “pobre” con infinito tiempo disponible es la excepción, no la norma. De hecho, las personas pobres trabajan un promedio de horas semanales superior al de las personas no pobres (41,8 horas y 40,2 respectivamente). ¿Y entonces que es lo que hace la diferencia? Uno de los factores parece ser la informalidad: entre los trabajadores pobres, la formalización es sólo del 41%, mientras que entre los no pobres es del 82%. Aunque los derechos parezcan “viejos”, todavía te transforman la vida, para ser o no ser pobre.

Frente a este panorama, en Argentina en los últimos 30 años la política social para personas en edad de trabajar se reversionó 10 veces, con distintas metodologías y coberturas y hoy el gobierno plantea eliminar el Volver al Trabajo y el acompañamiento social. Y no es sólo el gobierno. Muchos en el país, de un lado u otro de la grieta, creen que en un futuro mejor estas políticas van a desaparecer, creen que si el país “se desarrolla” no se van a necesitar. Sin embargo, la automatización del trabajo y el reconocimiento de la economía del cuidado traen todavía más cuestionamientos a la idea de que la sociedad entera puede resolverse en el mercado de trabajo. Por eso, los países con elevado nivel de desarrollo combinan políticas de ingreso universal, empleo, formación y remuneración de cuidados para las personas pobres en edad de trabajar.

Mirando los datos y contemplando lo que hace el resto del mundo desde Futuros Mejores escribimos una propuesta de 6 “mandamientos” :

Pero nuestras propuestas son en realidad una excusa para discutir con el resto de la sociedad, para salir del modo resignación y pasar al de imaginación. Eso hicimos en la 31 con La Poderosa, y otras 20 organizaciones sociales, académicas y políticas. Entre las organizaciones e instituciones presentes hubo acuerdo en que horas de trabajo y esfuerzo sobran pero lo que falta es empleo de calidad. Hubo acuerdo en la necesidad de, hacia adelante, eliminar los cupos sino planear políticas universales en su aplicación. La ley de salario social y de integración socio urbana son dos antecedentes que no debieran abandonarse sino ser puntos de partida.

Se planteó que una política social integral a futuro también ofrece servicios públicos, no sólo ingresos, esos servicios crean comunidad más que las transferencias. En esos servicios está también el transporte y las instituciones de cercanía. “Viajando perdemos 11 años de vida” decía una de las presentes. Se planteó también que si se quiere reconocer mejor a la economía popular se necesitan nuevas figuras cooperativas y nuevas figuras tributarias que superen el monotributo.

Otro acuerdo fue el de revisar las políticas de riqueza, y que se hace con ese excedente, a la par de pensar la pobreza. Si la mayor parte de la pobreza ya está trabajando, entonces la principal política social tiene que ser lograr que ganen mejor por eso que ya hacen, una política de distribución. Si el FMI quiere aumentar la recaudación de la Argentina…quizás debería empezar por pedir eso…más y mejor distribución.

*La autora es referenta de Futuros Mejores

La discusión sobre “Gemelo Digital Social” trasciende lo tecnológico para convertirse en un desafío ético y constitucional de esta nueva Era.

La promesa es tentadora: replicar virtualmente las dinámicas de la población mediante inteligencia artificial para optimizar recursos, predecir demandas y diseñar políticas públicas con precisión. Sin embargo, detrás de la narrativa de la modernización estatal se esconde una encrucijada peligrosa sobre el uso de nuestros datos personales y la vigencia de los derechos personalísimos en Argentina.

En primer lugar, la Constitución Nacional consagra en su artículo 19 el principio de reserva, el cual establece que las acciones privadas de los hombres que no ofendan al orden, a la moral pública ni perjudiquen a terceros están exentas de la autoridad de los magistrados, mientras que el artículo 43 garantiza la autodeterminación informativa mediante la acción de Habeas Data, permitiendo a toda persona conocer la finalidad y el registro de sus datos personales, así como exigir su supresión o confidencialidad en caso de discriminación o falsedad. En sintonía, el Código Civil y Comercial en su artículo 51, declara la inviolabilidad de la persona humana y el derecho al respeto de su dignidad en cualquier circunstancia; en su artículo 52, al facultar la prevención y reparación de daños ante lesiones a la intimidad, imagen, identidad o dignidad; y finalmente en su artículo 1770, el cual regula específicamente la protección de la vida privada, obligando a cesar y a indemnizar cualquier intromisión arbitraria o perturbación a la intimidad ajena.

El Estado tiene la potestad de administrar datos, pero no es el dueño de nuestra identidad. El límite legal es taxativo: la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales prohíbe el tratamiento de información sin consentimiento libre e informado, y veta explícitamente la creación de archivos que almacenen datos sensibles como pueden ser las opiniones políticas, la religión que profesan o detalles específicos sobre la salud. ¿Por qué? Para evitar perfilar ideológica o socialmente a las personas. Cruzar esa frontera no es innovar.

¿Qué datos podrían ser entonces “relevantes” para este modelo predictivo sin infringir la ley? El marco legal argentino permite el uso de información estadística y macroeconómica disociada. Es decir, datos donde la identidad del individuo haya sido irreversiblemente anonimizada. Son válidos y lícitos los registros agregados de densidad poblacional, índices de vulnerabilidad social por regiones geográficas generales, tasas de escolaridad, niveles de empleo o consumos energéticos comunitarios. Estos indicadores permiten trazar mapas de calor predictivos para saber dónde se necesita un hospital o una escuela, sin necesidad de espiar el comportamiento individual, los hábitos de consumo o las interacciones digitales. 

Jurisprudencia, la primera barrera

El fallo “Halabi” (2009) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación constituye el límite constitucional más sólido y el antecedente jurisprudencial más potente frente a cualquier intento de vigilancia como el que se podría instrumentar desde Capital Humano. En dicha sentencia, al declarar la inconstitucionalidad de la llamada “ley espía” de telecomunicaciones que obligaba a registrar preventivamente el tráfico de datos de todos los usuarios, el máximo tribunal determinó que el Estado no puede intervenir en la esfera de la privacidad de los ciudadanos de manera generalizada ni desproporcionada bajo la excusa de la seguridad o la eficiencia de la gestión pública, ratificando que el uso de entornos tecnológicos no implica la renuncia a la expectativa legítima de intimidad. Además, el fallo dio lugar a los derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos. En criollo: una determinada medida tiene efectos comunes sobre un determinado universo de personas. Entonces, si el algoritmo estatal avanza sobre un perfilamiento no consentido de la población, estamos ante una afectación colectiva que habilitará a cualquier afectado o asociación a interponer una acción de clase para frenar el sistema informático en todo el territorio nacional.

El verdadero peligro del “Gemelo Digital” no radica, por ahora, en la herramienta, sino en el control totalizador del Gobierno. Cuando los algoritmos del Estado dejan de analizar variables macro y empiezan a procesar microconductas individuales para “predecir” el comportamiento social, la eficiencia pretendida se convierte en vigilancia. 

*Abogado - Especialista en Derecho e IA (Universidad de Salamanca) / LinkedIn drnicolasbevilacqua

Hace un año, junto a Alberto Binder señalábamos que había llegado la hora de que los jueces cumplieran su función de garantizar la vigencia de la Constitución. Pero el reloj sigue corriendo y pocos jueces aparecen. Entre las múltiples razones de esa inacción, una se volvió especialmente visible en el último mes: el envío de pliegos por parte del Poder Ejecutivo que, en algunos casos, reflejan negociaciones tan burdas que avergonzarían a cualquier mercado persa.

Un informe de ACIJ, INECIP y otras organizaciones mostró que el sistema de concursos puede convertirse en una pantomima. De un plumazo, una persona puede ascender 10, 20 o hasta 30 posiciones en el orden de mérito construido a partir de antecedentes y exámenes. De los primeros 67 candidatos enviados al Senado, 20 no habrían ingresado a la terna si no fuera por esos movimientos en las etapas más discrecionales. En 12 casos, los “saltos” superan las 10 posiciones. 

Lejos de tratarse de correcciones al mérito en base a otros factores también válidos, muchos de esos cambios responden a cuestiones indebidas, como vínculos familiares, políticos o con jueces que tienen a su cargo causas sensibles para el Gobierno. Reconocer esto no implica negar el carácter político del proceso. Pero la dicotomía “mérito o política” es falsa. La idoneidad es un baremo insuficiente, pero imprescindible. En la práctica, cuando se lo deja completamente de lado, no suele ser para ampliar la diversidad de perfiles que llegan a la magistratura, sino todo lo contrario.

En los hechos, el sistema no valida idoneidad ni independencia, sino que testea sumisión. Para llegar a ser juez en Argentina, muchas veces hay que demostrar que se atenderán ciertos teléfonos, o que se actuará considerando ciertos intereses sin necesidad de que el teléfono suene. Cualquier señal de independencia puede dejar al competidor fuera de carrera. Quien finalmente llega, generalmente lo hace tras haber conseguido ciertos apoyos que son condicionamientos previos, ya sean explícitos o tácitos. Y, lamentablemente, ese proceso de encorsetamiento previo suele ser muy efectivo.

De este modo, desde el momento mismo del nombramiento se empieza a moldear una cultura judicial de la sumisión que luego se traslada al ejercicio mismo de la magistratura.

El problema de esa cultura es que un juez que evita fallos difíciles por temor a las reacciones del poder es como un bombero que no entra a una casa incendiada por miedo al fuego. No se trata de heroísmo, sino de cumplir con su función más básica.

Nadie pide jueces mártires. Pero naturalizar la idea de que no podemos exigirles un mínimo de coraje cívico implica confundir realismo con resignación. Un error cada vez más usual del pensamiento democrático y republicano, que termina siendo funcional al avance autoritario.

La explicación habitual de esa inacción judicial es la “debilidad estructural”, que en la práctica funciona como una profecía autocumplida: como el Poder Judicial sería débil, los jueces actúan como si no se pudiera hacer nada, y esa debilidad se reproduce indefinidamente, a la espera de condiciones ideales que nunca llegan ni tampoco llegarán solas.

Esa inacción individual tampoco se compensa con la acción colectiva. No porque falten asociaciones o redes de jueces. Pero muchas de ellas participan y promueven este juego de distribución de cargos que dicen cuestionar. Otras limitan su acción a la discusión académica o a la catarsis auto-exculpatoria, sin hacer un ejercicio de autocrítica corporativa, ni tampoco meterse en la disputa política de fondo que permita remover esos supuestos obstáculos estructurales.

¿Hay salida? Sí, pero no es sencilla. Probablemente ya no estemos a tiempo de evitar que se designen cientos de jueces bajo estas reglas. Pero la grotesca forma en la que está ocurriendo empieza a generar una reacción que debería traducirse en cambios profundos.

La discusión se reabrió con el proyecto de Reglamento de Selección impulsado desde la Corte Suprema, un proyecto que presenta ciertos avances, aunque también deja vigentes muchos de los problemas de los procesos actuales. Su intento de imponerlo a libro cerrado tampoco ayuda, especialmente cuando la propia Corte ha contribuido en los últimos años a consolidar esta cultura de la sumisión, mediante su convalidación por acción u omisión de decisiones claramente inconstitucionales, incluida la designación de jueces de la Corte por decreto. “Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”, en versión cortesana.

Reformar ese reglamento es un paso imprescindible, como desde la sociedad civil se señala hace años, pero insuficiente. Ninguna reforma reglamentaria alcanzará mientras el Consejo de la Magistratura tenga una composición elefantiásica y procesos kafkianos que diluyen las responsabilidades de cada estamento y de cada consejero. No se trata solo de cómo se eligen los jueces, sino también de quién los elige.

Para transformar esto hacen falta más voces. Muchos jueces, aspirantes y abogados comparten este diagnóstico en privado. Su silencio público es otra expresión del problema. El primer paso deberían darlo quienes tienen mayor resguardo institucional: los propios jueces que todavía están comprometidos con la independencia judicial y que comparten este diagnóstico.

Lo que está en juego no es un debate técnico sobre concursos, sino si Argentina va a tener un Poder Judicial independiente o sometido. 

Si quienes bregan por el Estado de Derecho no se toman en serio la larga, incómoda y conflictiva tarea de construir esa independencia, el resultado no será solo un Poder Judicial débil. Será un Poder Judicial definitivamente capturado por parte de sectores de poder, en un contexto regional, y ya también nacional, en el que organizaciones criminales violentas empiezan a entender y a explotar la importancia de controlar la administración de justicia.

Estamos a tiempo de prevenir la extensión de ese fenómeno. La experiencia regional muestra que, una vez que ese proceso se consolida, revertirlo es mucho más costoso.

*El autor es Director Ejecutivo del INECIP – Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales

El proceso de crecimiento sin empleo continúa siendo el rasgo central del escenario actual. La actividad económica viene mostrando una tendencia moderada al alza, pero el crecimiento no se traduce en una mejora equivalente del empleo de calidad. Este desacople responde al patrón sectorial del modelo en curso: los sectores más dinámicos tienen baja capacidad de generación de puestos de trabajo, mientras que las ramas más intensivas en empleo siguen debilitadas. 

En las crisis recientes del mercado de trabajo aparece un mecanismo distinto al de los años noventa. Mientras que entonces el deterioro se canalizaba principalmente en un aumento del desempleo, en los últimos años la principal expresión se da a través del crecimiento de los empleos refugio. 

En los ‘90, entre el 70% y el 80% de los trabajadores activos en situación de crisis laboral eran desempleados y solo el 20% o 30% restante se insertaba en empleos refugio. Esa composición comenzó a modificarse a partir de los 2000 pero sobre todo en los años más recientes, cuando estas modalidades pasaron a ser opciones con más facilidades de acceso. La emergencia de la economía de plataformas de trabajo, especialmente aquellas vinculadas al transporte de personas y productos, contribuyó decisivamente con este proceso, y también lo hicieron la expansión de la tercerización, el monotributo y otras formas de contratación flexibles.

De esta manera, bajaron las barreras de entrada al empleo precario pero subieron las que habilitan el acceso al empleo de calidad. Conseguir un empleo se volvió más fácil, pero conseguir uno con salarios y condiciones adecuadas, cada vez más difícil.

En particular, luego de la pandemia el número de trabajadores insertos en empleos refugio superó al de desocupados (1.8 millones contra 1.7 millones de personas, respectivamente) cuando en los años ‘90 eran apenas el 25% de ellos (650 mil contra un total de 2.7 millones de desocupados). 

Entre las principales características de los puestos creados desde 2023 se destaca que la mayoría son cuentapropistas informales; que trabajan principalmente en servicios de preparación y venta de comidas y bebidas y, en menor medida, en comercio, construcción y servicios; que el trabajo se realiza sobre todo en la propia vivienda, o en la calle y el espacio público; y que la la mitad de esos nuevos trabajadores se encuentra entre el 20% más pobre de los ocupados.

A esto se suma el deterioro de los ingresos. Incluso cuando el salario de los trabajadores formales del sector privado logró mostrar cierta estabilidad en los últimos meses, esa foto no alcanza para describir la situación de los hogares. Los salarios siguen ubicados en niveles históricamente bajos, alrededor de un 20% por debajo de los de 2015, y el peso de los gastos fijos aumentó de manera significativa desde fines de 2023. 

El problema no pasa solo por el salario que el trabajador cobra al inicio del mes, sino por cuánto dinero le queda después de pagar sus gastos fijos: alquiler, electricidad, gas, transporte, etc. Es en ese ingreso disponible donde el ajuste se siente con mayor intensidad. En el sector público, la contracción es aún más profunda: la pérdida salarial acumulada desde fines de 2023 alcanza el 18%.

Frente a esta crisis, la expansión de los empleos refugio permitió que la desocupación no creciera al mismo ritmo que se destruía empleo de calidad. Pero ese mecanismo empieza a mostrar límites. La caída del empleo formal continúa, los salarios no se recuperan y las ocupaciones precarias ya no alcanzan para compensar el deterioro porque su capacidad para absorber a trabajadores excluidos del empleo formal o a aquellos que necesitan de un segundo o tercer ingreso, no es ilimitada. En cierto momento, los trabajadores comienzan a competir por una demanda estancada y la cantidad de oferentes supera a la demanda. 

Entonces, si el Uber llega rápido y es barato, si el mismo conductor además ofrece comida preparada desde su casa, es porque esa economía de subsistencia está llegando a un punto de saturación. Después de eso viene el desempleo.

*Matías Maito (CETyD - EIDAES - UNSAM)

En 1890, año en que según el presidente éramos una nación próspera, se conmemoró por primera vez en Argentina el Día del Trabajador. El 1° de Mayo, para gran parte del planeta, es una jornada de lucha por derechos y reconocimiento al esfuerzo cotidiano. En nuestro país, hace años que no podemos asociarlo a la alegría que tuvo en otros tiempos. Cada vez trabajamos más, en peores condiciones, con salarios más bajos y con mayor temor de perder el único ingreso que ni siquiera alcanza para mantenernos. Este proceso no comenzó con Milei, ni siquiera es patrimonio exclusivo de la Argentina. Desde hace décadas, el trabajo es un tema de debate y tensión en todo el mundo. La globalización, la tecnología y los hábitos de consumo han configurado un escenario completamente distinto al de aquellos días cercanos al pleno empleo.

Durante muchos años en Argentina los sucesivos gobiernos no tuvieron la voluntad o la capacidad de encarar transformaciones que permitieran sostener el nivel de actividad y el piso de derechos para la población. Milei llegó a una Argentina donde coexistían trabajadores formales pobres y millones de trabajadores informales, a quienes incluso sectores del peronismo se resistían a reconocer como tales. Pero Milei, lejos de aliviarles los problemas, los considera sus enemigos. El gobierno libertario no sólo destruye cotidianamente fuentes de trabajo con sus políticas económicas, sino que también se ocupa de minar sus derechos, desde la Ley Bases y con la reforma laboral más regresiva de la historia. Ni se ocupó de los repartidores de plataformas, ni de ninguno de los sectores informales en crecimiento, a los que llama “independientes”, como si estuviera en ellos elegir las condiciones de contratación. 

La fotografía actual del trabajo en la Argentina nos muestra que de la Población Económicamente Activa (PEA) de 25 millones, 6,5 están en el sector privado, 3 en el público, 2 son monotributistas y 2 desocupados. El resto, cerca de 12 millones, está en la informalidad. La misma cantidad que Milei dice haber sacado de la pobreza, solo que ellos existen de verdad y son trabajadores sin registro ni derechos. No es un problema “del Conurbano”. ¿Alguien cree que los proyectos mineros van a revertir que en la mitad de las provincias hay hoy más trabajadores informales que formales? Lo que ocurre mientras nadie se ocupa, es que esos 12 millones sin derechos presionan a la baja los salarios de los formales, que a su vez tienen que buscar en esos mismos rebusques y aplicaciones otros ingresos para llegar a fin de mes. 

Le pese a quien le pese, este problema no se resuelve con crecimiento y con consumo. Por supuesto que son condiciones necesarias, pero en los últimos 50 años demostraron no ser suficientes. Tuvimos ciclos de crecimiento “a tasas chinas” pero el empleo informal creció a tasas siderales. Es por ello que si un gobierno tiene vocación de mejorar la vida de las mayorías tiene que poner el trabajo como centro de su política. No alcanza un plan para la macro: es imprescindible generar instrumentos focalizados en cada rama de la economía popular, en las distintas realidades, para avanzar en la registración y, paulatinamente, garantizarles los derechos que merecen todos los trabajadores, formales e informales. Y esto requiere una mirada moderna que entienda cuáles son las formas hoy de generar riqueza, los procesos productivos o los vínculos con los espacios de trabajo, nadie puede representar lo que no comprende. Por eso, o el peronismo entiende el nuevo mundo del trabajo o corre el riesgo de morir en la nostalgia.

*El autor es dirigente nacional del Moviento Evita

En el último tiempo, distintas situaciones que ocurren en las escuelas comenzaron a adquirir mayor visibilidad y circulación mediática, especialmente aquellas en las que los vínculos entre niños, niñas y adolescentes ocupan un lugar central.

Tal vez no se trate solo de hechos que preocupan al interior de las familias o de cada comunidad educativa, sino de una oportunidad para pensar dimensiones más amplias, que inviten a los adultos a escuchar las condiciones de un contexto atravesado por múltiples factores que inciden en la vida de las infancias y adolescencias.

Entre esas dimensiones pueden considerarse las condiciones culturales, sociales y económicas; los movimientos institucionales y las políticas públicas; la valoración del bien común; y la complejidad que supone, para niños y adolescentes, la pertenencia a grupos donde puedan sentirse reconocidos. En este entramado también se juega un proceso fundamental: la construcción de la noción de semejante, de ese otro que tiene un valor y un lugar equivalente al propio. Esa idea se aprende, se construye, y hoy aparece en muchos casos debilitada en las formas de relación.

Estas variables configuran redes simbólicas que sostienen la posibilidad de pertenencia y de enunciación subjetiva. En ese marco, sostener las diferencias sin anular ni destruir al otro se vuelve un aprendizaje central en un tiempo donde las violencias circulan con mayor naturalidad entre adultos, desbordando límites y alcanzando a niños y adolescentes con escasas mediaciones.

Una expresión de ello pueden ser los recientes episodios de amenazas en escuelas, que exceden los marcos habituales de lo escolar y adquieren modalidades propias de la época: atravesadas por la lógica de las redes, por la velocidad de circulación, por su carácter muchas veces enigmático e inmediato.

Hechos que en otros contextos geográficos o históricos parecían lejanos —como ciertos episodios en Estados Unidos o incluso el caso de Carmen de Patagones en 2004— hoy resuenan de otro modo en nuestro campo social, especialmente a partir de lo ocurrido el pasado 30 de marzo en una escuela de la localidad de San Cristóbal (provincia de Santa Fe), donde falleció un adolescente en un episodio que involucró a otro joven de 14 años.

A partir de ese hecho, distintas situaciones protagonizadas por niños y adolescentes comenzaron a adquirir mayor visibilidad pública y a instalarse en la agenda social. Se hicieron más frecuentes las imágenes y relatos sobre el acceso a armas, episodios de autoagresión, convocatorias a peleas organizadas o la circulación de escenas de violencia entre pares. Estos hechos, amplificados por redes sociales y medios de comunicación, suelen abordarse desde una mirada punitiva que, en muchos casos, desconoce su carácter multicausal y la corresponsabilidad adulta.

Surgen entonces preguntas necesarias: ¿de qué se tratan estas amenazas en las escuelas?, ¿son retos virales?, ¿formas de expresión colectiva?, ¿o modos de decir algo que aún no encuentra otro lenguaje? Estos interrogantes cobran especial relevancia si se los sitúa en relación con los acontecimientos recientes y permiten orientar la tarea de los adultos frente a hechos profundamente dolorosos.

Las manifestaciones de niños y jóvenes no pueden pensarse de manera aislada. Quizás constituyan una forma de enunciación que interpela: “acá estamos”, “esto también nos pasa”. ¿Qué aspectos de estos acontecimientos están dirigidos al mundo adulto?, ¿qué intentan decir estas escrituras repetidas que circulan como amenaza?

Lo cierto es que estas expresiones ponen en movimiento a los adultos, que muchas veces aparecen desorientados, intentando comprender lo que sucede, lo que sienten los jóvenes, sus vínculos en los entornos digitales, y el modo en que habitan estos escenarios. En ese intento se articulan familias, docentes, equipos directivos, estudiantes, organizaciones, medios de comunicación y diversas instituciones, tratando de dar sentido a una cadena de inscripciones que irrumpe con fuerza.

¿Se trata de nuevas formas de expresión donde la amenaza aparece como lenguaje compartido?

La ausencia de espacios de confianza para abordar lo complejo no puede ser sustituida por tecnologías o sistemas de inteligencia artificial, justamente porque no implican un vínculo con un otro significativo. Las dificultades en la construcción de confianza intergeneracional, junto con la distancia entre lenguajes y códigos, configuran parte de este escenario.

A niños y adolescentes les toca transitar un tiempo veloz, donde los modelos de éxito circulan como referencia constante, pero al mismo tiempo dejan un resto: aquello que queda por fuera, lo no reconocido, lo que no encuentra lugar. La virtualización de los vínculos, en el marco de la inmediatez, vuelve aún más necesario el rol de los adultos disponibles para acompañar, alojar y sostener.

Pensar las infancias y adolescencias implica considerar no solo variables evolutivas, sino también la construcción subjetiva en relación con su contexto, su historia y la inscripción cultural que las atraviesa.

En un tiempo donde los discursos de violencia circulan con una intensidad inédita, tanto a nivel nacional como global, las infancias y adolescencias no quedan al margen de sus efectos. Lo que aparece en las escuelas no constituye una excepción, sino parte de un clima de época.

Cuando la violencia se expresa en el ámbito escolar, se vuelve también una interpelación pedagógica que excede a los docentes e involucra a toda la comunidad adulta. No se trata de hechos que ocurren en espacios aislados: muchas veces encuentran inscripción en lugares cotidianos, en paredes, en redes, en escenas donde alguien espera ser leído o escuchado.

Lo que se evidencia no es solo la dificultad de los jóvenes para tramitar el malestar de época, sino también las limitaciones del mundo adulto para alojarlo y transformarlo.

Algo de este tiempo nos confronta con la necesidad de revisar cómo se construyen hoy los vínculos, los valores, los cuidados, los modos del amor y de la diferencia.

La escuela vuelve a ser escenario de estas inscripciones, como lo ha sido en otros momentos de crisis social, y sigue siendo un lugar posible de la palabra, de la escucha y del lazo.

Pero más que centrarse exclusivamente en ella, es necesario ampliar la mirada desde una perspectiva de corresponsabilidad: familias, instituciones, clubes, barrios y comunidades forman parte de los entramados que sostienen —o no— a las infancias y adolescencias.

Reconstruir condiciones de cuidado que permitan tramitar el conflicto sin derivar en daño es una tarea colectiva.

Hoy emerge un dolor que no es individual. Y cuando el dolor no encuentra palabra ni otro que lo aloje, corre el riesgo de transformarse en acto.

Este dolor, que nos involucra a todos, requiere una reconstrucción de lo común, de los espacios compartidos que sostienen el lazo social y hacen posible estar con otros.

En ese sentido, la escuela, el juego, el arte, la música y todas aquellas prácticas que median la expresión emocional pueden abrir canales para escuchar, mirar y decir. Espacios que permitan alojar aquello que aún no encuentra un lenguaje compartido.

*La autora es licenciada en Psicología, Psicoanalista, Docente, Especialista en Prácticas Socioeducativas y Miembro de la Asociación Civil Forum Infancias CABA.

MC

Hagamos historia: en 2007 hay una crisis de gas en Argentina, se interrumpen progresivamente las exportaciones a Chile y se firma un contrato de importación de Bolivia. Pero no alcanzó: en 2008 en Bahía Blanca y en 2011 en Escobar se alquilaron dos buques regasificadores (FSRU) que llegaron a aportar, vía importaciones de Gas Natural Licuado por parte de ENARSA, un cuarto del gas consumido durante el invierno, con una friolera de más de 100 cargamentos por año en 2013 y 2014. 

En el último lustro sucesivos Planes Gas y el ingreso de nueva capacidad de transporte desde Vaca Muerta (Gasoducto Pte. N. Kirchner) permitieron reducir significativamente el número de buques contratados, al tiempo de concentrarlos en la época invernal.

En eso estábamos cuando asumió el Gobierno de LLA. Prontamente, el DNU 50/23 y la Ley de “Bases” rubricaron la estrategia e ideología de los nuevos tiempos: el sujeto de la actividad económica serán los actores privados (reducción al mínimo la intervención del Estado), la comercialización de productos energéticos seguirá las paridades internacionales (en gas, petróleo y electricidad), el costo de la energía será traspasado directamente a los usuarios (salvo subsidios focalizados) y las importaciones y exportaciones serán libres (sin autorización del Gobierno).

Salida del Estado

En este marco, la gestión de la Secretaría de Energía decidió que ENARSA dejara de ser el importador de GNL. Primero se prorrogó la emergencia del Sector Energético hasta el 31/12/2027 (abarcando todo el mandato presidencial). Luego, el DNU 49/2026 estableció un régimen transitorio con estos contornos:

En cuanto a la motivación, el DNU invoca que ENARSA ha actuado como único importador de GNL y que tal intervención estatal ha adolecido de defectos: “Ha asumido actividades propias del sector privado, no ha dado los resultados esperados, ha sido incapaz de dar una solución eficiente, y ha implicado al Estado Nacional erogaciones de mucha envergadura, las cuales no se han materializado en mejoras para el sistema de transporte”.

Finalmente, en cuanto a la “urgencia” en la contratación, el motivo fue “la inminencia del invierno del año 2026 y la volatilidad de los mercados internacionales”. Ello, siendo que la medida se adoptó recién el 26 de enero.

Licitación y ventajas económicas

Por Res. SEN 33/2026 la Secretaría de Energía convocó a una Licitación Internacional para seleccionar un único comercializador-agregador (C-A) privado por 1 año. Para el invierno 2027, el C-A elegido tendría el derecho preferencial de igualar la mejor oferta.

En los lineamientos se establece que (i) el precio del gas entregado a las Distribuidoras será trasladado a las tarifas (pass-through) de los usuarios de gas y electricidad; (ii) este costo no será tomado en cuenta para el reconocimiento de los Subsidios Energéticos Focalizados; y (iii) las ofertas no resultaren convenientes la Licitación podrá declararse desierta y la importación seguir en manos de ENARSA.

El Gobierno apostaba a que este giro regulatorio y operativo le aportara al sistema gasífero beneficios económicos: (a) que un trader internacional consiga mejores descuentos al negociar toda la campaña invernal en forma directa con un solo proveedor (a diferencia de los sucesivos Tenders de ENARSA); (b) que un C-A local lograra bajar el grado de incobrabilidad que soporta ENARSA por la venta de gas regasificado a distribuidoras, generadores eléctricos y la industria; y (c) que Economía dejar de solventar los costos de la terminal de Escobar (a YPF y Excelerate).

Guerra, inflación y demoras

La licitación avanzó pero “pasaron cosas”: en marzo estalló la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz lanzó la cotización del TTF de unos ~10 USD/MMBTU a valores de ~17 dólares. Al mismo tiempo, el índice de inflación de marzo fue del 3,4%, acumulando un 9,4% en el 1° trimestre y una dinámica al alza en los últimos nueve meses.

En ese marco, se recibieron dos ofertas muy parejas, las cuales fueron a una segunda vuelta de mejora de precios, luego de lo cual el resultado fue: 

Así, la confluencia de estos tres factores, más la premura por la inminencia del invierno, convencieron a Economía de que lo más oportuno era declarar desierta la compulsa y que, por ende, ENARSA continuara con la operatoria.

A tales causas podría agregarse una debilidad autoinfligida: las demoras en mejorar la capacidad de evacuación de gas desde Vaca Muerta. Esto, sea por criterios ideológicos (no a la obra pública), sea por vaivenes de gestión (primer año perdido): anulación de la etapa II del GNPK, demora la Reversión del Gto. Norte (4 plantas compresoras aún inconclusas) y tardanza en aprobar la Iniciativa Privada de TGS para el Gto. Perito Moreno.

Derrota del ideario libertario

La salida de ENARSA respondía a criterios ideológicos (cuasi-dogmáticos) arraigados en la Ley de “Bases” antes que a motivos de corte económico-operativos –a pesar de los falaces argumentos vertidos en el DNU que aprobó la licitación. 

Las “erogaciones de envergadura” por parte del Tesoro nacional han respondido a una política pública de desacoplar los precios internos dirigidos a la demanda prioritaria de los valores globales de importación. Así, el origen de las transferencias se halla en una decisión del PEN sobre el manejo de las tarifas y no en la actuación supuestamente ineficiente de ENARSA. De hecho, de querer reducir los subsidios y que la demanda “abone el costo real” del gas/GNL, el traspaso pleno podría haberse ordenado sin la necesidad de modificar todo el esquema de importación que, para colmo, crea un monopolio privado hasta ahora inexistente.

Queda claro: el área económico-energética del Gobierno no logró implementar un cambio estructural en la política de importación de GNL, tal como venía sucediendo desde 2008/2011. Fundados en la premisa de la Ley de “Bases” de retiro del Estado y prioridad de la iniciativa privada, se avanzó en un proceso inaudito, por lo novedoso y lo arriesgado (por escasez de tiempo de implementación). El corrimiento de ENARSA implicaba traspasar a un monopolio privado la gestión de agregación de demanda por fuera de la histórica instrucción de la Secretaría de Energía y sin un precio cierto para cobrar. 

El proceso se atascó por la inminencia del invierno y la irrupción de una coyuntura inesperada y crítica en términos de precios internacionales. Ello, sumado a las presiones inflacionarias que generaría un traspaso a la demanda de los mayores costos de importación. Todo esto fue un combo letal para una política sobreideologizada que termina demostrando –con este giro pragmático– que el problema no es ENARSA y su déficit comercial o presunta ineficiencia, sino que es el Gobierno quien decide subsidiar a los usuarios residenciales/industriales, algo que bien podría reducir incluso bajo el esquema estatal actual –si la política fiscal (y no la inflación) fuera la premisa principal de Economía. 

Conclusión: este invierno seguiremos viendo tenders de compra por ENARSA y la demanda seguirá pagando precios desacoplados de los niveles internacionales. Nihil novum sub sole / nihil novum post luna.

*El autor es doctor UBA en Derecho, director del Instituto de Gas y Petróleo (UBA) y titular de la consultora Paspartú.