Remontada agónica de Lula da Silva en las encuestas. Si el sondeo realizado después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales otorgaba al candidato Flávio Bolsonaro seis puntos de ventaja con respecto al presidente Lula (53% frente al 47%), el último refleja empate técnico con una tendencia al alza para Lula. La encuesta Datafolha confirmaba el jueves el avance del actual mandatario: 50% para cada candidato.

Sin embargo, Flávio Bolsonaro y Lula crecieron en las encuestas a costa de sus nichos electorales, como apunta la periodista Thais Bilenky. Lula en el nordeste y entre los más pobres. Flávio, entre los evangélicos y en el sur. “Es una disputa entre dos electorados muy cristalizados y con pocos indecisos. La intensidad de la polarización afectiva hace difícil que un lado vea los méritos o los puntos en común del otro”, asegura el filósofo Rodrigo Nunes, autor del ensayo Bolsonarismo y extrema derecha global.

El resultado de las elecciones, las más apretadas de la historia de Brasil, es imprevisible. Lula se aferra al aumento del rechazo a su oponente y del miedo al regreso de la familia Bolsonaro al poder. Flávio Bolsonaro confía en que las encuestas previas subestimaron su voto. Felipe Nunes, director de la encuestadora Quaest, avisó el miércoles que el triunfo de Lula es posible, citando las elecciones de 2014, en las que la presidenta Dilma Rousseff remontó en los últimos días. En su opinión, si el Partido de los Trabajadores (PT) revierte votos nulos, blancos y abstenciones, como hizo en 2014, puede ganar.

Calles contra Flávio

Flávio Bolsonaro arrancó la campaña de la segunda vuelta en modo “já ganhou”. Negoció con el sector financiero nombres para el Ministerio de Economía, anunció un tijeretazo en las cuentas públicas y consiguió el apoyo oficial de tres de los cuatro candidatos derrotados. Confiando en las encuestas, replicó el guion de Donald Trump en el primer debate televisivo en Band TV: abandonó su forzada pose de moderación e intentó humillar a Lula. “La estrategia fue mal recibida por los grupos de indecisos. Percibieron que el candidato provocó un aire de opresión, atormentando al presidente de forma inoportuna”, aseguró la periodista Tatiana Farah en UOL. Por su parte, el presidente Lula intentó sacar rédito de la aprobación en el Senado del fin de la escala 6 x 1 (una histórica reducción de la jornada laboral) y de nuevas medidas del denominado paquete de bondades (apoyo a microemprendedores o aumento del programa de asistencia social Bolsa Familia, entre otras medidas).

Sin embargo, el crecimiento de Lula en las encuestas reside en otro lugar: en una marea ciudadana progresista que ocupó las calles con las mayores manifestaciones celebradas en periodo electoral desde 1989. La multitudinaria manifestación de la avenida Paulista de São Paulo el domingo 11 de octubre encierra una clave importante: no fue organizada por el PT, sino por movimientos sociales, organizaciones estudiantiles, la Parada del Orgulho LGTBI, fandoms (comunidades de admiradores de Lady Gaga, Beyoncé o Taylor Swift) y por las hinchadas de los equipos de fútbol de la ciudad.

La tónica se repitió a lo largo del país. Lula sí asistió a la multitudinaria manifestación celebrada el sábado en la playa de Copacabana de Río de Janeiro, cuna política de Flávio Bolsonaro, y al acto de cierre de campaña en la avenida Paulista de São Paulo, dos espacios simbólicos que el bolsonarismo perdió a lo largo de la campaña.

Simultáneamente, la ciudadanía progresista se volcó en las redes sociales. Los influencers de izquierda aumentaron su alcance un 783% y superaron a los bolsonaristas por primera vez en 2026. Y prolifera un alud de iniciativas para evitar que Flávio Bolsonaro sea presidente. Onde da pra conversar (un mapa con el resultado de cada colegio electoral del país y argumentos para convencer a cada perfil), Triplique seu voto (se centra en abstencionistas y en WhatsApp) o Fura Bolha (videos para salir de la burbuja) son algunas de ellas. Otras, como Vira Voto, apuestan por acciones callejeras. “Incentivamos conversaciones francas, en directo, con sillitas en la calle, con panfletos pedagógicos. Es una forma de que las personas que no son militantes, que nunca hicieron campaña, se sientan útiles para resolver dudas y combatir la desinformación”, asegura la socióloga y economista Sabrina Fernandes, una de las promotoras de Vira Voto.

Tirón de orejas de relatores de la ONU a las big techs

El pasado miércoles, cuatro relatores especiales de la ONU enviaron una dura advertencia a la empresa Meta, propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp, por su injerencia en las elecciones brasileñas, respondiendo a la denuncia previa del equipo de campaña de Lula. La organización brasileña CTRL+Z ya había alertado que Meta censuró 1.088 perfiles de apoyo Lula da Silva (incluso al perfil oficial de Lula) y eliminó cuentas, posts y grupos de WhatsApp de izquierda, entre otras irregularidades. Meta alegó problemas técnicos, aunque algunos de sus trabajadores, según Folha de São Paulo, reconocieron que el algoritmo favorece la campaña de Flávio Bolsonaro. “Meta está saboteando las elecciones’, declaró la antropóloga Letícia Cesarino enThe Intercept.

El malestar contra las big techs, que también se extiende a Google, Microsoft, X (antiguo Twitter) y servicios de Inteligencia Artificial (IA), desembocó en manifestaciones denunciando la interferencia en las sedes de Meta en Dublín, París y São Paulo. La candidatura de Lula solicitó incluso oficialmente la suspensión de la candidatura de Flávio Bolsonaro por dicho motivo. “Un fallo técnico que bloquea una campaña presidencial en las vísperas de las elecciones es inaceptable, sea contra quien sea. Tiene que ser rápido, con pericia y con transparencia”, asegura Waldir Franco Felix Junior, abogado especialista en derecho electoral.

Por otro lado, las órdenes de eliminación de contenido del Tribunal Superior Electoral (TSE), presidida por el ministro bolsonarista Kassio Nunes, encendieron todas las alertas. Juristas, políticos, medios y sociedad civil denunciaron la censura del TSE. El intento de eliminación del canal Exército de Lula de WhatsApp, lanzado por el diputado André Janones, sin ninguna prueba de irregularidades, fue duramente criticado por el editorial de Folha de São Paulo titulado Kassio Nunes insiste en censura pro Flávio.

Recta final

A pesar de las expectativas, el debate televisivo de la Rede Globo celebrado el viernes por la noche tuvo un tono moderado. Ambos candidatos se dirigieron a los electores indecisos. Lula aprovechó la ocasión para mostrarse como un estadista veterano, alertando a la audiencia sobre la inexperiencia de Flávio Bolsonaro. “No conocés Brasil”, insistía Lula una y otra vez. El presidente de Brasil también recordó algunos de los escándalos que cercan al candidato ultra. Lula tuvo uno de sus momentos más álgidos cuando ganó derecho a réplica, al ser llamado por Flávio Bolsonaro “nueve dedos” (en referencia al dedo que perdió trabajando en la fábrica). “Si hay alguien aquí en este público sabe lo que es el mundo del trabajo, eso soy yo. Si hay alguien que perdió el dedo con 17 años, trabajando por la noche, ese soy yo. No voy a permitir que un miliciano me llame nueve dedos”, aseguró Lula indignado.

La izquierda sigue encomendándose al rechazo a la figura de Flávio Bolsonaro. “El bolsonarismo tiene un lado grosero e irritante que ofende. El elector que puede cambiar de voto es aquella persona que se incomoda con la agresividad bolsonarista”, matiza Sabrina Fernandes. André Janones desquició a la campaña de Flávio y al propio TSE con una acción sorprendente: incentivar a los millones de “soldados” del Exército do Lula a buscar en Google términos y frases que remiten al pasado oscuro de Flávio Bolsonaro. Además de dominar el Google Trends de búsquedas, su estrategia es que cada persona incentive a los indecisos a realizar búsquedas, para que no sientan tanta presión.

Sin embargo, a pesar de la remontada de la izquierda, las urnas van a medir también la fuerza del antilulismo: un 17% de los electores de Flávio Bolsonaro no es bolsonarista y vota para derrotar a Lula. Rodrigo Nunes explica que quien vota a la extrema derecha tiende a buscarse justificaciones racionales: “Mucha gente que vota a Flávio Bolsonaro lo hace sabiendo que es corrupto y está involucrado con el crimen organizado. Para justificarse, suelen exagerar los defectos del adversario mientras minimizan al candidato elegido”.

La izquierda continúa incentivando la movilización ciudadana. Y confía en la letra pequeña de las encuestas. Subió ligeramente el número de votantes de derecha no bolsonarista que se inclina por Lula. Disminuye levemente la intención de voto nulo y blanco. André Janones se mostró esperanzado en un live de You Tube que hizo con Lula. Se dirigió expresamente a los mayores de setenta años, que no tienen obligación de votar y se inclinan por Lula: “Ahora tenés que pensar en Brasil, el país en el que trabajaste durante 60 años. Es como si fuésemos un árbol. Vamos envejeciendo, dando frutos y esos frutos dan semillas que dan nuevos árboles. Sos eso, tenés que cuidar de los árboles que plantaste en el mundo”.

La tensión política en torno al Museo Nacional de Colombia, el más antiguo del país, se hizo palpable este miércoles en sus propias salas. Tras la orden del Gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella de retirar varias obras de la sede en el centro de Bogotá, y bajo un inusitado despliegue de seguridad, algunos visitantes a la sala titulada Memoria y Nación escrutaban cada espacio vacío como el rastro posible de censura oficial. Un guardia tuvo que aclarar más de una vez que uno de aquellos huecos no obedecía a una orden oficial, sino a una avería: el proyector que debía mostrar una imagen interactiva sobre un panel estaba fuera de servicio.

Otros huecos visibles, en esa y otras salas, sí responden a una orden directa del Ministerio de Cultura. Dictada el 15 de octubre, la medida desmontó de la exposición permanente entre treinta y cincuenta piezas sobre el conflicto armado interno, el feminismo y la diversidad sexual, entre otros temas. Y agudizó una disputa cultural en torno a la memoria colectiva del país sudamericano: quién decide qué historias de Colombia merecen ser narradas y cuáles deben quedar fuera de la vista del público.

La directriz surgió el mismo 15 de octubre, durante la visita de Abelardo De la Espriella, de 48 años, a la sede del Ministerio de Cultura. Allí anunció una “contrarrevolución cultural” y una lucha “abierta, decidida y patriótica” contra el “wokismo”. Su discurso fue explícito: “Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos”.

Una criba a puerta cerrada

Entre los elementos retirados se encuentran los afiches de campaña de dos candidatos presidenciales asesinados en 1990. Uno de ellos es el ya mencionado Carlos Pizarro, quien lideró el movimiento guerrillero M-19, en el que militó el expresidente Gustavo Petro. La agrupación, nacionalista y de carácter urbano, firmó la paz y entregó las armas pocas semanas antes del asesinato de Pizarro, ocurrido el 26 de abril de 1990 a bordo de un avión de Avianca.

El otro fue el candidato presidencial Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica, asesinado un mes antes que Pizarro. Aquel partido de izquierda había surgido de un proceso de paz, pero sus militantes fueron víctimas de una campaña de exterminio que dejó miles de asesinados y desaparecidos, perpetrada por sicarios paramilitares y sectores de las fuerzas de seguridad del Estado.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió la medida con dos argumentos: que el museo no puede convertirse en un espacio de “apología del delito” y que debe proteger a los menores de edad del acceso a “material sensible”. No precisó, sin embargo, qué piezas pondrían en riesgo a los niños.

En el mismo mensaje, Holguín invocó los derechos de las víctimas de los diversos fenómenos de violencia a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Esa consigna, eje del sistema de justicia transicional con el que Colombia intentó cerrar los últimos capítulos de su conflicto armado, figuraba precisamente en uno de los afiches retirados.

Pocas horas después del discurso de De la Espriella, el secretario general del ministerio, Julián Sterling, eligió a puerta cerrada y al margen de los comités curatoriales las piezas que debían salir hacia el almacén, según revelaron medios colombianos. El ministerio no hizo públicos los criterios de la criba. Pero María Belén Sáez de Ibarra, directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), asegura con certeza: “La autoridad política no equivale a autoridad curatorial”.

La cosecha de los violentos

Con la nueva cruzada cultural del Gobierno ultra tambalea y queda cojo un guion museográfico que investigadores y curadores habían construido durante más de una década. Las dos salas más afectadas abrieron en 2014 y 2019, bajo los gobiernos del tecnócrata de centroderecha Juan Manuel Santos, el presidente que firmó la paz con la guerrilla marxista de las FARC, y del derechista Iván Duque.

La renovación de las salas permanentes comenzó en 2013, con el propósito de que el museo abandonara las etiquetas clásicas, con colecciones segmentadas, y se reorganizara en torno a preguntas. El cambio recogía el testigo de la cátedra de historia que la pintora Beatriz González (1932 - 2026), referente del arte colombiano del siglo XX, impulsó en los años noventa para integrar distintas voces sobre el pasado del país.

“Los cambios de los últimos años en el museo se hacen precisamente para responder a la Constitución del 91”, explica Lucas Ospina, profesor de arte de la Universidad de los Andes. Aquella Carta Magna definió a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, y rompió con el molde constitucional existente desde 1886.

Hasta la renovación, la institución había narrado la colonia y la Independencia de España como una gesta exclusiva de hombres blancos, católicos, del centro del país, invisibilizando a los indígenas, los afrodescendientes y los esclavizados que también intervinieron. Y ese es el esfuerzo que ahora quedó golpeado, en especial, en salas como Memoria y Nación, donde la sección dedicada a la gráfica política quedó desierta.

Allí colgaban grabados de Alfonso Quijano (1927 - 2025), Luis Paz (1937 - 2011) y Carlos Granada (1933 - 2015), creadores que retrataron la violencia política colombiana durante la segunda mitad del siglo XX. De Quijano se exhibía, por ejemplo, La cosecha de los violentos, un árbol cuyos frutos son cuerpos humanos. El discurso presidencial asoció este tipo de obra con la apología del terrorismo. “Exhibir una imagen no significa adherir a su mensaje”, responde Sáez de Ibarra.

De la pared dedicada a la historia entre la Constitución de 1991 y el acuerdo de paz de 2016 no quedó ni una sola pieza. Salieron de la exhibición un facsímil de la “séptima papeleta”, el voto impulsado por el movimiento estudiantil que abrió el camino a la Asamblea Constituyente, y el balígrafo, el estilógrafo hecho con una bala de fusil calibre .50 con el que se firmó la paz con las FARC.

Ambos capítulos tienen un testigo común: Humberto de la Calle, ministro de Gobierno durante la Constituyente y jefe de la delegación negociadora en La Habana. “En el fondo, es un acto de censura”, afirma el veterano político liberal.

De la misma manera, Ospina reconoce que el relato del museo, como suele suceder, tenía zonas grises. Cita, por ejemplo, la ausencia de material sobre el horror del legado guerrillero. A su juicio, incorporar esas imágenes o discursos habría enriquecido el rompecabezas. La solución pasaba, sin embargo, por ampliar la muestra mediante el debate: “Así como pudieron quitar piezas en una tarde, se podían adicionar cosas; no en unas horas, pero sí bajo una discusión, bajo un proceso”.

El episodio desnudó, además, la fragilidad institucional del centro, uno de los más antiguos de Latinoamérica. Se trata de una asignatura política y administrativa en la que, según Ospina, los últimos gobiernos no avanzaron. Al carecer de persona jurídica propia, opera como una dependencia del Ministerio de Cultura. Un proyecto de ley intentó dotarlo de autonomía en el año 2000, pero la institución sigue a merced del presupuesto y del ministro de turno.

Por eso De la Calle asegura que el desmonte retrata un país en el que cada bando ve en el adversario a un enemigo. “En ese deseo de dominio absoluto”, advierte, “hasta las instituciones guardianas del patrimonio común caen también en este lamentable proceso”.

La mirada erótica y la guerra

Miguel Ángel Rojas (Bogotá, 1946) tiene dos obras en esta historia. El ministerio retiró una pieza de su serie Faenza, nacida de los encuentros homosexuales que fotografió a escondidas en un cine del mismo nombre del centro de Bogotá en los años setenta. Y dejó en pie, en la sección de gráfica política, la única obra que sobrevivió al desmonte: su ‘David’.

Se trata de una fotografía en blanco y negro de José Antonio Ramos, un soldado al que una mina antipersona arrancó una pierna, posando desnudo como la escultura de Miguel Ángel. Para Sáez de Ibarra, la pieza encierra una tensión entre el ideal heroico del cuerpo y la vulnerabilidad de quien ha sufrido la guerra. “Sería muy limitante leerlo solamente como una exaltación militar”, advierte.

José Ignacio Roca, que fue curador de arte latinoamericano en la Tate de Londres, encuentra la decisión “muy irónica”: en el David, dice, “confluyen dos cosas que no les gustan: la mirada erótica y los efectos de la guerra en el cuerpo social”.

El autor del retrato prefirió no pronunciarse públicamente. Ahora prepara La noche, la retrospectiva que el Museo Reina Sofía de Madrid inaugura el 11 de noviembre y que recorre cinco décadas de una obra dedicada a la violencia y la sexualidad en Colombia.

En todo caso Rojas admite a través de WhatsApp una razón de peso para callar: “Lo que es muy peligroso en Colombia es que a uno lo pueden primero señalar y después darlo de baja”. En la jerga militar colombiana, dar de baja significa matar. Y su mensaje alude a la pugnacidad del discurso oficial de De la Espriella, que desde que era precandidato prometió a la izquierda que haría “todo lo posible para destriparlos” (después pidió perdón).

El museo sale a la calle

El sector cultural no tardó en reaccionar. Seis museos de arte moderno del país, entre ellos el MAMBO, exigieron a la ministra una revisión pública de la medida, mientras que el comité colombiano del Consejo Internacional de Museos (ICOM) reclamó respeto a la autonomía curatorial. También hubo una decisión judicial: el lunes, un juez de Bogotá admitió una tutela interpuesta por la formación de izquierda Unión Patriótica y dos colectivos sociales, y ordenó conservar las piezas retiradas mientras toma una decisión de fondo.

La medida cautelar prohibió, además, desmontar otras piezas por su contenido sin un acto administrativo que lo justifique. Asimismo, exigió al museo un inventario detallado de lo retirado que especifique la ubicación actual de cada obra, su estado de conservación y la autoridad que ordenó su salida.

Entretanto, en las calles, la resistencia civil cobró fuerza el pasado miércoles. Hacia las once de la mañana, William López, exdirector del museo, congregó a unas cincuenta personas a las puertas de la institución para dictar, megáfono en mano, una clase abierta de historia. A escasos metros de la concentración, bautizada como “El museo va a la calle”, una hilera de agentes antidisturbios, apoyada contra el muro de piedra arenisca del edificio, que fue cárcel en el siglo XIX antes que museo, observaba la jornada en silencio.

Ante unas escalinatas pobladas de jóvenes, López reivindicó el carácter público del Museo Nacional y de sus colecciones de arte, historia, arqueología y etnografía. Por todo ello, José Ignacio Roca advierte que la censura que empieza con un par de obras retiradas puede acabar reescribiendo el relato de una nación. Y ya no se trata, concluye, de una pugna entre izquierda y derecha, sino entre democracia y autoritarismo.

Tras uno de los debates televisivos entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva, una búsqueda estuvo en lo más alto de Google Trends: “Flávio Bolsonaro caso Ana Clara”. El presidente Lula preguntó al candidato de extrema derecha y ganador de la primera vuelta “por qué interfirió para que el policía militar que mató a una niña de cinco años con una bala de fusil no fuera preso”. Lula se refería a uno de los episodios que están sacudiendo la campaña electoral: en 2024, el senador Flávio Bolsonaro se convirtió en el abogado del policía militar Bruno Dias Delarolli, acusado por el Ministerio Público de efectuar los dos disparos que mataron en 2021 a la niña Ana Clara Gomes mientras jugaba enfrente de su casa.

Como abogado, Flávio Bolsonaro consiguió revertir la decisión del Tribunal Superior de Justicia (STF) de llevar el caso a un jurado popular. “Difícil de creer que una persona que quiere ser presidente de Brasil defienda a un monstruo. Si Flávio gana, tengo miedo de que no se haga justicia”, aseguró la madre de Ana Clara a Revelando, la iniciativa audiovisual que presentó el caso al gran público. A día de hoy, el juicio contra Bruno Dias Delarillo aún no se celebró.

¿Por qué un senador defendió como abogado a un policía acusado de asesinar a una niña? Camila Pitanga, la actriz que conduce el episodio de Revelando, argumenta que los policías corruptos son la base de las milicias, los grupos de paramilitares surgidos en Río de Janeiro que ya se expanden por todo Brasil. Precisamente, buena parte de los escándalos que salpican a la familia Bolsonaro tienen que ver con las milicias.

En su libro República das milicias, el periodista Bruno Paes Manso califica al expresidente Jair Bolsonaro como el “rey de las milicias”. Aparte de extorsionar a la población de las favelas a cambio de servicios como gas, agua, transporte o seguridad, las milicias están implicadas en asesinatos, especulación inmobiliaria, tráfico de drogas y armas, entre otras cosas. La sombra miliciana acecha especialmente a Flávio Bolsonaro, que fue diputado regional en Río de Janeiro entre 2003 y 2018. “No quiero estar cerca tuyo. Quiero distancia de miliciano”, le dijo Lula a Flávio Bolsonaro en el debate del domingo.

La candidatura del senador Flávio Bolsonaro escondió el apellido Bolsonaro desde el comienzo de la campaña con el objetivo de vender una imagen moderada. Sin embargo, el hecho de haber anunciado que si conquista la presidencia indultará a su padre y que no descarta abrirle espacio en su Gobierno echa por tierra su estrategia anterior. Las encuestas sitúan a ambos en un empate técnico.

La sombra de las milicias y el asesinato de Marielle Franco

En la recta final de la campaña, dos bombas cayeron sobre Flávio Bolsonaro. El Supremo Tribunal Federal (STF), único órgano capaz de derrumbar la inmunidad parlamentaria, investiga a Flávio Bolsonaro por lavado de dinero y evasión de divisas. La investigación cita su vinculación con el abogado Willer Tomas, acusado, entre otras cosas, de robar a la Seguridad Social y de aceptar dinero del Banco Master proveniente de fondos de jubilación. Flávio Bolsonaro y Willer Tomas, que comparten cuenta bancaria, se comunicaban a través de Confide, una aplicación con criptografía usada por los asesinos de la concejala Marielle Franco.

Por otro lado, a finales de septiembre, G1 reveló que Flávio Bolsonaro destinó 200 mil reales desde el Senado a una oscura ONG a petición del miliciano Robson Calixto Fonseca, “o Peixe”, condenado a nueve años de prisión por el asesinato de Marielle Franco. Un día después, el conservador Estadão de São Paulo publicó el duro editorial Flávio y la sombra de los milicianos denunciando que la “candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro contiene el riesgo de la ascensión de las milicias a lo más alto del poder”.

Estadão manifestó su preocupación por la estrecha relación de Flávio con Domingos y Chiquinho Brazão, los milicianos que encargaron el asesinato de Marielle Franco. Como diputado regional, Flávio Bolsonaro votó a favor de la nominación de Domingos Brazão para el Tribunal de Cuentas del Estado. Por otro lado, Flávio Bolsonaro tuvo una histórica amistad con Adriano da Nóbrega, uno de los líderes del Escritório do Crime, organización miliciana que funciona como una especie de agencia de sicarios. Flávio empleó en su gabinete en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) a la madre y a la mujer de Nóbrega. Además, concedió una medalla de honor a Adriano da Nóbrega, misteriosamente asesinado en febrero 2020, cuando huía de su mandato de prisión por el caso Marielle Franco.

Especulación inmobiliaria

Una investigación del Ministerio Público acusó a Flávio Bolsonaro de entregar el 40% del salario de los funcionarios de su gabinete en la Alerja a Antônio da Nôbrega, que lo canalizaba a inversiones inmobiliarias ilegales de la milicia. Flávio fue denunciado en 2020 por el escándalo, conocido como la rachadinha, por organización criminal, lavado de dinero, malversación y apropiación indebida. Sin embargo, las pruebas de la acusación fueron archivadas por un error procedimental, bajo una fuerte presión del entonces presidente Jair Bolsonaro, que llegó a cambiar al superintendente de la Policía Federal de Río de Janeiro. Sergio Moro, entonces ministro de Justicia, dimitió del cargo, acusando al presidente de querer proteger a su hijo.

La cuestión inmobiliaria está en el epicentro de los escándalos de Flávio Bolsonaro. En 2022, una investigación periodística reveló que 51 de las 107 propiedades inmobiliarias de la familia Bolsonaro fueron compradas con dinheiro vivo (al contado), una práctica habitual en el submundo del crimen. A su vez, Flávio Bolsonaro también recibía cuantiosos ingresos sin justificar en una tienda de chocolates que abrió de Río de Janeiro, según publicaron medios locales.

Por otro lado, el jugador de fútbol Richarlison, que disputó el Mundial de 2022 con la selección brasileña, acusó a Flávio Bolsonaro en un video de robarle una mansión de lujo en una isla en Angra dos Reis a través de una maniobra judicial en la que también está involucrado el abogado Willer Tomas. La polémica con Richarlison está relacionada con la PEC das Praias, el proyecto de ley del que Flávio Bolsonaro fue relator en el Senado, que abre la puerta a privatizar terrenos de la Marina.

El pasado domingo, el presidente Lula lanzó una dura acusación a su oponente: “Fui presidente de la República tres veces, vivo en un departamento de 190 metros y un ciudadano, que es senador y ganó el mismo salario que yo, compró una casa de 10 millones de reales al contado, sin explicar de donde vino el dinero”. La compra de la casa, que en realidad costó 6 millones de reales, está siendo investigada por la Policía Federal por supuesto trato de favores del Banco de Brasilia (BRB), vinculado al Banco Master. La hipoteca concedida, a un tipo de interés menor que el oficial, fue liquidada en apenas tres años, algo que también levanta sospechas.

Banco Master y financiación ilegal

El escándalo del Banco Master, un entramado de financiación irregular a cambio de favores que ya afecta a políticos, jueces y medios de comunicación, continúa persiguiendo a Flávio Bolsonaro. En julio, The Intercept reveló que pidió a Daniel Vorcaro, presidente del banco,134 millones de reales para la financiación de la película Dark Horse sobre su padre. Parte del dinero que Flávio admitió haber usado (60 millones de reales) está en un fondo de inversión de Estados Unidos, vinculado a su hermano Eduardo Bolsonaro, prófugo de la justicia brasileña.

Por si fuera poco, dos diputados del Partido Liberal (PL) de Flávio Bolsonaro enviaron dinero público a la Academia Nacional de Cultura, la productora brasileña de la película, que también recibió dinero sospechoso del Ayuntamiento de São Paulo. “Todo indica que Dark Horse es el la caja B del PL de Flávio Bolsonaro”, según contó el periodista Celson Rocha de Barros en el podcast Foro de Teresina. Además, salió a la luz que Flávio Bolsonaro viajó con su familia en el avión privado de Daniel Vorcaro desde Miami a Brasil. Al comienzo de la campaña, el STF divulgó que Flávio estaba siendo oficialmente investigado por su relación con el caso Master.

Sin embargo, a pesar de todo, apenas el 21% de los electores asociaban el caso Master a Flávio Bolsonaro a finales de septiembre. El Tribunal Superior Eleitoral (TSE), presidido por el ministro bolsonarista Kássio Nunes, está intentando limpiar la imagen de Flávio Bolsonaro: ordenó a lo largo de la campaña la eliminación de contenido que vincula al candidato a casos de corrupción. El miércoles determinó la eliminación de posts que asocian a Flávio Bolsonaro con la operación Unha e Carne, que detuvo a Márcio Canella, recién elegido diputado regional en Río de Janeiro, por vínculos con la milicia y el Comando Vermelho (CV). Flávio Bolsonaro había manifestado su “apoyó integral” a la campaña de Canella, a quien definió como “amigo”.

En el turbulento debate televisivo de la Band TV, Lula se sacó una carta de la manga: desafió a Flávio Bolsonaro a abrir el sigilo de su cuenta bancaria y su teléfono móvil. El martes, Lula solicitó en el TSE la abertura de su sigilo, el de su mujer Janja da Silva y de sus cinco hijos con la condición de que Flávio Bolsonaro haga lo mismo.

Flávio Bolsonaro no lo hará, según fuentes de la dirección de su campaña. El senador izquierdista Camilo Santana apunta a que la negativa radica en la sospecha sobre el despacho de abogados de Flávio Bolsonaro, que facturó 13,7 millones mientras ejercía su cargo de senador. La facturación ya está siendo investigada por la Policía Federal (PF), ya que la cuenta conjunta con Willer Tomas es una de las usadas por el senador. Se sospecha que Flávio Bolsonaro era el socio oculto de una Best bet, una casa de apuestas online, según informan medios locales. El propio aumento de su patrimonio declarado en el TSE ya es de por sí sospechoso: Flávio Bolsonaro declaró tener 8,1 millones en patrimonio, un 370% más que en 2018, antes de ser senador.

Mientras Flávio Bolsonaro no acepta el desafío de Lula, el hashtag #quebraosigiloFlávio reina en la producción de memes en las redes sociales y “flávio corrupção” está entre los términos más buscados del Google Trends.

Balón de oxígeno para Lula da Silva en la recta final de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. El Senado aprobó el jueves de la semana pasada una histórica reducción de jornada laboral sin pérdida salarial, una de las banderas electorales de Lula. Tras la aprobación del fin de la escala 6x1 (seis días trabajados por semana y uno libre) todos los trabajadores con contrato tendrán a partir de diciembre derecho a dos días libres semanales. Además, la jornada laboral se reduce de 44 a 40 horas. La medida afecta a 37,11 millones de personas que trabajan más de 41 horas a la semana, según el Ministerio de Trabajo.

“El fin de la escala 6x1 es más que un cambio en la jornada de trabajo. Es tener más tiempo para vivir, descansar, estar con la familia, ver cómo los hijos crecen, cuidarse y aprovechar la vida”, aseguró Lula en redes sociales. En un giro de última hora, el Partido Liberal (PL) del candidato Flávio Bolsonaro votó a favor, para evitar un castigo electoral (el 73% de los brasileños apoyan la medida). Sin embargo, Flávio Bolsonaro ya señaló al empresariado que revisará la medida en caso de que gane las elecciones.

Inicialmente, el fin de la escala 6x1 no estaba en los planes del Gobierno Lula. El detonante llegó de la mano de Rick Azevedo, un trabajador de una farmacia de Río de Janeiro, que acaba de ser elegido diputado. En septiembre de 2023 grabó un video en TikTok para desahogarse, tras recibir una llamada de su jefa en su único día de descanso: “Quiero saber cuando nosotros, clase trabajadora, vamos a hacer una revolución en este país relacionada con la escala 6×1. Es una esclavitud moderna”. El video se viralizó, propiciando el nacimiento Movimento Vida Além do Trabalho (vida más allá del trabajo). La diputada Erika Hilton, que el pasado día 4 obtuvo más de un millón de votos, se convirtió en la gran abanderada del fin de la escala 6x1. El Gobierno Lula abrazó la propuesta. La presión de Lula fue clave para su aprobación en el congreso en mayo por una amplísima mayoría.

Durante meses, Flávio criticó el fin de la escala 6x1 y defendió una ley alternativa para una “jornada flexible”, la PEC 12/2026, en la que el trabajador cobre por hora trabajada. “La propuesta acentúa la explotación de mano de obra. Va en contra de casi todos los ordenamientos jurídicos occidentales, incluso contrariando entendimientos consolidados hace décadas por la Organización de Trabajo (OIT)”, asegura Nasser Ahmad Allan, abogado especialista en derecho laboral y socio del despacho Gasam Advocacia.

Visiones opuestas

La postura de Lula y de Flávio Bolsonaro frente a la escala 6x1 revela dos visiones económicas opuestas. El triunfo de Flávio representa la continuidad de las políticas de ajuste fiscal del gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022); el de Lula, la inercia de sus políticas públicas de expansión del gasto público. 

Tijeretazo al estilo Milei. Tras ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Flávio Bolsonaro anunció un “tesouraço” (“tijeretazo”) del gasto público de 200.000 millones, sin tocar los gastos sociales. Su programa de gobierno prevé la eliminación de al menos diez ministerios, reforma tributaria, bajada de impuestos y retoma de la privatización de empresas públicas. Daniella Marques, asesora de economía de Flávio Bolsonaro, declaró en septiembre que su eventual gobierno eliminará más de mil normas, “usando la inspiración del gobierno de Javier Milei en Argentina”.

Al final del mandato de Jair Bolsonaro la deuda pública se redujo a un 72,9% del PIB. Una parte vino de la privatización de empresas controladas directa o indirectamente por el Estado: se privatizaron 83 empresas públicas (el número cayó de 213 a 130). Flávio Bolsonaro reiteró en campaña que privatizará la empresa pública de correos, entre otras. Durante el gobierno Lula, la deuda pública aumentó hasta el 82,9% del PIB en agosto. Lula no quiere abrir mano del gasto social. “Mucho dinero en mano de pocos es pobreza”, argumentó Lula en la entrevista en vivo el pasado jueves.

Programas y gastos sociales. Lula aseguró hace unos días que el tijeretazo anunciado por Flávio Bolsonaro afectará a los gastos sociales, algo refrendado por la mayoría de economistas. Maria Lourdes Mollo, profesora de economía da Universidade de Brasília (UnB), declaró a Monitor Mercantil que no es posible hacer cortes sustanciales en el presupuesto público sin afectar al área social. Lula cita el legado del gobierno de Jair Bolsonaro, cuando “políticas como 'Farmácia Popular', 'Minha Casa, Minha Vida' y 'Mais Médicos' perdieron recursos o fueron reducidos”.

El informe Después del desmantelamiento 2019-2022 del Instituto de Estudios Socioeconómicos reveló una caída generaliza en el gasto social del gobierno de Jair Bolsonaro. El programa 'Casa Verde Amarela', que substituyó al histórico 'Minha Casa, Minha Vida', redujo su presupuesto de 78,7 millones de reales a 29,7. La inversión en el 'Farmácia Popular', que facilita medicamentos gratuitos para las rentas más bajas, cayó un 59%. El Bolsa Familia, el programa social lanzado por Lula en 2003, renombrado como Auxílio Brasil, fue el único que aumentó su valor. Sin embargo, fue debido a una medida legislativa del congreso durante la pandemia. Lula acaba de aumentar un 15% el Bolsa Familia, que afecta a 19,28 millones de familias. Cada una de ellas, pasará a recibir 691 reales, en lugar de 600. 

Tanto Lula como Flávio Bolsonaro apuestan por mantener el Bolsa Familia. Aun así, Flávio criticó el programa y quiere vincularlo a la creación de empleo.

Salarios y pensiones. Durante la campaña electoral, Flávio Bolsonaro presentó a un círculo de empresario su plan sobre pensiones. La propuesta, que terminó filtrándose a la prensa, propone aumentar a 67 años la edad de jubilación (actualmente está en 65 para hombres y 62 para mujeres). Al mismo tiempo, la economista Laura Carvalho, autora del ensayo Valsa brasileira. Do boom ao caos econômico, denunció en el podcast Calma Urgente que Flávio Bolsonaro quiere desvincular el aumento de las pensiones al aumento del salario mínimo. La medida evitaría el ajuste automático del salario mínimo gracias a la Política de Valorização Permanente do Salário Mínimo, creada por Lula en 2003 y retomada en 2023. Aunque Jair Bolsonaro aumentó tanto el salario mínimo como las pensiones de acuerdo a la inflación, abandonó la política su revalorización que, además de la inflación, aplica también el crecimiento del PIB de los dos años anteriores.

Por este motivo, el salario mínimo en Brasil se revalorizó proporcionalmente más durante el gobierno Lula. El salario mínimo en Brasil pasó de 1.212 reales (240 dólares) al final del mandato de Jair Bolsonaro a 1.621 reales (320 dólares) en 2026. El salario medio es de 3.777 reales.

Inflación y economía cotidiana. El gobierno Lula sale mejor parado que el gobierno de Jair Bolsonaro en cuanto a control de la inflación. El aumento de los precios acumulado durante el gobierno Lula, hasta septiembre, fue de un 17,9%, según el Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA). En los últimos doce meses, la inflación de Brasil se sitúa en el 4,58%. Durante el gobierno de Bolsonaro, hasta septiembre de 2022, la inflación acumulada fue del 25,26%. El peor año fue 2021, cuando la inflación escaló a un 10,16% anual. Sin embargo, con el alza del precio de la gasolina por la guerra de Irán y de algunos productos agrícolas por el cambio climático y la demanda global (por ejemplo, el café) la sensación de que la vida está cara está generalizada. En agosto, durante los primeros días de la campaña electoral, el equipo de Flávio Bolsonaro viralizó muchos vídeos a pie de supermercado denunciando el alto precio de los productos. 

Patricia Costa, economista del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), aseguró a TVT News, que la insatisfacción tiene su raíz en el fuerte aumento de los alimentos durante el gobierno de Jair Bolsonaro: “En la pandemia, el precio del aceite de soja se duplicó. Llegó a unos 6 reales y nunca más bajó. El conjunto de la cesta básica aumentó el 68% entre 2019 y 2022 en la ciudad de São Paulo y 14% durante el gobierno Lula”. Durante el gobierno Bolsonaro (entre enero de 2019 y agosto de 2022), los alimentos y las bebidas aumentaron un 44,2%, frente a un 17,1% del gobierno Lula hasta el pasado agosto. El boletín de Dieese revela que algunos productos como el arroz disminuyeron su precio durante el gobierno Lula. El kilo de arroz, que llegó a costar en agosto de 2024, 5,88 reales, cayó a 4,45 en agosto de este año gracias a la Política Nacional de Abastecimiento Alimentar (PNAAB) puesta en marcha por Lula en diciembre de 2023 mediante decreto presidencial. El decreto facilita que el gobierno acumule reservas de alimentos básicos, para lanzarlos al mercado en tiempos de escasez. 

Endeudamiento familiar y apuestas online. En agosto, Brasil batió el récord de endeudamiento familiar. El 81,7% de las familias tiene algún tipo de deuda, según la Pesquisa de Endeudamiento e Incumplimiento del Consumidor (Peic). “El gran villano continúa siendo la tarjeta de crédito. Muchas personas reciben límites de crédito mayores del que consiguen soportar”, aseguró la economista Carla Beni, de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), a G1.

Sin embargo, el verdadero aumento del endeudamiento se produjo durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Si a comienzos de 2019, el porcentaje de familias endeudadas estaba en un 59,8%, a finales de 2022 alcanzó el 79,3%. Detrás de la relativa estabilidad del porcentaje de familias endeudadas durante el gobierno Lula están algunas políticas públicas del gobierno Lula, como el programa Desenrola 2, que disponibilizó dinero público del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS) para reducir deudas.

Por otro lado, la gran apuesta para terminar con el endeudamiento de Lula fue la prohibición de las apuestas online. Las bets, como se conocen popularmente, representan el mayor motor del endeudamiento familiar en Brasil.

Por otro lado, durante la campaña electoral, Lula consiguió presionar al Congreso y al Senado para la aprobación de un proyecto complementario de la ley de autónomos (Microemprendedor Individual en Brasil, MEI) que perdona parte de las deudas con los bancos públicos. La elevada tasa oficial de tipos de interés durante el gobierno Lula, establecida de forma independiente por el Banco Central, ha sido un impedimento para la reducción del endeudamiento familiar. En la actualidad es de un 13,75%. Jair Bolsonaro comenzó su mandato en 2019 con un 4,50% de tipos de interés. 

Por su parte, Flávio Bolsonaro se opone a la prohibición de las bets. Su propuesta para reducir el endeudamiento de las familias va en la dirección de Lula: comprar deudas y refinanciarlas con tipos de interés menor con dinero público. 

Poder adquisitivo, desigualdad y empleo. La renta domiciliar per cápita de Brasil alcanzó los 2.316 reales, según el Instituto Brasileño Geoestadístico (IBGE). La cifra, un récord histórico, representa un aumento significativo (en 2022 era de 1.625). El aumento fue más acentuado en quienes ganan menos. A pesar de ello, el 10% más rico de la población aumentó un 8,7% su renta.

El aumento de la renta domiciliar per cápita, además de estar vinculado a los programas sociales, está directamente relacionado con a caída del desempleo. Lula consiguió el pleno empleo, situando la tasa de paro al 5,3% en agosto, según la Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (Pnad). Jair Bolsonaro, cuyo gobierno registró un 14,2% de desempleo en 2020, acabó su mandato con un 8,4%. Además, durante el gobierno Lula el trabajo informal se redujo a un mínimo histórico (37,2%). Por otro lado, durante el gobierno de Jair Bolsonaro Brasil entró en el mapa del hambre de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) entre 2019 y 2021. Brasil volvió a salir del mapa del hambre en el trienio 2022-2024, cuando el porcentaje de la población que sufre con malnutrición o falta de acceso a la alimentación cayó a menos del 2,5%. 

La economista Juliane Furno, destaca en un artículo en Le Monde Diplomatique, la importancia de la exención de impuestos aprobada por el gobierno Lula a finales de 2025 para quien gana hasta 5.000 reales al mes: “La exención del impuesto de la renta financiada por una tributación mínima sobre las altas renda representa el primer movimiento histórico concreto en décadas para volver menos regresiva la estructura tributaria brasileña”. Por otro lado, la reciente aprobación de la ley complementaria de autónomos aumenta el techo de facturación de 80.000 a 110.00 en 20227 y 140.000 en 2028.

PIB, bolsa y economía global. Cuando Jair Bolsonaro llegó a la presidencia brasileña, el país ocupada el noveno lugar en el ranking de economías del mundo. El decrecimiento de 3,3% en 2020 arrastró a Brasil hasta la decimotercera posición. A pesar de que Brasil creció en 2021 (4,8%) y 2022 (2,9%), no volvió a figurar entre las diez economías más grandes del mundo hasta el gobierno Lula. En 2023, Brasil volvió a ocupar la novena posición. Desde 2024 hasta la actualidad, Brasil ocupa el décimo puesto. Durante el gobierno Lula, el PIB de Brasil creció moderadamente: 3,2% en 2023, 3,4% en 2024 y 2,3% en 2025 . En 2026, según cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento será de un 2,2%. El FMI prevé que sea la octava economía del mundo en 2027, con un PIB proyectado de 2,65 mil millones de dólares, muy cerca de Italia (2,7 mil millones) y de Rusia (2,83).

En comercio, externo, Lula sale mejor parado que Jair Bolsonaro. La balanza comercial durante el gobierno de Jair Bolsonaro acumuló un superávit de 208,5 mil millones de dólares, según el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Secretaría de Comercio Exterior. El gobierno Lula, hasta el mes de agosto, acumula un superávit de 365,9 mil millones. 

Por si fuera poco, Lula también consiguió atraer más capital extranjero que Jair Bolsonaro.

La bolsa de São Paulo (Bovespa) registró en enero un récord de capital extranjero: 26.000 millones de dólares, superando la cifra de todo el 2025 (25.000). De enero de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2026, el Ibovespa, el principal índice bursátil brasileño aumentó un 69,8%. Bajo la gestión de Bolsonaro, el índice subió apenas un 24,86%. De cualquier forma, el aumento de inversión extranjera está relacionado a los elevados tipos de interés. “Nuestros tipos de interés está algo por problemas fiscales. Si reduces un poco la tasa, el capital extranjero, se va”, aseguró Marx Gabriel, CEO de MB Consultoria, a UOL.

La mayoría de los ministros del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva que dejaron sus cargos para disputar las elecciones de este domingo en Brasil para un cargo regional o para el Senado perdieron en las urnas.

El caso más emblemático fue el de Fernando Haddad, hasta marzo ministro de Hacienda y uno de los hombres fuertes del Gobierno, que perdió la gobernación del estado de São Paulo, el más rico y poblado de Brasil, frente al actual gobernante Tarcísio de Freitas, apoyado por el bolsonarismo.

Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT) y hombre de confianza de Lula, concurrió acompañado por Márcio França, exministro de Emprendimiento, como candidato a vicegobernador, pero la fórmula solo obtuvo un 36,22 % de los votos, muy por debajo del 62,85 % alcanzado por Freitas, que renovó su liderazgo político en São Paulo.

Tampoco lograron llegar al Senado varias figuras de peso del Gobierno que dejaron sus ministerios para disputar las elecciones, como Gleisi Hoffmann, quien tras estar en la presidencia del PT por casi ocho años asumió la cartera de Relaciones Institucionales con Lula y la dejó para aspirar a un escaño en la Cámara Alta por el estado de Paraná.

Marina Silva y Simone Tebet, que lideraron las carteras de Medio Ambiente y Planificación, respectivamente, perdieron las curules para São Paulo, y Carlos Fávaro, exministro de Agricultura, el escaño al Senado por Mato Grosso.

Los que si alcanzaron la victoria

Las excepciones de la jornada fueron en dos estados del noreste brasileño, donde predominó la fuerza electoral oficialista.

Renan Filho, exministro de Transporte, fue elegido gobernador de Alagoas en primera vuelta por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), partido de centro que integra la coalición oficialista.

André Fufuca, exministro de Deportes, fue el único en alcanzar una curul en el Senado, por el estado de Maranhão, por el partido de centro derecha Progressistas, también de la coalición del Gobierno.

Los resultados de los ministros que aspiraron a un asiento en la Cámara de Diputados solo se conocerán hasta el lunes.

Gerardo Alckmin, que comandaba la cartera de Industria y Comercio, y es la fórmula vicepresidencial de Lula, tendrá que esperar a la segunda vuelta el próximo 25 de octubre, cuando se sabrá quien comandará Brasil por los próximos cuatro años.

En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro lideró la votación con el 47,08 % de los sufragios frente al 45,11 % obtenido por el líder progresista, un resultado contrario a lo pronosticado por los sondeos, que daban a Lula con una mínima ventaja sobre el hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro.

EFE

“Quiero plantar marihuana en la huerta municipal, para hacer aceite y usarlo medicinalmente”. Elenice Delgado, alcaldesa de Lima Duarte, municipio del sudeste del estado de Minas Gerais, saca pecho de sus políticas públicas. La regidora del Partido de los Trabajadores (PT) habla del Centro de Atención Psicosocial, del baño público y de la Piscina Viva, con clases gratuitas de natación, fútbol, baloncesto, jiu-jitsu y judo. Elenice, que recorre esta localidad de 17.000 habitantes con un Volskwagen Fusca azul (un “escarabajo”), reconoce la importancia de ser aliada del presidente Lula da Silva. “Beneficia a la mayoría de la población, incluso a gente conservadora. Aquí, Lula desatascó la fila de las pruebas especializadas del hospital”, asegura.

En 2022, Lula ganó en esta localidad con el 70,37% de los votos. En 2024, Elenice Delgado conquistó su segundo mandato en la primera vuelta. En los 142 municipios de la Zona da Mata de Minas Gerais, Jair Bolsonaro apenas ganó en 11 (Lula rozó el 60% de los votos). En 22 de ellos, Lula superó el 70%.

En el comité de campaña del PT de Lima Duarte, en Vila Cruzeiro, un joven de 19 años presume que en el barrio el 97% vota al PT. “Solo el carnicero es bolsonarista. La vida de mi familia cambió con el Bolsa Familia (programa asistencial). Antes, no teníamos electrodomésticos. Apoyo a Lula porque defiendo los derechos humanos y el fin de la escala 6x1 (trabajar seis días a la semana)”, afirma Biel Santana. Pedro Teixeira, presidente del PT en Lima Duarte y también sociólogo, argumenta que el voto a Bolsonaro en la ciudad viene de la derecha tradicional. “Ganaderos que te dicen que vendían más cara la leche durante el Gobierno Bolsonaro. O jóvenes que se rebelan contra sus padres lulistas”, matiza. 

La Zona da Mata, con 2,1 millones de habitantes, se inclina a la izquierda en las elecciones presidenciales, cuya primera ronda se celebra este domingo. Y puede ayudar a que Lula gane en Minas Gerais, el segundo colegio electoral (casi 16,4 millones de votantes), el estado que sociológicamente se parece más a Brasil. Como Ohio en Estados Unidos, suele ser un termómetro electoral. Desde 1955, quien gana en Minas Gerais se lleva la presidencia. En 2022, el resultado aquí fue casi idéntico al nacional.

En Juiz de Fora, capital de la Zona da Mata, los militantes de izquierda sienten que ganar en esta ciudad de 569.588 habitantes es clave para Minas. Y para Brasil. “En las últimas elecciones, la victoria de Minas Gerais se debió mucho al progresismo de Juiz de Fora. Lula ganó en Minas por 49.650 votos y aquí por 39.303”, asegura el periodista João Paulo Oliveira, militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). En 2022, Lula ganó a Bolsonaro por 216.606 votos en la Zona da Mata. 

Ciudad talismán

En un kiosko de diarios de la calle Batista de Oliveira, a pocos metros de donde Jair Bolsonaro fue apuñalado durante la campaña electoral de 2018, un hombre habla de falsos profetas. “Los Bolsonaro engañaron a los gays, a las mujeres”, dice Eduardo Bento, de 52 años, mientras muestra una foto en su teléfono del expresidente ultraderechista tras la cuchillada. “Fue un montaje”, asegura. A su lado, María Elena Bastos, de 61, trabajadora del kiosko, argumenta que fue “una estrategia para ganar votos aquí, donde la mayoría es petista (que apoya al PT)”, reproduciendo una teoría de parte de la izquierda.

Tras la cuchillada de 2018, Jair Bolsonaro se alzó con la presidencia contra todo pronóstico. Para el bolsonarismo, Juiz de Fora es una ciudad talismán. Jair Bolsonaro comenzó en ella su campaña en 2022. El 9 de septiembre, Flávio Bolsonaro replicó la caminata de su padre el día de la cuchillada. El acto electoral de Lula el pasado miércoles en Juiz de Fora fue otra muestra de este carácter estratégico.

Margarida Salomão, alcaldesa de Juiz de Fora, conversa en su despacho sobre la importancia de que la ciudad, la segunda más habitada gobernada por el PT, esté alineada con el presidente. “Ellos tienen más presupuesto para activar políticas sociales que los municipios”, afirma, citando la ayuda millonaria de Lula a la región tras las inundaciones de febrero. Margarida está convencida de que el presidente va a ganar por “goleada” en una región tradicionalmente roja. En 2006, arrasó en Juiz de Fora con un 72,94% de los votos. El PT ganó las elecciones municipales en 2020. En 2022, Lula sacó 12 puntos a Bolsonaro en ciudad. En 2024, Margarida ganó en la primera vuelta.

La alcaldesa argumenta que la gente “busca soluciones para la salud, para la movilidad, para la educación” en las ciudades. ¿Gobernar Juiz de Fora ayudará en la campaña? “Fue un buen gobierno. Tarifa gratuita de colectivos los feriados y para los estudiantes. Desayunos y meriendas en las escuelas. 1.400 profesores para alumnos especiales. También cayeron los homicidios”, afirma.

Apoyo a Lula porque defiendo los derechos humanos y el fin de la escala 6x1 (trabajar seis días a la semana)

Biel Santana — 19 años

Biel Rocha, secretario de derechos humanos, también confía en que las políticas públicas locales ayuden a Lula. Cita la Mesa de la Ciudadanía, creada para combatir las desigualdades. “En ella gestionamos las donaciones. Nos ayuda a tener buena relación con iglesias evangélicas”, matiza. Cristiane Nasser do Valle, subsecretaria de Protección Social, resalta la importancia de políticas públicas adaptadas a cada territorio. “La extrema derecha dice que es asistencialismo. Usa la narrativa de la meritocracia para recortar lo público y abandonar al individuo a su propia suerte”, asegura en su despacho.

En el barrio periférico de Grama, Caroline Peixoto, de 29 años, conversa con dos asistentes sociales del Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS), uno de los 11 de la ciudad. Recibe orientación para solicitar ayuda económica y educación especial para su hijo con autismo. En el Centro de Convivencia de São Benedito, un barrio humilde, los niños y ancianos tienen sala de informática, infraestructuras deportivas, huerta, ludoteca, clases de música. “Trabajamos el sentimiento de pertenencia, para que se reconozcan en la comunidad”, dice Fabiana Reis, coordinadora del espacio. 

Militancia en la calle

“Olé olá, Lula, Lula”. Los cánticos flotan sobre el parque Halfeld. Banderas rojas. Altavoces escupiendo melodías. Mesitas con panfletos. Militantes repartiendo material. Tambores.

En medio del parque, Wellinton Alves –pecho cubierto de calcomanías izquierdistas, bandera en mano–, sostiene que “hay que defender la soberanía de Brasil frente a Flávio Bolsonaro y Trump”. Giane Elisa, secretaria municipal de Igualdad Racial, se une al acto, acompañada de quienes participaron en el Chá Preto (Té Negro), un encuentro en el que afrodescendientes comparten sus memorias. “Necesitamos encuentros físicos y políticas públicas de reparación con la población negra”, asegura Giane. La multitud camina por la calle Halfeld. Cruza la esquina de la cuchillada a Jair Bolsonaro gritando “¡Bora Lula! (vamos, Lula)”, que ironiza el lema bolsonarista “fora Lula (fuera, Lula)”. 

En la recta final de campaña, la ciudad está teñida de rojo. El suelo está lleno de stickers y santinhos de Lula (panfleto que cabe en la cartera). Hay comités de campaña en todas partes. Mesitas a mansalva. El sábado pasado, un acto tomó la entrada del teatro Central con percusión, capoeira y música. El domingo hubo una manifestación en coche.

El bolsonarismo es un movimiento social de base. Se infiltraron en las periferias. Manipulan bien. Dicen: '¿Para qué dar dinero a lo LGBTQI+ si falta leche en el hospital?

Talita Sobral — Exconcejala del PSOL

Iluska Coutinho, profesora de comunicación de la Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF), piensa que la clave de la victoria local de Lula reside en la memoria obrera. “Aquí en el centro, al mediodía, se escucha un silbato. Es un patrimonio inmaterial, recuperado por el Ayuntamiento, que remite a la salida de las fábricas”, afirma tras hacerse una foto con un Lula de cartón en la calle Halfeld. João Paulo de Oliveira piensa que la victoria de la izquierda puede llegar por una nueva “efervescencia cultural” de la ciudad, “por el debate político cotidiano en las calles” y por el “ecosocialismo de militantes a la izquierda del PT”. 

Bolsonarismo en tierra roja

En la calle Halfeld, un mendigo usa stickers de Bolsonaro. Una mujer negra grita: “Fora Lula”. En la pared del Comite de la Direita lucen dos palabras: “Bolsonarista raiz”, como se conoce al núcleo duro de los seguidores del expresidente. Al final de la calle, jóvenes vestidos de negro reparten panfletos de Renan Santos, candidato presidencial de Missão, un nuevo partido de extrema derecha. “Están más organizados. Abrieron Casas de la Derecha en los barrios”, alerta el secretario Biel Rocha. “El bolsonarismo es un movimiento social de base. Se infiltraron en las periferias. Manipulan bien. Dicen: '¿Para qué dar dinero a lo LGBTQI+ si falta leche en el hospital?”, afirma Talita Sobral, exconcejala del PSOL.

No me gusta el culto exagerado a Lula, pero no nos queda otra

Vanda Oliveira — 67 años

¿Ganará Lula en Juiz de Fora, el espacio mitológico que el bolsonarismo sueña arrebatar a la izquierda? ¿Seguirá cumpliéndose el “quien gana en Minas, gana Brasil”? Las últimas encuestas dan una ligera ventaja a Lula en Minas Gerais. La alcaldesa Margarita Salomão piensa que la izquierda gana en la región. Y en Minas. Y en Brasil. Azuzando el miedo, apela a un voto pragmático: “Por mayor que sea la irracionalidad electoral, mucha gente no olvidará que la gestión de Jair Bolsonaro dejó 700.000 muertos durante la pandemia”.

La casa de veraneo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro está sellada por la polarización. En la puerta trasera luce un sticker con el lema de la campaña de 2018 que lo llevó al poder: “Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos”. En el garage principal, cuatro letras escritas sobre el polvo: Lula. En la casa vecina, en la rua da Praia de la Vila Mambucaba, un distrito de Angra dos Reis —una ciudad de unos 180.000 habitantes del estado de Río de Janeiro salpicada de playas de ensueño y selva tropical—, dos hombres de mediana edad critican a la izquierda.

“Lula es el demonio, un vampiro. Hay que exterminar a la izquierda”, afirma Sandro Castro, de 54 años, jubilado, antiguo trabajador metalúrgico. Aílton Luíz –53 años, transportista autónomo– es aún más radical: pide la intervención de Donald Trump en Brasil. “Que se lleve preso a Lula como hizo con Maduro en Venezuela”, sostiene con vehemencia.

Aunque la economía vive un momento dorado, Sandro y Aílton califican la situación actual de Brasil como catastrófica. Inflación descontrolada. Violencia extrema. Niños adoctrinados por la izquierda en la escuela. Un argumentario calcado del repertorio del bolsonarismo. “Necesitamos más apoyo a los emprendedores y menos Bolsa Familia (el programa asistencial de Lula)”, dice Sandro. Aílton confiesa que votó a la izquierda en 2002, 2006 y 2010. “A partir de 2014, me hice de derecha, y nunca más los votaré. Basta de Lula”, clama.

En Angra dos Reis, estar al lado de los Bolsonaro es un activo político. La ciudad es la niña de los ojos de la familia. Antes de ser encarcelado, Jair daba paseos en moto acuática en sus playas, visitaba a famosos en barcos de lujo y pescaba (ilegalmente) en la reserva ambiental de Tamoios

La evolución de Aílton es también la de Angra dos Reis, donde los sindicatos y la izquierda reinaron en el pasado. En 1997, cuando Jair Bolsonaro compró su casa de veraneo, Angra estaba gobernada por José Marcos Castilho, del Partido de los Trabajadores (PT), la formación de Lula. En 2006, el 68,75% de los angrenses votaron a Lula. La izquierda gobernó la ciudad ininterrumpidamente entre 1989 y 2004 y entre 2013 y 2016. Tras el huracán antiizquierdista y el golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff en 2016, el PT no consiguió ni un solo concejal.

En 2018, Jair Bolsonaro obtuvo el 74,31% de los votos. En 2022, a pesar del retorno de Lula, Bolsonaro consiguió casi el 67%. “Río de Janeiro fue tomada por la onda bolsonarista. Aquí en el interior, más todavía. En Angra están en casa. Con las fuerzas de izquierda y los sindicatos fragilizados, sin el apoyo de la prensa local, no conseguimos enfrentar esa ola”, asegura el exalcalde Castilho.

Un kit anti-Lula

En el centro de Angra dos Reis llueve a cántaros. Una veintena de personas salen de la sede del Partido Liberal (PL) con banderas de Flávio Bolsonaro, el rival de Lula en las elecciones del domingo, y de Renato Araújo, candidato a diputado federal de la formación ultra. En el primer piso, un anciano organiza el “kit anti-Lula” con stickers y carteles. “Quien se registra en la web lo recibe en casa. El ”fuera Lula“ es nuestro gran hit”, afirma. Léo, uno de los abogados del partido, muestra recelo. “¿La decadencia del periodismo no será culpa de ustedes, periodistas?”, pregunta. A su lado, Raquel Amirata, de unos 50 años, confiesa que “obliga a los seis empleados de su restaurante a hacer campaña por Flávio y por Renato”.

Asomado a la ventana, Gustavo Laranjeiras —39 años, ingeniero químico— destaca el carácter emprendedor de Renato Araújo, amigo personal del clan Bolsonaro. “El gobierno es un vector para abrir espacio a las inversiones y a la meritocracia”, sostiene en tono afable. Confía en la victoria de Flávio. “Estamos en las redes, pero muy intensamente en las calles”. En el grupo de WhatsApp “Renato Araújo Oficial 01”, con 641 miembros, los ánimos están por las nubes. Divulgan las encuestas que dan la victoria a Flávio Bolsonaro. Fluyen imágenes y videos de las muchas caminatas, mítines, actos y debates de la campaña en una ciudad desperdigada a lo largo de 170 kilómetros de litoral continental y 365 islas.

Renato Araújo está hasta el cuello de denuncias legales. La justicia paralizó su promoción inmobiliaria Bellavista Portogalo, un condominio de lujo de 31 mansiones que usurpa terreno público. Renato presume de proximidad con los Bolsonaro. Divulga fotos con el expresidente Jair y Flávio en su casa. En Angra dos Reis, estar al lado de los Bolsonaro es un activo político. La ciudad es la niña de los ojos de la familia. Antes de ser encarcelado, Jair daba paseos en moto acuática en sus playas, visitaba a famosos en barcos de lujo y pescaba (ilegalmente) en la reserva ambiental de Tamoios.

Flávio Bolsonaro usa como si fuera propia una mansión de lujo cedida por un amigo involucrado en corrupción. Y como senador intentó favorecer la especulación inmobiliaria en Angra con la PEC das Praias, un proyecto de ley para privatizar las playas que beneficia directamente a Renato Araújo. “Simultáneamente, al ascenso de la extrema derecha como fuerza política nacional, el bolsonarismo emergió de forma muy intensa en Angra. Tienen casa aquí y son parte de la política local. Eso es devastador”, afirma André Rodrigues, profesor de Pensamiento Político del campus de la Universidade Federal Fluminense (UFF) de Angra dos Reis.

El gran proyecto de Flávio es crear una “Cancún brasileña” a base de resorts y cruceros en una región repleta de reservas ambientales y patrimonio histórico

El gran proyecto de Flávio es crear una “Cancún brasileña” a base de resorts y cruceros en una región repleta de reservas ambientales y patrimonio histórico. André Rodrigues sostiene que la narrativa del turismo arrastra a mucha gente hacia el bolsonarismo: “El turismo de masas como bandera del desarrollo tiene popularidad. También el relato bolsonarista de que las áreas de protección ambiental impiden el desarrollo”.

En el barrio popular de Frade, atravesado por la autopista BR 101, que cercena la ciudad, el militar Westley Amorim argumenta que con “Jair Bolsonaro la gasolina era más barata”, mientras muestra orgulloso un video de su hijo de 14 años conduciendo un coche. En Angra también cala hondo la demanda de los Bolsonaro de terminar con los radares de la autopista. La “patria amada” del bolsonarismo, según escribe el urbanista Roberto Andrés, florece en el asfalto: disminuir controles y multas es un grito común. Priman las manifestaciones en moto y coche (motociatas y carreatas, respectivamente) o con barcos a motor (barqueatas), como las celebradas el 29 de agosto en Angra, con la presencia de Flávio Bolsonaro.

Paramilitares y antiizquierdismo

Raquel Feijó (53 años) y Thaís dos Anjos (30) sostienen banderolas de propaganda del candidato presidencial Augusto Cury en la calle Pereira D'eça, en el distrito de Jacuecanga. “No podemos ni nombrar a la izquierda. Explicamos que Cury es de centro. La gente odia al PT”, dice Thais. En plena contienda electoral, en Angra dos Reis apenas hay banderas rojas del PT. Ni stickers en los coches. Ni carteles. Priman el verde y amarillo del PL. Algunos vehículos tienen calcomanías con el lema “Fuera Lula” o con frases de Bolsonaro. Una es: “Si el bien no ocupa el espacio, el mal lo ocupa”.

Los izquierdistas están dentro del armario. Raquel explica que, hace unos días, un hombre insultó a una empleada de un restaurante tras escucharla elogiar a Lula. En la campaña de 2022, una joven izquierdista de 19 años terminó en el hospital tras ser agredida con un palo en la cabeza por un bolsonarista.

André Rodrigues destaca que Angra dos Reis siempre estuvo atravesada por la violencia. Últimamente, está tomada por el tráfico de drogas y la milicia (paramilitares), con quien la familia Bolsonaro tiene estrechos lazos, según denunciaron publicaciones locales. “Desde 2016 observamos más tráfico de drogas, milicias y conflictos armados. En muchos barrios prevalecen lógicas milicianas, como cobrar tasas por la seguridad, y así se crean corrales electorales donde unos candidatos entran, y otros no”, asegura Rodrigues.

El investigador describe una urbe tomada por la seguridad privada que encaja como anillo al dedo en el bolsonarismo. Cercas, garitas, controles, condominios cerrados. Ricos viviendo en mansiones y un 42% de la población, en favelas. “El discurso sobre seguridad moviliza mucho aquí. Durante los gobiernos de derecha se registró una gran violencia policial”, matiza.

Desde 2016, observamos más tráfico de drogas, milicias, conflictos armados. En muchos barrios prevalecen lógicas milicianas, como cobrar tasas por la seguridad, y así se crean corrales electorales donde unos candidatos entran y otros no

André Rodrigues — Profesor de Pensamiento Político de la Universidade Federal Fluminense

“¿Cómo es posible que Lula defienda los pequeños robos de celulares?”, se pregunta Ludmilla Almeida, de 46 años, dueña de la panadería Trigo Tail’s de Jacuecanga, basándose en fake news. En Frade, Gabriela Câmara, empleada de la pescadería Mar da Galileia, engalanada con propaganda de Flávio Bolsonaro, reclama más seguridad. “Yo crecí en Bangu, uno de los barrios más violentos de Río de Janeiro. Ahora, Angra está igual”, afirma. La frase “bandido bueno, bandido muerto”, eslogan del bolsonarismo, está enraizada en la ciudad. En el Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2024, Angra dos Reis figuró como segundo municipio de más de 100.00 habitantes con más muertos a manos de la policía.

Obreros 'bolsonaristas'

Wellinton Terra, presidente del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Angra dos Reis, destaca cómo Lula invirtió en la industria naval: “Salvó el astillero. En 2019, con Bolsonaro, despidieron a todo el mundo, se quedaron 1.000 trabajadores. Ahora somos 7.000 y otros 1.000 auxiliares”. Wellinton y Manoel Sales, vicepresidente del sindicato, hablan de una Angra que no aparece en las postales turísticas. La Angra de la central nuclear (inaugurada en 1982), del astillero BrasFELS (uno de los mayores de América Latina) y la del puerto petrolífero.

A los trabajadores les preocupa el futuro. “Con Flávio empeorarán las condiciones”, afirma Manoel. Ambos están preocupados por la fuerza del bolsonarismo. “Ya convencí a mi mujer, que votó a Jair Bolsonaro en 2018 y 2022. Pero su familia es bolsonarista radical. Mi hermana también. Incluso algunos trabajadores del astillero”, matiza Wellinton. Habla de sus amigos Fábio y Carlos. El primero no responde al mensaje de WhatsApp. El segundo manda un audio: “Flávio no me convence, pero es menos malo que Lula. Yo soy evangélico. Flávio va a defender a la familia”.

En Mambucaba, Cássio Martins, presidente del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Energia Elétrica, reconoce que el auge de las iglesias evangélicas está “empujando a algunos trabajadores hacia el bolsonarismo”. En la panadería Trigo Tail’s de Jacuaquenga, Ludmila Almeida, fiel de la iglesia Evangélica Aliança Eterna, citaba la Biblia para recalcar que las mujeres trans no son mujeres. El 62% de los evangélicos de Brasil va a votar a Flávio, frente al 29% de Lula, según DataFolha. El mensaje de Renato Araújo para dicho nicho es nítido: un cristiano no vota al PT (ni a aliados del PT). Incluso el ingeniero Gustavo Laranjeiras, de pose y discurso moderados, mostraba con orgullo en la sede del PL un folleto de propaganda con una familia dentro de una lata de conserva sellada por una frase: “conservados por Jesucristo”.

Leandro Urbino nunca imaginó que una pandemia obligaría a cerrar Giulia Festas, su tienda de productos para celebraciones infantiles, en su momento dorado. Pero, en 2020, dejaron de celebrarse cumpleaños y tuvo que despedir a sus 18 empleados. Con 37 años y un bebé recién nacido, empezó a ofrecer servicios de transporte y reparto en coche a través de la plataforma Uber en São Bernardo do Campo, la ciudad del área metropolitana de São Paulo de 850.000 habitantes donde el presidente Lula da Silva fraguó su carrera sindical y política. Tras perder el automóvil, Leandro alquiló una moto para seguir con los repartos. “El mínimo es 7,5 reales por entrega (1,4 dólares). Tengo que hacer 35 al día. Los sindicatos no hacen nada. Hay que acabar con ellos”, carga.

La opinión de Urbino sobre el Gobierno de Lula es nefasta: “No hizo nada por nosotros”. Critica el proyecto Move Brasil del Ejecutivo, una línea de crédito para comprar coches, porque apenas “retrasa la deuda”. Tampoco valora el espacio Parada Certa (segura) donde descansa, equipado con baños, cocina y televisión, que el Gobierno lanzó para ayudar a los motoboys (repartidores) y conductores que trabajan a través de la aplicación. Leandro elogia al expresidente Jair Bolsonaro. “Nos dejó trabajar durante el confinamiento”, alega. Votará a su hijo, Flávio Bolsonaro, en las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebra el próximo domingo. Cree que es “el menos malo de los candidatos”. 

A un kilómetro de la Parada Certa, Wellington Damasceno, presidente del Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que Lula lideró entre 1975 y 1981, reflexiona sobre el mercado laboral. “No supimos dialogar con los nuevos trabajadores de las aplicaciones. Criticamos la precarización de esas plataformas, sin entender que muchos prefieren eso a trabajar 44 horas semanales, con la presión del jefe”, afirma. Damasceno, de 41 años, cree que los sindicatos y la izquierda tienen que dar respuesta a una gran transición.

Porque quienes teletrabajan apenas pisan las oficinas, los autónomos son precarios y el propio sindicato, que contaba con 115.000 afiliados en 2011, tiene hoy 73.000. El cierre de la fábrica de Ford aún pasa factura. “El problema es que los niños quieren ser youtubers o influencers. Los jóvenes que entran en el mercado laboral crecieron con smartphones. Quieren ser emprendedores, y la extrema derecha controla esa narrativa”, asegura.

El proceso de desindustrialización modificó la región. Hoy, mucha gente trabaja en São Paulo. El movimiento sindical perdió fuerza. Con la crisis del 'lulismo' después de 2015, el PT se debilita en la región y el antipetismo se consolida en los sectores conservadores

Cláudio Penteado — doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad Federal del ABC (UFABC)

Damasceno está preocupado por el debilitamiento de la izquierda en las siete ciudades del ABC Paulista (las siglas del abecedario vienen de los nombres de las tres urbes originales de la conurbación: Santo André, São Bernardo do Campo y São Caetano do Sul). Con sus 2,8 millones de habitantes, sigue siendo una de las áreas más industrializadas de América Latina (industria automovilística, aeronáutica y siderúrgica, principalmente).

En la segunda vuelta de 2002, Lula conquistó el 60,1% de los votos válidos en São Bernardo do Campo. En 2022, el 53,83%. En las siete ciudades del ABC, Lula tuvo el 51,97%. Para Damasceno, las elecciones de 2026 son cruciales, porque “con la excepción de Lula, el resto de candidatos quiere desmontar el sistema de protección social”. ¿Conseguirá Flávio Bolsonaro arañar votos en la cuna política de Lula, donde arrancó la campaña de 2026 con el lema “Donde todo comenzó”?

‘Bolsonarismo’ a pie de calle

El despacho de Nina Braga, concejala del Partido Liberal (PL) de la cámara municipal de São Bernardo do Campo, está forrado con carteles contra Lula (“Lula ladrón”). Ana y José, dos asesores de Braga, comentan que el voto bolsonarista es transversal. “Yo vengo de la favela, y la periferia ya no es petista (que apoya al Partido de los Trabajadores, PT)”, argumenta José. Nina Braga, que no atendió a este medio, es una de los tres concejales del partido de Flávio Bolsonaro de un pleno donde apenas cuatro de los 21 son progresistas.

Desde 2016, tras cuatro mandatos de izquierda, la derecha gobierna São Bernardo. En las elecciones municipales de 2024, el PT ni pasó al segundo turno. En el ABC, el PT solo gobierna Mauá. La extrema derecha gestiona dos ciudades. Los partidos del centrão (gran centro), inclinados a la derecha, el resto. “El proceso de desindustrialización modificó el ABC. Hoy, mucha gente trabaja en São Paulo. El movimiento sindical perdió fuerza. Con la crisis del lulismo después de 2015, el PT se debilita en la región y el antipetismo se consolida en los sectores conservadores”, asegura Cláudio Penteado, doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad Federal del ABC (UFABC). 

¿Hasta qué punto el bolsonarismo es transversal en el cinturón industrial de São Paulo? Marcelo Ferreira, de 45 años, dueño de Bernô Automotive, una tienda de piezas mecánicas, confiesa que votó a Jair Bolsonaro tras saber, dice, que la diputada petista Éryka Kokay “incentivaba el incesto familiar”, algo falso. Cita como supuesta prueba un video del pastor evangélico Silas Malafaia, bolsonarista radical. Marcelo, cuyo padre fue asesinado, apoya a Flávio. Quiere mano dura contra la delincuencia. Por su parte, Anderson Pedrosa, de 32 años, trabajador de un estación de servicio, despotrica contra Lula. “Todo está caro, y la izquierda no para de robar. Bolsonaro lo intentó, pero lo metieron preso”, opina.

Ambos encajan con el perfil que, según la empresa de encuestas Datafolha, apoya más a Flávio Bolsonaro: hombre entre 25 y 44 años. Marcelo, que tenía 37 años cuando votó a Jair Bolsonaro, confiesa que antes “no le interesaba la política”. Esa generación, según explican los periodistas José Roberto de Toledo y Thais Bilenky en el pódcast A hora, es mucho más crítica con Lula, más antipetista, tiende más a Flávio, y no porque les guste (el 53% votaría al candidato de la ultraderecha, frente al 37% proclive al presidente).

Autocrítica del PT

En la puerta de la sede del PT de São Bernardo do Campo —construida en 1979, cuando el partido aún era ilegal— un motoboy pasa gritando: “Lula ladrón”. “Asociar la corrupción a Lula es como un tatuaje en la piel de Brasil”, afirma con resignación Dircéu Marcos, de 63 años, afiliado al partido desde 1983. Confiesa que el bolsonarismo le resulta inexplicable: “El Gobierno Bolsonaro fue un desastre económico, político, social, humano. Negó las vacunas en la pandemia”.

Dirceu salió de la favela Alves Dias en el año 2000, cuando empezó a trabajar como metalúrgico. A los 40 años, durante el primer mandato de Lula, estudió sociología. En 2010, tenía ya dos posgrados. Opina que la izquierda perdió la calle: “Antiguamente, salíamos, debatíamos, conversábamos con las personas”. Cita las comunidades eclesiásticas de base, vinculadas a la teología de la liberación, claves en la fundación del PT. “Hoy vas a una iglesia católica y estás todo el tiempo de pie. Nadie te abraza ni te acoge. La acogida está en las iglesias evangélicas”, asegura.

Somos la categoría más jodida, nadie nos mira

Un repartidor

En la parte trasera de la iglesia de la Matriz, María Aparecida da Costa, Dona Cida, de 81 años, una figura histórica de la Pastoral Obrera, recuerda que, durante las huelgas de Lula, el obispo protegía a los trabajadores de los militares. Hablando en susurros, Dona Cida culpa a las iglesias evangélicas pentecostales del antipetismo creciente de las periferias. “Usan la Biblia para alienar al pueblo. En 2018, les hicieron creer que Jair Bolsonaro era un hombre de Dios. No lo es. Predica la violencia. Flávio debería estar en la cárcel”, asegura. En la sede del Sindicato de Metalúrgicos do ABC, Nelson Campagnolo —87 años, figura clave en las huelgas históricas y amigo personal de Lula— confiesa que si pudiera, “iría a la puerta de la fábrica a conversar y reunir a la juventud”, pero nadie lo hace porque “todo ocurre dentro del teléfono celular”.

'Motoboys' furiosos 

A 200 metros del sindicato, algunos motoboys charlan. Miran constantemente a sus celulares. Algunos salen disparados sin despedirse. Hablan con recelo. Incluso con rabia. De repente, pasa un repartidor en bicicleta, con una bandera gigante de Brasil. “Somos la categoría más jodida, nadie nos mira”, dice uno. “Los políticos son todos iguales”, argumenta otro. Cleiton Silva, el único que revela su nombre, critica a los sindicatos.

El ensayo colectivo Incêndio. Trabalho e revolta no fim de linha brasileiro (2022) analiza cómo la extrema derecha se aprovecha de la volatilidad organizacional de los trabajadores de las aplicaciones. “Los grupos de WhatsApp desaparecen tras cada movilización, los trabajadores se reúnen y se dispersan, la base se disuelve cuando la acción declina”, señala uno de sus fragmentos. El sindicato del gremio SindiMoto del ABC no respondió a este medio.

Los perfiles en redes sociales de Repartidores Antifascistas, que surgieron durante la pandemia, están inactivos. “Los trabajadores de las aplicaciones compran el sueño del espíritu emprendedor y se desplazan a la derecha. Este precariado, formado por hombres jóvenes y de mediana edad, se alía con la extrema derecha. En lugar de tener consciencia de clase, tiene un resentimiento contra los derechos sociales”, asegura Cláudio Penteado.

Por el contrario, Valter Pomar, profesor de economía política de la UFABC, histórico militante petista, sostiene que los trabajadores más pobres siguen votando mayoritariamente a Lula. “El problema de la izquierda es de discurso, de línea política, de trabajo organizativo”, matiza. Cuando se le pregunta por los trabajadores de las aplicaciones, se enoja: “¿Estás intentando convencerme?”. Y argumenta que “en regiones izquierdistas, los conductores de Uber son de izquierda”. Cierra la conversación de WhatsApp con un sticker de Fidel Castro.

El problema de la izquierda es de discurso, de línea política, de trabajo organizativo

Valter Pomar — profesor de economía política de la UFABC e histórico militante del PT

Rumbo a la plaza da Matriz, donde Lula celebró su último acto electoral antes de las elecciones de 2002, el conductor de Uber Alexandre, de unos 60 años, revela que su ídolo es Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Le gusta su mano dura. “No soy bolsonarista, pero votaré a Flávio. Necesitamos colocar el Congreso dentro de una gran prisión”, argumenta Alexandre, a quien despidieron de un banco en 2011.

En la plaza, Brena Novais, de 18 años, está sentada en una mesita del PT, un reducto rojo en una ciudad tomada por propaganda de candidatos conservadores. Afirma que jamás repartiría propaganda de Bolsonaro. Votará a Lula, como el 62% de las mujeres de entre 16 y 24 años (frente a un 30% de los hombres de esa edad) –según los cálculos de José Roberto de Toledo y Thais Bilenky–.

A unos 50 metros, Isabel de Deus, una mujer de 69 años que vende ropa critica a la clase política. Poco a poco, elogia tímidamente a Lula. Si en 2022, Lula ganó en el ABC gracias al “voto izquierdista y al voto de rechazo a la gestión de Bolsonaro”, según Claudio Penteado, la clave de 2026 podría estar en el voto femenino. El 44% de las mujeres muestra su preferencia por Lula en el primer turno, según la encuestadora Quaest frente al 37% que prefiere a Bolsonaro. Según Atlas/Bloomberg, el resultado nacional está muy disputado: el 45,3% para Lula y el 42,2% para Flávio en primera vuelta, pero empate técnico en la segunda. María de Jesús justifica su apoyo a Lula hablando mal del heredero de Bolsonaro con preguntas: “¿Acaso su padre no está preso? ¿No destrozaron Brasilia el 8 de enero de 2023? ¿No intentaron dar un golpe de Estado?”.

El Supremo Tribunal Federal (STF) engulló la campaña electoral de Brasil. La bomba atómica cayó a comienzos de septiembre, cuando el exministro bolsonarista André Mendonça filtró supuestas conversaciones en WhatsApp entre su compañero en el Supremo Alexandre de Moraes y Daniel Vorcaro, presidente del Banco Master, protagonista del mayor escándalo de corrupción de las últimas décadas. La filtración selectiva de la investigación del Banco Master, que incumple la normativa y protege a otros miembros del Supremo, intentaba probar que Alexandre de Moraes, conocido popularmente como Xandão, recibió favores de Vorcaro, entre ellos, contratos millonarios para el estudio de abogados de su mujer. 

La filtración dejó desconcertada a la izquierda y a la campaña oficial de Lula da Silva: Xandão, que lideró el juicio contra Jair Bolsonaro y la trama golpista, puede estar implicado en el mismo caso de corrupción que salpica a Flávio Bolsonaro por la financiación irregular de la película Dark Horse, biopic sobre su padre.

La ofensiva sobre Xandão, el villano oficial del bolsonarismo, es una bocanada de oxígeno para la campaña de Flávio: con el Supremo en el epicentro del caso de corrupción del banco Master, sus menciones en redes sociales pasaron segun un estudio de Datrix, del negativo (-34,1) al positivo (+25,2). Mientras la izquierda estaba procesando el golpe, Mendonça realizó una jugada radical: el martes 8 de septiembre cesó al director de la Policía Federal (PF), Andrei Rodrigues, por “estar espiándolo”. La dimisión de Andrei Rodrigues, pieza clave en el juicio contra la trama golpista y del escándalo del Banco Master, fue ilegal, porque solo el presidente de Brasil tiene potestad para nombrar o renunciar a dicho cargo.

A ritmo de serie audiovisual, el thriller judicial dio un vuelco un día después, cuando Flávio Dino, ministro del Supremo nombrado por Lula, atendió un recurso y restituyó a Andrei Rodrigues en su puesto y reveló un nuevo escándalo de corrupción: dinero público que un diputado bolsonarista desvió ilegalmente hacia la película Dark Horse. 

El presidente del STF, Edson Fachin, estuvo fuera de juego hasta fines de la semana pasada. Presionado por la fiscalía, Xandão y el propio gobierno de Lula, intervino finalmente para intentar terminar con la guerra de medida cautelares de sus compañeros de tribunal. Por un lado, convocó una sesión extraordinaria, celebrada ayer, para que los miembros del Supremo votasen si procede investigar a Alexandre de Moraes o no. Por otro lado, ordenó levantar el secreto sobre la investigación del Banco Master que implica especialmente al campo político conservador de la clase política.

Como resultado, el escándalo de Dark Horse volvió a la luz. Y se hizo pública una sorpresa: El Supremo investigaba a Flávio Bolsonaro desde julio. André Mendonça, relator de la investigación del caso Master, lo había ocultado, así como la vinculación con el escándalo de dos de los ministros bolsonaristas del Supremo, Luiz Fux y Kassio Nunes Marques. Nuevos audios filtrados a la prensa antes de la sesión extraordinaria de ayer enfangan aún más a los ministros bolsonaristas de la suprema corte. ¿Hasta qué punto el huracán del Supremo da alas a Flávio Bolsonaro y perjudica a Lula?

Lula baja en las encuestas

El protagonismo ganado por André Mendonça, al que Jair Bolsonaro definió como “terriblemente evangélico”, involucró a las iglesias en la campaña de Flávio. Incluso las poderosísimas Igreja Universal y Assembléia de Deis, que no estaban apoyando abiertamente al candidato bolsonarista, están surfeando la ola Mendonça. “Estoy viendo una serie de movimientos que dialogan mucho con esa figura de André Mendonça, que ayuda muchísimo a Flávio Bolsonaro”, aseguró Thiago Bronzatto, editor de Política del periódico O Globo, en el videopodcast Fora da Bolha.

La prestigiosa columnista Mônica Bérgamo considera que la guerra civil del Supremo “se ha mostrado peor para el presidente Lula que para el senador Flávio Bolsonaro”. Por su parte, el veterano periodista Josias de Souza tilda la situación de Lula como dramática: “Podemos decir que la crisis del STF es más perjudicial para Lula que para Bolsonaro. Aunque puede atenuarse. Hay que ver cómo reaccionarán los electores a la apertura del sigilo del Banco Master, porque ahora ya se habla de la implicación de Flávio Bolsonaro”. 

Todas las alertas se encendieron en el Partido de los Trabajadores (PT) el pasado jueves, cuando Atlas-Intel, que clavó el resultado electoral de 2022, colocó a Flávio Bolsonaro númericamente por delante de Lula en el segundo turno: 46,4% frente a 46,2%. Sin embargo, DataFolha, la encuesta más tradicional, trajo el viernes cierto alivio a las izquierdas: el 46% para Lula y el 44% para Flávio, en empate técnico. La encuesta del Quaest de este lunes, que registró un aumento de desconfianza en el Supremo, coloca de nuevo a Flávio Bolsonaro por delante: 42% de los votos en el segundo turno, frente al 40% de Lula. ¿Hay espacio para la reacción del PT?

Un Supremo radioactivo

Tras la bomba atómica de Mendonça, Lula pidió la retirada del secreto del caso Master. Unos días después, el presidente se alejó de Alexandre de Moraes, al afirmar que “si es culpable, tiene que pagar por ello”. Moraes afirmó durante la sesión extraordinaria que jamás benefició a Daniel Vorcaro y denunció la ilegalidad e inconsistencia de las pruebas presentadas por Mendonça. Moraes acusó a Mendonça de proteger a un grupo político concreto y de ser parte de un grupo golpista, en una sesión bronca y tensa.

Flávio Dino pidió a última hora de ayer una “vista”, lo que retrasa hasta 90 días la sesión. Para la campaña política de Flávio Bolsonaro, sea cual sea el resultado de la sesión extraordinaria para evaluar la investigación contra Alexandre de Moraes, la medida es doblemente positiva. Refuerza su relato de que el Supremo es un órgano autoritario alineado con el presidente Lula. Y que la prisión de Jair Bolsonaro fue ilegal. 

El PT intenta alejarse a toda costa del huracán del Supremo, ya que considera a Moraes la kriptonita de la extrema derecha. Lula convocó el pasado domingo 13 (número asociado al PT en las urnas electrónicas) un día de militancia en todo el país. Las calles se llenaron de banderas, camisetas, actos, conciertos y caminantes rojos. Diferentes movimientos sociales y colectivos activistas están despertando del letargo para sumarse a la campaña. Por ejemplo, el influyente podcast izquierdista Calma Urgente activó una campaña para ayudar a llevar a los ancianos a los colegios electorales, ya que el 56,2% de los mayores de sesenta años se inclina por Lula, frente al 37,1% de Bolsonaro.

El PT quiere esquivar el huracán del Supremo para reintroducir en la campaña las políticas públicas de su gobierno: los buenos datos de empleo, la inflación controlada, la exención de impuestos a quien gana menos de 5.000 reales (unos 800 euros) o el apoyo de Lula al fin de la escala 6 x 1 (que obligaría por ley a que los trabajadores tengan dos días de descanso por semana, a la que se opone Flávio). Además, para navegar en el una campaña polarizada, sucia, sembrada de fake news y videos elaborados con Inteligencia Artificial, la campaña B del PT lanzó un site que recopila todos los casos de corrupción de Flávio Bolsonaro desde que entró en la política.

El presidente colombiano, el ultra Abelardo De la Espriella, había prometido durante su campaña electoral endurecer las políticas de seguridad contra los grupos violentos en Colombia. Pero pocos pensaron que también endurecería el formato en el que mostraría los resultados del conflicto interno. Fue el miércoles de esta semana cuando el mandatario, de 49 años, publicó en su cuenta de X un largo video en el que, tras informar de la muerte de 23 presuntos delincuentes en un bombardeo del ejército sobre una zona de la selva del sur del país, se podía ver como él mismo paseaba entre las filas de bolsas blancas con los cadáveres de los supuestos criminales muertos en el departamento del Guaviare.

Se trata del tercer bombardeo letal contra grupos criminales en menos de un mes de gobierno de De la Espriella. La ofensiva forma parte de una nueva fase de la guerra para combatir organizaciones violentas y el narcotráfico, llevada a cabo por el nuevo Ejecutivo de extrema derecha. “Les prometí enfrentar el terrorismo y lo estoy haciendo”, afirmó De la Espriella en el video.

La publicación generó críticas de organizaciones de derechos humanos, académicos y la oposición colombiana. Emily Dickinson, directora para América Latina del think tank International Crisis Group, expresó su rechazo públicamente, señalando que el acto glorifica la violencia.

“Exhibidos como trofeos de guerra”

El experto en seguridad Hugo Acero traza la frontera del “monopolio legítimo de la fuerza”. El Estado colombiano, recuerda, tiene la obligación ineludible de proteger a la ciudadanía y esa obligación lo habilita, según la ley, a emplear una “fuerza proporcional y letal” contra quienes la infrinjan. El quiebre ético y legal, sin embargo, no ocurre en el momento del uso de la fuerza, sino en la fase posterior. Tras los protocolos de “investigación judicial y análisis forenses”, el Estado debe restituir los cuerpos a sus familiares.

Es la única manera, añade Acero, de garantizar sus derechos en materia de “procesos religiosos y culturales”. Por ello advierte que los restos humanos no pueden ser “exhibidos como trofeos de guerra” ni instrumentalizados con fines políticos o mediáticos. Y deja claro que la acción estatal no opera bajo la lógica de la “retaliación”, sino bajo la premisa de la seguridad colectiva.

Este mismo viernes, el presidente ultra mostró en X la imagen de otros cuatro cadáveres, después de una operación contra el narcotráfico, llevada a cabo por la Policía Nacional colombiana, en la que aseguró que fue abatido alias Naím o “Bendito Menor”, que De la Esrpiella calificó como “uno de los criminales más peligrosos del país”.

“Desde mi posesión impartí una instrucción perentoria a la cúpula militar y policial: convertir a este criminal en objetivo de alto valor y perseguirlo sin descanso”, escribió el mandatario. “Hoy, con la Operación Centinela de la Patria, demostramos que las órdenes se cumplen y que cuando el Estado actúa con determinación, inteligencia y contundencia, el crimen retrocede”, agregó.

La ofensiva militar de De la Espriella, que se enmarca en el Escudo de las Américas impulsado por la Administración de Donald Trump, chocó esta semana con una decisión judicial contundente. Un juzgado de Arauca (departamento fronterizo con Venezuela) ordenó al Estado colombiano detener los bombardeos contra grupos armados hasta que las fuerzas armadas ajusten sus protocolos para garantizar que menores de edad no sean blanco de los ataques aéreos. La medida responde a múltiples denuncias de presuntas víctimas civiles en operaciones previas.

Discurso de mano dura

El freno legal llega justo cuando De la Espriella quiso acelerar su discurso de firmeza militar: 26 combatientes muertos durante sus primeras semanas de gobierno. Sin embargo, el contraste inquietó a los observadores del conflicto interno. Mientras el presidente reporta las ofensivas en sus redes sociales, detallando bajas, alias de combate e incautaciones de arsenal por parte del ejército, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que cuatro menores fallecieron en los dos primeros bombardeos —dos adolescentes de 15 años y otros dos de 16 años—.

La reacción de la oposición trascendió las redes sociales. Iván Cepeda, excandidato presidencial, senador y una de las principales figuras de la izquierda colombiana, criticó con fuerza las medidas de seguridad anunciadas por el Gobierno para los primeros cien días de mandato. Entre otras, calificó el resurgimiento del ESMAD (polémico cuerpo antidisturbios de la Policía) como preocupante y una amenaza para la democracia en Colombia.

Asimismo, desde la toma de posesión de De la Espriella el 7 de agosto, Cepeda pasó de la denuncia a la acción. Anunció la creación de un “gabinete en la sombra”, inspirado en el modelo británico, con voceros especializados por sectores desde la oposición de izquierda. Su misión: vigilar de cerca cada Ministerio del Gobierno ultraderechista. Así, la colación del Pacto Histórico del expresidente Gustavo Petro busca armar una oposición técnica y constante que cuestione las decisiones presidenciales, que mantenga viva un discurso político independiente a la de la ofensiva militar y otros proyectos que De la Espriella puso en marcha.

El círculo cercano de De la Espriella está formado por militares retirados que moldean la estrategia sobre el terreno y frente a las cámaras, aseguran fuentes cercanas al mundo castrense. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, fue entregado a Jorge Mora López, un general retirado con 30 años de experiencia en crimen transnacional, y la Comandancia de las Fuerzas Militares recayó en el general Erik Rodríguez, quien había sido retirado por Petro meses antes.

La revista The New Yorker identificó recientemente cómo la maquinaria digital de Nayib Bukele se expande por América Latina a través de videos, símbolos e influencers que buscan transformar la seguridad en una experiencia emocional. De la Espriella replicó ese modelo en Colombia. En la pieza presidencial, el mandatario se refiere a alias “Tigre”, uno de los cabecillas de la facción liderada por Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia. Está al frente de un grupo disidente de las desaparecidas FARC que rechazó el acuerdo de paz de 2016, opera en la Amazonía traficando con droga y controlando territorios.

De la Espriella afirma en el video que el Tigre es “ese miserable que hoy hemos sacado de circulación”. La difusión de las imágenes oficiales marca, quizás, un quiebre en la comunicación institucional de Colombia. La puesta en escena que muestra cadáveres de supuestos disidentes abatidos vulnera la dignidad de los muertos, señala el editorial publicado el viernes en el diario colombiano El Espectador.

En la misma línea, expertos y observadores recordaron en los últimos días que existen otros métodos eficaces para comunicar el éxito operativo de las fuerzas de Colombia. Se trata de estrategias que respetan el marco ético, evitan el terreno de la venganza y se ciñen estrictamente al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe la instrumentalización de los cuerpos de las personas desarmadas o caídas en combate. Ariel Ávila, analista de seguridad y de derechos humanos opositor, resumió: “Una cosa es actuar con contundencia ante los violentos; otra, la necropolítica y la espectacularización de la muerte”.

La viabilidad del acuerdo con el que Donald Trump consiguió que Venezuela le entregue 65.000 millones de barriles en reservas sigue generando muchos interrogantes. Pero algo resulta cada vez más evidente: Washington está tratando a Caracas como un protectorado de facto.

La concesión petrolera es la última de las dinámicas en las que Estados Unidos se dedica a plantear los acuerdos y anunciarlos, mientras el Gobierno interino de Delcy Rodríguez le sigue el paso. Después de que Trump anunciara la privatización del 22% de las reservas petroleras de Venezuela, un elemento crítico que incide sobre la soberanía del país, Rodríguez intentó paliar la noticia remarcando que Caracas obtendrá 209.000 millones de dólares en impuestos y 100.000 millones de inversión.

“Si se legitima este acuerdo desde el punto de vista jurídico, se hipoteca el futuro del país a 100 años, más de lo que ya lo habían hipotecado tanto Chávez como Maduro con el desmantelamiento democrático”, advierte Laura Cristina Dib, directora del Programa para Venezuela del grupo de Defensa de los Derechos Humanos en las Américas (WOLA). La investigadora, que siguió de cerca la deriva del país desde que Estados Unidos intervino militarmente para deponer a Nicolás Maduro, señala que “Venezuela no está atravesando una transición democrática” y que este nuevo trato es una muestra más.

Francisco Rodríguez, académico venezolano y economista del Center for Economic and Policy Research, subraya cómo la dinámica entre Washington y Caracas “se asemeja” a “otras situaciones similares a protectorados, como Irak bajo la ocupación de EE.UU., o a principios del siglo XX en Cuba, la República Dominicana y Haití”. Además, Dib señala cómo la prioridad del Gobierno de EE.UU. es afianzar “actores que cumplen con los deseos de forma incuestionable de la Administración Trump, y eso es lo que ha hecho Delcy Rodríguez”.

Estados Unidos, lejos de ser el bastión de la democracia y la libertad, está siendo el principal actor de la erosión democrática en todo el continente

Laura Cristina Dib — Directora del Programa para Venezuela del grupo de Defensa de los Derechos Humanos en las Américas (WOLA)

El lunes por la noche, la Casa Blanca publicó un nuevo comunicado en el que detallaba que la empresa encargada de explotar los 17 campos petroleros para extraer esos 65.000 millones de barriles será la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP). La empresa, que estará asociada directamente con el Gobierno estadounidense, es propiedad del millonario venezolano Alejandro Betancourt, investigado por la justicia en España y Suiza por su supuesta participación en un esquema de lavado de miles de millones procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA –acusaciones que él rechaza–.

Dib opina que la confirmación por parte de la oficina presidencial de que se ligará a NABEP supone “institucionalizar aún más la corrupción, pero ahora con el apoyo de Estados Unidos”. Para la investigadora, que se haya cerrado un acuerdo de este calibre con una empresa va en contra de los supuestos objetivos de democratizar Venezuela. “Estados Unidos, lejos de ser el bastión de la democracia y la libertad, está siendo el principal actor de la erosión democrática en todo el continente”, lamenta.

“Es cierto que ha habido cerca de mil excarcelaciones desde el 3 de enero para acá, pero también es fundamental, cuando uno hace este balance, ver qué es todo lo que no ha cambiado. Y realmente, cuando lo pones en una balanza, ves que Venezuela no está atravesando una transición democrática. Mi mayor miedo es que este acuerdo petrolero le da espacio a actores que sabemos que son responsables de la corrupción; por lo que se fortalece el sistema autoritario y cleptocrático”, sentencia Dib.

La asociación con la compañía de Betancourt incluye que el Pentágono, a través de su Oficina de Activos Estratégicos, tendrá el 35% de la propiedad de la empresa matriz de NABEP. El Departamento de Estado, además, tendrá garantías para adquirir el 20% de la producción de todos los pozos petroleros operados ahora y en el futuro por la compañía venezolana, a precio de coste. Y tendrá prioridad de compra sobre el 80% del petróleo restante, “lo que proporcionará una fuente de energía garantizada en nuestro hemisferio en situaciones de emergencia”.

Posibles contratiempos

Más allá de que se tardarán décadas en restaurar la dañada industria petrolera para empezar a poder extraer el crudo, Dib apunta que, una vez este acuerdo llegue al Congreso estadounidense, aún puede haber más contratiempos. Especialmente, si después de las elecciones de noviembre los demócratas consiguen recuperar el control de ambas cámaras.

“Hay muchas preguntas desde el punto de vista jurídico sobre qué implicaciones tiene este acuerdo con un gobierno que no es legítimo”, advierte la investigadora, que subraya: “El artículo 12 de la Constitución venezolana prevé que los recursos minerales y petroleros le pertenecen a la República y, por tanto, tienen un marco jurídico distinto que lo regula”.

El reciente acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el de Venezuela desató un largo reguero de críticas. Todavía no se conocen los términos exactos, pero sí lo suficiente como para constatar que el gobierno de Estados Unidos logró un control efectivo sobre la gestión de gran parte del petróleo venezolano. Así, no se cumplieron las advertencias de Diosdado Cabello, ministro de Interior, que hace menos de un año afirmaba que no se entregaría “ni una gota” de crudo a los estadounidenses en caso de producirse una agresión. Finalmente, se produjo la intervención militar, incluyendo el secuestro del presidente, y se transferirá más de una gota de petróleo hacia Estados Unidos. Según el propio Donald Trump, el acuerdo es para 65.000 millones de barriles, aproximadamente una quinta parte de todas las reservas del país.

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, es decir, de cantidades que son recuperables del subsuelo con la tecnología y precios actuales. Esa circunstancia geológica moldeó profundamente la política del país latinoamericano desde que se descubrieron los primeros yacimientos en 1914, cuando Venezuela llevaba ya un siglo siendo independiente, pero todavía era un país básicamente agrario y muy pobre. Vale la pena remontarse brevemente a ese momento porque, paradójicamente, guarda una similitud sorprendente con lo que está pasando ahora mismo.

La maldición de los recursos

Como muchos países en desarrollo saben, que un territorio sea abundante en recursos no significa que tenga un billete garantizado hacia el desarrollo económico. De hecho, es más habitual lo contrario, es decir, que las naciones más abundantes en recursos naturales sean también las más pobres. En economía se conoce como maldición de los recursos a una hipótesis que intenta explicar esa paradoja, y según la cual el problema principal es que el país se vuelca tanto en explotar ese sector abundante en recursos (por ejemplo, petróleo) que se 'olvida' de casi todo lo demás.

En realidad, no es una cuestión de decisiones gubernamentales sino de la propia orientación del mercado, ya que tanto el capital internacional como el nacional fluyen, lógicamente, hacia ese sector abundante en recursos que, como es deseado por todo el mundo, genera tasas de ganancia más elevadas y deja de fluir hacia el resto. El país se convierte rápidamente en un exportador del recurso natural y la dinámica económica hace el resto (por ejemplo, el tipo de cambio se encarece y eso dificulta otro tipo de ventas al extranjero, como las industriales).

Cuando a comienzos del siglo XX se fueron descubriendo los yacimientos de petróleo por todo el mundo, solo unas pocas empresas estadounidenses e inglesas tenían la capacidad tecnológica y financiera para extraer el recurso y, además, refinarlo para convertirlo en un producto utilizable por la sociedad (por ejemplo, gasolina, lubricantes, productos petroquímicos, etc.). Aunque el petróleo estaba en el subsuelo venezolano, no había en el país ninguna empresa capaz de convertirlo en algo útil, de modo que se permitió que fueran las empresas multinacionales las que se encargaran de todo. El proceso ganó orden a partir de 1922, cuando el presidente Juan Vicente Gómez declaró los recursos del subsuelo propiedad del Estado y este pasó a controlar tanto las concesiones como los royalties e impuestos aplicables. Eran tales las reservas venezolanas que en los años treinta el país ya se había convertido en el principal exportador de petróleo del mundo.

Gracias a los impuestos aplicados a la actividad extractiva, el Estado fue capaz de desplegar una estrategia de creación de infraestructuras y servicios públicos que dinamizaron la economía, elevándose también el consumo de una emergente clase media, al tiempo que se fortalecía su autoridad sobre el territorio. El contexto de boom del petróleo favoreció que los países en los que las multinacionales extraían el recurso reclamaran una mayor porción de la torta y Venezuela fue, además, pionera en la lucha y ejemplo posterior para países de Medio Oriente. La legislación de 1943 y, posteriormente, la consolidación del principio 50-50 (reparto por igual de los beneficios) hicieron que el Estado capturase una parte mucho mayor de los beneficios generados por la actividad petrolera.

En el contexto de posguerra, de intervencionismo económico y descolonización, se extendió el imaginario de que el desarrollo económico pasaba por controlar y explotar directamente los recursos naturales. La idea de desarrollo nacional y económico iban de la mano en un imaginario extractivista que se interpretaba como condición para igualar la riqueza de los países más avanzados. Tras los precedentes de Rusia en 1917 y México y Bolivia en los años treinta, en 1951 Irán fue el primer país de Oriente Medio en nacionalizar su petróleo y expulsar a las empresas occidentales. Pero solo dos años después el gobierno de Mossadegh fue derrocado por un golpe de Estado de Reino Unido y Estados Unidos.

En 1957, Irán permitió la entrada de la multinacional italiana ENI, que aceptó un acuerdo 75-25 que puso nerviosas al resto de multinacionales y demostraba que los países petroleros estaban interesados en captar mayores cuotas de las rentas del sector. En septiembre de 1960, algunos de estos países, a instancia de Venezuela, formaron la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para fortalecer sus demandas y elevar la participación del Estado al menos a una ratio 60-40. En los años setenta se producirían las primeras grandes nacionalizaciones de compañías occidentales, primero en Argelia y Libia, y luego, y de forma progresiva, en los países del Golfo Pérsico. Los llamados países productores demostraban tener ya la capacidad tecnológica y financiera para realizar la actividad ellos mismos y sin mediaciones, es decir, capturando completamente toda la renta petrolera.

La compañía estatal de Venezuela fue PDVSA, creada en ese contexto internacional en 1976. La renta petrolera era tan alta que los partidos políticos dominantes se repartieron su influencia en el denominado pacto del Punto Fijo. El sistema seguía siendo el mismo: un desarrollo económico totalmente dependiente de las rentas petroleras, donde el gobierno tenía un margen enorme para decidir qué hacer con ellas (con una fuerte autonomía de PDVSA respecto del poder político y problemas crecientes de corrupción) y consecuentemente muy vulnerable a las caídas del precio del petróleo. Durante esas décadas fracasaron todos los intentos de diversificar la estructura productiva, como la industrialización por sustitución de importaciones, que logró crear determinadas capacidades industriales, pero no consiguió modificar sustancialmente la dependencia estructural de la renta petrolera. La caída de los precios a mediados de los años ochenta llevó al país a una crisis económica que fue gestionada a la manera neoliberal, desembocando en una profunda crisis política que duró hasta que en 1998 Hugo Chávez ganó las elecciones.

El chavismo se construyó sobre el rentismo petrolero

La victoria de Chávez no gustó a las élites que habían gestionado la renta petrolera hasta entonces, razón por la cual sufrió el golpe de Estado de 2002. Tras superarlo gracias al apoyo popular y de los militares, y tras un paro patronal de la empresa PDVSA, Chávez despidió a miles de trabajadores y gestores de la empresa y tomó un control mucho más activo sobre sus decisiones. Los precios del petróleo acompañaron y el gobierno logró poner en marcha políticas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza y redujeron de manera muy notable la desigualdad. Sin embargo, todo el sistema seguía dependiendo en última instancia de las rentas petroleras.

Se suele hablar de PDVSA como una suerte de para-Estado porque asumió proyectos que no tenían nada que ver con su función económica, como programas sociales o proyectos de infraestructuras urbanas. Así, el endeudamiento de la empresa quedó no sólo vinculado a su actividad inversora y extractiva sino también a la necesidad de acometer proyectos sociales ajenos a la entidad. Por otro lado, la cualificación de los nuevos dirigentes parecía estar lejos de las capacidades de los anteriores. Además, políticamente era una forma de llevar a cabo una intervención pública que no pasaba por los controles habituales de la asamblea nacional. Algunos o todos estos elementos ayudan a entender por qué la empresa PDVSA ya se encontraba en niveles de actividad económica y financieros muy bajos antes de que llegaran las primeras sanciones estadounidenses en 2017. Las sanciones no crearon el deterioro de PDVSA, que ya era evidente antes de 2017, pero sí contribuyeron posteriormente a profundizarlo.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, el peso del petróleo en las exportaciones siempre fue muy alto en Venezuela. Curiosamente, la mayor dependencia del petróleo se produce durante el período chavista, con niveles por encima del 95%, lo que da muestra del fracaso de las estrategias de diversificación industrial. Eso sí, durante el período de Hugo Chávez, el PIB por habitante fue recuperándose desde los niveles anteriores, lo que es congruente con otros indicadores sociales que también mejoraron durante ese período.

Lo cierto es que durante el chavismo las rentas petroleras, en vez de financiar opulentos modos de vida de una minoría de la población vinculada a las elites y los burócratas de PDVSA, sirvieron para combatir la desigualdad y la pobreza. No obstante, sin la erradicación completa de la corrupción. Pero en ambos casos las rentas servían para garantizar la estabilidad social y política de los tiempos de 'vacas gordas'. Cuando las rentas se secaban, devenían los problemas.

Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro heredó un modelo económico extremadamente dependiente del petróleo y, un año después, el desplome de los precios internacionales del crudo desencadenó una crisis económica de enorme magnitud. El apoyo electoral al chavismo se fue debilitando y, tras perder la mayoría parlamentaria en 2015, el Gobierno respondió mediante una creciente concentración del poder institucional y una progresiva erosión de los mecanismos democráticos. Mientras tanto, la gestión de la renta petrolera quedó crecientemente en manos de fracciones militares leales al gobierno. Lejos de abandonar el modelo extractivista, en el año 2016 Nicolás Maduro aprobó el proyecto del Arco Minero del Orinoco, pensado para extraer oro y otros minerales de una inmensa área de Venezuela. El objetivo declarado era fomentar las exportaciones de estos minerales, algunos de los cuales son importantes en la transición energética hacia energías renovables, y con una fuerte participación de empresas estatales y actores vinculados a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, en la actualidad la producción petrolera venezolana se encuentra muy por debajo de su potencial y de sus niveles históricos. La coyuntura de precios internacionales, la mala gestión de la empresa y las sanciones provocaron un desplome de la actividad petrolera que privó de las rentas al Estado venezolano. En esas condiciones, Venezuela vuelve al comienzo, es decir, a la necesidad de atraer capital extranjero para realizar las inversiones necesarias para extraer el combustible fósil.

El papel de Estados Unidos

Para Estados Unidos el petróleo venezolano es especialmente importante, porque se trata de un tipo de crudo pesado que necesitan para una parte importante de la capacidad de refino estadounidense, pero cuya producción doméstica no basta para abastecerla. Aunque Estados Unidos se convirtió en el mayor productor mundial de petróleo gracias, entre otros factores, al desarrollo del fracking, siguen siendo importadores netos de petróleo pesado. Y no parece casualidad que sus dos principales fuentes de petróleo pesado hayan sido hasta hace poco Canadá y Venezuela, países con los que está tratando de redefinir su relación (con una guerra comercial en el primer caso, y con la violencia en el segundo). En el caso de Venezuela, como podemos ver en el siguiente gráfico, la caída de importaciones fue progresiva durante el gobierno de Hugo Chávez y terminó desplomándose después. Con los nuevos acontecimientos, la Casa Blanca se aseguró que ese flujo se reactiva.

Aunque habrá que esperar a conocer los términos exactos del acuerdo, los cálculos preliminares parecen indicar que la captura de la renta que hará el Estado venezolano del sector petrolero será notablemente inferior a la que existía incluso durante el período del Punto Fijo. En este sentido, Estados Unidos logró capturar una parte sustancial de esa renta que hasta hace unos años era impensable; y lo logró a través de las sanciones, que terminaron de machacar la débil capacidad productiva de PDVSA, y de la violencia ejercida contra otro país soberano.

Por otro lado, merece la pena remarcar de nuevo que durante el chavismo la renta petrolera permitió una importante redistribución social y una mejora de numerosos indicadores de bienestar, pero no consiguió transformarse en una diversificación productiva suficiente capaz de reducir la dependencia del petróleo. El apoyo popular al chavismo era real y está claramente acreditado, y sobre bases razonables, pero todo el sistema se sostenía sobre los precios del petróleo, de modo que cuando se agotó el flujo extraordinario de rentas comenzó también la deslegitimación ciudadana.

El economista Edward Barbier señalaba, reflexionando sobre la paradoja de la maldición de los recursos, que para que un país se desarrolle no sólo es necesario tener recursos abundantes y extraer renta de ellos sino, y muy especialmente, reinvertir esas rentas en diversificar la actividad económica y crear encadenamientos (de modo que las industrias se necesiten unas a otras). Este último paso es el que no fue capaz de completar Venezuela en los últimos cien años. Y tampoco el chavismo, a pesar de haberlo proclamado.

En realidad, hay un irónico componente cíclico en todo esto. Porque primero fue el capital extranjero el que explotó un recurso sobre el que el Estado apenas tenía capacidad efectiva de intervención. Después, a través de impuestos, nacionalizaciones y finalmente la creación de PDVSA, el Estado fue capturando una parte cada vez mayor de esa renta hasta hacerse prácticamente con su totalidad. El chavismo heredó ese modelo de rentismo estatal y utilizó sus extraordinarios ingresos para redistribuir la riqueza, pero no consiguió transformar de manera suficiente esas rentas en una estructura productiva diversificada. Cuando la producción y los precios se desplomaron, también lo hizo la capacidad del Estado para sostener ese modelo. Y ahora, un siglo después del comienzo de la explotación petrolera moderna, Venezuela vuelve a necesitar capital extranjero para explotar su principal recurso. Es como si varias décadas de luchas políticas y sociales en torno a la captura de renta por actores extranjeros hubieran desaparecido de golpe. Y al menos Venezuela sigue sin saber responder a qué hacer con la renta que genera un producto, el petróleo, que además tiene los días contados. El problema adicional es que ahora ni siquiera lo deciden ellos.

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió este jueves la región andina de Ayacucho, en el sur peruano, informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP) y detalló que el epicentro se ubicó a 35 kilómetros de la localidad de Coracora, sin que hasta el momento se hayan notificado daños personales o materiales.

El IGP señaló que el movimiento telúrico se registró a las 13.00 horas (18.00 GMT) de este jueves y tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

El sismo alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora, una ciudad ubicada a unos 650 kilómetros al sur de Lima, donde también se percibió el movimiento, aunque de forma leve.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COEN) confirmó la información sobre las características del sismo, pero no ofreció aún detalles sobre posibles daños, pese a que medios locales reportaron desprendimientos de rocas y algunos daños en viviendas en Ayacucho. Al respecto, el jefe del IGP, Hernando Tavera, dijo que “por ahora no ha ocurrido nada crítico” pero continúan con la evaluación de la situación generada.

Perú se ubica en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial. En julio pasado la región de Junín, vecina de Lima, sufrió una serie de temblores de una magnitud máxima de 5.4, que provocaron la muerte de cinco personas, cientos de damnificados y la destrucción de decenas de viviendas.

El último terremoto devastador en el país se registró en 2007 en la región sureña de Ica, donde un terremoto de magnitud 7.9 causó la muerte de unas 500 personas y millonarias pérdidas materiales.

Con información de la agencia EFE

San José del Palmar, el municipio colombiano donde estuvo el epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el lunes, permanece parcialmente incomunicado y con graves daños materiales, aunque las autoridades aseguraron este miércoles que no registra víctimas mortales.

“No hay pérdidas humanas, es un balance positivo gracias a Dios”, informó el alcalde del municipio, León Fabio Marín Moncada, que detalló a medios locales que unas 400 viviendas resultaron afectadas y al menos 20 edificaciones colapsaron, mientras la localidad permanece sin electricidad y con problemas en el suministro de agua.

San José del Palmar es un municipio con una población aproximada de 5.800 habitantes y está ubicado en el sureste del Chocó, uno de los departamentos más olvidados de Colombia, y limita con Risaralda y Valle del Cauca, los dos departamentos más golpeados por el terremoto.

La situación es especialmente compleja en las zonas rurales aledañas, donde las autoridades han tenido dificultades para comunicarse con algunos habitantes debido a la falta de señal telefónica.

La única vía de acceso terrestre permanece cerrada por los daños en las carreteras, por lo que el municipio solo es accesible en helicóptero, medio por el que este miércoles llegaron ayudas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Cerca a finalizar las labores de rescate en el Chocó

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, se desplazó hasta allí este miércoles por primera vez, 48 horas después del sismo, para atender la emergencia y conocer de primera mano la situación de las comunidades afectadas.

Desde allí confirmó además que una familia de cuatro personas que estaba reportada como desaparecida en Quibdó, la capital departamental, fue localizada con vida y se encuentra en buen estado de salud.

“Están bien, están bien de salud”, afirmó Córdoba-Curi, quien explicó que la familia no se encontraba en el punto donde inicialmente se realizaba la búsqueda y había quedado incomunicada en otro lugar.

La gobernadora señaló que el Chocó, uno de los departamentos más pobres de Colombia, registra 14 muertos y que solo queda por localizar a una persona en ese mismo punto para poder cerrar la fase de búsqueda y rescate en el departamento.

“Es una gran noticia para los chocoanos y también para el país”, afirmó.

El sismo, el más fuerte sufrido por Colombia en lo que va de siglo, ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, a una profundidad de 103 kilómetros.

EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó en Bogotá que había por lo menos 265 muertos como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió ese país, mientras que son 3.494 los heridos y 496 los desaparecidos, según los datos consolidados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Teniendo en cuenta la gravedad de las circunstancias que hoy aquejan a Colombia, una tragedia como esta nos obliga definitivamente a tomar medidas excepcionales para enfrentar esta crisis generada por la naturaleza”, expresó el miércoles el mandatario, en conferencia de prensa en el Palacio San Carlos, sede de la Cancillería.

Según datos de la UNGRD, el impacto del terremoto estuvo centrado en los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca, subrayó De la Espriella, y advierten que existe un gran desafío para enfrentarla debido a una grave situación fiscal.

“Luego de evaluar todas estas circunstancias, ponderarlas con el equipo económico, estamos estructurando una serie de medidas que son, sin duda, alivios temporales pero que ayudan y que tienen que ver con el pago de servicios públicos para las familias damnificadas por parte del Gobierno”, informó De la Espriella.

Además, el mandatario anunció subsidios de alquileres para quienes perdieron sus casas durante el terremoto, medidas de alivio tributario y financiero, así como apoyo para los comerciantes y pequeños empresarios más afectados.

“Le informo al país que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra constitución, para poder enfrentar esta crisis como corresponde”, sostuvo.

De la Espriella anunció que ordenó la creación del “Fondo Milagro” que busca canalizar los aportes nacionales e internacionales y que serán destinados para la reconstrucción de vías, aeropuertos, hospitales, centros educativos, e inmuebles así como para una serie de acciones que sirvan para la reactivación económica.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, autorizó “operaciones militares conjuntas” con EE.UU. en Colombia para combatir el narcoterrorismo y apunta que el país sudamericano se sumará a la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C).

“Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el miembro número diecinueve, y a través del recién investido presidente, como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente El Tigre, Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”, afirmó Hegseth durante una reunión de la colación en Ciudad de Panamá.

Después del triunfo en Colombia del líder ultraderechista Abelardo de la Espriella, Washington expresó al país latino apoyo político, cooperación en seguridad y ayuda tras el terremoto del lunes, al volver a consolidar una alianza cercana y afín entre ambos gobiernos.

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo con anterioridad que prevé destinar mil millones de dólares a Colombia como parte de un paquete de asistencia en seguridad, algo de lo que se congratuló el pasado 8 de agosto el nuevo vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo. El paquete contempla robustecer las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales, mediante tecnología estadounidense, una mayor operatividad y operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.

“Medidas enérgicas y concretas como estas ejemplifican el tipo de participación activa y operativa que buscamos en nuestros socios para convertir a la A3C en una coalición potente y letal. Sí, tenemos reuniones, coordinaremos, pero en última instancia, se trata de las operaciones que podemos llevar a cabo conjuntamente para proteger la soberanía individual y la totalidad del hemisferio”, resaltó el titular de la cartera estadounidense de Guerra durante su discurso.

Un “Escudo de las Américas” contra los carteles

Previo a ello, Hegseth felicitó a Ecuador por ser el “primer miembro” de esa coalición contra los carteles en “asociarse con Estados Unidos en una operación” contra “narcoterroristas”, de igual manera celebró que Honduras y Guatemala aceptaran “participar en operaciones combinadas” contra narcos en sus países.

Ecuador, Honduras y Guatemala son parte de los países que en marzo pasado se suscribieron al llamado “Escudo de las Américas”, impulsado por EE.UU., junto con Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago Bahamas, Belice, Chile, Jamaica y Perú.

La Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C) es la principal herramienta del Escudo de las Américas para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, y busca reforzar la seguridad fronteriza, desarticular finanzas criminales y actuar conjuntamente ante amenazas regionales compartidas.

“Con todos ustedes, Estados Unidos forjará un Hemisferio Occidental seguro, estable y próspero. No buscamos ni dominación ni dependencia. Solo buscamos (...) una colaboración genuina con sus gobiernos para lograr seguridad, estabilidad y prosperidad”, subrayó el secretario de Guerra estadounidense. Unas palabras, las de Hegseth, que pueden sonar relativamente 'bien' pero que sugieren un margen de maniobra muy amplio para Estados Unidos, un país con una larga historia –pasada y presente– de dominación y subyugación, especialmente de países del sur.

Sin embargo, la oposición colombiana ha criticado con dureza dicho anuncio, que consideran una “renuncia a la soberanía”. La izquierda apunta además que “la invitación formulada por De la Espriella” es inconstitucional al entender que “corresponde al Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras en territorio” colombiano.

elDiario.es / EFE

Una voz ordena guardar silencio a través de un megáfono. Su directriz se replica y, en efecto dominó, llega a los oídos de todo el que rodea una de las búsquedas de sobrevivientes esparcidos por la ciudad de Pereira. Los rescatistas sueltan las palas, la grúa apaga el motor, las motos frenan su trayecto. Claudia deja de avisar a sus vecinos de que hay bocadillos para quien quiera, María para el reparto de agua y Eduard posa en el suelo un cubo lleno de escombros. Y empiezan a alzar sus dos brazos, estirados, con los puños cerrados. La vorágine y el griterío se transforman en un absoluto silencio.

En cada una de estas escenas, un rescatista rompe el silencio y dirige su mirada a las ruinas donde llevan días trabajando:

- Les habla el equipo de rescate. Si hay alguien con vida, hagan ruido.

El silencio regresa, aún con más intensidad, y se transforma en una escucha colectiva. Los rescatistas, junto a los vecinos que solo presencian la escena, se esfuerzan en tratar de percibir una respuesta. En oir un golpe, un quejido, una palabra que les anime a mantener la esperanza de vida entre cascotes. Algunos equipos cuentan con sonómetro e introducen un pequeño micrófono después de abrir ventanas de acceso a las tripas del derrumbe. Otros solo tienen sus oídos.

En el sector de La Lorena, intentaban escuchar la voz de Tuto. En lo que queda del Hotel De Beni, la de Ángela y la de Jovani; unos 200 metros más allá, la de Juan Fernando, un comerciante que pasaba la noche por trabajo en un hotel de la ciudad que colapsó por completo.

Los operarios más próximos al lugar donde piensan que se encuentra Tuto sepultado por los escombros rompen la calma. Sus manos abandonan la tensión de sus puños y empiezan a aplaudir. “¡Hay vida!”, grita la voz del megáfono. Los vecinos se abrazan, se emocionan, aplauden. Un minuto después, regresa la actividad del rescate con aún más apremio. “¡Denle, denle! Sigamos trabajando!

La escena, repetida durante los primeros días tras el terremoto de Colombia –que dejó ya 265 muertos, según el recuento oficial–, se produce cada vez con menos frecuencia con el paso de las horas, pero continúan, especialmente en el centro de la ciudad. La probabilidad de respuesta, de que sigan con vida algunas de las decenas de personas que se estima que continúan bajo los edificios colapsados de Pereira, una de las más afectadas, desciende.

Hay un momento tope en el que piensa cada rescatista y voluntario: el cumplimiento de las 72 horas después del temblor. Superado el plazo, las posibilidades de mantener la vida entre los restos del terremoto son mínimas, según los equipos de rescate de Colombia.

En la noche de este miércoles, esa frontera temporal resuena en la mente de los equipos desplegados en las calles de Pereira. El tiempo se agota y la urgencia se percibe en cada uno de los puntos donde aún existe esperanza de vida bajo las ruinas. “Se acaba el tiempo. Y, cuando escuchas una voz, da mucha rabia dejar de escucharla. Duele mucho sacar un cuerpo sin vida cuando respondía bajo los escombros”, dice Andrés, mientras observa desde la distancia cómo los equipos profesionales trabajan en el mismo lugar donde él y sus compañeros voluntarios lo hicieron sin apenas manos de equipos oficiales durante las jornadas anteriores. Él había estado presente cuando pidieron silencio en su intento de escuchar al “panadero”, el hombre que regentaba uno de los negocios del Parque de la Libertad convertido ahora en polvo y cascotes. En la mañana de este miércoles localizaron su cuerpo sin vida.

En ese mismo lugar, los operarios aún buscaban en la madrugada de este jueves a varias personas que podrían encontrarse con vida bajo los restos de varios comercios de la zona y un hotel donde vivían personas de escasos recursos. A Marian le dijeron que su primo Pablo fue a comprar el pan a primera hora de la mañana. “Un amigo dice que cuando todo empezó a temblar, los dos corrieron hacia la puerta. Pero cree que él no llegó a salir”, cuenta la mujer, sentada en un cubo de plástico frente a las grúas situadas delante de los restos donde podría estar el familiar que tanto espera.

Sentado sobre dos ladrillos, Luis Fernando no quita la vista a los movimientos de los operarios en otro de los edificios en ruinas de la ciudad. Desde la acer, saluda a su hijo con la mano y este se lo devuelve moviendo el casco de obra. Ambos buscan a su familiar, Carlos Fernando, atrapado en el tercer piso de uno de los hotel desplomados en Pereira. “Nos dijeron que hay vida y nos dio un poco de esperanza”, dice el señor, con una pala entre sus manos. “¿Cómo será morir atrapado?”, se pregunta mientras un batallón de voluntarios continúa retirando escombros. “No se lo desearía a nadie”, se contesta.

Unas horas cruciales

El Gobernador de Risaralda, el departamento donde se encuentra Pereira, explica a elDiario.es que estás horas son clave. Por eso, afirma, los esfuerzos oficiales están centrados en la búsqueda y rescate en esta primera fase. Superadas las 72 horas, agrega, empezarán a trabajar en los planes de reconstrucción, en el “ahora qué” en el que tanto piensan los miles de ciudadanos afectados por el sismo, que vieron destrozadas sus viviendas o esperan la comprobación del estado de su edificio para valorar si es seguro regresar a casa. Las autoridades calculan que 9.215 viviendas están destruidas, otras 45.457 dañadas y 140 edificios colapsaron.

“Estoy desempleada y, lo único que tenía era un piso en propiedad, que heredé de mi madre. Pero tengo miedo de volver. El edificio no colapsó, pero quedó muy dañado y no parece seguro”, explica María del Rosario Arango Espitia, sentada en un pequeño taburete en el Albergue Parque Olaya Herrera, unas carpas levantadas por el Gobierno del departamento.

Sin otro lugar al que ir, pasa sus noches en los colchones dispuestos en el suelo para los afectados del sismo. “Aún no tenemos información de las ayudas. Esperemos que nos digan pronto”.

El paso del tiempo también incrementa las posibilidades de que las llamadas de los sobrevivientes sean respondidos con más silencio. Horas después de haber contactado con Tuto, hombre de unos 50 años muy querido en el sector de La Lorena, uno de los más golpeados de Pereira, los intentos de conocer su estado se interrumpieron. Tuto dejó de dar golpecitos entre los escombros, como había hecho en al menos tres ocasiones, pero los rescatistas no dejaron de retirar cascotes en su búsqueda. Durante la madrugada, apareció su cuerpo, ya sin vida.

En la última madrugada antes de la finalización de las 72 horas iniciales, cuesta confirmar la vida oculta bajo los cascotes; pero muchos rescatistas oficiales y, especialmente, voluntarios, no se van a dormir. “No quiero irme a casa por si me necesita. Puede ser el último rescate”, se escucha en el centro de Pereira.

Abelardo de la Espriella tuvo un estreno frenético y accidentado en la presidencia de Colombia. Dos días después de tomar posesión, un sismo de magnitud 7,4 en el Chocó, en el suroeste del país, causó más de 200 muertes hasta el momento y obligó a declarar la emergencia nacional. El desastre también empezó a revelar la fragilidad logística del gabinete entrante, que en julio rompió el diálogo de transición con el Gobierno saliente del progresista Gustavo Petro.

Sin un equipo propio en funciones en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), el nuevo mandatario afronta la mayor crisis de la década en medio de tensiones y desconfianza con el director de emergencias que heredó del Gobierno de Petro.

Lo cierto es que la respuesta inmediata de la UNGRD fue eficaz. A las pocas horas del terremoto del lunes, los equipos de rescate ya trabajaban en las labores de desescombro y los servicios de urgencias seguían los protocolos establecidos. Lo que está bajo la lupa de los expertos son los pasos siguientes: quién dirigirá la operación y qué nivel de coordinación habrá entre las dependencias del Estado.

Omar Darío Cardona, veterano ingeniero civil que dirigió la Unidad de Emergencias, recuerda la lección que le dejó el gran sismo de 1994, que sepultó bajo el lodo el suroeste del país. Mientras buscaba noticias de las localidades cercanas al epicentro, se topó con un muro de silencio absoluto. “Me decían que nadie reportaba daños”, rememora. “Y era precisamente porque no tenían cómo comunicarse: se había venido abajo la iglesia, se había derrumbado la alcaldía y el pueblo entero había quedado sepultado”. Aquel silencio no era sinónimo de calma, era la peor de las señales.

La UNGRD, encargada, por ejemplo, de decidir a qué municipio llegan primero las ayudas, afrontó el terremoto del lunes sin un jefe titular. Mientras el presidente De la Espriella se puso al frente del puesto de mando unificado, ofreció balances sobre las víctimas y viajó a las zonas afectadas, el organismo técnico continúa bajo el control interino de un funcionario del Gobierno anterior. Su relevo, anunciado por el nuevo Ejecutivo en julio, no tomó posesión.

La gestión de catástrofes, poco presente

Por eso algunos analistas alertan de que la gestión de catástrofes y la agenda climática ocuparon un lugar marginal en la bitácora del nuevo Gobierno desde la campaña electoral. De hecho, en el discurso de investidura, pronunciado el 7 de agosto en Cali, apenas se mencionaron. La explicación es política e ideológica: como parte de su programa para recortar ministerios y organismos públicos, en un plan de austeridad y reducción del Estado, el mandatario había incluido la supresión de la UNGRD y su fusión con otra entidad. Tres días después, la realidad dinamitó la idea.

Además, los ministros recién nombrados carecen de experiencia en la gestión de desastres. Juan Carlos Orrego, ex subdirector de la UNGRD, lo confirma: “Tienen muy poco entrenamiento en el manejo de este tipo de situaciones”, dice. “Y la posibilidad de perderse en estas coyunturas es considerable”.

En una catástrofe, la emergencia exige un orden milimétrico. Las primeras horas pertenecen exclusivamente al rescate y los asuntos de sanidad; después llega el turno de restablecer las comunicaciones, el agua y los albergues; finalmente, se evalúa si los edificios que resisten el sismo aguantarán las réplicas. Cada fase tiene su propio compás.

La verdadera prueba para el nuevo Ejecutivo, coinciden Orrego y Cardona, no será estas semanas, sino en los próximos meses. Levantar un país destruido es una hoja en blanco donde Colombia ya suma un historial de errores burocráticos: tras el gran terremoto que asoló la región cafetera en 1999, el censo de daños tuvo que repetirse seis veces en dos años porque las cinco primeras estimaciones fueron inexactas. Se aprendió a base de errores.

La paradoja es que esa misma experiencia, forjada a golpe de tragedias, convirtió al sistema colombiano en un referente respetado en el exterior. En un informe reciente, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres destaca a Colombia como modelo regional de gobernanza del riesgo, con su Unidad Nacional en el centro de una red de 178 ciudades que trabajan en resiliencia. Es una política de Estado, anota el informe, levantada a lo largo de décadas, que sobrevivió a Gobiernos de todos los signos. Cardona, que dirigió esa oficina, la cuenta entre sus fortalezas.

Sin embargo, la institución también arrastra una profunda herida estructural al haber sido utilizada de manera crónica como botín político por distintos gobiernos. De hecho, en el sector se asume que ninguna Administración se libró de un escándalo de corrupción ligado a esta oficina y, bajo el mandato de Gustavo Petro, tocó techo con un caso que hoy sigue en los tribunales.

Esa es la doble amenaza que preocupa a los expertos: la entidad vive atrapada entre la el clientelismo rapaz y la politización.

Llamamiento a la unidad

Lo cierto es que hasta el mediodía de este martes en Colombia, el balance oficial era de al menos 240 muertos. Se trata de una cifra que no dejó de aumentar con las horas, y graves daños estructurales en cinco departamentos: Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda y Caldas. Tres de ellas, las que conforman la región del Eje Cafetero, en el centro del país, ya habían padecido tragedias parecidas.

El gran terremoto de Armenia en 1999 mató a 1.185 personas y obligó al país a construir bajo estrictas normas sismorresistentes. Mucho antes, en 1983, la ciudad de Popayán se había venido abajo un Jueves Santo dejando más de 250 víctimas mortales. Ya en este siglo, las catastróficas inundaciones de 2010 anegaron la mitad del territorio.

En Cali, la tercera ciudad del país y una de las más golpeadas por el terremoto, el presidente De la Espriella escenificó una tregua política este martes. Mientras los equipos de rescate retiraban toneladas de tierra y hormigón, el mandatario apeló a la unidad nacional: “Aquí no hay divisiones ideológicas cuando se trata de defender a nuestra gente; solo hay una bandera, la de Colombia”.

El desastre evaporó así el sectarismo de las semanas previas, cuando el propio presidente congeló el traspaso de carteras descalificando al anterior Gobierno progresista. Hoy, la gestión operativa de la peor tragedia de la década depende de que la realidad aterrice en los despachos oficiales: frente a los escombros y la zozobra ciudadana, ya no hay margen para pulsos políticos y la maquinaria del Estado debe funcionar a una sola marcha.

Del esqueleto de lo que hasta este lunes a las 7:35 de la mañana era un hotel en una céntrica plaza de Pereira, empiezan a escucharse quejidos de dolor. Una hora después del temblor que dejó al menos 224 muertos en Colombia, varios familiares y voluntarios tratan de obtener una reacción procedente del fondo de una de las montañas de escombros repartidas por la ciudad. Preguntan por dos nombres: Alejandra y Valentina. Al principio, ambas respondían. Horas después, Valentina dejó de hacerlo.

Alejandra y Valentina quedaron atrapadas bajo los pilares del edificio cuando el fuerte temblor de 7,4 grados desplomó el techo sobre la habitación en la que dormían. Estaban abrazadas, según aseguran tres miembros del operativo a elDiario.es. Durante 12 horas, los equipos de rescate, formados por bomberos, enfermeros, voluntarios, militares y familiares de las víctimas, permanecieron en conversacion con Alejandra, quien permaneció consciente en todo momento y colaboró en sus propias labores de rescate.

Según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), Cali es la ciudad donde se registraron más fallecidos, 85. Le sigue la localidad de Pereira, capital del departamento de Risaralda y una de las ciudades más cercanas a San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, con 66 muertos.

Rescates como estos se sucedieron durante todo el lunes de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad de Pereira, el corazón del eje cafetero colombiano, donde profesionales y voluntarios siguen trabajando en las decenas de edificios colapsados durante el terremoto. Los vecinos acercan agua a los rescatistas, forman cadenas humanas para retirar los restos de las viviendas y facilitar el trabajo a los bomberos y utilizan megáfonos para avisar de las necesidades en cada rescate. Durante la noche, algunos aproximan sus motos para alumbrar con sus focos las maniobras de socorro o avisan a gritos a los bomberos ante posibles señales de vida desde las tripas de las ruinas de las construcciones desplomadas.

Carolina Ocampo es una de las bomberos especializadas en enfermería que permaneció horas junto a Alejandra y Valentina para tratar de salvar su vida. “Ellas están abrazadas. Están de frente y están abrazaditas”, explicó la sanitaria que tuvo que escurrirse entre las tripas de los escombros para estabilizar a la superviviente, cuya pierna izquierda se encontraba atrapada bajo los casquetes.

Cada vez que las rescatistas ascendían del lugar donde Ángel había encontrado a su hermana, el joven colombiano trataba de obtener información sobre el estado de Valentina. “Sabemos que Alejandra está con vida, pero nadie menciona a Valentina. Primero nos dijeron que respondió, pero ahora nadie nos dice nada...”, decía horas antes de confirmar la muerte de su familiar. Su hermana mayor le había dicho que pasaría la noche en Pereira, pero que pasaría por la casa familiar a recoger su uniforme de trabajo. “No llegó y fui a buscarla a los hoteles en los que se solía quedar. Vine aquí el primero y, al verlo así, supe que estaban ahí dentro”.

El hermano comenzó a buscar alguna señal entre los restos del hotel. Entre los escombros encontró la chaqueta de Valentina. Al lado, estaba también su mochila y su telefono móvil. También localizo enseres personales de Alejandra. “Empezamos a llamarlas y Alejandra respondió. Y los bomberos comenzaron a trabajar en esta zona”.

“Fue un poco difícil porque tenía una de las extremidades muy atrapadas con bloques de la vivienda. Hemos estado pasando líquidos, oxígeno, inyectando la medicación en vena, tomando sus constantes... lo que se hace en un hospital, pero aquí, bajo esa cantidad de escombros. Ella habla, coopera, dice que le duele la pierna y que no la toquemos, pero hemos tenido que hacer trabajo con maquinaria pesada. Fue muy valiente, ha soportado y en todo momento nos ha respondido”, explica Ocampo a este medio. La administración de oxígeno fue muy compleja. Se hizo difícil porque estaba muy adentro“.

“Lamentablemente, sobre el mediodía, una de ellas no respondió”, indicó. “Cuando el edificio se derrumbó, se quedaron en medio de dos colchones. Lo que le salvó fueron los colchones”, dice la sanitaria.

Vecinos, militares y bomberos jalaron una cuerda para levantar los restos pesados de la construcción. Entre quienes empujaban estaban los hermanos de Valentina. Una vez despejado el acceso, caída la noche, los rescatistas lograron sacar a una de ellas con vida. Los vecinos que observabn la escena rompieron en aplausos. Sus familiares pedían entre llanto poder acercarse. “Solo quiero verla viva, solo quiero verla”, decía su hijo. “Dejé que nos vea, que sepa que estamos aquí”, le decía su hermana a los agentes.

Cuando la ambulancia se llevó a la superviviente, entre vítores de los rescatistas y vecinos, Ángel y sus otros dos hermanos contenían la respiración. Los bomberos pidieron la aproximación de un médico para confirmar lo que imaginaban. El sanitario se introdujo en las tripas del hotel derruido y, tras su salida, los equipos de rescate se acercaron a los familiares de Valentina. La confirmación de la muerte de su hermana rompió el llanto contenido durante horas, entre gritos de dolor. El silencio regresó entre los vecinos que contemplaban la escena.

Debían sacar a Valentina. Sus tres hermanos regresaron a la zona derruida para ayudar a los rescatistas. Mientras aún caían lágrimas por su rostro, jalaban con fuerza de la cuerda que buscaba facilitar la extracción del cuerpo su hermana. Cuando lo lograron, los bomberos abandonaron la zona mientras esperaban la llegada de los equipos forenses y la Fiscalía para realizar el levantamiento del cadáver. Los tres hermanos se quedaron en lo alto de la montaña de escombros. Querían verla. Allí permanecieron, cerca de los restos de su hermana, hasta el levantamiento del cadáver.

Los rescates se sucedieron a lo largo de la jornada de este lunes, mientras que decenas de personas aún buscan a sus desaparecidos. En la plaza de Bolívar, un bloque completo de oficinas se derrumbó durante el temblor cuando decenas de personas trataban de encontrar un lugar seguro mientras el suelo rugía. Horas después, cientos de vecinos formaron una cadena humana para retirar los escombros en busca de algunas personas que respondían a las llamadas de los bomberos. Los medios estatales no eran suficientes para atender la demanda de una ciudad desbordada ante la catástrofe, que ha obligado al Gobierno local a declarar un toque de queda y la situación de emergencia.

El desbordamiento también se evidenció en la tardanza en la retirada de algunos de los cuerpos de las víctimas mortales del sismo. Una mujer estaba desplomada en medio de una de las calles del centro de Pereira, tal y como presenció elDiario.es. A su lado, una pareja se agarraba la manos y sollozaba mientras esperaban la llegada de la Fiscalía, como establece el protocolo de Colombia como precaución tras décadas de lucha contra el crimen organizado. Mientras la tierra temblaba este lunes en Colombia, un escombro había alcanzado a la mujer cuando intentaba ponerse a salvo. Cinco horas después del terremoto, su cuerpo permanecía en el suelo sin recoger. Tampoco había mantas para cubrirlo. Sus familiares, en visible estado de shock, permanecieron junto al cadáver durante horas custodiados por dos agentes policiales.

Los efectos del terremoto colapsaron los hospitales de Pereira. Durante toda la mañana, el hospital de San Jorge permaneció desbordado. Sus equipos sanitarios se vieron obligados a atender a decenas de pacientes en el exterior del edificio. “Tuvieron que sacar a los pacientes de planta. Hemos estado colapsados. Ha sido muy difícil”, decía una enfermera al acabar su turno. El terremoto lo vivieron en el interior del centro sanitario, que también resultó afectado pero no lo suficiente para parar su actividad. “Salíamos de una guardia, pero doblamos el turno. No podíamos irnos a casa así”.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia la mañana de este lunes, el peor en la última década, tuvo su epicentro en una región asolada desde hace décadas por la miseria: el Chocó. Dos tercios de sus casi 600.000 habitantes, en su mayoría afrodescendientes, viven por debajo del umbral de la pobreza monetaria (unos 150 dólares al mes por persona). Una realidad paradójica para una zona desbordante en recursos naturales y con un litoral de 375 kilómetros sobre el océano Pacífico. Las imágenes de sus calles caóticas y edificios convertidos en escombros se suman hoy a la tragedia de una región víctima del olvido crónico del Estado colombiano.

En su primera declaración pública tras el terremoto, el presidente del país, Abelardo de la Espriella, confirmó 224 muertos y más de 600 heridos. Horas antes, las autoridades locales habían confirmado la muerte de 40 personas en la localidad de Pereira, tres en Manizales, nueve en el Chocó y otra en Medellín. Además, hay 27 fallecidos en el Valle de Cauca. Rescatistas y civiles tratan de sacar a las víctimas bajo los escombros.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, confirmó a través de la red social X que en Quibdó, la capital de la región, además de víctimas, se registraron severos daños estructurales en numerosas edificaciones. Sin embargo, la mayor inquietud tiene su escenario en San José del Palmar, epicentro de la tragedia. Este municipio, encajonado de forma abrupta entre la densidad de la selva y la cordillera oriental, carece de hospital público y su precaria cobertura descansa sobre un ambulatorio local y una única ambulancia para emergencias vitales, tal y como denunció hace apenas unas semanas la Defensoría del Pueblo.

Las consecuencias del sismo amenazan con aislar aún más a una región con viejos problemas de comunicación por vía aérea. El aeropuerto de Quibdó suspendió por completo sus operaciones mientras los inspectores de la aviación civil evalúan los daños en la terminal. El parón de la red aeroportuaria se extendió con rapidez hacia el corazón del país: los aeródromos del llamado Eje Cafetero, como Pereira, Manizales o Armenia, también interrumpieron sus vuelos a la espera de revisiones estructurales que descarten riesgos en las pistas.

El desastre natural ocurre en medio de cierto vacío administrativo. El actual presidente, Abelardo de la Espriella, apenas un mes antes de su toma de posesión el pasado viernes, ordenó suspender de forma abrupta el traspaso de carteras con el Ejecutivo saliente de Gustavo Petro. Mediante un comunicado oficial, De la Espriella instruyó a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, para detener de inmediato cualquier intercambio de información institucional con la administración saliente. De hecho, los equipos de transición apenas habían alcanzado a reunirse en dos ocasiones antes de que se congelaran las relaciones entre dos bloques políticos antagónicos.

De la Espriella achacó este cortocircuito institucional a la negativa de Petro a reconocer su victoria electoral. Por su parte, el Ejecutivo saliente, el único de izquierda en la historia de Colombia, congeló desde mediados de julio el trasvase de datos financieros, administrativos y técnicos por considerar que no había unas “condiciones mínimas de respeto institucional”, llegando a tildar de “ilegítima” la elección de su sucesor. Esta pugna política derivó en un colapso logístico que deja al país expuesto a un inicio de mandato huérfano de una hoja de ruta institucional detallada.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), encargada de coordinar la respuesta a la catástrofe, es el reflejo más crudo de este vacío institucional. Al frente de ella se encuentra un director recién designado, David Tamayo, pero el nuevo Ejecutivo de ultraderecha apenas tuvo margen para materializar los relevos operativos de una entidad que naufragó en el mayor escándalo de corrupción del mandato de Gustavo Petro. Con solo tres días en el poder, el Gobierno central lidia con una crisis aguda arrastrando graves carencias y puntos ciegos en un organismo que, paradójicamente, el propio presidente había prometido suprimir durante la campaña electoral.

Los otros focos del desastre se sitúan en capitales departamentales como Manizales, Medellín y la propia Pereira, en el departamento de Risaralda donde sobre las 11.40 de la mañana ya ascendía a 40 el número de muertos. Ante la gravedad de la situación, el presidente De la Espriella anunció mediante un comunicado oficial que asumirá en primera persona la gestión de la crisis: “He tomado directamente el liderazgo de la atención en San José del Palmar y he ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la asistencia a los damnificados”. Tras esta declaración, el mandatario se desplazó a la zona cafetera, en el centro de Colombia, para dirigir todo el despliegue operativo desde allí.

El exdirector de la agencia de emergencias durante la Administración Petro, Carlos Carrillo, exigió a De la Espriella a través de la red social X la formalización del nombramiento: “El presidente debe dar posesión de inmediato al nuevo director de la UNGRD; la respuesta a un evento de esta magnitud no permite comunicaciones rotas o ambigüedades en la línea de mando”. Con este reclamo, la oposición pone el foco en la vulnerabilidad estructural de un Estado atrapado en sus propias reyertas ideológicas. Entre tanto, tres horas después del sismo, ninguna autoridad había ofrecido un balance de lo ocurrido en San José del Palmar, un municipio de algo más de 5.000 habitantes que sobrevive gracias al cultivo del cacao y de una fruta de un anaranjado casi brillante llamada chontaduro.