La candidata derechista Keiko Fujimori volvió a situarse este miércoles por delante del candidato izquierdista Roberto Sánchez al alcanzarse el 98,215% del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada el pasado domingo.

A falta de contar menos del 2% de los votos, Fujimori obtiene el 50,002% de los votos válidos al recibir 9.032.651 sufragios, frente al 49,998% de Sánchez, que suma votos 9.032.000, lo que deja a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) encaminada a ser la nueva presidenta de Perú por un estrechísimo margen.

El lunes, el candidato de Juntos por el Perú había tomado la delantera y consiguió alcanzar una ventaja de hasta 42.000 votos, pero la candidata de Fuerza Popular ha logrado revertir esa diferencia gracias al voto del extranjero, donde es la más votada.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) puede, de esa manera, lograr el objetivo que había perseguido en las últimas tres elecciones donde había sido derrotada en la segunda vuelta (2011, 2016 y 2021) y que apunta a conseguir en su cuarta candidatura presidencial.

Faltan por escrutarse los votos emitidos en el exterior

Los votos que restan por escrutarse pertenecen a los emitidos en el exterior y a las actas impugnadas, la mayoría de la capital Lima, donde en ambos casos la derechista es la más votada, lo que previsiblemente puede darle el triunfo por unos pocos miles de votos sobre su rival, que compitió en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Se trata de la tercera elección consecutiva en Perú que se va a decidir por un margen exiguo de unas decenas de miles de votos, después de que Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo derrotaran a Keiko Fujimori por apenas 40.000 votos en 2016 y 2021, respectivamente.

El probable triunfo de Fujimori en esta ocasión supondría el retorno del fujimorismo al gobierno de Perú después de 26 años de la dimisión de su padre por fax desde Japón, tras un decenio donde se afianzó en el poder con un autogolpe de Estado en 1992 y que terminó en medio de un gigantesco escándalo de corrupción.

La candidata realizó una campaña de reivindicación total del legado de Alberto Fujimori al prometer gobernar como él, quien asentó las bases de la estabilidad económica y comercial que permitieron el crecimiento del país en últimas tres décadas, a la vez que derrotó a los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados el domingo a las urnas para escoger entre Fujimori y Sánchez a la opción que tendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política al haber tenido ocho presidentes, debido a una sucesión de destituciones presidenciales promovidas por el Parlamento.

EFE

Ocurrió lo mismo en 2021. Entonces, fue Pedro Castillo quien logró la victoria ante Keiko Fujimori. Y la líder derechista no lo aceptó, se revolvió durante semanas, apeló, impugnó y logró retrasar durante más de un mes el reconocimiento oficial de la victoria de Castillo.

Pero también pasó después de la primera vuelta en abril. Entonces, las derechas se revolvieron contra el recuento que colocaba a Sánchez en la segunda vuelta. De nuevo, se produjeron impugnaciones y retrasos que impidieron al candidato de Juntos por el Perú entrar en campaña hasta varias semanas después que su rival, Keiko Fujimori, quien acabó en primer lugar en la primera vuelta.

Este lunes a medianoche en Lima, el recuento se encontraba en el 95,3% escrutado y otorgaba un 50,112% para Sánchez frente a un 49,888% para Fujimori –unos 40.000 votos de diferencia–. No obstante, falta, entre lo que queda por contar, la mayoría de los en torno a 400.000 votos del exterior, donde la derecha suele imponerse a la izquierda.

“Estamos confiados y optimistas, pero el conteo al 100% aún está por develarse”, reconocía este lunes Sánchez ante la prensa: “Estamos con tranquilidad para respetar los resultados. Lo que viene es trabajar por el país e invocar a todos los consensos, porque Perú tiene que parar la inestabilidad política, la criminalidad y la pobreza”.

Las elecciones muy probablemente serán objeto de fuertes disputas, por lo que está en juego no es solo el próximo mandato presidencial, sino, cómo de la ya frágil democracia peruana.

Las autoridades electorales peruanas disponen de hasta 30 días para certificar los resultados oficiales. Incluso después de que el portal público de resultados refleje el 100% de las actas procesadas, el desenlace aún no es definitivo, ya que las autoridades deben revisar las solicitudes de revisión y resolver las impugnaciones legales contra resultados concretos.

Dos Perús

Esta segunda vuelta demuestra que el país está partido entre dos formas de ver Perú.

Por un lado, es una confrontación entre el retorno a las políticas económicas, sociales y de seguridad de la derecha dura asociadas al fujimorismo de los años noventa (1990–2000) y un nuevo intento de gobierno de izquierda tras la breve y convulsa presidencia de Pedro Castillo (2021–2022).

Al mismo tiempo, evidencian el profundo antifujimorismo y anticastillismo como ejes del escenario político. Pero también es una oportunidad para poner fin a una década de inestabilidad, durante la cual el país ha tenido ocho presidentes en diez años, incluidos cuatro en los últimos cuatro, una crisis impulsada en parte por el poder desmedido del Congreso y de las fuerzas políticas que lo controlan, entre ellas el partido de Fujimori.

¿Quién es Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori es hija del exdictador Alberto Fujimori, con quien también ejerció como primera dama entre 1994 y 2000.

Durante su gobierno, Alberto Fujimori socavó la democracia peruana, incurrió en una corrupción generalizada y ordenó graves violaciones de derechos humanos, incluidas esterilizaciones forzadas dirigidas principalmente contra mujeres indígenas, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte.

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, incluidas masacres, desapariciones forzadas y secuestros en 2009.

Desde la salida de su padre del poder, Keiko Fujimori ha seguido siendo una de las figuras políticas más influyentes del país, heredando el liderazgo del movimiento político fujimorista, que fue relanzado bajo el nombre de Fuerza Popular a inicios de la década de 2010.

¿Y Roberto Sánchez?

Psicólogo de formación, Roberto Sánchez es un dirigente político de izquierda, congresista desde 2021.

Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo.

Castillo fue destituido y encarcelado apenas 15 meses después de asumir la presidencia, tras un intento fallido de disolver el Congreso, gobernar por decreto y reformar el sistema de justicia. “En correspondencia a las normas vigentes y a las prerrogativas constitucionales que tiene el presidente en ejercicio otorgaríamos la gracia presidencial para la libertad del presidente Pedro Castillo”, dijo Sánchez en una entrevista con elDiario.es.

Antes de su caída, su gobierno fue blanco de una sostenida campaña de oposición liderada por Fuerza Popular y sus aliados, marcada por la obstrucción política y marcada por una retórica abiertamente racista.

Sánchez cuenta con el respaldo de Pedro Castillo, y su campaña ha girado en torno a la defensa de la libertad del exmandatario. Para muchos peruanos, Castillo fue encarcelado injustamente y su caso se ha convertido en un símbolo de la discriminación y el racismo que históricamente han enfrentado los sectores rurales e indígenas por parte de las élites políticas y económicas del país. En un gesto que busca reforzar esa identificación, Sánchez ha incorporado elementos simbólicos asociados a Castillo, incluyendo el tradicional sombrero chotano de ala ancha que popularizó durante su campaña presidencial.

Además de prometer el indulto de Pedro Castillo, Sánchez se ha comprometido a convocar un referéndum nacional para redactar una nueva Constitución que reemplace a la aprobada bajo Alberto Fujimori tras el autogolpe de 1992.

“Nosotros aspiramos a una democracia participativa”, decía Sánchez en su entrevista: “Hoy se nos ha arrebatado por esta fuerza parlamentaria mayoritaria de la señora K. Nos ha arrebatado el derecho al referéndum, ya no existe el derecho al referéndum en Perú. Debemos de derogar esa norma para volver a aplicar y preguntarle al país si es el momento de una gran Asamblea Constituyente democrática, con el método de consenso y la consulta pública nacional vinculante”.

Sánchez, no tan mal en Lima

Tradicionalmente, el voto progresista se concentra en la sierra y las provincias del sur. Mientras que la costa, Lima incluida, junto con el norte votan conservador. Sin embargo, el rechazo que genera Keiko Fujimori en amplios sectores de la sociedad ha facilitado la remontada de Sánchez, según explican en las filas de Juntos Por el Perú.

“Cómo era previsible, Roberto Sánchez pasó a liderar el recuento oficial”, afirma Gustavo Guerra García, miembro del equipo económico de JP: “El triunfo se explica por un crecimiento importante de más de 10 puntos en Lima [con respecto a la primera vuelta] y un recorte de las diferencias en el voto de los peruanos en el exterior.. El Perú se ha llenado de democracia y de dignidad”..

¿Hasta el miércoles?

El recuento es tan agónico, voto a voto, que puede que no termine de definir un ganador hasta el miércoles, como ocurrió en 2021 con Pedro Castillo,. Mientras tanto, los dos candidatos se mueven en una suerte de empate técnico, si bien el recuerdo de hace cinco años presagia una victoria de Sánchez, en tanto que superó a su rival con el 93% de los votos escrutados, momento similar a cuando lo hizo Castillo (94%)

Eso hizo que Sánchez ya hiciera su intervención desde el balcón de la plaza de San Martín con aires de ganador.

Precisamente el miércoles, informó la Cancillería de Perú, es cuando terminará el envío al país de las actas de votación en el extranjero, que corresponden a 2.506 mesas instaladas en 73 países. Tradicionalmente, el voto extranjero es más proclive a la derecha que a la izquierda.

Atomización

La primera vuelta, celebrada el 12 de abril, contó con 35 candidatos y estuvo marcada por  problemas logísticos —especialmente en algunas zonas de Lima— que llevaron a las autoridades electorales a extender la votación un día más en ciertos puestos de votación.

Las interrupciones dieron lugar a impugnaciones legales y denuncias de fraude, retrasando por más de un mes la confirmación de Roberto Sánchez como contendiente en la segunda vuelta. De cara al balotaje de este domingo, crece la preocupación por la posibilidad de que surjan nuevas acusaciones de fraude —especialmente si Roberto Sánchez resulta vencedor—, dado que Fujimori denunció fraude e intentó anular cientos de miles de votos tras su derrota en 2021, pese a que los observadores internacionales no encontraron evidencia de fraude.

Veinte horas después de que arrancara el recuento en Perú, el candidato progresista, Roberto Sánchez, tomó la delantera, por la mínima en la segunda vuelta de las presidenciales en Perú frente a la derechista Keiko Fujimori. Con el 94% de voto escrutado, el candidato de Juntos por el Perú supera a la de Fuerza Popular –50,03% frente a 49,96%– y acaricia una ajustada victoria que augura un largo proceso de impugnaciones por parte de Fujimori. Eso sí, también están pendientes mesas del exterior que suelen ser más conservadoras.

De esta manera, Sánchez está haciendo buenos los dos llamados conteos rápidos de las encuestadoras publicados este domingo a las nueve de la noche, que le concedían la victoria con una ventaja muy estrecha. Así, el candidato de Juntos por el Perú estaría dando la vuelta a las encuestas a pie de urna, que habían puesto en cabeza a la candidata de las derechas y ex primera dama Keiko Fujimori.

De acuerdo con el recuento rápido de Ipsos, Sánchez ganaría con el 50,3% de los votos frente al 49,7% de Fujimori –con un margen de error del 1,9%–. Asimismo, el recuento rápido de actas oficiales de la encuestadora Datum, también con un margen de error del 1,9%, sitúa a Sánchez con un 50,14% y a Fujimori con un 49,86%.

¿Y a qué se debe este cambio cuando apenas quedan seis puntos por contar? “Los votos provenientes de zonas rurales y del sur del país suelen ser contabilizados y transmitidos más tarde. Dado que estas regiones han mostrado un respaldo mayoritario a Sánchez, la diferencia entre los candidatos podría variar significativamente a medida que se incorporen más votos al conteo oficial”, explica Francesca Emanuele, Asociada Senior de Política Internacional del Center for Economic and Policy Research (CEPR) y jefa de la misión de observación electoral del think tank estadounidense en Perú.

Desde el balcón del partido Obras, una de las formaciones de la coalición que le apoya, Sánchez afirmó este domingo por la noche ante sus seguidores: “Este es el día de la recuperación de la democracia. Queremos poner delante de ustedes la serenidad, el respeto democrático, el sentido del voto del pueblo peruano”.

Sánchez, que prometió el indulto al encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), señaló: “Hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo que quiere justicia”.

Fujimori, por su parte, dijo: “Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largos hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido que utiliza aproximadamente 1.000 actas de 90.000 que se tiene a nivel nacional. Quiero decir al pueblo peruano que no pierda la esperanza, necesitamos calma y serenidad y vamos a esperar con mucha fe el resultado final”.

Las declaraciones de Fujimori anuncian unas largas semanas de impugnaciones y una proclamación oficial dentro de un mes cuando esté contado el 100% de los votos. El escenario reproduciría lo ocurrido en 2021 entre Fujimori y Castillo, pero también lo ocurrido en la primera vuelta para impedir que Sánchez la pasara.

“Los problemas logísticos que marcaron la primera vuelta, sumados a las acusaciones infundadas de fraude y a las posteriores impugnaciones de actas, retrasaron durante más de un mes la confirmación oficial del candidato que obtuvo el segundo lugar, generando condiciones desiguales para la competencia entre los dos aspirantes que disputan la segunda vuelta”, explica la analista de CEPR Francesca Emanuele: “Es fundamental que Perú evite una repetición de lo ocurrido tras las elecciones de 2021, cuando las acusaciones infundadas de fraude de la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori provocaron una demora sin precedentes en la certificación de los resultados y en el reconocimiento oficial de la victoria de Pedro Castillo”.

Dadas sus declaraciones en campaña, es previsible que Fujimori alegue fraude si resulta derrotada, como ocurrió en las elecciones de 2021, cuando solicitó la anulación de alrededor de 200.000 votos después de que su rival, Pedro Castillo, ganara en la segunda vuelta con una estrecha ventaja. La victoria de Castillo fue posteriormente ratificada y asumió la presidencia al mes siguiente. 

“Los días posteriores a la votación del domingo serán tan importantes como la propia jornada electoral”, afirma Emanuele. “Las instituciones democráticas del Perú estarán bajo escrutinio y la comunidad internacional observará atentamente lo que ocurra”.

Fujimori es hija del exdictador Alberto Fujimori, quien fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, incluidas masacres, desapariciones forzadas y secuestros en 2009.

Entre 1994 y 2000, Keiko Fujimori ejerció como una de las principales representantes públicas del gobierno autoritario de su padre, y se ha postulado sin éxito a la presidencia peruana en tres ocasiones anteriores.

Fujimori se impuso en la primera vuelta con un 17,18% de los votos, seguida por Sánchez con un 12,03% y López Aliaga (Renovación Popular) con un 11,9%, a solo 21.210 del aspirante de izquierdas y después de que los primeros resultados que se fueron conociendo situasen al ultraderechista en segundo lugar.

Los profundos antifujimorismo y anticastillismo siguen marcando el escenario político. Muchos peruanos esperan que estos comicios ayuden a poner fin a una década de inestabilidad, durante la cual el país tuvo ocho presidentes en diez años, incluidos cuatro en los últimos cuatro, una crisis impulsada en parte por el poder desmedido del Congreso y de las fuerzas políticas que lo controlan, entre ellas el partido de Fujimori.

La primera vuelta, celebrada el 12 de abril, contó con 35 candidatos y estuvo marcada por problemas logísticos —especialmente en algunas zonas de Lima— que llevaron a las autoridades electorales a extender la votación un día más en ciertos puestos de votación.

La segunda vuelta ha reconfigurado los bloques políticos en torno a Fujimori y Fuerza Popular, y Sánchez y Juntos por el Perú (JPP).

El candidato ultra que quedó tercero, López Aliaga, de Renovación Popular, respaldó a Fujimori, sumándose al bloque de derechas que también incluye a los candidatos de la primera vuelta Carlos Espá (SíCreo), Roberto Chiabra (Unidad Nacional/PPC/Unidad y Paz), José Williams (Avanza País), Rafael Belaúnde Llosa (Libertad Popular). Fujimori también cuenta con apoyos de los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y José Jerí, y de la extrema derecha europea, como Vox.

Por otro lado, Sánchez formó una coalición antifujimorista y de centroizquierda que incluye a Ricardo Belmont (Partido Cívico OBRAS), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Ronald Atencio (Venceremos), Rosario Fernández (Un Camino Diferente), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Armando Massé (Partido Democrático Federal), así como el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Todo con el Pueblo, Nuevo Perú, Voces del Pueblo, Unidad Popular, Adelante Pueblo Unido, Resurgimiento Unido Nacional y los expresidentes Pedro Castillo y Martín Vizcarra.

En un esfuerzo por demostrar que está preparado para gobernar Perú con esta coalición de partidos y movimientos, Sánchez ha presentado un programa de segunda vuelta titulado 'Prioridades Estratégicas para la Gobernabilidad y el Desarrollo Equitativo de la Nación Peruana: 2026-2031', y un equipo técnico ampliado de 124 personas que incluye profesionales de otros partidos y movimientos políticos.

Mientras tanto, Fujimori ha estado promocionando el respaldo de políticos de extrema derecha de la región, incluso a través de videollamadas con la política venezolana María Corina Machado, actualmente radicada en Estados Unidos, y el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.

También recibió el apoyo de última hora de los representantes republicanos estadounidenses de Florida, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, quienes respaldaron a de la Espriella antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia el 21 de enero y que anteriormente han sido acusados de “acciones intervencionistas” en ese país.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que será el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

La ventaja de la candidata derechista Keiko Fujimori sobre el izquierdista Roberto Sánchez se redujo a 0,14 puntos al llegar al 93% del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada este domingo.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori obtiene el 50.069% de los votos válidos, mientras que el escudero y representante del encarcelado expresidente Pedro Castillo logra el 49.931%% .

En número de votos, la líder del partido fujimorista Fuerza Popular obtiene 8.756.646 votos, por delante de los 8.732.482 que registra el líder del partido de izquierda Juntos por el Perú. La diferencia es de apenas 24.164.

Dos proyecciones publicadas en la noche del domingo vaticinan que la diferencia entre ambos candidatos se reducirá a niveles mínimos a medida que avance el escrutinio, con la posibilidad de que Sánchez adelante incluso a Fujimori.

La muestra elaborada por la empresa Ipsos para la Asociación Civil Transparencia, con un margen de error del 1,9%, otorgó un 50,3% a Sánchez, contra un 49,7% a Fujimori.

Mientras, otra proyección con actas oficiales de la empresa privada Datum Internacional, con un margen de error de 1%, señaló que Sánchez recibió un 50,14% y Fujimori un 49,86%.

Los primeros votos en escrutarse pertenecen en su mayoría a la capital, Lima, y a otras ciudades del país, donde Fujimori es la candidata más votada, mientras que Sánchez concentra sus apoyos en zonas rurales, cuyos votos acostumbran a ser los últimos en contabilizarse, junto a los votos del extranjero, que favorecen principalmente a la candidata de derecha.

En las dos últimas citas electorales, Fujimori, que se presenta por cuarta vez a la Presidencia de Perú, se quedó a las puertas del Palacio de Gobierno de Lima por apenas 40.000 votos respecto a Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados a las urnas para escoger a la opción que gobernará el país para los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política que ha sumado ocho presidentes en diez años, producto de una serie de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

EFE

Aún hay brigadas médicas en Italia. Incluso en Venezuela, donde murieron 32 soldados cubanos defendiendo a Nicolás Maduro del ataque de EE.UU. De hecho, las brigadas médicas cubanas representaron, durante décadas, un escaparate de los logros sociales de la Revolución cubana, y un vínculo con su ciudadanía, junto con la educación, como símbolos del sistema político nacido en 1959.

Pero esos símbolos estás siendo golpeados de forma aguda a través del recrudecimiento de las sanciones de EE.UU. y del bloqueo de combustible al que el presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene sometida a la isla.

Araís Consuegra Otero, directora del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, explica a este medio: “El que nos sostengamos hoy de pie no es por lo que tenemos aquí en la mente, es por lo que llevamos aquí en el corazón, porque hay que ser más que valiente para estar hoy en pie. Nosotros somos parte de la población, pasamos también horas sin nada, sin agua, sin transporte, con dificultades para acceder a los alimentos básicos. Sin embargo, estamos aquí, por los niños”.

La doctora explica, rodeada de su equipo en un centro hospitalario de siete plantas, las dificultades para cuidar a una de las poblaciones más vulnerables de la isla, los niños enfermos: “Cuán difícil es pararse delante de una madre a decirle: ‘No tengo más nada que hacer, su hijo falleció, pero todos hicimos de todo'. El niño tiene que tener una calidad de atención, que no falte nada. Hay que seguir, porque ese déficit de recursos es real”.

“No se queda ningún niño sin atender”, prosigue Consuegra Otero: “Faltan muchos insumos, y puede ser que yo no tenga un antibiótico de primera línea, ni de segunda, ni de tercera, pero sí de cuarta y el niño no se queda sin antibiótico. Pero eso influye en la evaluación de casos. No es lo mismo poner con antibiótico de primera línea en esa patología que poner una tercera o cuarta. Y cuando digo medicamentos, digo yeso, gasas, jeringuillas, o sondas de aspiración”.

Y después están las crisis de cuando se va la luz, explica la directora del centro: “Hay que funcionar, sobre todo en la noche, con un grupo electrógeno. La mitad del hospital se queda apagado, la terapia intensiva se queda sin aire acondicionado, da a los equipos; y la climatización del salón de operaciones le da a los equipos también. Es una sincronía que tiene que haber entre las consultas que se habilitan en el cuerpo guardia, emergencia y ascensores que no funcionan, y hay que subir a los pacientes por la escalera. Pero lo que no se puede morir es el paciente porque no teníamos un quirófano donde operar”.

“Y como yo le digo todo mundo: en este momento estamos funcionando prácticamente con medicina de guerra. Es muy estresante, es muy duro, pero no es imposible, porque el colectivo de este hospital ha demostrado que se puede. Es difícil, muy difícil, hay que vivirlo. Para sentirlo hay que vivirlo”, añade.

“Yo a veces le hago la pregunta a muchas personas de si pueden imaginarse un neurocirujano que cuando va a operar un tumor cerebral durante 19 o 18 horas después de 24, 48 o 72 horas sin dormir y sin poderle poner dentro del salón el alimento que lleva porque no tengo forma, pero tampoco sé el alimento que toma en su casa... Y si da la casualidad de que una complicación neurológica aparece en medio de un problema energético grave con apagón... ¿Alguien se puede imaginar eso? Se pasa mal. Fuerza y hace falta voluntad para poder resistir”.

“En el año 59, 60 y 61, que fue el triunfo de la Revolución cubana, no había muchas cosas y se salvaban vidas. Entonces, si en un momento determinado haya que volver a lo que se hacía en aquel momento para salvar a los niños, vamos a volver. A los niños no se puede dejar morir sin que nosotros lo demos todo”.

Precisamente la misión humanitaria española Rumbo a Cuba, que empezó su viaje desde Barcelona para romper el bloqueo estadounidense, lleva paneles fotovoltaicos para el pediátrico Juan Manuel Márquez.

La directora del Instituto de Nefrología de La Habana, Yamilé García Villa, abunda en el análisis de su colega con los problemas que tiene para atender a los pacientes de hemodiálisis: “Somos un país bloqueado y esto ha disminuido las posibilidades de obtención de insumos para la asistencia médica con los proveedores. Teníamos un stock aproximadamente de un mes como mínimo para tener garantizado nuestro tratamiento. Sin embargo, hoy esos insumos nos llegan día a día en condiciones que a veces no sabemos cómo nos van a llegar, porque sin combustible fósil el transporte y la producción se ha visto muy limitados, y las materias primas para que esta industria pueda fabricar a tiempo todos los insumos se han visto deterioradas por las relaciones contractuales sin posibilidades de acceder a proveedores”.

García Villa da un ejemplo: “Nosotros en 2022 recibimos una inyección tecnológica derivada de un crédito blando que ofreció la Unión Europea y la Agencia Francesa de Desarrollo, entre otros, para que se pudiera adquirir un parque tecnológico importante que restituir el 80%- 100% de la tecnología para hemodiálisis en el país. Fue una inyección importante y mucho más en el tiempo post pandemia. Sin embargo, desde hace un tiempo tenemos dificultades para el intercambio con algunos proveedores. Eso amenaza mucho nuestra tecnología, incluso la necesidad del cambio total del parque tecnológico, porque hoy no tenemos las piezas para el mantenimiento de esa tecnología que ya está instalada. Estamos hablando de más 800 riñones artificiales a lo largo del país”.

“Las transacciones comerciales a través de bancos también están sancionadas”, abunda la directora del Instituto de Nefrología, “los bancos que intenten hacer operaciones con Cuba también sufren sanciones; las consignatarias para el traslado de contenedores con insumos también están siendo sancionadas; es un cerco total cuyo impacto va contra la población, fundamentalmente. Nos toca cuestionarnos lo lícito de políticas cuyo objetivo sea impactar directamente sobre la población a riesgo de la vida de las personas, de generar crisis humanitarias...”.

“Porque si no hay un acceso a la higiene básica, si no hay bombeo de agua, si no hay acceso a una salud pública que pueda tener los estándares a los cuales estamos acostumbrados, si no hay acceso a una educación adecuada, ni hay transporte público, o alimentación adecuada, entonces, ¿a qué se está apostando? A una masacre. Se está permitiendo que la población cubana esté con un riesgo inminente para su vida, y además a eso se suma a una posible agresión. Yo creo que es demasiado alevoso realmente todo lo que nos está pasando, junto con la imposibilidad de poder fumigar un país tropical con epidemias como el dengue, fiebre amarilla, oropuche y todas las arbovirosis que conocemos y que pueden ser también letales. Es demasiado”, sostiene.

Abel Prieto, exministro de Cultura y director de la Casa de las Américas señala que el nuevo “eje Roma-Berlín-Tokio” lo tiene establecido Donald Trump con “Javier Milei, Daniel Noboa y Nayib Bukele. Aquel ideal de Bolívar, de Martí, de Chávez, de Fidel, de la América integrada, la América anticolonial, antiimperialista se está agrietando. Ahora es un momento muy tenso, de mucho peligro, para todas las causas justas de este mundo, para nuestra América. Un momento muy peligroso. Por un lado, la asfixia, el cerco energético brutal, por otro, la guerra psicológica, las declaraciones de Marco Rubio, de Trump sobre tomar a Cuba con cariño o de manera violenta”.

“Aquí tenemos gente que quiere que venga Trump”, afirma Prieto, “tenemos jóvenes cubanos graduados en las universidades revolucionarias que son trumpistas. ¿Cómo lograron lavarle el cerebro a esta gente? No son batistianos que les quitaron los latifundios ni eran millonarios, eran gente humilde, que se formó con la revolución. Seguramente hay una minoría de gente que está ya harta, que no quiere oír hablar de socialismo, considera el bloqueo un pretexto. Pero la mortalidad infantil se ha duplicado, una cosa que es muy dolorosa, criminal, es genocida”.

En este sentido, Prieto considera que este verano “es una prueba de fuego, no, no hay manera de comprar combustible. Es muy delicado este momento, si bien sorprende la tranquilidad en un momento tan difícil”.

Pepe, guía en La Habana, historiador, comunicador y colaborador del medio español Canal Red, explica: “El problema de Cuba y la Revolución es la falta de contrapesos. Pero el vivir en una trinchera, bajo una guerra con un enemigo tan potente como Estados Unidos, hace que el discurso nacionalista sea muy fuerte. No podemos pelearnos porque si no le damos armas al enemigo. Porque se estén metiendo los problemas debajo de alfombra, siempre salen y nadie se atreve a romper esa inercia de cuestionar el poder. Porque el poder no es la Revolución. Yo pienso que es un problema que también tenemos que superar. Fidel era Fidel. Fidel es la Revolución, pero Fidel, la Revolución no es un gobierno. El gobierno se puede llamar de continuidad, se puede llamar sostén de la Revolución, pero no es la Revolución. La Revolución es un proyecto que supera eso”.

La directora de la escuela Gustavo Pozo, de La Habana, Marina Aquiles, un centro que se encuentra en el popular barrio de La Timba, explica: “Ahí está la falta de corriente, nosotros estamos así. Pero no paramos, damos las clases, los niños hacen sus actividades complementarias y asisten a la escuela”.

Y añade sobre las preocupaciones de los niños: “No digo mentira, lo único que yo escucho que dicen es: 'Ay directora, qué sueño! No había corriente', pero no hablan otra cosa. 'Ay, qué sueño!¡ No había corriente, un calor y le quité el ventilador a mi mamá y no sé qué. Y así. Pero no hablan otra cosa de eso no”:

Miguel Díaz-Canel (1960), el presidente de Cuba, está al frente de un país de algo menos de diez millones de habitantes, a 90 millas de Florida. Desde la Revolución de 1959, Cuba ha estado en el punto de mira de todas las administraciones estadounidenses. Pero ahora la situación es particularmente extrema y tensa, hasta tal punto que hay quien la compara con la crisis de los misiles (1962), a raíz del recrudecimiento del bloqueo estadounidense con una asfixia energética y sanciones secundarias a las empresas que traten con entidades estatales cubanas. Esa última vuelta de tuerca, del pasado 1 de mayo, llevó a que, desde esta misma semana, ya no se pueda pagar con Visa o Mastercard en Cuba, y a que empresas hoteleras españolas como Iberostar y Meliá hayan decidido abandonar sus hoteles en la isla después de varias décadas en el país.

El cerco que vive Cuba se siente en el día a día del país, en los cortes de luz y de agua que generan problemas para las comunicaciones, calles sin semáforos, basuras sin recoger, calzadas sin tráfico, y hospitales sin poder operar con normalidad. Y cada día que pasa la situación es más crítica, porque es un día más de bloqueo, pesa la incertidumbre y se agudiza el sufrimiento de una población que ve cómo se acercan los meses de más calor sin ventiladores para pasar la noche y teniendo que cocinar con carbón.

En ese contexto, el presidente de Cuba recibe a elDiario.es en un salón de la Presidencia de la República convertido en un jardín evocador de los tiempos de la lucha en la selva, con plantas y rocas traídas de Sierra Maestra, diseñado por Celia Sánchez, combatiente de la Revolución comandada por Fidel Castro.

“Invadir Cuba costaría vidas cubanas, costaría cientos de miles de vidas cubanas, pero también le costaría al invasor grandes pérdidas humanas en todo tipo de casos”, afirma el presidente cubano sobre la hipótesis de un ataque estadounidense con el que amagó en las últimas semanas el presidente norteamericano, Donald Trump.

—En estos días en Cuba pudimos visitar escuelas, hospitales, campos de arroz y pudimos ver cómo afecta ese bloqueo a las personas, también las más vulnerables. Ante esa situación, ¿qué puede hacer el gobierno y usted como presidente para mejorar la vida de la gente?

—El bloqueo hoy es brutal, criminal, es algo que no merece el pueblo cubano. La mayor crudeza del bloqueo es su permanencia en el tiempo, son más de 60 años y el mayor cinismo es cómo ese bloqueo está acompañado de una narrativa que trata de invisibilizar al verdadero culpable y que trata de transformar esa realidad echándole la culpa a lo que ellos han llamado el Estado fallido. Lo que estamos viviendo es una acumulación de los efectos del bloqueo, teníamos otras posibilidades para sobrevivir, avanzar y trabajar.

Pero después de 2019, el bloqueo adquirió una cualidad diferente cuando la Administración Trump impone 240 nuevas medidas: se potencia la persecución financiera, petrolera y nos incluye en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, lo que te corta todas las posibilidades de acceder a créditos, y se hace muy difícil la relación con las agencias financieras a nivel internacional.

En medio de toda esa situación, vino la COVID y Biden, una Administración demócrata, mantuvo las mismas condiciones de bloqueo recrudecido. Y, ahora, esta segunda etapa de Trump ha sido sumamente agresiva hacia Cuba, sobre todo en los últimos meses.

Ya cuando se teje el bloqueo contra Venezuela, cuando se incrementa la presencia militar en proporciones inusuales en los últimos diez años en el Caribe y se bloquea a Venezuela, deja de entrar combustible. Estamos hablando de diciembre del pasado año. Después vino toda la operación mediática para agredir a Venezuela, el secuestro y la extracción del presidente y su esposa para juzgarlo ilegalmente en una corte norteamericana.

—Y llega la primera orden ejecutiva.

—El 29 de enero Trump declara el bloqueo energético a Cuba, y el 1 de mayo firma otra orden ejecutiva que internacionaliza el bloqueo con el concepto de las sanciones secundarias, donde pueden ponerle sanciones a los que vayan a tener una relación con Cuba y a los que ya la han tenido: ya no es solo contra ciudadanos norteamericanos o contra empresas norteamericanas, es contra empresas o ciudadanos de cualquier lugar del mundo.

Ese recrudecimiento acumulado, además, ha llevado a una política que tiende a buscar la asfixia para que haya una ruptura en el seno de la sociedad cubana, para que haya un estallido social y un pretexto para intervenir con un relato que invisibiliza a los verdaderos culpables.

Vamos a hablar de la producción de alimentos: no hay fertilizantes, no hay plaguicidas, no hay insumos para la agricultura, no hay combustible para la maquinaria agrícola, no hay medicamentos para los animales. Estamos haciendo uso de la ciencia y la innovación, utilizando las técnicas agroecológicas, tenemos que depender más de la tracción animal. Y hoy tenemos sembrado un área de tierra de cultivo superior a la de los últimos 15 años.

Pero hay menos rendimiento, cuesta más trabajo producir, nos afecta también el transporte. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos en puerto un barco con más de 15.000 toneladas de arroz, eso nos da para distribuir tres libras de arroz per cápita durante este mes a toda la población de Cuba. Pero ahora no tenemos cómo trasladar de manera inmediata lo que le corresponde a cada provincia por los problemas de logística afectados por el transporte.

Hoy cuesta más trabajo que alguien nos quiera vender trigo para el pan de todos los días, y comprar en el mercado internacional leche en polvo para los niños.

—La sanidad, uno de los pilares del país, también se está viendo golpeada.

—Tenemos un sistema de salud robusto que durante años ha demostrado su efectividad, somos capaces de compartir servicios médicos con otros países, de formar médicos de manera gratuita para estudiantes de otros lugares del mundo. Incluso estudiantes norteamericanos de medicina se han graduado en Cuba. Y hoy nuestros hospitales no tienen la energía que necesitan por los apagones.

Por lo tanto, hay una lista de espera para operaciones quirúrgicas de más de 100.000 pacientes, y entre ellos hay más de 12.000 niños. Fíjate qué impacto más criminal del bloqueo. Nuestros médicos, nuestro personal de enfermería, llega por las mañanas a cumplir con su deber humanitario ante sus pacientes, tal vez habiendo tenido una noche de muy mal dormir por los apagones o porque, si por la madrugada en sus casas hubo energía, era el momento que tenían que aprovechar para hacer todo lo que tienen acumulado en la casa, y también les cuesta trabajo moverse en transporte, porque el transporte público está limitado por la falta de combustible. Pero llegan y atienden a sus pacientes.

—Todo eso está teniendo un impacto en algunos indicadores de salud.

—Nosotros siempre hemos tenido una tasa de mortalidad infantil que compite con la de los países más desarrollados. Esa tasa de mortalidad infantil, que en otros momentos era de cuatro y tantos, incluso llegó a ser de 3,6 [por cada mil nacidos vidos], ahora está duplicada, situándose en décimas por encima de nueve. Y sigue siendo una tasa competitiva a nivel internacional, pero no es a la que nosotros estamos acostumbrados.

Nosotros tenemos programas de atención a niños con cáncer que son muy efectivos y están limitados por la falta de medicamentos o por insumos, y, por lo tanto, la supervivencia de esos niños que padecen cáncer disminuye.

En los últimos meses, con enorme esfuerzo, a partir de la exportación de servicios médicos y de tecnologías biotecnológicas de nuestra industria farmacéutica, hemos logrado producir una determinada cantidad de medicamentos. En estos momentos tenemos más o menos el 50% de lo que hemos producido en los últimos meses que no hemos podido llegar a distribuir hasta los últimos confines del país, a los que van dirigidos esos medicamentos, precisamente por las afectaciones logísticas que hay por la falta de combustible.

A pesar de tener medicamentos producidos por nosotros, no llegan a la población, que está afectada en más de un 67% en el cuadro básico de medicamentos.

Todo esto también tiene un reflejo en la economía, en la logística, en el transporte, en los procesos productivos y en los procesos de servicio.

Hay una reducción del turismo porque han ido contra las agencias turísticas, las han presionado. Hay muchas agencias que se están retirando del país en contra de su voluntad por las presiones que han recibido. La falta de combustible impide que las líneas aéreas puedan llegar a Cuba y puedan ser abastecidas sus aeronaves para el vuelo de regreso. Y todo eso ha limitado el turismo, que era una de nuestras principales fuentes de ingresos.

Todo esto provoca una contracción en la oferta para la población y la inflación da menos posibilidades para que nuestro pueblo pueda satisfacer sus necesidades. Pierde valor adquisitivo el salario, la relación entre salario y precios se descompensa mucho. Esto genera determinados sentimientos de frustración y de cansancio en la gente.

—¿Y cómo afronta eso?

—Un elemento básico es el cambio de la matriz energética. Estamos en un proceso de transición energética. El año pasado logramos aumentar la participación de las fuentes renovables del 3% al 10%, con más de 1.000 megavatios de potencia en los parques fotovoltaicos, que está generando más del 48% de la electricidad durante el día y, en ocasiones, llega al 50%.

Por otra parte, hemos ido recuperando potencia que no estaba disponible en las termoeléctricas con la generación distribuida [pequeñas instalaciones] con más de 1.000 megavatios que podrían estar generando electricidad y disminuyendo los niveles de apagones, pero que no funcionan porque no hay el combustible necesario para eso.

Tenemos que vivir de nuestra fuente de energía, el crudo nacional, y con él funcionan nuestras termoeléctricas. Ese crudo es pesado y hemos aplicado ciencia e innovación para refinarlo. Si ahora incrementamos la producción de crudo nacional podremos tener también unos excedentes para la generación térmica y otros procesos de la economía.

Por otra parte, vamos implementando el uso de la biomasa y del biogás. Y no renunciamos al derecho que tenemos de adquirir combustible en el mercado, que está muy restringido porque han hecho enormes presiones. Los gendarmes del aparato de gobierno norteamericano, cada vez que se enteran de que un barco viene con intenciones de llegar a Cuba, hacen presión.

Solo ha llegado en más de cinco meses un barco ruso, y durante 15 días cambió la situación energética, lo que demuestra que no somos un Estado fallido. Un Estado fallido no podría estar sobreviviendo en medio de esta situación ni podría mostrar que cuando tiene recursos puede hacer las cosas de una manera distinta.

También hemos introducido cambios en nuestras maneras de comercialización. Hemos abierto la importación de combustible para el sector privado. Pero el sector privado cubano solo ha podido, en estos meses, importar alrededor de 27.000 toneladas de combustible, de ellas 6.000 toneladas de gasolina y 21.000 de diésel. Las 6.000 toneladas de gasolina representan menos de la mitad del consumo que necesita el país en un mes, y las 21.000 toneladas de diésel son una semana de generación eléctrica.

El cerco es tan brutal que no llega el combustible que necesitamos, pero no nos vamos a rendir.

—Hablaba de la última ronda de sanciones, la del 1 de mayo. A mí me ha pasado esta mañana en el hotel que he ido a pagar una consumición en la cafetería y ya no ha pasado la tarjeta de crédito.

—Hoy se ha anunciado que la entidad que trabajaba las tarjetas de crédito se retira del país.

—Y esta semana también hemos sabido que Iberostar y Meliá se retiran del país. ¿Qué espera del Gobierno español y de la Unión Europea ante dos referentes del turismo español que se van de Cuba como consecuencia de las sanciones de EEUU?

—Han estado mucho tiempo apostando por Cuba, han trabajado a brazo partido con nuestras entidades turísticas, son empresarios a los cuales les tenemos mucho respeto y se están yendo en contra de su voluntad.

De la misma manera que ellos han podido desarrollar sus negocios en Cuba, también han traído un aprendizaje para las partes cubanas del turismo. Y por eso nosotros tenemos una planta hotelera, a partir de las inversiones que hizo el país y que se puede utilizar hoy, por ejemplo, mediante activos, para compensar deuda o hacer negocios.

Pero, por otra parte, hay un aprendizaje, una formación profesional de nuestra gente.

Habrá hoteles que tendremos que operar, y estamos planteando modalidades de negocio diferentes, con cubanos que quieran invertir y administrar hoteles. Estamos abiertos a eso, y a personas de otros países o entidades que no tienen cuentas en EEUU ni dependencia de EEUU, y que están dispuestos a trabajar con Cuba. Hemos ofrecido esta posibilidad de negocio a los cubanos residentes en el exterior. Estoy seguro de que muchos van a regresar a Cuba a seguir los negocios, pero no será nada fácil por la terquedad con que se ha manifestado la Administración norteamericana tratando de frenar el desarrollo turístico de Cuba, que sabe que es una fuente de ingreso.

[Iberostar y Meliá] han estado mucho tiempo apostando en Cuba, han trabajado a brazo partido con nuestras entidades turísticas, son empresarios a los cuales les tenemos mucho respeto por el apoyo que siempre han tenido y se están yendo en contra de su voluntad

Desde las primeras medidas de la primera Administración Trump estaba planteado que si un europeo visitaba Cuba le retiraban automáticamente el ESTA [programa de excención de visado]. Eso no se lo hacen a nadie en el mundo, son medidas que solo han diseñado para Cuba, para ahogarnos, para asfixiarnos. Por eso te hablo de la crueldad que tiene ese bloqueo por su intensidad y además por su permanencia prolongada en el tiempo.

Nosotros tenemos una relación excelente de trabajo con la Unión Europea, con un acuerdo de diálogo político y de cooperación que funciona. Varios países europeos, entre ellos España, con sus agencias de desarrollo y cooperación internacional, han financiado proyectos en Cuba. Y la Unión Europea es uno de los principales socios comerciales de Cuba.

Hoy España es uno de los países más importantes en las relaciones comerciales con Cuba. Nos unen tradiciones, historia y lazos familiares. El Gobierno español ha sido muy respetuoso con Cuba, y la Unión Europea, en su mayoría, siempre ha apoyado la resolución cubana en Naciones Unidas contra el bloqueo, y yo creo que ahora también la Unión Europea y España tienen que comprender que el bloqueo no solo afecta a Cuba, que el bloqueo está afectando a ciudadanos españoles, a ciudadanos europeos, a empresarios y a entidades europeas y españolas.

Los bancos españoles y los bancos europeos no pueden tener relaciones con Cuba, hoy a un turista español le cuesta más trabajo llegar a Cuba, y los inversores europeos o españoles tienen que afrontar trabas coercitivas y presiones.

A ningún país en el mundo le corresponde el papel de ser el gendarme mundial ni de ser el que tenga los designios sobre el resto de los países. Por lo tanto, la Unión Europea y la propia España tienen que afrontar esto y tienen que proteger a su empresariado, a sus ciudadanos. No pueden permitir que les impongan leyes extraterritoriales desde otro país contrarias a las propias concepciones que están en las constituciones europeas y en la Constitución española.

La UE y España tienen que afrontar esto y tienen que proteger a su empresariado, a sus ciudadanos. No pueden permitir que les impongan leyes extraterritoriales desde otro país a las propias concepciones que están en las constituciones europeas y en la Constitución española

—Hubo una declaración en el pasado mes de abril, en la IV Cumbre de la Democracia en Barcelona, contra la intervención militar en Cuba, en la que participaron España y otros países latinoamericanos.

—Fue un momento de apoyo de España, que ha hecho alguna donación de ayuda humanitaria en estos momentos.

—Usted hablaba ahora de esa primera Administración Trump, que introdujo la limitación del ESTA y que supuso un cambio radical con respecto a la Administración Obama, que fue de las que más se abrió recientemente a Cuba. De hecho, una de las consecuencias de aquellas sanciones de Trump fue que EEUU no suministrara respiradores a Cuba durante la pandemia.

—Trump recrudece el bloqueo en el segundo semestre del 2019 y en enero del 2020 nos incluye en la lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Y Biden lo mantuvo.

A nosotros nos entra el primer caso de COVID en marzo de 2020, y ya habíamos enviado brigadas médicas cubanas a lugares que eran el epicentro de la pandemia. En su momento, fueron regiones de Italia, las brigadas apoyaron a las autoridades locales, trabajaron con la población y lograron un prestigio y un cariño tremendo, y aprendieron el manejo de la enfermedad. En el primer año de pandemia, pudimos mantener el control y a finales de 2020 abrimos la frontera.

Había muchos cubanos que llevaban mucho tiempo fuera del país, que querían regresar y ver a su familia a finales de año. Y con la llegada de esa avalancha se empezaron a multiplicar los casos y caímos en un pico pandémico muy fuerte en 2021. A mediados de 2021 nos dimos cuenta de que Cuba no tenía opciones con los mecanismos de distribución de vacunas que había en el mundo y, por otra parte, teníamos que incrementar las salas de cuidados intensivos para que no colapsaran, como habían colapsado en otros lugares del mundo, incluido Estados Unidos.

Eso nos permitió que, a finales de 2021, cuando ya teníamos más del 60% de la población vacunada, los niveles bajaran y después pudiéramos mantener un control de la enfermedad. Fuimos el primer país que vacunó a la población infantil por encima de los dos años. Estábamos entre los diez o doce países que más dosis de vacunación habían aplicado por habitante.

En medio de esa situación de bloqueo recrudecido, con apagones, falta de insumos y falta de medicamentos, cuando vamos a buscar para las salas de terapia intensiva ventiladores pulmonares, el Gobierno de los Estados Unidos impide a compañías norteamericanas comercializar este tipo de tecnología con Cuba.

Tuvimos que diseñar ventiladores pulmonares con los cuales pudimos producir lo que necesitábamos y hoy tenemos capacidad para exportar esos ventiladores pulmonares.

Una vez más, la ciencia y la innovación, uno de los patrimonios de la Revolución legados por Fidel, nos permitieron obtener esos resultados.

Y hay un tercer hecho que también demuestra la brutalidad y la perversidad del bloqueo. En medio de esa situación, con un alto número de pacientes ingresados, nuestra planta de producción de oxígeno medicinal sufrió un desperfecto y teníamos que enviar la pieza a un país europeo. Y el Gobierno de Estados Unidos impidió que entidades del área de América Latina y el Caribe, productoras de oxígeno medicinal, le vendieran a Cuba oxígeno medicinal. Hubo otros países, entre ellos Rusia, que nos apoyaron; también pudimos recibir desde China y otros países ventiladores pulmonares y oxígeno medicinal.

Eso te demuestra que estaban condenando a que un grupo de pacientes muriera por falta de oxígeno. Y así fue como el país afrontó la pandemia y fuimos capaces de manejar mejor la enfermedad que otros países con riqueza y no bloqueados. Y eso tiene mucho que ver con nuestro modelo de salud, inclusivo y gratuito. Con toda esta situación, los ricos pudieron tener mejor atención que los pobres, pero al final la pandemia no respetó ni diferenció entre ricos y pobres, y lo que hizo fue cobrarse muchas vidas a nivel global. Y yo creo que esa es una experiencia de la que la humanidad también tiene que sacar lecciones.

—En Estados Unidos se comenta mucho la posibilidad de un ataque a Cuba. Se discuten diversas hipótesis, desde una operación como la del secuestro de Maduro, con la excusa de la imputación de Raúl Castro, hasta otro tipo de operación. De hecho, los demócratas en el Congreso han registrado algunas resoluciones sobre poderes de guerra para intentar impedir esa hipótesis. ¿Lo creen posible?

—Cuba es un país que quiere la paz, somos un país de paz. Es una mentira lo que dicen los representantes del gobierno de EEUU de que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Diez millones de habitantes en una isla bloqueada y acosada no pueden ser una amenaza a la seguridad nacional, como ellos han dicho, extraordinaria e inusual, para la potencia más poderosa del mundo. Es un pretexto construido para ir calentando a la opinión pública mundial y justificar la posibilidad de una agresión militar contra Cuba.

En la retórica de los voceros del gobierno de los Estados Unidos cada vez está más presente la agresión. Esa retórica se refuerza y todos los días hay planes de agresión a Cuba, todos los días se describe, en medios norteamericanos, cómo podría producirse una agresión a Cuba. Y lo comparan con Venezuela, y nosotros no queremos la guerra, nosotros queremos el diálogo.

Pero nosotros no le tememos a la guerra y nos preparamos para afrontar una agresión militar. Nos preparamos con el concepto de nuestra doctrina militar, que es la guerra de todo el pueblo, que es una doctrina de defensa con participación de toda la población para defendernos.

Eso también es un elemento disuasorio, porque invadir Cuba costaría vidas cubanas, costaría cientos de miles de vidas cubanas, pero también le costaría al invasor grandes pérdidas humanas en cualquier escenario. Sería un desenlace complejo para los propios Estados Unidos y para nuestro país, pero sería también una amenaza para la estabilidad y la seguridad de América Latina y el Caribe.

Invadir Cuba costaría vidas cubanas, costaría cientos de miles de vidas cubanas, pero también le costaría al invasor grandes pérdidas humanas en todo tipo de casos

Yo creo que Estados Unidos está apostando por tres escenarios: el primero es con la asfixia económica, provocar el estallido social y que ese estallido social le dé la posibilidad, con el pretexto de la ayuda humanitaria, a intervenir en el país. Ejemplos como ese lo tenemos en Haití, y Haití cada vez es una nación más pobre y el pueblo haitiano cada vez vive una situación más compleja.

Un segundo escenario es seguir un diálogo con Cuba coercitivo, de máxima presión para apoderarse de la economía cubana con el fin de ocupar el país económicamente y que eso, después, les diera la posibilidad de provocar un cambio de sistema político. Es la gran aspiración de Estados Unidos.

Y un tercer escenario es el de la agresión militar.

Pero esos escenarios no los hemos construido nosotros, son los escenarios que están presentes en su retórica. Por lo tanto, nosotros tenemos el derecho a defendernos, a prepararnos para defendernos, para que no haya sorpresa y para que no haya derrota.

Y siempre tratamos de evitar las comparaciones con otra nación. Porque que nos comparen con otra nación sería desconocer la fortaleza de nuestras instituciones, la unidad de nuestro heroico pueblo, la decisión de la mayoría de nuestro pueblo de defender la Revolución hasta sus últimas consecuencias.

Nuestra historia y nuestras tradiciones de lucha, nuestro apego a la soberanía, la independencia y la autodeterminación, que tanto trabajo nos costó lograr.

Nosotros vamos a seguir defendiendo la paz, buscando el diálogo y haciendo que el diálogo permita resolver las contradicciones que tenemos en nuestras relaciones bilaterales y que nos aleje de la confrontación. Pero para eso tiene que haber también una disposición por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Y hay un ejemplo en Venezuela: 32 cubanos dieron sus vidas heroicamente defendiendo sus principios, defendiendo sus convicciones. Qué no harían millones de cubanos que están dispuestos a defender la Revolución, la soberanía, la independencia y que quieren mantener la autodeterminación que tenemos en este país.

—Usted está mencionando las declaraciones públicas del gobierno estadounidense acerca de Cuba, pero ustedes están hablando con ellos. Estuvo el director de la CIA aquí, y, por otro lado, también se han reunido hace poco al lado de la base de Guantánamo, con el Mando Sur de Estados Unidos. Es decir, está habiendo conversaciones. ¿Y en qué pueden ustedes ceder? ¿Qué no pueden ceder? ¿Dónde están las líneas rojas?

—Podemos tener un diálogo civilizado como el que tiene Estados Unidos con otros países, que también considera adversarios, independientemente de las diferencias ideológicas. Pero, además, podríamos tener relaciones comerciales, intercambio cultural, académico, deportivo, científico... Podría haber turismo de ambas partes sin restricción.

En varios momentos de la historia han existido conversaciones o han existido intentos de conversaciones que no siempre llegan por las vías oficiales. Uno de los diálogos que más avanzó fue en la etapa de Obama, cuando restablecimos incluso las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Hubo toda una apertura en las relaciones que benefició a ambos países.

Nosotros siempre hemos planteado el diálogo y, por eso, funcionarios nuestros han sostenido conversaciones en las que planteamos tratar de resolver nuestras contradicciones bilaterales para encontrar áreas de cooperación en las cuales podamos avanzar con proyectos que benefician a ambos pueblos y que garanticen la seguridad de ambos pueblos, de América Latina y el Caribe, de la región en la que vivimos.

Son conversaciones que hay que asumir con mucha responsabilidad, con discreción y mucha sensibilidad, porque atañen profundamente a las relaciones entre nuestros países y entre nuestros pueblos, y que nos permitan construir espacios de diálogo que faciliten avanzar en esa relación y nos alejen de la confrontación.

Pero tiene que ser un diálogo sin presiones, en igualdad de condiciones, sin condicionamientos sobre cambios en nuestro sistema político y social, sin consideraciones en cuanto a nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra autodeterminación; un diálogo que observe un principio de reciprocidad y respete el derecho internacional. Por lo tanto, ahí estamos poniendo líneas rojas.

No puede haber imposición de cambio de sistema político. No están en juego los asuntos internos de nuestro país. No puede ser un diálogo partiendo de una posición de fuerza o de una presión hacia el país. Y hay que asumirlo con responsabilidad, con discreción.

Cuando salen conversaciones distorsionadas sobre ese proceso de diálogo, uno piensa: ¿por qué tienen que acudir a esa práctica tan vergonzosa de estar diciendo cosas que no fueron las que se conversaron? ¿Por qué les es tan necesario mostrarse como que ellos son los que están llevando la conversación a puntos en los que nosotros no tenemos salida, o que nos están llevando a una situación de máxima presión, o que nos están llevando a un condicionamiento?

Nosotros eso nunca lo aceptaríamos. Y cuando se toca algo que roce esos planteamientos, ahí siempre va a haber una posición firme de la parte cubana y una negativa a continuar un diálogo en esas condiciones.

Ahora, nosotros creemos que el diálogo es necesario. Hay muchas cosas para las cuales nosotros tenemos disposición, por ejemplo, las inversiones norteamericanas en Cuba, que haya negocios de entidades norteamericanas en Cuba. Pero quienes las limitan no somos nosotros, sino que están limitadas por las propias leyes del bloqueo, por la propia política de bloqueo.

Si Estados Unidos quisiera tener ese tipo de relación con Cuba, tiene que levantar algunas de las limitaciones que impone el bloqueo y que imponen las órdenes ejecutivas.

Siempre ha habido un país que ha jugado el rol de agresor y otro el rol de agredido. Estados Unidos siempre ha sido el agresor y Cuba siempre ha sido la agredida. Hay una relación también asimétrica: quien ha llevado una política agresiva, quien ha llevado una política de bloqueo, quien ha llevado una política de ofensa hacia la otra parte, ha sido Estados Unidos hacia Cuba.

En otro momento hemos tenido conversaciones sobre temas como terrorismo y delito transnacional, temas migratorios, operaciones encubiertas que se han hecho contra Cuba, actos terroristas que se han fraguado en Estados Unidos contra Cuba. Aspectos de la aplicación de la ley. Y los diálogos en la Base Naval de Guantánamo.

Durante años hemos sostenido un diálogo mensual con representantes de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Un mes se hace en territorio de la base y otro mes se hace en territorio de Cuba. Y eso se suspendió por parte del gobierno de Estados Unidos.

—Pero lo cierto es que en este tiempo de esta segunda administración de Trump, el bloqueo ha ido a más, las amenazas han crecido. ¿Qué vislumbra de aquí a esas fiestas de fin de año que son tan, tan importantes para todos? ¿Qué cree que puede pasar de aquí a que acabe el año?

—Uno, como revolucionario, siempre tiene una visión optimista de la vida. Y sin dejar de reconocer que estamos viviendo una situación muy compleja, muy dura...

—Y la incertidumbre pesa también mucho.

—Somos parte de un pueblo que ha dado un ejemplo a nivel mundial de resistencia, de heroísmo. Y uno no puede traicionar esa historia. Además, confiamos en el apoyo internacional, hay mucho apoyo a que se normalicen las relaciones y haya un diálogo constructivo.

Existe también la posibilidad de que el diálogo ayude a superar esta situación. Y, por otra parte, creo en la condición humana. En el mundo hay muchos que quieren un mundo mejor, que quieren otro orden económico internacional que sea más justo, que sea inclusivo, que dé oportunidades para todos. Hay muchos en el mundo que no están de acuerdo con que haya un país que sea supremacista, hegemónico, y que dicte las reglas.

En el mundo hay muchos que quieren un mundo mejor, que quieren otro orden económico internacional que sea más justo, que sea inclusivo, que dé oportunidades para todos. Hay muchos en el mundo que no están de acuerdo con que haya un país que sea supremacista, hegemónico, que dicte las reglas

Cada vez hay más personas, más gobiernos, más Estados que, apoyados por sus pueblos, defienden el multilateralismo y más inclusión, más igualdad y más posibilidades; que no miran con desprecio a los pueblos y a los países del sur global.

Y esa idea tiene que cruzar el mundo, se tiene que afrontar con dignidad. Porque lo que está pasando con Cuba no está pasando solo en Cuba. Pasó en Venezuela, ha estado pasando en ese cruel genocidio que se comete todos los días contra el pueblo palestino en Gaza, está pasando en Líbano, con la agresión a Irán.

El mundo tiene que darse cuenta de que todos estamos enfrentando por parte del gobierno de Estados Unidos una agresión multidimensional que se expresa en una guerra a nivel global, que es ideológica, cultural y mediática.

Es ideológica porque Estados Unidos está tratando de imponer al mundo su hegemonía; es cultural porque, para imponer su hegemonía y hacer que todos piensen como Estados Unidos, tiene que borrar la identidad cultural de todos nuestros pueblos y nuestros países, nuestras historias y nuestras raíces culturales; y es mediática porque, para lograr esto, desarrolla una enorme estrategia mediática basada en la calumnia, en el asesinato de reputación y en la mentira repetida, como lo están haciendo con Cuba.

¿Qué hicieron con Venezuela? La narrativa de que era un narcoestado, de que Maduro era un dictador, de que no había democracia en Venezuela, de la famosa vinculación de Maduro con el Cartel de los Soles. Y cuando hicieron toda esa artillería mediática, agredieron al país, incluso cuando estaban en conversación con ese país. Y ahí demuestran la traición, lo traicioneros que son. Secuestraron ilegalmente a un presidente y lo extrajeron de su país para juzgarlo ilegalmente en los Estados Unidos. Y a los dos días no había Cartel de los Soles. Todas las evidencias se perdieron.

Recordemos la guerra en Irak, cuando dijeron que había un programa de armas biológicas y nunca aparecieron las armas biológicas. O la guerra con Irán con el pretexto de que había un arma nuclear, y no ha habido ninguna acción nuclear por parte de Irán.

¿El mundo digno va a permitir que esa sea la manera de funcionar, esa perversidad? ¿O es que el mundo no puede sacar la experiencia de la historia? Esto es igual que el fascismo, esto es igual que lo que hizo Hitler en Europa. ¿El mundo va a volver a esa barbarie? Porque el tema no es solo Cuba, lo que le está pasando a Cuba lo pueden aplicar a cualquier país.

¿El mundo digno va a permitir que esa sea la manera de funcionar, esa perversidad? ¿O es que el mundo no puede sacar la experiencia de la historia? Esto es igual que el fascismo, esto es igual que lo que hizo Hitler en Europa. ¿El mundo va a volver a esa barbarie? Porque el tema no es solo Cuba, lo que le está pasando a Cuba lo pueden aplicar a cualquier país

—Si pudiera cambiar algo de los últimos cinco o seis años, que es algo que a veces se oye en algunos círculos aquí en La Habana, en lugar de invertir tanto en el sector inmobiliario hotelero, ¿se podría haber invertido más en la soberanía energética y alimentaria, y en la educación y la sanidad, que son los símbolos de la Revolución y ahora están siendo muy golpeados? ¿O alguna reforma económica que a lo mejor no se hizo o se pospuso para haber estado en unas mejores condiciones para afrontar este momento tan crítico?

—Siempre hemos estado mirando nuestros defectos y nuestros errores, pero también nos han condicionado. Y se habla de muchas cosas, unas con más propiedad que otras, porque también muchas reformas que nos hemos propuesto ha sido prácticamente imposible llevarlas adelante.

Porque para invertir hay que tener divisas, hay que funcionar en determinadas relaciones financieras y económicas internacionales. No todo es querer cambiar, sino tener también la posibilidad de cambio.

Hemos cometido errores, hay errores, y hay que ver también en qué condición se cometen esos errores, en la vivencia de plaza sitiada, y también está el hecho de que no se reconoce la cantidad de reformas que se han hecho en todos los tiempos de la Revolución.

Hoy, por ejemplo, el Gobierno norteamericano no reconoce la apertura que ha existido con relación al sector privado y las facilidades a la inversión extranjera. No es que Cuba cambie, es que quieren que cambiemos como ellos quieren, y que haya una privatización total, que se adopte un modelo neoliberal. Ese no es nuestro modelo.

Nosotros no le decimos a Estados Unidos qué cambios debe hacer, son problemas de ellos. Yo creo que la historia podrá responder hasta dónde nos equivocamos y hasta dónde, realmente, aunque no nos hubiéramos equivocado, el bloqueo ha sido la causa fundamental de la situación en que nosotros nos encontramos: quítame el bloqueo, a ver cómo tocamos. Si me quitas el bloqueo y nosotros no somos capaces de avanzar con el país, de seguir transformando, de seguir perfeccionando nuestra sociedad, entonces se podría responder que fuimos incompetentes y que no hicimos lo que teníamos que hacer.

Pero este país con bloqueo recrudecido, fabricó vacunas para la COVID, tiene indicadores de salud y educación, que no nos satisfacen, pero son mejores que los de la mayoría de los países del mundo. La igualdad que hay en Cuba, la seguridad que hay en Cuba, el respeto a la dignidad humana, la no discriminación, la solidaridad con otros lugares del mundo...

El Gobierno de EEUU dice que nosotros recibimos combustible sin pagar de Venezuela, y eso es otra mentira. Nosotros dábamos servicios médicos y se compensaban con combustible. Lo que pasa es que esa manera de ser, de actuar, de concebir la vida de forma distinta no cabe en la mentalidad de un supremacista, de alguien que piensa que está por encima de los demás, de alguien que trata a América Latina y a los pueblos de América Latina como su traspatio. Y ahora, con la Doctrina Monroe actualizada con un corolario Trump, se desprecia a nuestros pueblos.

¿Si somos tan incompetentes, por qué me bloquean? ¿Por qué no deja que me derrumbe por mí mismo? Porque no tienen ningún interés en que Cuba mejore. Eso es mentira. Ellos quieren apoderarse de Cuba, como han querido apoderarse de otros lugares del mundo, para sacar sus recursos, para apoderarse de ellos y no para mejorar la vida de la gente.

Y nosotros lo que siempre soñamos es con cómo podemos superar la adversidad con la participación de todos.

—Usted decía que Estados Unidos estaba buscando, entre otras cosas, un estallido social. Ahora vienen julio y agosto, una temporada de mucho calor, con cortes de corriente. Y se cumplen cinco años del 11 de julio. ¿Cree usted que podrían darse las circunstancias para que hubiera algún tipo de estallido? ¿Cómo piensa lidiar con la disidencia?

—Tenemos nuestros programas para cada uno de esos escenarios, para sortearlos. Pero en estos momentos tenemos un programa de movilización popular con proyectos a nivel de barrio, liderados por los jóvenes, que están orientados a cómo, a nivel comunitario, mejoramos la producción de alimentos, la atención a los vulnerables y trabajamos en función de los temas energéticos, la recreación, la cultura, el deporte y la espiritualidad.

Hay una cultura de resistencia, una cultura de resistencia creativa.

Producción y realización del vídeo: Gabriela Tamarit Guerrero, Liz Oliva Fernández, Alfredo Lazcano Valera y Germán Viamonte Fernández.

El domingo, Perú decidirá en segunda vuelta si será gobernado por la hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por corrupción y crímenes de lesa humanidad, o por el candidato de la izquierda; Roberto Sánchez. En la primera ronda del 12 de abril, Keiko Fujimori fue la más votada, con un 17% de los sufragios, y Sánchez se impuso por la mínima al ultraderechista Rafael López Aliaga.

Dos semanas después, Colombia elegirá también en ballotage entre el filósofo y defensor de los derechos humanos Iván Cepeda o el excéntrico empresario de la ultraderecha Abelardo de la Espriella, que fue quien obtuvo el mejor resultado y que este martes recibía el apoyo explícito de Donald Trump.

No está fácil para la izquierda inclinar una balanza que lleva tiempo cayendo con fuerza hacia el otro lado. Desde el año pasado se sucedierion las victorias de Daniel Noboa en Ecuador –que presume de su amistad con Nayib Bukele–, Rodrigo Paz en Bolivia, Nasry Asfura en Honduras, José Antonio Kast en Chile y la ultraderechista Laura Fernández en Costa Rica, además del importante triunfo de Javier Milei en las legislativas argentinas.

Ya más cerca de finales de año llegarán las elecciones en Brasil, en las que un octogenario Lula da Silva parte como favorito para defender el gran bastión progresista del continente –junto con Claudia Sheinbaum en México y Yamandú Orsi en Uruguay– frente a una ultraderecha que no definió su candidato pero que pone fichas al hijo de otro expresidente preso, Flávio Bolsonaro. El factótum ultra, Donald Trump, lo recibió recientemente en el Despacho Oval, como una muestra más de que está dispuesto a jugar fuerte en el tablero latinoamericano. Una encuesta reciente indicaba que de producirse a una segunda vuelta electoral, el resultado entre Lula y Bolsonaro sería un empate técnico.

El efecto Trump

El presidente estadounidense tardó poco en salir a apoyar públicamente a Abelardo de la Espriella. En su red social Thruth Social lo describió como “un líder inteligente, fuerte y duro”, y destacó la importancia de su elección para “restablecer la ley y el orden” y luchar contra el narcotráfico. Esta mención no es casual: Trump acusó al presidente Gustavo Petro de complicidad con los cárteles y e incluso la Fiscalía inició una investigación. Además, autorizó el ataque a supuestas lanchas de traficantes de droga en el Pacífico, que mataron a decenas de personas.

De la Espriella, dueño de un conglomerado de negocios que incluyen una marca propia de ron, una de ropa y una línea de sombreros, además de haber grabado algunos discos de versiones, le devolvió la gentileza a Trump con una ristra de elogios y una promesa: que si gana meterá a Colombia en su alianza militar Shield of the Americas (Escudo de las Américas). Una alianza que Trump presentó rodeado de algunos de sus mejores aliados, como Javier Milei, Nayib Bukele, José Antonio Kast o Daniel Noboa, con quien Estados Unidos está ya realizando operaciones militares en suelo ecuatoriano. De la Espriella acompañó el tuit con una curiosa imagen de un tigre (el apodo con el que se lo conoce) y el águila estadounidense.

No es la primera vez que Donald Trump irrumpe en una campaña electoral latinoamericana. Ya lo hizo en Honduras cuando amenazó con que si no ganaba el ultraderechista Asri Asfura castigaría económicamente al país. Y también en Argentina, cuando antes de una elección legislativa clave, el Departamento del Tesoro ofreció al Gobierno de Milei un rescate de 20.000 millones de dólares. Asfura y Milei ganaron esos comicios.

Keiko, ¿a la cuarta va la vencida?

El candidato de Trump en Perú era el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga. Representante del núcleo conservador más duro de la ultraderecha, su cerrada defensa de la familia tradicional y la economía de libre mercado conviven con declaraciones llamativas sobre su práctica de la abstinencia sexual y su confeso “enamoramiento” de la virgen María. Pero no pasó a la segunda vuelta, superado por muy pocos votos por el candidato de izquierda, Roberto Sánchez.

Aun sin el apoyo público de Washington, Keiko Fujimori se subió con sus declaraciones al carro MAGA. En una entrevista con la CNN, reiteró su lema de campaña de “regresar al orden” que su padre logró mientras gobernaba y aseguró que América Latina gira hacia ese orden gracias al presidente de Estados Unidos.

Esta es la cuarta vez en una segunda vuelta electoral para la hija del expresidente Alberto Fujimori, que murió en 2024 en libertad, aunque había sido condenado a 25 años de prisión por corrupción y por los delitos de homicidio calificado por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, y por el secuestro de un periodista y un empresario. Las encuestas para el ballotage del 7 de junio la ponen por delante, pero muy igualada con su rival. Los analistas políticos sugieren que el rechazo que genera la reivindicación de Keiko del legado de su padre empieza a pesar menos en los votantes, y destacan que en un electorado tremendamente fragmentado como el peruano, las opciones de derecha y ultraderecha fueron de lejos las mayoritarias.

De la Espriella y sus comentarios machistas

También el empresario colombiano parte con ventaja para la segunda vuelta del 21 de junio. Sin embargo, no entró con buen pie en las escasas semanas de campaña hasta volver a las urnas. Un juzgado le ordenó retractarse de unos comentarios en los que afirmaba que muchas mujeres lo habían votado por el tamaño de sus genitales. Lo hizo mostrándole en un programa televisivo una foto suya a una periodista y preguntándole insistentemente qué veía en ella. Las acusaciones de machismo y misoginia hacia el excéntrico abogado de 47 años fueron numerosas. Pero De la Espriella ha sabido combinar una imagen de 'outsider' con poder económico pero que empatiza con el hartazgo ciudadano mientras exhibe sus vuelos en jet privado, sus paseos en Rolls-Royce o sus casas de Miami, Bogotá y la Toscana.

Para el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, la remontada no parece fácil. El apoyo de Trump y el aglutinamiento del descontento social en un voto de castigo le juegan en contra, pero cuenta con conseguir movilizar a un electorado progresista que no acudió masivamente a las urnas, pero que puede llegar a hacerlo para evitar que la ultraderecha alcance el gobierno.

La posible batalla entre Lula y Bolsonaro

El calendario electoral latinoamericano cierra en octubre con las elecciones presidenciales en Brasil, a las que volverá a presentarse Luiz Inácio Lula da Silva. El resto de candidaturas no son oficiales aún, pero empieza a haber movimientos para colocarse en puestos de salida. Sin contrincantes definidos, las encuestas exploran diferentes combinaciones de cara a una posible segunda vuelta.

De acuerdo con el sondeo del Instituto Real Time Big Data, el actual gobernante tiene un 38% de las intenciones de voto en primera vuelta, mientras el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, preso por su intento de golpe de Estado, aparece en segundo lugar, con un 31%. Una segunda vuelta entre los dos arrojaría, según esta encuestadora, un 45% de los sufragios para Lula, cinco puntos por encima de su adversario. Las encuestas de Datafolha, que señalaban hace unas semanas un empate técnico, parecen sugerir que Flávio Bolsonaro pierde algo de fuelle tras conocerse unas conversaciones que lo vinculan con el exbanquero Daniel Vorcaro, preso por fraude.

Mientras tanto, Trump rebajó notablemente su enfrentamiento con Lula, y recibió a Bolsonaro en Washington aunque no lo declaró oficialmente su candidato. Varios analistas apuntan a que otros aspirantes de la derecha pueden tener mejores resultados –por generar menos rechazo– en una posible segunda vuelta. Con todo, Bolsonaro presume de foto e intenta agitar el voto antizquierda vinculando a Lula con Maduro en una carrera de largo aliento hacia las urnas del 4 de octubre.

Algo ya se venía cociendo en Colombia desde hace cuatro años. En mayo de 2022, un ingeniero septuagenario millonario y excéntrico llamado Rodolfo Hernández irrumpió en la primera vuelta presidencial con casi seis millones de votos y estuvo a tres puntos de alcanzar el poder. Lo llamaron el “Trump colombiano”. Pero quedó descartado por sus excesos verbales y sus enredos judiciales a pesar de haber enarbolado la lucha anticorrupción como bandera de campaña.

Muchos creyeron que era una simple anomalía. Cuatro años después, un abogado penalista de extrema derecha de 47 años y sin experiencia política llamado Abelardo De la Espriella hizo lo mismo, pero con 10 millones de apoyos y ganando la primera vuelta al favorito y candidato del oficialismo de izquierda Iván Cepeda. ¿Cómo se explica?

Más furor que ideología

Colombia no llega hasta acá sola. La izquierda sigue en el poder en México, Brasil y Uruguay, pero al mismo tiempo emerge una nueva derecha que avanza allí donde el descontento cala más hondo: Milei en Argentina, Noboa en Ecuador y Bukele en El Salvador como una franquicia de exportación. Colombia, por el momento, tardó en sumarse a esa tendencia. El progresismo gobernó los últimos cuatro años y sigue siendo una fuerza política importante, con algo más de nueve millones y medio de votos. Pero el domingo no ganó la primera vuelta, ni siquiera con el empuje del presidente.

El de De la Espriella no se trata de un fenómeno ideológico en sentido clásico. Es algo más visceral y más difuso. El politólogo Camilo Cruz lo resume así: la fractura entre quienes dependen del Estado y quienes aprendieron a prescindir de él. En Colombia, esa brecha tiene un rostro concreto: la mitad de la fuerza laboral trabaja en la economía informal, entre ellos miles de abogados, médicos o ingenieros que en otros países entrarían en la categoría de autónomos. Es decir, un segmento de profesionales independientes, ajeno a las estructuras estatales y desconfiado de su burocracia. Y, sobre todo, de sus promesas. El cuatrienio del gobierno de Petro los alejó aún más y De la Espriella supo leerlos cuando nadie más lo hacía.

El abogado siguió el guion utilizado por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años 80: explotar la condición de “outsider” —cercano siempre al poder, nunca dentro de él— para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del “abismo petrista” o, en su defecto, del “comunismo hispanoamericano”. Mientras tanto, presume de su fortuna en redes sociales, mostrado sus vuelos en jet privado, su Rolls-Royce Phantom y pasa largas temoradas en sus casas de Miami, Bogorá y la campiña toscana.

El contexto regional

Hay una explicación estructural a la victoria de De la Espriella. “Colombia ha entrado en la dinámica latinoamericana”, explica la analista Nadia Pérez Guevara. “Debido a la existencia del conflicto armado interno, estuvimos un poco ajenos a las olas y a los debates regionales. Ahora no. Los temas relacionados con la violencia, la distribución de la tierra y los derechos humanos ya no son ejes prioritarios”.

Durante décadas, la guerra organizó la política colombiana. La posición frente a las guerrillas o la paz movilizaba al electorado. Cuando esa lógica empezó a disolverse, quedó libre un espacio que De la Espriella ocupó con otro lenguaje: seguridad urbana, antipolítica, informalidad y valores conservadores. El mismo idioma que Milei habla en Buenos Aires o que Trump esgrime en Washington.

Colombia entra a la dinámica latinoamericana [...] Los temas relacionados con la violencia, la distribución de la tierra y los derechos humanos ya no son ejes prioritarios

Nadia Pérez Guevara — Analista

Hundimiento del uribismo

El politólogo Yann Basset, de la Universidad del Rosario, asegura que hay cierta continuidad en la historia de hace cuatro años con la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández, condenado por corrupción en marzo de 2024 y fallecido en septiembre del mismo año. “En ambos casos [con Abelardo] se nota un vacío de liderazgo de la derecha tradicional en el contexto posturibista. [El expresidente Álvaro] Uribe sigue siendo una figura importante, pero ya no alcanza a ser el líder hegemónico que fue hace 20 años”.

De cualquier forma, Paloma Valencia se mantuvo leal a su mentor político, se plegó sin fisuras al expresidente y buscó atraer al electorado de centro con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, un tecnócrata de perfil moderado. Sin embargo, la unión no cuajó: el Centro Democrático pasó de 3,2 millones de sufragios en las primarias de marzo a 1,6 millones este domingo.

¿Y ahora qué?

De la Espriella supo leer la coyuntura política. Se lanzó con un programa de apenas tres páginas y consiguió movilizar a un electorado que llevaba años esperando un discurso de extrema derecha sin complejos. Pero Basset matiza: no todo su apoyo es ideológico. “En la última semana, la gente se dejó llevar por una especie de voto útil a la derecha que terminó de hundir a Valencia. Hay mucho voto pragmático de una derecha más tradicional que se acabó volcando hacia él”. Así, el también apodado Tigre llega a la segunda vuelta del 21 de junio con una coalición más heterogénea de lo que parece. Es una fortaleza, pero también una fragilidad.

En la última semana, la gente se dejó llevar por una especie de voto útil a la derecha que terminó de hundir a Valencia. Hay mucho voto pragmático de una derecha más tradicional que se acabó volcando hacia él

Yann Basset — Politólogo de la Universidad del Rosario

Detrás de su buen resultado hay dos apoyos que los expertos apenas empiezan a cartografiar: los jóvenes conservadores de TikTok y otras redes sociales, y las iglesias evangélicas. “Son jóvenes que, por el acceso a la información vía digital, han mirado hacia la derecha y hacia principios conservadores”, explica Pérez Guevara. Este es, quizás, un matiz importante para quienes daban por hecho que todos los manifestantes que salieron a la calle durante el paro y el estallido social de 2021 estaban con la izquierda petrista. Al parecer, una parte de esa misma generación conectó con el universo global de Trump y depositó su votó por el Tigre.

El segundo bloque es aún más silencioso. “Las iglesias cristianas nunca habían logrado consolidarse como fuerza política en Colombia. Ahora sí lo hacen de manera abierta”, analiza Pérez Guevara. De hecho, el jefe de debate de la Espriella es Jaime Andrés Beltrán, pastor cristiano e hijo de uno de los líderes evangélicos más influyentes de Santander, en el noreste del país. Y el propio De la Espriella, que en otros tiempos se declaraba ateo, llegó a esta campaña rezando en público. Las estructuras eclesiásticas hicieron el resto del trabajo territorial que su movimiento Firmes por la Patria, con apenas un año en política, no podía hacer solo.

Por todo ello, Iván Cepeda llega a la segunda vuelta con una herida y una oportunidad, tras sembrar en la jornada electoral la duda sobre los resultados y rectificar al día siguiente. “No hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, reconoció.

La cicatriz visible es que no movilizó a su propio electorado de izquierda. “Hay un hueco de al menos un millón de votos recuperables solo en Bogotá”, señaló el domingo por la noche, durante un debate en YouTube, el politólogo Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital. “También en el Caribe y en el Valle del Cauca, donde hace cuatro años la izquierda tuvo una votación muy considerable”. La oportunidad: parte del apoyo de De la Espriella es pragmático y puede moverse.

García Duarte advierte que para cambiar el rumbo Cepeda debe modificar su discurso. Cita un ejemplo: la izquierda no puede quedarse en la letanía de las negociaciones de paz. El experto sugiere que, tras los fallos de la política de Paz Total de Petro, debe garantizar seguridad y combinar la negociación con la coerción institucional.

La politóloga Nadia Pérez Guevara interpreta el triunfo de De la Espriella, por su parte, como un fenómeno multiclase que agrupa no solo a votantes afines a la ultraderecha, sino también a desafectos y ciudadanos cínicos frente a la política y la democracia. Media Colombia llevaba ya algunos años acumulando el descontento. Y el domingo en la noche, por primera vez, alguien lo tradujo en victoria.

¿Un libertario sin trayectoria política al frente del poder en Colombia durante los próximos cuatro años? Para llegar allá, Abelardo de la Espriella, mediático abogado penalista de 47 años, ha dado un paso este domingo venciendo al izquierdista Iván Cepeda en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En un triunfo que ninguna encuesta predijo, De la Espriella ha obtenido 10,3 millones de votos (43,7%), por encima de Cepeda, con 9,6 millones de votos (40,9%). Los dos se medirán el 21 de junio en la segunda vuelta.

La candidatura de De la Espriella generó entusiasmo en sectores del conservadurismo local, que lo ven como el único dique efectivo contra el aspirante del oficialista Pacto Histórico, pero despertó inquietud en otras facciones por la vaguedad de sus propuestas y su adhesión al experimento radical encarnado por Milei en Argentina, Kast en Chile y Bukele en El Salvador.

La tentación del todo o nada con un recetario de extrema derecha inquieta a muchos en Colombia. Pero la trayectoria de De la Espriella también genera dudas. El lunar más visible es, quizás, su defensa jurídica de Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela hoy detenido en Nueva York: un turbio empresario colombiano condenado en Estados Unidos por blanqueo de dinero y conspiración. La Administración Biden lo indultó en 2023 en un canje de presos, pero múltiples investigaciones periodísticas lo señalan con fuerza como presunto testaferro de Nicolás Maduro.

De la Espriella, que se ha presentado por el incipiente movimiento Defensores de la Patria, ha intentado desmarcarse de su viejo cliente argumentando que su firma de abogados dejó de representar a Saab en 2019, cuando Washington lo incluyó en la Lista Clinton. Dos años más tarde, sin embargo, el exministro chavista aún lo recordaba como un “gran abogado y amigo”. No menos polémica fue su defensa de David Murcia Guzmán, cerebro del mayor esquema Ponzi en Colombia: 200.000 víctimas —en su mayoría de renta baja— y unos 1.200 millones de dólares defraudados.

“Lo que buscamos es demostrar que DMG no es una empresa criminal”, afirmó en julio de 2012 el entonces joven apoderado, en referencia a la estafa piramidal, en una entrevista televisada. Poco después se apartó también de ese caso, pero su papel dejó una estela de preguntas que han emergido en campaña electoral.

La nueva piel del ‘Tigre’

Mucho antes de que adoptara el apodo de “Tigre”, en su círculo más cercano era conocido como “Papucho”: un sobrenombre que hoy solo reclama con derecho su madre, María Eugenia Otero. En Montería, ciudad media al norte de Colombia donde arraigan sus raíces, sus allegados resaltan el contraste: de aquel joven provinciano, inquieto y entrañable, a una figura nacional en apariencia recia que usa el saludo militar como emblema político y promete castigar a los delincuentes sin ser “políticamente correcto”.

De hecho, desde hace tiempo escenifica en sus redes sociales una vida de vuelos frecuentes en jet privado, presume de su Rolls-Royce Phantom y pasa largas temporadas en sus casas de Miami, Bogotá o la campiña toscana. Un mundo alejado del de su infancia. Su padre, Abelardo, fue un discreto notario con algún cargo regional en las filas del Partido Liberal. Y su educación, primero en el Colegio De La Salle de Montería y más tarde en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, se asemeja más a la de cualquier chico de familia media colombiana.

Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa

Yann Basset — analista político de la Universidad del Rosario

Su fortuna, sin aún haber llegado a los 50 años, es posterior a esa infancia austera y se sustenta en dos pilares: el despacho de abogados y una red creciente de empresas. En un principio fueron una marca de ron, una consultora inmobiliaria y una suerte de sastrería de lujo. Pero hoy suma una treintena de sociedades con todo tipo de accionistas —algunas de ellas en números rojos—. “Primero se da a conocer en un país donde la política pasa por el mundo del derecho penal”, explica Jorge Iván Cuervo, académico de la Universidad Externado nombrado Ministro de Justicia hace poco. “Sus estrategias de litigio lo acercaron a las élites. Y ahora su objetivo es alcanzar el poder político por fuera de los partidos tradicionales”.

Un guion seguido por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años 80: explotar la condición de “outsider” —cercano siempre al poder, nunca dentro de él— para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del “abismo petrista” o, en su defecto, del “comunismo hispanoamericano”. Para moderar la imagen de provocador, presentó al exviceministro de Hacienda José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial: un rector universitario que pasó los últimos cuatro años refutando punto por punto las políticas económicas de Petro a través de confrontaciones directas en la red social X.

En el caso de De la Espriella, sin embargo, resulta evidente que sus bases y su guía política son un calco del uribismo purasangre. Es decir, la del discurso militarista de mano dura y el énfasis en conceptos decimonónicos como la “patria” o la “familia” tradicional, que su amigo el expresidente Álvaro Uribe ha empuñado. Él mismo ha sintetizado su proyecto electoral como una amalgama entre la cruzada de Nayib Bukele contra la creciente inseguridad urbana y rural, con el mismo enfoque carcelario, y la motosierra burocrática del argentino Javier Milei, con la cual prevé cercenar en Colombia el número de ministerios existentes, de los 19 actuales, a una decena (y eliminar 70.000 puestos estatales).

De hecho, su cercanía con el uribismo se remonta a 2005. En aquellos días fungió como director y representante legal de la polémica Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), donde combinó funciones de promoción y divulgación del proceso de desmovilización de los ejércitos paramilitares, impulsado entonces por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema ordenó más tarde a la Fiscalía investigar a de De la Espriella por su rol en dicha ONG, descrita por excombatientes como el “brazo ideológico” de las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia. Las indagaciones, sin embargo, se cerraron en 2012 por falta de pruebas.

En busca de voz propia

De la Espriella oficializó su candidatura el pasado 11 de diciembre en un mitin cargado de mesianismo político y fervor casi religioso. “Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa”, señala Yann Basset, analista político de la Universidad del Rosario. Quienes admiran a De la Espriella lo hacen porque ha sabido transmitir una firmeza aún huérfana de proyecto político claro. Su idea central es “enfrentar y destripar” a la izquierda.

De acuerdo con Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional, la fuerza de De la Espriella reside precisamente en su indefinición. Su discurso carece de una línea ideológica nítida, pero esa ambigüedad ha resultado funcional: le ha permitido aglutinar una coalición heterogénea de votantes en busca de un proyecto ultraconservador. “Abelardo, más allá del carisma, es un significante vacío: un contenedor de diferentes tendencias cercanas a la derecha radical”, sostiene Chala. “Detrás suyo convergen reservistas y retirados del Ejército, sectores de las iglesias neopentecostales y evangélicas, algunas élites regionales y libertarios de la escuela austríaca, al estilo Milei”.

Para Yann Basset, el reto de De la Espriella será encontrar un estilo propio: “La idea de la mano firme en seguridad, o del antiderroche en la esfera pública, no son nuevas y ya las utilizó el presidente Uribe a principios de este milenio. Además, el Estado en Colombia, a diferencia del caso argentino, si lo comparamos con Milei, no ha desempeñado tantas funciones ni ha representado un monstruo tan grande para la economía. Entonces una pregunta interesante es si será capaz de adaptar de alguna forma estas temáticas al contexto local”, asegura el académico francocolombiano.

Aliado de Vox

De la Espriella recoge el testigo de Rodolfo Hernández, el ingeniero que se presentó hace cuatro años como una suerte de Trump a la colombiana que, tras rozar la presidencia en la pugna electoral contra Gustavo Petro, terminó condenado por corrupción y murió en septiembre de 2024 a los 79 años. Jorge Iván Cuervo recuerda, sin embargo, que la diferencia es que Hernández tenía rodaje previo en la arena política. Antes había sido alcalde, con una gestión aceptable, de una ciudad media: “Su imagen era la del empresario exitoso que generaba empleo. Pero primero se ganó el reconocimiento político en su región. El ascenso de la Espriella es distinto. Su marca se construye desde el éxito individual y la exhibición del lujo”.

Casado y padre de cuatro hijos, de De la Espriella nació en Bogotá en 1978 durante un paseo de sus padres en la capital. Por ello, se ha encargado de subrayar que es un “costeño de racamandaca”: es decir, hijo de la costa Caribe hasta el tuétano. Un origen que también ha utilizado como bandera política de la inconclusa descentralización que impulsará. “Él representa una capa del electorado que ha logrado un ascenso social y no se ve reflejada en las élites bogotanas tradicionales. Es una Colombia desideologizada que ve en él a alguien que los representa, con sus trajes de marca, sus excentricidades o su faceta de cantante de boleros y tenor a la italiana con un disco propio”, afirma Cuervo.

Lejos de matizar sus posturas, en enero firmó con el líder de Vox, Santiago Abascal, la llamada Carta de Madrid, un documento que alinea su plataforma con las tesis “antizquierda”, a favor de la “libertad de empresa” y contra el “totalitarismo comunista” que la ultraderecha española ha enarbolado. “Un grande Santiago Abascal librando la batalla cultural, política y democrática para enfrentar al narcocomunismo que se impone desde el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Estamos juntos en esta lucha”, publicó días después ante sus 960.000 seguidores de Instagram.

El expresidente Álvaro Uribe ha anunciado su apoyo a De la Espriella para la segunda ronda. Sin embargo, existe un electorado flotante de entre tres y tres millones y medio de votos, según la estimación del politólogo Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital, que aún podría inclinar la balanza: “En la primera vuelta uno vota por el que le gusta”, recordó el experto en el debate de Razón Pública. “En la segunda, el cálculo es impedir que llegue el que más temes”.

El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella sorprendió este domingo al obtener la mayor votación en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, que tuvieron una participación del 57,88%, y disputará la segunda vuelta el 21 de junio con el izquierdista Iván Cepeda, que puso en duda los resultados.

La participación fue la más alta para una primera vuelta desde que entró en vigor la Constitución de 1991 en un país tradicionalmente abstencionista en el que el voto no es obligatorio y la asistencia a las urnas suele ser ligeramente superior al 50%.

La Registraduría Nacional, organizadora de las elecciones informó que, con el 99,99% de las mesas informadas, de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, recibió 10.361.413 votos (43,74%), lo que significa una ventaja de 673.168 papeletas frente a Cepeda, que obtuvo 9.688.245 sufragios (40,9%).

Este resultado preliminar fue rechazado por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien desde hace meses ha cuestionado la transparencia del sistema electoral y hoy dijo: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo” y añadió que esperará el escrutinio que debe hacerse en los próximos días.

“Más de diez millones de colombianos confiaron en 'El Tigre', se unieron a la manada. Vamos a la segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre”, expresó por su parte De la Espriella, a quien sus seguidores identifican con el felino, al conocer los resultados.

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con 1,6 millones de votos, ocupó el tercer lugar y es la gran perdedora de estas elecciones porque su votación es muy inferior al 12% que le daban las últimas encuestas, e incluso menor a los 3,2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

En cuarto se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, con un millón de votos, que representan el 4,26%.

Otra candidata de centro, la exalcaldesa bogotana Claudia López, se situó en el quinto lugar con 225.517 votos (0,95%).

Dudas de la izquierda

En su discurso tras conocer los resultados, Cepeda fue menos enfático que Petro y planteó dudas sobre las cifras de la Registraduría.

“Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, y ese no es cualquier desfase: estamos hablando de 885.000 personas”, dijo Cepeda en Bogotá ante sus seguidores, sin dar detalles sobre el origen de esa cifra.

De la Espriella, que compareció ante sus seguidores sobre una embarcación en el río Magdalena, en la ciudad caribeña de Barranquilla, les respondió: “Petro, Cepeda, par de delincuentes, no se atrevan, no se les ocurra desconocer la voluntad popular porque acá hay un pueblo que los va a enfrentar y los va a derrotar”.

Movimientos de cara a segunda vuelta

Tras las votaciones del domingo, la senadora Valencia no titubeó y anunció inmediatamente que apoyará en la segunda vuelta a De la Espriella.

“De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella”, expresó Valencia, quien dijo que trabajará para que Colombia “no caiga en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan”, en su opinión, el senador Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, su compañero de fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, manifestó que los votos que esperaban recibir de buena parte de la derecha “desaparecieron” por la campaña de De la Espriella, que consideró “sucia, machista, homofóbica”.

Oviedo, un economista, abiertamente homosexual, dijo que, a diferencia de Valencia, informará el próximo 3 de junio su postura de cara a la segunda vuelta porque es “una decisión seria”.

El candidato Fajardo, por su lado, aseguró que el millón de votos que obtuvo en la primera vuelta es “importante” para definir la contienda entre De la Espriella y Cepeda.

“Este millón de votos es importante para definir la suerte de nuestro país. Y la voz de nosotros se va a escuchar porque es el futuro de Colombia que está en nuestras manos y vamos a hacer que Colombia piense sobre lo que hemos hecho”, dijo Fajardo en Bogotá tras conocer los resultados de la jornada.

El exsenador Roy Barreras, que apenas recibió 14.108 votos (0,05%) y quedó en el penúltimo lugar entre 11 candidatos, anunció su apoyo a la candidatura de Cepeda y le pidió al aspirante izquierdista buscar los “tres millones de votos” que considera que el centro político obtuvo este domingo para vencer a De la Espriella.

EFE

Por primera vez, la izquierda tiene la posibilidad de ocupar el poder ocho años en Colombia. La continuidad de las políticas de Gustavo Petro tienen altas posibilidades de mantenerse de la mano del candidato Iván Cepeda, si los electores así lo deciden este domingo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En la vereda del frente, intentarán disputarle los votos el abogado Abelardo de la Espriella, un empresario de extrema derecha que nunca ocupó un cargo público; y la senadora de derecha Paloma Valencia, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe.

Petro, que asumió en 2022 como el primer presidente progresista y exguerrillero de la historia moderna del país, aumentó sus niveles de aprobación “hasta alcanzar el punto más alto en años”, señala el estudio del Center for Economy and Policy Research (CEPR)Colombia durante el gobierno de Petro: avances sociales en un contexto de restricciones monetarias y fiscales.

La investigadora y coautora del informe, Paola Jaimes Santamaría dice que “más allá de la polarización política, muchos sectores sienten que con Petro hubo mejoras materiales reales y que el Estado comenzó a llegar a lugares donde antes no llegaba”. 

Derechos sociales y económicos

El informe del CEPR destaca que entre 2022 y 2025 la pobreza multidimensional –que mide indicadores referidos a educación, salud, condiciones de vivienda, acceso a servicios y empleo– se redujo en aproximadamente 23%, con un descenso “notable” en las zonas rurales. 

“Petro intentó conectar política social con desigualdad territorial y rural, no solamente con transferencias monetarias”, apunta Jaimes Santamaría, quien también valora el “esfuerzo” por llevar más inversión pública a municipios históricamente marginados y el “avance” en la entrega de tierras a comunidades campesinas y étnicas, algo –dice– “muy ligado a las desigualdades históricas y al conflicto armado en Colombia”.

Para el director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data), Alfredo Serrano Mancilla, una de las claves de sus logros es que perseveró en los cambios y aún cuando no los pudo conseguir –no tenía mayoría en el poder Legislativo– “no tiraba la toalla”, entendiendo la política “como la posibilidad real de cambiar las cosas”.

En materia de derechos económicos, los expertos destacan la reforma tributaria, que incrementó los impuestos para los más ricos, y el aumento del salario mínimo cercano al 40%, considerando que en la década 2012 y 2022 el aumento real fue del 9%. La experta subraya que este avance ocurrió “sin un deterioro del mercado laboral”, ya que “la economía mantuvo estabilidad macroeconómica, el desempleo cayó y la inflación bajó”.

El politólogo de la Universidad de Rosario Yann Basset destaca la aprobación –pendiente de implementarse– de la reforma de pensiones, que amplía el papel del sistema público y construye un pilar para una pensión básica. Sin embargo, opina que el balance en economía es “controvertido” porque el Gobierno “no ha atendido el tema fiscal”: termina con un déficit “casi récord desde la pandemia” –6,4% del PIB– y un aumento de la deuda pública. Aun así, añade, “no se materializaron los pronósticos más alarmantes de la oposición de una hiperinflación o crisis económica”.

Según la investigadora del centro de pensamiento Global Americans Sonia Verdú, sin embargo, “la popularidad de Petro está basada más en una postura ideológica populista que en una transformación real” porque las desigualdades sociales “no se han acortado significativamente”.

La fallida “Paz total”

La promesa estrella de Petro fue la llamada 'Paz total', que proponía reforzar el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y la entonces activa guerrilla de las FARC. La propuesta incluía negociaciones con guerrillas como el ELN; reparación de las víctimas; una reforma agraria y el abordaje del consumo de drogas como un asunto de salud pública.

“Su política no ha funcionado, pues no ha logrado la desmovilización de ningún grupo armado importante”, dice Basset. Según él, las guerrillas “se han aprovechado de la negociación para reforzar su control territorial”.

Los analistas aseguran que el problema en el país, que desde el 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, registra casi 2.000 líderes sociales asesinados, “es estructural” y que es difícil avanzar cuando el Estado tiene capacidades “limitadas” en muchas regiones rurales y persisten economías ilegales asociadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Cepeda representa una izquierda con un discurso muy marcado alrededor de los derechos humanos, el antirracismo y el antipatriarcado

Paola Jaimes Santamaría — Investigadora asociada del Center for Economic and Policy Research

Petro partió el diseño de la Paz Total “con un diagnóstico correcto y un diálogo con todos los grupos al mismo tiempo”, explica la politóloga Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. En la práctica, sin embargo, algunos procesos “avanzaron más lento de lo esperado, hubo fragmentación entre grupos armados y en varios territorios los ceses al fuego no produjeron mejoras sostenidas de seguridad”, menciona Jaimes Santamaría. Luego, en febrero de 2025, llegó la designación de Pedro Sánchez como ministro de Defensa, el primer militar en ocupar el puesto en 30 años, para presionar a las guerrillas, una receta similar a la del expresidente derechista Iván Duque.

“Con esta decisión, la idea de negociación ha perdido mucha legitimidad política”, señala Bonilla. En su opinión, el mandatario fue “muy ambicioso” con su propuesta, que califica de “retórica, polémica, con bajo diseño institucional, poco presupuesto y mala organización”.

Venezuela y EE.UU., centro de la diplomacia

Uno de los desafíos más importantes para la política exterior de Gustavo Petro ha sido el vínculo con la vecina Venezuela. Cuando llegó al poder en 2022, con las relaciones entre ambos países rotas, emprendió un deshielo –reapertura de fronteras e intercambios comerciales– con el gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro. Durante la crisis de las elecciones de julio de 2024, en las que la oposición denunció fraude y las autoridades electorales nunca mostraron las actas de la declaración oficial del triunfo de Maduro, se alineó con Brasil para no reconocer el resultado, pero sin romper lazos con Caracas. 

“En su primer año y medio de mandato transformó la política exterior colombiana y fue exitosa”, señala Verdú. Sin embargo, la llegada de Donald Trump al poder, en enero 2025, marcó el tramo final de su mandato y dio un giro al contexto regional: “Conllevó una pelea política y diplomática que culminó con una visita de cuestionable éxito a la Casa Blanca”, añade. Por el camino, hubo tensiones y amenazas, desacuerdos abiertos sobre política antidrogas y los ataques del Pentágono contra embarcaciones en el Caribe.

En su primer año y medio de mandato transformó la política exterior colombiana y fue exitosa

Sonia Verdú — Investigadora del centro de pensamiento Global Americans

“Intentó combinar una postura más autónoma con una estrategia pragmática y evitar una ruptura frontal con Estados Unidos, mientras buscaba ampliar márgenes de maniobra diplomática dentro de América Latina”, opina Jaimes Santamaría.

Segunda vuelta asegurada y en disputa

Las encuestas anticipan un triunfo de Iván Cepeda, sucesor de Petro, pero no tan holgado como para evitar una segunda vuelta, que se prevé muy disputada y polarizada contra quien sea su rival: De la Espriella o Valencia, aunque los sondeos dan ventaja a la candidata uribista.

“Cepeda representa una izquierda con un discurso muy marcado alrededor de los derechos humanos, el antirracismo y el antipatriarcado, algo que históricamente no se había visto tanto en la política presidencial colombiana”, afirma Jaimes Santamaría. A diferencia del actual mandatario, que ha sido una figura más “confrontacional”, dice, Iván Cepeda presenta un estilo político más dialogante, por lo que una continuidad de la izquierda, no necesariamente implicaría, simplemente, “más Petro”, sino “probablemente, alianzas más amplias para sacar adelante ciertas reformas”, añade.

Verdú pronostica que si gana Cepeda, habrá que esperar si continúa con el legado de Petro o llega a implementar políticas con mayor impacto social, que si bien han sido “exitosas en sistemas como el europeo –concluye–, no han sabido encontrar su lugar en América latina sin sacrificar modelos de democracia y estabilidad económica”.

Steve Bannon, uno de los principales ideólogos del trumpismo, tenía un as bajo la manga para derrotar a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones del próximo mes de octubre: una película al más puro estilo Hollywood sobre la biografía del ex presidente Jair Bolsonaro, preso por intento de golpe de Estado.

La receta trumpista parecía infalible. El actor Jim Caviezel, protagonista de La pasión de Cristo (2004, dirigida por Mel Gibson, todo un éxito en el público cristiano) provocaría, en palabras de Bannon, que la figura de Jair Bolsonaro fuera equivalente a la de Cristo y que la película sea percibida incluso como la secuela del film de Mel Gibson.

El plan era estrenarla a nivel internacional en septiembre, a las puertas de la primera vuelta electoral de Brasil, lo que impulsaría la candidatura de Flávio Bolsonaro. DarkHorse, cuyo tráiler acaba de publicarse, refuerza la imagen de Jair Bolsonaro como un outsider contra un sistema corrupto al que intentan asesinar en la campaña de 2018 (en la película con una pistola, y no con un cuchillo, como en la realidad) y que renace con vigor mesiánico para salvar el alma de Brasil.

El podcast político Foro de Teresina, que tuvo acceso al guion de Dark Horse, reveló que al final de la película, los créditos informan que Lula ganó unas elecciones con “numerosas denuncias de fraude” y que Jair Bolsonaro fue preso tras las manifestaciones “mayoritariamente pacíficas” del 8 de enero de 2023 que, en realidad, destrozaron la sede de los tres poderes y formaban parte de un intento más amplio de golpe de Estado. A ojos de Steve Bannon, el éxito internacional de Dark Horse sería “estruendoso” y movilizaría a la base del bolsonarismo en las elecciones. “La historia de Bolsonaro habla por sí misma y Flávio [Bolsonaro] va a continuar ese legado”, argumentó Bannon, según Folha de São Paulo.

Los estrategas trumpistas no contaban con el roteiro Brasil (roteiro significa guion), una broma que los brasileños hacen para destacar que el guion de la política brasileña supera con creces a la ficción. Un audio divulgado por The Intercept Brasil reveló que Flávio Bolsonaro pidió 134 millones de reales (unos 23 millones de dólares) a Daniel Vorcaro, el banquero preso por el escándalo del Banco Máster que repartió millones entre políticos, en su mayoría bolsonaristas. La conversación de WhatsApp ocurrió el 15 de noviembre, un día antes de que Vorcaro fuera detenido al intentar huir del país, acusado de dejar un agujero millonario en el Fondo de Garantía de Créditos (FGC), que protege a los inversores extranjeros en el país. Flávio no desmintió la conversación y se deshizo en excusas poco consistentes.

Las sospechas apuntan a que el dinero de Vorcaro no iría destinado a las cotas privadas anticipadas por los inversores privados de la película, como defiende Flávio, sino para la caja B de la campaña de Bolsonaro. Las investigaciones apuntan a que Vorcaro estaba operando debajo de la alfombra como principal financiador del bolsonarismo. Existen sospechas, como sugiere la periodista Ana Clara Costa del Foro de Teresina, que el dinero de Vorcaro esté financiando la estancia de Eduardo Bolsonaro, el otro hijo de Jair Bolsonaro, que ejerce de lobbista contra los intereses brasileños desde Estados Unidos.

Antes del escándalo de Dark Horse, la estrategia electoral de Flávio Bolsonaro estaba funcionando. El candidato Flávio estaba en empate técnico con Lula en casi todas las encuestas. Movilizaba a la base bolsonarista por inercia y seducía al centro ocultando su apellido Bolsonaro. El efecto Dark Horse, sin embargo, fue un meteorito demoledor para su candidatura.

La encuesta Atlas/Intel, primera tras el escándalo, revela que Lula abre una brecha de siete puntos en una hipotética segunda vuelta contra Flávio Bolsonaro. El actual presidente conseguiría el 48,9% de los votos, frente al 41,8% de su adversario. Diversas encuestas revelan que el escándalo de Dark Horse impacta en la mismísima línea de flotación del bolsonarismo.

La prestigiosa Datafolha refleja una caída menor de Flávio (47 de Lula frente a 43 en segunda vuelta), pero apunta un detalle crucial: Lula ya atrae al 29% de los votantes de centro, frente al 20% de su oponente. La sangría en las propias filas bolsonaristas empieza a acusarse. Nombres de peso están pidiendo otro candidato de extrema derecha. Y crecen las presiones para que Michele Bolsonaro, ex primera dama, sea candidata, algo que incomoda a Jair y sus hijos, que quieren evitar entregar el legado del bolsonarismo a una extraña a la familia. Por su parte, Romeu Zema y Ronaldo Caiado, los dos candidatos fuertes de la derecha, declararon públicamente que Flávio Bolsonaro no tiene condiciones de seguir siendo candidato por su presunta corrupción.

Esta semana, el Financial Times calificó el episodio Dark Horse como una “comedia de errores” que amenaza con hundir la candidatura del hijo de Jair Bolsonaro. De hecho, la película biográfica al que se encomendaba el trumpismo para derrotar a Lula está visibilizando múltiples desdoblamientos de corrupción del bolsonarismo. Folha de São Paulo reveló el lunes que las productoras de bolsonaristas vinculadas a la película abrieron una empresa en un paraíso fiscal. Además, el Instituto Conhecer Brasil, próximo a la familia Bolsonaro, que gestiona el rodaje en Brasil de la película, está involucrada en un escándalo de falsas facturas y explotación laboral, como denunció la Revista Fórum. El hecho de que los 134 millones de reales solicitados por Flávio superen el presupuesto de la película ganadora del Oscar en 2025 Todavía estoy aquí (7,6 millones de dólares) y El agente secreto (4,7 millones de dólares) ayuda a visibilizar el tamaño del favor que Flávio pidió a Vorcaro. La cantidad excede también el techo electoral legal de la campaña de 2022.

La idea original de la película Dark Horse no partió del trumpismo, sino de Mário Frias, exsecretario de Cultura del Gobierno de Jair Bolsonaro y actual diputado del Partido Liberla (PL). La BBC reveló cómo Frias, uno de los principales gurús de la guerra cultural del bolsonarismo, consiguió seducir al guionista y director Cyru Nowrasteh, con un amplio historial de producciones con fuerte apelo cristiano como El apedreamiento de Soraya M (2009) o El joven Mesías (2016). En entrevista con la BBC News Brasil, Nowrasteh afirmó que “sintió que había muchas preguntas sin respuesta” alrededor de la cuchillada contra Bolsonaro de las elecciones de 2018 y que la película “ayudará a iluminar lo que está ocurriendo hoy en Brasil y el mundo”.

La incorporación del actor Jim Caviezel a Dark Horse rizó el rizo con el núcleo duro del trumpismo. Caviziel, defensor público de Donald Trump, es uno de los actores más populares dentro del universo Make America Great Again (MAGA) y un habitual del podcast de Steve Bannon. Caviziel abraza la teoría conspiratoria QAnon, que predica la existencia de una secta satánica y pedófila global operada por elites progresistas. En octubre de 2021, Caviezel fue la gran estrella de la conferencia For God and Country: Patriot Double Down, organizada en Las Vegas por influencers de la órbita QAnon.

Marco Dias, profesor de la Universidad Federal de Sergipe (UFS), especialista en guerras culturales, aseguró a la BBC que el sello de Hollywood en la película sobre Bolsonaro tiende a ser “interpretado como una gran victoria” por la derecha brasileña: “Es un proyecto que va a tener visibilidad, con la construcción de Bolsonaro como alguien perseguido y que tal vez tenga un mercado bien grande dentro de esos grupos de la nueva derecha global”.

Flávio Bolsonaro viajó esta semana a Washington a la desesperada, donde se reunió el martes con Donald Trump para alejar el fantasma de Dark Horse de su campaña. Para aumentar el efecto de una reunión discreta, poco comunicada en Estados Unidos, el bolsonarismo intenta recomponer el pulso de su guerra cultural.

La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este martes una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La nueva norma, que anuló la ley 1341 que rigió desde octubre de 2020, fue previamente aprobada en el Senado y ahora pasó al Ejecutivo para que la firme el mandatario, lo que no supone que se dicte automáticamente el “estado de excepción”.

La sesión, que duró más de cinco horas, se efectuó de manera virtual porque varios legisladores no pudieron trasladarse a La Paz, sede del Legislativo y Ejecutivo, debido a las protestas que mantienen aislada a esa región del resto del país.

El impulsor de la anulación de la ley 1341, Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, afirmó que esa norma es “criminal” y que tuvo el fin de “desnaturalizar” los estados de excepción frente a situaciones que generan “caos y anarquía” en medio de las protestas sociales.

Según Alarcón, esa norma resguardaba a los “grupos violentos que se atribuyen la representación del pueblo”, por lo que su abrogación da mayor capacidad de acción a las Fuerzas Armadas cuando la Policía se ve rebasada.

El diputado Edwin Valda, de una facción disidente del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), consideró que su abrogación generará “mayor violencia” y que con esto las reivindicaciones sociales quedarán “desprotegidas”.

Bolivia atraviesa una ola de manifestaciones y cortes de carreteras desde hace tres semanas impulsados por sindicatos campesinos, sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) y otros grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La ley 1341 reglamentaba cuatro artículos de la Constitución boliviana dedicados al estado de excepción y señalaba que se dispondrá de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la Policía “hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”.

También limitaba a 60 días la duración de la medida.

La Carta Magna vigente desde 2009 permite declarar mediante decreto el estado de excepción en todo o parte del país ante una conmoción interna y establece que esta medida no podrá suspender las garantías ni los derechos fundamentales, además de que su vigencia estará sujeta a la aprobación del Legislativo en un plazo de 72 horas.

El Gobierno de Paz asegura que la declaración del estado de excepción es la “última opción” a la que recurrirá si el diálogo no prospera. La Paz y la ciudad vecina de El Alto concentran las protestas callejeras y bloqueos de carreteras que realizan los sectores que exigen la renuncia de Paz, que lleva poco más de seis meses en el Gobierno.

Algunas manifestaciones ocurridas la semana pasada derivaron en disturbios y saqueos de oficinas públicas y privadas, además de pequeños negocios, agresiones a periodistas y a personas que cuestionaron las protestas.

Los bloqueos, que se extendieron a las regiones de Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca, están ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos como oxígeno medicinal.

La Fiscalía investiga el fallecimiento de un hombre por un disparo en medio de un operativo y disturbios registrados el sábado para despejar una carretera troncal, mientras que las autoridades denuncian que los cortes de rutas han ocasionado la muerte de cuatro personas, incluido un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna.

EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes que reducirá a la mitad su salario y el de sus ministros como parte de un “esfuerzo y compromiso” con el país, cuando se cumplen cuatro semanas de conflictos y bloqueos de carreteras liderados por sindicatos campesinos que exigen su renuncia.

“Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario al 50 %”, aseguró Paz durante la conmemoración de los 217 años de la gesta libertaria de Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial en el sur del país.

Hasta antes de esta decisión, el mandatario boliviano percibía un salario de 24.978 bolivianos (3.617 dólares) y ningún otro funcionario puede ganar más que el presidente. Con la reducción, la remuneración presidencial quedará en unos 12.489 bolivianos (1.808 dólares).

Paz mencionó que esa decisión no afectará a “otras áreas ni a profesionales”, puesto que la intención no es “perjudicar” a esos trabajadores, sino buscar que “los mejores” permanezcan en el servicio público.

Algunos sectores que protestan actualmente cuestionaron inicialmente el nivel salarial del presidente y los parlamentarios, a quienes plantearon que reduzcan sus sueldos a la mitad como una señal de cercanía con la población ante la crisis económica que vive el país desde 2023.

Sin embargo, esa exigencia pasó a un segundo plano y ahora las organizaciones que lideran las protestas y bloqueos de carreteras, como los campesinos del altiplano de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), exigen la renuncia del mandatario.

Asimismo, Paz anunció que en estos días el Ejecutivo presentará al Parlamento el proyecto de ley del “perdonazo tributario” que, según enfatizó, “no es para los ricos” sino para sectores como comerciantes, transportistas y artesanos, entre otros, para que puedan “reactivar” su economía.

Paz indicó que la norma favorecerá a quienes, desde 2017, fueron acumulando multas en el sistema tributario, para que puedan utilizar esos recursos para dar un impulso a sus negocios.

El presidente asistió a la efemérides libertaria en Sucre, después de permanecer las últimas semanas en La Paz, sede del Ejecutivo y el Legislativo, atendiendo las reuniones con los sectores sociales que tienen demandas.

Las protestas que exigen la renuncia de Paz mantienen aislado al departamento de La Paz desde hace 20 días y desde la semana pasada, los bloqueos se extendieron a otras de las nueve regiones de Bolivia como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

Ante el desabastecimiento en las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por la crisis, el Gobierno estableció unos “puentes aéreos” para llevar alimentos a esas urbes, a lo que se suma el apoyo logísitico y donaciones ofrecidas por Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.

El fin de semana fracasó un nuevo intento del Gobierno de abrir un “corredor humanitario” en una carretera estratégica entre La Paz y las fronteras con Perú y Chile y las conexiones con el sur y el centro del territorio boliviano.

EFE

 El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este lunes que hará respetar la Constitución frente a los sectores que piden su renuncia con bloqueos de carreteras iniciados hace 20 días y aseguró que “una minoría” no puede gobernar ni “abusar” del país.

“Bolivia tiene una Constitución y la haremos respetar (...) Una minoría no nos puede gobernar, una minoría no nos puede abusar y haremos cumplir esa Constitución”, afirmó Paz durante el aniversario 217 de la gesta libertaria de Sucre, la capital constitucional y sede del poder Judicial en el sur del país.

Las organizaciones que lideran las protestas y bloqueos de carreteras son los sindicatos de campesinos aimaras de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), quienes exigen la renuncia del mandatario.

Paz dijo que Bolivia “no necesita el conflicto” y que hay que dialogar, “pero no bajo la presión del hambre de los ciudadanos como escudo o la falta de combustible y medicina”, problemas que están afectando sobre todo a la ciudad de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, y la vecina El Alto.

“No voy a dialogar con los que no dialogan, porque esos no entienden de la libertad. Hemos apostado por el diálogo por más de 11 días y estamos apostando por los resultados”, añadió.

El presidente, que lleva seis meses de Gobierno, ratificó la convocatoria para que este miércoles, en La Paz, se desarrolle la primera sesión del Consejo Económico y Social, instancia que tratará las diversas demandas regionales, además de abordar la implementación de 2.000 proyectos de desarrollo.

Paz ratificó a los sectores movilizados que su Gobierno no aplicará una “privatización” de las empresas bolivianas y que tampoco habrá incrementos en los costos de los servicios de electricidad, educación o salud, como señalan algunos dirigentes.

“Si tienen alguna duda, vengan donde el presidente y hablaremos de esas dudas”, fue la invitación de Paz a los grupos que mantienen sus protestas.

El mandatario también ofreció una disculpa por no haber podido reunirse anteriormente con las organizaciones que hoy piden su renuncia y aseguró que abrirá un espacio para que eso ocurra.

Paz asistió a la efeméride libertaria en Sucre, después de permanecer las últimas semanas en La Paz, atendiendo reuniones con los sectores sociales que tienen demandas.

Las protestas que exigen la renuncia de Paz mantienen aislado al departamento de La Paz desde hace 20 días y, desde la semana pasada, los bloqueos se extendieron a otras regiones de Bolivia, como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

Ante el desabastecimiento en las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por la crisis, el Gobierno estableció unos “puentes aéreos” para llevar alimentos a esas urbes, a lo que se suma el apoyo logístico y las donaciones ofrecidas por Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.

El Gobierno llamó a dialogar el domingo a los sindicatos campesinos de La Paz, pero finalmente no hubo reunión, ya que en la víspera fracasó un nuevo intento de habilitar un “corredor humanitario”, que derivó en enfrentamientos entre policías y militares con los manifestantes, además de disturbios.

EFE

Mientras Bolivia ingresó este lunes a la cuarta semana de protestas de campesinos que exigen la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz, pese a los intentos fallidos del Gobierno para dialogar, el vicepresidente Edmand Lara y el opositor Evo Morales apuntaron contra el asesor personal del mandatario, Fernando Cerimedo, por “pretender influir en la agenda política nacional y opinar sobre el destino de nuestro país como si Bolivia fuera un espacio de experimentación ideológica”.

Cerimedo fue asesor de Javier Milei, de Jair Bolsonaro en Brasil y de Nasry Asfura en Honduras. De acuerdo a Lara, “las declaraciones de Fernando Cerimedo constituyen una clara intromisión en asuntos internos del Estado boliviano y reflejan una visión ajena a nuestra historia, a nuestros pueblos y a la soberanía nacional. Nadie que desprecie a los sectores populares, indígenas y trabajadores puede influir en las decisiones de un Gobierno elegido democráticamente”, remarcó el vice de Paz en un comunicado difundido en las últimas horas, mientras se suceden las manifestaciones, sobre todo en El Alto y La Paz, centro del poder político boliviano, que está resguardado por policías antidisturbios y policías militares desde la semana pasada.

Y agrega: “Bolivia no se gobierna desde operadores extranjeros ni desde estrategias de marketing político. Bolivia se gobierna escuchando a su pueblo, atendiendo la crisis social y defendiendo los intereses nacionales por encima de cualquier influencia externa”.

De acuerdo a Lara, “la prioridad del país debe ser el diálogo, la paz social y la solución de los problemas que vive el pueblo boliviano, no abrir espacios a discursos de confrontación, polarización y desinformación”.

Evo Morales dice que a Paz “solo le queda” militarizar Bolivia o llamar a elecciones

El exmandatario de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), sostuvo este domingo que el presidente Rodrigo Paz tiene solo “dos caminos” ante los conflictos con sectores que piden su renuncia, “militarizar” el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días, algo que pidieron los seguidores del también líder cocalero.

“A Rodrigo Paz solo le queda dos caminos, una decisión suicida como militarizar o finalmente cumplir la pacificación y transición, con una elección en los próximos 90 días, como establece la Constitución, para evitar conflictos con muertos y heridos”, escribió Morales en X.

El exgobernante consideró que la supuesta “intromisión” de EE.UU. en asuntos internos de Bolivia “a través del secretario de Estado, Marco Rubio”, y de Fernando Cerimedo, exasesor de políticos como el gobernante argentino, Javier Milei, están “llevando al fracaso” a Paz, quien, según dijo, llegó a la Presidencia de Bolivia “por accidente”.

Cerimedo le respondió en redes sociales: “Mentir sobre recursos naturales, privatizaciones que no existen, y esas estupideces, no va a servir para seguir manipulando a las masas. El cuento del imperialismo se acabó cuando tus principales socios terminan haciendo negocios 'con los gringos' y parte de tu plata esta en 'washingtons'. Ya no te cree nadie”, posteó el asesor de Paz en respuesta al exmandatario.

Evo Morales también cuestionó las convocatorias al diálogo del Gobierno frente a las denuncias penales iniciadas contra algunos dirigentes de las protestas que desde principios de mes piden la renuncia de Paz con manifestaciones callejeras en La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, y bloqueos de carreteras en la zona andina desde hace 19 días.

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, una zona cocalera en el centro del país que es su bastión sindical y político, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra dentro de un proceso por presunta trata agravada de personas.

El pasado 11 de mayo, un tribunal de la región sureña de Tarija declaró en rebeldía al exgobernante y emitió una nueva orden de captura en su contra porque no se presentó al inicio del juicio en el que se lo acusa por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.

El juicio quedó suspendido y solo seguirá su curso cuando Morales se presente ante las autoridades judiciales o la Policía ejecute la orden de captura.

El mismo 11 de mayo, desde el altiplano partió hacia La Paz una marcha de seguidores del expresidente para unirse una semana después a las protestas de los campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB) que piden la renuncia de Paz.

El Gobierno de Paz acusó a Morales de promover las protestas para “esquivar” el juicio en su contra.

Los bloqueos de carreteras cortaron principalmente la carretera estratégica entre las ciudades de La Paz y El Alto y las fronteras con Perú y Chile y las conexiones con el sur y el interior del país, dejando desabastecidas de alimentos, combustibles e insumos médicos como oxígeno medicinal a ambas urbes.

En la víspera, el Gobierno de Paz fracasó en un nuevo intento por liberar esa ruta mediante un “corredor humanitario” que fue resistido por los manifestantes con cargas de dinamita y piedras lanzadas con hondas, a lo que los agentes que acompañaban el convoy respondieron con gases lacrimógenos.

Máxima tensión en Bolivia

Las organizaciones que lideran las protestas, como los campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales, volvieron a marchar este lunes desde la ciudad vecina de El Alto hacia el centro de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo.

También hubo otras marchas que llegaron desde el sur y el norte de la ciudad, que pasaron por las calles aledañas a la plaza Murillo, el centro del poder político boliviano que está resguardado por policías antidisturbios y policías militares desde la semana pasada.

Grupos de manifestantes intentaron forzar su ingreso a la plaza Murillo, por lo que la Policía lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos.

El dirigente minero Nelson Álvarez cuestionó que en el Parlamento esté en análisis un proyecto de ley que elimina restricciones legales vigentes desde 2020 para que el Gobierno declare un estado de excepción que le permita ampliar el despliegue de fuerzas de seguridad ante las protestas.

Los líderes ciudadanos de Santa Cruz (este), la región más poblada del país, agrupados en el Comité Cívico de ese departamento, llamaron a la población a concentrarse el martes para tomar acciones ante los bloqueos de carreteras.

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, alertó que está en marcha un “golpe de Estado” e instó a la población a proveerse de víveres y a defender el derecho al “libre tránsito” en esa región, considerada el motor económico de Bolivia.

En paralelo, en La Paz también hubo bloqueos callejeros de algunos sindicatos de transportistas por la escasez de combustibles, consecuencia de los bloqueos de carreteras, mientras que un grupo de manifestantes impide el ingreso y salida de pasajeros y encomiendas en las puertas del Aeropuerto Internacional de El Alto, que sirve a La Paz.

Paz estuvo este lunes en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del poder Judicial, para conmemorar los 217 años de la gesta libertaria de esa ciudad sureña, desde donde anunció la reducción de su salario y el de sus ministros a la mitad y mencionó que hará cumplir la Constitución ante las protestas.

Las protestas que exigen la renuncia de Paz, quien lleva poco más de seis meses en la Presidencia, mantienen aislado al departamento de La Paz desde hace 20 días y, desde la semana pasada, los bloqueos de carreteras se extendieron a otras regiones de Bolivia, como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

Ante el desabastecimiento en La Paz y El Alto, las más afectadas por las protestas, el Gobierno estableció unos “puentes aéreos” para llevar alimentos a ambas ciudades, a lo que se suma el apoyo logístico y las donaciones ofrecidas por Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.

El Gobierno llamó a dialogar el domingo a los sindicatos campesinos de La Paz, pero finalmente no hubo reunión, ya que en la víspera fracasó un nuevo intento de habilitar un “corredor humanitario”, que derivó en enfrentamientos entre policías y militares con los manifestantes, además de disturbios. 

Con información de agencias.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, participó este jueves en Buenos Aires en un acto en conmemoración por el 50 aniversario del asesinato de dos dirigentes políticos y dos militantes tupamaros uruguayos durante la última dictadura argentina (1976-1983).

En el acto, realizado en la sede de la Legislatura porteña, se rindió homenaje a los exlegisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, secuestrados y asesinados hace 50 años en Argentina.

Orsi, miembro del Frente Amplio y presidente de Uruguay desde el 1 de marzo de 2025, acudió al acto con su vicepresidenta, Carolina Cosse, y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

En el acto también estuvieron presentes, entre otros, familiares de los homenajeados, el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), y el Premio Nobel de la Paz 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel.

Los crímenes de hace 50 años se cometieron en el marco del Plan Cóndor, como se llamó a la acción coordinada de los gobiernos dictatoriales del Cono Sur americano para eliminar a opositores políticos.

Todas las víctimas uruguayas se habían exiliado en Buenos Aires.

“Quiero reconocer y agradecer la solidaridad del pueblo argentino que durante tantos años cuidó tanto a nuestra gente, porque en este caso fueron cuatro asesinatos, pero no nos olvidemos que también hubo mucha gente que se salvó gracias al pueblo argentino que le dio cobijo, que ayudó”, expresó en declaraciones a la prensa Orsi, quien no habló durante el evento.

El presidente describió el asesinato de los dos dirigentes y los dos militantes como “un momento muy duro no sólo para Uruguay, sino para la región” y resaltó además la presencia de figuras de la oposición uruguaya en el acto en la capital argentina.

Uno de los oradores fue Leandro Santoro, presidente de la Legislatura de Buenos Aires e impulsor del homenaje, quien expresó: “Estamos conmemorando un terrible asesinato que ha marcado la historia de Argentina y Uruguay”.

El periodista y exsenador Zelmar Michelini, uno de los fundadores del Frente Amplio, fue secuestrado por miembros del Ejército argentino el 18 de mayo de 1976 en el hotel Liberty, sobre la céntrica avenida Corrientes de Buenos Aires.

El exdiputado Gutiérrez Ruiz, del Partido Nacional, fue secuestrado el mismo día, también por militares, en el domicilio en el que vivía en la capital argentina.

Pocos días antes, el 13 de mayo, habían sido secuestrados en Buenos Aires Rosario del Carmen Barredo y su pareja, William Whitelaw, dos jóvenes miembros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.

Los secuestrados estuvieron cautivos en el centro clandestino de detención en el barrio capitalino de Floresta.

Los cuerpos sin vida de los cuatro secuestrados fueron hallados dentro de un automóvil el 21 de mayo de 1976.

“Siempre hubo exilios cruzados en Montevideo y Buenos Aires, pero a los protagonistas no se los iba a buscar del otro lado. (...) Lo que nunca supieron estos cuatro orientales es que, para los uruguayos, la señal de la barbarie desatada fue su muerte, que significó la ruptura absoluta de todos los códigos, incluso en la persecución y el terrorismo de Estado”, afirmó Cánepa.

EFE

La “luna de miel” entre el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira y Bolivia duró menos de seis meses. El presidente de centroderecha elegido en octubre soporta desde el primero de mayo un cerco de organizaciones sociales que paralizaron parcialmente La Paz, la capital política del país andino, con demandas que, lejos de aplacarse, se elevaron: pasaron de pedir un aumento salarial del 20% a demandar la renuncia del mandatario.

La crisis política agravó la ya deteriorada economía boliviana, que desde hace más de un año sobrevive a duras penas frente a una severa escasez de combustibles, la falta de dólares en el mercado financiero y una inflación galopante.

Las protestas las abandera la Central Obrera Boliviana (COB), la más grande organización sindical del país. Respaldada por campesinos y maestros, la COB puso entre la espada y la pared al Gobierno de Paz e instaló un clima de convulsión en el que no faltaron excesos de vandalismo contra la población urbana de La Paz, donde se concentran las manifestaciones. También en la vecina El Alto, esta última de mayoritaria población indígena aimara e históricamente combativa.

El Gobierno desestimó las reivindicaciones de la COB, de entrada. Adujo falta de liquidez fiscal y protestó por lo que calificó de tentativa sediciosa para forzar la salida del presidente. La acusación cobró fuerza en los últimos días, una vez que las demandas salariales derivaron en exigir la renuncia del jefe de Estado, a quien el sindicato acusa de gobernar en alianza con sectores empresariales del oriente del país.

Del gasolinazo a la ‘gasolina basura’

El economista Gonzalo Colque afirma, en un reciente texto de análisis, que el mandatario “llegó al poder a hombros del sector popular”, al que una vez instalado en el cargo “dio la espalda”. Primero, sostiene el también investigador de la ONG Fundación Tierra, se distanció del vicepresidente Edmand Lara, un expolicía muy seguido en redes al que muchos atribuyen buena parte del éxito electoral. Lara fustigó abiertamente a Paz por conformar un gabinete de ministros cercanos al millonario empresario Samuel Doria Medina, que lo apoyó en la segunda vuelta electoral.

Después eliminó el impuesto a las grandes fortunas, y antes de que terminara el año, retiró por decreto la subvención a los combustibles que se aplicaba desde los primeros años del siglo. En la práctica, la decisión supuso un incremento del 86% en el precio de la gasolina y del 163% para el diésel. El grueso de la población aceptó el recorte a cambio de un compromiso de mantener el abastecimiento, deficiente de 2024.

El decreto incluía, no obstante, disposiciones que abrían la puerta a la simplificación burocrática, social y ambiental para las inversiones extranjeras. Esto movilizó a la COB que, tras jornadas de paro y manifestaciones en La Paz, dobló el brazo a Paz y lo obligó a anularlas.

Otro escándalo siguió enrareciendo el ambiente: suministros de gasolina de mala calidad provocaron daños en gran parte del parque móvil. El malestar por la “gasolina basura” hizo caer al ministro del ramo y forzó al Gobierno a anunciar compensaciones económicas.

Con este telón de fondo, el presidente promulgó en abril una ley, la 1720, que preveía, para acceder el acceso a créditos bancarios, la conversión de pequeñas propiedades de tierra en medianas, lo que ponía en riesgo el control de campesinos e indígenas de los pequeños chacos de tierra con los que sobreviven al día. Los potenciales afectados iniciaron una marcha pacífica desde el norte del país (en las fronteras con Brasil y Perú) hasta La Paz. El arribo de los movilizados coincidió con el paro de la COB por el incremento salarial, lo que llevó a Paz a ceder nuevamente y derogar la ley.

De la crisis económica a la ingobernabilidad

La concatenación de crisis puso en un aprieto a Paz, a pesar de sus cesiones. Las reformas normativas beneficiaron a los sectores privilegiados del este del país en detrimento de sus bases electorales y la COB y otros sectores radicalizados piden que dimita. El presidente intentó sumar el apoyo de las otras fuerzas parlamentarias y de alcaldes y gobernadores, pero no negocia con los líderes del cerco a La Paz, a los que acusa de supuesto terrorismo. Este lunes, grupos movilizados se enfrentaron con dinamita a policías, atacaron instalaciones públicas y privadas, y agredieron a agentes y ciudadanos de a pie.

El atrincheramiento de los bandos puso al país en un entuerto de imprevisible resolución, dice la socióloga Luciana Jáuregui. La analista observa que la protesta es “una movilización multisectorial, que adopta una posición abiertamente destituyente, que ya no se reduce a la satisfacción de demandas concretas, sino al pedido de renuncia del presidente, cuestionando su legitimidad y autoridad para gobernar a través del control efectivo del territorio”.

En respuesta, el Gobierno asegura que no piensa negociar con “vándalos” como el líder de la COB, Mario Argollo, contra quien rige una orden de captura. “El problema es que ningún sector tiene fuerza suficiente para imponerse plenamente: las movilizaciones son masivas y radicales, pero no se expanden a otras capas sociales, mientras que el Gobierno representa únicamente a las elites y clases medias tradicionales y se sostiene a través de una administración coercitiva del conflicto”, analiza Jáuregui.

La investigadora no cree que la crisis actual desemboque en una renuncia inmediata de Paz, debido a los candados constitucionales y al respaldo de sectores de clase media y alta que, aun sin avalar plenamente el accionar del Gobierno, reclaman el respeto a la elección democrática y rechazan el eventual retorno de la izquierda de la mano de liderazgos en declive como el del expresidente Evo Morales, autoconfinado en la región del Chapare (Cochabamba). “En perspectiva, la renuncia de Rodrigo Paz es una posibilidad, pero no es el escenario inmediato, depende de la escalada de la violencia”, precisa Jáuregui.

Ningún sector tiene fuerza suficiente para imponerse plenamente: las movilizaciones son masivas y radicales, pero no se expanden a otras capas sociales, mientras que el Gobierno representa únicamente a las elites y clases medias tradicionales

Luciana Jáuregui — Socióloga

Una escalada que podría emerger de la fragilidad económica. En su más reciente informe de perspectivas económicas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticinó que la economía boliviana reportará en 2026 un crecimiento negativo del -3.3% y una inflación del 20,7%, porcentajes más adversos que los heredados por la gestión del predecesor en la presidencia, Luis Arce.

Mientras los opositores más frontales —como Evo Morales— insisten en pedir su renuncia y la convocatoria de elecciones anticipadas, hay sectores más conservadores que demandan “mano dura” y hasta la puesta en vigencia del “estado de sitio” para pacificar por la fuerza al país. En paralelo, se organizan manifestaciones urbanas en contra del cerco a La Paz que despertaron el temor ante un eventual enfrentamiento civil.

Paz llamó al diálogo y abogó por abrir “corredores humanitarios” para facilitar el abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno hospitalario para La Paz. Tras casi una semana fuera del foco público, el presidente ofreció este miércoles una conferencia de prensa para anunciar un “reordenamiento” de su gabinete y la creación de un consejo social y económico para atender con más eficiencia las demandas de los sectores del occidente del país que se dicen traicionados por su gestión.

Los anuncios del mandatario dejaron sabor a poco a muchos actores políticos, empresariales y sociales. De cara a las protestas aún vigentes en La Paz, Jáuregui advierte que el “Gobierno busca desplazar parcialmente la crisis desde el terreno destituyente hacia el terreno institucional”, en una suerte de “admisión implícita de la legitimidad de las demandas” y con el objetivo de “recuperar la capacidad de iniciativa y dividir a la movilización”.

Repercusión internacional

Mientras el clima interno no ofrece mayores visos de solución más allá del desgaste de las protestas sociales, la crisis boliviana ya se volvió un asunto de preocupación regional. El presidente colombiano, Gustavo Petro, desató una controversia diplomática al insinuar en X que el régimen de Paz no estaría sabiendo canalizar las demandas de la “insurrección popular” boliviana.

En respuesta, el Gobierno boliviano expulsó a la embajadora colombiana en La Paz. En reciprocidad, el Ejecutivo de Petro cesó este miércoles las funciones del encargado de la embajada de Bolivia en Bogotá.

A su vez, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, expresó, también a través de X, su respaldo al Gobierno de Paz y advirtió: “No dejaremos que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”.

Aunque el espaldarazo de EE.UU. puede otorgarle aire en el plano internacional, el Ejecutivo de Paz aún no dio con la fórmula para desinflar la presión social. Y aun de conseguirlo en esta coyuntura, está dejando expuesta una debilidad política que, en criterio de políticos y analistas, puede llevar a su administración a un estado de ingobernabilidad crónica de cara a los más de cuatro años que le restan para cumplir su mandato.

Así lo prevé Jáuregui, para quien la respuesta de Paz a la situación “puede generar una descompresión parcial y temporal del conflicto, pero no resuelve la disputa profunda de distribución de poder y de orientación de la política estatal. De hecho, lo más probable es que la demanda de renuncia no desaparezca, sino que siga funcionando como un horizonte simbólico y mecanismo de presión a lo largo de toda la gestión”.

El expresidente boliviano Evo Morales volvió a arremeter este martes contra el Gobierno de Rodrigo Paz y denunció la existencia de un supuesto “Plan Cóndor 2026” impulsado por Donald Trump y ejecutado, según afirmó, por gobiernos de derecha de la región, entre ellos el de Javier Milei.

A través de un extenso mensaje publicado en redes sociales y en entrevistas radiales concedidas a AM750 y Futurock, el exmandatario boliviano sostuvo que en Bolivia existe una “sublevación del pueblo” contra el programa de reformas impulsado por Paz y acusó al oficialismo de intentar imponer un “Estado neoliberal y neocolonial”.

“Es una sublevación del pueblo de elemento popular”, aseguró Morales en diálogo con AM750. “El pueblo se subleva, a la cabeza el movimiento indígena, para defender la Constitución, los recursos naturales y los servicios básicos”, agregó.

El líder del MAS cuestionó especialmente el paquete de reformas anunciado por el presidente boliviano el pasado 9 de mayo, que incluye modificaciones parciales a la Constitución y proyectos vinculados a hidrocarburos, minería, electricidad e inversiones para intentar atraer capitales en medio de la crisis económica que atraviesa Bolivia.

En paralelo, Morales endureció sus críticas contra la administración argentina. En su publicación, denunció que el gobierno de Milei participa “activamente” de la gestión de Paz y acusó al asesor digital Fernando Cerimedo de impulsar campañas de “guerra sucia” y “criminalización” de dirigentes sociales e indígenas en Bolivia.

También apuntó contra el ministro argentino Federico Sturzenegger, a quien acusó de viajar a La Paz para promover reformas destinadas a “destruir el Estado Plurinacional y reemplazarlo por un Estado neoliberal y neocolonial”.

Uno de los focos centrales de sus denuncias estuvo puesto en los dos aviones Hércules enviados por Argentina a Bolivia durante los últimos días. Mientras el Gobierno boliviano aseguró que los vuelos trasladaban alimentos y ayuda humanitaria hacia ciudades afectadas por bloqueos, Morales afirmó que las aeronaves transportaban “gases lacrimógenos y balines”.

“Los están usando para trasladar militares y policías a La Paz”, sostuvo el expresidente en declaraciones a Futurock. Y añadió: “Rechazo que Argentina, mediante su presidente, ayude a reprimir al pueblo boliviano”.

En su mensaje, Morales comparó la situación actual con el histórico Plan Cóndor implementado durante las dictaduras militares sudamericanas en los años 70 y afirmó que existe una coordinación regional para “perseguir y reprimir” movimientos populares.

Además, vinculó a gobiernos conservadores de América Latina y España, así como al empresario estadounidense Erik Prince —fundador de la firma militar privada Blackwater— con un supuesto operativo internacional para intervenir en Bolivia.

Las protestas contra el gobierno de Paz se mantienen desde hace dos semanas y combinan reclamos salariales, denuncias por desabastecimiento de combustibles y rechazo a las reformas impulsadas por el Ejecutivo. En los últimos días, las manifestaciones derivaron en saqueos y ataques contra edificios públicos e instituciones en La Paz y otras regiones del país.

El oficialismo boliviano acusa a Morales de promover las movilizaciones en un intento de desestabilizar al Gobierno y recuperar centralidad política a seis meses de la asunción de Paz.

CRM

La crisis política y social en Bolivia sumó este lunes un nuevo capítulo de tensión luego de que miles de manifestantes afines al expresidente Evo Morales marcharan hacia el centro de La Paz para exigir la renuncia del mandatario Rodrigo Paz. La movilización derivó en enfrentamientos con la policía y en una fuerte denuncia del Gobierno, que aseguró haber detectado grupos armados infiltrados entre los manifestantes.

La protesta llegó a la capital boliviana tras seis días de caminata desde distintas regiones del altiplano. La denominada “Marcha por la Vida para salvar Bolivia” reunió a sectores campesinos, indígenas y obreros cercanos a Morales y contó además con el respaldo de la Central Obrera Boliviana y de organizaciones sociales de El Alto.

Los manifestantes avanzaron desde la ciudad vecina de El Alto hacia la plaza Murillo, donde se encuentran la sede presidencial y el Parlamento, mientras efectivos policiales y militares desplegaban un amplio operativo de seguridad con carros hidrantes, barricadas y cordones de contención.

“¡Patria o muerte, venceremos!” y “¡Que renuncie!” fueron algunas de las consignas que se escucharon durante la movilización. En paralelo, continúan los bloqueos de rutas que ya llevan casi dos semanas y que provocaron desabastecimiento de alimentos, falta de combustible y problemas de suministro en hospitales.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció este lunes que se identificaron “grupos que han pasado al uso de armas” dentro de las protestas. Según explicó, las autoridades detectaron la participación de integrantes de los llamados “Ponchos Rojos”, una facción campesina aimara considerada radical y conocida por exhibir armamento antiguo durante sus manifestaciones.

El funcionario mostró además un video difundido en redes sociales en el que un grupo de hombres armados gritaba “ahora sí, guerra civil” en una ruta andina. El Gobierno apuntó particularmente contra Bernabé G.P., un exfuncionario del Ministerio de Defensa que actualmente integraría el comité de conflicto de los Ponchos Rojos.

Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, calificó la movilización como “un intento conspirativo” impulsado por Morales para desestabilizar al Ejecutivo y advirtió que las fuerzas de seguridad actuarán contra quienes provoquen daños a edificios públicos o instituciones estatales. “Es una movilización con fines conspirativos, en el límite de la legalidad”, sostuvo el funcionario, quien calculó en más de diez mil personas la cantidad de manifestantes que ingresaron a La Paz.

Mientras tanto, el presidente Paz llegó este lunes por la mañana a la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno boliviano, en medio de un fuerte operativo de seguridad. La plaza Murillo amaneció completamente vallada y bajo custodia policial y militar.

Las protestas se profundizaron durante las últimas semanas por el rechazo de sindicatos y organizaciones sociales a las medidas económicas impulsadas por el Gobierno, entre ellas proyectos de privatización y reformas laborales. El oficialismo acusa a Morales de promover un escenario de caos para forzar una ruptura institucional, algo que el exmandatario niega.

En paralelo, el Ejecutivo intentó abrir una instancia de diálogo con algunos sectores campesinos y organizaciones vecinales, aunque el principal sindicato agrario no participó de la convocatoria oficial.

La Administradora Boliviana de Carreteras informó que continúan activos más de veinte puntos de bloqueo, principalmente en el departamento de La Paz, aunque también persisten cortes en Oruro, Cochabamba y Chuquisaca.

El conflicto atraviesa así su tercera semana consecutiva y amenaza con profundizar aún más la crisis política en Bolivia, en un contexto marcado por la polarización entre el gobierno de Rodrigo Paz y el sector liderado por Evo Morales.

Con información de la agencia EFE