La industria automotriz volvió a mostrar en julio una recuperación partida: vende más al exterior, pero produce menos, coloca muchos menos vehículos en el mercado interno y arrastra a una cadena autopartista que sigue ajustando empleo. El último informe de ADEFA registró una baja de 18% en la producción nacional acumulada en los primeros siete meses del año y una caída de 40,9% en las ventas a concesionarios de vehículos nacionales.

El dato de julio confirmó que la actividad fabril sigue lejos de los niveles de 2025. La producción nacional fue de 31.189 unidades, con una baja de 15,8% frente a junio y de 16,0% contra el mismo mes del año pasado. En el acumulado enero-julio, las terminales produjeron 235.847 vehículos, contra 287.590 en igual período de 2025: son 51.743 unidades menos.

En enero y febrero, la producción ya había caído 30,1% interanual en cada mes. Marzo fue la única excepción, con una mejora mínima de 0,4%. Después volvieron los números negativos: abril cayó 17,5%, mayo 21,5%, junio 13,6% y julio 16,0%. La serie muestra un sector que no logró recomponer el ritmo productivo en lo que va del año.

El golpe es todavía más fuerte cuando se mira el mercado interno de vehículos fabricados en el país. Las ventas a concesionarios de vehículos nacionales fueron 9.461 unidades en julio, contra 18.484 en julio de 2025. La baja interanual fue de 48,8%. En siete meses, el retroceso acumulado llegó al 40,9%: 78.869 unidades en 2026 contra 133.408 en 2025.

Ese dato es el que acerca la estadística automotriz al mundo del trabajo. Menos vehículos nacionales vendidos implican menos presión de demanda sobre terminales, autopartistas, proveedores, logística y concesionarios. La industria automotriz no es sólo la fábrica que ensambla: alrededor de cada unidad producida hay piezas, turnos, transporte, mantenimiento, servicios técnicos y empleo industrial indirecto.

El informe de ADEFA no releva empleo, pero la señal laboral aparece en la cadena autopartista. Un relevamiento de la Unión Industrial Argentina citado por AFAC mostró que, en abril de 2026, el 48,9% de las empresas autopartistas redujo su dotación de personal respecto de marzo; el 40,4% la mantuvo y sólo el 10,6% la aumentó. Además, ante la baja de producción, el 9,4% de las firmas informó que aplicó o prevé aplicar reducción de turnos, el 9,1% adelanto de vacaciones y el 8,8% suspensiones.

La foto de 2026 aparece como continuidad de un retroceso previo. Según AFAC, el sector autopartista perdió 4.100 puestos de trabajo en 2025, una caída del 7,7% frente al año anterior. Ese antecedente no alcanza por sí solo para explicar lo que pasa este año, pero permite leer el dato de abril como parte de una misma secuencia: menos actividad, menos dotación y más medidas defensivas dentro de las fábricas.

El contraste con las exportaciones muestra el carácter incompleto de la mejora. En julio, las exportaciones automotrices subieron 4,5% frente a junio y 28,3% contra julio de 2025. En el acumulado de los primeros siete meses, exportaron 150.270 unidades, apenas 1,6% más que en el mismo período del año pasado. Es una señal positiva, pero no compensa el deterioro productivo ni el desplome de las ventas nacionales.

De hecho, las exportaciones representaron en julio el 75% de la producción mensual y el 63,7% de la producción acumulada. La industria depende cada vez más de colocar unidades afuera mientras el mercado interno sigue debilitado. Esa combinación puede sostener una parte de la actividad, pero no necesariamente alcanza para recomponer turnos, proveedores y empleo en toda la cadena.

Las ventas totales a concesionarios también retrocedieron con fuerza. En julio fueron 34.178 unidades, 22,5% menos que en junio y 31,9% menos que en julio de 2025. En el acumulado anual, la caída fue de 24,9%. La baja abarca tanto automóviles como utilitarios y muestra que el problema no se limita a un segmento puntual.

El único rubro con expansión fuerte es el de vehículos electrificados, aunque todavía sobre una base baja. Las ventas a concesionarios de modelos electrificados de las marcas de ADEFA crecieron 281,5% interanual en julio y acumulan una suba de 1036,5% en siete meses. Pero ese dinamismo convive con una industria general que produce menos y con ventas nacionales en retroceso.

Para los trabajadores, el dato central no está en la sofisticación de un nicho, sino en el nivel general de actividad. La cadena automotriz sigue siendo una de las ramas industriales con mayor capacidad de arrastre: cuando baja la producción, no sólo se resiente la terminal. También sienten el golpe las autopartistas, talleres, transportistas, servicios tercerizados y comercios vinculados al sector.

Por eso el informe de ADEFA, leído junto con los datos de UIA y AFAC, deja una conclusión laboral más amplia que la foto mensual de julio. La industria automotriz no está frenada por completo, pero tampoco muestra una recuperación capaz de ordenar la cadena. Exporta un poco más, produce bastante menos y vende muchos menos vehículos nacionales. En el medio, las autopartistas recortan dotaciones, reducen turnos, adelantan vacaciones o suspenden personal.

La caída de autos nacionales funciona así como un indicador del deterioro industrial. No habla sólo de concesionarios con menos unidades o terminales con menor volumen. Habla de una cadena que venía perdiendo empleo, que en 2026 sigue ajustando personal y que todavía no encuentra en las exportaciones un motor suficiente para recomponer trabajo.

JJD

El salario perdió una de sus funciones más básicas: ordenar el mes. El 66% de los argentinos agota sus ingresos antes o hasta el día 20 y que apenas el 9,3% llega a fin de mes con capacidad de ahorro. El dato permite mirar el deterioro del poder adquisitivo desde una escena cotidiana: el sueldo ya no llega a cubrir el calendario completo.

La encuesta forma parte del Monitor de Opinión Pública de julio de 2026 que realiza la consultora Zentrix, sobre 1.468 casos en todo el país. El informe releva percepciones sobre situación económica, salarios, inflación, empleo y endeudamiento familiar. Su principal conclusión económica es que el malestar dejó de leerse como una etapa transitoria y empieza a aparecer como una forma estable de vivir con restricciones.

El punto más fuerte está en la pregunta por la fecha del mes hasta la que llega cada persona con sus ingresos. El 11,1% responde que llega sólo hasta el día 5; el 12,8%, hasta el día 10; el 22,3%, hasta el día 15; y el 19,8%, hasta el día 20. Sumados, son dos de cada tres encuestados. Del otro lado, 23,8% llega justo a fin de mes y sólo 9,3% puede ahorrar.

El poder adquisitivo se mide mejor en el calendario que en cualquier promedio: cuando el ingreso se termina el día 20, los últimos diez días del mes se financian con recortes, deuda, ayuda familiar, changas o tarjeta.

La presión es todavía más fuerte entre los jóvenes. En la franja de 18 a 39 años, el 85,5% agota sus ingresos antes o hasta el día 20. Apenas el 10,9% llega a fin de mes y sólo el 1,5% puede ahorrar. El informe sintetiza ese corte generacional con una idea clara: los jóvenes no sólo ganan menos, también se quedan sin colchón mucho más temprano.

Esa fragilidad conecta con otro dato del relevamiento: el 61,9% de los encuestados tomó deuda o crédito en los últimos seis meses. Entre los jóvenes, el porcentaje trepa al 77%. La deuda ya no aparece asociada principalmente a la compra de bienes durables o a proyectos de consumo, sino a la administración de la vida cotidiana cuando el ingreso no alcanza.

Cuando se pregunta por el motivo principal del endeudamiento, el 53,7% responde que sus ingresos no alcanzan para cubrir gastos básicos. Otro 23,1% lo atribuye al aumento de tarifas y servicios públicos. La compra de bienes durables queda muy por detrás, con 11,5%. La deuda deja de funcionar como puente hacia un consumo extraordinario y pasa a ocupar el lugar que antes tenía el salario.

El informe también permite distinguir por dónde se endeudan los hogares. El 63,8% dice haber tomado deuda en el sistema formal, como bancos o tarjetas de crédito. Pero el 19,6% recurrió al sistema informal —prestamistas o financieras— y otro 12,9% combinó una parte formal y otra informal. Entre los jóvenes, el uso del circuito informal llega al 35,8%.

Ese dato agrega una capa de precariedad. No se trata sólo de estar endeudado, sino de hacerlo en condiciones más caras, menos reguladas y con menos margen para refinanciar. En la franja que empieza su vida laboral, alquila o intenta independizarse, la falta de ingresos suficientes se combina con una mayor exposición al crédito informal.

La necesidad de sumar ingresos aparece como percepción social extendida. Según el informe, sólo el 7,2% cree que con un empleo o una fuente de ingreso alcanza para llegar a fin de mes en la Argentina. El 42,4% considera que se necesitan dos y el 44,2% cree que hacen falta tres o más. En total, el 86,6% percibe que una sola fuente de ingreso ya no alcanza.

Ese dato dialoga con una transformación del mercado laboral que los trabajadores conocen antes que las estadísticas: más pluriempleo, más changas, más horas, más deuda y menos descanso para cubrir gastos fijos. La frontera entre salario, crédito y segundo ingreso se vuelve cada vez más borrosa.

El informe también muestra una fuerte distancia entre inflación oficial y percepción cotidiana. El 67,1% considera que el dato de inflación publicado por el Indec no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida diaria. Y el 87,4% responde que su salario no le está ganando a la inflación.

Los hogares no consumen el promedio del IPC: pagan alquiler, transporte, comida, servicios, salud, educación, deuda y tarifas. Por eso, aun cuando la inflación mensual desacelera, muchas familias siguen sintiendo que los precios que ordenan su vida aumentan más rápido que sus ingresos.

El dato atraviesa incluso la división política. Entre votantes oficialistas, el 73% reconoce que su salario no le gana a la inflación. Entre votantes opositores, la cifra sube al 97,1%. La lectura sobre el Gobierno puede cambiar, pero la experiencia material del salario insuficiente aparece mucho más compartida.

La ficha técnica del relevamiento aclara que se trata de una encuesta autoadministrada online, con cobertura nacional y muestra no probabilística, por lo que sus resultados deben interpretarse con cautela y en el plano nacional. Aun así, el informe captura una percepción social que aparece de manera consistente en distintos indicadores: ingresos que no llegan, trabajadores que suman ocupaciones y hogares que usan deuda para cubrir lo básico.

La conclusión laboral es más amplia que la crisis de deuda. La deuda es el síntoma. El problema de fondo es que el ingreso principal ya no alcanza para ordenar el mes completo. Cuando el salario se termina antes del día 20, el trabajo deja de garantizar estabilidad y empieza a convivir con una cuenta permanente de sobrevivencia.

JJD

Agosto empieza con una nueva tanda de aumentos sobre gastos que los hogares no pueden esquivar. Desde este sábado 1º suben colectivos, subte, peajes, colegios privados, medicina prepaga, gas y agua. La actualización llega en un escenario de caída del consumo, despidos, suspensiones, cierres de empresas y salarios que siguen obligados a correr detrás de precios que se acumulan mes a mes.

Los incrementos alcanzan tanto servicios públicos como privados. No son consumos excepcionales ni gastos de lujo: transporte para ir a trabajar, cuotas escolares, cobertura de salud, agua, gas y peajes. Para quienes viven de un salario, agosto arranca con más presión sobre el ingreso disponible.

El golpe llega sobre ingresos ya deteriorados. En mayo volvieron a caer en términos reales el salario privado registrado, el salario público y el salario mínimo. Para muchos hogares, el problema no es sólo que suban tarifas y servicios, sino que esos aumentos llegan después de meses de pérdida de poder adquisitivo, endeudamiento y paritarias que apenas intentan empatar la inflación.

El transporte vuelve a estar en el centro del ajuste, según surge de un relevamiento realizado por el diario Ámbito Financiero. Los colectivos que circulan sólo dentro de la Ciudad de Buenos Aires y las líneas que sólo circulan por la provincia de Buenos Aires aumentan 3,9%. La suba surge de la fórmula que combina el último dato de inflación publicado por el Indec —1,9% en junio— con dos puntos porcentuales adicionales.

En la Ciudad, la tarifa mínima de las 31 líneas porteñas pasa a $852,90 para usuarios con SUBE registrada. En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo de las líneas numeradas del 200 en adelante queda en $1.111,19. Las líneas nacionales, en cambio, quedan fuera de este ajuste y conservan por ahora sus tarifas actuales.

El subte porteño también sube 3,9%. El boleto general con SUBE registrada queda en $1.684, mientras que la tarifa sin registrar pasa a $2.541,10. El premetro cuesta $567,35, la tarifa social queda en $567 y el boleto estudiantil en $226. La misma fórmula de actualización mensual rige para los peajes de las autopistas porteñas administradas por AUSA.

Para un trabajador que toma dos colectivos por día, el aumento se multiplica por cada jornada laboral. Para quien combina colectivo, tren o subte, cada tramo suma. El transporte público no es un consumo optativo: es la condición para llegar al empleo, volver a casa, hacer una changa o sostener una segunda actividad.

A los boletos se suman los colegios privados de la provincia de Buenos Aires, que tendrán una suba escalonada de 8,1%: 5,5% en agosto y 2,5% en septiembre. La medida alcanza a unos 1,2 millones de alumnos y ajusta topes arancelarios según nivel educativo y porcentaje de subvención estatal de cada establecimiento.

La medicina prepaga también incorpora aumentos en agosto. Las principales empresas informaron subas que, según el plan y la compañía, llegan hasta 2,9%. OSDE, Avalian, Hospital Italiano y Hospital Alemán aplican incrementos de 1,9%; Swiss Medical, entre 1,8% y 2%; Sancor Salud, entre 1,9% y 2,9%; Galeno, 2,6%; y Omint, hasta 2,9%. En algunos casos, los ajustes también alcanzan copagos.

En gas, el Gobierno pone en marcha un nuevo esquema bimestral para actualizar componentes de la tarifa. La Secretaría de Energía modificó la frecuencia de ajuste de las Diferencias Diarias Acumuladas, el mecanismo que traslada a las facturas variaciones en el precio del gas comprado por las distribuidoras. Hasta ahora se actualizaba por estación; desde agosto pasa a hacerlo cada dos meses.

El agua también sube. Las facturas de AySA aumentan 3% en agosto, según el esquema dispuesto por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento. El tope mensual rige desde mayo y se extiende hasta agosto inclusive. El programa de tarifa social con descuento del 15% para sectores vulnerables se mantiene vigente.

El problema para los hogares trabajadores es la acumulación. Una suba aislada puede parecer menor cuando se compara con el IPC general. Pero cuando en el mismo mes aumentan transporte, salud, educación, agua, gas y peajes, el salario enfrenta una suma de gastos fijos que no siempre se puede recortar. El ingreso no se gasta en el promedio de inflación: se gasta en boletas, boletos, cuotas y servicios.

Ese punto vuelve más frágil el argumento de la desaceleración inflacionaria. El último dato del Indec marcó 1,9% en junio, pero buena parte de los aumentos de agosto igual se ubica por encima de ese número o se encadena con fórmulas de actualización mensual. Además, los gastos fijos vienen creciendo más que el promedio en los últimos meses, como ocurrió con servicios, regulados, vivienda y salud.

Los aumentos llegan cuando el mercado laboral ya muestra señales de deterioro. La caída del consumo golpea a comercios, pymes e industrias; las empresas anuncian suspensiones, recortes o cierres; y las paritarias se negocian en tramos cortos, más como defensa frente a los precios que como mejora real del poder adquisitivo.

Para los trabajadores, la cuenta de agosto no empieza en cero. Llega después de meses de recomposiciones salariales moderadas, endeudamiento familiar, pérdida de poder de compra y más presión sobre empleos formales e informales. Cada aumento de tarifa achica el margen para comida, medicamentos, transporte adicional, deuda o gastos escolares.

El Gobierno y las empresas presentan las actualizaciones como parte de esquemas de costos, regulación o contratos vigentes. Pero en la vida cotidiana, el resultado es más simple: el mes empieza con más gastos obligatorios. Agosto vuelve a mostrar que la inflación puede bajar en el índice general y, al mismo tiempo, seguir golpeando en los precios que organizan la vida diaria de los trabajadores.

JJD

Trabajadores del sector de ciencia y tecnología se movilizan este miércoles desde las 10 al Polo Científico, en rechazo a 379 despidos en el CONICET y 60 cesantías en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La protesta apunta a frenar la salida de becarios posdoctorales cuyos vínculos con el organismo terminan a fin de mes y a denunciar el deterioro de áreas estratégicas del sistema científico argentino.

El reclamo está dirigido al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al presidente del CONICET, Daniel Salamone; y al Directorio del organismo, que se reúne este miércoles. Los trabajadores piden que se habiliten prórrogas para las becas posdoctorales y advierten que, sin esa decisión administrativa y presupuestaria, cientos de investigadores quedarán fuera del sistema.

La movilización vuelve a poner en primer plano la crisis del empleo científico. No se trata sólo de contratos que vencen: detrás de cada beca hay años de formación, equipos de trabajo, proyectos en marcha y líneas de investigación que pueden quedar interrumpidas. En el caso de los becarios posdoctorales, se trata de trabajadores con una trayectoria extensa dentro del organismo, en muchos casos con alrededor de ocho años de antigüedad entre formación doctoral y posdoctoral.

Según los trabajadores, sostener las 379 líneas de investigación afectadas requeriría una partida presupuestaria adicional de entre 2.000 y 3.000 millones de pesos. En términos del presupuesto nacional, plantean, es una suma menor frente al costo de perder investigadores formados durante años con recursos públicos.

La protesta coincide además con el conflicto abierto en la CNEA, donde se denuncian 60 despidos. El organismo atraviesa desde hace semanas reclamos sindicales, medidas de fuerza y cuestionamientos internos por cesantías en áreas sensibles. Para los gremios, el recorte en ciencia y tecnología no sólo afecta puestos de trabajo, sino capacidades estratégicas del Estado.

El caso del CONICET tiene una particularidad: los despidos no aparecen como una ola clásica de telegramas, sino como interrupción de carreras científicas por falta de prórroga. Esa forma vuelve menos visible el recorte, pero no reduce su impacto. Los investigadores pierden continuidad laboral y los equipos pierden personas ya formadas, con conocimiento específico y trabajo acumulado.

Puerto Madryn aparece como uno de los ejemplos más concretos. En el CONICET-CENPAT, tres investigadores en formación quedan sin trabajo este viernes 31 de julio. La ciudad tiene una fuerte presencia científica en relación con su población y concentra investigaciones vinculadas al territorio patagónico, el mar, la biodiversidad y el estudio de las ballenas en Península Valdés.

Ese ejemplo muestra que el ajuste no afecta sólo a laboratorios porteños o a estructuras administrativas. Cuando se corta una carrera científica en lugares como Puerto Madryn, también se debilita la capacidad de producir conocimiento sobre ecosistemas, recursos naturales y problemas locales que no pueden investigarse desde cualquier parte.

Los trabajadores denuncian que no reciben respuestas suficientes de las autoridades. “Prórrogas ya” es la consigna central de la movilización convocada por ATE CONICET Capital y colectivos de ingresantes autoconvocados. La demanda busca evitar que el Directorio deje caer los vínculos sin abrir una salida transitoria para quienes ya forman parte del sistema.

El conflicto se inscribe en una política más amplia de ajuste sobre el empleo público y los organismos científicos. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, los trabajadores del sector denuncian caída presupuestaria, paralización de ingresos, pérdida salarial, despidos y desfinanciamiento de institutos, proyectos y áreas técnicas.

En ciencia, el ajuste tiene un efecto particular: no sólo reduce personal en el presente, sino que puede desarmar capacidades futuras. La formación de un investigador lleva años. Implica becas, dirección académica, equipamiento, publicaciones, trabajo de campo, laboratorios, redes de cooperación y especialización técnica. Cuando ese recorrido se interrumpe, el Estado pierde más que un puesto: pierde inversión acumulada.

La situación también golpea sobre una generación de jóvenes científicos que ya completó estudios de grado, doctorado y posdoctorado, pero encuentra cerrada la posibilidad de continuidad laboral. Para muchos de ellos, la alternativa puede ser abandonar la investigación, migrar al sector privado, cambiar de actividad o buscar oportunidades en el exterior.

Los gremios advierten que ese proceso implica una nueva fuga de capacidades. La ciencia argentina no se vacía sólo cuando se cierran institutos; también se vacía cuando investigadores formados durante años quedan sin lugar en el sistema que los formó.

La movilización al Polo Científico busca presionar antes de que se concrete el vencimiento de las becas. El pedido inmediato es administrativo y presupuestario: prorrogar los vínculos para evitar que 379 trabajadores queden afuera a fin de mes. Pero el reclamo de fondo es más amplio: sostener el empleo científico, garantizar continuidad de líneas de investigación y frenar el deterioro de organismos estratégicos como CONICET y CNEA.

JJD

Los empleados de comercio vuelven a correr detrás de los precios. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios pactó una recomposición salarial de 5,7% para julio, agosto y septiembre, más un bono de $50.000 en dos cuotas, en un acuerdo que apuesta a que la inflación no vuelva a acelerarse como a principios de año.

El entendimiento, informado por Noticias Argentinas, fue firmado por FAECYS con la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales. La recomposición se pagará en tres tramos iguales de 1,9% mensual: julio, agosto y septiembre.

El acuerdo también incluye una suma extraordinaria de $50.000 para trabajadores de todas las categorías, que se abonará en dos cuotas de $25.000, una en julio y otra en agosto. Además, se mantendrá durante este trimestre la suma de $120.000 pactada en la negociación anterior.

La palabra clave es recomposición, no aumento. En la Argentina, las paritarias suelen funcionar como una carrera defensiva contra los precios: buscan evitar que el salario pierda más poder de compra, no necesariamente mejorar los ingresos reales. En este caso, el acuerdo depende de que la inflación mensual se mantenga cerca de los últimos registros y no vuelva a dar un salto.

El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, defendió el entendimiento como resultado de un “diálogo responsable y constructivo” en un contexto económico complejo. “La negociación colectiva sigue siendo la herramienta más valiosa para encontrar soluciones equilibradas que contemplen la realidad de los trabajadores y de las empresas”, señaló.

Cavalieri también apuntó a la situación de la actividad comercial. “Somos conscientes de las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía, particularmente el comercio, donde muchas pymes y comercios de cercanía enfrentan un escenario muy complejo”, sostuvo. Según el dirigente, el objetivo fue “preservar el empleo, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad a la actividad durante los próximos meses”.

El contexto explica la cautela del acuerdo. Comercio es uno de los sectores más expuestos a la caída del consumo: depende del movimiento diario en supermercados, locales, shoppings, mayoristas, comercios de cercanía y servicios. Cuando los hogares recortan gastos, ese ajuste se siente en las ventas, en las horas trabajadas, en las suspensiones y en el empleo.

Pero esa misma crisis también condiciona a los trabajadores mercantiles. La caída del consumo no elimina la necesidad de recomponer salarios: la vuelve más difícil. Los comercios venden menos, las pymes tienen menos margen y los empleados siguen enfrentando alquileres, servicios, transporte, salud y alimentos que pesan cada mes sobre el ingreso.

El problema para los trabajadores mercantiles, como para buena parte de los asalariados, es que el promedio del IPC no siempre refleja el peso de los gastos que más condicionan el bolsillo. En junio, la inflación mensual fue de 1,9%, pero los servicios subieron 2,9%, los regulados 2,3%, salud 2,9% y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 3,3%.

Ese desfasaje se vuelve más claro cuando se mira el primer semestre. Mientras el índice general acumuló 16,8%, los servicios subieron 20,9%, los precios regulados 23% y vivienda 25,1%. Son rubros difíciles de postergar: alquileres, tarifas, transporte, salud, educación, conectividad y otros gastos mensuales que pesan de manera directa sobre el salario.

Por eso, una recomposición de 1,9% mensual puede empatar el último dato general de inflación, pero queda más ajustada cuando se la compara con los gastos fijos. El salario no se gasta en el promedio del IPC: se gasta en la boleta de luz, el alquiler, el colectivo, la prepaga, los medicamentos, internet y la comida.

El bono de $50.000 puede aportar un alivio puntual, pero no modifica la estructura salarial. Al pagarse en dos cuotas, funciona como complemento transitorio y no como mejora permanente del básico. Lo mismo ocurre con las sumas fijas pactadas en acuerdos anteriores: ayudan a sostener ingresos en el corto plazo, pero no siempre consolidan poder adquisitivo hacia adelante.

El acuerdo mercantil confirma una tendencia de las negociaciones salariales en esta etapa: tramos cortos, porcentajes mensuales moderados, sumas fijas y revisión permanente. La lógica es seguir la evolución de los precios sin desbordar la pauta que busca el Gobierno, pero esa estrategia deja a los trabajadores expuestos si la inflación efectiva de los gastos cotidianos vuelve a superar los porcentajes firmados.

La paritaria también muestra el margen estrecho de la negociación colectiva en una economía debilitada. Los gremios intentan evitar una nueva pérdida salarial, mientras las cámaras empresarias advierten por la crisis de actividad y el Gobierno busca sostener una señal de moderación nominal. En el medio quedan los trabajadores, que negocian cada trimestre contra precios que ya acumularon varios meses de ventaja.

Comercio es uno de los sindicatos con mayor cantidad de trabajadores del sector privado. Por eso, cada paritaria mercantil funciona como referencia para otras actividades. La recomposición de 5,7% para el trimestre marca una señal de moderación, pero también muestra el límite de la negociación cuando el salario intenta recuperar terreno en una economía de consumo deprimido.

JJD, con información de NA

Daniel Yofra volvió a reclamar una respuesta sindical más dura frente al gobierno de Javier Milei. El secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros cuestionó la demora de la CGT para sostener un plan de lucha, advirtió que la crisis laboral se expresa ya desde hace tiempo en cierres de empresas, despidos y salarios de pobreza, y pidió no esperar a las elecciones de 2027 para enfrentar la política económica oficial.

“Esto sin lucha no se revierte”, dijo Yofra en una entrevista con Somos Radio AM 530. El dirigente aceitero, uno de los referentes sindicales más críticos de la conducción cegetista, sostuvo que las marchas y paros aislados no alcanzan frente a un gobierno que avanza de manera sostenida contra el empleo, los derechos laborales y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Yofra hizo un balance de la movilización de este miércoles junto a los jubilados, convocada por la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales. Valoró que las centrales hayan vuelto a la calle, pero consideró que la convocatoria debería haber sido mayor frente al deterioro social. “Hubo una convocatoria, la hicieron las centrales. Quisiéramos un poco más. No hubo la cantidad de gente que realmente debería haber en las calles con las problemáticas que hay”, señaló.

El dirigente pidió que ese primer paso tenga continuidad y se extienda a todo el país. “Ojalá que se incremente, se profundice, que se propague por todo el país este tipo de marchas y que sean masivas”, afirmó. También advirtió que la situación de los jubilados no puede resolverse sólo con una movilización de acompañamiento: “No creo que podamos resolver esto haciendo una marcha en apoyo solamente a los jubilados”.

La intervención de Yofra llega en un momento en el que la CGT busca reactivar un plan de lucha contra Milei, con movilizaciones junto a jubilados, las CTA y la UTEP, protestas sectoriales y un posible paro general todavía sin fecha. Para el jefe aceitero, esa reacción aparece tarde frente a una crisis que ya venía desarrollándose.

“Se deben haber dado cuenta de que la gente no da más”, dijo sobre el cambio de actitud de la central obrera. Y agregó: “Cerraron más de 30.000 empresas en el país, hay más de 300.000 trabajadores y trabajadoras desocupadas en estos últimos dos años. Evidentemente hay una problemática que no se vio a tiempo, porque ya venía pasando”.

Yofra atribuyó ese deterioro a un plan económico deliberado. “Obedece a un plan de gobierno y a un plan económico que va a destruir todas las pymes, todas las industrias nacionales, producto de la libre importación y la falta de consumo”, sostuvo. En su lectura, el problema no se reduce a medidas laborales puntuales, sino a una orientación económica favorable a las empresas más concentradas y contraria al trabajo.

El dirigente también cuestionó la estrategia de confiar en gestiones administrativas, presentaciones judiciales o denuncias internacionales como único camino. Recordó que su gremio hizo “tres huelgas” y “cinco marchas en 15 días”, además de llevar una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero insistió en que eso no alcanza si no se sostiene una presión social y sindical en la calle.

“Nosotros no confiamos en que administrativamente podamos resolver o corregir esta situación”, dijo. Y agregó: “Si nosotros no entendemos que tenemos que ir a través de la lucha, a través de las huelgas, de las movilizaciones, y solamente vamos a esperar a las elecciones de 2027, la gente va a estar peor”.

La advertencia más fuerte de Yofra apuntó al riesgo de que la bronca social quede sin conducción. “No sé cómo va a reaccionar la gente, para que nosotros podamos coordinar esa bronca y no que se desate una bronca por falta de representatividad”, planteó. Luego trazó una comparación con la crisis de 2001: “Ojalá que no, porque sabemos cómo termina, sabemos cómo terminó en el 2001, con 38 muertos”.

El jefe aceitero también criticó a la oposición política y al peronismo por sus disputas internas. “La sociedad necesita saber cuál es la otra parte, la propuesta y el programa que tienen para poder salvar este país”, afirmó. Para Yofra, las diferencias entre dirigentes sindicales y políticos aparecen desconectadas de la urgencia social que atraviesan los trabajadores.

“Fijate una persona que cobra menos de 800 mil pesos, que está indigente trabajando o pobre trabajando, y ve las peleas que tienen los políticos, las diferencias que hay entre los sindicalistas. ¿Vos creés que realmente le importa eso?”, preguntó. La frase sintetiza uno de los ejes de su planteo: el deterioro del salario convirtió al trabajo en una condición insuficiente para salir de la pobreza.

La crítica a la CGT no es nueva. En enero, cuando todavía se discutía el avance de la reforma laboral, Yofra ya había reclamado una respuesta inmediata y había anticipado que Aceiteros iría a la huelga si el Congreso trataba la iniciativa. Entonces cuestionó a la conducción cegetista por apostar al diálogo institucional mientras el oficialismo avanzaba sobre derechos laborales.

Ahora, medio año después, su diagnóstico es más amplio. Ya no habla sólo de la reforma laboral, sino de empresas cerradas, despidos, caída del consumo, salarios insuficientes y falta de representación política. También cuestiona la idea de esperar una salida electoral mientras los sectores más vulnerables soportan el ajuste.

“Los tiempos de los más vulnerables no son los mismos tiempos de los dirigentes sindicales y los dirigentes políticos”, sostuvo. Para Yofra, esa distancia obliga a las organizaciones gremiales a acelerar una respuesta. “Tenemos la obligación y la posibilidad histórica de salir a enfrentar a este Gobierno y a todos los gobiernos que quieran avanzar sobre las clases trabajadoras”, afirmó.

El dirigente aceitero también apuntó contra la falta de diálogo entre el Gobierno y la CGT, pero lo vinculó directamente con la ausencia de medidas de fuerza sostenidas. “No tiene ningún tipo de diálogo con la CGT, creo yo, producto de que no hay medida de fuerza”, dijo. Según Yofra, el Gobierno “redobla la apuesta” cada vez que las huelgas aparecen de manera esporádica.

En esa línea, cuestionó la confianza en una negociación que, según él, ya fracasó. “La CGT intentó por todos los medios llegar al Gobierno. Ahora no hay diálogo. El Gobierno avanzó por la reforma laboral y hoy tenemos muchos lugares donde los empresarios la están aplicando”, afirmó.

Yofra cerró con una definición de pertenencia de clase. “Si nosotros seguimos pensando que va a venir alguien de afuera, o un mesías político, estamos equivocados”, dijo. Y agregó que muchos legisladores “nunca trabajaron bajo patrón” o responden a intereses empresarios. “Nosotros tenemos esa responsabilidad de salir a defender a nuestra clase”, concluyó.

JJD

La Asociación Trabajadores del Estado realiza este miércoles un paro y una caravana hacia el Centro Atómico Constituyentes en rechazo a los despidos y al “vaciamiento” de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La movilización fue convocada desde las 9.30 hacia la sede ubicada en avenida General Paz 1.499, en la Ciudad de Buenos Aires.

El gremio reclama la “inmediata reincorporación” de los trabajadores cesanteados la semana pasada y responsabiliza al Gobierno por el crecimiento del conflicto. “Si el Gobierno impulsa una nueva represión, será el exclusivo culpable por cualquier hecho que haya que lamentar”, advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

La protesta ocurre en medio de una escalada del conflicto dentro de uno de los organismos más sensibles del sistema científico y tecnológico argentino. La CNEA es el organismo estatal encargado de desarrollar investigación, tecnología, formación y proyectos vinculados a la energía nuclear, un área estratégica para la soberanía energética, la medicina, la industria y la ciencia aplicada.

El conflicto sindical se profundizó después de los despidos en el organismo. ATE habla de cerca de 100 cesantías en la CNEA y denunció que el recorte afecta áreas claves. En paralelo, el reclamo inmediato del gremio apunta a la reincorporación de 62 trabajadores despedidos la semana pasada.

La medida de fuerza también se produce después de una renuncia significativa dentro de la estructura técnica de la Comisión. Ayer presentó su renuncia Juan Manuel Ranalli, gerente del área de Energía Nuclear de la CNEA. En una nota dirigida al presidente del organismo, Martín Porro, Ranalli comunicó su salida del cargo y agradeció “la confianza depositada” y “el profesionalismo de los equipos de trabajo” que lo acompañaron durante su gestión.

La carta no menciona los motivos de la renuncia. Pero la salida de Ranalli cobra relevancia porque se conoció después de que el funcionario cuestionara los despidos dentro del área. En un organismo de alta especialización técnica, la renuncia de un gerente nuclear en medio de cesantías y protestas confirma el deterioro institucional al que la motosierra con que Javier Milei y su ministro desregulador, Federico Sturzenegger, vienen podando al Estado, inclusive en las áreas más sensibles de la administración, como salud, educación, remedios para los jubilados y discapacidad.

ATE sostiene que los despidos forman parte de una política de ajuste sobre ciencia y tecnología. “Lo que pasa en la Argentina no ocurre en ningún otro país del mundo. Todos los estados desarrollados invierten en ciencia y tecnología, además, planifican su energía nuclear, mientras que acá recortaron el 55% del presupuesto en los organismos específicos y en tan solo dos años y medio expulsaron a cientos de científicos y técnicos altamente especializados”, señaló Aguiar.

El sindicato también apuntó contra las autoridades del organismo. Según ATE, las protestas se replicarán en sedes de la CNEA de todo el país y responden a la falta de respuestas oficiales. En comunicados previos, el gremio había denunciado que las autoridades evitaron el diálogo con los trabajadores y que los despidos alcanzan a personal que cumplía funciones clave.

La discusión no se limita a la cantidad de cesantías. Para los trabajadores estatales, el eje es el impacto de esos recortes sobre capacidades acumuladas durante décadas. En áreas como energía nuclear, la pérdida de personal especializado no se reemplaza de manera inmediata: implica conocimiento técnico, experiencia en proyectos complejos y continuidad de equipos de investigación y desarrollo.

La oposición también cuestionó el recorte. Diputados denunciaron que el vaciamiento de la CNEA y de los centros atómicos implica una afectación de la soberanía nuclear y pidieron la intervención de la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara baja. Según esos planteos, los trabajadores despedidos habían sido evaluados y cumplían funciones desde hace años.

El Gobierno, por su parte, había presentado meses atrás una reestructuración de la CNEA orientada a generar recursos propios y mejorar la eficiencia operativa. El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, cuestionó entonces el funcionamiento histórico del organismo y anunció una reforma integral para orientarlo a resultados.

ATE rechaza ese diagnóstico. Aguiar sostuvo que la CNEA “no genera pérdidas” y que, por el contrario, “es superavitaria”. Para el gremio, no existe una justificación técnica o presupuestaria que explique el recorte y la medida forma parte de una política más amplia de ajuste sobre el empleo público, la investigación científica y los organismos estratégicos del Estado.

La caravana de este miércoles busca visibilizar ese conflicto. No se trata sólo de una pelea por puestos de trabajo, sino de una disputa por el futuro de un área estatal que concentra capacidades científicas difíciles de reconstruir. En la CNEA, cada despido no significa únicamente una baja en la nómina: puede implicar la pérdida de conocimiento acumulado, continuidad técnica y soberanía tecnológica.

JJD

El gobierno de Javier Milei mantiene abierto un frente judicial contra Luis Barrionuevo, uno de los dirigentes sindicales más antiguos del país y exaliado fugaz de La Libertad Avanza durante la campaña presidencial de 2023. La Secretaría de Trabajo no convalidó la conducción del gastronómico al frente de la Unión de Trabajadores Gastronómicos y Hoteleros de la República Argentina (UTHGRA) y acudió a la Corte Suprema para defender esa decisión.

El área que encabeza Julio Cordero no le otorgó a Barrionuevo el certificado de autoridades que necesita para gestionar formalmente el sindicato. La cartera laboral, que depende del Ministerio de Capital Humano, presentó un recurso extraordinario federal contra una sentencia de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había ordenado expedir un certificado provisorio de las autoridades electas en el gremio.

Según el escrito judicial al que accedió Noticias Argentinas, la presentación fue realizada por María Fernanda Penas, abogada de la Secretaría de Trabajo. El planteo sostiene que la cautelar concedida a Barrionuevo vulneró normas procesales y laborales, y busca que la Corte Suprema intervenga para validar la posición del Gobierno.

En la cartera laboral evitaron hacer comentarios públicos sobre el caso. “Está todo judicializado, no vamos a hablar”, respondieron. La definición, de todos modos, marca una señal política: el Gobierno no quiere convalidar por ahora el último proceso electoral que proclamó a Barrionuevo para un nuevo mandato al frente de UTHGRA.

La elección interna del gremio gastronómico quedó cuestionada por sectores opositores, que denunciaron irregularidades en el proceso. Según recogió NA, dirigentes críticos objetaron la cantidad de votantes informada por el barrionuevismo y pusieron como ejemplo el caso de Mar del Plata: afirmaron que en la última elección habrían votado 8.000 personas, cuando en una elección previa, con dos listas, habían sufragado alrededor de 800.

El conflicto también tuvo derivación judicial. El juez Julio Grisolía dejó sin reconocimiento legal a la conducción al no avalar la votación realizada en diciembre último para renovar el mandato hasta 2029. Esa decisión dejó en suspenso la continuidad formal de Barrionuevo, que conduce el gremio gastronómico desde hace más de cuatro décadas y es uno de los nombres más identificables del sindicalismo peronista tradicional.

La historia reciente entre Barrionuevo y Milei

Antes de las elecciones generales de 2023, el jefe gastronómico y el entonces candidato libertario alcanzaron un entendimiento para que el gremio aportara estructura y afiliados a la fiscalización de La Libertad Avanza. En ese momento, Milei buscaba reforzar un punto débil de su armado: el control territorial de los votos.

La relación duró poco. Después de la elección general de octubre, cuando Milei no consiguió ampliar de manera significativa el resultado de las primarias, dentro del campamento libertario empezaron a circular reproches contra Barrionuevo. Dirigentes de La Libertad Avanza lo acusaron de no haber cumplido con lo pactado y de haberlos “traicionado”. El dirigente sindical se desmarcó del espacio y el vínculo quedó roto antes del balotaje.

Ese antecedente no alcanza para explicar por sí solo la decisión actual de la Secretaría de Trabajo, que se presenta como una controversia administrativa y judicial sobre la validez del proceso electoral de UTHGRA. Pero sí agrega contexto: el Gobierno que hoy se niega a convalidar la conducción de Barrionuevo es el mismo espacio político que en 2023 intentó apoyarse en su estructura sindical para fiscalizar una elección presidencial.

Para Milei, la relación con Barrionuevo condensó una de las tensiones de su armado inicial. El libertario llegó a la política nacional con un discurso de confrontación contra la “casta”, pero en la campaña buscó acuerdos con dirigentes de larga trayectoria territorial, incluidos sectores del sindicalismo tradicional. Barrionuevo fue uno de los casos más visibles de esa estrategia: un aliado útil durante unas semanas y un actor incómodo poco después.

Ahora la pelea ya no ocurre en el terreno electoral, sino en el sindical. La falta de certificado de autoridades limita la capacidad formal de la conducción barrionuevista para administrar el gremio y abre un nuevo capítulo en la disputa interna de UTHGRA. La intervención de la Corte Suprema, si finalmente avanza, puede definir si la Secretaría de Trabajo debe extender la certificación provisoria o si queda firme la negativa oficial.

El caso también se inscribe en un momento de mayor tensión entre el Gobierno y distintas organizaciones sindicales. Mientras la administración libertaria impulsa reformas laborales, cuestiona estructuras gremiales tradicionales y sostiene una agenda de desregulación, uno de los jefes sindicales más antiguos del país quedó atrapado en una disputa por el reconocimiento formal de su propia conducción.

JJD

Dos provincias llegan este miércoles con paros docentes y estatales, aunque por conflictos distintos. En Entre Ríos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) convocó a una huelga provincial por el deterioro salarial, la falta de respuestas del gobierno de Rogelio Frigerio y el rechazo a la reforma previsional que se debate en la Legislatura. En Neuquén, ATE y ATEN paran y se movilizan contra el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), que según los gremios implica una baja en las regalías que percibe la provincia.

El paro entrerriano expresa un conflicto que combina salarios y jubilaciones. AGMER denunció que el Ejecutivo provincial no convocó a reanudar la discusión paritaria desde el fracaso de las negociaciones salariales de mayo, cuando el gremio consideró insuficiente la propuesta oficial frente al avance de los precios y la pérdida de poder adquisitivo.

El sindicato docente mayoritario sostuvo que la situación salarial atraviesa un escenario crítico, marcado por el empobrecimiento de los trabajadores, el alto nivel de endeudamiento de activos y jubilados, el pluriempleo y la sobrecarga laboral. El reclamo no se limita al sueldo de bolsillo: apunta también a las condiciones de trabajo y al deterioro de la vida cotidiana de la docencia entrerriana.

La medida de fuerza coincide con el plan de acción de la Multisectorial contra la reforma previsional que impulsa el gobierno provincial. Habrá movilizaciones en distintos puntos de Entre Ríos y el reclamo docente se suma a una resistencia más amplia de estatales, jubilados y organizaciones sociales frente a los cambios propuestos sobre el sistema jubilatorio.

AGMER planteó cuatro demandas principales: convocatoria urgente a discutir salarios, rechazo a la reforma previsional, aumento de las partidas destinadas a comedores escolares y mayor inversión en infraestructura educativa. Para el gremio, la reforma previsional podría profundizar el deterioro económico de trabajadores y jubilados.

ATE Entre Ríos también se incorporó al plan de lucha contra el nuevo régimen jubilatorio. El sindicato participó de la entrega de un petitorio dirigido a legisladores provinciales y reclamó que defiendan la Ley 8732, rechacen cualquier proyecto que lesione derechos previsionales y no trasladen el costo del déficit de la Caja sobre trabajadores y jubilados.

La Defensoría del Pueblo de Paraná y la Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores también fijaron posición sobre la reforma previsional. En una presentación ante comisiones del Senado provincial, advirtieron que una modificación que resuelva sólo los números a costa de derechos ciudadanos “no es una reforma, es un traslado de la carga fiscal hacia los sectores más vulnerables”.

Entre los puntos cuestionados aparecen la edad jubilatoria de 68 años para nuevos aportantes, el impacto de género sobre las mujeres trabajadoras, la modificación de la fórmula para determinar el haber inicial, la declaración de emergencia previsional, la delegación de facultades al Poder Ejecutivo y los aportes solidarios a jubilados en actividad.

En Neuquén, el conflicto tiene otro eje. ATE y ATEN confirmaron un paro provincial de 24 horas para este miércoles, con impacto en el dictado normal de clases. La huelga incluye una movilización a la Legislatura, con concentración prevista entre las 9 y las 10 en el monumento a San Martín y marcha posterior hacia la Ciudad Legislativa.

La medida se realiza en rechazo al proyecto de GNL que la Legislatura analizará este miércoles. Según los sindicatos, la iniciativa implica una baja en las regalías que recibe Neuquén por sus recursos hidrocarburíferos. También se sumarán gremios como Sejun, de judiciales, y Adunc, de la Universidad Nacional del Comahue.

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, explicó que la protesta se realiza “en defensa de nuestra provincia, de nuestra soberanía fiscal y de la autonomía sobre nuestros recursos naturales”. El dirigente cuestionó el esquema de regalías diferenciales previsto en el acuerdo entre la Provincia e YPF y sostuvo: “Queremos que la riqueza de nuestro subsuelo garantice el futuro de nuestros hijos, hijas, nietos y nietas”.

ATEN, el gremio docente neuquino, adhirió a la huelga en defensa de los recursos naturales y contra lo que considera una entrega de la soberanía provincial. La organización precisó que el paro será provincial y se realizará el día en que el proyecto sea tratado en el recinto.

La iniciativa cuestionada busca convertir en ley el acta acuerdo firmada entre la Provincia e YPF para producir gas con destino a exportación en cinco áreas no convencionales ubicadas al norte de la Comarca Petrolera. El convenio establece una regalía diferencial para el gas metano que la petrolera estatal utilizará para producir GNL desde la costa rionegrina.

Según el esquema informado, las alícuotas de regalías oscilarán entre el 7,5% y el 12%, de acuerdo con la evolución de los precios internacionales medidos a través del índice JKM, referencia del mercado asiático.

El proyecto obtuvo despacho en un plenario de comisiones y podría votarse este miércoles, en la anteúltima sesión antes del receso invernal. Representantes de ATE, ATEN, Sejun y otras organizaciones se acercaron previamente a la Legislatura para informarse sobre los detalles del texto y cuestionaron la celeridad con la que se impulsó el tratamiento.

A diferencia de Entre Ríos, donde el eje inmediato es la paritaria docente y la reforma previsional, en Neuquén la protesta se ordena alrededor de los recursos naturales y la capacidad futura del Estado provincial para sostener ingresos. Pero en ambos casos aparece una misma preocupación de fondo: qué parte del ajuste recae sobre trabajadores, jubilados, servicios públicos y financiamiento estatal.

Las dos huelgas ocurren en un contexto nacional marcado por salarios que siguen corriendo detrás de los precios en buena parte del empleo formal, conflictos estatales, debates previsionales y presión sobre las cuentas públicas provinciales. En ese escenario, los paros de Entre Ríos y Neuquén muestran que la conflictividad laboral no se limita al Estado nacional ni a las grandes paritarias: también se juega en las provincias, allí donde salarios, jubilaciones, regalías y servicios públicos se vuelven parte de la misma disputa.

JJD

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, avanzará con nuevos recortes de personal en el Ministerio de Capital Humano. La denuncia se inscribe en una nueva etapa del ajuste estatal del gobierno de Javier Milei, que ya acumuló varias rondas de despidos, no renovaciones de contratos, retiros voluntarios y reestructuraciones en organismos públicos. ATE sostiene que la administración nacional atravesó siete olas de despidos desde el inicio de la gestión libertaria y que ahora el foco vuelve a estar puesto en áreas sensibles de Capital Humano.

Según un despacho de la agencia Noticias Argentinas, Sturzenegger está a cargo del ajuste de trabajadores en las áreas más importantes del Estado y monitorea la situación en cada cartera. Para avanzar con esa poda, utiliza herramientas normativas como el decreto 378/2026, publicado el 22 de mayo.

Ese decreto estableció la necesidad de “efectuar modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los Objetivos de sus áreas dependientes, como así también a la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada Jurisdicción”.

En ATE interpretan que ese texto habilitó una nueva reducción de estructuras dentro del ministerio de Pettovello. Según señalaron al medio que difundió la información, Desregulación eliminó áreas de gestión administrativa de tres secretarías de Capital Humano: Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia.

“Achicaron áreas y al mismo tiempo modificaron la dotación de personal. Los nuevos referentes dijeron que puede haber pases a disponibilidad de miembros de planta permanente en los próximos días”, afirmaron desde el gremio.

El pase a disponibilidad es uno de los mecanismos más sensibles dentro del empleo público porque coloca a trabajadores de planta permanente en una situación de incertidumbre laboral. En el esquema de ajuste estatal del Gobierno, los sindicatos lo leen como un paso previo a posibles cesantías, traslados forzados o pérdida efectiva del puesto.

Durante la conferencia de prensa, los dirigentes de ATE detallarán las próximas acciones gremiales y las presentaciones legales que llevarán adelante para intentar frenar la reestructuración y defender los puestos de trabajo afectados.

Desde ATE apuntaron contra el Gobierno por lo que consideran una doble vara en el trato a los trabajadores estatales. “Mientras el Gobierno niega las denuncias de corrupción y Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal, hay una doble vara con la cual tratan a los trabajadores”, acusaron en el sindicato.

El gremio también anticipó resistencia frente a la disposición oficial, tanto para garantizar los puestos laborales como para reclamar mejoras salariales para el personal del Estado.

El gobierno de Milei presenta la poda como parte de su agenda de “desregulación” y reducción del gasto público. Sturzenegger se convirtió en una de las figuras centrales de ese proceso: interviene en la revisión de estructuras, impulsa reformas administrativas y aparece como uno de los funcionarios encargados de sostener el discurso oficial contra lo que el oficialismo define como exceso de Estado.

JJD, con información de la agencia NA.

El Día del Periodista llega este domingo con un dato que alcanza para medir el estado material del oficio: el 65,6% de los trabajadores y trabajadoras de prensa del AMBA cobró en abril por debajo de la línea de pobreza en su principal empleo. La cifra surge de la Encuesta Integral #SiPreBA2026, respondida durante mayo por 1.014 periodistas, más del 20% de toda la actividad registrada, según informó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires.

El salario neto mediano en el principal empleo en prensa fue de $1.200.000, un 18,4% por debajo de la Canasta Básica Total del Indec, que en abril se ubicó en $1.469.768. El dato mejora frente al 70,48% registrado en 2025, pero sigue muy por encima del 45% relevado en 2023. La mejora parcial no cambia el cuadro de fondo: dos de cada tres periodistas no cubren la canasta de pobreza con su trabajo principal.

La pobreza salarial no se corrige del todo sumando trabajos. El 40,7% de las personas encuestadas quedó por debajo de la línea de pobreza incluso al sumar todos sus ingresos, dentro y fuera de la prensa. Sólo el 6,2% respondió que el sueldo de su principal empleo le alcanza por sí mismo para mantener su nivel de vida. El resto depende de otros ingresos, ajusta gastos o directamente no llega a fin de mes.

El 7 de junio es el Día del Periodista en la Argentina porque ese día, en 1810, Mariano Moreno fundó La Gazeta de Buenos Ayres, considerado el primer periódico de la etapa independentista. La fecha fue establecida en 1938, durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas, en Córdoba, como homenaje al nacimiento de la prensa política argentina y al rol público del periodismo

El informe de Sipreba pone números a una escena triste en las redacciones, las radios, los canales, las agencias, los portales y los medios autogestivos: periodistas con más de un empleo, deudas para comer y/o pagar servicios, trabajos informales para completar ingresos y jornadas extendidas que terminan deteriorando la salud. El 54,4% tiene dos o más empleos remunerados; el 22,7% tiene tres o más. Entre quienes trabajan en más de un lugar, el 86,4% dijo que lo hace porque el sueldo no le alcanza.

La necesidad de buscar otro ingreso no aparece como excepción, sino como método de supervivencia. El 52,2% afirmó haber buscado otro empleo remunerado durante el último mes. Además, el 16,9% hace alguna changa informal para complementar ingresos, en rubros que van desde microemprendimientos y oficios hasta trabajos en plataformas de mensajería o transporte. El periodismo, para una parte grande de quienes lo ejercen, ya no paga una vida de periodista.

La deuda entró de lleno en la encuesta como problema central. El 67,8% recurrió a algún tipo de crédito para cubrir necesidades básicas como alimentos, servicios o alquiler. El 36% usó tarjeta de crédito en cuotas para compras básicas y el 13,3% se endeudó con billeteras virtuales. La mediana del ingreso destinado al pago de deudas fue del 40%. Casi la mitad, el 46%, destina más del 50% de sus ingresos a compromisos financieros.

Ese endeudamiento ya ordena decisiones elementales del hogar. El 24,3% postergó el pago de servicios básicos para priorizar la compra de alimentos.

En la radio, el 86,4% cobró por debajo de la Canasta Básica Total en su principal empleo, con una mediana salarial de $907.500, 38% menos que la línea de pobreza. En la prensa escrita —diarios, portales, agencias y revistas—, el 75,7% quedó por debajo de la canasta. En la televisión, donde suelen sostenerse mejores condiciones de convenio, el 32,4% también cobró menos que la línea de pobreza.

Uno de cada tres trabajadores de prensa televisada dijo que necesita un segundo empleo. Entre quienes tienen un solo trabajo, el informe registró jornadas extendidas de dos o tres horas extras diarias y, muchas veces, un sexto día semanal para llegar a un salario digno.

La precarización golpea con más fuerza a colaboradores y freelance. Entre quienes trabajan bajo esas condiciones, el 80,7% cobra por debajo de la línea de pobreza en su empleo principal en prensa. El 76,7% tiene dos o más empleos remunerados y el 41,7% sostiene tres o más trabajos simultáneos. Entre los colaboradores de prensa escrita, el 60% no recibió ninguna actualización de tarifas en el último semestre.

La formación no garantiza mejores ingresos

El 43,9% de quienes respondieron terminó una carrera universitaria o tiene posgrado completo o incompleto, pero las empresas privadas no pagan adicional por título académico. En una actividad que exige formación permanente, manejo de fuentes, escritura, edición, criterio informativo y capacidad técnica, el título no se transforma necesariamente en salario.

La vivienda agrega otra presión. El 28,2% paga alquiler y el rango más frecuente de gasto mensual, incluidas expensas, va de $700.001 a $1.000.000. Ese monto representa entre el 58% y el 83% del salario mediano del gremio. El dato se cruza con otro gasto sensible: el 93,2% se atiende en el sistema privado de salud, en muchos casos con un costo que se sostiene a fuerza de endeudamiento o recortes en otros consumos.

Las desigualdades de género atraviesan ese cuadro. El 20,4% de mujeres y disidencias declaró cobrar menos que compañeros varones que hacen la misma tarea, mientras que el 43,8% dijo no saberlo, un dato que sugiere que la brecha real podría ser mayor. Las mujeres y disidencias tienen dos o más empleos en el 61,1% de los casos, contra el 50,5% de los varones. Además, el 54,3% de quienes tienen personas a cargo dedica más de seis horas por día a tareas de cuidado, frente al 26,2% de los varones.

La juventud aparece como otro punto crítico. Sólo el 11,1% de las personas encuestadas tiene 30 años o menos, una proporción que viene bajando desde 2023, cuando era del 15%. El 35,2% de los jóvenes trabaja bajo condiciones precarias de contratación, el doble de la media general del gremio. Y el 88,3% de las personas jóvenes cobra por debajo de la línea de pobreza en su principal trabajo en prensa.

Si los ingresos no alcanzan, las tarifas no se actualizan, la precarización se concentra en quienes recién ingresan y los jóvenes buscan otro empleo antes de consolidarse en una redacción, el periodismo pierde capacidad de renovación. No por falta de vocación, sino por falta de condiciones materiales para quedarse

La encuesta también registró el deterioro de la salud laboral. El 22,2% afirmó haber padecido problemas de salud relacionados con el trabajo. Los síntomas más frecuentes fueron tensión e irritación, ambos con 53,4%; alteraciones del sueño, 51,6%; alteraciones del estado de ánimo, 48,9%; y ansiedad, 46,5%. Durante el último año, el 23,5% sufrió reestructuraciones impuestas sin consentimiento, el 22% presiones por contenidos periodísticos y el 18,6% maltrato laboral de jefes.

El 86,8% consideró que la libertad de expresión empeoró durante la gestión de Javier Milei

Uno de cada cuatro trabajadores de prensa afirmó haber sufrido agresiones o amenazas online u offline por ser periodista o trabajar en prensa. Entre las mujeres y disidencias que reportaron agresiones, el 84,6% recibió ataques virtuales. Entre los varones, en cambio, pesaron más las agresiones físicas en coberturas, con gaseos, balas de goma o golpes.

El intento de derogar el Estatuto del Periodista Profesional aparece en ese contexto. El 91,6% se manifestó en contra de la derogación de la norma, sancionada como decreto en 1944 y votada como ley en 1946. La reforma laboral prorrogó su derogación hasta el 31 de diciembre. Frente a eso, Fatpren y los sindicatos de prensa impulsan una actualización que incorpore nuevas modalidades laborales, teletrabajo, inteligencia artificial, protección de la salud psicofísica, perspectiva de género y cobertura ante represión o violencia institucional.

Otro dato que muestra la encuesta de Sipreba es que el 58% dijo que usa la inteligncia artificial para trabajar. En 2023 lo hacía el 8,4%; en 2024, el 23%; y en 2025, el 47%. Entre quienes la incorporaron, el 82,7% la utiliza al menos dos veces por semana y más de la mitad registra un uso diario.

Los motivos de adopción muestran una mezcla de necesidad, adaptación y presión productiva. El 55,5% dijo que la IA le permite eliminar tareas rutinarias o tediosas; el 41,3%, incrementar la eficiencia operativa; y el 41%, experimentar o probar herramientas nuevas. Pero del lado empresario el panorama aparece desordenado: el 42,2% de las empresas no implementó ninguna acción específica, sólo el 33,7% brindó instancias de formación y apenas el 10,2% coordina reuniones periódicas para discutir su uso.

El dato laboral más sensible aparece cuando se mide la productividad. El 25,8% de los periodistas produce más piezas gracias a la IA. En respuestas cualitativas, algunos describieron una aceleración severa: duplicar o incluso triplicar la cantidad de notas por jornada. La herramienta puede aliviar tareas tediosas, pero también puede convertirse en una palanca para exigir más producción con la misma dotación, el mismo salario o menos puestos.

Ahí está la amenaza concreta para el empleo periodístico. Si las empresas usan IA para resumir, titular, transcribir, editar, traducir, corregir, buscar antecedentes, generar borradores o reescribir cables, pueden mejorar procesos y liberar tiempo. También pueden reducir personal, reemplazar tareas, borrar autorías, apropiarse de estilos y convertir la productividad extra en ajuste laboral. La diferencia depende de reglas, negociación sindical, transparencia y supervisión humana.

La propuesta de nuevo Estatuto impulsada por Fatpren y sindicatos de prensa incorpora un artículo sobre IA como herramienta complementaria del trabajo periodístico, que no debe reemplazar tareas ni puestos. También reclama autoría y supervisión humana, reconocimiento de propiedad intelectual sobre estilos, voces e imágenes, transparencia empresarial, compensación económica y capacitación obligatoria con participación sindical.

El teletrabajo completa el mapa de cambios no resueltos. El 53,5% realiza tareas remotas, de manera permanente o híbrida, frente al 69,8% del año anterior. Entre quienes teletrabajan, el 48,7% tuvo que hacer alguna inversión extra para trabajar desde su casa, pero sólo el 24,6% recibe algún pago adicional por infraestructura o conectividad. La ley de Modernización Laboral, la reforma laboral que Milei logró que el Congreso sancionara a fines de febrero de este año, deroga la regulación del teletrabajo desde el 1 de enero de 2027, otro frente abierto para la actividad.

La encuesta también mira a los jubilados, donde el deterioro previsional se vuelve pluriempleo. El 68,8% sigue trabajando en el gremio porque lo que cobra de jubilación no le alcanza. Entre quienes continúan activos, el 38,7% tiene más de un empleo y el 78,9% de ese grupo dijo que lo hace por insuficiencia de recursos. El 35,7% no llega a fin de mes incluso con trabajos por fuera de la jubilación.

El Día del Periodista suele llegar con saludos, placas y frases sobre la importancia social del oficio. La encuesta del SiPreBA obliga a mirar quiénes hacen las noticias, cuánto cobran, cuántos trabajos sostienen, cuánta deuda acumulan, qué costo pagan en salud y qué lugar ocuparán frente a la automatización. Porque periodismo enfrenta una doble presión. Por un lado, salarios que no alcanzan, empresas que precarizan, ataques políticos, violencia en coberturas y un intento de recortar derechos históricos. Por otro, una incorporación acelerada de IA que puede mejorar herramientas de trabajo o convertirse en una excusa para producir más con menos periodistas.

JJD

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) denunció el “desfinanciamiento, desguace y deterioro de la red vial federal impulsado por el Gobierno nacional”, al tiempo que advirtió el “incremento de los riesgos de siniestros viales y sus consecuencias mortales para los usuarios”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los trabajadores agremiados en el STVyARA pidieron a los gobernadores que “no sean cómplices de este gobierno, ni traicionen al pueblo argentino que los eligió para cuidar nuestros recursos”.

“El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), liderado por Graciela Aleñá, lanzó una dura advertencia sobre la situación que atraviesa la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y denunció un proceso de desfinanciamiento, desguace y deterioro de la red vial federal impulsado por el Gobierno nacional”, se indicó en el texto.

A través de un documento, aprobado por los secretarios generales de las seccionales de todo el país, la organización gremial cuestionó la utilización política del organismo y rechazó los avances para concesionar rutas nacionales al sector privado.

Desde el gremio recordaron que la Dirección Nacional de Vialidad, creada por el Decreto Ley 505/58, “es el organismo rector de la red vial federal y cumple un rol estratégico para la integración territorial, la producción, el turismo, la salud y el desarrollo económico del país”.

Sin embargo, advirtieron que, tras más de dos años de gestión del actual gobierno, las rutas nacionales “se encuentran sin mantenimiento, deterioradas y próximamente intransitables”.

En ese sentido, los trabajadores denunciaron que Vialidad Nacional “se encuentra totalmente desfinanciada” debido a la retención de fondos provenientes del impuesto a los combustibles, recursos que, según señalaron, deberían destinarse al “mantenimiento, planificación y construcción de nuestras rutas”.

También mostraron su rechazo a la privatización de rutas. Asimismo, el gremio acusó al Ejecutivo de promover el deterioro de la red vial con el objetivo de justificar futuras concesiones. “El Gobierno busca instalar la idea de que los trabajadores no cumplen con sus tareas para avanzar en la transferencia de rutas a las provincias y a operadores privados”, expresaron.

De esta manera, también rechazaron el decreto 253/26, mediante el cual se habilita la entrega de distintos tramos de rutas nacionales para su concesión, y cuestionaron las medidas que afectan a Vialidad Nacional, entre ellas los retiros involuntarios, el desguace del organismo y el deterioro salarial que sufren sus trabajadores.

Pese a este escenario, Graciela Aleñá destacó que “el personal vial continúa desarrollando sus tareas y manteniendo la infraestructura con recursos limitados. Incluso, en numerosas oportunidades los trabajadores han debido afrontar gastos de su propio bolsillo para garantizar la prestación del servicio”.

Otro de los puntos centrales del documento fue el impacto que la falta de inversión tiene sobre la seguridad vial. Así, la dirigente gremial advirtió que el desfinanciamiento de Vialidad Nacional afecta desde fines de 2023 “la transitabilidad y el estado de las rutas de la red troncal, incrementando los riesgos de siniestros viales y sus consecuencias mortales para los usuarios”.

Finalmente, desde el gremio hicieron un llamado a los gobernadores para que no sean cómplices de este gobierno ni traicionen al pueblo argentino que los eligió para cuidar nuestros recursos. “Rechazamos la utilización política de nuestra repartición con la complicidad de funcionarios, legisladores nacionales y gobernadores”, concluyeron.

Con información de NA.

La paritaria metalúrgica entra en una semana decisiva con la UOM intervenida, sin conducción electa y atravesada por una pelea interna que ya pasó de las urnas a los tribunales. La Justicia anuló la elección de Campana, dejó sin efecto la reelección nacional de Abel Furlán y designó un interventor por 180 días. El fallo golpea al gremio industrial más emblemático del país justo cuando debía concentrar fuerza en la discusión salarial.

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró nulas las elecciones realizadas entre el 2 y el 4 de marzo en la seccional Campana, dejó sin efecto la elección nacional del 18 de marzo y dispuso la intervención judicial del sindicato. El tribunal ordenó el cese inmediato de Furlán y del resto de las autoridades electas, y designó como interventor al abogado Alberto Biglieri, con mandato para convocar a nuevos comicios.

El fallo no fue una observación administrativa ni un reproche menor. Los jueces Víctor Pesino y María Dora González sostuvieron que el proceso electoral en Campana no garantizó una elección confiable, segura ni transparente. La Cámara cuestionó la custodia de las urnas durante tres días, la falta de escrutinios provisorios diarios y el control unilateral por parte de la Junta Electoral local.

El punto más delicado para Furlán aparece en la relación entre Campana y la elección nacional. La seccional era determinante para su continuidad al frente del gremio. Allí se conformó parte del Colegio Electoral que luego participó en la elección nacional de la UOM. Para la Cámara, si ese Colegio Electoral quedó mal integrado, tampoco podía elegir válidamente al secretario general nacional. “Si el Colegio Electoral se encontró deficientemente conformado nunca pudo haber elegido válidamente al Secretario General Nacional”, sostuvo el tribunal.

La controversia no empezó con la intervención. El 18 de marzo, la UOM realizó el congreso nacional en un hotel de San Telmo y proclamó la reelección de Furlán pese a que horas antes la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había suspendido los comicios por las irregularidades denunciadas en Campana. La conducción del sindicato dijo entonces que no había sido notificada de ningún fallo y difundió que Furlán había conseguido 215 votos sobre 270 electores, con apoyo de 48 de las 53 seccionales. Las seccionales Capital, San Nicolás, Villa Constitución, Santa Fe y La Plata votaron en contra.

Ese antecedente volvió ahora como argumento judicial. La Cámara sostuvo que la notificación había sido válida, que la UOM conocía la suspensión y que la organización desoyó la decisión judicial. La reelección nacional quedó atada a una doble impugnación: una elección de base cuestionada en Campana y un congreso realizado pese a una orden de suspensión.

La conducción desplazada respondió con una denuncia política. La UOM calificó la intervención como el “desenlace de una operación política, judicial y empresarial” destinada a disciplinar al gremio, debilitar su capacidad de lucha y garantizar a las empresas salarios más bajos. También remarcó que la medida llega en medio de las negociaciones paritarias para recomponer ingresos después de una pérdida salarial fuerte durante los últimos dos años.

La denuncia sindical tiene un dato que alimenta la sospecha política: la misma Sala VIII que intervino la UOM fue la que en abril restableció la vigencia de la reforma laboral impulsada por Javier Milei, después de la cautelar que había logrado la CGT. La UOM usa ese antecedente para presentar el fallo como parte de una ofensiva contra los gremios más duros. Pero ese señalamiento no borra el contenido del expediente: la Cámara no sólo desplazó a Furlán; describió un proceso electoral sin garantías suficientes dentro de la propia organización metalúrgica.

La intervención deja a la paritaria metalúrgica en una posición más débil. Las cámaras empresarias ya no tienen enfrente a una conducción sindical electa con mandato vigente, sino a un gremio intervenido, con una conducción desplazada, una oposición interna fortalecida y un interventor judicial encargado de ordenar un nuevo proceso electoral. Esa fragilidad mejora el margen de las empresas en la negociación salarial: un sindicato partido negocia con menos fuerza que un sindicato ordenado.

Furlán llega a esa pelea con otro frente abierto. El 18 de marzo, la Agencia Noticias Argentinas informó que la UOM venía de sufrir un allanamiento en su sede nacional por una denuncia contra el dirigente por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita. La causa está vinculada a un contrato que el sindicato firmó con USEM, empresa comandada por María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora y empleada del gremio. La investigación no prueba responsabilidad penal de Furlán, pero suma un elemento sensible a la crisis de legitimidad de su conducción.

El dirigente metalúrgico tampoco puede presentar esa crisis sólo como un ataque externo. Furlán llegó a la conducción nacional en 2022 como recambio frente a Antonio Caló, pero no venía de afuera del aparato metalúrgico. Es más: venía del mismo sector, el peronismo, y más precisamente la facción kirchnerista, porque Caló en su hora formó una CGT disidente en apoyo al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en contra de la denominada CGT Azopardo, que lideraba entonces el camionero Hugo Moyano, que después de ser fiel aliado del matrimonio presidencial Kirchner se pasó a la oposición.

Furlán construyó su poder desde la propia UOM, con base en Zárate-Campana, alineamiento kirchnerista y trayectoria parlamentaria: entre 2015 y 2019 fue diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires del bloque Unidad Ciudadana —la fugaz representación parlamentaria del armado de Fernández de Kirchner para volver como senadora de la Nación, en las elecciones de medio término de la presidencia de su sucesor, Mauricio Macri— y en sus dos últimos años de mandato, ya del nuevo-viejo bloque Frente para la Victoria, que en 2019 paso a llamarse Frente de Todos y en 2023, desgastado, pasó a llamarse Unión por la Patria. En todos los casos, con el PJ como partido troncal y el kirchnerismo como facción dominante.

La intervención lo encuentra en el peor lugar para cualquier jefe sindical: cuestionado por la Justicia, resistido por sectores internos y con una paritaria en marcha.

La disputa interna tiene nombres y territorio. Mundo Gremial describió una fractura entre el bloque que llevó a Furlán a la conducción nacional, sostenido por seccionales del conurbano bonaerense y del interior, y un eje histórico integrado por Capital Federal, San Nicolás y La Plata. En ese grupo aparecen Roberto Bonetti, Naldo Brunelli y Antonio “Nino” Di Tomasso, dirigentes que habían perdido centralidad con el recambio interno pero conservaron capacidad de articulación sindical, política y jurídica.

La misma publicación ubicó al interventor Alberto Biglieri dentro de una trama de vínculos con sectores enfrentados al armado de Furlán, a través del abogado Tomás Calvo, asesor de seccionales como Capital y San Nicolás y con relaciones históricas con espacios del PRO, el radicalismo y Daniel “Tano” Angelici. También incorporó a Julio Cordero, funcionario nacional con pasado en Techint, como un actor señalado por sectores sindicales en la negociación metalúrgica y en el endurecimiento del conflicto salarial.

La intervención reordenó esa interna. La oposición a Furlán ganó una ventaja institucional, la conducción desplazada apuesta a convertir el fallo en una causa común del sindicalismo contra Milei y el resto del movimiento obrero mira el caso como una señal sobre los límites de la autonomía gremial bajo el actual gobierno. La UOM convocó al movimiento obrero a defender al sindicato frente a un modelo económico que, según su comunicado, necesita organizaciones débiles para imponer ajuste y precarización.

La Justicia ya puso fecha para la nueva elección de autoridades

La Cámara justificó la intervención como un remedio extremo ante la nulidad de las elecciones. El tribunal sostuvo que las autoridades desplazadas no podían organizar una nueva elección transparente y que la intervención externa era indispensable para regularizar la situación. También ordenó convocar a nuevos comicios dentro de los 180 días. La UOM no quedó acéfala en términos formales, porque tiene un interventor judicial; quedó sin conducción sindical electa en el momento menos conveniente para sus afiliados.

Ese punto pesa más que la rosca interna. La industria metalúrgica llega golpeada por la caída de la actividad, la apertura importadora, la pérdida de poder adquisitivo y la presión empresaria para contener costos laborales. Una paritaria fuerte necesita conducción reconocida, capacidad de presión y unidad interna. La UOM llega a esa instancia con todo eso en discusión.

Furlán pelea por seguir, pero su margen se achicó. La oposición interna consiguió que la Justicia anulara el proceso que lo había reelegido, el tribunal instaló sospechas graves sobre la transparencia electoral y el sindicato deberá ordenar una nueva elección bajo intervención. La denuncia de operación política y empresaria puede reunir solidaridad sindical, pero no resuelve la pregunta que dejó el fallo: cómo defendió Furlán la democracia interna del gremio que pretendía seguir conduciendo.

El resultado impactará más allá de la UOM. Si Furlán logra transformar la intervención en una ofensiva del Gobierno y las empresas contra el sindicalismo, puede recomponer parte de su autoridad dañada. Si la oposición interna convierte el fallo en una nueva elección bajo control judicial, la conducción metalúrgica puede cambiar de manos. Mientras tanto, los salarios metalúrgicos llegan a la negociación con un gremio debilitado, una interna abierta y empresas que encuentran enfrente a un sindicato menos ordenado que hace una semana.

JJD

Los trabajadores de la salud salen este miércoles a la calle contra el ajuste en hospitales, centros de atención, farmacias y consultorios, y también en los hogares que dependen de la atención pública para conseguir turnos, medicamentos o tratamientos. Desde las 13, organizaciones sociales, sindicatos y personal sanitario marchan al Ministerio de Salud de la Nación en la Marcha Federal en defensa de la salud pública, con movilizaciones también en Rosario, Chaco y Tucumán.

La convocatoria fue promovida por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y plantea que el sistema público atraviesa una situación crítica. El reclamo apunta contra el ajuste del gobierno de Javier Milei, la reducción de programas nacionales, el cierre del Plan Remediar, la caída del presupuesto de PAMI y el encarecimiento de los medicamentos.

El 80% de las obras sociales no cubre, con su recaudación, el Plan Médico Obligatorio y recorta prestaciones, indicaron los organizadores de la movilización. También advirtieron que la mitad de las personas que atiende el sistema público tiene obra social o prepaga.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que la situación del sistema de salud es “muy grave y crítica”. Según declaró, la provincia registra 35% más de internaciones en hospitales públicos y el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva en el conurbano llega al 90%. También sostuvo que más de la mitad de las personas internadas en hospitales tiene obra social, pero utiliza el hospital público por cierres de clínicas o falta de capacidad de atención.

El aumento de la demanda ocurre mientras crece la dificultad para acceder a medicamentos. A través del ahora cerrado Plan Remediar se entregaban medicamentos esenciales a centros de salud. Kreplak, ministro del gobernador peronista Axel Kicillof, sostuvo que la interrupción del programa provoca que uno de cada cuatro jubilados no pueda acceder a tratamientos, con lo cual aparecen más complicaciones, lo que es no solamente contraproducente para el propio paciente sino para el sistema de salud.

El reclamo también apunta al PAMI. Las organizaciones denuncian una caída presupuestaria que afecta prestaciones, tiempos de atención y acceso a medicamentos. En Rosario, gremios nucleados en la CTA Autónoma y la CGT local se suman a la Marcha Nacional por la Salud, con concentración a las 11.30 en Plaza 25 de Mayo y marcha desde las 12 hacia el Nodo de Salud y el PAMI I. Desde SUTEPA alertaron por la caída de transferencias, el impacto en las prestaciones y el agravamiento de las condiciones laborales del sector.

La movilización rosarina también denuncia un recorte de $63.000 millones en partidas destinadas al sistema público de salud. Los gremios señalan el vaciamiento del Remediar, las restricciones en discapacidad, la salida de la OMS, los cambios en residencias nacionales, la medicación de alto costo, el vaciamiento del PAMI y los intentos de modificar la ley de salud mental. A ese listado suman la situación salarial de los trabajadores de la salud y el cuadro crítico del sistema de obras sociales.

Los trabajadores sanitarios llegan a la marcha con salarios presionados por la inflación y jornadas más cargadas por el aumento de pacientes. Médicos, enfermeros, administrativos, residentes, técnicos y personal de apoyo sostienen una demanda que crece por la caída de ingresos de los hogares, la pérdida de empleo formal, el encarecimiento de las prepagas y la pérdida de cobertura real en obras sociales. El hospital público absorbe la crisis social, pero sus trabajadores no reciben más recursos por cada paciente nuevo que llega.

La salud mental también forma parte del reclamo. Según el material de la convocatoria, el presupuesto nacional en salud mental fue de $48 millones anuales.

El Gobierno nacional difundió un comunicado conjunto con ministros de Salud de las jurisdicciones y afirmó su compromiso con el sistema sanitario. El material aportado muestra la publicación del Ministerio de Salud de la Nación, pero no permite leer el contenido completo del comunicado. La convocatoria a la marcha, en cambio, sostiene que los recortes ya afectan programas, hospitales, PAMI, medicamentos y cobertura de obras sociales.

JJD

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional llegan al vencimiento de sus preavisos sin garantías de continuidad laboral y llevan el conflicto a los aeropuertos. Por eso, ATE realiza este viernes una jornada nacional de protesta contra el despido de 140 empleados del organismo y contra el cierre parcial de estaciones meteorológicas que, según el gremio, ya afecta controles nocturnos y puede comprometer la seguridad operativa. El epicentro de la medida es el Aeroparque Jorge Newbery desde las 10.30, con participación de otros gremios aeronáuticos.

La protesta ocurre después de un mes de conciliación obligatoria que, según ATE, no resolvió los reclamos. El sindicato informó que entre los 140 trabajadores alcanzados por los despidos hay 98 empleados de estaciones meteorológicas y 42 de la sede central. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, advirtió que si el Gobierno no garantiza la continuidad laboral y no avanza con los aumentos salariales pautados, la próxima semana habrá un paro nacional.

El conflicto por los despidos ya salió del edificio del SMN y llegó a los aeropuertos porque el trabajo meteorológico forma parte de la seguridad aérea. La medida de este viernes no debería afectar los vuelos, aunque puede causar demoras. ATE anticipó que una huelga posterior tendría otro alcance si no hay una respuesta oficial. El reclamo reúne a trabajadores estatales y a gremios del sector, entre ellos APLA, APA, la CATT, personal de Intercargo y sectores vinculados a la actividad aeronáutica.

El reclamo tiene dos ejes materiales para los trabajadores: continuidad laboral y salarios. ATE sostiene que el Gobierno incumplió acuerdos y que las negociaciones no frenaron la amenaza de cesantías. Aguiar afirmó que no hubo respuestas concretas a las demandas del sector y acusó al Gobierno de repetir incumplimientos. La advertencia sindical llega el mismo día en que vence el mes de preaviso otorgado a los trabajadores que quedarían afuera del organismo.

La discusión laboral también tiene un impacto operativo. Según ATE, ya existen 25 estaciones meteorológicas que funcionan de manera parcial y no realizan controles nocturnos. Ese recorte reduce la capacidad de observación en tiempo real y afecta tareas que no se limitan al pronóstico cotidiano. El SMN produce información para vuelos, alertas tempranas, navegación, actividad agropecuaria y gestión de emergencias.

Menos trabajadores en el Servicio Meteorológico significa menos capacidad para sostener turnos, estaciones y mediciones durante las 24 horas. En abril, empleados del organismo ya habían denunciado que los despidos podían afectar un servicio público que funciona todos los días del año. La protesta de entonces incluyó un paro nacional y un abrazo simbólico en la sede central de Palermo, ante una lista de cesantías que, según ATE y profesionales del organismo, equivalía a más del 30% del plantel.

Desde hace ya varios meses se viene advirtiendo por la pérdida de mediciones nocturnas y por consecuencias sobre el servicio meteorológico aeronáutico. El conflicto actual retoma ese antecedente, pero lo concentra en una tanda concreta de 140 preavisos que vencen este viernes.

Los trabajadores del SMN sostienen tareas especializadas que no se reemplazan de un día para otro. El organismo elabora pronósticos, observaciones, boletines y alertas ante fenómenos que pueden representar riesgos para la población. También abastece de información a sectores que dependen de datos meteorológicos precisos, como la aviación, la navegación, el agro y los sistemas de emergencia.

El sindicato también rechaza el intento oficial de limitar las medidas de fuerza con el argumento de que el SMN sería un servicio esencial. ATE presentó una nota ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo y sostuvo que esa interpretación afecta el derecho constitucional de huelga garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Aguiar acusó al Gobierno de atacar las consecuencias de una protesta en los aeropuertos, pero no las causas del conflicto.

Los trabajadores del Servicio Meteorológico producen datos que permiten anticipar tormentas, inundaciones, olas de calor y condiciones para la operación aérea. La reducción de personal implica menos observación territorial y mayor fragilidad en áreas que requieren continuidad.

ATE anticipó que las protestas crecerán mientras sigan latentes las amenazas de despido y los incumplimientos salariales. La jornada de este viernes funciona como una advertencia antes de una posible huelga de mayor impacto. Si el Gobierno no garantiza la continuidad laboral de los 140 trabajadores alcanzados por los preavisos, el conflicto puede escalar la próxima semana desde los aeropuertos hacia una medida nacional con efecto directo sobre la actividad aérea.

JJD

Los trabajadores del Banco Central y del Banco Hipotecario paran hoy durante las tres últimas horas de atención al público, en una protesta por el cierre de servicios, la reducción de puestos de trabajo y los despidos denunciados por La Bancaria. El conflicto pone en juego empleos bancarios, sucursales y funciones con impacto en distintas regiones del país.

La medida de fuerza alcanza al Banco Central de la República Argentina y al Banco Hipotecario a nivel nacional. El sindicato que conduce Sergio Palazzo convocó el cese de actividades en rechazo a “decisiones arbitrarias e inaceptables” adoptadas por las autoridades de ambas entidades. El gremio ya había realizado una protesta el 27 de abril en los tesoros regionales del BCRA y llevó el reclamo a la Secretaría de Trabajo.

En el Banco Central, La Bancaria cuestiona la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales que funcionan en el país. Según el comunicado del sindicato, esa decisión podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo. Para los bancarios afectados, el cierre de tesorerías regionales implica menos empleo, menos presencia operativa y más incertidumbre laboral en el interior del país.

Las tesorerías regionales cumplen funciones vinculadas con la circulación, distribución y control del dinero físico en distintas zonas del país. El sindicato afirma que su cierre representa un “vaciamiento de funciones esenciales” y advierte que la reducción afectará economías regionales con impacto social. La medida no queda limitada a la estructura interna del BCRA: alcanza a trabajadores, tareas especializadas y servicios que conectan al organismo monetario con distintas provincias.

“Pese a la medida de fuerza realizada el pasado 27 de abril en los tesoros regionales y las instancias formales ante la Secretaría de Trabajo, las autoridades han optado por mantener su posición intransigente, sin voluntad de diálogo ni de revisión de esas políticas. Esta actitud irresponsable profundiza el conflicto y agrava la situación”, dijo La Bancaria en el comunicado.

El sindicato también denunció un deterioro laboral en el Banco Hipotecario. Allí, el reclamo apunta al “cierre sistemático de sucursales” y a la “ejecución de despidos injustificados” en todo el país. La organización rechazó cualquier política de achicamiento que derive en pérdida de puestos de trabajo. En el Hipotecario, la protesta se concentra en la estabilidad de los empleados y en la continuidad de oficinas de atención territorial.

La Bancaria ratificó que mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país. También advirtió que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas si no obtiene “soluciones urgentes y concretas”. El comunicado no precisó qué servicios quedarán afectados más allá de la interrupción prevista durante las tres últimas horas de atención al público en ambas entidades.

El conflicto bancario se suma a una agenda laboral marcada por reclamos contra despidos, cierres de áreas y reducción de presencia estatal. El sindicato busca impedir que el achicamiento en dependencias públicas y entidades financieras derive en pérdida de empleo y degradación de las condiciones de trabajo. La protesta de hoy apunta a frenar decisiones que, según el gremio, trasladan el costo del ajuste sobre trabajadores y trabajadoras.

JJD

Los trabajadores del sector lácteo, los productores regionales y los pueblos que viven alrededor de esa actividad son el eje del reclamo que los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, de Santa Fe y Córdoba, al gobierno de Javier Milei, que enfrenta una caída en su imagen pública por la crisis económica y los casos de corrupción que involucran a sus funcionarios y hasta al corazón mismo el poder: al propio Presidente y a su hermana, Karina, secretaria general de la Presidencia.

Pullaro, radical, y Llaryora, peronista, coincidieron en pedir una agenda orientada a la producción, el empleo, la baja de retenciones, las obras viales y el desarrollo energético, durante la apertura oficial de TodoLáctea 2026, la exposición lechera más grande de América del Sur.

Los mandatarios de dos de las provincias más ricas del país, y que además conforman la principal cuenca lechera del territorio nacional, compartieron el acto en San Francisco, al sur de Córdoba, donde reclamaron que la Nación le dé prioridad al trabajo de los productores regionales.

Pullaro definió a la región integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos como la más productiva de la Argentina y afirmó que sostiene buena parte de la economía nacional. TodoLáctea 2026 funciona como vidriera de ese reclamo. La exposición cursa su quinta edición bajo el lema “Pensar globalmente, actuar localmente y producir sustentablemente”, organizada por el Grupo TodoAgro. Según la información difundida, reúne más de 200 stands comerciales vinculados tanto con la producción primaria como con la industria láctea. Esa composición muestra la amplitud de una cadena que no termina en el tambo: incluye maquinaria, insumos, transporte, procesamiento, servicios y comercio asociado.

El mensaje de los gobernadores buscó unir al campo con el empleo, y al empleo con las condiciones de infraestructura necesarias para producir. Pullaro pidió que el Gobierno nacional termine con las retenciones y sostuvo que las provincias ya avanzaron con bajas impositivas para el campo y la industria. También reclamó la reparación de rutas nacionales y una apuesta al desarrollo energético para que la industria reduzca costos y pueda generar más puestos de trabajo.

El reclamo por las rutas nacionales toca una condición cotidiana del trabajo en la cadena láctea. La leche necesita traslados frecuentes, coordinación entre tambos, plantas y centros de distribución, y una logística que no puede separarse del estado de los caminos.

Llaryora apuntó contra el esquema de retenciones agropecuarias porque, según dijo, le quita competitividad y capacidad de generar empleo al interior productivo. También pidió que los beneficios impositivos alcancen al campo argentino y que los recursos queden en manos de los productores y de los pueblos.

El pedido de ambos gobernadores se completó con otros dos reclamos: por una ley de biocombustibles y por un nuevo RIGI que contemple la baja de retenciones para el sector agropecuario.

La nota laboral del reclamo está en la relación entre producción y condiciones de vida en los pueblos del interior. Cuando una cadena reduce actividad, esto afecta directamente a los trabajadores rurales, a los transportistas, a los talleres, a los comercios, a los profesionales y a las familias que dependen de ese ingreso.

JJD

Los trabajadores del Banco Central y del Banco Hipotecario irán al paro el próximo miércoles 13 de mayo, en una medida que pone en el centro la defensa de puestos de trabajo, sucursales y funciones estatales vinculadas con la vida económica de distintas regiones del país. La Asociación Bancaria convocó a parar durante las tres últimas horas de atención al público en ambas entidades, después de denunciar “decisiones arbitrarias e inaceptables” por parte de sus conducciones.

La medida tendrá como eje el rechazo al cierre de 12 tesorerías regionales del Banco Central sobre un total de 21 que funcionan en la actualidad. Para el sindicato, esa decisión “podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo” y representa “un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales”. El recorte no impacta solo sobre la organización interna del BCRA: afecta empleos concretos y reduce presencia operativa en el interior del país.

La Bancaria ya había realizado el 27 de abril un paro de 24 horas en todas las tesorerías regionales del Banco Central. Según el comunicado gremial, pese a esa medida “las autoridades han optado por mantener su posición intransigente y sin voluntad de diálogo”. El conflicto escala porque el gremio no recibió una respuesta que garantice la continuidad laboral ni el funcionamiento de las áreas cuestionadas.

En el Banco Hipotecario, el sindicato denunció “la ejecución de despidos injustificados y un cierre sistemático de sucursales” a nivel nacional. La organización rechazó “de manera absoluta cualquier política de achicamiento” que deje a los empleados sin sus puestos de trabajo. En ese tramo del reclamo, la disputa se concentra en la estabilidad laboral de los bancarios y en la permanencia de oficinas que también cumplen una función de atención territorial.

“La Asociación Bancaria mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país y advierte que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas, en caso de no tener soluciones urgentes y concretas”, sostuvo el comunicado. El paro del miércoles 13 aparece así como una primera respuesta sectorial dentro de una semana atravesada por conflictos laborales y sociales vinculados con empleo, ingresos y presencia estatal.

Ese cuadro tuvo este jueves 7 de mayo otras expresiones en la calle. Manifestantes del Frente Nacional Piquetero intentaron llegar al Puente Pueyrredón desde avenida Mitre al 400, en Avellaneda, para interrumpir el tránsito vehicular en rechazo a la cancelación del plan Volver al Trabajo. Pasadas las 11, los manifestantes permanecían sobre avenida Mitre, mientras un operativo de Prefectura Naval y Gendarmería impedía el paso hacia el puente. El tránsito vehicular se mantenía con circulación normal.

El reclamo apuntó al mantenimiento del plan Volver al Trabajo, por el cual unos 900.000 beneficiarios perciben 78.000 pesos mensuales. El Estado discontinuó el programa, pero un juez de Campana hizo lugar a una cautelar y emplazó al Gobierno nacional a seguir abonándolo. La administración apeló esa medida. Ante la posibilidad de que la Justicia falle a favor de la decisión inicial de discontinuar el plan, el Frente Nacional Piquetero convocó la protesta hacia el acceso que une la Ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular también realizó este jueves una jornada nacional de protesta por el salario social complementario. La organización, que reúne a los movimientos sociales más grandes del país, convocó movilizaciones en distintas provincias y concentraciones en accesos del Área Metropolitana de Buenos Aires. En el AMBA, la convocatoria incluyó el Puente Pueyrredón, entre Avellaneda y Barracas.

El eje de esa protesta fue el pedido de aumento del salario social complementario. Johana Duarte, secretaria gremial de UTEP, sostuvo en la previa que la organización buscaba defender “el pago del complemento salarial de los más de 900.000 trabajadores de la economía popular” y exigir una actualización urgente de los 78.000 pesos. Para ese universo laboral, el monto mensual define una parte directa del ingreso disponible de los hogares.

La UTEP informó que este miércoles se hizo efectivo el cobro de los haberes correspondientes a mayo del programa Volver al Trabajo. En un comunicado, la organización planteó que, por el límite impuesto por la cautelar judicial y por la presión social, “cientos de miles de trabajadores finalmente cobraron los haberes del VAT correspondientes al mes de mayo”. Aun así, ratificó el estado de alerta y movilización.

El comunicado de la organización afirmó que el intento original del Gobierno nacional de eliminar el programa “amenazaba con empujar a la indigencia a casi un millón de trabajadores y trabajadoras, provocando un colapso en las economías regionales”. Esa definición enlaza el reclamo de la economía popular con el de los bancarios: en ambos casos, los sindicatos y organizaciones advierten sobre el efecto territorial de decisiones que reducen empleo, ingresos o funciones estatales.

ATE también activó una medida de fuerza tras el ajuste del 30% aplicado por el Gobierno en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Según el sindicato, el recorte eliminó cerca de mil servicios y busca desarticular el organismo pese a su rol estratégico. La conducción gremial denunció que el cese de actividades alcanza incluso a unidades que generan ingresos genuinos para el instituto mediante aranceles pagados por empresas privadas.

En el INTI, el conflicto suma otro dato laboral: las autoridades amenazan con la desvinculación de unos 700 empleados, según denunció ATE. La pérdida de servicios, la amenaza de despidos y el cierre de áreas con ingresos propios profundizan el temor entre trabajadores estatales que dependen de esos puestos para sostener sus hogares.

El paro bancario anunciado para el miércoles 13 condensa el punto más visible de esta secuencia. La Bancaria discute cierres de tesorerías, despidos y achicamiento de sucursales. ATE rechaza el ajuste en el INTI y la posible salida de cientos de empleados. UTEP y el Frente Nacional Piquetero reclaman la continuidad y actualización de ingresos de 78.000 pesos para trabajadores de la economía popular y beneficiarios del Volver al Trabajo.

La misma semana reúne conflictos distintos, pero todos pasan por una pregunta material: qué ingreso queda, qué empleo se conserva y qué protección mantiene cada trabajador frente al ajuste. El miércoles próximo, esa disputa tendrá una nueva escala en el Banco Central y en el Banco Hipotecario, cuando los bancarios paralicen las tres últimas horas de atención al público en defensa de puestos de trabajo y funciones que el gremio considera esenciales.

JJD

Con salarios que pierden poder de compra, gastos fijos en alza y una reforma laboral proempresa aún vigente, Omar Maturano redobló la presión sobre la CGT y pidió endurecer la respuesta sindical frente al gobierno de Javier Milei. El secretario general de La Fraternidad reclamó un plenario nacional de gremios y cuestionó una estrategia que distintos sectores sindicales consideran débil y dubitativa.

“Parar también es protestar”, dijo Maturano en una entrevista con Rayos X, por Radio 10. La frase marcó el tono de su intervención. El dirigente ferroviario sostuvo que “me parece poco hacer marchas y no definir un plan de lucha profundo ante lo que se está viviendo” y pidió que la central obrera discuta una respuesta nacional con todos los sindicatos del país.

Maturano no cuestionó la protesta callejera, pero advirtió que las marchas aisladas pueden perder fuerza si no se integran a una estrategia sindical más amplia. “Tantas marchas, la misma gente se cansa”, sostuvo. En su diagnóstico, el problema no es solo la cantidad de movilizaciones, sino la falta de una definición política y gremial sobre cómo enfrentar el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores.

El planteo llega después de un 1º de Mayo atravesado por el malestar social y gremial. Maturano apuntó contra la conducción de la CGT y dijo que “parece que no pasara nada”. También enumeró reclamos concretos: paritarias libres, rechazo a despidos y suspensiones, defensa de la salud pública, de las obras sociales, de la educación y de los jubilados.

Los datos acompañan parte de ese diagnóstico. La inflación acumuló 9,4% en los primeros tres meses del año y el IPC de marzo fue de 3,4%. En el mismo período, la canasta básica total superó $1,4 millones para una familia tipo, con ingresos que siguen sin acompañar la suba de precios.

El salario perdió terreno frente a precios que no se concentran solo en alimentos: alquiler, servicios, transporte y educación ocupan una parte creciente del presupuesto familiar. Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que la inflación acumulada del período, cercana al 209%. El gas natural subió 766%, la electricidad 370% y el agua 366%.

Ese peso sobre los hogares aparece también en el consumo. El Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo registró en marzo una caída interanual del 2,6%, pese a una suba mensual del 0,7%. En el primer trimestre, el consumo acumuló una contracción del 2% respecto del mismo período de 2025. El informe vinculó esa caída con el deterioro del ingreso real de los trabajadores, incluso entre asalariados formales.

Maturano ubicó esa pérdida material en una disputa más amplia. “Para mí es una pelea de clase”, dijo. Según el dirigente, el Gobierno busca retroceder a una Argentina previa a 1943, con “10 por 100 de ricos” y “90 por 100 de pobres”. La lectura del ferroviario enlaza el ajuste económico con una discusión histórica sobre derechos laborales, salario, sindicatos y representación política de los trabajadores.

La Fraternidad es uno de los gremios históricos del país. Fue constituida el 20 de junio de 1887 por maquinistas y fogoneros del Ferrocarril Oeste como sociedad de ayuda mutua. Hoy agrupa principalmente a conductores de trenes y maquinistas ferroviarios. Ese origen aparece en el discurso de Maturano cuando reclama “herramientas de trabajo” y una presencia mayor de los trabajadores en las decisiones políticas.

El secretario general de La Fraternidad también cuestionó que la CGT concentre las definiciones en un grupo reducido de dirigentes. Según dijo, en la reunión del secretariado participan 45 sindicatos, pero en el país existen aproximadamente 252 sindicatos. Por eso propuso convocar “a un plenario de secretarios generales de todo el país” para que cada gremio pueda hablar, opinar, votar y definir cómo enfrentar el modelo económico.

El reclamo interno apunta a cambiar el método de decisión de la CGT: Maturano pide que la respuesta no salga solo del secretariado, sino de un plenario federal de gremios. La propuesta aparece mientras algunos sectores sindicales miran al Frente de Sindicatos Unidos como posible espacio de presión interna, con antecedentes históricos como el MTA durante los años noventa.

La discusión sindical también se cruza con la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La Justicia suspendió provisoriamente 82 artículos tras una presentación de la CGT y abrió una disputa constitucional que continúa en trámite. El planteo de la central obrera cuestionó artículos por considerar que afectan la protección laboral, la libertad sindical, la tutela judicial efectiva, la no discriminación y la progresividad de los derechos sociales.

Maturano no rechaza la vía judicial, pero la considera insuficiente. “No solamente ir a la justicia es la única forma de oponerse a este gobierno”, afirmó. Esa diferencia marca el centro de su crítica: la CGT logró frenar parte de la reforma en tribunales, pero el dirigente reclama que esa estrategia se complemente con medidas gremiales y organización territorial.

El avance judicial tuvo efectos concretos. El juez laboral Raúl Ojeda dispuso la suspensión preventiva de artículos cuestionados mientras continúa el proceso judicial, tras considerar que la aplicación inmediata podría generar efectos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes. En Córdoba, otro tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas, al entender que desnaturalizaba el carácter alimentario del crédito laboral.

El conflicto por la reforma laboral convive con un debate regional sobre tiempo de trabajo. México fijó la jornada máxima en 40 horas semanales con implementación gradual hasta 2030, sin reducción salarial, mientras la Argentina mantiene el límite general de 48 horas. En contraste, la reforma aprobada en el país incorporó el “banco de horas”, cuestionado por sindicatos porque puede alterar la previsibilidad de la jornada y desplazar el pago de horas extra.

Maturano también dirigió sus críticas a la oposición política. Cuestionó al PJ, al radicalismo y al socialismo, y reclamó participación de los trabajadores en la elaboración de listas y programas. “¿Qué estamos pensando en los candidatos si no tenemos un plan cultural, un plan social, un plan político, un plan económico?”, preguntó. Para el dirigente, el movimiento obrero no puede quedar reducido a acompañar candidaturas definidas por otros sectores.

El mensaje de Maturano deja a la CGT ante una presión doble: defender derechos laborales en los tribunales y resolver si transforma el malestar salarial en una medida de fuerza nacional. La pérdida de poder adquisitivo, la caída del consumo, el encarecimiento de la vivienda y la reforma laboral trazan el terreno sobre el que esa discusión sindical ya empezó.

JJD

Los trabajadores llegan al Día del Trabajador con un reclamo que une salario, derechos laborales y costo de vida. La CGT lanzó hace unas semanas la convocatoria a una movilización en Plaza de Mayo para hoy poniendo a los ingresos de las personas, cada vez más hundidos, en el centro de la protesta y un destinatario visible: el gobierno de Javier Milei.

La central obrera pidió marchar con una bandera argentina a partir de las 15 con la consigna “traé tu bandera argentina”.

La marcha coloca al trabajo registrado, el salario justo y los derechos laborales en el centro de la escena sindical. En la convocatoria, la CGT sostiene: “Somos quienes, con nuestra fuerza de trabajo, ponemos en marcha en cada rincón del país el motor de la Argentina”. También afirma que “el salario es dignidad y no variable de ajuste”. La frase ordena el sentido político de la movilización: el conflicto no gira sólo alrededor de una ley o de una disputa judicial, sino de cuánto vale el trabajo en una economía donde los ingresos pierden contra precios que siguen altos.

La central obrera llega a Plaza de Mayo después de una semana con novedades judiciales para la reforma laboral. La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el pedido del Gobierno para que la causa iniciada por la CGT contra la ley pase del fuero laboral al Contencioso Administrativo. Desde la CGT preparan una apelación y sostienen que el conflicto de competencia puede terminar en la Corte Suprema.

Ese expediente define más que un trámite entre fueros. La discusión judicial alcanza la vigencia de la reforma laboral impulsada por Milei. El 30 de marzo, la CGT obtuvo una cautelar que suspendió 82 artículos de la ley hasta que se resolviera su constitucionalidad. Luego, el Gobierno apeló y consiguió dejar sin efecto esa suspensión, aunque la cuestión de fondo sigue sin resolución.

Para la CGT, el fuero laboral debe intervenir porque la reforma modifica relaciones entre empleadores y trabajadores. El Gobierno sostiene que corresponde el Contencioso Administrativo porque la demanda cuestiona una decisión del Estado. La disputa por el tribunal que debe resolver el caso se suma al rechazo sindical a una reforma que toca condiciones de contratación, organización del trabajo y derechos acumulados en convenios y leyes laborales.

La movilización también se monta sobre datos económicos que golpean a los hogares asalariados. En marzo, la inflación fue de 3,4% y acumuló 9,4% en tres meses. En el mismo período, la canasta básica total superó $1,4 millones para una familia tipo. Ese dato marca la distancia entre el costo mínimo de vida y los ingresos de muchos hogares que dependen de un salario.

El consumo muestra la misma tensión sobre el bolsillo. Un informe citado por elDiarioAR registró una caída interanual de 2,6% en marzo, una suba mensual de 0,7% y una baja acumulada de 2% en el primer trimestre de 2026. Cuando el consumo cae, el salario deja de ordenar la vida cotidiana y pasa a administrar recortes.

Los gastos fijos refuerzan ese deterioro. Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres subieron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que el índice general de precios, que avanzó 209%. La suba de vivienda, gas, electricidad y agua achica el margen disponible para alimentación, transporte, salud y educación.

La crianza agrega otra presión sobre los hogares trabajadores. Según datos del Indec citados por elDiarioAR, el costo de criar a un hijo superó los $676.000 en marzo y volvió a subir en todos los tramos de edad. El componente de cuidado fue el más alto. Para una familia con hijos, el salario debe cubrir comida, alquiler, servicios y tareas de cuidado cada vez más caras.

La CGT busca leer esos datos desde una consigna laboral. “Trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores”, escribió la central obrera en la convocatoria difundida para la marcha. La elección de Plaza de Mayo le da al reclamo un destinatario directo: el Gobierno nacional y su política económica. Cuánto alcanza el salario frente a una canasta básica de más de $1,4 millones, alquileres que crecieron 423% desde diciembre de 2023 y un costo de crianza que ya supera los $676.000.

JJD