Un informe del IDECBA muestra que la pobreza multidimensional subió en la Ciudad de Buenos Aires entre 2021 y 2025, aunque durante ese período haya bajado la pobreza medida por ingresos, que es el dato que se conoce con periodicidad. La medición multidimensional registra privaciones concretas que no siempre aparecen en el ingreso: saltearse comidas, reducir porciones, no poder arreglar goteras, postergar tratamientos dentales o no usar transporte público por falta de recursos.

Un hogar puede no ser considerado pobre según la medición monetaria y, aun así, vivir con privaciones concretas: comer menos variado, reducir porciones, no poder arreglar goteras, postergar tratamientos dentales, no tener margen para gastos personales o dejar de usar transporte público por falta de recursos.

Ese es el punto que muestra el nuevo informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) sobre pobreza multidimensional. Según el relevamiento, el 18,8% de los hogares porteños era pobre multidimensional en 2025, frente al 17,5% registrado en 2021. En el mismo período, la pobreza por ingresos bajó de 16,1% a 12,3%.

La diferencia entre ambos datos es central. La pobreza por ingresos mide si un hogar cuenta con recursos monetarios suficientes para cubrir una canasta. Es la medición más habitual, se publica con mayor frecuencia y permite seguir la evolución de ingresos, precios y canastas. Pero no alcanza para describir cómo se vive.

La pobreza multidimensional mira otra cosa: si los hogares pueden acceder efectivamente a bienes, servicios y actividades considerados necesarios para una vida digna. No se pregunta sólo cuánto dinero entra, sino qué parte de la vida cotidiana queda recortada por falta de recursos.

El IDECBA utiliza un método consensual de privación. Esto significa que los bienes, servicios y actividades incluidos en la medición surgen de lo que la propia población de la Ciudad considera necesario para tener un nivel de vida aceptable. A partir de ese criterio, el índice agrupa las privaciones en cinco dimensiones: alimentación, salud y cuidados, vivienda y servicios, equipamiento del hogar, y privación social y educación.

Para que un hogar sea considerado pobre multidimensional, debe presentar privaciones en al menos dos de esas cinco dimensiones. Esa condición es importante porque evita reducir la pobreza a un solo problema aislado. No alcanza con una carencia puntual: el indicador busca captar situaciones donde varias dimensiones del bienestar aparecen afectadas al mismo tiempo.

El resultado permite leer la pobreza de una manera más amplia que la medición monetaria. Un hogar puede superar la línea de pobreza por ingresos y, al mismo tiempo, tener problemas para sostener una alimentación adecuada, arreglar la vivienda, acceder a salud, reemplazar ropa o calzado, usar transporte público o mantener vínculos sociales básicos.

En una ciudad cara, con alquileres, tarifas, transporte, alimentos y servicios en niveles altos, el empleo o el ingreso mensual pueden evitar que un hogar caiga bajo la línea monetaria de pobreza, pero no garantizar todas las condiciones materiales de una vida digna.

El informe muestra que las privaciones crecieron en tres de las cinco dimensiones medidas. La más afectada fue alimentación: la proporción de hogares con carencias en esa dimensión pasó de 22,4% en 2021 a 25,6% en 2025. También aumentaron las privaciones en vivienda y servicios, de 11,2% a 12,1%, y en privación social y educación, de 18,1% a 20,9%.

Los indicadores específicos ayudan a entender qué significa esa pobreza en la vida real. Entre 2021 y 2025 aumentó la proporción de hogares que declararon saltearse comidas, comer menos variado o reducir porciones por falta de recursos. También crecieron las privaciones vinculadas a tratamientos dentales, reparación de goteras, gastos personales, vacaciones, posibilidad de invitar a alguien a comer y uso del transporte público.

No son consumos de lujo. Algunos son básicos, como comer suficiente o trasladarse. Otros parecen menos urgentes, pero también forman parte de una vida integrada: poder invitar a familiares o amigos a comer, hacer pequeños gastos personales o salir de vacaciones alguna vez. La pobreza multidimensional incorpora esos aspectos porque la exclusión no se expresa sólo en la falta de comida o techo, sino también en la pérdida de vínculos, autonomía y participación social.

En los hogares con menores de 18 años, la pobreza multidimensional bajó de 21,9% a 20,6%, pero se mantuvo por encima del promedio general. Allí también crecieron las privaciones vinculadas a alimentación y privación social y educación. En 2025, el 28,5% de los hogares con menores presentaba carencias en alimentación y el 28,4% en privación social y educación.

La desigualdad territorial sigue siendo marcada. La Zona Sur registró en 2025 una pobreza multidimensional de 30,4% de los hogares, muy por encima del promedio de la Ciudad. En la Zona Centro fue de 19,3% y en la Zona Norte, de 6,5%. La brecha muestra que las privaciones no se distribuyen de manera pareja: se concentran más en los barrios donde históricamente se acumulan peores condiciones de vivienda, ingresos, servicios y acceso a oportunidades.

El dato más revelador aparece cuando se cruzan las dos mediciones. En 2021, el 10,2% del total de hogares de la Ciudad era pobre multidimensional, pero no pobre por ingresos. En 2025, esa proporción subió a 12,6%. En hogares con menores, pasó de 7,0% a 9,1%.

Ese grupo es clave para entender los límites de mirar sólo la línea de pobreza. Son hogares que, según sus ingresos, no entran en la pobreza monetaria, pero que acumulan privaciones suficientes para ser considerados pobres desde una mirada multidimensional. La estadística de ingresos puede dejarlos afuera, aunque su vida cotidiana muestre recortes concretos.

El propio informe del IDECBA advierte sobre ese comportamiento dual: baja el núcleo duro de hogares que son pobres por ingresos y también pobres multidimensionales, pero crece la pobreza multidimensional entre hogares no pobres por ingresos.

La pobreza por ingresos sigue siendo un indicador necesario. Permite medir con frecuencia el impacto de precios y salarios sobre los hogares. Pero la pobreza multidimensional muestra una capa que muchas veces queda oculta: la vida que se achica incluso cuando el ingreso parece alcanzar en la estadística.

JJD

La inflación de junio fue de 1,9% y volvió a perforar el piso del 2%, según informó este martes el Indec. El dato confirma una desaceleración del índice general y le da al gobierno de Javier Milei un número para mostrar, pese a que en los primeros seis meses de su tercer año de mandato el IPC acumuló una suba de 16,8%, y la variación interanual llegó al 33,5%.

El promedio, de todas maneras, vuelve a contar sólo una parte de la historia. Para los trabajadores, un salario no se gasta en “IPC”: se gasta en alquiler, luz, gas, transporte, comida, medicamentos, internet, colegio y expensas.

Ese recorte cambia la lectura del dato. En junio, los bienes subieron 1,4%, por debajo del promedio general. Los servicios, en cambio, aumentaron 2,9%. La diferencia se repite en períodos más largos: en el primer semestre, los bienes acumularon 14,8%, pero los servicios subieron 20,9%. En la comparación interanual, la brecha es todavía mayor: 29,4% contra 42,4%.

La inflación mensual, entonces, bajó más por el lado de los bienes que por el lado de los gastos que muchas familias no pueden postergar. Los servicios son justamente una parte cada vez más pesada del presupuesto de los hogares: alquiler, electricidad, gas, agua, transporte, salud, educación, conectividad y otros pagos mensuales que no se resuelven comprando menos unidades en el supermercado.

La división con mayor aumento del mes fue Recreación y cultura, con 4,2%, impulsada por paquetes turísticos. Pero entre los rubros de mayor peso cotidiano también hubo subas superiores al promedio: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 3,3%; Salud, 2,9%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, 2,1%. Transporte subió 1,6% y Educación, 1,7%.

El dato de vivienda es especialmente sensible. Esa división acumula 25,1% en el primer semestre y 47,8% interanual, muy por encima del índice general. En el interior del rubro aparecen aumentos de alquileres, electricidad, gas y otros combustibles. En GBA, Noreste y Patagonia, esa división fue la de mayor incidencia en la inflación mensual, según el propio informe del Indec.

También los precios regulados siguieron corriendo por arriba del promedio. En junio subieron 2,3%, frente al 1,9% del nivel general. En el primer semestre acumularon 23% y en doce meses llegaron al 44,6%. Ese grupo incluye tarifas de servicios públicos, transporte público, combustibles, salud, educación formal, telefonía y otros precios con fuerte peso estatal o impositivo.

El Gobierno suele presentar la baja de la inflación como prueba de ordenamiento económico. Pero para los hogares trabajadores, la discusión central cuánto queda del ingreso después de pagar los gastos fijos. Si el salario se encuentra con servicios que suben más que los bienes, con regulados que aumentan más que el promedio y con vivienda casi 48% arriba en un año, la desaceleración estadística no parecer ser ningún alivio.

Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,3% en junio, por debajo del nivel general. Ese dato ayudó a moderar el IPC del mes. Pero incluso allí hay diferencias importantes en la canasta concreta que llega a la mesa: en GBA, el tomate redondo aumentó 22,5%, la papa 4,8%, la lechuga 4,6%, el pan francés 4,1%, la cebolla 3,9% y los fideos secos tipo guisero 3,4%.

La baja de algunas frutas y carnes compensó parte de esos aumentos. Pero la experiencia de compra de los hogares no siempre se parece al promedio de una división completa. En una familia que consume más verduras, pan, fideos o productos de almacén, la inflación efectiva puede ser más alta que el 1,3% de Alimentos o que el 1,9% del índice general.

La inflación no es lo que parece

El dato oficial sigue medido con una canasta cuya actualización fue postergada. El nuevo IPC, basado en una estructura de consumo más reciente, debía reemplazar a la medición vigente, pero el Gobierno decidió demorar su implementación tras la salida de Marco Lavagna del Indec. Esa discusión no invalida el dato publicado, pero sí vuelve necesario leerlo con cuidado: la forma de medir también define qué peso tienen los gastos que hoy ocupan más lugar en el presupuesto familiar.

Junio dejó, entonces, una doble foto. La inflación general bajó y marcó el registro mensual más bajo del año. Pero los precios que organizan la vida cotidiana de los trabajadores no se comportaron todos igual. Los servicios subieron más que los bienes, los regulados más que el promedio y vivienda volvió a quedar entre los rubros más dinámicos.

Para el Gobierno, el 1,9% puede ser una señal de éxito. Para los trabajadores, la pregunta sigue siendo otra: si el salario alcanza después de pagar los gastos que no se pueden esquivar. En esa cuenta, la inflación puede bajar en el índice general y, al mismo tiempo, seguir pesando donde más duele: en los gastos fijos del mes.

JJD

El Gobierno y las principales consultoras privadas coinciden en que la inflación de junio habría perforado el 2% mensual. El dato oficial se conocerá el 10 de julio, cuando el Indec publique el Índice de Precios al Consumidor, pero las primeras proyecciones ubican la suba entre 1,8% y 1,9%.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, estimó que el costo de vida se ubicará en 1,9%. “Me puedo equivocar y puede ser 2% o 1,8%, pero la tendencia es hacia abajo”, señaló, según un cable de Noticias Argentinas. Las consultoras privadas se mueven en un rango similar: Eco Go y C&T proyectaron 1,9%, mientras que Analytica estimó una variación de 1,8%.

La desaceleración es un dato político relevante para el gobierno de Javier Milei. Después de meses de aumentos más altos, una inflación por debajo del 2% le permitiría mostrar el número mensual más bajo del año y reforzar el relato oficial de ordenamiento macroeconómico. Pero para los trabajadores la discusión no termina en el promedio general.

Si junio cierra en 1,9%, la inflación acumulada del primer semestre quedará cerca del 16,9%. Si el dato fuera 1,8%, rondaría el 16,8%. En ambos casos, el año llegaría a la mitad con una suba de precios muy inferior a la de 2024, pero todavía significativa para salarios que no recompusieron plenamente el poder de compra perdido.

El IPC es un promedio. Esa aclaración parece técnica, pero es central para entender por qué la inflación puede bajar y, al mismo tiempo, el bolsillo seguir bajo presión. Ningún trabajador paga “el promedio” cuando va al supermercado, carga la SUBE, paga la luz, el gas, internet, el alquiler, la prepaga, los remedios o la cuota del colegio. Cada hogar enfrenta una canasta concreta, y esa canasta suele estar más cargada de consumos difíciles de reemplazar.

En mayo, el IPC había sido de 2,1% y acumulaba 14,7% en los primeros cinco meses del año. Pero varios rubros sensibles para los hogares trabajadores habían vuelto a moverse por encima o muy cerca del promedio: Comunicación subió 3,4%, Educación 2,9%, Recreación y cultura 2,8%, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 2,6%, Salud 2,6% y Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,5%.

Ese comportamiento importa porque los gastos más rígidos pesan más en la vida cotidiana. Un hogar puede postergar ropa, electrodomésticos o salidas, pero tiene menos margen para ajustar comida, transporte, servicios, conectividad, alquiler o salud. Por eso una inflación más baja no produce automáticamente alivio si los aumentos se concentran en los consumos que más condicionan el salario.

La diferencia entre el dato oficial y la experiencia cotidiana también se vincula con la forma en que se mide la inflación. El IPC vigente sigue apoyado en una estructura de consumo basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004-2005. Esa canasta quedó vieja frente a los cambios ocurridos en las últimas dos décadas, especialmente en el peso de servicios, vivienda, transporte, conectividad y gastos financieros.

El Indec tenía previsto avanzar en 2026 con una actualización metodológica basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, pero el cambio fue postergado tras la salida de Marco Lavagna del organismo y la decisión del ministro Luis Caputo de demorar la implementación del nuevo índice hasta que la desinflación esté más consolidada.

Una canasta actualizada daría mayor peso a consumos que hoy ocupan una porción más grande del presupuesto familiar. Eso no significa que el dato oficial de junio sea falso, sino que puede resultar menos representativo del gasto real de muchos hogares, especialmente de los que destinan buena parte de sus ingresos a alquileres, tarifas, transporte, telefonía, internet, salud y educación.

El Gobierno mira la inflación como un indicador de éxito macroeconómico. Los trabajadores la miran desde otro lugar: cuánto queda del salario después de pagar lo indispensable. Esa diferencia explica por qué una inflación de 1,8% o 1,9% puede ser celebrada desde el Ministerio de Economía y, al mismo tiempo, sentirse insuficiente en los hogares que vienen de meses de pérdida de ingresos, endeudamiento y recortes de consumo.

La desaceleración de junio, si se confirma, será una novedad favorable para el Gobierno. Pero no borra el acumulado del semestre ni resuelve la brecha entre precios y salarios. Tampoco corrige el problema de una medición que todavía no incorporó plenamente los cambios en la estructura de consumo de los hogares.

JJD

La economía argentina muestra señales que el Gobierno presenta como ordenamiento, desaceleración de la inflación o recomposición gradual. Pero cuando se mira desde el bolsillo de los trabajadores, la foto es menos compra en supermercados, menos venta en mayoristas, que los centros de compras siguen en baja real, que la industria retrocede en ramas intensivas en empleo y que el mercado laboral todavía no ofrece suficiente trabajo de calidad.

El último INDEC Informa, la publicación mensual que compila datos de coyuntura de distintos sectores, permite unir esas piezas. Los ingresos no alcanzan para recomponer el consumo, la producción manufacturera sigue floja y tener empleo no siempre alcanza para dejar de buscar otro trabajo o más horas.

El primer dato aparece en el consumo cotidiano. En abril, las ventas de supermercados a precios constantes cayeron 3,7% frente al mismo mes del año anterior y acumularon una baja de 3,3% en los primeros cuatro meses de 2026. A precios corrientes, en cambio, la facturación subió 21,5%. La diferencia dice mucho: se gastaron más pesos, pero se compró menos en términos reales.

Ese dato vuelve a mostrar el efecto directo de la pérdida de poder adquisitivo. El supermercado es uno de los termómetros más sensibles de la economía familiar porque registra compras básicas, alimentos, bebidas, limpieza, perfumería y productos de uso cotidiano. Cuando las ventas reales caen allí, el ajuste no habla sólo de consumos postergables. Habla de hogares que recortan cantidades, cambian marcas, reducen frecuencia de compra o reemplazan productos.

La caída también apareció en los autoservicios mayoristas, un canal que muchas familias usan para intentar ahorrar, comprar por volumen o estirar el ingreso mensual. En abril, las ventas reales bajaron 5% interanual y acumularon una caída de 3,2% en el año. La facturación nominal subió 19,7%, pero el volumen vendido siguió por debajo del año anterior.

Ese movimiento es especialmente relevante para trabajadores y hogares de ingresos medios y bajos. El mayorista suele funcionar como estrategia defensiva frente a precios altos: comprar paquetes grandes, buscar ofertas, organizar compras familiares o repartir gastos. Si también cae ese canal, la señal es que el problema no está sólo en el consumo aspiracional, sino en la capacidad de sostener compras básicas aun buscando precios más convenientes.

Los centros de compras completan el cuadro. Las ventas a precios constantes cayeron 5,9% interanual en abril, aunque la facturación nominal aumentó 12,6%. El retroceso real fue mayor fuera del Gran Buenos Aires, donde la baja llegó al 6,2%, frente al 5,7% en GBA. Es otro tipo de consumo, más asociado a indumentaria, tecnología, comida fuera del hogar y esparcimiento, pero marca el mismo límite: la mejora nominal no alcanza para recuperar cantidades.

La lectura conjunta es más fuerte que cada dato por separado. Supermercados, mayoristas y shoppings muestran caídas reales al mismo tiempo. Eso impide hablar de una recuperación clara del consumo de los hogares. Puede haber sectores o rubros con mejoras puntuales, pero el cuadro general sigue atravesado por salarios que no recompusieron plenamente el poder de compra y por familias que reorganizan gastos con menos margen.

La industria muestra otro costado del mismo problema. El índice de producción industrial manufacturero cayó 2,8% interanual en abril y acumuló una baja de 2,4% en el año. El dato general ya marca debilidad, pero la apertura por ramas muestra golpes más profundos en sectores con fuerte impacto laboral.

La producción textil cayó 22,2% frente a abril de 2025 y acumuló una baja de 25,5% en el año. Prendas de vestir, cuero y calzado retrocedió 15,9% interanual. Maquinaria y equipo bajó 20,2%. Otros equipos, aparatos e instrumentos cayó 11,4%. Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes retrocedió 10,7%. Industrias metálicas básicas bajó 11,2%.

No todas las ramas cayeron. Sustancias y productos químicos creció 16,7%, refinación de petróleo subió 5,6%, madera, papel, edición e impresión avanzó 4,1% y productos de tabaco aumentó 6,5%. Pero esa heterogeneidad no borra el problema: varias ramas vinculadas al consumo interno, a bienes durables y a cadenas industriales con empleo asalariado siguen en rojo.

El dato de capacidad instalada también ayuda a medir la temperatura. La utilización general de la industria llegó a 59,9% en abril, pero algunos bloques operaron muy por debajo de ese nivel: productos textiles usó 42,4% de su capacidad, productos de caucho y plástico 42,4%, industria automotriz 46,5% y metalmecánica excluida automotriz 42,7%. Menos producción y capacidad ociosa no son conceptos abstractos: implican turnos que no se abren, horas que no se trabajan, proveedores con menos pedidos y trabajadores con menor poder de negociación.

Ahí se conecta el consumo con la actividad productiva. Cuando los hogares compran menos, las empresas venden menos. Cuando venden menos, producen menos. Y cuando producen menos, el empleo se vuelve más frágil. Esa cadena no funciona de manera mecánica ni inmediata, pero sí marca el terreno sobre el que se mueven los trabajadores: menos demanda, más incertidumbre y más presión para aceptar peores condiciones.

El capítulo laboral del mismo informe completa esa fotografía. En el primer trimestre de 2026, la desocupación abierta fue de 7,8%, con una tasa de empleo de 44,8% y una tasa de actividad de 48,6%. El desempleo no explotó, pero mirar sólo ese número deja afuera una parte importante del problema.

La presión sobre el mercado de trabajo alcanzó al 29,6% de la población económicamente activa. Ese indicador incluye a los desocupados, a los ocupados que buscan otro empleo y a quienes no buscan activamente otro puesto pero están disponibles para trabajar más horas. En otras palabras: casi tres de cada diez personas activas no están plenamente resueltas en su situación laboral.

El informe también muestra que el 15,8% de la PEA corresponde a ocupados demandantes de empleo y que la subocupación llegó al 11,1%. Son trabajadores que tienen una ocupación, pero necesitan otra, más horas o mejores ingresos. Esa es una de las claves del momento laboral: el problema no se agota en conseguir trabajo, sino en conseguir un empleo que alcance para vivir.

La informalidad agrega otra capa. El informe de mercado laboral del INDEC mostró que el 44,2% de los ocupados trabaja en condiciones informales. Esa estructura vuelve más débil cualquier recuperación porque una parte enorme del empleo queda sin protección plena, con ingresos más inestables y menor capacidad de negociar salarios.

La suma de los datos deja una conclusión menos optimista que el relato oficial. La inflación desaceleró, pero eso no implica automáticamente una mejora del poder de compra. El consumo real sigue flojo en canales básicos y comerciales. La industria cae en sectores sensibles. El mercado laboral no muestra una crisis abierta de desempleo masivo, pero sí una presión persistente de trabajadores que buscan más o mejor empleo.

La recuperación, si existe, todavía no ordena la vida material de quienes viven de su trabajo. Para un hogar asalariado, la economía no se mide sólo por la variación mensual del IPC o por un promedio general de actividad. Se mide en la compra del supermercado, en la posibilidad de pagar deudas, en las horas de trabajo disponibles, en la estabilidad del empleo y en el margen que queda después de cubrir gastos básicos.

El INDEC Informa de junio permite ver esa trama completa. No muestra una economía paralizada, pero tampoco una recuperación sólida para los trabajadores. Muestra un país donde se factura más porque los precios subieron, pero se compra menos en términos reales; donde algunas ramas industriales crecen, pero varias intensivas en empleo siguen golpeadas; y donde millones de personas tienen trabajo, aunque no siempre el trabajo que necesitan.

JJD

Hace un año viajar a Brasil parecía un negocio redondo para miles de argentinos. Las redes sociales comparaban el precio de un departamento en Florianópolis con una semana en la Costa Atlántica, los vuelos salían llenos y los pasos fronterizos registraban un movimiento que confirmaba una idea repetida hasta el cansancio: con este dólar convenía más salir del país que vacacionar en Argentina.

Doce meses después, esa postal empezó a cambiar. El atraso cambiario sigue funcionando como incentivo para mirar hacia afuera, pero el último informe de Estadísticas de Turismo Internacional del Indec mostró un dato nuevo: el déficit turístico empezó a moderarse. No porque se haya revertido el saldo negativo, sino porque entraron más extranjeros y, sobre todo, porque salieron menos argentinos.

En mayo de 2026 ingresaron al país 379.900 turistas no residentes, un 20,4% más que en el mismo mes del año anterior. En sentido inverso, 661.900 turistas residentes viajaron al exterior, una caída interanual de 12,1%. El resultado siguió siendo deficitario: hubo 282.000 turistas más saliendo de la Argentina que entrando. Pero la comparación con mayo de 2025 muestra un cambio importante. Un año antes habían llegado 315.400 turistas extranjeros y habían viajado al exterior 752.800 argentinos. El saldo negativo había sido de 437.400 turistas.

La diferencia es clara: el rojo turístico se achicó en alrededor de 155.000 turistas en un año. El dato no alcanza para hablar de equilibrio, pero sí muestra una corrección del desequilibrio que marcó buena parte de 2024 y comienzos de 2025.

El cambio más fuerte aparece en el turismo emisivo. En mayo de 2025, las salidas de argentinos al exterior crecían 48,9% interanual. En mayo de 2026, cayeron 12,1%. Pasar de una expansión cercana al 50% a una baja de dos dígitos indica que el boom de viajes al exterior encontró un freno.

Durante varios meses, el precio relativo de muchos destinos externos, especialmente Brasil y Chile, pesó fuerte en las decisiones de consumo de hogares con alguna capacidad de gasto. Viajar afuera aparecía como una oportunidad frente a precios locales muy altos. Pero el tipo de cambio es sólo una parte de la decisión. Para viajar también hacen falta ingresos disponibles, ahorro o crédito.

Ese punto conecta el informe de turismo con otros datos recientes sobre la economía de los hogares. El salario formal todavía no recuperó plenamente poder de compra, la informalidad alcanza a una parte muy amplia del mercado laboral y el crédito empezó a funcionar, para muchos trabajadores, como una extensión del ingreso mensual. En ese contexto, financiar un viaje ya no compite sólo contra otros consumos de ocio: compite contra alquiler, comida, servicios, transporte, deudas previas y cuotas de tarjeta.

Ahí aparece el límite. El dólar todavía puede invitar a viajar; el salario ya no siempre alcanza para hacerlo. Esa tensión ayuda a leer la moderación del déficit turístico: no necesariamente porque el exterior haya dejado de ser conveniente en términos relativos, sino porque una parte de los hogares ya no puede sostener ese consumo con la misma facilidad.

La serie mensual refuerza esa idea. El saldo turístico siguió negativo durante todo 2026, pero fue menos rojo que un año atrás. En enero de 2025 el déficit había sido de alrededor de 1,25 millones de turistas; en enero de 2026 fue de 1,08 millones. En febrero pasó de 1,33 millones a 1,09 millones. En marzo, de 846.000 a 552.000. En abril, de 462.000 a 301.000. Y en mayo, de 437.000 a 282.000.

La tendencia muestra una reducción sostenida del déficit, aunque no por un solo canal. Por un lado, llegan más turistas extranjeros. Por otro, salen menos residentes argentinos. El primer dato puede leerse como una mejora del turismo receptivo. El segundo, en cambio, abre una pregunta más sensible: qué está pasando con la capacidad de consumo de los hogares que hasta hace poco seguían eligiendo el exterior.

Brasil volvió a ocupar un lugar central en esa fotografía. En mayo de 2026 fue el principal origen de turistas extranjeros que llegaron a la Argentina, con 87.200 personas y una participación de 22,9% sobre el total. Le siguieron Uruguay, con 59.600 turistas, y Chile, con 55.100. El turismo receptivo desde países limítrofes explicó el 64,2% de las llegadas.

Del lado de los argentinos que viajaron al exterior, Brasil también fue el destino más elegido, con 137.300 turistas, aunque con una caída interanual de 7,8%. El bloque Resto de América recibió 111.100 turistas residentes argentinos y Chile quedó tercero, con 102.300, pero allí la baja fue mucho más fuerte: 38% menos que en mayo de 2025.

Ese dato ayuda a entender que la corrección no fue pareja. Los argentinos siguieron viajando sobre todo a países de la región, pero el volumen bajó en varios destinos. El turismo emisivo a Chile, que había sido uno de los grandes protagonistas del fenómeno de compras y escapadas por precios relativos, mostró una contracción marcada.

El cambio no borra lo ocurrido durante los meses previos. El atraso cambiario, combinado con precios internos altos, sostuvo durante un tiempo una escena particular: hogares que todavía conservaban margen de consumo encontraban más conveniente cruzar la frontera o tomar un vuelo regional que pagar unas vacaciones locales. El problema es que una ventaja cambiaria no alcanza si el ingreso disponible se achica.

Cuando el salario pierde poder de compra, incluso un viaje relativamente barato deja de ser accesible. No alcanza con que Brasil, Chile o Uruguay parezcan convenientes frente a la Costa Atlántica. Hace falta llegar a fin de mes con margen para pagar pasajes, alojamiento, comida, traslados, compras, seguro, cuotas de tarjeta o gastos en dólares. Si ese margen se estrecha, la decisión cambia.

La caída de las salidas al exterior no prueba por sí sola que todos esos viajes se hayan frustrado por falta de ingresos. Pero en una economía donde los trabajadores recurren cada vez más al financiamiento para sostener gastos corrientes, el turismo es una señal difícil de ignorar. Cuando el crédito ya se usa para completar el mes, endeudarse para viajar se vuelve una decisión mucho más estudiada y menos impulsiva.

El desequilibrio turístico empezó a corregirse. No necesariamente porque la Argentina se haya vuelto más competitiva para sus propios residentes, ni porque el tipo de cambio haya dejado de incentivar viajes al exterior. La novedad parece ser que cada vez más hogares parecen encontrar un límite en sus ingresos para sostener ese consumo.

JJD

Los salarios subieron 3,7% en abril y quedaron por encima de la inflación de 2,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Pero esa mejora no alcanzó por igual al empleo formal: en el acumulado del año, los trabajadores privados registrados y los estatales siguieron detrás de los precios.

El dato general parece positivo. Entre enero y abril, el índice de salarios acumuló una suba de 12,7%, apenas por encima del 12,3% que acumuló la inflación en el mismo período. La diferencia es mínima: cuatro décimas. El problema aparece cuando se abre el promedio y se mira qué pasó con cada sector.

El sector privado registrado, que reúne a los asalariados formales de empresas, acumuló una suba de 10,1% en los primeros cuatro meses del año. Es decir, quedó 2,2 puntos por debajo de la inflación acumulada. El sector público avanzó 12%, casi empatado con los precios, pero también por debajo del IPC. La mejora total quedó explicada, en buena medida, por el salto del sector privado no registrado, que acumuló 19,7%.

Si se mira sólo el índice general, los salarios parecen haberle ganado por poco a la inflación. Si se mira el empleo formal, el resultado cambia: los trabajadores con empleo registrado todavía no lograron recuperar poder de compra en el primer cuatrimestre.

En abril, el movimiento mensual también mostró diferencias. El sector privado registrado subió 4%, el sector público aumentó 2,3% y el sector privado no registrado avanzó 4,7%. El índice total quedó en 3,7%. Frente a una inflación mensual de 2,6%, el sector público volvió a quedar rezagado incluso en el mes en que el promedio salarial general mostró una mejora.

El informe del Indec también permite mirar la comparación interanual. El índice de salarios total subió 36,9% frente a abril de 2025. Pero, otra vez, el promedio escondió una brecha fuerte: el sector privado registrado aumentó 29,3%, el sector público 29,6% y el privado no registrado 69,6%. Frente a una inflación interanual de 32,4% en abril, los asalariados formales privados y estatales quedaron por debajo.

La diferencia con el segmento no registrado debe leerse con cuidado. No se trata de un universo más protegido ni necesariamente mejor remunerado. Al contrario: es el sector más precario del mercado laboral, sin garantías plenas de estabilidad, aportes, cobertura o negociación colectiva. Además, el propio Indec aclara que ese componente se construye con información de la Encuesta Permanente de Hogares y tiene un rezago metodológico de cinco meses.

Eso vuelve más delicada cualquier lectura triunfalista. El dato que empuja hacia arriba el promedio salarial surge del segmento más frágil del mercado laboral, mientras el empleo formal, que debería marcar la zona más estable y protegida, sigue corriendo desde atrás.

La foto dialoga con otro informe reciente del Indec sobre el mercado de trabajo. En el primer trimestre de 2026, la informalidad laboral llegó al 44,2% de los ocupados y alcanzó a casi 6 millones de personas. Ese dato ayuda a entender por qué el promedio salarial puede ser insuficiente para describir la realidad laboral: una parte enorme del empleo argentino se mueve en zonas de menor protección, ingresos inestables y derechos incompletos.

El Gobierno suele presentar la desaceleración de la inflación como la antesala de una recomposición de ingresos. Pero el índice de salarios muestra que esa recuperación todavía no se consolidó para quienes tienen empleo formal. En el sector privado registrado, el avance acumulado de 10,1% quedó lejos del costo de vida. En el sector público, el 12% apenas rozó el IPC, sin revertir el deterioro previo.

La comparación es especialmente sensible para los estatales. El informe desagrega el sector público entre nacional y provincial: en abril, los salarios del subsector público nacional subieron sólo 1,6% mensual, mientras que los provinciales aumentaron 2,5%. En el acumulado del año, el nacional avanzó 10,3% y el provincial 12,5%. También ahí aparece una diferencia interna: los trabajadores del Estado nacional quedaron más atrás que el promedio del sector público.

Ese dato se publica en medio de una ofensiva oficial sobre el empleo estatal: retiros voluntarios, pases a disponibilidad, reestructuraciones y nuevos conflictos con los gremios. El problema no es sólo la cantidad de puestos. También es el valor de esos salarios después de meses de ajuste, paritarias contenidas y pérdida de poder adquisitivo.

La lectura de fondo no pasa por negar la mejora de abril. Los salarios subieron más que los precios en el promedio mensual y el índice total quedó apenas por encima de la inflación acumulada. Pero trabajAR no mira sólo el promedio: mira qué trabajadores ganan, cuáles pierden, qué sectores quedan rezagados y qué parte del mercado laboral sostiene la mejora estadística.

En esa lectura, abril dejó una conclusión precisa: la recuperación salarial existe en el número general, pero no alcanza todavía al núcleo formal del empleo. Privados registrados y estatales siguieron por debajo de la inflación acumulada, mientras el segmento no registrado empujó el promedio desde una zona laboral más precaria.

La discusión, entonces, no es si los salarios subieron. Subieron. La pregunta es si esa suba recompone poder de compra y si llega a los trabajadores con empleo formal, aportes y derechos. El informe del Indec muestra que, en los primeros cuatro meses de 2026, esa respuesta todavía es insuficiente.

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El mercado laboral argentino no mostró una explosión del desempleo abierto en el primer trimestre de 2026, pero sí dejó —otra vez— una señal de época: en esta Argentina libertaria tener trabajo no alcanza necesariamente para tener estabilidad, derechos ni ingresos suficientes. La desocupación se ubicó en 7,8%, sin cambios estadísticamente significativos frente al mismo período del año anterior, pero la informalidad, la subocupación y la búsqueda de otro empleo expusieron un deterioro más silencioso.

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), mostró que en los 31 aglomerados urbanos hubo 13,5 millones de personas ocupadas y 1,1 millones desocupadas durante el primer trimestre del año. La tasa de empleo fue de 44,8% y la tasa de actividad llegó a 48,6%.

El dato que mejor muestra la fragilidad del mercado laboral no está sólo en la desocupación. Está en la presión sobre el empleo. Según el Indec, el 29,6% de la población económicamente activa estuvo desocupada, tuvo trabajo pero buscó otro, o no buscó activamente pero estuvo disponible para trabajar más horas. En números, eso equivale a unos 4,3 millones de personas.

Es decir que el ingreso laboral no alcanza, el empleo disponible no siempre es suficiente y una parte importante de quienes trabajan sigue presionando sobre el mercado porque necesita otra ocupación o más horas pagas.

La desocupación abierta alcanzó al 7,8% de la población económicamente activa. Son personas que no tenían ocupación, buscaban trabajo activamente y estaban disponibles para trabajar. En términos absolutos, el informe estimó 1.145.000 desocupados en los 31 aglomerados relevados.

A ese universo se suman 2.316.000 ocupados demandantes de empleo. Son trabajadores que ya tienen un puesto, pero buscan otro. El dato es clave porque rompe una lectura demasiado simple del mercado laboral: estar ocupado no significa necesariamente estar conforme con el ingreso, la jornada, la estabilidad o las condiciones de trabajo.

El informe también registró 1.629.000 subocupados. Se trata de personas que trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestas a trabajar más. Dentro de ese grupo, la subocupación total llegó al 11,1% y tuvo una suba interanual estadísticamente significativa de 1,1 puntos porcentuales. No es desempleo abierto, pero sí una forma concreta de insuficiencia laboral: personas que tienen empleo, aunque no la cantidad de trabajo que necesitan.

Sube el trabajo en negro

La informalidad fue otro de los puntos más fuertes del informe. El Indec estimó que el 44,2% de los ocupados tuvo un empleo informal durante el primer trimestre. La suba fue de 2,2 puntos frente al mismo período del año anterior y también resultó estadísticamente significativa. En números, casi 6 millones de trabajadores se desempeñaron en condiciones de informalidad.

La diferencia con el empleo formal no es menor. Un empleo informal suele implicar falta de aportes jubilatorios, menor protección frente al despido, más dificultad para acceder a obra social, crédito o licencias, y menos herramientas para negociar salarios. En una economía con precios todavía en alza y salarios que venían perdiendo poder adquisitivo, esa precariedad vuelve más difícil sostener gastos básicos.

El informe muestra que, dentro de la población ocupada, el 71,8% fue asalariado y el 28,2% no asalariado. Entre los asalariados, el 37,9% no tuvo descuento jubilatorio. Ese dato permite ver una parte de la informalidad más extendida: trabajadores bajo relación salarial de hecho, pero sin los derechos que deberían acompañar esa relación.

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Un solo hijo o hija de entre 6 y 12 años demandó en mayo $665.950 por mes en la Argentina, es decir casi 460 dólares al tipo de cambio minorista del Banco Nación de este martes. En el mismo mes, el salario mínimo fue de $363.000, menos de 250 dólares. Es decir que para cubrir la canasta de crianza más alta hizo falta casi 1,8 salario mínimo, sin contar alquiler, servicios, transporte, comida, salud y el resto de los gastos de un hogar.

El dato surge del último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre la valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. El indicador mide cuánto cuesta sostener a niños y niñas de hasta 12 años y combina dos componentes: el valor de los bienes y servicios necesarios para la vida cotidiana y el costo del tiempo de cuidado.

La canasta más alta correspondió al tramo de 6 a 12 años, con $665.950 mensuales. Le siguieron los niños y niñas de 1 a 3 años, con $620.125. Para el grupo de 4 a 5 años, el valor fue de $529.756, mientras que criar a un bebé menor de un año demandó $520.569.

La cifra cambia según la edad, pero el problema se repite en todos los casos: ningún tramo de crianza queda cerca de los ingresos más bajos del mercado laboral. El salario mínimo de mayo alcanzó apenas para cubrir el 54,5% de la canasta más cara. Dicho de otro modo: un trabajador que cobró el mínimo no llegó ni siquiera a cubrir el costo mensual estimado por el Indec para criar a un solo hijo de 6 a 12 años.

El desfasaje también aparece cuando se mira la Asignación Universal por Hijo (AUH), uno de los principales programas de transferencia de ingresos para hogares con niños y niñas. En mayo, la AUH fue de $141.286 por hijo. Incluso si se toma el monto total, cubrió apenas el 21% de la canasta más alta. Como el pago mensual efectivo es del 80% y el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la libreta, el ingreso directo fue todavía menor: alrededor del 17% de ese costo.

El informe vuelve a mostrar que criar no es sólo comprar alimentos, ropa, útiles, medicamentos o pagar transporte. También implica tiempo. Y ese tiempo tiene un valor económico, aunque en la mayoría de los hogares no aparezca en ningún recibo de sueldo.

En mayo, el costo del cuidado fue de $350.809 para menores de 1 año y de $400.925 para niños y niñas de 1 a 3 años. En esos primeros años de vida, el cuidado representó casi dos tercios del costo total de la crianza. Para el grupo de 4 a 5 años, el costo del cuidado fue de $250.578, y para el tramo de 6 a 12 años, de $319.628.

Ese componente se calcula a partir de las horas mensuales de cuidado requeridas para cada edad y de la remuneración del personal de casas particulares en la categoría “asistencia y cuidado de personas”. Según el Indec, un bebé menor de un año requiere 147 horas mensuales de cuidado; un niño o niña de 1 a 3 años, 168 horas; el grupo de 4 a 5 años, 105 horas; y el tramo de 6 a 12 años, 84 horas.

La estructura de la canasta muestra una tensión central para las familias trabajadoras. En los primeros años, el costo más alto no está en los bienes y servicios, sino en el tiempo humano necesario para cuidar. En el tramo de 1 a 3 años, por ejemplo, los bienes y servicios costaron $219.200, pero el cuidado ascendió a $400.925. El trabajo que sostiene la crianza vale más que el consumo, pero sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres y continúa mal reconocido por el mercado y por el Estado.

La situación cambia parcialmente en edades escolares. Para niños y niñas de 6 a 12 años, los bienes y servicios tuvieron un peso mayor: $346.321 frente a $319.628 de cuidado. Aun así, el costo total fue el más alto de todos los tramos, porque la canasta básica total aplicada a esa edad aumenta y porque la crianza sigue demandando acompañamiento, traslados, alimentación, controles de salud, escolaridad, actividades y tiempo adulto.

Respecto de abril, todos los tramos volvieron a subir. La canasta de menores de 1 año pasó de $511.763 a $520.569. La de 1 a 3 años subió de $609.574 a $620.125. La de 4 a 5 años pasó de $520.413 a $529.756. Y la de 6 a 12 años trepó de $654.221 a $665.950. Las subas mensuales rondaron entre 1,7% y 1,8%, por debajo de la inflación general de mayo, pero sobre valores que ya estaban muy lejos de los ingresos de buena parte de los hogares.

La comparación interanual también muestra una escalada sostenida. En mayo de 2025, criar a un niño o niña de 6 a 12 años costaba $516.113. Un año después, la misma canasta llegó a $665.950. El aumento fue de 29% nominal en doce meses, una carga adicional para familias que ya venían arrastrando pérdida de poder adquisitivo, endeudamiento y dificultad para cubrir gastos básicos.

La canasta de crianza se convirtió en un indicador especialmente sensible porque permite ver una zona del costo de vida que suele quedar diluida en otros índices. El IPC mide precios. La canasta básica mide pobreza e indigencia. Pero la canasta de crianza pone número a una pregunta concreta: cuánto cuesta sostener la vida cotidiana de un niño o una niña cuando se incorporan bienes, servicios y tiempo de cuidado.

Esa medición tiene impacto directo sobre la vida laboral. Muchas madres reducen horas pagas, rechazan empleos, aceptan tareas informales o dependen de redes familiares porque el costo de cuidar supera los ingresos disponibles. En hogares monomarentales, esa presión se multiplica: un solo ingreso debe cubrir alquiler, comida, transporte, escuela, salud y crianza, mientras el tiempo de cuidado limita la posibilidad de trabajar más horas o acceder a mejores empleos.

El informe del Indec no mide sólo un gasto privado. Muestra una transferencia silenciosa de costos hacia las familias y, dentro de ellas, hacia las mujeres. Cuando no hay jardines suficientes, licencias extendidas, horarios compatibles, políticas de cuidado, salarios adecuados o transferencias estatales proporcionales, la crianza se resuelve con sobrecarga, endeudamiento o renuncia a ingresos.

Por eso la discusión excede la administración doméstica. La canasta de crianza vuelve a poner sobre la mesa el vínculo entre salarios, cuidados y desigualdad. Si criar a un solo hijo cuesta hasta $665.950 y el salario mínimo queda en $363.000, el problema no es sólo cuánto suben los precios. También es cuánto vale el trabajo, cuánto acompaña el Estado y quién paga, con dinero y con tiempo, el costo real de sostener la vida.

El Indec puso otra vez la cifra. Criar a un hijo en la Argentina ya puede costar casi dos salarios mínimos por mes.

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La inflación de mayo bajó a 2,1% y marcó el segundo mes consecutivo de desaceleración, pero está aún lejos de permitir hablar de un alivio al bolsillo de los trabajadores. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 14,7% en los primeros cinco meses de 2026 y registró una suba interanual de 33,2%, según informó este miércoles el Indec.

El Gobierno consiguió el número mensual más bajo del año, después del 3,4% de marzo y el 2,6% de abril. Pero Javier Milei sigue sin cumplir la promesa con la que llegó a la presidencia: terminar con la inflación. En mayo, los precios volvieron a subir más de 2% en un solo mes, una velocidad que se suma al deterioro previo de los ingresos y al encarecimiento acumulado de alimentos, servicios, alquileres, transporte, salud y educación.

La desaceleración recorta la velocidad del aumento, pero no devuelve poder de compra por sí sola. Para los hogares que viven de un salario, el problema es qué precios siguen aumentando y cuánto pesan esos consumos dentro del presupuesto familiar. Un trabajador no paga el promedio sino la comida, el alquiler, la luz, el gas, el transporte, internet, la telefonía celular, los remedios y la cuota de la escuela. Y todo esto es lo que más sube.

En mayo, la división con mayor aumento mensual fue comunicación, con 3,4%, impulsada por los servicios de telefonía. Le siguieron educación, con 2,9%; recreación y cultura, con 2,8%; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 2,6%; salud, también con 2,6%; y alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2,5%. Todos esos rubros quedaron por encima del nivel general o muy cerca de él.

El dato alimentario vuelve a ser central. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,5% en mayo y fue la división de mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones del país. El Indec atribuyó ese impacto a los aumentos en pan y cereales y en productos lácteos.

El acumulado del año muestra mejor esa presión. Entre enero y mayo, alimentos y bebidas no alcohólicas subió 16,2%, por encima del 14,7% del nivel general. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 21,1%; educación, 22,5%; comunicación, 16,9%; transporte, 15,1%; y salud, 13,2%.

El nivel general subió 33,2% frente a mayo de 2025, pero varios rubros esenciales quedaron por encima de esa marca: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 48%; educación, 42,7%; transporte, 42,1%; comunicación, 37,4%; restaurantes y hoteles, 37,3%; y alimentos, 33,4%. Los números explican por qué la inflación, aunque “baja”, como dice el Gobierno, sigue siendo un ataque feroz a los hogares: el promedio baja pero los gastos fijos y los consumos básicos siguen corriendo a una velocidad que erosiona el salario.

Este último informe del Indec también muestra una presión mayor de los servicios. El mes pasado, los bienes subieron 2% y los servicios, 2,5%. La diferencia se agranda al mirar el acumulado: los bienes aumentaron 13,3% en los primeros cinco meses del año, mientras los servicios avanzaron 17,5%. En la comparación interanual, la distancia es todavía más fuerte: los bienes subieron 28,8% y los servicios, 42,8%.

Una inflación del Indec que es menor a la real

Ese dato tiene una lectura adicional: el IPC vigente todavía se calcula con una estructura de consumo vieja, basada en los hábitos relevados en 2004-2005. La actualización que el Indec tenía previsto aplicar desde enero de 2026, postergada tras la salida de Marco Lavagna del organismo, iba a tomar una canasta más reciente y a darle más peso a rubros como vivienda, servicios y transporte. Justamente esos gastos fijos —luz, gas, agua, alquileres, combustibles, telefonía, internet y transporte— son los que más condicionan el presupuesto de los hogares trabajadores y los que menos margen dejan para ajustar cuando el salario no acompaña.

Los precios regulados también volvieron a quedar por encima del nivel general. En mayo aumentaron 2,4%, por debajo del salto de abril, pero todavía más que el IPC. El Indec explicó esa suba por aumentos en combustibles, electricidad y agua. Los estacionales subieron 3,5%, por el aumento de verduras compensado parcialmente por la caída de frutas. El IPC núcleo, que excluye regulados y estacionales, avanzó 1,9%, con subas vinculadas a restaurantes, bares, casas de comida y productos farmacéuticos.

La inflación de mayo también debe leerse junto con los datos salariales disponibles. El último índice de salarios publicado por el Indec mostró que en marzo los ingresos aumentaron 3,4% y acumularon 8,6% en el primer trimestre, por debajo del 9,4% de inflación del mismo período. Dentro de ese promedio, el sector registrado subió 3% en marzo, menos que el IPC de ese mes, y encadenó otra caída real.

Esa brecha es la que define el poder de compra. Si los salarios llegan tarde o aumentan menos que los precios, una inflación mensual más baja no implica recuperación automática sino que el deterioro avanza a menor velocidad. Para que haya alivio real, los ingresos tienen que ganarle a los precios durante varios meses, además de recuperar lo perdido desde el salto inflacionario que siguió a la devaluación inicial del gobierno de Milei.

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El salario llega hasta donde puede. Después empiezan la tarjeta, la billetera virtual, la mutual, la fintech o el préstamo personal. Las personas endeudadas con proveedores no financieros de crédito pasaron de 9,5 millones a 11,3 millones entre diciembre de 2023 y enero de 2026. Cada vez más hogares usan deuda para cubrir consumos que los ingresos no logran sostener.

Un informe de Fundación Éforo describe la deuda de personas físicas con proveedores no financieros de crédito: fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas no bancarias y otros prestadores que financian consumo por fuera del sistema bancario tradicional. Allí se ve el movimiento de fondo: más personas toman crédito, el volumen total financiado crece y la mora empieza a mostrar que una parte de esos compromisos ya no puede pagarse con los ingresos disponibles.

La deuda promedio por persona pasó de $337.000 a $1.044.000 entre diciembre de 2023 y enero de 2026. Descontada la inflación acumulada del período, cercana al 195%, la suba real fue de alrededor de 5%.

El saldo total financiado muestra mejor esa expansión. Según Éforo, el volumen operado por esos proveedores pasó de $3,2 billones a $11,8 billones en poco más de dos años. Descontando la inflación, ese stock creció alrededor de 25% en términos reales. La deuda promedio individual avanzó poco por encima de los precios, pero la masa total de crédito a personas creció bastante más porque se amplió el universo de deudores.

La deuda ya no aparece sólo al final del mes, cuando una familia no puede pagar. Aparece antes, cuando los ingresos no alcanzan para cubrir alimentos, servicios, alquiler, transporte, salud o gastos escolares. El crédito es ya una extensión cara del salario.

Eso no debería ser normal en una economía sana, mucho menos en la economía ordenada y de recuperación salarial que Javier Milei prometió durante la campaña presidencial. Cuando ni un salario —y muchas veces ni dos ingresos dentro del mismo hogar— alcanzan para cubrir gastos básicos, el crédito ya no es una opción para ampliar un negocio o comprar un bien durable o resolver una emergencia específica, sino que se vuelve una fuente de estrés permanente porque cada compra necesaria llega con vencimiento, intereses y una pregunta que se repite al mes siguiente: cómo se paga.

La señal más delicada es que el endeudamiento crece al mismo tiempo que la morosidad. Según el informe de Éforo, en los préstamos otorgados por bancos privados el incumplimiento pasó de 4,5% a 10,6%. En los proveedores no financieros de crédito, la mora llegó al 16,2%. En las tarjetas no bancarias, una de las vías principales de financiamiento del consumo cotidiano, alcanzó el 14,5%.

Si sólo creciera el acceso al crédito, podría leerse como una normalización financiera después de años de bajo financiamiento. Si sólo creciera la mora, podría interpretarse como un problema de administración de pagos. Pero cuando suben al mismo tiempo la cantidad de deudores, el volumen financiado y los atrasos, el dato empieza a avisar que los hogares que toman más crédito y encuentran cada vez más dificultades para devolverlo.

El costo de esa deuda profundiza la diferencia entre hogares. Mientras las tasas para préstamos personales en bancos rondaron entre el 70% y el 90% nominal anual durante 2025 y comienzos de 2026, en los proveedores no financieros promediaron el 129%, según el informe. Es decir que quienes tienen ingresos más estables, mejor historial o relación bancaria pueden acceder a líneas menos caras; quienes quedan fuera del sistema formal suelen terminar en circuitos más costosos.

Ese mapa también explica por qué el crecimiento del crédito hipotecario aparece como una excepción. El informe de Éforo marcó una recuperación significativa de esa línea, con un crecimiento real interanual superior al 50% y niveles de mora más bajos que el promedio del sistema. Pero esa mejora convive con un endeudamiento de consumo mucho más tensionado, concentrado en hogares que necesitan crédito para sostener el mes.

El último informe del Banco Central sobre proveedores no financieros de crédito también muestra que el fenómeno siguió vigente en 2026. En febrero, el financiamiento promedio por deudor persona humana alcanzó $1,1 millones, aunque mostró una caída real de 3% entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Ese dato confirma el matiz: el promedio individual dejó de crecer con fuerza en términos reales, pero el volumen de personas endeudadas y la mora sostienen la señal de alerta.

El endeudamiento se volvió una forma de administrar esa distancia. El sueldo paga una parte del mes; el resto se cubre con tarjeta, préstamo, adelanto, billetera o refinanciación. Cada mecanismo tiene su tasa, su vencimiento y su costo. El alivio inmediato puede ser real, pero también deja una obligación futura sobre ingresos que ya venían ajustados.

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Desde que Javier Milei asumió la Presidencia pasaron 21.864 horas. En ese mismo período, la industria textil perdió 22.156 empleos registrados. Es decir que por cada hora de gobierno de La Libertad Avanza hay un puesto de trabajo menos en la fabricación de tela, la confección, el cuero y el calzado. El sector se convirtió en el que más empleo destruye de toda la economía argentina.

El dato surge del último Boletín Económico Sectorial de la Fundación Pro Tejer, correspondiente a mayo. Según el informe, el empleo registrado privado en la actividad textil, confecciones, cuero y calzado cayó un 18% respecto de diciembre de 2023 —cuando La Libertad Avanza llegó al poder—, lo que equivale a 22.156 puestos de trabajo menos.

La contracción supera incluso a la de la construcción, otro de los sectores más golpeados por la recesión. La pérdida en la industria textil asciende a 20.727 empleos en el relevamiento de enero y a 21.339 en el de febrero, una secuencia que da cuenta de que la sangría laboral continuó profundizándose durante los primeros meses del año.

La magnitud del deterioro se aprecia mejor al compararla con el resto de la economía. Según Pro Tejer, la cadena textil, de confecciones, cuero y calzado encabeza la destrucción de empleo privado registrado desde diciembre de 2023. Ninguna otra actividad perdió una proporción tan alta de puestos de trabajo formales durante el mismo período.

En septiembre de 2025 la producción ya había registrado una caída interanual del 20%. Y la situación empeoró en el inicio de 2026, el tercer año de Milei en la Casa Rosada: en enero la actividad se desplomó 23,9%; en febrero, un 33,2%; y en marzo, un 23,3%.

La sucesión de caídas tan pronunciadas, de dos dígitos, evidencia la profundidad de la crisis textil. El derrumbe de febrero, superior al 33%, fue uno de los más pronunciados de toda la industria manufacturera.

La crisis no golpea solamente a las fábricas que producen telas. También alcanza a quienes transforman esas telas en prendas que llegan a las vidrieras. Pro Tejer distingue entre los “productos textiles” —fibras, hilados, tejidos y telas— y la fabricación de indumentaria, cuero y calzado. Ambos eslabones muestran números en rojo.

En el primer caso, la actividad se ubicó en marzo un 31,3% por debajo de los niveles de dos años atrás. En el segundo, la producción cayó 8,9% frente al mismo mes de 2025 y acumuló una baja del 15,2% en el primer trimestre.

La comparación con 2023 permite dimensionar mejor la debacle: desde entonces, desapareció casi un tercio de la producción argentina de fibras, hilados, tejidos y telas, es decir, de los insumos que abastecen a buena parte de la industria de la indumentaria y el calzado.

Mirando directamente al interior de las fábricas, la consecuencia de esa caída productiva es el aumento de la capacidad ociosa: máquinas instaladas que permanecen apagadas porque no hay suficiente actividad para utilizarlas.

La Fundación Pro Tejer destacó que enero de 2026 fue el peor enero de la serie histórica para la industria textil en materia de utilización de capacidad instalada. Las fábricas trabajaron apenas al 23,7% de su potencial. O sea que casi tres de cada cuatro máquinas estuvieron paradas.

En febrero la situación mejoró, aunque continuó en niveles extremadamente bajos: el uso de la capacidad instalada alcanzó el 39,9%, el peor febrero de la serie histórica. En marzo llegó al 40,2%, lo que implica que el sector siguió operando con cerca de seis de cada diez máquinas sin utilizar.

El deterioro productivo coincide además con un fuerte crecimiento de las importaciones textiles e indumentarias. Según los relevamientos de Pro Tejer, las cantidades importadas llegaron a crecer cerca de un 90% interanual durante 2025, una tendencia que la entidad identifica como uno de los factores que presionan sobre la producción local.

La pérdida de 22.156 puestos de trabajo equivale al 18% del empleo registrado que tenía la cadena textil, de confecciones, cuero y calzado a fines de 2023. Casi uno de cada cinco trabajadores formales del sector perdió su empleo durante los primeros dos años y medio del gobierno de Milei.

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La industria automotriz llegó a mayo con una mejora mensual mínima y una caída interanual todavía fuerte. Las terminales radicadas en el país fabricaron 37.762 automóviles y comerciales livianos, apenas 241 unidades más que en abril, pero 10.347 menos que en mayo de 2025. El dato dejó una suba mensual de 0,6% y una baja interanual de 21,5%, según el informe mensual de la Asociación de Fábricas de Automotores.

El acumulado muestra el impacto sobre la actividad fabril. Entre enero y mayo, las automotrices produjeron 167.629 unidades, contra 207.630 en el mismo período del año pasado. La diferencia fue de 40.001 vehículos menos y equivale a una baja de 19,3% en los primeros cinco meses de 2026.

El dato no informa empleo, suspensiones ni turnos de producción, pero sí marca una señal para una industria intensiva en trabajo registrado, proveedores, logística y autopartes. Menos unidades fabricadas significan menos actividad en las plantas y en la cadena que abastece a las terminales, aun cuando cada empresa pueda organizar esa caída con ritmos, calendarios y dotaciones distintas.

La comparación con 2025 expone el cambio de escenario. En mayo del año pasado, la producción había llegado a 48.109 unidades, con una suba de 5,8% respecto de abril y un salto de 25,2% frente a mayo de 2024. En los primeros cinco meses de 2025, la fabricación acumulaba un crecimiento de 12,4%. Un año después, el acumulado pasó a terreno negativo y quedó casi una quinta parte por debajo.

El recorrido de los últimos meses muestra una recuperación parcial desde el piso de enero, pero sin recomponer el volumen perdido. La producción había cerrado diciembre de 2025 con 26.468 unidades, después de una baja mensual de 30,3% y un descenso de 30,4% contra diciembre de 2024. En enero, el nivel volvió a caer hasta 20.998 unidades, con una retracción de 20,7% respecto de diciembre y de 30,1% frente al mismo mes del año pasado.

Después de ese arranque, las terminales subieron el ritmo en febrero y marzo, pero abril volvió a mostrar una caída. Ese mes se fabricaron 37.521 unidades, 10,1% menos que en marzo y 17,5% por debajo de abril de 2025. Mayo apenas mejoró ese registro: la producción quedó casi clavada frente a abril y la baja acumulada se profundizó de 18,6% a 19,3%.

Las ventas a concesionarios mostraron una señal más débil que la producción. En mayo, las terminales despacharon 35.979 unidades a la red comercial, sólo tres más que en abril, cuando habían sido 35.976. Frente a mayo de 2025, la caída fue de 39,0%. En el acumulado anual, las ventas mayoristas llegaron a 184.033 unidades, contra 239.194 en los primeros cinco meses del año pasado: 55.161 vehículos menos y una baja de 23,1%.

El retroceso fue más fuerte en los vehículos nacionales vendidos a concesionarios. Según el comparativo de Adefa, las terminales despacharon 11.882 unidades de producción nacional en mayo, 41,9% menos que un año atrás. En los primeros cinco meses, esas ventas acumularon 55.097 unidades, contra 93.185 en igual período de 2025. La caída fue de 40,9%, un dato que pega más directamente sobre la producción local.

El contraste con mayo de 2025 vuelve a ser marcado. Entonces, las ventas a concesionarios habían alcanzado 58.952 unidades, con una suba mensual de 12,0% y un aumento interanual de 111,7%. En mayo de 2026, en cambio, el mercado mayorista quedó prácticamente sin cambios frente a abril y muy por debajo del nivel del año anterior.

Las exportaciones mostraron una caída más moderada, pero también cerraron en rojo. En mayo se enviaron al exterior 25.237 unidades, 6,1% menos que en abril y 4,2% menos que en mayo de 2025. En los primeros cinco meses del año, las exportaciones acumularon 104.520 unidades, contra 106.894 en igual período de 2025. La baja fue de 2,2%.

El mercado externo sostuvo una parte mayor de la actividad fabril. En mayo, las exportaciones representaron 66,8% de la producción mensual y 62,4% del acumulado de enero a mayo. En mayo de 2025, esa relación había sido de 54,8% para el mes y 51,5% para el acumulado. La suba de esa participación no alcanza para hablar de fortaleza exportadora: también refleja que la producción total y los despachos al mercado interno quedaron más golpeados.

El resultado deja una industria con tres movimientos distintos. La producción dejó de caer contra abril, pero siguió 21,5% abajo en la comparación interanual. Las exportaciones retrocedieron menos que la fabricación y quedaron 2,2% abajo en el acumulado. Las ventas mayoristas mostraron el deterioro más fuerte: 39,0% interanual en mayo y 23,1% en los primeros cinco meses.

La señal laboral está en el nivel de actividad. Con menos unidades fabricadas, menos vehículos nacionales despachados a concesionarios y un mercado interno mayorista en baja, la discusión ya no pasa sólo por cuántos autos salen de las plantas. El dato de Adefa marca presión sobre una cadena industrial que depende de volumen, continuidad productiva y demanda para sostener empleo, proveedores y poder de negociación salarial.

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Probablemente sea la primera medida del gobierno de Javier Milei que supone apiadarse de los trabajadores después de tanto ajuste, que al final recayó todo sobre ellos, no en “la casta”. El Banco Nación lanzó un paquete de herramientas para clientes con dificultades para afrontar sus compromisos económicos, justo después de que los datos de marzo del Banco Central mostraran un salto fuerte en la morosidad de los hogares.

El programa fue presentado como un “kit de soluciones”, un nombre simpático para una herramienta que pretende subsanar un estado de calamidad, que es que la gente no tiene plata (y cada vez menos). Este kit viene a reorganizar obligaciones financieras, reducir el monto de las cuotas mensuales y extender plazos de cancelación.

El paquete incluye consolidación de deudas, refinanciación de saldos vencidos de tarjetas de crédito y alternativas especiales para clientes con atrasos superiores a 90 días. Cada caso será evaluado según el perfil crediticio, la situación financiera y el tipo de compromiso que el usuario necesite reordenar.

La medida llega después de un deterioro acelerado de la capacidad de pago de las familias. Según los datos del Banco Central, la morosidad de los hogares pasó de 3,3% en marzo de 2025 a 11,5% en marzo de 2026. En el mismo período, la mora total del sistema financiero subió de 2% a 7%. Es el mayor deterioro interanual de la cartera crediticia desde la salida de la convertibilidad. O sea, la peor situación en un cuarto de siglo se sufre ahora, con Javier Milei de presidente de la Nación.

El problema se concentró en los instrumentos más usados para financiar gastos cotidianos. Los préstamos personales alcanzaron una irregularidad de 14,2%, más del triple que el 4,1% registrado un año antes. Las tarjetas de crédito llegaron a 11,7%, frente al 2,8% de marzo de 2025. El crédito que muchas familias usaron para llegar a fin de mes empezó a transformarse en una deuda cada vez más difícil de pagar.

La línea de consolidación del Banco Nación estará dirigida a personas que perciben sus haberes en la entidad. Permitirá reunir deudas tomadas dentro del banco y también en otras entidades, con tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual del 65% y montos de hasta $100 millones. El objetivo oficial es simplificar la administración de pagos y reemplazar varias obligaciones dispersas por una sola cuota.

Para las tarjetas de crédito, el banco habilitó una refinanciación destinada a clientes con hasta 90 días de atraso. Esa opción permitirá reestructurar saldos pendientes de hasta $10 millones, con planes de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35%. La operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago de cuotas en el resumen siguiente y adecuaciones temporales en los límites de compra.

El esquema también prevé alternativas para quienes superen los 90 días de atraso. En esos casos, el Banco Nación informó que habrá opciones de financiación de hasta 96 meses, aunque sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones vigentes al momento de la solicitud. La entidad sostuvo que busca acompañar a sus clientes en la reorganización de compromisos financieros y ofrecer soluciones para una administración más ordenada de la economía personal.

El lenguaje bancario habla de refinanciación, consolidación y sostenibilidad de pagos. En criollo, una parte creciente de los ingresos familiares ya no alcanza para cancelar deudas tomadas en el período anterior. Durante 2025, el crédito funcionó como un ingreso complementario para sostener consumos, pagar gastos corrientes o cubrir emergencias. Ese mecanismo tiene un límite: cuando la cuota crece más rápido que el salario, la deuda deja de aliviar y empieza a asfixiar.

El deterioro de la mora no apareció de golpe en marzo. trabajAR ya había mostrado que, en febrero, la mora en créditos a familias había llegado a 10,6%, el nivel más alto en casi dos décadas. En ese mismo corte, los préstamos personales marcaban 13,2% y las tarjetas de crédito 11%. Las entidades no bancarias y billeteras virtuales mostraban un cuadro todavía más abrupto, con irregularidad cercana al 25%.

El salto también había aparecido en Mercado Pago. Según datos públicos de la Central de Deudores, la mora de la billetera virtual subió de 5,5% en enero de 2025 a 14,7% en enero de 2026. El dato mostró que el problema no quedaba encerrado en los bancos tradicionales: también alcanzaba a las plataformas digitales que expandieron el negocio del crédito al consumo sobre millones de usuarios.

Las billeteras y entidades no financieras exhibieron uno de los síntomas más duros. En febrero, el 29,9% de los saldos familiares en ese segmento tenía más de 90 días de atraso. Además, el 10,4% ya llevaba más de un año impago y era considerado irrecuperable por el sistema. Cuando la mora cruza de los bancos a las plataformas de uso cotidiano, el problema deja de ser financiero y se vuelve social.

La explicación está en la brecha entre deuda e ingresos. Los salarios privados registrados acumulan una caída real de 4,8% frente a noviembre de 2023, el total de salarios registrados cede 9,2% y los salarios públicos registran un desplome de 17%, según el análisis citado por Ámbito a partir de datos de RIPTE. Ese deterioro redujo la capacidad de pago de hogares que, al mismo tiempo, tomaron más crédito para sostener consumos básicos.

El endeudamiento familiar también cambió de escala. Una nota previa de trabajAR, basada en datos del Banco Provincia y del Banco Central, mostró que el financiamiento promedio pasó de representar 1,5 salarios hacia fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025. En un año, los hogares sumaron deuda equivalente a un salario adicional. Con ingresos rezagados y tasas todavía altas, esa carga empezó a romper el equilibrio mensual.

La diferencia entre familias y empresas muestra quién absorbió con más fuerza el costo del ajuste. En marzo, la mora de los hogares llegó a 11,5%, mientras la de las empresas fue de 3,1%. El sector empresario también triplicó su incumplimiento interanual desde 0,9%, pero la magnitud del deterioro quedó mucho más concentrada en las familias. Los hogares tomaron deuda para sostener gastos y ahora enfrentan más dificultades para devolverla.

El deterioro también golpea a las pymes. TrabajAR ya había mostrado que, en enero de 2026, la cartera pyme en situación irregular alcanzó al 8,2% del total de empresas. En comparación con enero de 2025, la cantidad de pymes con incumplimientos bancarios de más de tres meses aumentó 93,5%. Entre las firmas con atrasos superiores a 180 días, el salto fue de 84,9%.

Ese cuadro se superpone con una economía de menor actividad y menos empresas. El monitor mensual de Fundar registró que, desde noviembre de 2023, se perdieron 24.437 empresas en la Argentina, el 4,8% del total. La cantidad de firmas activas acumula 17 meses consecutivos de caída y 24 bajas interanuales seguidas. Menos empresas, salarios rezagados y más deuda impaga forman una misma secuencia: menos ingresos disponibles, menos consumo y más riesgo laboral.

El Banco Nación intenta ahora contener una parte de ese deterioro con cuotas más bajas y plazos más largos. Para muchos clientes, la refinanciación puede dar aire en el corto plazo. Pero también implica estirar hacia adelante una deuda que nació porque el ingreso mensual no alcanzó. La solución bancaria ordena el calendario de pagos; no corrige por sí sola la pérdida de poder adquisitivo que empujó a las familias a endeudarse.

El problema para los hogares es que una deuda refinanciada no desaparece. Cambia de forma, se extiende en el tiempo y puede reducir la presión mensual, pero sigue ocupando una parte del salario futuro. Si los ingresos no recuperan terreno, el alivio puede convertirse en una pausa antes de una nueva ronda de atraso.

JJD

Los trabajadores enfrentan un mercado laboral con menos empresas, menos lugares donde conseguir empleo y más riesgo para quienes todavía conservan su puesto. En febrero cerraron 257 empresas en la Argentina, una baja de 0,05% respecto de enero, según el monitor mensual de Fundar, elaborado con base en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Desde noviembre de 2023, cuando asumió Javier Milei, se perdieron 24.437 empresas, el 4,8% del total.

La cantidad de empresas acumula 17 meses consecutivos de caída y el número total quedó en 487.920, frente a las 512.357 que había en noviembre de 2023. La comparación interanual también muestra un empeoramiento persistente. En relación con febrero de 2025, cerraron 13.163 empresas, una caída de 2,6% en el número total. Con ese resultado, se acumulan 24 caídas interanuales consecutivas. El ritmo de destrucción empresaria, además, ubica al actual gobierno con la peor caída en los primeros 27 meses de una gestión, según la comparación presentada por Fundar.

El monitor permite poner el dato en una serie más larga. En febrero de 2012 había 540.282 empresas; en diciembre de 2017, 532.183; en febrero de 2020, 508.187; en septiembre de 2021, 486.782; y en febrero de 2026, 487.920. La comparación por gobiernos muestra que la trayectoria de empresas bajo Milei cae más que la registrada en los primeros meses de la administración de Alberto Fernández, atravesada por la pandemia y las restricciones sanitarias. El derrumbe actual ocurre sin una economía paralizada por cuarentenas, pero con consumo deprimido, salarios rezagados y sectores productivos en retroceso.

El informe de Fundar detalla que 13 de los 19 sectores económicos registran caídas desde el inicio del actual gobierno. Transporte y almacenamiento aparece como el sector más afectado, seguido por actividades inmobiliarias y construcción, según la variación acumulada desde noviembre de 2023. La baja también alcanza a la industria manufacturera, comercio, servicios profesionales, cultura y esparcimiento, y finanzas y seguros. La pérdida no se concentra en un solo rubro: atraviesa ramas que emplean trabajadores asalariados, cuentapropistas vinculados a empresas y proveedores de servicios.

En la comparación mensual, 12 de los 19 sectores tuvieron caídas. En la comparación interanual, fueron 13 de 19. Fundar señaló que alojamiento y gastronomía fue el sector que más creció en términos porcentuales durante el último mes, pero ese avance no compensó el deterioro extendido. Transporte y almacenamiento, por su parte, quedó como el sector más golpeado en febrero. La construcción también aparece entre los más afectados desde el cambio de gobierno, en línea con el freno de la obra pública, el encarecimiento del crédito y la pérdida de capacidad de compra de los hogares.

La retracción también se ve en el mapa provincial. Según el monitor, 19 de las 24 jurisdicciones tuvieron caídas mensuales en febrero. Casi todas registraron bajas interanuales y 23 de las 24 muestran una reducción en la cantidad de empresas desde la asunción de Milei. Desde noviembre de 2023, las provincias más afectadas fueron La Rioja, Catamarca y Chaco. El cierre de empresas pega con más fuerza en territorios donde cada establecimiento tiene un peso mayor sobre el empleo local y sobre la circulación de ingresos.

¿Qué empresas cerraron sus puertas en el último tiempo?

Los casos relevados por Fundar en el último mes muestran cómo el número agregado se traduce en puestos de trabajo. Cabot Argentina cerró su planta de Campana y se perdieron 150 empleos en la única productora local de negro de humo, un insumo para la industria del caucho. Cocot y Dufour cerró su planta y despidió a 140 personas. Gomas Gaspar redujo personal y 40 trabajadores quedaron sin empleo. Dabra S.A., del grupo Dexter, cerró y 23 personas perdieron su puesto.

El listado también incluye el cierre de todas las sucursales de Doctor Ahorro en CABA, Córdoba, Salta y Mendoza hasta nuevo aviso; la decisión de Electrolux de dejar de producir heladeras y despedir personal; el cierre de Estación Confort, un comercio minorista con 48 años de actividad; y el apagado del horno principal de Loma Negra, que redujo la producción hasta noviembre. En La Rioja, el monitor registró que el sector textil perdió cerca de 600 puestos en los últimos dos años. Detrás de cada cierre hay familias enteras que pierden ingresos o quedan expuestas a empleos más precarios.

La caída empresaria convive con la del poder adquisitivo. En marzo, el índice de salarios aumentó 8,6% en el primer trimestre, por debajo del 9,4% de inflación, y el empleo registrado encadenó su séptima caída real. Con menos empresas activas, las paritarias pierden fuerza en sectores golpeados, los trabajadores tienen menos alternativas para cambiar de empleo y el miedo al despido pesa más en la negociación cotidiana.

Fundar advierte que, con la próxima actualización, la cantidad de empresas perdidas desde noviembre de 2023 puede acercarse a 25.000.

JJD

Los trabajadores cerraron marzo con una nueva señal de deterioro en sus ingresos. El índice de salarios que mide el Indec aumentó 3,4% respecto de febrero y acumuló una suba de 8,6% en el primer trimestre, pero la inflación del mismo período fue de 9,4%. La comparación deja otra vez a los ingresos por debajo de los precios y confirma que el poder adquisitivo sigue en retroceso durante el tercer año de gobierno de Javier Milei.

El dato mensual parece empatar con el IPC de marzo, que también fue de 3,4%, pero el promedio oculta diferencias fuertes entre trabajadores. El índice de salarios combina el sector registrado —público y privado— con el sector privado no registrado, medido a través de una encuesta que llega con rezago. Esa composición empuja el indicador total hacia arriba, aunque el núcleo del empleo formal volvió a quedar por debajo de la inflación.

El sector registrado subió 3% en marzo. Dentro de ese grupo, los salarios del sector privado registrado aumentaron apenas 2,1%, contra una inflación mensual de 3,4%. Para los trabajadores del sector privado formal, marzo implicó una caída real de 1,3%, según el cálculo difundido por el economista Hernán Letcher a partir de los datos del Indec. Ese desempeño extendió una racha de siete meses consecutivos de pérdida real de los salarios registrados.

El sector público tuvo una mejora nominal de 5% en marzo y le ganó al IPC del mes. Esa suba permitió recortar parte del deterioro reciente, pero no modificó el cuadro acumulado. Luis Campos, especialista de la CTA, remarcó que los salarios públicos todavía están 17% por debajo de noviembre de 2023. El repunte mensual de los estatales parte de un piso salarial muy deteriorado, luego de más de dos años de ajuste sobre los ingresos del empleo público.

La foto del sector formal muestra el impacto con más claridad. Según Campos, el salario real del sector privado registrado ya está casi 5% por debajo de noviembre de 2023, mientras que el sector público acumula una pérdida de 17%. En promedio, los salarios registrados —públicos y privados— están 9,2% abajo de aquel mes. Esa caída alcanza a trabajadores con recibo de sueldo, aportes y paritarias, el segmento que suele tener más herramientas para defender ingresos.

En el primer trimestre, el índice total de salarios aumentó 8,6%, 0,8 punto por debajo de la inflación acumulada. El sector privado registrado subió 5,9%, el sector público 9,4% y el total registrado 7%. El sector privado no registrado mostró un alza acumulada de 14,3%, pero ese componente surge de información relevada con demora y no permite leer en tiempo real la situación de los trabajadores informales. El dato que no tiene rezago, el del empleo registrado, volvió a perder contra los precios.

La pérdida salarial convive con una canasta de gastos básicos cada vez más pesada. En marzo, una familia tipo necesitó $1.434.464 para no caer bajo la línea de pobreza y $658.011 para cubrir la canasta alimentaria. La canasta básica total acumuló una suba de 9,6% en el primer trimestre, también por encima del índice salarial general. Para quienes dependen de un sueldo, esa diferencia se traduce en menos margen para pagar alimentos, transporte, servicios, alquileres, educación o medicamentos.

El IPC de marzo tuvo subas en rubros que pesan en la vida cotidiana. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 3,4% y tuvieron la mayor incidencia en el índice general. Transporte subió 4,1%, los precios regulados avanzaron 5,1% y Educación trepó 12,1%. El problema salarial se agrava porque muchos de esos gastos no se pueden postergar. La comida, el boleto, las tarifas y la escuela absorben una parte creciente del ingreso mensual.

La comparación con noviembre de 2023 resume el recorrido del poder adquisitivo bajo Milei. Los privados registrados están casi 5% abajo, los públicos 17% abajo y el promedio formal 9,2% abajo. La mejora parcial de algunos sectores en marzo no alcanza para revertir el recorte acumulado. El salario público del mes mejora frente al IPC, pero sigue lejos del nivel previo al cambio de gobierno; el privado registrado pierde en el mes y agranda su caída real.

El Gobierno suele presentar la desaceleración de la inflación como una mejora para los hogares, pero los datos salariales muestran otra cosa: cuando los precios suben menos pero los ingresos suben todavía menos, el resultado sigue siendo pérdida de poder de compra. En marzo, el salario privado registrado volvió a quedar atrás del IPC y el promedio trimestral del índice salarial quedó por debajo de la inflación. La baja de la velocidad de los precios no recompone por sí sola los ingresos perdidos.

El saldo para los trabajadores es concreto. El salario promedio del Indec no recuperó lo que perdió en el trimestre, el empleo registrado acumuló otra caída real y los trabajadores formales siguen por debajo del nivel que tenían al inicio del gobierno de Javier Milei. Marzo dejó una mejora estadística para algunos componentes, pero no una recomposición del poder adquisitivo. El dato de cierre es el más directo: los salarios registrados están 9,2% por debajo de noviembre de 2023 y la inflación del trimestre volvió a ganarle al índice salarial total.

JJD

Los trabajadores tuvieron en abril un alivio estadístico, pero no necesariamente un alivio en el bolsillo. La inflación mensual bajó a 2,6%, según el Indec, aunque los precios que más condicionan la vida cotidiana volvieron a moverse por encima del promedio: transporte aumentó 4,4%, educación 4,2%, comunicación 4,1% y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 3,5%. El dato central aparece en la composición de los aumentos: los gastos fijos y los servicios regulados siguieron presionando sobre ingresos que vienen rezagados.

El Índice de Precios al Consumidor acumuló 12,3% en los primeros cuatro meses de 2026 y registró una suba interanual de 32,4%. La desaceleración frente al 3,4% de marzo recorta la velocidad del aumento general, pero no alcanza para traducirse de manera automática en una mejora del poder de compra.

Los precios regulados fueron el grupo que más subió en abril: 4,7%, casi el doble que el nivel general. El Indec atribuyó esa suba al aumento de transporte y electricidad. Detrás quedó el IPC núcleo (indicador que reúne el resto de los precios del IPC, sin los regulados ni los bienes y servicios con comportamiento estacional), con 2,3%, impulsado por alquiler de la vivienda y gastos conexos y por restaurantes y comidas fuera del hogar. Los estacionales no tuvieron variación: las subas de indumentaria por el cambio de temporada fueron compensadas por caídas en turismo y frutas.

La división con mayor aumento mensual fue transporte, con 4,4%, por la suba de combustibles. Le siguió educación, con 4,2%. Comunicación, que incluye servicios de telefonía e internet, aumentó 4,1%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 3,5%, por encima del nivel general. En el otro extremo quedaron alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,5%, y recreación y cultura, con 1%.

La diferencia importa para los trabajadores porque transporte, vivienda, comunicación y educación son gastos que no se ajustan con la misma facilidad que otros consumos. El boleto, el combustible, el alquiler, la luz, el gas, internet o las cuotas educativas no funcionan como consumos postergables para millones de hogares. Cuando esos precios suben más que el promedio, el salario pierde margen aunque la inflación general muestre una baja mensual.

El informe también muestra una presión mayor de los servicios sobre los hogares. En abril, bienes y servicios subieron 2,5% y 2,6%, respectivamente, pero la diferencia se amplía al mirar períodos más largos. En los primeros cuatro meses del año, los bienes acumularon un aumento de 11,1%, mientras los servicios llegaron a 14,6%. En la comparación interanual, los bienes aumentaron 27,4% y los servicios 43,1%. La inflación de servicios corre por encima de la de bienes y golpea sobre gastos que forman parte de la vida cotidiana de los hogares asalariados.

Ese recorrido aparece también en las divisiones acumuladas del año. Educación subió 19% entre diciembre y abril; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 18,1%; alimentos y bebidas no alcohólicas, 13,5%; comunicación, 13%; y transporte, 12,9%. Todos esos rubros quedaron por encima del 12,3% acumulado por el nivel general o muy cerca de ese umbral. Para una familia trabajadora, esa combinación implica que la baja del índice mensual convive con aumentos persistentes en gastos que ordenan el presupuesto.

El impacto tuvo diferencias regionales. El Gran Buenos Aires registró la inflación mensual más alta, con 2,8%. Le siguieron Noreste, con 2,7%, y Patagonia, con 2,6%. El Indec señaló que las divisiones con mayor incidencia mensual fueron alimentos y bebidas no alcohólicas en Noreste, Noroeste y Pampeana; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en GBA, por el aumento de alquileres y electricidad; y transporte en Cuyo y Patagonia.

La presión sobre vivienda retoma una tendencia que ya venía deteriorando los ingresos. Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que la inflación acumulada de ese período, cercana al 209%. El mismo relevamiento indicó que el gas natural subió 766%, la electricidad 370% y el agua 366%. El gasto habitacional se convirtió en uno de los principales canales de pérdida de poder adquisitivo para los hogares trabajadores.

La misma investigación ubicó a comunicaciones, educación y transporte entre los rubros que más crecieron desde el inicio del gobierno de Javier Milei: comunicación acumuló una suba de 321%, educación 279% y transporte 255%. Abril vuelve a mostrar esos mismos rubros por encima del promedio mensual. La baja del IPC general no modifica, por sí misma, el peso que tienen esos precios dentro del ingreso de quienes alquilan, viajan para trabajar, pagan servicios públicos o sostienen conectividad para estudiar y trabajar.

JJD

Para los trabajadores que viven de un ingreso mensual, el ajuste necesita una explicación política más que una cuenta de almacén como parecen las que a veces postea el ministro Luis Caputo en Twitter (X). La encuesta de Zentrix marca un dato que altera el modo de leer el humor social del oficialismo: entre los votantes de Milei, la corrupción aparece como el principal desafío del país, con 27,9%, por encima del endeudamiento, el desempleo, el salario y la inflación. El dato no surge de una oposición que ya mira al Gobierno con rechazo, sino de su propia base electoral, definida por la consultora según el voto en las legislativas de 2025.

El orden de prioridades entre oficialistas es preciso. Corrupción reúne 27,9%; endeudamiento, 14,9%; desempleo, 14,3%; salario, 12,9%; inflación, 12,8%; inseguridad, 7,1%; pobreza, 3,7%; salud, 3,3%; y educación, 3%. Entre opositores, en cambio, lidera desempleo con 26,5%, seguido por corrupción con 16,8%, endeudamiento con 14,4%, salario con 12,8%, inflación con 12,3% y pobreza con 10,7%. La diferencia muestra dos formas de procesar el mismo deterioro: el oficialismo empieza a mirar la ética pública; la oposición mira primero el empleo, los ingresos y la fragilidad material del hogar.

De todas maneras, el factor determinante sigue siendo el bolsillo. El informe registra que el 86,6% de los consultados dice que su salario no le gana a la inflación. Entre votantes oficialistas, esa percepción alcanza al 70,1%; entre opositores, al 98,1%. Zentrix también señala que el votante oficialista expresa malestar económico y que casi la mitad llega solo hasta el día 20 con sus ingresos, aunque conserva una lectura más tolerante del presente. No hay una base oficialista cómoda frente al ajuste: hay una base que todavía soporta parte del costo, pero que empieza a ubicar la corrupción como límite político del sacrificio.

Ese límite aparece en otras respuestas del mismo relevamiento. El 57,3% considera que existe corrupción generalizada en el gobierno de Javier Milei y el 60,2% interpreta las denuncias como reflejo de un problema general de la gestión. Además, dos tercios de los consultados afirman que el pacto anticasta se rompió y que el Gobierno terminó siendo parte de aquello que prometió combatir. El 66,6% también cree que la administración nacional no está comprometida con prevenir hechos de corrupción.

La encuesta no mide expedientes judiciales. Mide percepción social. Esa percepción se forma en una secuencia de causas, denuncias e investigaciones periodísticas que golpean al núcleo del discurso oficial. Cuando un trabajador recorta gastos, posterga consumos o se endeuda para llegar al mes, la sospecha de privilegios, retornos o enriquecimiento en el poder pesa más que una discusión abstracta sobre instituciones.

Una secuencia de causas y denuncias golpea el relato anticasta

La causa $LIBRA ocupa un lugar central en ese desgaste. La Justicia investiga la presunta estafa vinculada a la criptomoneda promocionada por Milei, cuyo valor se disparó tras el respaldo presidencial y luego se desplomó con pérdidas para miles de inversores. Peritajes incorporados al expediente hallaron en el teléfono de Mauricio Novelli un presunto acuerdo por US$ 5 millones a cambio del apoyo del Presidente al proyecto, con pagos escalonados ligados a la promoción pública y a la firma de un contrato.

La causa ANDIS agrega otro capítulo de mayor impacto social por el área involucrada: medicamentos y discapacidad. El Ministerio Público Fiscal informó que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, fue procesado como presunto líder de una asociación ilícita dentro del organismo que cobraba coimas. El expediente incluye otros 18 procesamientos y un embargo de 202 mil millones de pesos sobre Spagnuolo. Según Chequeado, la causa se originó a partir de audios que mencionaban un sistema de retornos del 8% en la compra de medicamentos.

Manuel Adorni concentra otro frente de desgaste. elDiarioAR publicó que el actual jefe de Gabinete registró un incremento patrimonial superior al 500% entre sus declaraciones juradas, con incorporación de dólares en efectivo atribuidos a préstamos familiares, entre ellos una jubilada de 95 años. La Justicia también investiga los vuelos privados a Punta del Este y pidió informes sobre contratos vinculados a la productora de un amigo de Adorni con la TV Pública. En la encuesta de Zentrix, Adorni aparece con 73,9% de imagen negativa y 17,5% de positiva.

La trama que une a José Luis Espert con Federico “Fred” Machado suma otra capa sensible para un gobierno que construyó poder sobre la denuncia contra “la casta”. Según revelaciones publicadas por elDiarioAR y recogidas en el debate parlamentario, Espert figura como receptor de US$200.000 en un registro ligado a Machado, empresario acusado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. La documentación también menciona aportes logísticos, vuelos y vehículos para actividades de campaña.

El episodio de las valijas mostró otra zona opaca del poder. Chequeado reconstruyó que el 26 de febrero de 2025 llegó a Aeroparque un vuelo privado desde Miami con Laura Belén Arrieta y dos tripulantes, todos empleados de OCP Tech, empresa de Leonardo Scatturice. Dos fiscales dictaminaron irregularidades en torno al vuelo, el equipaje y la tripulación, y señalaron que se habilitó un carril especial que evitó que las valijas pasaran por el escáner.

A esa acumulación se suman denuncias por retornos salariales en organismos con presencia territorial. Página/12 informó que acusaciones internas de La Libertad Avanza señalaron pedidos de dinero sobre sueldos de funcionarios de PAMI y ANSES. Conclusión publicó denuncias de empleados de delegaciones de PAMI y ANSES en Misiones, Santa Cruz y La Pampa por supuestos “aportes partidarios”, y mencionó una carta en Oberá donde se acusó a la conducción local de pedir el 10% de los sueldos de empleados públicos afiliados.

Ninguno de estos expedientes reemplaza una sentencia. La Justicia deberá definir responsabilidades penales, procesamientos firmes, sobreseimientos o condenas. Pero las encuestas que toman la opinión de los votantes, en este caso la de Zentrix, no preguntan por condenas: preguntan por el principal desafío del país y por la confianza en la voluntad del Gobierno de prevenir hechos de corrupción. El dato político es que el propio votante oficialista pone a la corrupción arriba del salario y la inflación, aun cuando siete de cada diez de esos votantes dicen que su salario no le gana a los precios.

El cruce con el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella refuerza el dato de Zentrix: la economía sigue pesando, pero la corrupción empieza a ordenar el malestar político incluso dentro del oficialismo. El ICC cayó 5,7% en abril, después de bajar 5,3% en marzo y 4,7% en febrero. Desde el pico registrado en enero de 2025, durante el actual gobierno, acumula una caída de 16,33%.

Esa secuencia importa porque Milei llegó a la Presidencia con la promesa de ordenar la economía. El consumo, la confianza y los ingresos siguen bajo presión, pero la encuesta de Zentrix muestra que entre sus propios votantes la corrupción ya aparece por encima del salario, la inflación y el desempleo.

La lectura positiva de la motosierra que la sociedad hizo en 2023, harta de la “política tradicional” y dándole crédito a un economista despeinado, que en programas de chimentos hablaba sobre la Escuela Austríaca, y su promesa de arrasar con la casta, se vuelve negativa cuando el sacrificio económico convive con causas judiciales, denuncias y sospechas sobre el uso del poder.

El golpe al relato anticasta pesa porque el ajuste ya tiene efectos en la vida diaria. Más de ocho de cada diez hogares resignaron algún gasto para sostenerse, según el informe. Zentrix lee esa base material como el suelo compartido entre oficialistas y opositores: unos procesan el costo desde una preocupación moral o institucional; otros, desde el deterioro directo del trabajo, los ingresos y las condiciones de reproducción cotidiana del hogar.

La pérdida de credibilidad también alcanza a la figura presidencial. En abril, Milei registra 35,2% de imagen positiva y 59,3% de negativa. La lectura del informe atribuye el desgaste a una doble presión: la microeconomía de los hogares, con salarios que no alcanzan y pérdida de poder adquisitivo, y las denuncias que afectan la pretensión de superioridad ética del mileísmo frente a “la casta”.

El Monitor de Opinión Pública de Zentrix se realizó sobre 1.559 casos, con cobertura nacional, mediante una encuesta online autoadministrada entre el 11 y el 18 de abril. La consultora aclara que la muestra es no probabilística, con diseño cuotado por sexo, edad y región, calibrado según el padrón electoral nacional, y que los resultados deben leerse en el plano nacional.

Cuando el salario pierde y el Gobierno queda rodeado por causas de corrupción, el apoyo se vuelve desconfianza y desgaste (a veces hasta odio). Ya lo sabemos. Hay líderes políticos que integraron gobiernos anteriores que hoy por hoy no podrían caminar tranquilos por las calles de la Argentina. Y no precisamente porque los vayan a parar para pedirles una selfie y felicitarlos por su gestión.

JJD

Los hogares trabajadores siguieron recortando compras en febrero y el dato más nítido volvió a aparecer en los supermercados, uno de los canales más sensibles del consumo cotidiano. Las ventas a precios constantes cayeron 3,1% frente al mismo mes del año pasado y acumularon una baja de 2,1% en el primer bimestre de 2026. El retroceso se apoyó sobre una secuencia previa de meses flojos: el INDEC había registrado una caída de 2,8% en noviembre de 2025, una suba de apenas 0,5% en diciembre y otra baja de 1,2% en enero.

Ese recorrido vuelve más difícil leer febrero como un tropiezo puntual. Lo que muestran los números es otra cosa: un consumo básico que no logra afirmarse aun después de varios meses sin saltos inflacionarios como los que marcaron el arranque del gobierno. Con la inflación recargada de 2026, el panorama es aún más incierto.

En la vida diaria, eso se traduce en changos más chicos, compras más medidas y una administración más estricta del ingreso. El informe oficial lo registra en cantidades vendidas y también en el empleo del sector: en supermercados, el personal ocupado fue de 97.839 personas, 2% menos que un año atrás.

En plata corriente, las ventas subieron; en volumen, no. Los supermercados facturaron en febrero $2,214 billones, un alza interanual de 23,5%, pero esa mejora nominal no alcanzó para revertir la caída en términos reales. El ticket promedio fue de $35.058, con una suba de 27,9% frente a febrero de 2025. Dicho de otro modo, los hogares dejaron más pesos en la caja, pero eso no se tradujo en una recuperación del consumo.

La composición de las ventas ayuda a ver dónde siguió concentrado el gasto. En supermercados, el rubro Almacén explicó el 25,3% del total facturado; Carnes, el 14,4%; Artículos de limpieza y perfumería, el 13,8%; Bebidas, el 11,9%; y Lácteos, el 11%. Son categorías muy pegadas a la canasta cotidiana. En varias de ellas hubo subas nominales fuertes, como Carnes, con 46,9%, y Verdulería y frutería, con 37%, mientras el volumen general vendido siguió retrocediendo.

El mismo cuadro apareció en los autoservicios mayoristas, otro canal al que muchos hogares van cuando buscan bajar el costo por unidad. En febrero, las ventas a precios constantes cayeron 1,2% interanual. El acumulado enero-febrero mostró un alza mínima de 0,1%, pero el dato mensual volvió a moverse para abajo. En este caso también hubo un deterioro del empleo más fuerte que en supermercados: el personal ocupado fue de 13.111 personas, con una baja interanual de 8%. El ticket promedio llegó a $44.110, un 23,7% más que un año antes.

Mayoristas no reemplazó la debilidad de supermercados; la acompañó. Ese dato es relevante porque habla de hogares que ajustan incluso en los canales donde suelen buscar precios más convenientes. En este segmento, Almacén representó el 42,6% de la facturación y Artículos de limpieza y perfumería, el 26,4%. También aquí el gasto se concentró en bienes de uso corriente, no en compras prescindibles.

Los medios de pago agregan otra capa a esa foto. En supermercados, la tarjeta de crédito explicó el 43,6% de las ventas de febrero, con operaciones por $966.076 millones. La tarjeta de débito concentró el 25%, el efectivo el 16,8% y los otros medios de pago —como billeteras virtuales o QR— el 14,6%, con un salto interanual de 54,9%. En mayoristas, en cambio, el efectivo tuvo un peso mayor: representó el 26,4% de las ventas y creció 57%, mientras las operaciones con débito cayeron 13,6%. Más allá de la mezcla de instrumentos, el punto central es otro: el consumo siguió sostenido con más pesos y distintas formas de pago, pero sin mejorar en términos reales.

El tercer informe publicado por el INDEC, el de centros de compras, funcionó más como confirmación del clima general que como eje de la historia. En febrero, las ventas a precios constantes en shoppings cayeron 2,1% interanual y acumularon una baja de 1,1% en el primer bimestre. El dato muestra que la flojedad del consumo no quedó limitada a los alimentos o a la reposición del hogar, aunque para leer el bolsillo trabajador el termómetro principal siga estando en supermercados y mayoristas.

La suma de los tres informes difundidos este jueves por el INDEC deja una escena conocida para millones de trabajadores: compras más caras, ventas débiles y empleo comercial en retroceso. En supermercados, febrero cerró con una caída real de 3,1%; en mayoristas, con una baja de 1,2%; en centros de compras, con otra de 2,1%. Los tickets promedio subieron en valores nominales y el volumen no acompañó. Los puestos de trabajo en los canales relevados tampoco mostraron mejora. Cuando el consumo masivo no levanta en supermercados ni en mayoristas, el dato remite directamente a los ingresos con los que los hogares llegan [o no] a fin de mes.

JJD

Los trabajadores llegaron a febrero de este año, dos años y dos meses después de la asunción presidencial de Javier Milei, con Luis Caputo al frente del Palacio de Hacienda, con una economía que vuelve a achicarse en dos de las actividades que ordenan buena parte de la vida laboral cotidiana: la industria y el comercio.

El Estimador Mensual de Actividad Económica mostró una caída de 2,1% interanual y una baja de 2,6% respecto de enero en la serie desestacionalizada. En el acumulado del primer bimestre, la actividad quedó 0,2% por debajo de igual período de 2025.

El dato tiene una traducción directa sobre el mundo del trabajo porque la caída no aparece repartida de manera uniforme. Industria manufacturera y comercio mayorista, minorista y reparaciones fueron las ramas que más empujaron hacia abajo al indicador general. La industria cayó 8,7% interanual y el comercio 7%, y entre ambas le restaron 2,2 puntos porcentuales a la variación del EMAE de febrero.

Ahí está el núcleo del resultado. El informe del INDEC muestra que hubo ocho sectores con subas y siete con caídas, pero las mejoras no alcanzaron para compensar el peso de los rubros en baja. Eso explica por qué una economía con varias actividades en alza termina igual con resultado negativo: no todas las ramas pesan lo mismo en el nivel general.

Del lado de las subas, el rebote vino sobre todo de actividades primarias y extractivas. Pesca creció 14,8% interanual, Explotación de minas y canteras avanzó 9,9% y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura subió 8,4%. La minería fue la actividad de mayor incidencia positiva y, junto con el agro, aportó 0,8 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

La foto sectorial del gráfico de incidencias muestra mejor el problema. En febrero, además de la baja de industria y comercio, también cayeron construcción (-6%), hoteles y restaurantes (-4,2%), intermediación financiera (-0,3%), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,5%) y administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,5%).

En cambio, subieron electricidad, gas y agua (1%), transporte y comunicaciones (1%), enseñanza (0,9%), servicios sociales y de salud (0,1%) y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (6%).

La caída de febrero corta el arranque de año que había mostrado enero, cuando el EMAE había registrado una suba interanual de 1,7%. Con el dato nuevo, el acumulado del primer bimestre pasa a terreno negativo, con -0,2% frente al mismo tramo de 2025. En la serie desestacionalizada, además, el salto entre diciembre y enero había sido de 0,4%, pero febrero borró esa mejora con una contracción de 2,6%.

La comparación con los últimos meses también marca un cambio de ritmo. Entre marzo y octubre de 2025, el EMAE había mostrado variaciones interanuales positivas mes tras mes, con picos de 7,8% en abril, 6,3% en junio y 4,8% en septiembre. Luego llegó un -0,2% en noviembre, una recuperación a 3,3% en diciembre, el 1,7% de enero y ahora el retroceso de febrero. El movimiento deja una secuencia más inestable y con menos sostén en las ramas ligadas al mercado interno.

Para los trabajadores, la señal de febrero es menos una discusión estadística que una foto de dónde se enfría la actividad. La caída se concentra en fábricas, talleres, comercios y servicios asociados a la circulación de bienes. El repunte, en cambio, aparece en ramas que no alcanzan por sí solas para compensar el peso de esos sectores en el total. El propio INDEC subraya en su gráfico final que las mayores incidencias positivas fueron minería y agro, mientras las mayores incidencias negativas fueron industria y comercio.

El informe no incluye datos de empleo, salarios ni ingresos de los hogares. Eso limita cualquier lectura cerrada sobre puestos de trabajo o poder adquisitivo. Pero sí deja un dato concreto: en febrero la economía retrocedió y lo hizo por el lado de dos actividades centrales para el movimiento diario del trabajo. Con un primer bimestre en rojo y una baja mensual fuerte en la serie desestacionalizada, la actividad vuelve a dar una señal de enfriamiento sobre ramas donde se juega una parte sustancial de la vida material de quienes viven de su trabajo.

Datos clave

JJD

Los trabajadores que llegan a fin de mes usando billeteras virtuales, tarjetas o préstamos personales enfrentan en estos meses una dificultad cada vez mayor: la de poder pagar. Los atrasos crecen, la mora alcanza niveles récord en varios segmentos y el deterioro no se ciñe a los hogares; también afecta a las pequeñas empresas, en particular a las pymes.

Las familias no consiguen pagar a tiempo el 30% de la deuda que toman con billeteras virtuales y más del 11% de sus créditos con bancos tradicionales. La información surge de datos del Banco Central correspondientes a febrero. Para los hogares, la irregularidad en créditos bancarios ya es la más alta desde 2004, durante la normalización de la economía tras la debacle de 2001.

El dato de las billeteras virtuales es todavía más abrupto. La demora mayor a 90 días en entidades no financieras llegó al 29,9% en febrero, subió 2 puntos respecto de enero y triplicó el nivel de hace un año y medio. En ese grupo entran billeteras, cadenas comerciales, cooperativas y préstamos rápidos. Además, el 10,4% de los saldos familiares en ese segmento ya tiene más de un año de atraso y el sistema los considera “irrecuperables”.

Mirando a las empresas, en enero de 2026 la cartera PyME en situación irregular —las clasificaciones 3, 4 y 5 del BCRA, que implican atrasos mayores a 90 días— alcanzó al 8,2% del total de las empresas. En comparación con enero de 2025, la cantidad de pymes con incumplimientos bancarios de más de tres meses aumentó 93,5%. Entre las firmas con atrasos superiores a 180 días, el salto fue de 84,9% en doce meses.

Los datos también muestran qué hay detrás de esos atrasos. En las familias, los préstamos personales bancarios mantienen tasas cercanas al 70% nominal anual y un costo financiero total que ronda el 100%, mientras que en entidades no financieras el costo puede superar el 500% anual. En las pymes, se reducen los plazos de financiamiento y se mantiene un diferencial de tasas en contra de las empresas más chicas.

JP Morgan registró que los impagos a 90 días en los préstamos de Mercado Pago en Argentina subieron de 1,8% en diciembre de 2024 a 8,7% en diciembre de 2025. En el mismo período, la morosidad medida sobre saldos recientes pasó de 3,3% a 10,1%.

Ese aumento ocurre sobre una base cada vez más grande. Las líneas de crédito de Mercado Pago alcanzan a 6,3 millones de personas, con 21 millones de préstamos pendientes y un promedio de 3,3 créditos por usuario. De ese total, 205.000 corresponden a pymes.

Otra medición sobre el sistema en general muestra que la morosidad en créditos a familias pasó de 2,67% a 10,6% en un año, mientras que los préstamos personales alcanzan 13,2% y las tarjetas de crédito, 11%.

Las fuentes coinciden en el diagnóstico: un informe del Banco Provincia señala que 1 de cada 4 argentinos endeudados con billeteras virtuales no paga, y vincula ese dato con la caída del poder adquisitivo. En la medición por cantidad de personas, la proporción de deudores en mora llega al 24%.

Entre las pymes, los atrasos se extienden a distintos sectores: servicios, comercio, agro, construcción, industria y minería. En el sistema de garantías, la morosidad alcanza al 3,1% en las Sociedades de Garantía Recíproca y al 5,2% en los fondos públicos.

Las familias deben más y pagan peor. Las pymes venden menos, acceden a crédito más caro y también pagan peor. Esa combinación impacta en el mismo punto: el trabajo.

JJD