Criar a un hijo en la Argentina demandó en marzo de 2026 entre $515.236 y $676.431 por mes, según la edad, de acuerdo con el último informe del Indec. La cifra consolidó una tendencia de aumento sostenido del costo de vida para las familias trabajadoras, en un contexto donde los salarios formales siguen quedando por debajo de los precios.

El valor más alto correspondió al grupo de niños y niñas de 6 a 12 años, con una canasta de $676.431 mensuales, mientras que el tramo de 1 a 3 años alcanzó los $616.046. En los extremos, el costo fue de $515.236 para menores de un año y de $538.587 para el grupo de 4 a 5 años.

Una parte sustancial del costo correspondió al trabajo de cuidado. En el caso de niños de 1 a 3 años, por ejemplo, el Indec estimó $379.300 mensuales en cuidado frente a $236.746 en bienes y servicios. La estructura se repitió en todos los tramos etarios, con mayor peso del cuidado en los primeros años de vida.

El informe oficial definió la canasta de crianza como la suma de bienes, servicios y tiempo de cuidado valorizado económicamente. Este último componente se calcula en función de las horas necesarias para cada edad y del salario del personal de casas particulares.

El Indec estimó que un bebé menor de un año requirió 147 horas mensuales de cuidado, mientras que un niño de 1 a 3 años demandó 168 horas. Ese tiempo explica una parte decisiva del costo total. Criar no es solo consumir, sino trabajar. Y ese trabajo, en la mayoría de los casos, no está remunerado ni distribuido de manera equitativa.

El mismo indicador ya venía mostrando esta tendencia en los meses previos. En diciembre de 2025, por ejemplo, más del 60% del costo total en los primeros años correspondió al cuidado. En marzo de 2026, esa proporción se ubicó en el 64,4% para menores de un año y en el 61,6% para el tramo de 1 a 3 años, lo que confirmó su peso estructural dentro de la canasta.

Una escalada sostenida mes a mes

Según la tabla de evolución del propio Indec, el tramo de 6 a 12 años pasó de $513.720 en marzo de 2025 a $676.431 en marzo de 2026, lo que implicó un incremento nominal del 31,7% en un año.

El mismo patrón se repitió en el resto de las edades. En el grupo de 1 a 3 años, la canasta subió de $486.393 a $616.046 en el mismo período, con un aumento del 26,7% interanual.

El aumento del costo no encontró un correlato equivalente en los ingresos. Las notas previas sobre salarios ya habían registrado ese desfasaje: entre enero y noviembre de 2025, los salarios registrados crecieron 25,6% frente a una inflación de 27,9%, lo que implicó una caída real.

La combinación entre costos en alza y salarios rezagados es un problema que sufren las familias trabajadoras ya desde hace varios años, acentuado durante el gobierno de Javier Milei, y que mes a mes se confirma tomando distintos índices. Y el costo de la crianza es uno de ellos. En los informes previos del Indec, ningún tramo de edad figuraba por debajo de los $460.000 mensuales a fines de 2025, lo que colocaba el piso de la crianza muy por encima de muchas remuneraciones formales e informales.

El problema se profundiza en hogares con más de un niño o niña. Aunque el tiempo de cuidado no se suma de forma lineal, el gasto en bienes y servicios sí lo hace, lo que incrementa el peso total sobre los ingresos familiares.

El informe del Indec volvió a poner en evidencia que el componente más costoso de la crianza es el tiempo humano. Es decir que no se trata únicamente de alimentos, transporte o educación, sino de horas de trabajo necesarias para sostener la vida cotidiana. Y ese tiempo recae mayoritariamente sobre mujeres y condiciona su inserción laboral: les limita el acceso al empleo formal o bien las empuja a condiciones más precarias.

La valorización económica del cuidado no implicó su remuneración efectiva, sino su visibilización estadística. El costo existe, pero no está cubierto ni por el mercado ni por políticas públicas proporcionales.

JJD

El consumo de los hogares volvió a mostrar en marzo las señales de fragilidad que caracterizan a la política económica del tándem Javier Milei-Luis Caputo. El Índice de Consumo Privado (ICP-UP) registró una caída interanual del 2,6%, pese a una leve recuperación mensual del 0,7%, en un contexto marcado por el deterioro del ingreso real de los trabajadores.

El dato confirmó que la mejora mensual no alcanzó para revertir la tendencia de fondo: en el primer trimestre del año, el consumo acumuló una contracción del 2% respecto del mismo período de 2025. La evolución del indicador reflejó un escenario en el que los hogares ajustaron gastos ante la pérdida de poder adquisitivo, incluso en segmentos con empleo formal.

El ICP-UP, elaborado por la Universidad de Palermo como indicador anticipado del consumo, mostró además que el nivel de marzo se ubicó por debajo del registrado un año atrás, aunque todavía por encima de los valores observados entre 2018 y 2024. Esta combinación evidenció una recuperación incompleta, con un piso más alto que en crisis previas pero sin capacidad de sostener el consumo frente a la inflación.

El comportamiento de los salarios formales durante 2025 ya había anticipado este deterioro. Según datos del Indec, el índice de salarios del sector privado registrado aumentó 25,6% entre enero y noviembre, mientras que la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales, incluso en el segmento con mayor cobertura sindical.

La pérdida de poder adquisitivo limitó la capacidad de consumo cotidiano y obligó a ajustar gastos básicos, una tendencia de la que el ICP-UP dio cuenta, por su caída interanual. La desaceleración de los aumentos salariales y el rezago de las paritarias profundizaron ese escenario.

Carne, motos y restaurantes: el consumo se movió a distintas velocidades

Los datos sectoriales mostraron además una evolución desigual dentro del consumo. Según el informe, distintos rubros avanzaron a velocidades diferentes, lo que evidenció una recomposición fragmentada y sin tracción generalizada.

Esa heterogeneidad aparece con claridad al desagregar los rubros de consumo. Mientras algunos indicadores mostraron leves mejoras, otros continuaron en caída o estancados. En los bienes durables, el comportamiento fue dispar: el patentamiento de autos se mantuvo prácticamente sin variación interanual en marzo (0,3%), luego de meses en baja, mientras que las ventas de motos crecieron 55,4% en el mismo período.

En el consumo masivo, en cambio, predominó la caída. El ajuste impactó directamente en alimentos básicos, con una baja interanual del 9,8% en el consumo de carne vacuna y del 4,6% en carne aviar en febrero, mientras que la venta de combustible se mantuvo sin cambios respecto del año anterior. Estos datos reflejaron un recorte en gastos esenciales de los hogares.

Los servicios vinculados al esparcimiento también mostraron comportamientos divergentes. La recuperación fue parcial y segmentada: los restaurantes tradicionales registraron una suba interanual de 1,4% en febrero, pero las ventas asociadas a espectáculos y entretenimiento en centros de compra cayeron 10,6% interanual.

En los bienes semidurables, el comportamiento volvió a ser mixto. Las ventas de indumentaria en shoppings crecieron 4% interanual y las de jugueterías 5,4%, mientras que los artículos deportivos no lograron sostener la recuperación y registraron una leve caída del 0,5%.

En paralelo, el indicador mensual mostró que la suba del 0,7% en marzo permitió recuperar niveles similares a los de octubre de 2025, luego de varios meses de caídas desde mediados del año anterior. Sin embargo, ese rebote no alcanzó para modificar la tendencia descendente en la comparación anual.

El deterioro del consumo también se vinculó con conflictos laborales y pérdida de ingresos en sectores específicos. En el transporte, por ejemplo, los choferes de la línea 60 denunciaron una pérdida del 61,87% del poder adquisitivo en dos años, con salarios que quedaron congelados frente a una inflación acumulada del 259,34%. Este tipo de situaciones mostró cómo la caída del ingreso impactó de manera directa en la capacidad de gasto de los trabajadores.

La relación entre salario y consumo volvió a quedar expuesta como el principal factor de la dinámica económica cotidiana. Sin recomposición sostenida de ingresos, la recuperación mensual del consumo quedó limitada a movimientos puntuales, sin consolidarse en una tendencia estable.

El informe de la Universidad de Palermo señaló que el ICP-UP se construyó a partir de múltiples indicadores de alta frecuencia, lo que permitió captar de manera anticipada los cambios en el comportamiento de los hogares. En ese marco, la persistencia de variaciones interanuales negativas reforzó la idea de un consumo condicionado por restricciones estructurales.

La evolución reciente mostró que la mejora mensual no respondió a una expansión del ingreso real, sino a ajustes puntuales tras meses de caída, lo que limitó su sostenibilidad. Sin cambios en la capacidad de compra de los salarios, el consumo continua atado a un escenario de recuperación débil o, al menos por ahora, impalpable.

JJD

Como ya lo anticipaban las consultoras privadas, la inflación de marzo se sostuvo en niveles altos de enero y febrero y consolidó un ritmo que sigue hundiendo el poder de compra, pero ahora más aceleradamente. El Índice de Precios al Consumidor subió 3,4% en marzo y acumuló 9,4% en lo que va de 2026, según el INDEC.

El índice mostró una secuencia de diez meses consecutivos en alza, desde el piso de 1,5% en mayo de 2025 hasta el nivel actual, sin interrupciones. Ya se puede decir con todas las letras: con Javier Milei la inflación no está bajando; está subiendo.

La suba de la inflación, el “peor impuesto”, porque es el que pagan los pobres —como lo definen los economistas ortodoxos—, condiciona sobre todo la vida de los asalariados.

La referencia más concreta volvió a estar en las canastas. Para no ser pobre, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en marzo $1.434.464, mientras que la canasta alimentaria —la línea de indigencia— se ubicó en $658.011 para ese mismo hogar.

Estos valores marcan el ingreso mínimo necesario para sostener condiciones básicas de vida en un esquema de medición que el propio Estado define únicamente en términos monetarios, y no en términos multidimensionales donde la pobreza incluiría otras privaciones y probablemente sería mayor.

En paralelo, la canasta básica alimentaria subió 2,2% en el mes y acumuló 11,6% en el año, mientras que la canasta básica total aumentó 2,6% en marzo y 9,6% en el primer trimestre.

El aumento de los precios se concentró otra vez en los gastos que estructuran la vida cotidiana. Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 3,4% y tuvieron la mayor incidencia en el índice general, con aumentos destacados en carnes.

También se registraron subas en transporte (4,1%) y en precios regulados (5,1%), que incluyen tarifas y servicios. La división Educación encabezó el mes con un incremento de 12,1%, en línea con el inicio del ciclo lectivo.

La dinámica de esos rubros tiene un efecto directo: son gastos que no se pueden ajustar ni postergar, y por eso erosionan más rápido cualquier ingreso.

El 9,4% acumulado en apenas tres meses plantea un problema de fondo: el ritmo de la inflación sigue lejos de cualquier escenario de estabilidad.

Para quienes dependen de un salario, esa velocidad no es un dato técnico sino una condición concreta de vida: cada mes redefine cuánto se necesita para comer, viajar, pagar servicios y sostener un hogar.

En el debate presidencial, Javier Milei afirmó que era “experto en bajar la inflación” y convirtió ese punto en uno de los ejes de su programa económico. Tres meses alcanzaron para que los precios se acercaran nuevamente a los dos dígitos acumulados, mientras las referencias básicas del costo de vida —las canastas— siguieron subiendo. Los bolsillos, cada vez más flacos, en el gobierno libertario, que prometió protegerlos y castigar a solament a “la casta”.

JJD

En diciembre de 2023, a pocos días de haber iniciado su mandato presidencial, Javier Milei dio un mensaje por cadena nacional anunciando su megadecreto desregulador, ideado por Federico Sturzenegger, que entonces no tenía ningún cargo formal en el Poder Ejecutivo, aunque en esa transmisión apareció junto al resto de los funcionarios de la primera línea del Gobierno. El mandatario anunció entonces, entre otras novedades, la derogación de la ley de Alquileres, con el argumento de que a los precios los regula el mercado, que esa norma los regulaba al determinar que se guiarían por un índice compuesto por inflación y salarios, el ICL (Índice de Contratos de Locación), que publicaba el Banco Central, y que con esa derogación se repondría la oferta retirada de alquileres por el miedo de los dueños a poner en alquiler su vivienda. Pues no. El costo de la vivienda fue el que más se disparó desde que empezó el gobierno de La Libertad Avanza e inclusive duplicó a la inflación general.

Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que la inflación acumulada del período, cercana al 209%. El aumento arrastró también a los servicios básicos: el gas natural subió 766%, la electricidad 370% y el agua 366%.

El estudio analizó la evolución de distintos rubros de consumo durante los primeros 26 meses del gobierno de Milei. Según los datos elaborados a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec para la región del Gran Buenos Aires, la inflación acumulada en ese período fue de alrededor de 209%, una cifra que, sin embargo, esconde diferencias significativas entre los distintos componentes del gasto de los hogares.

La vivienda encabezó esas divergencias. Dentro de ese rubro —que incluye alquileres, expensas, electricidad, gas, agua y otros combustibles— el aumento acumulado fue de casi 400%, es decir, 191 puntos porcentuales por encima del nivel general de inflación.

El informe destacó que el mayor salto se registró en el gas natural, cuyo precio acumuló un incremento de 766% desde diciembre de 2023. Le siguieron los alquileres, con 423%, la energía eléctrica con 370% y el agua con 366%.

Para los hogares trabajadores, estos gastos son estructurales del presupuesto familiar. Pagar el alquiler, sostener los servicios básicos o mantener el acceso a la energía forman parte de consumos que difícilmente pueden reducirse, incluso cuando el ingreso pierde poder adquisitivo.

Ese impacto ya se había observado en los datos recientes del IPC. En febrero de 2026, la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba mensual de 6,8%, la mayor variación entre todos los rubros del índice de precios.

El encarecimiento de los alquileres fue uno de los componentes centrales de esa presión sobre los ingresos. Según las variaciones regionales publicadas por el Indec, los alquileres registraron aumentos interanuales que superaron el 100% en algunas regiones del país, lo que reforzó el peso del gasto habitacional en el presupuesto de los hogares asalariados.

El resultado es un doble efecto sobre el ingreso real. Por un lado, los salarios pierden frente al aumento general de los precios; por otro, los gastos fijos esenciales crecen incluso más rápido que la inflación promedio.

Rubros que crecieron más que la inflación

El informe del Centro RA también mostró que la vivienda no fue el único rubro que superó ampliamente el promedio inflacionario.

Después del costo habitacional, el segundo mayor aumento acumulado se registró en comunicaciones, con una suba de 321%. Le siguieron educación, con 279%, y transporte, con 255%.

El gráfico incluido en el estudio —publicado en la página 2 del informe— muestra que varios rubros crecieron muy por encima del nivel general del IPC. En contraste, otros sectores de consumo registraron incrementos bastante menores.

Entre ellos aparece alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba acumulada de 182%, es decir, por debajo del promedio inflacionario. También quedaron por debajo equipamiento y mantenimiento del hogar, con 128%, y prendas de vestir y calzado, con 106%.

Esta heterogeneidad en los precios significa que el impacto real de la inflación depende de qué bienes consume cada hogar. Para las familias trabajadoras, los gastos vinculados con vivienda, servicios y transporte suelen ocupar una proporción elevada del ingreso, por lo que las subas en esos rubros tienen un efecto directo sobre su capacidad de compra.

La lechuga y el azúcar

El estudio también analizó la evolución de precios de productos específicos, principalmente dentro de los rubros alimentos y bebidas y bienes y servicios varios.

El producto que más aumentó fue el polvo para flan, con una suba acumulada de 424,7%. Detrás se ubicaron el limón (342%), el café molido (308,2%) y la lechuga (292,9%).

Entre los diez productos con mayores incrementos también aparecieron la sal fina (256,2%), la manzana (247,9%), el agua sin gas (246,7%), el champú (244,2%), el filet de merluza fresco (234%) y el queso sardo (233,6%).

En el otro extremo, algunos alimentos mostraron aumentos considerablemente menores. La yerba acumuló 80,7%, la banana 76,9%, los fideos para guiso 58,7% y el arroz 11,7%. El caso más llamativo fue el del azúcar, cuyo precio prácticamente no varió durante el período analizado, con un incremento de apenas 0,5%.

Incluso dentro de un mismo grupo de alimentos hubo diferencias significativas. En el caso de la carne vacuna, por ejemplo, la paleta aumentó 230,7%, el cuadril 228% y la nalga 225,7%.

El informe señaló además que 32 de los 59 productos relevados registraron aumentos superiores al promedio del rubro alimentos y bebidas, que se ubicó en torno al 181%.

Los investigadores del Centro RA señalaron que la inflación promedio puede ocultar diferencias profundas en la evolución del costo de vida, especialmente cuando algunos rubros esenciales crecen muy por encima del resto.

A los trabajadores el salario les alcanza cada vez menos para cubrir gastos básicos, porque no solamente los ingresos están pisados sino que sólo los dos primeros meses de 2026 la inflación ya dio casi 6% y se espera otra cifra cercana al 3% para marzo.

“Entre muchas reformas, el decreto incluye: 1. Derogación de la ley de alquileres, para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea”, prometió Milei. A lo mejor deje de ser una odisea en 20 años, cuando según otra profecía del presidente libertario, la Argentina logre el nivel de desarrollo y el PBI per cápita de Alemania.

JJD

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y creador de su billetera digital Mercado Pago, es uno de los empresarios argentinos que más afinidad ha mostrado con la agenda económica del presidente Javier Milei. Pero a juzgar por los niveles de morosidad que presenta su compañía, no le estaría yendo muy bien.

Mercado Pago registró un salto en su nivel de morosidad y mostró una señal del deterioro de la capacidad de pago de trabajadores y familias en la Argentina.

Según datos públicos de la Central de Deudores (CENDEU), el ratio de irregularidad de la billetera virtual subió de 5,5% en enero de 2025 a 14,7% en enero de 2026. El movimiento siguió la tendencia general del sistema financiero, pero mostró con claridad que el problema ya no quedó limitado a los bancos tradicionales: también alcanzó a las plataformas digitales que en los últimos años expandieron su negocio de crédito al consumo.

El dato de Mercado Pago apareció en un escenario más amplio de fuerte empeoramiento del endeudamiento de los hogares. El último Informe sobre Bancos del Banco Central mostró que la mora en créditos a familias pasó de 2,67% a 10,6% en un año, el nivel más alto en casi dos décadas.

En el mismo corte, la morosidad general del financiamiento al sector privado llegó a 6,4%. Dentro de las líneas más sensibles para el consumo cotidiano, los préstamos personales marcaron 13,2% y las tarjetas de crédito, 11%. En las entidades no bancarias y billeteras virtuales, la irregularidad se acercó al 25%, por encima del nivel informado para Mercado Pago.

El impacto de ese deterioro recayó sobre quienes viven de su ingreso mensual y debieron sostener gastos corrientes con financiamiento. La propia cobertura sobre el salto de la mora de Mercado Pago señaló que el deterioro de la capacidad de pago golpeó “con fuerza sobre las familias”.

La empresa sostuvo ante Infobae que su cartera estuvo concentrada en personas físicas y defendió que su tasa de irregularidad quedó “en línea con la de los principales bancos privados del país” y por debajo del promedio de las entidades no bancarias, al que ubicó en 23,9%. Pero incluso en esa comparación favorable, el 14,7% mostró un empeoramiento fuerte en apenas doce meses.

La suba de la mora no se explicó sólo por el crecimiento del crédito, sino también por el retroceso del ingreso real. En una nota publicada por trabajAR a fines de enero, se mostró que el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación para ese mismo período alcanzó 27,9%. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales en los trabajadores formales. El mismo artículo advirtió que más del 80% de la masa salarial relevada por el Indec quedó por debajo de la inflación acumulada hasta noviembre.

Ese cruce entre deuda más cara y salarios debilitados apareció también en las explicaciones de economistas y bancos. Según una cobertura de marzo sobre el endeudamiento de los hogares, la consultora LCG vinculó el aumento de la morosidad con tasas de interés activas elevadas y con un contexto de “salarios estancados o en retroceso”. En ese informe, la tasa nominal anual promedio de los préstamos personales en febrero se ubicó en 69%. Otra nota de abril sobre la preocupación bancaria resumió el diagnóstico en dos motores: “tasas altas y salarios golpeados”.

La mora expresó que una parte creciente de los hogares no logró sostener el pago de cuotas de préstamos, tarjetas o financiamiento de consumo con ingresos corrientes. En un mercado laboral con salarios formales rezagados y con expansión del pluriempleo, el crédito funciona cada vez más como un recurso para cubrir gastos y no como una herramienta excepcional. En ese marco, que Mercado Pago —una de las puertas de entrada más extendidas al financiamiento digital— mostrara una irregularidad de 14,7% resultó menos una anomalía empresaria que un síntoma del ajuste sobre los ingresos laborales.

El Gobierno reconoció las dificultades, aunque buscó relativizarlas. En marzo, Luis Caputo afirmó que era fundamental “seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando”. En esa misma intervención, sostuvo que las dificultades “se va[n] a ir acomodando” y que no era un asunto “problemático a futuro”. Hasta ahora, sin embargo, los datos públicos del Banco Central mostraron un empeoramiento persistente de la mora de los hogares y un traslado directo de esa presión a bancos, fintech y billeteras virtuales.

Lo que expuso Mercado Pago fue el límite del relato de normalización financiera cuando el salario no alcanza. La mora de su cartera casi se triplicó en un año, mientras la de los hogares se cuadruplicó y los salarios registrados volvieron a perder contra los precios.

Galperín, que durante más de dos décadas fue CEO de la compañía y hoy mantiene un rol de conducción estratégica, ha expresado en distintas ocasiones su respaldo a las ideas de liberalización económica impulsadas por el gobierno de La Libertad Avanza, e inclusive manifestó coincidencias con el enfoque confrontativo de Milei frente a sectores políticos y mediáticos. Su posición lo ubica entre los referentes del empresariado tecnológico que miran con buenos ojos el rumbo económico del Gobierno, en contraste con el vínculo más tenso que la compañía mantuvo en otros períodos con administraciones de perfil más intervencionista.

Pero los números de su propia billetera virtual sugieren que, más allá de las afinidades ideológicas, la economía real, la de la clase trabajadora, está bajo una presión cada vez más tenaz: si el crédito se usa para sobrevivir y no para consumir, ¿hasta dónde puede crecer el negocio?

JJD

Abril empezó y no es tan bello como cantaban con entusiasmo Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, en una canción hermosa y simple, y con un videoclip luminoso que ambos compartieron con Dolores Fonzi, la musa inspiradora del rosarino al componerla e incluirla en su disco Naturaleza Sangre (2003). Este abril, por el contrario, y como cada mes desde hace por lo menos tres años y medio, es otro de malaria en la economía libertaria; malaria para los trabajadores que son, básicamente, víctimas del modelo.

El mes que empezó vuelve a traer aumentos en servicios esenciales que afectan directamente el ingreso disponible de quienes trabajan. El transporte público, las cuotas de medicina prepaga, la electricidad y el agua comienzan el mes con nuevas actualizaciones tarifarias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un escenario en el que los salarios no paran de perder contra la inflación.

El calendario cambia, las cuentas también

El transporte público registró uno de los incrementos más inmediatos. El boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires pasa de $832,57 a $873,37 para los viajes de hasta 3 kilómetros con tarjeta SUBE registrada, según el nuevo cuadro tarifario que comenzó a regir en abril.

La actualización siguió el mecanismo que aplicó la provincia: el índice de precios al consumidor (IPC) de febrero más un 2% adicional. Con esa fórmula, los valores de los distintos tramos también aumentaron: $972,93 para viajes de 3 a 6 kilómetros, $1.047,14 entre 6 y 12 kilómetros, $1.122,90 entre 12 y 27 kilómetros y $1.197,39 para trayectos más largos.

En la Ciudad de Buenos Aires también se aplicó una suba. El pasaje mínimo de colectivo quedó en $715,26, con aumentos escalonados según la distancia del recorrido.

El impacto es directo sobre los trabajadores que utilizan el transporte público para ir y volver del empleo. En muchos casos, el gasto en movilidad es un componente fijo del ingreso mensual y se ajusta de manera más frecuente que las paritarias o los salarios. El ajuste data de por lo menos la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y se acentuó con ferocidad al asumir en el poder el tándem de economistas Javier Milei-Luis Caputo.

La presión sobre el transporte se agravó además por una decisión del sector empresario. Las cámaras del autotransporte que representan alrededor del 85% de las líneas de colectivos del AMBA informaron que reducirán la frecuencia del servicio debido al aumento del precio del gasoil y a la falta de actualización de los costos reconocidos por el Estado.

En un comunicado conjunto, las entidades empresarias señalaron que el incremento del combustible y la ausencia de una compensación oficial los colocó en una situación en la que consideran imposible sostener los niveles habituales de prestación. La medida comenzó a regir el 1° de abril y podría afectar los tiempos de espera de los usuarios.

La reducción de frecuencias implica más tiempo de viaje y mayor incertidumbre para quienes dependen del colectivo para llegar al trabajo, en un contexto en el que los costos de movilidad ya venían aumentando de manera sostenida.

Los aumentos de abril también alcanzaron al sistema de salud privado. Las empresas de medicina prepaga comunicaron actualizaciones en sus cuotas de hasta el 2,9%, en línea con la inflación registrada en febrero. Esa suba impactó además en los copagos que deben abonar los afiliados por consultas y prácticas médicas.

Las tarifas de servicios públicos también se modificaron. Las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur aplicaron nuevos cuadros tarifarios. En el área de Edesur, por ejemplo, los hogares de ingresos altos (Nivel 1) comenzaron a pagar un cargo fijo de $1.393,73 para consumos de hasta 150 kWh y un cargo variable de $115,29 por kWh, según el esquema informado para abril.

En el caso de Edenor, el cargo fijo inicial quedó en $1.414,93, con un cargo variable de $115,28 por kWh. Los usuarios con subsidios mantienen valores más bajos dentro de los límites establecidos por el esquema de segmentación tarifaria.

El agua también registró un ajuste. La empresa AySA aplicó el último tramo del aumento del 4% que había comenzado a implementarse a principios de año.

El efecto combinado de estas subas se produce en un contexto en el que el ingreso de los trabajadores sigue deteriorándose frente a los precios. Los datos oficiales del INDEC mostraron que el índice de salarios aumentó 2,5% en enero, mientras que la inflación del mismo mes fue de 2,9%, lo que implicó una nueva pérdida del poder de compra.

La situación se repitió especialmente entre los trabajadores registrados. En ese segmento, el sector privado subió 2,1% y el público 1,8%, ambos por debajo del IPC del mes.

El deterioro del ingreso también aparece en relevamientos sobre la percepción de los trabajadores. Un estudio citado en coberturas recientes registró que el 83,9% de los trabajadores afirmó que su salario no le gana a la inflación, mientras que el 56,4% de los hogares tomó deuda en los últimos seis meses para cubrir gastos básicos.

“Dios Santo que bello abril”, dice el estribillo de la canción. Pero en muchos hogares el mes empezó con una escena más terrenal: el calendario nuevo y una pila de facturas esperando turno sobre la mesa.

JJD

La desocupación volvió a subir en la Ciudad de Buenos Aires al cierre de 2025 y dejó una señal clara del deterioro del mercado laboral: cada vez más personas buscan trabajo o intentan ampliar sus ingresos mientras el empleo no muestra crecimiento. Según el informe del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA), el desempleo alcanzó el 7,3% de la población económicamente activa en el cuarto trimestre del año.

Ese nivel se ubicó por encima del registrado un año antes, cuando la desocupación había sido del 6,7%. También marcó un aumento frente al trimestre anterior: entre julio y septiembre de 2025 el desempleo había sido del 6,3%.

Pero el indicador más amplio del informe muestra una presión laboral aún mayor. Si se suman los desocupados, los trabajadores subocupados que buscan más horas y las personas ocupadas que están intentando cambiar o ampliar su empleo, el 12,7% de la población económicamente activa presiona sobre el mercado de trabajo. Es decir, más de uno de cada diez trabajadores busca entrar al empleo o mejorar su inserción laboral.

El aumento de esa presión se explica en parte por la dinámica del propio mercado laboral. La tasa de actividad —que mide a la población que participa del mercado de trabajo— se ubicó en 64,1%, mientras que la tasa de empleo quedó en 59,4%. El organismo estadístico señaló que la actividad mostró una leve expansión interanual, pero el empleo no registró cambios significativos.

Ese desfasaje describe un fenómeno recurrente en contextos de fragilidad laboral: más personas salen a buscar trabajo, pero el número de puestos disponibles no crece al mismo ritmo.

Desigualdades en el acceso al trabajo

El informe también mostró diferencias en la distribución del desempleo según sexo. Las mujeres representaron el 52,0% de las personas desocupadas, mientras que los varones concentraron el 48,0%. La tasa de desocupación femenina llegó al 7,6%, frente al 7,0% en los hombres.

Las brechas también aparecen en el mapa de la Ciudad. Las zonas Norte y Centro presentan niveles de actividad y empleo más altos que el Sur, donde la tasa de actividad alcanza el 60,7% y la de empleo el 53,7%. En cambio, en las zonas Norte y Centro la participación laboral llega al 65,2% y el empleo supera el 61%.

Estas diferencias territoriales reflejan que las oportunidades laborales no se distribuyen de manera homogénea dentro de la Ciudad, incluso dentro de un mismo mercado urbano.

Subocupación y trabajo insuficiente

Además del desempleo abierto, el informe registró un aumento de la subocupación. La tasa de subocupación horaria —personas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias— alcanzó el 9,3% de la población activa, lo que implicó una suba de 0,6 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

Dentro de ese grupo, más de la mitad de las personas subocupadas (57,5%) no buscan activamente ampliar su jornada laboral. El resto sí intenta sumar horas o conseguir otro empleo, lo que contribuye a aumentar la presión sobre el mercado laboral.

El informe también detalla la composición del empleo en la Ciudad. El 72,0% de las personas ocupadas trabaja en relación de dependencia, mientras que el 22,1% lo hace por cuenta propia.

Entre los asalariados, el 70,3% cuenta con cobertura jubilatoria, mientras que en el 29,% restante los empleadores no realizan aportes previsionales. En el caso del trabajo independiente, el panorama es más heterogéneo: el 59,1% de los cuentapropistas está registrado y paga regularmente, mientras que el 34,5% no tiene registro para ejercer su actividad y el 6,4% restante no mantiene regularidad en los pagos.

La suma de las dos últimas categorías implica que dos de cada cinco trabajadores por cuenta propia quedan por fuera de las regulaciones, una proporción que aumentó interanualmente según el relevamiento oficial.

El informe del organismo estadístico porteño muestra así un escenario en el que el problema del empleo no se limita a la falta de trabajo. También aparece en la insuficiencia de horas laborales, en la expansión del cuentapropismo sin regulación plena y en la creciente cantidad de trabajadores que buscan mejorar su inserción laboral dentro de un mercado que no genera nuevos puestos al mismo ritmo.

JJD

El salario volvió a perder contra los precios en enero y el dato oficial confirmó que la mejora nominal no alcanzó para recomponer el poder de compra de quienes trabajan. Según el INDEC, el índice de salarios subió 2,5% respecto de diciembre de 2025, pero la inflación del mismo mes fue de 2,9%. Dentro del promedio general, el sector privado registrado aumentó 2,1%, el sector público 1,8% y el sector privado no registrado 4,4%. La foto mensual dejó así un nuevo retroceso para la mayor parte del empleo formal, en un contexto en el que los convenios corrieron detrás de los precios y el ingreso siguió sin recuperar lo perdido desde el cambio de gobierno.

La caída golpeó sobre todo a los trabajadores registrados, porque fueron justamente los dos segmentos formales los que quedaron por debajo del IPC. El dato del sector privado no registrado fue el único que superó la inflación de enero, pero esa mejora no puede leerse de manera lineal como una recuperación del empleo informal. En una nota previa de trabajAR, basada en la serie del INDEC, elDiarioAR ya había señalado que ese componente se calcula con promedios trimestrales móviles de la Encuesta Permanente de Hogares y con un rezago metodológico de cinco meses, por lo que no refleja de manera directa los ingresos corrientes del segundo semestre ni una mejora sostenida de las condiciones laborales.

El deterioro no quedó restringido a enero. Luis Campos sostuvo en X que “la caída promedio del sector formal contra noviembre de 2023 es del 8%”, con una baja de 2,4% en el sector privado registrado y de 17,8% en el empleo público. En el mismo hilo agregó que, excluidos los primeros meses de 2024, los salarios quedaron en los niveles más bajos de las últimas dos décadas, y que frente a los picos de fines de 2017 el retroceso fue de entre 21% en el sector privado y 35% en el público. Esos valores no forman parte del informe del INDEC sobre enero, pero sí aportaron una lectura de mediano plazo sobre la profundidad del ajuste salarial que atravesó el trabajo formal.

La pérdida arrastró una tendencia que ya se había consolidado en 2025. En otra cobertura reciente, trabajAR informó que el índice de salarios del sector privado registrado acumuló entre enero y noviembre del año pasado una suba de 25,6%, mientras la inflación del mismo período llegó a 27,9%. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales incluso en el segmento con mayor cobertura sindical y negociación colectiva. También allí se advirtió que el ajuste había sido todavía más severo en parte del empleo público y que trabajar en blanco ya no garantizó sostener el poder adquisitivo.

El impacto sobre la vida cotidiana de quienes trabajan ya apareció en conflictos concretos. A fines de enero, este medio contó que los choferes de la Línea 60 denunciaron una pérdida de casi 62% de su salario real y siguieron sin paritaria desde noviembre. En esa nota, los trabajadores advirtieron sobre la deserción de personal por los bajos ingresos y las condiciones de presión en el sector. El caso funcionó como una expresión extrema de un problema más extendido: cuando el salario corrió sistemáticamente por detrás de los precios, el deterioro dejó de ser una discusión estadística y pasó a traducirse en abandono de puestos, pluriempleo, endeudamiento y dificultad para sostener gastos básicos.

El informe de enero también mostró una brecha nítida entre el discurso oficial y la realidad del ingreso. Mientras el Gobierno empujó una agenda de reforma laboral y desregulación, los salarios formales siguieron sin recomposición. El dato oficial no mostró recuperación en el empleo privado registrado ni en el público, y volvió a ubicar a los asalariados ante una negociación desigual: paritarias con aumentos más bajos, Estado sin política general de recomposición y un sector público particularmente castigado. La suba de 2,1% en privados registrados y de 1,8% en estatales quedó por debajo del aumento del costo de vida, con alimentos encabezando la inflación de enero con 4,7%.

La discusión de fondo volvió a ser cómo se sostuvo el trabajo cuando el salario ya no alcanzó. El indicador general de enero dejó un promedio positivo en términos nominales, pero la lectura laboral fue otra: la mayoría de los trabajadores registrados volvió a perder. En el sector público, además, la contracción resultó más profunda en la comparación con noviembre de 2023, según el relevamiento de Campos. En el sector privado formal, la caída fue menor pero persistente. Y en el empleo no registrado, aun con una variación mensual superior al IPC, el propio modo de medición impidió presentar esa cifra como una mejora efectiva y actual de las condiciones de vida.

Hasta ahora no apareció ningún dato que mostrara una recomposición sostenida del salario formal. El INDEC informó otra vez una suba nominal inferior a la inflación para privados registrados y estatales, y el deterioro acumulado desde noviembre de 2023 siguió abierto.

JJD

Más de cuatro de cada diez trabajadores en la Argentina tienen empleos sin derechos laborales básicos. No cuentan con aportes jubilatorios, no están cubiertos por la seguridad social y tampoco están protegidos por la legislación laboral. En el cuarto trimestre de 2025, la informalidad laboral alcanzó al 43% de los ocupados, según un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

La cifra permite dimensionar el fenómeno de manera concreta: casi la mitad de quienes trabajan lo hacen en condiciones de desprotección laboral. Esto significa que millones de personas sostienen su ingreso cotidiano sin las garantías que establece el trabajo registrado, desde una jubilación futura hasta cobertura frente a accidentes laborales.

La comparación con el mismo período del año anterior mostró una suba de aproximadamente un punto porcentual, lo que indica que la informalidad no sólo se mantiene en niveles elevados sino que además creció en el último año.

El informe fue coordinado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria y analizó la evolución reciente del mercado de trabajo argentino. El dato central es que la informalidad se mantiene como uno de los rasgos estructurales del empleo en el país, incluso en contextos económicos distintos.

Para entender su dimensión social, el estudio también analizó las condiciones de vida de quienes trabajan sin registro. El 32% de los trabajadores informales vive en hogares pobres, mientras que otro 27% se encuentra en situación de vulnerabilidad ante la pobreza.

Esto significa que casi seis de cada diez trabajadores informales habitan hogares que ya son pobres o están al borde de serlo. En otras palabras, la falta de derechos laborales suele ir de la mano con ingresos inestables y mayor fragilidad económica.

Los más vulnerables, como siempre, son los jóvenes

El informe también mostró que la informalidad no afecta a todos los trabajadores por igual. Los jóvenes son el grupo más expuesto a este tipo de empleo precario. Entre quienes tienen entre 16 y 24 años, siete de cada diez trabajan en la informalidad, lo que refleja las dificultades para acceder a un primer empleo registrado.

En la práctica, para muchos jóvenes la puerta de entrada al mercado laboral suele ser un trabajo sin contrato, sin aportes y sin estabilidad. Esa situación puede extenderse durante años y marcar la trayectoria laboral futura.

En los grupos de mayor edad, los niveles de informalidad disminuyen, aunque siguen siendo altos. Entre los trabajadores de 45 a 64 años la tasa fue de 34,2%, mientras que en el tramo de 25 a 44 años alcanzó el 42,2%.

Entre las personas de 65 años y más, la informalidad volvió a subir hasta el 57,8%. El informe señaló que este patrón refleja una tendencia habitual en los mercados laborales: la precariedad aparece con más fuerza al comienzo y al final de la vida laboral.

El análisis también detectó una fuerte concentración geográfica del fenómeno. La mayor parte de los trabajadores informales reside en el Gran Buenos Aires, la región urbana más poblada del país.

En perspectiva histórica, la tasa actual se ubica en niveles similares a los registrados en 2008, lo que muestra que el problema se mantiene elevado desde hace al menos 17 años.

El informe también comparó la situación argentina con otros países de la región. Entre nueve economías latinoamericanas analizadas, la Argentina se ubicó en el cuarto lugar en niveles de informalidad, detrás de Chile, Brasil y Costa Rica.

JJD, con información de NA

En los últimos años, cada vez más personas que trabajan sienten que su esfuerzo rinde menos que antes: el 83,9% afirmó que su salario no le ganó a la inflación. El dato surge del Monitor de Opinión Pública, de la consultora Zentrix, correspondiente a marzo de 2026, y expuso una percepción masiva de pérdida de ingresos reales que se tradujo en restricciones concretas en la vida cotidiana. Solo el 11,9% consideró que su salario logró superar la suba de precios, lo que dejó en evidencia un escenario donde el ingreso laboral perdió capacidad de sostener el consumo básico.

El mismo informe registró que el 56,4% de los hogares tomó deuda en los últimos seis meses, una proporción que vinculó directamente el deterioro de ingresos con la necesidad de financiamiento para sostener gastos corrientes.

El destino de ese endeudamiento reforzó ese diagnóstico. El 26,2% se endeudó para cubrir gastos cotidianos, el 19,9% para pagar tarjetas de crédito y el 18,9% para cancelar otras deudas, según el informe.

Ese patrón muestra que el crédito no funciona como herramienta de inversión o mejora patrimonial, sino como mecanismo de supervivencia ante ingresos insuficientes

El impacto de la pérdida salarial también se reflejó en la capacidad de sostener el mes. Solo el 25,7% afirmó que llegó a fin de mes, mientras que un 16% dijo que además pudo ahorrar.

En contraste, una proporción significativa de trabajadores agotó sus ingresos antes de terminar el mes:

Más de la mitad (56,3%) no logró cubrir el mes completo con sus ingresos, según el mismo relevamiento.

Este dato da cuenta del deterioro directo en la reproducción cotidiana de la vida trabajadora: el salario deja de organizar el mes completo y pasa a fragmentarse en períodos cada vez más cortos.

El endeudamiento no solo se expandió sino que además se volvió difícil de sostener. El 41,9% declaró que pagó sus deudas con alguna dificultad y el 27,8% con mucha dificultad, mientras que un 13,8% se atrasó en pagos y un 5,9% afirmó que ya no pudo pagarlas. En conjunto, el 89,4% de quienes tenían deudas enfrentó algún nivel de dificultad para afrontarlas, de acuerdo con los datos del informe.

Siete de cada 10 trabajadores sostiene que su situación económica personal no es buena

El deterioro del ingreso también se expresó en la percepción sobre la situación económica personal. El 39,5% la calificó como negativa, frente a un 28,7% positiva y un 31,8% regular, según los resultados del relevamiento (página 4).

A nivel país, la evaluación fue aún más crítica: el 59,7% consideró negativa la situación económica de la Argentina, mientras que solo el 21,1% la evaluó como positiva.

JJD

La desocupación cerró 2025 en 7,5% y marcó el nivel más alto desde la salida de la pandemia en los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. El dato implicó una suba interanual de 1,1 puntos porcentuales respecto del 6,4% del cuarto trimestre de 2024, mientras que la tasa de empleo bajó de 45,7% a 45,0% y la de actividad pasó de 48,8% a 48,6%. El propio INDEC aclaró que, en la comparación interanual, la suba del desempleo sí resultó estadísticamente significativa, pero que las variaciones en actividad y empleo no lo hicieron.

El deterioro volvió a recaer con más fuerza sobre los trabajadores más jóvenes. Entre las personas de 14 a 29 años, la tasa de desocupación de las mujeres subió de 13,8% a 16,8% en un año, mientras que la de los varones pasó de 12,5% a 16,2%. En términos del informe técnico, eso significó aumentos interanuales de 3,0 y 3,7 puntos porcentuales, respectivamente. Para las edades centrales, de 30 a 64 años, el INDEC registró estabilidad. El mercado laboral, así, volvió a mostrar una puerta de entrada cada vez más estrecha para quienes buscaban su primer empleo o intentaban sostener trayectorias laborales todavía frágiles.

El dato general escondió además una presión laboral más amplia que la desocupación abierta. En el cuarto trimestre, los desocupados representaron el 7,5% de la población económicamente activa, pero a eso se sumó un 16,5% de ocupados demandantes de empleo y un 6,0% de ocupados no demandantes disponibles. En conjunto, la presión sobre el mercado de trabajo llegó al 30,0%. En otras palabras, no solo creció la cantidad de personas sin trabajo: también siguió siendo alta la proporción de quienes ya tenían una ocupación pero buscaron otra o quisieron trabajar más horas para completar ingresos.

La foto del empleo confirmó un mercado más precario y más fragmentado. Sobre 13,5 millones de ocupados en los 31 aglomerados urbanos, el 71,5% fueron asalariados y el 28,5% no asalariados. Dentro de este último grupo, el 86,9% correspondió a trabajadores por cuenta propia. A la vez, la informalidad laboral alcanzó al 43,0% de los ocupados, prácticamente en línea con un año antes. Es decir, aun cuando parte de la caída del empleo asalariado registrado se compensó con más monotributo, cuentapropismo o changas, eso no alcanzó para evitar que el desempleo avanzara ni para revertir la degradación de las condiciones de inserción laboral.

La población desocupada también mostró un sesgo generacional nítido. En la composición del total de personas sin trabajo, los varones de hasta 29 años representaron el 27,9% y las mujeres de hasta 29 años el 23,1%. Sumados, explicaron más de la mitad de la desocupación total medida por la encuesta. A la vez, el 46,7% de las personas desocupadas fueron hijos o hijas dentro del hogar, otro indicador de que la pérdida o la falta de empleo se concentró en franjas más jóvenes y en hogares donde la inserción laboral todavía dependió de trayectorias inestables.

Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, ya había advertido con datos del SIPA que el deterioro del empleo registrado seguía profundizándose. El 13 de marzo escribió: “En lo que va del gobierno de Javier Milei 288.815 asalariados perdieron su trabajo. Apenas se compensa con un fuerte aumento del monotributo”. En el mismo hilo sostuvo que el empleo privado registrado acumuló siete meses seguidos de destrucción, que en el sector privado ya se perdieron más de 200.000 puestos en dos años y que la industria eliminó casi 40.000 empleos durante 2025, sobre todo en el segundo semestre.

La combinación entre más monotributo, más cuentapropismo y más búsqueda de horas o empleos adicionales no funcionó como una salida para quienes trabajaron. Los datos del INDEC mostraron que la tasa de empleo no recuperó el nivel de un año atrás y que el desempleo sí avanzó. El resumen ejecutivo del organismo estimó además 1,1 millones de desocupados y 13,5 millones de ocupados en el universo cubierto por la EPH urbana. En ese cuadro, la expansión de formas laborales más inestables no operó como compensación real de la pérdida del empleo asalariado, sino como parte de un mercado que absorbió peor y con menos protección a quienes necesitaron trabajar.

La región más afectada por la desocupación volvió a ser el Gran Buenos Aires, con una tasa de 8,6%, seguida por la región Pampeana con 7,7%. En los aglomerados de 500.000 habitantes y más, el desempleo llegó al 8,0%, contra 4,7% en los de menor tamaño. Esa concentración territorial importó porque allí se ubicó una parte decisiva del empleo industrial, comercial y de servicios urbanos que en los últimos meses mostró señales de contracción. Campos advirtió justamente que, además de la industria, el comercio empezó a exhibir una fase contractiva en el segundo semestre de 2025, con potenciales efectos más graves sobre el mercado laboral.

Para quienes trabajaron o buscaron hacerlo, el cierre de 2025 dejó una evidencia difícil de discutir: aumentó la desocupación, no mejoró el empleo y la crisis pegó más fuerte entre los jóvenes. El monotributo y el cuentapropismo absorbieron una parte del golpe, pero no evitaron que creciera la cantidad de personas sin empleo ni que se ampliara la presión sobre el mercado de trabajo.

JJD

La producción metalúrgica registró caídas del 10,3% interanual durante febrero y del 1,9% con relación a enero, según datos del sector.

De esta forma, acumuló en el bimestre una contracción del 8,2%, de acuerdo con el informe mensual elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

A su vez, el uso de la capacidad instalada se ubicó en un 40,2%, el registro más bajo de los últimos cuatro años. Esta cifra representa una contracción de 8 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior.

La tendencia negativa se profundizó en el inicio del año debido a la falta de señales de recuperación en el corto plazo y la retracción del mercado interno, señalaron desde ADIMRA.

La caída fue generalizada en todos los subsectores estratégicos de la industria. Los rubros con mayores retrocesos fueron:

Fundición: -15,0%

Bienes de capital: -14,6%

Autopartes: -12,0%

Equipamiento médico: -11,6%

Equipo eléctrico: -10,2%

En términos geográficos, las principales provincias metalúrgicas presentaron variaciones negativas. Buenos Aires lideró las bajas con un -12,9%, seguida por Córdoba (-11,9%), Mendoza (-10,2%), Entre Ríos (-9,8%) y Santa Fe (-4,3%).

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió sobre la gravedad del escenario actual: “La actividad metalúrgica profundiza su tendencia negativa durante el primer bimestre del año, con niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales claras de recuperación en el corto plazo”.

Asimismo, Del Re señaló que la baja en el consumo local afecta directamente la rentabilidad: “La fuerte retracción del mercado interno está impactando directamente sobre la producción y deteriorando la rentabilidad de muchas empresas del sector. Esta situación pone bajo presión el sostenimiento del empleo metalúrgico”.

En cuanto al mercado laboral, el nivel de empleo en el sector registró una disminución interanual del 1,8%. No obstante, en la comparación con el mes de enero, la cantidad de trabajadores no presentó variaciones.

JJD

La comida lidera el aumento del costo de vida básico en la Argentina. En el antiguo granero del mundo, el instituto de estadísticas públicas, el Indec, muestra que el precio de los alimentos sube más rápido que el conjunto de bienes y servicios que determinan el umbral de la pobreza.

En febrero de 2026, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —la que se toma para calcular la indigencia que hay en la Argentina— registró una suba interanual de 37,6%, por encima del 32,1% que aumentó la Canasta Básica Total (CBT), el indicador que se utiliza para medir la pobreza.

Dicho de otro modo: los alimentos se encarecen más rápido que el conjunto del costo de vida mínimo que necesita asumir un hogar para sostener su consumo básico.

Cada aumento en el precio de la carne, la leche, el pan o las verduras se traduce en decisiones concretas dentro de los hogares: comprar menos, reemplazar productos o directamente dejar de consumirlos.

La CBA mide justamente el costo de cubrir los requerimientos nutricionales mínimos de una persona adulta durante un mes. Se construye a partir de un conjunto de alimentos básicos y sus cantidades, definidos según patrones de consumo relevados por el propio Indec.

En esa lista aparecen productos que forman parte de la mesa cotidiana de millones de trabajadores: pan, arroz, fideos, carne, leche, frutas y verduras, entre otros. La evolución de esos precios determina cuánto cuesta, literalmente, comer.

El aumento de la canasta alimentaria también se reflejó en el corto plazo. En febrero, la CBA subió 3,2% en un mes, mientras que la canasta total lo hizo 2,7%.

Es una diferencia aparentemente pequeña, pero significativa: indica que incluso dentro del costo de vida básico la comida es lo que más presiona el presupuesto familiar.

Las cifras adquieren una dimensión más concreta cuando se traducen en hogares. Según el informe del Indec, una familia de cuatro integrantes —la composición que habitualmente se utiliza como referencia— necesitó $644.088 en febrero solo para cubrir la canasta alimentaria.

Es decir, más de seiscientos mil pesos mensuales únicamente para comer.

Esa misma familia necesitó $1.397.672 para no ser considerada pobre, es decir, para cubrir el conjunto de gastos básicos que incluye alimentos, transporte, vestimenta, servicios y otros consumos esenciales.

El contraste entre ambas cifras revela cómo se distribuye el peso del costo de vida: casi la mitad del gasto mínimo necesario para sostener un hogar corresponde únicamente a alimentos.

En la práctica, esa proporción se vuelve aún más pesada para los hogares de menores ingresos, donde la comida suele ocupar una parte todavía mayor del presupuesto mensual.

La canasta que define la pobreza crece más rápido que la inflación

El informe también deja otro dato relevante para entender la dinámica del costo de vida. En lo que va de 2026, la canasta básica total acumuló un aumento de 6,8%, apenas dos meses después de iniciado el año.

Ese ritmo de crecimiento se ubica por encima del índice de precios al consumidor del mismo período, que marcó una suba cercana al 6% en el primer bimestre.

La diferencia puede parecer marginal, pero tiene implicancias claras: el costo de la canasta que define la línea de pobreza está creciendo más rápido que el promedio de los precios.

El aumento del costo de vida no impacta de manera uniforme en todos los bienes y servicios. Cuando los incrementos se concentran en los consumos esenciales —como alimentos, transporte o servicios básicos— el efecto sobre los hogares es mayor que el que reflejan los promedios generales.

Esto explica por qué la percepción social del costo de vida suele diferir de las cifras agregadas de inflación. Para muchas familias trabajadoras, los precios que más pesan en el día a día son precisamente aquellos que integran la canasta básica. Nadie puede dejar de comer ni prescindir de los gastos básicos del hogar. Por eso, cuando el aumento se concentra en esos rubros, el impacto es inmediato.

El fenómeno tiene además una dimensión estructural. En un país donde la producción agroalimentaria ocupa un lugar central en la economía, la evolución del precio de los alimentos adquiere una carga simbólica particular.

La Argentina se definió durante décadas como el “granero del mundo”, una expresión que evocaba abundancia y capacidad exportadora. Sin embargo, las estadísticas del costo de vida muestran otra cara de esa historia: los alimentos que produce el país son también los que más se encarecen dentro del consumo básico de su propia población.

JJD

El costo de la vivienda volvió a golpear el ingreso de los trabajadores en febrero. La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un aumento mensual de 6,8%, el mayor de todo el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Indec. La suba estuvo impulsada principalmente por los incrementos en gas, electricidad y agua, junto con cambios en los esquemas de subsidios aplicados en distintas provincias.

El dato se inscribe en un escenario de inflación que continúa deteriorando el salario real. El índice general del IPC subió 2,9% en febrero, mientras que la variación acumulada en lo que va del año llegó a 5,9%, según el organismo estadístico.

Aunque el presidente Javier Milei suele destacar la desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros de su programa económico, el primer bimestre de 2026 cerró con un aumento cercano al 6% en los precios, un nivel que sigue impactando con fuerza sobre los ingresos laborales.

El golpe más fuerte aparece en los gastos estructurales del hogar. Dentro de la división vivienda, el informe muestra que los alquileres registraron aumentos interanuales que superan el 100% en algunas regiones del país. La categoría alquiler de la vivienda alcanzó subas de hasta 101,7% interanual, según las variaciones regionales publicadas por el Indec.

Este encarecimiento de los alquileres se combina con el incremento de las tarifas de servicios públicos, que fueron uno de los motores del aumento mensual de la división vivienda. El resultado es un doble impacto sobre el presupuesto de los hogares asalariados: pagar el techo y sostener los servicios básicos demanda una proporción creciente del salario.

El peso de estos gastos fijos vuelve más visible la tensión entre precios e ingresos. La inflación no afecta de la misma manera a todos los rubros del consumo: los aumentos en alimentos, tarifas y alquileres tienen una incidencia mucho mayor en los hogares trabajadores que otros bienes o servicios menos frecuentes.

De hecho, los alimentos y bebidas no alcohólicas también registraron una suba de 3,3% en febrero, la segunda mayor variación entre las divisiones del IPC y la que tuvo mayor incidencia en la inflación mensual en la mayoría de las regiones del país.

El informe del Indec señala que esa incidencia se explicó principalmente por el aumento en carnes y derivados, un componente central de la canasta alimentaria.

El cuadro general muestra que los precios regulados volvieron a crecer por encima del promedio. Dentro de las categorías del índice, los bienes y servicios regulados —donde se incluyen tarifas de servicios públicos— registraron un incremento mensual de 4,3%, por encima de la inflación núcleo.

Este tipo de aumentos tiene un efecto directo sobre los trabajadores porque se trata de gastos difíciles de reducir o postergar: electricidad, gas, transporte o alquiler forman parte de los costos básicos para sostener la vida cotidiana.

Mientras el Gobierno insiste en que la inflación muestra señales de desaceleración respecto de los niveles registrados en años anteriores, los incrementos en vivienda, alimentos y servicios esenciales continúan erosionando el poder de compra de los salarios.

Para los hogares asalariados, el problema no es solo el nivel general de la inflación, sino qué precios suben y en qué proporción lo hacen. Cuando el encarecimiento se concentra en los gastos indispensables —comida, techo y servicios—, el impacto sobre el ingreso real se vuelve inmediato.

En ese contexto, el IPC de febrero dejó un dato claro: la vivienda encabezó los aumentos del mes con 6,8% y los alquileres ya muestran subas interanuales superiores al 100% en algunas regiones del país.

JJD

La alimentación durante la jornada laboral quedó atravesada por la restricción económica para la mayoría de los trabajadores asalariados en Argentina. Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) reveló que el 83,5% reduce la cantidad o la calidad de los alimentos por motivos económicos, una situación que refleja el impacto directo de los ingresos sobre las condiciones materiales de la vida cotidiana.

El estudio se basó en la Encuesta Alimentación de los Trabajadores Asalariados en Argentina (2025), realizada sobre una muestra representativa de 1.171 asalariados en todo el país. El objetivo fue analizar cómo comen los trabajadores durante la jornada laboral y qué factores sociales y laborales condicionan esa práctica.

La restricción económica no solo afecta la calidad de la alimentación, sino también la frecuencia con la que se come durante el día. El informe señala que 56,2% de los trabajadores salteó comidas o eligió alimentos menos nutritivos por motivos económicos, mientras que solo 16,5% afirmó no atravesar ningún tipo de privación alimentaria.

La alimentación durante la jornada laboral tampoco está garantizada para todos. El 22,6% de los trabajadores asalariados declaró que no suele comer durante su jornada laboral, lo que equivale a casi uno de cada cuatro.

Esa situación no se distribuye de manera uniforme. La proporción de trabajadores que no come durante la jornada aumenta con la edad, y supera el 30% entre quienes tienen entre 45 y 59 años (30,4%) y entre los mayores de 60 (31,6%).

Las desigualdades territoriales también aparecen con claridad. La situación más crítica se registra en el NEA, donde el 50,1% de los trabajadores declara que no come durante la jornada laboral, el valor más alto entre todas las regiones del país.

Las condiciones laborales también inciden en estas prácticas. La falta de pausas regulares para comer afecta al 26% de los asalariados, lo que muestra que el tiempo para alimentarse no siempre está garantizado dentro de la organización del trabajo.

Las dificultades se concentran especialmente entre trabajadores de menores ingresos, empleados del sector público y personas que trabajan en lugares sin infraestructura adecuada, como comedores, heladeras o microondas.

El lugar donde se come durante la jornada también refleja las condiciones del entorno laboral. Entre quienes sí realizan alguna comida, el 41,5% lo hace en su escritorio o puesto de trabajo, mientras que el 38,9% utiliza el comedor de la empresa u organización.

Otros trabajadores recurren a alternativas menos frecuentes. El 9% come en espacios públicos como plazas o patios, el 7% lo hace en restaurantes o bares y el 3,6% en su propia casa.

La infraestructura disponible en el lugar de trabajo aparece como un factor decisivo. Contar con comedor, heladera o microondas se asocia con mejores hábitos alimentarios, mayor regularidad en las pausas para comer y menores niveles de privación alimentaria.

Estas condiciones no dependen solo de la voluntad individual de los trabajadores. El tamaño de la empresa, el sector de actividad y el nivel de ingresos influyen en la forma en que se organiza la alimentación durante la jornada laboral, lo que produce diferencias significativas entre distintos grupos de asalariados.

El informe también analiza el vínculo entre alimentación y salud. El 23,1% de los trabajadores asalariados presenta obesidad, definida como un índice de masa corporal superior a 30, una proporción que aumenta en contextos laborales menos favorables.

Los investigadores señalan que las condiciones del trabajo —los tiempos disponibles para comer, los ingresos y la infraestructura del lugar de trabajo— influyen directamente en los hábitos alimentarios y, en consecuencia, en la salud de quienes trabajan.

La mayoría de los trabajadores también manifestó interés en recibir algún tipo de aporte del empleador para cubrir los gastos de alimentación durante la jornada laboral. Según el estudio, 80,4% se mostró a favor de recibir ese tipo de beneficio, lo que refleja la centralidad que tiene el costo de la comida en el presupuesto cotidiano.

El informe concluyó que el lugar de trabajo es un espacio clave para promover mejores condiciones de alimentación y bienestar. La presencia de infraestructura adecuada y de aportes empresariales aparece asociada con mejores prácticas alimentarias y menores niveles de privación.

Las condiciones en que los trabajadores comen —o dejan de comer— durante su jornada laboral muestran cómo los ingresos, la organización del trabajo y el entorno laboral influyen directamente en la alimentación cotidiana.

JJD

La morosidad en los créditos de las familias alcanzó su nivel más alto en 18 años, según surge de los balances de cierre de 2025 presentados por las principales entidades bancarias privadas del país. El aumento de la falta de pago en préstamos personales y tarjetas reflejó un deterioro en la capacidad de los hogares para cumplir con sus obligaciones financieras, en un contexto marcado por la pérdida de ingresos reales y el encarecimiento del crédito.

Los documentos presentados por Grupo Supervielle, Banco Macro, BBVA y Grupo Galicia expusieron una misma tendencia: aumento de la morosidad, mayores previsiones por incobrabilidad y un impacto negativo sobre la rentabilidad del sector financiero. Ese escenario fue interpretado por las entidades como una señal de deterioro en la calidad de la cartera de préstamos a individuos.

El problema se concentró especialmente en los créditos destinados a los hogares, que durante 2025 enfrentaron una combinación de tasas de interés reales elevadas, caída de la actividad económica y pérdida del poder adquisitivo. Esa combinación redujo la capacidad de pago de los clientes a lo largo del año y se profundizó hacia el final del período.

Además, un estudio elaborado por el Banco Provincia sobre datos del Banco Central señaló que uno de cada cuatro argentinos enfrenta dificultades para cancelar sus créditos, una proporción que refleja la presión que las obligaciones financieras ejercen sobre los ingresos familiares.

El mismo informe registró un cambio significativo en el nivel de deuda de las familias. El financiamiento promedio pasó de representar el equivalente a 1,5 salarios hacia fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025, lo que implicó que los hogares incrementaran su endeudamiento en un monto equivalente a un salario adicional durante ese período.

Ese crecimiento de la deuda coincidió con un deterioro del poder adquisitivo de los ingresos laborales. Según datos del Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación para el mismo período alcanzó 27,9%, lo que implicó una caída real del salario superior a dos puntos porcentuales.

La pérdida de poder de compra obligó a muchos hogares a recurrir al crédito para sostener gastos corrientes, una dinámica que elevó el nivel de endeudamiento y, posteriormente, las dificultades para cumplir con los pagos. El sistema financiero comenzó a reflejar ese deterioro en los indicadores de riesgo crediticio, especialmente en los segmentos de préstamos personales y consumo.

Frente a ese escenario, algunas entidades financieras empezaron a aplicar estrategias de refinanciación para intentar contener el aumento de la morosidad. Según relevamientos del sector, los bancos comenzaron a analizar los casos de clientes con atrasos de manera individual y a ofrecer condiciones de pago más flexibles en determinadas situaciones para evitar que las deudas se vuelvan incobrables.

Las entidades sostuvieron en sus informes que el deterioro observado durante 2025 podría moderarse en los próximos meses si mejora la situación macroeconómica y la capacidad de pago de los clientes. Sin embargo, los balances reflejaron que el impacto del aumento de la morosidad ya se trasladó a los resultados financieros de las compañías y generó preocupación en los mercados.

La reacción de los inversores no se hizo esperar. Las acciones de bancos argentinos que cotizan en Wall Street registraron caídas luego de la difusión de los balances y de las advertencias sobre el deterioro en la calidad del crédito. Para millones de trabajadores el crédito deja de ser una herramienta de financiamiento y se transforma en una deuda difícil de sostener.

JJD

El retroceso reciente de la industria argentina no solo se expresó en la caída de la producción y el empleo. También se manifestó en una serie de cierres de plantas, retiros de compañías internacionales y reestructuraciones empresariales que impactaron directamente en la actividad fabril. Así lo señaló un informe sobre coyuntura industrial elaborado por investigadores del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El documento relevó una serie de movimientos empresariales recientes que atravesaron distintas ramas industriales, desde la metalurgia hasta los electrodomésticos. Entre los casos mencionados aparecen Whirlpool, Electrolux, Mabe, Eskabe, Lumilagro, Acindar, Ferrum, Mirgor, Essen, Acerbrag y Vassalli, compañías que enfrentaron cierres de plantas, repliegues productivos o procesos de reorganización en sus operaciones.

Uno de los casos más significativos fue el de Whirlpool, que anunció el retiro de la producción local en la Argentina. La empresa había inaugurado en 2022 una planta en Pilar para fabricar lavarropas destinados al mercado interno y a la exportación regional. Según el informe, la filial regional comunicó luego su decisión de abandonar la producción local, argumentando cambios en su estrategia de eficiencia operativa y asignación de recursos.

El estudio también menciona dificultades y repliegues en otras firmas vinculadas al mercado interno de electrodomésticos y equipamiento del hogar. Electrolux, Mabe, Eskabe y Lumilagro aparecen entre las compañías que enfrentaron problemas para sostener su producción local en un contexto de caída del consumo y deterioro de la actividad industrial.

El informe identificó además procesos de ajuste o reorganización en empresas industriales de otros rubros, entre ellas Acindar, Ferrum, Mirgor —con impacto en sus unidades IATEC, Famar y Brightstar—, Essen, Acerbrag y Vassalli. En estos casos, el documento menciona reducciones de actividad, reorganizaciones empresariales o cambios en las estrategias productivas.

Para los investigadores del CEHEAL, estos movimientos empresariales suelen aparecer en períodos de recesión industrial. En esos contextos, la caída de la rentabilidad y la contracción del mercado interno pueden derivar en quiebras de empresas locales, cierre de plantas o retiro de compañías internacionales, fenómenos que terminan debilitando el entramado productivo.

El informe ubica estos procesos dentro de un deterioro más amplio de la industria argentina. Entre 2023 y 2025 la actividad manufacturera registró una contracción significativa y la participación de la industria en la economía se redujo del 16,5% al 13,7%, uno de los niveles más bajos en décadas, según el estudio.

En ese escenario también se produjo el cierre de Fate, histórica fabricante de neumáticos fundada en 1939. La empresa cesó este año su producción en la Argentina y dejó al país sin fabricación local de neumáticos después de 86 años de actividad. El cierre implicó la pérdida de cientos de puestos de trabajo y trasladó la producción del mercado local a las filiales de las multinacionales Firestone y Pirelli.

Para los autores del informe, la combinación de recesión económica, caída del consumo interno, menor inversión y cambios en las estrategias empresariales está configurando un proceso de reconfiguración del mapa industrial argentino, caracterizado por cierres de plantas, repliegues productivos y mayor dependencia de importaciones.

Ese proceso no solo afecta a las empresas. También impacta directamente sobre el empleo industrial y sobre la capacidad productiva del país, al reducir la cantidad de plantas fabriles activas y debilitar las cadenas de valor locales que sostienen la actividad manufacturera.

El informe también advierte que la crisis industrial reciente tiene una magnitud histórica. En 2024 la industria argentina registró una contracción del 8,8% en términos reales respecto de 2023, la caída más pronunciada de las últimas décadas y superior incluso a la registrada durante la pandemia de 2020. Como resultado de ese retroceso, el nivel de actividad fabril quedó 18,5% por debajo del máximo alcanzado en 2011, lo que refleja la profundidad del deterioro productivo que atraviesa el sector manufacturero.

El documento también subraya un cambio estructural en la economía argentina. Entre 2023 y 2025 la participación de la industria manufacturera en el producto interno bruto se redujo del 16,5% al 13,7%, una caída que llevó al sector a niveles de incidencia económica comparables con los registrados antes de la Segunda Guerra Mundial. Para los investigadores, esta pérdida de peso relativo del sector fabril constituye uno de los indicadores más claros del proceso de desindustrialización que atraviesa el país.

El deterioro industrial también se reflejó en el empleo. Durante 2024 la industria perdió alrededor de 21.600 puestos de trabajo registrados, según datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial citados en el informe. En el período más reciente, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, la actividad manufacturera eliminó en promedio 77 empleos formales por día, lo que convirtió al sector en uno de los principales focos de destrucción de empleo privado en la economía argentina. Si se incluye el trabajo no registrado, la pérdida asciende a unos 160 puestos diarios, según estimaciones del propio informe.

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La industria argentina perdió 100.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023, lo que equivale a 160 empleos menos por día, según un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El estudio identificó una caída del 8,3% en la actividad industrial durante el gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) y advirtió que la contracción impactó de manera directa en el empleo y en la capacidad productiva del sector.

El documento fue elaborado por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL). Los investigadores señalaron que los datos reflejan un deterioro simultáneo de producción, empleo y estructura industrial, con efectos directos sobre las condiciones laborales en el sector manufacturero.

La destrucción de puestos de trabajo aparece como uno de los indicadores más contundentes del proceso. El informe precisó que el sector industrial registró una pérdida acumulada de 100.000 empleos desde noviembre de 2023. En términos diarios, esa reducción se tradujo en un promedio de 160 trabajadores que dejaron de tener empleo en la industria cada día.

La caída del empleo se produjo en un contexto de retracción de la actividad. El trabajo académico indicó que entre el tercer trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2025 la economía argentina creció apenas 1,3%, mientras que la industria retrocedió 8,3%. Otros sectores productivos también registraron descensos en ese período, entre ellos el comercio (-5,2%), la construcción (-14,1%) y la pesca (-24,6%).

El deterioro de la actividad industrial también se expresó en el uso de la capacidad instalada. El estudio señaló que durante 2024 y 2025 el nivel promedio de utilización de la capacidad productiva se mantuvo por debajo del 60%, lo que implicó una capacidad ociosa superior al 40% en el sector manufacturero.

Para los trabajadores industriales, ese escenario suele traducirse en suspensiones, reducción de turnos o pérdida de puestos de trabajo. La disminución de la actividad reduce la necesidad de mano de obra en las plantas y debilita la estabilidad laboral en los distintos segmentos de la cadena productiva.

El informe también registró un cambio estructural en el peso de la industria dentro de la economía argentina. Según los datos relevados por los investigadores, la participación del sector industrial en el producto total cayó del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025.

Ese nivel de participación se ubica en valores similares a los registrados antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que para los autores del estudio refleja un proceso de desindustrialización que reconfigura la estructura económica del país.

La contracción no se limitó a algunos segmentos específicos. El trabajo indicó que 22 de los 24 sectores que integran la estructura industrial argentina registraron caídas en su valor agregado entre mediados de 2023 y mediados de 2025.

Entre los sectores más afectados aparecieron la metalurgia, el calzado, las curtiembres y las industrias vinculadas a la construcción, con descensos estimados entre 20% y 25%.

En contraste, algunos rubros mostraron una mayor resistencia a la caída generalizada. El informe mencionó entre ellos a la industria alimenticia, las tabacaleras y el sector vinculado al transporte, aunque todos registraron igualmente retrocesos en su actividad.

El deterioro productivo también se reflejó en el comercio exterior industrial. El estudio señaló que las exportaciones manufactureras de mayor valor agregado —con mayor contenido tecnológico y generación de empleo— redujeron su participación dentro del total exportado por el sector.

Según el relevamiento, las llamadas Manufacturas de Origen Industrial (MOI) representaron 28% de las exportaciones industriales, mientras que en 2011 habían alcanzado un pico histórico del 35%.

Ese cambio en la composición exportadora implicó una mayor presencia relativa de productos primarios o vinculados a recursos naturales dentro del comercio exterior del sector manufacturero.

El informe también analizó la situación de la industria de bienes de capital, un segmento clave para el desarrollo productivo porque provee maquinaria y equipamiento al resto de la economía.

En ese rubro, los investigadores detectaron una caída cercana al 25% en la producción local entre 2023 y 2025, mientras que las importaciones de bienes de capital aumentaron 77% en el mismo período.

Ese desplazamiento entre producción nacional e importaciones se tradujo en una menor actividad para las empresas que fabrican maquinaria en el país, con impacto directo en el empleo industrial asociado a ese segmento.

El estudio también advirtió sobre cambios en la política económica que afectan al sector. Los investigadores señalaron que el Presupuesto 2026 registró un recorte del 40% en los recursos destinados a la industria, mientras que el apoyo estatal se concentró en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Según el análisis, ese esquema priorizó proyectos vinculados a energía, minería y siderurgia orientados al capital extranjero, en detrimento de políticas de financiamiento destinadas al entramado industrial local.

Los investigadores también compararon el nivel actual de producción industrial con series históricas y señalaron que el PBI industrial per cápita retrocedió a valores similares a los registrados en 1985, lo que implica un retroceso de aproximadamente cuatro décadas en la capacidad productiva por habitante.

Ese indicador sintetiza el deterioro acumulado de la actividad manufacturera y su impacto sobre el empleo, ya que el sector industrial se caracterizó históricamente por generar puestos de trabajo formales, con mayor nivel de protección laboral y mejores salarios relativos dentro de la economía.

La pérdida de puestos industriales, la caída de la producción y la reducción del peso del sector en la economía configuran un escenario que impacta directamente en quienes trabajan en la actividad manufacturera. El informe concluyó que los datos relevados reflejan una crisis industrial extendida, con efectos simultáneos sobre empleo, inversión y estructura productiva en Argentina.

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En diciembre de 2025, las ventas en supermercados mostraron una leve recuperación interanual pero con menos trabajadores en las góndolas. Según la Encuesta de Supermercados publicada por el INDEC, el índice de ventas totales a precios constantes creció 0,5% respecto al mismo mes de 2024 y acumuló una suba de 2% en el período enero-diciembre.

El dato se produjo en un contexto de retracción laboral dentro del propio sector. El personal ocupado descendió 1,4% interanual y se ubicó en 99.324 personas en diciembre. La mejora leve en cantidades vendidas no se tradujo en mayor empleo.

En términos mensuales, la serie desestacionalizada mostró un aumento de 2,7% respecto de noviembre, mientras que la serie tendencia-ciclo avanzó 0,1%. El movimiento indicó un repunte frente a la caída registrada durante buena parte de 2024, cuando el consumo masivo había retrocedido con fuerza.

En valores corrientes, las ventas totales alcanzaron $2.796.111 millones en diciembre, sumando el canal salón de ventas ($2.713.065 millones) y los canales online ($83.046 millones). El canal presencial concentró la mayor parte de la facturación, aunque el online mostró una variación interanual de 37,4%, por encima del 25,2% del salón de ventas.

El ticket promedio se ubicó en $37.244, con una suba interanual de 29,2%, mientras que las ventas por metro cuadrado alcanzaron $826.295 y crecieron 26,2% frente a diciembre de 2024. El incremento nominal del ticket se dio en un año en el que el consumo en cantidades mostró apenas un avance marginal.

El desglose por medios de pago mostró cambios en la forma de financiar las compras. Las tarjetas de crédito explicaron $1.220.497 millones de las ventas y registraron un aumento interanual de 25,2%. Las tarjetas de débito sumaron $730.107 millones (+10,3%), el efectivo $454.381 millones (+31,7%) y otros medios de pago $391.125 millones (+59,1%) .

El peso creciente de los medios distintos al efectivo y al débito reflejó un mayor uso de financiamiento y promociones, en un escenario donde los ingresos reales de los hogares continuaron tensionados.

El índice de ventas totales a precios corrientes mostró una variación interanual de 26,2% en diciembre . Sin embargo, al analizar las ventas a precios constantes —es decir, descontando el efecto inflacionario— el crecimiento fue de apenas 0,5% . La diferencia entre ambas mediciones evidenció que buena parte del aumento nominal respondió a precios y no a mayores cantidades vendidas.

Durante 2024, el sector había atravesado caídas interanuales pronunciadas en varios meses, con variaciones negativas de dos dígitos en términos reales, según la serie original publicada por el organismo. El leve saldo positivo de 2025 marcó un freno a esa tendencia pero no implicó una recomposición robusta del consumo.

El dato laboral expuso uno de los principales impactos sobre quienes trabajan en el sector. Con 99.324 personas ocupadas y una baja interanual de 1,4%, la recuperación en ventas no se tradujo en expansión de planteles. La mejora en productividad medida por ventas por metro cuadrado coexistió con menor cantidad de trabajadores.

El informe técnico no consignó aumentos en la dotación pese a la suba acumulada anual de 2,0% en ventas reales . En un sector caracterizado por alta rotación y presencia de empleo registrado, la reducción interanual implicó menos puestos formales en uno de los principales rubros del comercio minorista.

La Encuesta de Supermercados es uno de los indicadores más sensibles para medir el pulso del consumo masivo urbano. El cierre de 2025 mostró estabilidad en cantidades vendidas pero sin recomposición significativa del empleo, en un contexto en el que la evolución salarial y el poder adquisitivo condicionaron el gasto de los hogares.

El informe fue publicado el 25 de febrero de 2026 por el INDEC y consignó que los datos de 2025 son provisorios . Hasta el momento, el organismo no informó una reversión en la caída del personal ocupado.

El sector cerró el año con más facturación nominal y leve crecimiento real, pero con menos trabajadores que doce meses antes.

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El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado este jueves por el Banco Central, delineó un escenario de desaceleración inflacionaria, crecimiento económico moderado y equilibrio fiscal sostenido para 2026. Las proyecciones del propio informe muestran, sin embargo, que ese crecimiento esperado no se traduce en una expansión del empleo, ya que la tasa de desocupación se mantendría prácticamente sin cambios a lo largo de 2026.

El REM se elaboró a partir de una encuesta realizada entre el 28 y el 30 de enero a 45 participantes, entre consultoras y entidades financieras locales e internacionales. El relevamiento no mide la economía real, sino las expectativas de estos actores sobre un conjunto acotado de variables macroeconómicas: inflación, nivel de actividad, desempleo, tipo de cambio, tasas de interés, comercio exterior y resultado fiscal.

En materia de actividad, el informe indicó que el Producto Interno Bruto habría crecido 0,1% en el cuarto trimestre de 2025, en la medición desestacionalizada. Para 2026, el conjunto de analistas proyectó un crecimiento interanual promedio de 3,2%, cifra que implicó una corrección a la baja de 0,3 puntos porcentuales respecto del REM previo. Entre quienes integran el denominado Top 10, el crecimiento esperado fue aún menor: 2,7%, con una revisión negativa de 0,6 puntos.

Ese nivel de crecimiento no aparece asociado, en las propias proyecciones del mercado, a una mejora relevante del mercado de trabajo. Según el REM, la tasa de desocupación abierta se habría ubicado en 6,7% de la Población Económicamente Activa en el cuarto trimestre de 2025, y el conjunto de participantes espera que cierre 2026 en 6,6%. Para el Top 10 de analistas, la proyección fue de 6,7% tanto para 2025 como para 2026.

La estabilidad de la tasa de desocupación esperada indica que el mercado no anticipa una expansión significativa del empleo, aun en un contexto de crecimiento económico. En términos estrictos, el escenario proyectado describe una economía que crecería sin absorber de manera sustancial nueva fuerza de trabajo ni reducir de forma visible el nivel de desempleo existente.

En paralelo, el REM mostró un endurecimiento de las condiciones financieras esperadas para el corto plazo. Para febrero de 2026, los analistas pronosticaron una tasa TAMAR de bancos privados de 31,8% nominal anual, lo que representó un aumento de 4,3 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior. Para diciembre de 2026, la tasa esperada se ubicó en 22,4% TNA, también por encima de las proyecciones previas.

Un esquema de tasas de interés elevadas tiende a restringir el crédito, el consumo y la inversión, variables directamente vinculadas al ritmo de la actividad y a la generación de empleo. Si bien el REM no evalúa esos efectos de forma directa, el perfil financiero esperado no describe un contexto expansivo para el mercado laboral.

En el plano fiscal, las expectativas del mercado reforzaron la continuidad del ajuste. El conjunto de participantes proyectó para 2026 un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero de $16,0 billones, cifra superior a la del relevamiento anterior. Ningún analista anticipó un resultado inferior a $9,0 billones. El escenario fiscal esperado se apoya en el equilibrio de las cuentas públicas, sin incorporar supuestos de expansión del gasto que impulsen el empleo o los ingresos laborales.

Respecto del frente externo, el REM estimó que en 2026 las exportaciones totalizarían USD91.885 millones y las importaciones USD80.710 millones, con un superávit comercial esperado de USD11.175 millones. El excedente externo proyectado tampoco fue vinculado por el mercado a una expansión del empleo, sino a un esquema de crecimiento contenido y demanda interna moderada.

En cuanto a la inflación, el relevamiento mostró que los analistas esperan una variación mensual de 2,4% para enero de 2026, tanto para el índice general como para el núcleo, con revisiones al alza respecto del REM previo. La desaceleración inflacionaria esperada no implica, por sí misma, una mejora del poder adquisitivo, ya que el informe no incluye proyecciones salariales ni anticipa cómo evolucionarían los ingresos frente a los precios.

El REM de enero describe una economía que crecería en 2026, pero sin una reducción significativa del desempleo. Las expectativas del mercado delinean un sendero de estabilidad macroeconómica relativa, con inflación más baja, equilibrio fiscal y expansión moderada de la actividad, aunque sin señales de que ese proceso se traduzca en una ampliación del empleo. En las propias proyecciones de los analistas, el crecimiento esperado no aparece acompañado por una mejora sustantiva del mercado de trabajo.

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