En los últimos meses comenzaron a multiplicarse los conflictos en sectores que tienen algo en común: dependen del Estado para funcionar. Médicos del PAMI en paro, universidades nacionales con medidas de fuerza, prestadores de discapacidad al borde del colapso, empresas de transporte que reducen servicios. Detrás de todos esos conflictos aparece un mismo fenómeno económico: el atraso en los pagos del Estado.

La discusión económica argentina suele quedar atrapada en una variable: la inflación. Es lógico. Durante décadas fue el síntoma más visible del desorden macroeconómico. Sin embargo, detrás de ese indicador hay otros mecanismos menos visibles que también moldean la vida cotidiana de la economía. Uno de ellos es el manejo del tiempo de los pagos del Estado.

En los últimos meses, distintos sectores comenzaron a denunciar lo mismo: demoras en los pagos de parte del Gobierno nacional, y analistas económicos advierten que el retraso deliberado de desembolsos se ha convertido en una de las herramientas centrales para sostener el equilibrio fiscal que el dúo dinámico Javier Milei-Luis Caputo festeja cada mes como si cada mes la Argentina ganara el Mundial, mientras en la sociedad se oye el cantar a un grillo solitario.

En otras palabras: el superávit se sostiene, en parte, pagando más tarde. Y cuando el Estado se demora, toda la economía argentina —acostumbrada a anticiparse a los efectos de la inflación— siente el impacto.

La macroeconomía del pago diferido

Hay un principio bastante simple en economía pública: si los ingresos caen y el gasto no puede reducirse más, el margen de maniobra aparece en la administración del flujo de caja. Es decir, en cuándo se paga.

La recaudación tributaria viene mostrando señales de debilidad. En ese contexto, el gobierno de Javier Milei busca sostener su bandera política más importante: el equilibrio fiscal.

Pero ese equilibrio no siempre se construye solamente con recortes de gasto. También con demoras.

Un informe periodístico firmado por el periodista Carlos Lamiral describe uno de los mecanismos utilizados: “Los comodines del superávit fiscal: Luis Caputo pisa la devolución de impuestos y suma ingresos extraordinarios”, la caída en la recaudación obligó al equipo económico a buscar recursos alternativos para sostener el resultado fiscal. Para el FMI, al día. Para adentro, paga Dios.

Entre esos “comodines” aparece la postergación de gastos tributarios. Un ejemplo claro es la devolución del IVA a exportadores, que en febrero directamente fue cero, cuando en meses anteriores superaba los cientos de miles de millones de pesos.

Es una forma elegante de ajustar sin anunciar un ajuste.

El problema es que los retrasos no quedan en las planillas del Tesoro. Se trasladan rápidamente a la economía real.

Hay reclamos de distintos sectores hacia el Gobierno por el atraso en los pagos. Las empresas de colectivos, los prestadores de discapacidad y las farmacias y clínicas que trabajan con PAMI sostienen que el ministro de Economía, Luis Caputo, demora desembolsos para mantener el superávit a pesar de la caída en la recaudación.

En el transporte público, por ejemplo, la situación ya generó conflictos concretos. Las empresas del AMBA denunciaron una deuda del Estado que ronda entre 120.000 y 150.000 millones de pesos en subsidios.

La Secretaría de Transporte terminó adelantando el 60% de los pagos de abril para evitar una paralización mayor del servicio.

Incluso con ese anticipo, varias líneas redujeron frecuencias o directamente suspendieron recorridos. El periodista de elDiarioAR León Nicanoff lo describió en esta nota: cómo la Argentina del libertario Milei se va pareciendo a Cuba, al menos en lo que respecta a cómo viajan los usuarios en las guagas, en el Caribe, y en los colectivos, aquí en Buenos Aires: apretados a más no poder. Y eso que al boleto lo vienen subiendo sin piedad.

La salud, el eslabón más frágil

Donde el impacto se vuelve más sensible es en el sistema de salud.

“Si PAMI no paga, vamos a tener que suspender el servicio”, advirtió Héctor Milanesi, uno de los farmacéuticos afectados. Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron recientemente un paro de 72 horas para reclamar mejoras en sus condiciones de pago.

El conflicto se disparó por una resolución que modifica la forma de remuneración y reduce ingresos, lo que para muchos profesionales vuelve inviable el sostenimiento de los consultorios.

Según denunciaron desde el sector, los médicos pasarían a cobrar alrededor de 2.100 pesos por paciente, una cifra que consideran insuficiente para cubrir los costos básicos del ejercicio profesional.

Cuando el Estado paga tarde o paga menos, la salud pública funciona peor (pero con los mismos impuestos), y las consecuencias no son contables sino sociales.

Las universidades nacionales también denuncian retrasos en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Según organizaciones docentes, el gobierno acumula más de 170 días de incumplimiento en la aplicación de la norma aprobada por el Congreso.

La respuesta fue la convocatoria a nuevas medidas de fuerza y paros en el sistema universitario. Otra consecuencia del mismo problema.

Disco rayado

La relato oficial insiste en que el equilibrio fiscal es la condición necesaria para estabilizar la economía. Y es cierto que la Argentina necesita ordenar sus cuentas públicas. Pero también es cierto que el equilibrio fiscal puede construirse de distintas maneras.

No es lo mismo reducir gastos estructuralmente que postergar pagos. Porque en el segundo caso el gasto no desaparece: simplemente se traslada hacia adelante. Y ese traslado tiene efectos. Aumenta la incertidumbre en sectores que dependen del Estado. Dificulta la planificación de empresas y profesionales. Y, sobre todo, agrega estrés a una macroeconomía que sigue funcionando mal.

No solamente las paritarias y los ingresos están pisados en el gobierno de Javier Milei, con la presunción de que a mayor circulando de dinero, mayor es la suba de precios. Son también los pagos intra-Estado, que como el gobierno de La Libertad Avanza es tan libre, los honra cuando se le da la gana.

Analistas económicos advierten que esta es una estrategia fija de Luis Caputo para sostener su sagrado equilibrio fiscal, una de las pocas variables que le da bien pero que tiene sabor a nada a la luz de los números de la inflación 2026, que puede cerrar su primer trimestre en el orden del 9%, cuando, por ejemplo, en los cuatro años de presidencia de Néstor Kirchner rondó el 9% promedio pero anual, no trimestral, a apenas 17 meses de la salida del uno a uno y justo antes de que el Indec empezara a mentir la inflación con el interventor Guillermo Moreno, ya con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, período en que la macro empezó a funcionar mal.

La inflación ha bajado desde los porcentajes del gobierno del fantasmal Frente de Todos, pero no lo que Milei y los empresarios y los trabajadores que lo votaron esperaban que bajara.

La baja de la inflación es necesaria, porque la economía argentina es una economía indexada. Sin embargo, Milei, en nombre de libertad de empresa (porque de la del paciente, mejor no comments), les dio plena libertad a las prepagas para que subieran la cuota mensual a sus afiliados. Todo lo que quisieran. Después de aumentos impresionantes, como el del 40% que pusieron el primer mes, gracias a la libertad que les otorgó el Presidente al firmar en diciembre de 2023 ese primer decreto con centenares de artículos desreguladores y derogadores, ideado por el ministro de Transformación del Estado, “El Coloso” Federico Sturzenegger.

Los que tenemos créditos hipotecarios UVA estamos volviendo a tener los mismos problemas que con Mauricio Macri y con Alberto Fernández, presidentes a quienes la inflación, como consecuencia de los saltos del tipo de cambio por las corridas bancarias, se les fue de las manos: agarrándonos la cabeza porque la cuota te come cada vez más el ingreso, como la prepaga y los servicios, por mencionar sólo un par de ejemplos. Son gastos fijos, pagos que las familias no pueden dejar de hacer. No es sacarle al fiado un poco de fiambre y una Coca-Cola al almacenero. Es no pagar la luz. ¿Qué pasa si no pagás la luz? Te la cortan.

Con los UVA, Macri y Fernández por lo menos congelaron las cuotas. Fue una forma de admitir que no podían controlar la inflación: se nos fue de las manos, desde el Estado damos un alivio a la gente, pensaron (uno por motivos electorales; el otro, sanitarios).

Milei, que habla pestes de la inflación, tampoco logra controlarla pero no dará ningún tipo de ayuda a nadie. En este período libertario de la Argentina pareciera que todos tenemos que arreglárnolas como podamos, inclusive pagando los mismos impuestos. Todos, menos Manuel Adorni y el resto de la casta que juraron combatir.

Entonces, la economía argentina es una economía indexada a la inflación y al dólar. Por lo tanto, no controlar la inflación, que además era la principal —y reiterada hasta el hartazgo— promesa de campaña de Milei, activa la indexación y la retroalimenta. La salud privada aumenta según el Indec, y nadie dice ni mu.

Para este modelo, la única libertad que permanece innegociable es para los poderosos, las empresas que pueden ajustar precios cuando y como quieran, y el Estado para elegir a quién, cómo y —sobre todo— cuándo dejar de deberle. Para el resto, la libertad sigue llegando tarde. Como los pagos del gobierno del dúo dinámico.

JJD

Hay palabras que en la Argentina parecen prohibidas hasta que ya es demasiado tarde. Crisis es una de ellas. Durante meses —a veces durante años— los síntomas se acumulan sin que nadie quiera pronunciar el diagnóstico completo, crisis económica, porque el que se quema con leche ve la vaca y llora. Se habla de desaceleración, de reacomodamiento, de transición, de ajuste necesario, de sinceramiento. Pero no de crisis económica. Hasta que ya es tarde.

En la economía real, las señales empiezan a repetirse con una familiaridad inquietante: paros por salarios que ya no alcanzan; fábricas que suspenden trabajadores porque no venden; empresas que despiden a la mitad de su personal; bancos que advierten que cada vez más familias dejan de pagar sus créditos, y en consecuencia pierden valor, porque caen sus acciones.

Cada noticia parece contar una historia distinta. Miradas juntas, todas hablan de lo mismo.

La pregunta es insoslayable: ¿son problemas aislados o estamos asistiendo a los primeros capítulos de una nueva crisis económica?

La Argentina conoce bien ese terreno. En las últimas décadas atravesó al menos ocho grandes recesiones, según distintos estudios sobre el ciclo económico: en 1989-1990, 1995, 1998-2002, 2009, 2012, 2014, 2016 y 2018-2020, cortando ahí, sin contar la pandemia. Cada una de esas ocho grandes recesiones de la historia reciente tuvo causas distintas, pero todas dejaron una marca similar: caída del empleo, deterioro salarial y retroceso del consumo.

En el mundo del trabajo las señales vuelven a aparecer con nitidez. Allí es donde las transformaciones macroeconómicas dejan de ser abstracciones y se convierten en experiencias concretas.

En 2010, Amado Boudou, cuando fue ministro de Economía y tenía poco más de 50 años, buenmozo, sonriente, en la cresta de la ola por —como se le atribuye— haber capeado en la Argentina la crisis económica mundial provocada en Europa por el derrumbe de las subprime, y antes de pasar al ostracismo por la causa Ciccone —por la que terminó condenado y preso—, dijo una frase que sonó fuerte: “La economía es como el amor, cuanto más caliente, mejor”.

A lo mejor quien al año siguiente se convertiría en vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner tenía algo de razón. Porque la realidad evidencia que cuando la economía se enfría, lo primero que se enfría es el salario. Y más cuando está en el poder un gobierno como el de La Libertad Avanza, con el economista Javier Milei al frente de la Presidencia de la Nación: al dejar al Estado de brazos cruzados observando cómo el mercado acomoda todo, deja a miles de hogares a la deriva, sin protección, tras los despidos de los hombres y las mujeres que los sostienen económicamente con sus trabajos. Despidos que se informan, ya desde hace meses, todos los días. ¿Acaso no son ya despidos masivos? Porque así como se habla de crisis en determinados sectores y no de crisis económica, se cuentan los despidos pero no se habla de despidos masivos.

La quiebra de Garbarino, durante años uno de los gigantes del comercio de electrodomésticos en el país, se convirtió en uno de los símbolos más visibles de esa descomposición. El cierre de la compañía, y centenares de ellas más, desde pequeñas hasta grandes, se enmarca en un escenario de.desmoronamiento de las ventas minoristas y, en la industria, de plantas paralizadas, suspensiones y despidos, desde el sector textil hasta el metalúrgico y el autopartista. En muchos casos, las empresas explican el ajuste por la misma razón que repiten desde hace meses: la caída de las ventas en el mercado interno.

En el sector del neumático, por ejemplo, el cierre de Fate dejó a cientos de trabajadores frente a un futuro incierto, además de dejar a la Argentina sin fabricación nacional de neumáticos después de 86 años (ahora sólo lo harán las extranjeras Firestone y Pirelli); en la metalurgia advierten que decisiones de compra externa pueden dejar cientos de empleos en el camino; y en distintos rubros manufactureros se multiplican los recortes de personal. Son episodios que parecen inconexos, pero son parte de la misma serie: una estructura industrial que cruje por la caída del consumo, la presión de las importaciones y el enfriamiento de la actividad económica.

Hoy el salario mínimo en la Argentina cubre apenas una fracción del costo de vida. En diciembre de 2025 fue de $334.800, mientras que la canasta básica total para una familia tipo superó $1,3 millones. Es decir que el ingreso mínimo legal cubre apenas una cuarta parte de lo necesario para no ser pobre.

Eso explica también el incesante crecimiento del pluriempleo. Cada vez más trabajadores necesitan sumar un segundo —y a veces un tercer— ingreso para sostener la economía familiar. En los últimos años la proporción de personas con más de un empleo pasó del 8,5% al 11,9%, un aumento cercano al 40%, impulsado por la pérdida de poder adquisitivo.

Detrás de esa estadística hay jornadas que se estiran hasta la madrugada, padres y madres que encadenan trabajos formales con changas, aplicaciones de delivery y de traslados, como Uber, Cabify y Didi, y demás “kioscos” para poder llegar a fin de mes. El pluriempleo no es una buena señal por dos razones: la primera es que en cualquier economía que funcione bien lo normal sería que una persona tuviera un solo trabajo remunerado para llegar a fin de mes, no dos, ni tres ni cinco, y lo segundo es que tener más de un trabajo le agrega estrés, agotamiento y menos tiempo al trabajador y a la trabajadora, y por ende a la vida familiar de esas personas.

El pluriempleo no es una buena señal por dos razones: la primera es que en cualquier economía que funcione bien lo normal sería que una persona tuviera un solo trabajo remunerado para llegar a fin de mes, no dos, ni tres ni cinco, y lo segundo es que tener más de un trabajo le agrega estrés, agotamiento y menos tiempo al trabajador y a la trabajadora, y por ende a la vida familiar de esas personas.

Incluso en el empleo formal, los ingresos crecieron por debajo de los precios durante 2025. La inflación anual cerró en 31,5%, pero el aumento de salarios no logró acompañar ese ritmo. El resultado fue una nueva caída del poder adquisitivo.

Así aparece un fenómeno que hasta hace pocos años parecía excepcional y hoy se volvió estructural: la pobreza dentro del empleo. Tener trabajo ya no garantiza escapar de la pobreza. Los trabajadores ferroviarios, por ejemplo, denunciaron que perdieron un 56% de su salario real desde diciembre de 2023, lo que derivó en un paro nacional del sector. Y en el transporte automotor, los choferes de la línea 60 denunciaron una pérdida aún mayor de su poder de compra En distintas ramas industriales, las paritarias quedan rezagadas frente al costo de vida. Cuando el salario se debilita, es el consumo el que lo sigue. Inevitablemente.

Desde hace meses las empresas vienen describiendo el mismo problema: las ventas se desploman. Y de ese diagnóstico se desprenden consecuencias concretas: suspensiones, despidos y, en algunos casos, cierres. Es bastante lógico. No hay que ser un especialista en la teoría económica de la Escuela Austríaca para entenderlo.

Textilana, histórica fabricante de la marca Mauro Sergio, suspendió a 175 trabajadores por acumulación de stock.

La empresa Kopelco, conocida por producir los preservativos Tulipán, despidió a 220 empleados en sus plantas de San Martín y San Luis.

En ambos casos, la explicación empresarial fue la misma: la demanda cayó.

La industria es particularmente sensible a ese proceso. Cuando el consumo se enfría, la producción se reduce. Cuando la producción se reduce, el empleo industrial suele ser el primero en resentirse.

Y cuando los salarios ya no alcanzan y el consumo se retrae, la tensión termina filtrándose también en otro frente de la economía doméstica: las deudas.

Los balances de los principales bancos privados del país revelaron un aumento de la morosidad en los créditos de consumo, el nivel más alto en casi dos décadas.

Detrás de ese número hay miles de historias similares: familias que se endeudan para sostener gastos corrientes y que luego descubren que el ingreso ya no alcanza para pagar las cuotas.

Salarios débiles, consumo debilitado, empresas que ajustan producción, hogares endeudados.

En economía, esa cadena de eventos rara vez aparece por casualidad.

Ahora bien, ¿alcanza todo esto para hablar de recesión?

La respuesta técnica es más cauta. En la literatura económica suele utilizarse una regla práctica: un país entra en recesión cuando su producto interno bruto cae durante dos trimestres consecutivos.

Sin embargo, la definición académica más utilizada es algo más amplia.

El National Bureau of Economic Research (NBER), el organismo estadounidense que estudia los ciclos económicos, define una recesión como una caída significativa de la actividad económica extendida en toda la economía y que dura más de unos pocos meses.

Pero no se trata solo del producto. También cuentan el empleo, los ingresos, el consumo y la producción industrial.

Desde ese punto de vista, el diagnóstico es más ambiguo.

La Argentina todavía no atraviesa una recesión en sentido estricto. Pero varios indicadores empiezan a mostrar señales de enfriamiento.

La serie del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) ayuda a entender este momento. Tras la profunda contracción registrada entre finales de 2023 y comienzos de 2024 —una de las consecuencias inmediatas del fuerte ajuste macroeconómico— la economía experimentó un rebote durante parte de 2024.

Ese repunte permitió hablar durante algunos meses de “milagro económico” de la Argentina (esta vez, atribuido a Milei) y de recuperación acelerada. Pero las economías no viven de milagros, sino de ingresos, consumo y producción.

Durante 2025 la actividad empezó a perder impulso. En varios meses se observaron estancamientos o leves retrocesos. No fue una caída abrupta, pero sí una desaceleración persistente.

Ese comportamiento agregado, además, oculta fuertes desigualdades sectoriales. La industria manufacturera y la construcción —dos de los grandes motores históricos del empleo formal en la Argentina— fueron también dos de los sectores más golpeados del ciclo reciente. La industria cayó 9,4% en 2024 y apenas logró crecer 1,6% en 2025, mientras que la construcción se desplomó 27,4% en 2024 y rebotó 6,3% en 2025, una recuperación todavía insuficiente para compensar el derrumbe previo.

Al mismo tiempo, buena parte del crecimiento reciente se concentra en sectores que generan poco empleo directo o tienen menor efecto multiplicador sobre el resto de la economía. Esa asimetría ayuda a explicar una paradoja cada vez más visible: algunos indicadores macroeconómicos mejoran, pero el mercado laboral y el consumo siguen debilitados.

En términos de ciclo económico, es el tipo de comportamiento que suele observarse en las fases previas a una recesión.

En el viaje se acomodan los melones

Mientras tanto, el modelo económico oficial insiste en una idea simple: el mercado se encargará de acomodar las variables. El Estado, en esa lógica, debe retirarse y dejar que los precios y los incentivos hagan su trabajo.

El problema es que los mercados no acomodan personas. Acomodan números. Cuando las empresas reducen costos para sobrevivir a una caída de ventas, lo que desaparece no es una variable abstracta: es el ingreso de un trabajador. Y detrás de cada trabajador hay un hogar. Miles de hogares. En las planillas de Excel se llaman ajustes. En la vida se llaman despidos.

Los mercados no acomodan personas. Acomodan números. Cuando las empresas reducen costos para sobrevivir a una caída de ventas, lo que desaparece no es una variable abstracta: es el ingreso de un trabajador. Y detrás de cada trabajador hay un hogar. Miles de hogares. En las planillas de Excel se llaman “ajustes”. En la vida cotidiana se llaman despidos.

Quizás cada una de estas crisis pueda explicarse por separado. La crisis salarial, por la inflación pasada. La crisis del consumo, por la pérdida de ingresos. La crisis del crédito, por el endeudamiento familiar. La crisis industrial, por la caída de ventas y por otro factor que golpea a la producción local: el aumento de las importaciones y el debate sobre el tipo de cambio.

Cada vez resulta más barato traer productos del exterior que fabricarlos en el país. Incluso algunos economistas —a los que el Presidente suele descalificar públicamente como “econochantas”— sostienen que el peso volvió a apreciarse en términos reales, lo que abarata las compras externas. Los econochantas hablan de atraso cambiario. A Milei eso le pone los pelos de punta. Lo cierto es que su política aperturista y su política cambiaria, las importaciones de bienes crecen con fuerza en distintos sectores manufactureros, mientras plantas locales reducen producción o directamente suspenden o recortan personal.

Cuando todas estas crisis aparecen al mismo tiempo, cuando el salario pierde poder de compra, cuando el consumo se enfría, cuando la industria disminuye su producción y cuando las familias empiezan a dejar de pagar sus deudas, el fenómeno deja de ser sectorial.

Tal vez la pregunta no sea si hay crisis en tal o cual empresa o en tal o cual sector, como el textil, que trabaja al 40% de su capacidad instalada, o como la industria toda, donde se registran 160 despidos por día desde que llegó al poder el tándem Javier Milei-Luis Caputo y su modelo libertario. La pregunta es, más bien, si todos estos síntomas —vistos en conjunto— no están describiendo algo más amplio. Una palabra que en la Argentina siempre llega tarde, pero igual termina apareciendo: crisis. O crisis económica, con todas las letras.

La reforma laboral no es ya un proyecto en disputa sino una pieza casi cerrada del engranaje institucional. A cuatro días de su sanción definitiva, el oficialismo transformó el calendario legislativo en una flecha recta, inquebrantable, como pocas veces se ha visto en democracia. Sin ir más lejos, es la reforma laboral más abarcativa desde las modificaciones estructurales de fines de los años 90, cuando el paradigma de flexibilización marcó la última gran reconfiguración del derecho del trabajo argentino, con todo lo engorroso y peliagudo que supone enmendar una ley marco, un texto largo, con muchísimos artículos y regulaciones que afectan a cientos de miles de trabajadores. Si el Senado valida la modificación incorporada por Diputados en el artículo sobre descuentos salariales por enfermedad, Javier Milei llegará a su tercer 1º de marzo con la ley convertida en norma vigente.

El período de sesiones ordinarias del Congreso comienza el 1º de marzo y finaliza el 30 de noviembre. Las extraordinarias —convocadas por el propio Presidente durante el receso estival— funcionaron como un corredor legislativo acelerado para tratar una reforma que altera pilares históricos del derecho del trabajo argentino. Total, si durante el año parece haber importado muy poco el desguace del Estado, pese a cobrar los mismos impuestos para la gran mayoría de la población e inclusive de haberlos aumentado, menos importancia le darán a una discusión que realiza en febrero, en plenas vacaciones de verano. Todos felices.

Si el Senado confirma la redacción, la norma quedará sancionada antes del inicio formal del nuevo año parlamentario. Milei podrá presentar la ofrenda de sus héroes parlamentarios frente a la Asamblea Legislativa, el domingo próximo, como otra conquista política en el escenario institucional más solemne del calendario republicano, donde en un mismo sitio, el recinto de la Cámara de Diputados se reúnen las máximas autoridades de los tres poderes del Estado y los gobernadores, entre otros altos cargos. Por eso es la jornada institucional más importante de la República.

La reforma laboral ya fue aprobada por ambas Cámaras en sus ejes estructurales. El Senado no vuelve a discutir el corazón del proyecto. Solo debe convalidar una modificación puntual sobre licencias médicas. El resto del texto —indemnizaciones, fondo de cese, período de prueba, banco de horas, negociación por empresa, regulación sindical— cuenta con aval parlamentario completo. En términos legislativos, la reforma laboral sale o sale.

Ese desenlace, sin embargo, no se produce en un vacío social ni jurídico. El Gobierno ya intentó avanzar con un paquete desregulador en la ley Bases y en el DNU, capítulo que fue rechazado por la Justicia. Este es el tercer intento. Nada garantiza que el nuevo texto no enfrente cuestionamientos judiciales, especialmente en los artículos que rozan derechos consagrados en la Constitución nacional, advierten juristas.

Pero el viernes no se discutirá eso. Se discutirá una redacción técnica. Y el 1º de marzo se celebrará un hecho político trascendental para el gobierno libertario y sus colaboradores, además de los grandes empresarios, por supuesto. Todo lo que venga después está por verse y, si hay fallos adversos, el gobierno de La Libertad Avanza, que ha demostrado más audacia en el manejo de la agenda-setting (la capacidad de un actor político de instalar y jerarquizar los temas que dominan la conversación pública) que cualquier otro gobierno en democracia, sabrá ponerse en víctima, decir que buscan ponerle palos en la rueda a “un presidente que vino a cambiar la historia del país”, y otras cosas que los argentinos ya las conocemos de memoria.

La reforma en concreto: qué cambia para quienes trabajan

Más allá de la escena simbólica, el impacto material es profundo.

En materia de despidos, la ley redefine el cálculo de la indemnización sobre la mejor remuneración mensual normal y habitual, excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios extraordinarios. Se establece un tope máximo equivalente a tres salarios promedio del convenio colectivo y un piso del 67% del salario real. La indemnización pasa a ser la única reparación posible y se habilita el pago de sentencias en cuotas.

No es una modificación técnica menor: reduce el costo del despido y limita la reparación económica frente a la ruptura unilateral del vínculo laboral.

Se crea además el Fondo de Cese Laboral, financiado por aportes del empleador, que puede reemplazar completamente la indemnización tradicional. Si el convenio lo adopta, el trabajador no puede optar por el régimen anterior.

El período de prueba se extiende a ocho meses y puede llegar a un año en pymes. Durante ese tiempo, el despido no genera indemnización.

Se habilita el banco de horas mediante acuerdo individual o colectivo. La jornada deja de medirse estrictamente por día y pasa a promediarse. Si las horas se compensan dentro del período acordado, no se pagan como extras.

Se refuerza la negociación por empresa frente a la de actividad y se habilita que acuerdos individuales modifiquen adicionales y premios. La ultraactividad puede suspenderse por acuerdo de partes.

En registración laboral, la emisión de facturas excluye la presunción de relación de dependencia y la carga de la prueba recae sobre el trabajador.

En licencias por enfermedad, el texto reduce el salario durante períodos prolongados, endurece controles y exige alta médica definitiva para la reincorporación . Este es el punto que Diputados modificó y que ahora debe validar el Senado.

Cada uno de esos artículos altera equilibrios históricos entre capital y trabajo

Saturación, apatía y reforma estructural

El contexto cultural también importa. La reforma avanza en extraordinarias, convocadas durante el receso estival, en un clima de saturación informativa permanente. El debate convive con múltiples agendas superpuestas, conflictos judiciales, tensiones económicas y una exposición mediática constante.

Aquí aparece una referencia teórica que ilumina el momento: los sociólogos Paul Lazarsfeld y Robert Merton desarrollaron hace casi ocho décadas el concepto de “disfunción narcotizante”. Su hipótesis sostenía que la sobreexposición a información masiva podía producir el efecto inverso al deseado: en lugar de estimular la acción, generaba apatía. La ciudadanía se siente informada, pero no necesariamente movilizada. El conocimiento superficial reemplaza al compromiso activo.

La teoría, pese a su antigüedad, conserva una sorprendente actualidad, como la de Mirtha Legrand, quien esta semana cumplió 99 años. Sobre la disfunción narcotizante: en un ecosistema comunicacional donde todo ocurre al mismo tiempo, una reforma que modifica décadas de regulación laboral puede avanzar sin que la intensidad del debate refleje la magnitud del cambio.

El 1º de marzo como escena

Si el Senado convalida la modificación este viernes, Milei abrirá las sesiones ordinarias con una reforma estructural ya sancionada. El discurso presidencial no será entonces la antesala de una batalla legislativa sino la celebración de un resultado.

La escena estará cargada de simbolismo: un Presidente que utilizó las extraordinarias para aprobar una ley que redefine indemnizaciones, convenios, jornada y derechos sindicales; un Congreso que, antes de iniciar su período ordinario, ya habrá convalidado el nuevo marco laboral; y un país que discutirá en tribunales, en empresas y en sindicatos el alcance real de la norma.

El viernes se votará un artículo. El 1º de marzo se narrará una victoria. Lo que ocurra después ya no dependerá solo del Congreso. Pero por ahora el gobierno festeja.

JJD

Javier Milei dijo hace unas semanas que Maquiavelo ha muerto, para reivindicar una política sin cálculo, sin intrigas, sin el manual del florentino. No citó, sin embargo, una frase asociada al autor de El Príncipe, erróneamente adjudicada pero sugestiva en este contexto: “Divide y reinarás”. No hay evidencia de que el Gobierno haya impulsado una maniobra concreta para fracturar al sindicalismo, aun cuando la reforma laboral más profunda en más de medio siglo se debate en el Congreso. Si la CGT termina partida, no será por diseño oficial. La división, en todo caso, sería interna, algo que el florentino advirtió al analizar las fracturas del Estado y que resulta extensible a otras organizaciones. Entonces, ¿Maquiavelo ha muerto?

La expresión “divide y reinarás”, vale recordarlo, no pertenece a Nicolás Maquiavelo. La fórmula latina divide et impera se atribuye a líderes de la Antigüedad, como Julio César o Filipo de Macedonia. En El Príncipe, sin embargo, Maquiavelo sí describe la utilidad táctica de dividir a los adversarios y, a la vez, advierte que las fracturas dentro del Estado pueden debilitarlo frente a amenazas externas. Esas fracturas internas que señalaba Maquiavelo, está claro, son proyectables a otro tipo de organizaciones, como las sindicales: a mayor fragmentación, menos poder.

Ahí Maquiavelo sí está vivito y coleando. Y también, cuando uno mira las acciones estratégicas pensadas y ejecutadas por el gobierno libertario para lograr que su reforma laboral sea ley. Sí consta, por ejemplo, que hubo y hay negociaciones políticas para asegurar votos legislativos —como la modificación del capítulo sobre Ganancias para evitar afectar recursos coparticipables de las provincias—, pero no hay pruebas de operaciones destinadas a quebrar la CGT. Si la central se divide, no será por ingeniería oficial sino por tensión interna. Esa tensión es visible y, por qué no, precursora de otra ruptura en su historia institucional.

La reforma laboral en debate modifica aspectos estructurales de la Ley de Contrato de Trabajo, una norma que rige desde hace más de medio siglo. La actualización de un cuerpo legal con décadas de vigencia es, ya sólo por lógica temporal, razonable y necesaria. El problema radica en la orientación concreta de los cambios pretendidos por la Casa Rosada: ampliación de períodos de prueba, redefinición de indemnizaciones, revisión de licencias, alteraciones en la negociación colectiva y varias modificaciones más en contra de los trabajadores.

La conducción de la CGT eligió convocar a un paro sin movilización el día de la votación en Diputados. La sola decisión de esa modalidad de protesta, un paro en silencio, provocó un torrente de críticas desde dentro del propio universo sindical. La UOM, ATE, los aceiteros, La Bancaria y los camioneros, sólo por mencionar un puñado, cuestionan la plaza vacía que a su criterio promueve la central obrera peronista en su resolución, justo ahora, cuando está a las puertas de ser ley una reforma regresiva de la Ley de Contrato de Trabajo.

En 2025 más de 150.000 trabajadores accedieron al seguro de desempleo y se registraron casi 22.000 empleadores menos desde la asunción de Milei. La primera semana del año dejó casi 400 trabajadores despedidos en el sector privado. El frigorífico creador de la marca Paty suspendió a 450 trabajadores y paralizó su planta en La Pampa. Lustramax fue denunciada por despidos sin telegrama y violación de fueros sindicales. Fate acumuló 13 meses sin pagar aumentos y sus operarios hablaron de un “laboratorio de la reforma laboral”. Lácteos Verónica cerró tres plantas con salarios adeudados. ¿Todo esto es culpa de la legislación laboral argentina en vigor o más bien de la política económica que ejecuta el tándem Javier Milei-Luis Caputo? ¿Hace falta una reforma laboral como esta para que los trabajadores vivan mejor o una de otro tipo, como las que avanzan en la región, en países como México y Brasil?

Desde el empresariado pyme, mientras tanto, surgieron advertencias sobre el impacto negativo de la propuesta del gobierno de La Libertad Avanza. La CAME señaló que la reforma no garantiza creación de empleo y alertó sobre su potencial judicialización. No es un debate binario entre sindicatos y empresariado (en esta era mundial de rebrote conservador, apoyado deliberadamente por el Gobierno), porque también hay diferencias en las miradas de los hombres de negocios.

En la Argentina nada es nuevo. Por eso la posibilidad de una CGT fracturada no sería una anomalía en la historia del sindicalismo argentino, sino una recurrencia.

Desde fines de los años sesenta, la central obrera atravesó escisiones cada vez que las tensiones internas coincidieron con coyunturas políticas decisivas.

En 1968, bajo el gobierno de facto de Onganía, un dictador inepto que también promovió políticas en contra de los trabajadores, la división entre la combativa CGT de los Argentinos —con Raimundo Ongaro como figura emblemática— y el sector más negociador vinculado a Augusto Timoteo Vandor marcó uno de los quiebres más profundos.

Durante la última dictadura volvió a escindirse entre la CGT Brasil, encabezada por Saúl Ubaldini, y la CGT Azopardo impulsada por Jorge Triaca y Armando Cavalieri.

En 1989, ya en democracia, otra división opuso a Ubaldini en la Azopardo con la CGT San Martín conducida por Güerino Andreoni. Y en el año 2000, con una reforma laboral como telón de fondo (la de la ley Banelco), la central volvió a fracturarse: Rodolfo Daer condujo la CGT oficial mientras Hugo Moyano encabezó una estructura paralela hasta la reunificación de 2004 bajo un triunvirato.

La última gran ruptura se produjo durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la central se partió entre el sector que respaldaba al Gobierno, encabezado por Antonio Caló desde la Unión Obrera Metalúrgica, y la CGT liderada por Hugo Moyano, que tomó distancia y endureció su posición frente al Poder Ejecutivo. En aquellos años también se dividió la CTA, que continúa partida en dos hasta nuestros días.

La historia muestra un patrón: cuando el debate interno se superpone con reformas estructurales o crisis políticas, la unidad sindical se resiente.

Hoy el escenario vuelve a parecerse a otros momentos críticos de la historia sindical. Un gobierno liberal impulsa una reforma laboral estructural proempresa —la más profunda en más de medio siglo— en un contexto de deterioro del empleo y cierre de empresas. Y, como en otras etapas de reformas intensas, la discusión sobre cómo enfrentar ese cambio abre fisuras dentro de la propia central. La eventual fragmentación no surgiría de alineamientos con el poder político, sino de desacuerdos internos sobre el método de confrontación.

La tensión interna en la CGT no es solo táctica —paro con o sin movilización— sino conceptual. ¿La central obrera peronista debería preservar canales de diálogo institucional frente a nada menos que la reforma de la ley marco del trabajo en la Argentina o bien, ante el avance parlamentario de esta iniciativa, sin que el Gobierno los hubiera convocado siquiera a participar del debate sobre el texto, tendría que plantarse y demostrar su rechazo por todas las vías (por supuesto, también en la calle)?

En política, las divisiones no siempre son producto de una mano invisible que las provoque. A veces emergen de la acumulación de desacuerdos, de estilos, de lecturas distintas del momento histórico. Maquiavelo —el real, no el apócrifo— advertía que las discordias internas podían resultar más peligrosas que los enemigos externos. Es irónico: a tres semanas de que el Presidente declarara muerto a Maquiavelo, la escena política argentina vuelve a dialogar con él.

Si la reforma laboral se aprueba y la CGT mantiene su fractura, Milei no habrá ejecutado acciones de división premeditadas. Pero podría beneficiarse de un sindicalismo menos compacto por obra y gracia del propio sindicalismo. A veces, el poder no se construye solo por acciones deliberadas y estudiadas. A veces el poder se consolida gracias a las grietas ajenas.

El tiempo dirá si esta reforma, en el caso de que sea sancionada, inaugura un nuevo régimen laboral y abre, además, un nuevo ciclo de división sindical. Maquiavelo quizá no haya dicho nunca “divide y reinarás” e incluso puede que esté muerto, como sostuvo el Presidente. Pero su sombra sí que reaparece cuando el poder y las divisiones se cruzan en el mismo escenario.

JJD

Un pueblo de unos 700 habitantes del norte de España ganó el Gordo de Navidad y, sin embargo, no supo cómo cobrarlo. En Villamanín, una localidad de montaña de la provincia de León, la comisión de fiestas que había vendido participaciones del número premiado reconoció un error: había más papeletas en circulación que décimos reales que las respaldaran (el décimo es el cupón oficial de la Lotería de Navidad, el único que reconoce el Estado, aunque vender participaciones no es ilegal ni constituye fraude en España). El resultado fue un acuerdo frágil, una quita del premio a cada ganador y un conflicto que puso en tensión vínculos personales, expectativas económicas y la idea misma de justicia. El episodio, que podría leerse como una anécdota local, funciona en realidad como una endija por la que se ve algo mucho más grande: el Gordo de Navidad como fenómeno social, económico y laboral único en el mundo.

Para entender por qué un sorteo puede generar semejante conmoción —y por qué, al mismo tiempo, logra unir cada año a toda España— conviene explicar primero qué es, exactamente, el Gordo de Navidad. Se trata del principal premio del sorteo anual de la Lotería de Navidad, que reparte varios millones de euros y se celebra cada 22 de diciembre. El premio mayor es de 4 millones de euros y el Estado paga 400.000 euros por cada décimo del billete cuyo número haya salido sorteado (que en pesos argentinos, al tipo vendedor del euro de la pizarra del Banco Nación de este viernes son unos 700 millones) es decir, por cada décimo oficial de 20 euros. Cuando se dice que “un número ganó el Gordo”, lo que en realidad ocurrió es que cada décimo de ese número obtiene esa suma, que luego se reparte entre quienes lo comparten a través de participaciones. De ahí que un mismo número pueda “caer” en un barrio, una empresa o sólo entre los empleados de su área de ventas o su área de Recursos Humanos, un pueblo entero o cualquier institución pública o privada completa, multiplicando el impacto social del premio.

La dimensión del fenómeno se entiende mejor con un dato básico. España tiene alrededor de 48 millones de habitantes, una población muy similar a la de la Argentina, que ronda los 46 millones. Cada año, decenas de millones de personas participan del sorteo, ya sea comprando un décimo completo o alguna participación compartida. El Gordo atraviesa a la mayor parte de la población adulta y se integra a la vida cotidiana del país.

Como no todo el mundo puede o quiere gastar 20 euros (unos 35.000 pesos argentinos) en un décimo del billete, desde hace décadas existe una práctica informal pero masiva: las participaciones. Son fracciones de un décimo que venden asociaciones, sindicatos, comercios de barrio, escuelas o comisiones de fiestas (grupos de vecinos voluntarios, normalmente del pueblo, que se organizan para armar y financiar las fiestas patronales o de verano). El comprador juega, por ejemplo, cuatro euros al número y deja uno para financiar una actividad colectiva. Legalmente, la participación es un acuerdo privado entre personas: vale solo si detrás hay un décimo real que la respalde. No es un título oficial ni un instrumento financiero, sino una forma socialmente aceptada de repartir un premio potencial.

Ese sistema, basado en la confianza y en la escala pequeña, funciona casi siempre. Funciona porque las participaciones no circulan en abstracto, sino en espacios muy concretos del mundo del trabajo y de la vida cotidiana. Se venden en oficinas de empresas multinacionales —a veces por áreas o divisiones internas—, en pymes donde juegan todos los empleados, en talleres, en fábricas, en hospitales, en escuelas, en sindicatos. También en una farmacia de barrio, en un almacén, en un bar donde el dueño ofrece “el número de la casa” a los clientes habituales. Alguien pasa con una lista, anota nombres, junta el dinero, guarda el décimo en un cajón o en una caja fuerte improvisada. Se discute si el que entró hace poco “entra” o no entra. Se aclara que, si alguien deja el trabajo antes del sorteo, se le devuelve lo que puso o se acuerda que sigue participando igual. Todo eso ocurre en charlas de pasillo, en una pausa para el café, alrededor de una infusión caliente en pleno invierno o, a veces, al final de la jornada, compartiendo un albariño, un rioja o un cava. El Gordo se juega, ante todo, en el trabajo.

Por eso el problema de Villamanín no fue que existieran participaciones —eso es normal— sino que se vendieran más de las que podían respaldarse. El error pasó inadvertido mientras el número no salía premiado. El conflicto apareció cuando apareció el dinero. Y cuando apareció, lo que había que discutir ya no era una ilusión, sino un ingreso concreto.

Ahí el lenguaje cambia. Ya no se habla de suerte, sino de reparto. De quita. De acuerdo. De evitar juicios. De “perder todos un poco”. El conflicto se resolvió —al menos provisoriamente— como se resuelven muchos conflictos laborales: con negociación informal, presión comunitaria y sin acudir a los tribunales, con la idea de que es mejor cobrar que no cobrar nada.

Conviene, sin embargo, poner en contexto económico ese conflicto. La quita acordada fue, según los propios términos del arreglo, de entre el 2% y el 3% del premio que correspondía a cada ganador. No es un recorte insignificante, pero tampoco implica que el Gordo haya dejado de cumplir su función: quienes compraron de buena fe su participación o su décimo igual cobrarían y obtendrían ese ingreso extrasalarial que da sentido al ritual. El problema fue menos el monto perdido que el golpe simbólico al valor de la palabra, que opera como contrato en los pueblos, donde todos se conocen y donde cualquier conflicto se vuelve inevitablemente personal.

Ese punto es clave para entender por qué el Gordo importa tanto en el mundo del trabajo. El sorteo no interpela a grandes patrimonios ni a quienes viven de ingresos financieros. Interpela a trabajadores, cuentapropistas, jubilados. A personas para las cuales el salario ya no garantiza ascenso social ni estabilidad a largo plazo. Esto pasa en España; en la Argentina ya no alcanza ni para superar el umbral de la pobreza. El Gordo en España no se juega como inversión: se juega como posibilidad. Como un ingreso extrasalarial que, aunque improbable, es legítimo imaginar. Y esa imaginación no es individual: es colectiva.

A diferencia de otras loterías, el Gordo se juega en grupo. El número de la oficina, del taller, del hospital, del sindicato, de la escuela. El de la empresa multinacional donde cada departamento compra una participación. El de la pyme donde juegan todos, desde el dueño hasta el último incorporado. La compra del décimo o de la participación es una acción mínima, repetida por millones, que no distingue jerarquías ni ideologías. Todos hacen lo mismo. Todos esperan lo mismo. Nadie compite con nadie. Si toca en un lugar, no pierde otro. En términos laborales, el Gordo no premia mérito ni esfuerzo: redistribuye azar.

Eso explica por qué el sorteo atraviesa toda España, incluso comunidades con identidades propias muy fuertes como Cataluña o el País Vasco. El Gordo no pide adhesión política ni identidad nacional explícita. No representa al gobierno de turno ni a una idea militante de país. Es un ritual laico, previo a la política, que no divide. Comprar un décimo no es un gesto ideológico; es una forma de no quedarse afuera de una experiencia compartida. Por eso nadie lo boicotea.

También explica por qué no existe algo igual en otros países con economías estables. En Francia, Estados Unidos, Chile o Uruguay hay sorteos grandes y confiables, pero no hay un evento anual que combine acción colectiva, estabilidad institucional y aceptación cultural del azar. En muchos lugares, el juego está moralmente estigmatizado o confinado a espacios específicos. En España, en cambio, el azar convive sin culpa con el trabajo y una sociedad entera.

En la Argentina, el contraste es evidente. No existe un sorteo nacional con esa estabilidad ni ese consenso. La inflación, la endebleza institucional y la historia de cambios de reglas impiden que una lotería funcione como ancla simbólica. El lugar que en España ocupa el Gordo lo ocupa, de otro modo, el fútbol; más concretamente, la Selección en el Mundial: una pasión colectiva que suspende diferencias, organiza el calendario emocional y permite que una sociedad se piense junta. Pero mientras el fútbol une a través de la competencia y la épica, el Gordo une a través del reparto y la posibilidad compartida.

Villamanín mostró el límite del sistema: cuando el azar se vuelve demasiado real, la confianza se tensiona. Pero también mostró su potencia. Frente a un error millonario, una comunidad pequeña eligió negociar, repartir la pérdida y evitar la judicialización. No es poca cosa. En un mundo del trabajo cada vez más atomizado, donde el ingreso es incierto y la negociación colectiva se debilita, el Gordo de Navidad sigue funcionando —con todas sus contradicciones— como un raro dispositivo de igualdad simbólica.

No garantiza justicia. No corrige desigualdades estructurales. Pero una vez al año permite que millones de trabajadores imaginen lo mismo al mismo tiempo: que la suerte, por una vez, también puede jugar a favor de ellos.

JJD

“La sociedad no existe. Sólo existen individuos, hombres y mujeres, y familias”.

La frase pertenece a Margaret Thatcher, símbolo del neoliberalismo global, y sintetiza una visión donde los derechos colectivos son un estorbo para el mercado. Javier Milei no oculta su admiración por esa mirada y por la propia expremier británica: su proyecto de reforma laboral propone traducir esa consigna en política concreta.

La Argentina es hoy la tercera economía de América Latina, pero en materia de política laboral avanza en sentido opuesto a las dos primeras. Mientras Brasil y México —con gobiernos de izquierda— impulsan reformas que reducen la jornada laboral y fortalecen la negociación colectiva, el oficialismo argentino promueve un proyecto que flexibiliza, desregula y erosiona la arquitectura de derechos laborales.

La reforma de 182 artículos filtrada esta semana confirma lo que ya se venía anunciando: la intención del presidente Javier Milei de redefinir el trabajo como una relación individual, sin mediación gremial, con derechos recortados y poder concentrado en el empleador.

Una estrategia de descolectivización

El núcleo ideológico del proyecto es claro: romper la fuerza organizativa del trabajo. Al habilitar convenios por empresa, fragmenta la negociación sectorial, base histórica del sistema argentino de paritarias. Esta lógica debilita a los gremios, obliga a cada planta a negociar condiciones distintas y desarma la capacidad colectiva para discutir salarios. Es un modelo atomizador, que sigue la regla de “divide y reinarás”. Los convenios por empresa ya figuraban en borradores previos. Lo venía anunciando a viva voz, el Federico Sturzenegger, siempre sonriente, convencido de que está dando buenas noticias permanentemente.

Descolectivizar es desorganizar, y desorganizar es hacer que cada trabajador enfrente solo a su empleador. En ese esquema, reclamar deja de ser un derecho colectivo para volverse un riesgo individual.

La magnitud del impacto no es menor: más del 70% de los trabajadores registrados están alcanzados por convenios colectivos de actividad. Su desarticulación significaría desmantelar uno de los pilares centrales de la estructura laboral argentina, vigente desde mediados del siglo XX y clave en la recuperación económica post 2001

Salario por productividad: una idea tentadora que puede ocultar inequidad

El Gobierno sostiene que quiere “modernizar” el mercado laboral. Uno de sus argumentos es reemplazar los aumentos generales por esquemas de productividad, donde cada trabajador podría ganar más si produce más. En teoría, suena justo. En la práctica, convierte el salario en un premio discrecional, sometido a criterios poco transparentes y fácilmente manipulables.

Además, desconoce las desigualdades estructurales entre empresas: no es lo mismo una pyme que una multinacional, ni un taller textil que una planta automotriz. Al desligar los sueldos del marco paritario y atarlos al rendimiento individual, se introduce una competencia interna constante entre trabajadores que desgasta, precariza y erosiona la solidaridad gremial.

El oficialismo lo defiende como un mecanismo de eficiencia. Pero no hay productividad posible cuando las condiciones básicas —como estabilidad, descanso y previsibilidad— se ven recortadas.

La vuelta al trabajo como mercancía

El proyecto también incluye:

En conjunto, estas medidas desarman el concepto de trabajo como derecho y lo reconfiguran como mercancía bajo reglas de mercado. Un producto que se ofrece, se pacta y se extingue sin protección ni comunidad.

Tampoco se incluyen disposiciones sobre licencias parentales, cuidados ni perspectiva de género, a pesar de los reclamos del movimiento feminista y del peso creciente del trabajo reproductivo en la agenda laboral.

El contraste regional: Lula y Sheinbaum, el espejo invertido

Mientras tanto, Lula en Brasil y Sheinbaum en México defienden el camino opuesto. El presidente brasileño propuso reducir la jornada legal de 44 a 40 horas, cuestionando que el aumento de la productividad no haya sido devuelto en tiempo libre. La mandataria mexicana impulsa una ley que llevará la jornada a 40 horas sin baja de salarios, con amplio consenso sindical y empresarial.

Ambos casos tienen algo en común: parten del supuesto de que el trabajo no debe adaptarse al mercado, sino al bienestar social. En cambio, Milei parte de la premisa contraria: que el mercado es el único ordenador posible, y que el Estado debe retirarse incluso cuando se trata de garantizar derechos básicos.

La reforma argentina no surge de foros de consulta ni de diagnósticos participativos, como en México, ni busca redistribuir los frutos del crecimiento, como plantea Lula. Es una reforma escrita desde la cúpula, con base empresarial, sin mediación sindical ni política, impulsada en un contexto de recesión, pérdida salarial y conflictividad social creciente.

Lo que está en discusión no es solo un nuevo régimen laboral sino qué tipo de ciudadanía se construye a través del trabajo. El modelo Milei propone una ciudadanía individual, fragmentada, disciplinada por el mercado. Sin paritarias, sin convenios por actividad, sin estabilidad, el trabajador se convierte en una variable más del cálculo empresarial.

“La sociedad no existe. Sólo existen individuos, hombres y mujeres, y familias”, fue una potente declaración de Thatcher, que reflejaba su ideología neoliberal y su defensa del individualismo, enfatizando la responsabilidad personal y familiar sobre el rol del Estado. La mandataria es venerada abiertamente por Milei, quien reivindica su figura en entrevistas y discursos, y replica su doctrina de desregulación, antisindicalismo y ruptura del Estado como garante de derechos colectivos.

La reforma laboral propuesta en la Argentina puede leerse como una traducción literal de esa frase: un intento de desmantelar los marcos colectivos —convenios, sindicatos, paritarias— que reconocen al trabajo como una dimensión social y no meramente contractual.

La Argentina no solo se aísla de sus principales socios regionales. Rechaza el rumbo progresivo que la región empieza a explorar en el mundo del trabajo y avanza en una dirección solitaria, de alta conflictividad y con riesgos institucionales.

Una modernización sin derechos es otro ajuste más de este gobierno, con otro nombre.

JJD