El fiscal Franco Picardi investiga maniobras y presuntas coimas realizadas en el marco del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que permitía a empresarios acceder a un dólar oficial más barato entre 2022 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando Sergio Massa era ministro de Economía.

Según informaron fuentes judiciales, el fiscal tendría identificadas maniobras de por lo menos cuatro empresarios, que habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos para importar accediendo a un dólar oficial mucho más barato, con el objetivo de aumentar ficticiamente las ganancias de cada importación.

Las mismas fuentes señalaron que, en el marco de esta causa, que está a cargo del juez Ariel Lijo y tiene secreto de sumario hasta este jueves, se habría logrado hasta ahora imputar a varios operadores financieros y a cinco funcionarios del Banco Central, que supervisaban las operaciones del SIRA, un sistema dejado sin efecto por el actual Gobierno en diciembre de 2023.

El SIRA eran un mecanismo electrónico de control y autorización de importaciones implementado en octubre de 2022 para gestionar la escasez de dólares, y en la práctica funcionaba como barrera para registrar flujos comerciales y aprobar el acceso al mercado de cambios que controlaba el Banco Central.

Entre otras medidas, Picardi pidió “informes urgentes” a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al Banco Central y pidió que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas.

Además, ordenó la realización de unos 30 allanamientos a los que les sumó testimonios y teléfonos aportados por los imputados, como los funcionarios del BCRA Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García, y dueños de casas de cambio como Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.

El fiscal habría detectado que los empresarios involucrados habrían aceptado pagar porcentajes de entre 10 y 15 por ciento y los montos de las operaciones superarían 3,5 millones de dólares, para acceder a operaciones a valor del dólar oficial de aquella época, que tenía una brecha de hasta un 100 por ciento de diferencia con el que se obtenía en el circuito informal.

Con información de NA.

La Cámara Federal de Casación resolvió este martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la casa por la contratación de seguros durante su gobierno. Según la resolución, también fueron procesados el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, ex secretaria privada del ex mandatario.

Además, Casación procesó a Osvaldo Alfredo Tortora; Agustín Beraldi; Emanuel Raúl Andrés Calvo y Andrés Severino, todos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y, en el caso de Cantero, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

También confirmó los procesamientos y prohibiciones de salida del país de Alberto Carlos Pagliano, Gustavo Carlos García Argibay, Carlos Alberto Soria, Fernando Arana y Mauro Damián Tanos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación contra la administración pública.

Con información de la agencia NA

El ex presidente Alberto Fernández despidió a su perro Dylan, quien falleció luego de varios meses de dificultades en su salud.

El can había acompañado al exmandatario durante su paso de cuatro años por la Quinta de Olivos.

Dylan vivía junto a Fernández en el barrio porteño de Puerto Madero y tenía un paseador que lo sacaba a diario.

En los últimos tiempo, se lo había visto por el barrio desmejorado y con dificultades para desplazarse.

“Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio”, expresó Fernández en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido.Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El expresidente Alberto Fernández sostuvo que “algún día” va a contar “cómo fueron las cosas” con la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y consideró que “pretender echarle la culpa” al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la derrota electoral es “complicado”.

Alberto Fernández reconoció que el movimiento atraviesa una etapa compleja: “Este resultado se da como consecuencia de una serie de realidades que hay que analizar con mucho cuidado para no equivocarnos. Nos venimos equivocando hace mucho tiempo”.

El exmandatario expresó que al peronismo le cuesta conectar con la sociedad, y que el desafío pasa por “no buscar culpables para sostener la unidad”.

En ese sentido, advirtió que “nos cuesta comprender la demanda, nadie se salva; no estamos logrando interpelar”, y agregó que “me extraña mucho que el peronismo, que nació en la calle, le tenga tanto miedo a escuchar a la gente”.

Respecto a Axel Kicillof, pidió respeto y respaldo: “Pretender decir que la culpa es de Kicillof es complicado. El gobernador garantizó el triunfo en Buenos Aires. Cargarle la culpa a Axel es una enormidad; estamos lastimando a un proyecto de presidente”.

Además, defendió el papel de los jefes comunales, en declaraciones a AM 750: “Los intendentes son grandes funcionarios cuando se los convoca. Hay que dejar de maltratarlos, no son soldaditos sino dirigentes políticos”.

Alberto Fernández llamó a una renovación generacional dentro del peronismo, al remarcar: “Debe aparecer una generación de reemplazo, entre los reemplazados estoy yo. El peronismo necesita una nueva juventud con autonomía de lo que vivimos los últimos 20 años”.

Sobre su relación con Cristina Fernández de Kirchner, expresó: “Nunca reconocí a Cristina como jefa política, el único jefe político que tuve fue Néstor. Nunca fui desleal, la lealtad también está en decirle que está equivocada. Aún cuando estuve alejado, siempre luché por su inocencia”.

Consultado por la posibilidad de una futura candidatura de Axel Kicillof, señaló: “Para que Axel pueda ser presidente, tiene que hacer un buen gobierno, y lo está haciendo, pero necesita diputados, senadores y una fuerza unida para poder gobernar”.

También dejó definiciones sobre la gestión y la política nacional: “Fuimos el gobierno con menor desocupación en democracia. Lamento mucho no haber podido contener la inflación”, y agregó: “Decirle que no al FMI era una bandera y quise enarbolarla; endeudarse con el Fondo es mala idea, pero mucho peor hacerlo con el Tesoro”.

Alberto Fernández denunció haber sido “víctima de un proceso de cancelación social donde los medios fueron grandes artífices” y sostuvo que “voy a seguir peleando por la verdad”.

Finalmente, cerró con una frase que resume su visión del presente político: “Con Cristina definitivamente no alcanza, pero hace falta. La unidad es necesaria, pero no suficiente. Hay que abrirle la puerta a una nueva dirigencia y terminar con el verticalismo”.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La Cámara Federal de Casación Penal desestimó todos los planteos del expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez, aunque aceptó apartar al juez Julián Ercolini por su vínculo personal con el imputado, sin anular los actos ya realizados en el expediente.

La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala II del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, quienes rechazaron los cuestionamientos de la defensa a la confirmación del procesamiento de Fernández como autor de lesiones leves y graves agravadas por contexto de violencia de género y amenazas coactivas, todos en concurso real.

Apartan al juez Ercolini, pero se acerca el juicio oral

Los camaristas también descartaron los pedidos de nulidad y las excepciones de falta de acción, así como el intento de derivar la causa a la jurisdicción de San Isidro. En cuanto a la recusación de Ercolini, los magistrados consideraron que los nuevos elementos aportados en audiencia daban sustento a la versión del exmandatario sobre la pérdida de relación con el juez, lo que podría afectar la imparcialidad del proceso.

Pese al apartamiento, el tribunal dejó firme la validez de todas las actuaciones previas, citando los compromisos internacionales del Estado argentino en materia de género, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Con este fallo, Fernández queda a un paso del juicio oral por las acusaciones de violencia contra su ex pareja.

Con información de la agencia NA

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, hoy rebautizada como Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), intentó cobrar más impuestos a las grandes tecnológicas durante el gobierno de Alberto Fernández, pero en la mayoría de los casos no lo consiguió. El organismo apuntó por sus beneficios impositivos, con éxito dispar, contra Mercado Libre, Meta (Facebook), Uber y Netflix.

Las compañías tecnológicas son grandes jugadores en la economía global actual; sus ganancias son potenciadas con estrategias de elusión fiscal que, en muchos casos, son impulsadas por un lobby ante distintas instancias de poder y alimentadas por la cercanía entre empresarios y políticos, según pudo documentar la investigación transnacional La mano invisible de las Big Tech, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y Agencia Publica, con la participación de elDiarioAR en Argentina.

Mercado Libre, empresa emblemática de los “unicornios” argentinos que comenzó como una start-up en 1999, goza de exenciones impositivas del Estado desde 2007. La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York desde ese mismo año y se convirtió en una de las más potentes tecnológicas de América Latina, con ingresos netos que superaron los 20.000 millones de dólares en 2024, según sus estados financieros.

La empresa todavía recibe ayuda pública, que despertó acusaciones de lobby supuestamente realizado por su fundador, Marcos Galperín. Mercado Libre recibió US$ 298 millones de dólares como beneficios por exenciones impositivas y descuentos en los aportes patronales desde 2022 hasta junio pasado, según consta en la información presentada por la compañía ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

En agosto de 2022, la AFIP —que se encarga de recaudar los impuestos en el país— presentó una denuncia administrativa interna contra Mercado Libre por presunta evasión de impuestos y de contribuciones patronales entre 2017 y 2019, al considerar que la compañía había obtenido los beneficios impositivos del Régimen de Promoción del Software sin cumplir con los requisitos para hacerlo, según confirmaron tres altas fuentes oficiales involucradas con el caso tanto en el Ministerio de Economía como en la agencia tributaria. Las fuentes mantuvieron la reserva de su identidad porque tanto la denuncia como otra información involucrada en esta investigación está protegida por el secreto fiscal. Aquel régimen del software fue reemplazado en 2019 por otro llamado Ley de Economía del Conocimiento, cuando la empresa fue acusada de hacer lobby para que se aprobara esa nueva normativa.

Para conseguir las exenciones impositivas de ese régimen (que estuvo vigente hasta 2019), las compañías debían demostrar que su actividad principal era la industria del software, lo que incluía la creación, el diseño, la producción y la implementación de sistemas informáticos. La denuncia argumentó que la mayor parte de la facturación de Mercado Libre provenía de las comisiones por las ventas de comercio electrónico, pero no de la generación de software que, además, la empresa destina a su propia actividad comercial. Finalmente, la autoridad de aplicación del régimen, la Secretaría de Economía del Conocimiento del gobierno de Alberto Fernández, dictaminó que la empresa estaba bien encuadrada dentro del beneficio porque consideraban que cumplían los requisitos.

¿Cómo impactaron los beneficios impositivos en los números de Mercado Libre? En 2019, el año que estuvo bajo investigación de AFIP, la compañía recibió descuentos del impuesto a las ganancias y de contribuciones patronales por US$19,9 millones, según consta en el balance que la compañía presentó ante la SEC de Estados Unidos.

La AFIP estaba encabezada en ese momento por Carlos Castagnetto, hombre de confianza de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras que la Dirección General Impositiva (DGI) era dirigida por la exsenadora santacruceña Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner, el hijo de la entonces vicepresidenta. La denuncia contra Mercado Libre, llevaba la firma del entonces subdirector general de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales, Alejandro Otero, según pudo reconstruir esta investigación a través de distintas fuentes del organismo.

La denuncia administrativa fue elevada a la autoridad de aplicación del régimen, que era la Secretaría de Economía del Conocimiento, encabezada por Ariel Sujarchuk, quien reportaba al entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Sujarchuk consultó al área técnica y finalmente la directora nacional de Desarrollo de la Economía del Conocimiento, Mariana Ferreira, que sigue en el cargo, firmó un dictamen rechazando la denuncia contra Mercado Libre con el argumento de que cumplía los requisitos para estar dentro del régimen, según funcionarios a cargo del asunto. Tres altos funcionarios involucrados en el caso confirmaron la información a este equipo.

Una de esas fuentes recordó que la compañía de Galperin, el hombre más rico de la Argentina, ya estaba inscripta en ese régimen desde 2007, autorizada entonces por el gobierno de Néstor Kirchner. Este equipo intentó contactar con los responsables de la AFIP en ese momento, así como con Sujarchuk y Ferreira, para conocer más detalles sobre esa resolución, pero los involucrados no respondieron la consulta. Se consultó a las autoridades de entonces y actuales de la Secretaría de Economía del Conocimiento, pero se ampararon en el secreto fiscal que resguarda la información tributaria de cualquier contribuyente, incluido Mercado Libre, para evitar comentarios.

No fue la primera vez que los técnicos de la agencia tributaria cuestionaron los beneficios fiscales que recibía Mercado Libre. Aunque con distinto color político, la AFIP también había intentado que la compañía pagara más impuestos durante el gobierno de Mauricio Macri, pero tampoco lo logró.

En septiembre de 2017, el entonces subdirector general de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de AFIP, Juan Carlos Santos, había denunciado a la compañía con una premisa muy parecida a la que se intentó impulsar en 2022: que la mayoría de sus empleados no se dedicaban al desarrollo de software, sino al comercio electrónico.

La denuncia fue elevada al ministro de Producción de Macri, Francisco Cabrera. Dos meses más tarde, en diciembre de 2017, la demanda fue rechazada con el mismo argumento, según se pudo reconstruir con el testimonio off the record de dos de los altos funcionarios involucrados en la denuncia de 2022.

Mercado Libre estaba bien encuadrada en las ventajas impositivas y patronales que otorga el régimen, consideró el entonces ministro Cabrera. Alegó que la empresa se dedicaba a desarrollar software para quienes vendían por su plataforma y que cobraba comisiones por esas actividades, que a su vez representaban el 97% de sus ingresos. La denuncia de 2017 involucraba impuestos y contribuciones que la compañía había dejado de pagar por 500 millones de pesos argentinos, equivalentes entonces a US$28,5 millones, por los balances de años anteriores, según consta en la demanda de la AFIP.

Ante la consulta de este equipo, el exministro Cabrera explicó la decisión tomada al considerar que existía un decreto reglamentario de esa ley que explicitaba que daba por válidos los desarrollos de software para el propio uso de la compañía si el beneficiario final era un usuario externo, “como es el caso de los vendedores y compradores de Mercado Libre”. Y agregó: “No es solo una opinión técnica local; es la forma en la que están hechos estos regímenes de promoción en muchos lugares del mundo”.

Tres meses después del caso, en marzo de 2018, el entonces jefe de la AFIP, Alberto Abad, renunció a su cargo. La disputa por Mercado Libre fue una de las varias peleas internas que mantuvo durante el gobierno de Macri. Fue reemplazado por Leandro Cuccioli, que permaneció allí hasta 2019. Años después, en 2024, Cuccioli fue nombrado vicepresidente de Mercado Libre. La afinidad ideológica de Galperin con el macrismo es públicamente conocida, ya que durante su gestión el fundador de Mercado Libre volvió a vivir en Argentina tras 14 años instalado en Uruguay.

CLIP y elDiarioAR enviaron un cuestionario a Mercado Libre para preguntar por estas denuncias de AFIP y por la relación de Galperín con el gobierno de Macri, pero desde la compañía no respondieron las preguntas.

Los beneficios para Mercado Libre

El Régimen de Promoción del Software fue una iniciativa impulsada en 2004 por Néstor Kirchner para potenciar una industria conformada mayormente por pequeñas y medianas empresas argentinas con potencial de crecimiento. Aunque Mercado Libre ya destacaba en ese universo, todavía estaba lejos de convertirse en una de las empresas más valiosas de América Latina, como ocurriría años después.

El régimen tenía fecha de vencimiento a finales de 2019, y por eso el gobierno de Mauricio Macri promovió un marco normativo incluso más amplio llamado Economía del Conocimiento, que abarca también a la producción audiovisual, la biotecnología, los servicios geológicos, la nanotecnología y la industria aeroespacial, entre otras actividades. Para las empresas, el objetivo era mantener o, incluso, aumentar los beneficios impositivos que ya les otorgaba el Estado a través del régimen todavía vigente.

Macri presentó el proyecto de ley el 12 de marzo de aquel año, tras una reunión con este amplio sector. Allí estuvo junto a Galperín, entre otros empresarios. “Hoy presentamos el proyecto de ley para la Economía del Conocimiento. Es importante porque este sector es uno de los más dinámicos en el país: en 2018 generó US$ 5.300 millones en exportaciones y es nuestro tercer complejo exportador”, escribió el entonces presidente en su cuenta de Twitter.

Macri publicó este posteo junto a un video con el CEO de Mercado Libre: “Contento de estar enviando al Congreso este proyecto de Ley de Economía del Conocimiento, que va a ayudar muchísimo a generar empleo, a mantener a Argentina competitiva en una industria donde todos los países de la región están haciendo todo lo posible por atraer y retener el talento que nosotros tenemos. Esperamos que sea aprobado en el Congreso”, dijo Galperín ante la cámara.

A diferencia de la ley de software, el nuevo proyecto mencionaba explícitamente al comercio electrónico, principal actividad de Mercado Libre. Es decir, la compañía eludía de esta manera el cuestionamiento que le había hecho la AFIP (y que ya había rechazado el gobierno de Macri) por una interpretación sobre la creación de software. Altas fuentes del organismo tributario consultadas por esta alianza consideran que, de este modo, quedó zanjada la discusión de que Mercado Libre efectivamente estuviera encuadrada dentro del nuevo régimen de promoción impositiva.

La nueva ley también otorgaba beneficios: si el antiguo régimen reducía a las empresas beneficiarias el impuesto a las ganancias a una tasa efectiva del 12% y les recortaba el 70% de las contribuciones patronales, con la nueva norma pagarían 15% sobre sus ganancias y mantendrían la rebaja de aportes a la Seguridad Social del régimen anterior.

Poco más de un mes después de presentado el proyecto, el 24 de abril de 2019 fue aprobado por la Cámara de Diputados, con 182 votos a favor y sólo dos en contra. Se logró un inusual consenso entre la coalición gobernante, Cambiemos, y la oposición peronista. Únicamente votaron en contra los dos diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), una alianza de partidos trotskistas.

Nicolás del Caño, diputado del FIT, cuestionó durante el debate parlamentario que con la nueva ley se beneficiaba “la apropiación privada de las grandes empresas del conocimiento” y mencionó a “Galperin, un empresario amigo de Macri, que cuando el presidente presentó este proyecto se lo veía muy feliz haciendo lobby para que este Congreso sancione esta norma”.

El día de la aprobación, el CEO de Mercado Libre celebró por Twitter el “rotundo apoyo de todas las bancadas”. Una persona le recordó en un intercambio por esa red social que la izquierda había votado en contra, entonces el empresario le respondió: “Mientras tanto, el comunismo en China se enfoca en hacer crecer su industria del conocimiento, a la cual ven como una de las principales áreas de innovación y creación de riqueza y empleo. #izquierdadecabotaje #sintonizanenblancoynegro”.

Días después de la media sanción de la ley, el dirigente social peronista Juan Grabois acusó a Mercado Libre por supuestos “contrabando, evasión, especulación financiera, abuso al consumidor y competencia desleal”, al tiempo que objetó que incluyera a esta empresa entre los beneficiarios de las leyes del software y de la economía del conocimiento.

Como ocurrió en la Cámara de Diputados, en el Senado también hubo acuerdo entre los bloques mayoritarios para aprobar por unanimidad (49 votos a favor, cero en contra) la Ley de Economía del Conocimiento. El senador peronista Mario Pais, cercano al kirchnerismo, había sido crítico de la nueva ley durante el debate parlamentario por los beneficios para Mercado Libre y hasta adelantó que votaría en contra, pero finalmente apoyó la iniciativa.

“Tal vez no quiero que este esfuerzo fiscal vaya a grandes empresas como Mercado Libre o los laboratorios concentrados internacionales. Es que lamentablemente, con dolor en el alma, quería fundar mi voto negativo a este proyecto por las falencias de orden económico y constitucional que estoy señalando”, había argumentado el senador peronista.

El oficialista Esteban Bullrich, cercano a Macri, le contestó: “En lugar de pensar que es una pena que estas empresas crezcan, hay que pensar que ese crecimiento genera empleo. No sintamos vergüenza de que las grandes empresas se conviertan en más grandes”. El senador Federico Pinedo, cercano a Macri, también defendió a Mercado Libre.

Pais volvió a cargar contra la compañía: “Pero ya es grande Mercado Libre. Cuando fue chica, bienvenida sea la promoción y el esfuerzo fiscal de todos los argentinos para promoverlas. Una vez que son grandes, cuando son multinacionales, como Bayer, Gador, Roche, Pfitzer, Glaxo, que pueden incorporar innovación tecnológica, no sé si podríamos precisarlo”.

Macri promulgó el 10 de junio de 2019 la Ley de Economía del Conocimiento (se publicó en el Boletín Oficial) y, ese mismo día, inauguró junto a Galperin un centro de desarrollo de Mercado Libre en Buenos Aires. “Hace muy poquito hemos logrado algo que también es muy bueno: dialogando, acordando con los emprendedores, el gobierno, senadores, diputados, hemos logrado casi por unanimidad una nueva ley para fomentar, para impulsar aún más la economía del conocimiento”, celebró el entonces presidente.

La simpatía pública entre Macri y Galperin quedó plasmada en el apoyo electoral del empresario, que pedía públicamente el voto para el entonces presidente durante la campaña. “Porque quiero que mis hij@s vivan en una República Democrática, con una justicia independiente, con libertad de prensa y de opiniones, con libertades individuales y mirando hacia el futuro”, escribió el empresario más rico del país en su cuenta de X junto a una foto del presidente con la inscripción “Yo lo voto”.

De hecho, Galperin se anotó como fiscal de PRO, el partido político creado por Macri, para garantizar sus votos en la provincia de Buenos Aires el día de la elección. Además, su hermano, Nicolás Galperin, hizo tres donaciones a título personal a la campaña electoral de Macri, que buscaba su reelección, por un total de $357.644 (equivalentes a 8000 dólares) el último día de julio de 2019, según consta en los registros de la Cámara Nacional Electoral.

Una nueva ley

Pese a su aprobación casi unánime, la Ley de Economía del Conocimiento, que iba a comenzar a regir en 2020, comenzó a ser cada vez más cuestionada por el peronismo. Días después de que Alberto Fernández fuera electo presidente, en enero de 2020, el nuevo gobierno suspendió la aplicación del nuevo régimen y propuso una reforma que reducía los beneficios de las grandes empresas, como Mercado Libre.

Con la derrota de Macri consumada, Galperín fue recibido por Alberto Fernández pero después de ese encuentro, en febrero de 2020, comunicó que se volvía a radicar en Uruguay, una decisión que mantiene hasta la actualidad. El hombre más rico de Argentina, cuya fortuna es cercana a los US$ 10.000 millones (según el ránking de la revista Forbes), fue alcanzado por el aumento dispuesto por Fernández para el impuesto sobre los bienes personales.

En junio de 2020, en plena cuarentena, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Economía del Conocimiento con el apoyo unánime del peronismo gobernante y de la oposición rebautizada como Juntos por el Cambio (JxC): 247 votos a favor y 2 en contra, del partido izquierdista FIT. “Desde Cambiemos dijeron que no aceptaban discutir ningún tema que no estuviese vinculado con la pandemia, pero ahora, llamativamente, estamos discutiendo el restablecimiento de la Ley macrista de Economía del Conocimiento que pidió nada más y nada menos que Marcos Galperin”, se refirió el diputado Del Caño al régimen aprobado en 2019, suspendido en 2020, y que iba a reformarse con la nueva norma.

Los lobbies sobre la reforma fueron motivos de debate. La peronista Lucía Corpacci pidió a los diputados de la oposición “que reflexionen y no antepongan intereses personales ni hagan lobby solamente para los grandes”. Jorge Vara, diputado de Juntos por el Cambio, le contestó: “Creo que la relación costo-beneficio no es un problema de lobby. Nos acusaron de lobistas. Yo no sé dónde están los lobbies”.

En octubre de 2020, el Senado convirtió en ley el proyecto por 41 votos a cero, pero introdujo cambios en la ley. Una de las modificaciones se implementó sobre los porcentajes que se cobran del impuesto a las ganancias, que cambiarían según el tamaño de las empresas. Así como la primera Ley de Economía del Conocimiento de 2019 rebajaba el impuesto a las ganancias al 15% (la alícuota para el resto de los sectores era 30% en aquel entonces), en la nueva norma de 2020 los beneficios fiscales pasaron a depender del tamaño de la empresa: la tasa efectiva de las pequeñas firmas se redujo al 12%, la de las medianas subió al 18% y la de las grandes, al 24%.

Además, la nueva ley impuso un límite a la cantidad de empleados sobre los que podían desgravar las contribuciones patronales. Por último, se creó un Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento para apoyar a las pymes, financiado con el 4% de las ganancias de las grandes compañías, el 2% de las medianas y el 1% de las pequeñas.

Pese a la rebaja de beneficios a las grandes empresas en la segunda Ley de Economía del Conocimiento, gracias al boom del comercio electrónico por la pandemia, Mercado Libre logró en 2020 elevar su actividad y también la cantidad de millones de dólares desgravados de impuestos y contribuciones patronales, según los balances presentados ante la SEC de Estados Unidos. Pasó de obtener beneficios fiscales por US$19,9 millones en 2019 a US$23,3 millones al año siguiente.

La mira en las multinacionales

Mercado Libre no fue la única compañía tecnológica que quedó bajo la lupa por sus impuestos en Argentina. Las big tech se caracterizan a nivel global por elegir países de baja tributación para afincarse legalmente y, desde allí, prestar servicios en otros países y pagar allí la menor cantidad de impuestos posibles. En algunos casos, las autoridades argentinas fracasaron y en otros tuvieron éxito. Las compañías radicadas en países que firmaron convenios con Argentina para evitar la doble imposición tributaria salieron ganando, pero en caso contrario esas multinacionales quedaron expuestas ante los reclamos de AFIP.

Las big tech han comenzado a abonar desde 2024 un impuesto mínimo global del 15% en 55 países (sólo Brasil lo aplica en Latinoamérica) por un acuerdo dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El presidente Javier Milei, que se autodefine como libertario, no lo implementó. En sintonía, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no sólo rechazó el pago de este tributo, sino que amenazó en un memorando con sancionar a los países que lo apliquen. La mayoría de las big tech son de capital estadounidense.

La AFIP dirigida por Cuccioli hizo consultas internas en 2018 para saber si debía cobrarle el Impuesto a las Ganancias a la filial de Facebook por los servicios publicitarios de esta empresa que eran contratados por clientes argentinos para captar público local. Pero el departamento legal del organismo rechazó esa posibilidad. “No se verifica la existencia de una actividad desarrollada por la empresa extranjera en el territorio de la Nación”, expresó la consulta vinculante 54/2018 de la AFIP, que es pública. La resolución no menciona a Facebook sino con la sigla “XX” para resguardar el secreto fiscal, pero dos altos funcionarios del organismo confirmaron a elDiarioAR que se trató de la fililal argentina de la compañía estadounidense creada por Mark Zuckerberg.

Pero tres años más tarde, la AFIP revirtió la resolución. Un agente de retención (se desconoce su identidad) preguntó al organismo “si los servicios de publicidad destinados al mercado argentino que se contratan desde el país a Facebook Ireland Limited resultan comprendidos” por el tributo a la renta.

“En tal sentido, cuando los sujetos del país procedan a realizar el correspondiente pago a la empresa del exterior por los servicios prestados, corresponderá que retengan e ingresen a la AFIP el tributo que recaiga sobre tales beneficios”, agregó en la misma resolución el organismo, en ese momento dirigido por Mercedes Marcó del Pont, una dirigente cercana a Alberto Fernández. La opinión fue respaldada por el Ministerio de Economía, que entonces encabezaba Martín Guzmán.

Al año siguiente, Facebook Argentina tributó por impuesto a las ganancias $1.554 millones de pesos (US$8,7 millones al tipo de cambio oficial), es decir, el 5,4% de sus ventas, según consta en su balance. Pero en 2023, devaluación del peso mediante, pagó de $5.638 millones (US$6,9 millones) por impuesto a las ganancias, el 13,8% de sus ventas. Un aumento de más del doble que el año anterior, a pesar de que el valor en dólares es más bajo por la devaluación del peso argentino durante esos dos años. El aumento en los impuestos fue “significativo”, según los contadores consultados para esta investigación.

En su memoria, Facebook Argentina informa que su único cliente es Meta Platforms Ireland Limited, y que vende servicios, consultoría, asesoramiento y asistencia requeridos por la subsidiaria irlandesa “en relación con las actividades de soporte de marketing y ventas para el desarrollo, la expansión y el mantenimiento de las comunidades de usuarios, anunciantes y desarrolladores en Argentina”. La ley del Impuesto a las Ganancias establece que los no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina.

Hubo otros casos. El Ministerio de Economía dictaminó sobre un caso de una plataforma online de reservas de hoteles y departamentos turísticos, según altas fuentes de AFIP. La cartera entendió que, más allá de que el impuesto a las ganancias no alude expresamente a los servicios digitales, no cabe duda de que las comisiones que cobra esta empresa del exterior por su prestación se encuentran alcanzadas por el tributo. Pero como esta compañía tiene residencia fiscal en Países Bajos, nación con la que Argentina tiene un convenio para evitar la doble imposición tributaria, y carece de un establecimiento permanente acá, el organismo resolvió que sólo debe abonar gravámenes en el país europeo.

Los funcionarios de la AFIP consultados aseguraron que lo mismo ocurrió con Netflix. El Ministerio de Economía -bajo la conducción de Guzmán- dictaminó que, aunque la actividad de la empresa de streaming se encontraría alcanzada por la presunción de ganancias de fuente local, como está radicada en Países Bajos y no tiene una sede argentina en la que se generen esos beneficios, entonces le toca tributar en el país europeo. Este equipo contactó a Netflix, pero desde la compañía no hicieron comentarios.

Uber también fijó su residencia fiscal en Países Bajos, pero el gobierno de Macri consideró que tenía establecimiento permanente en la Argentina, al entender que los choferes locales eran sus empleados.

Ante una consulta de la AFIP, que entonces dirigía Cuccioli, el Ministerio de Economía dictaminó en 2019 que Uber tenía presencia local. La agencia tributaria demandó a Uber el pago de impuestos y contribuciones patronales por 358,7 millones de pesos, equivalentes a US$7,7 millones. Altas fuentes de AFIP explicaron que en la Argentina hay dos sociedades similares llamadas Uber Argentina Sociedad Responsabilidad Limitada (SRL) y Uber International BV en Argentina, pero ninguna de las dos se hace cargo de pagar la deuda con el argumento de que carecen de establecimiento permanente y son entidades independientes de aquella que factura en Países Bajos.

Un vocero de Uber detalló ante la consulta de este equipo que el expediente “sigue en instancia administrativa” dentro de la AFIP, aún sin resolución.

Milei, el amigo de las Big Tech

Desde que asumió como presidente, Milei intentó acercarse a las Big Tech, una simpatía que fue también retribuida por estas compañías. Su relación con Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y su política ultraliberal constituyen una esperanza de buenos negocios para estas multinacionales en Argentina. Una de las primeras giras de Milei como presidente, en junio de 2024, fue justamente una visita a Silicon Valley, California, la sede de muchas de estas Big Tech. Allí logró reunirse con los CEOs de varias empresas como Tim Cooke (Apple), Mark Zuckerberg (Meta) y Sundar Pichai (Google).

El interés fue recíproco desde el primer día en que asumió. Google fue la empresa más interesada en la Argentina dentro de este sector: ejecutivos locales, regionales y globales de la empresa ingresaron varias veces a los despachos oficiales desde la asunción del economista para hacer su presentación formal, pero también para conversar sobre posibles inversiones en el país. Fueron 14 reuniones oficiales entre empleados de Google y distintos funcionarios del gobierno argentino durante 2024, el primer año de Milei como presidente, según consta en el Registro Único de Audiencias.

Cuando todavía no se habían cumplido tres meses de haber llegado a la Casa Rosada, Cancillería y Google firmaron un acuerdo de cooperación “para el fortalecimiento tecnológico internacional”, según informaron en un comunicado. Pero más allá del anuncio, tanto el gobierno argentino como Google no volvieron a hacer públicas acciones conjuntas. Las relaciones entre las partes continuaron, con más reuniones.

Karan Bhatia, abogado estadounidense, ex representante comercial del gobierno de George W. Bush, se desempeña como vicepresidente de Asuntos de Gobierno de Google a nivel global. Bhatia estuvo en la Casa Rosada el 20 de mayo de 2024 para mantener reuniones de alto nivel, con la entonces canciller Diana Mondino y el entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los dirigentes de mayor confianza de Milei. Durante esta última reunión se habló sobre “sobre el proceso de modernización” de Argentina y “también se conversó sobre proyectos de Google Argentina vinculados a la Inteligencia Artificial, TICs y herramientas para fortalecer procesos de aprendizaje”, indica el registro público.

Tras esas reuniones, Milei anunció durante su viaje a Silicon Valley que pondría en marcha una reforma para hacer más eficiente al Estado a través de la inteligencia artificial que desarrollaría Google. “Tuvimos una charla con la gente de Google, ellos tienen de hecho un módulo para hacer reforma del Estado, pero con inteligencia artificial, así es que vamos a estar avanzando en eso”, dijo el presidente argentino en una conversación con periodistas en la Casa Rosada. Un proyecto que algunos medios de comunicación compararon en ese momento con el acuerdo entre esta compañía y El Salvador, con el aval de su presidente Nayib Bukele.

Eleonora Rabinovich, líder de Asuntos de Gobierno para América Latina de Google, mantuvo reuniones en junio, julio y agosto con el vicejefe de gabinete argentino, José Rolandi para tratar este asunto, según consta en el registro. Sin embargo, casi un año después de esos encuentros, no hubo novedades sobre el supuesto acuerdo para digitalizar el Estado propuesto por la compañía. “No se firmó nada por ahora”, dijo un alto directivo de Google Argentina ante la consulta para esta investigación.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

AR

El fiscal federal Ramiro González dictaminó este jueves a favor del envío a juicio oral del expresidente Alberto Fernández por supuesta violencia de género y amenazas coactivas contra la ex primera dama Fabiola Yañez, al determinar que la investigación está concluida y puede pasar a la siguiente etapa.

En un dictamen entregado al juez del caso, Julián Ercolini, el fiscal consideró que se trató de una “investigación compleja” y que la acusación al ex presidente se basa en hechos ocurridos en una “relación asimétrica de poder” desde 2016, informaron fuentes judiciales.

En el marco de esa relación hubo de modo “sistemático” violencia hacia Yañez mediante “acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”, enumeró la fiscalía y que todo ocurrió en una “especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada”.

El juez Ercolini dará ahora vista a la defensa para que se manifieste al respecto y luego resolverá si envía el caso a sorteo de tribunal oral y Fernández llegaría así a juicio procesado por lesiones leves y graves, agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y amenazas coactivas.

Todo fue confirmado por la Cámara Federal porteña

La acusación sostiene que durante su paso por la Presidencia de la Nación, Fernández ejerció “violencia sistemática” contra la entonces primera dama con “progresivo aislamiento en la residencia de Olivos”.

La denuncia tomó impulso a partir de conversaciones rescatadas del teléfono de María Cantero, ex secretaria privada del por entonces presidente, que incluyeron fotos y mensajes enviados por la propia Yáñez con moretones.

El ex mandatario está además procesado en la Causa Seguros por la firma de un Decreto que permitió la intermediación de “brokers” en la contratación de pólizas para organismos públicos, un caso que está en etapa de apelación ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Con información de la agencia NA

La defensa del ex presidente Alberto Fernández apeló el procesamiento en la causa Seguros y pidió a la Cámara Federal porteña le que dicte la falta de mérito mientras se profundiza la investigación y se ordenan nuevas medidas de prueba.

La apelación fue presentada por la abogada del exmandatario, Mariana Barbitta, luego del procesamiento dictado el viernes último por el juez federal Sebastián Casanello por presuntas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

La defensa sostiene que el expresidente terminó procesado por delitos en base a los cuales nunca se le tomó declaración indagatoria y “conductas novedosas” sin haber tenido la oportunidad de ejercer su defensa, informaron fuentes judiciales.

El procesamiento se resolvió en base a “una plataforma fáctica y jurídica” por la cual Fernández no fue indagado y, ante ello, pidió la falta de mérito mientras avanza la investigación.

Entre las “conductas novedosas” que la defensa entiende que forman parte de la imputación, está atribuirle crear el cargo de secretaria privada para María Cantero, la esposa del broker Héctor Martínez Sosa, ambos también procesados.

Además se lo acusa de montar “una oficina que pasó a ser asiento de un grupo empresarial cual él mismo había participado”.

La defensa aludió a la gravedad institucional y democrática que significaría procesar a un ex presidente “en base a una investigación periodística” sin que haya una pesquisa judicial “seria, amplia y objetiva”. En el escrito se aludió a una “persecución infundada” y ahora deberá resolver el Tribunal de Apelaciones.

Con información de agencias.

IG

El expresidente Alberto Fernández fue procesado este jueves sin prisión preventiva en la causa Seguros por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Así lo dispuso el titular del Juzgado Criminal y Coreccional 11, Sebastián Casanello, que además ordenó trabar embargo sobre los bienes y dinero del expresidente por el monto de “$ 14.634.220.283,68”.

El magistrado también procesó al empresario Héctor Martínez Sosa y a su esposa, María Cantero, histórica secretaria de Fernández.

Además dispuso el procesamiento sin prisión preventiva del extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano y de ex miembros del directorio como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos.

También a Santiago Fraschina, un economista que estuvo a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)

Casanello asumió la subrogancia del juzgado federal 11, donde se lleva la causa que investiga presuntos delitos en la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos durante el gobierno del Frente de Todos (FdT).

A todos se les imputa “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ”Nación Seguros S.A.“.

Para ello, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ”Nación Seguros S.A.“”, detalló la imputación.

“La maniobra habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de ´Nación Seguros SA´ y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”, dice la resolución.

Con información de la agencia NA

La Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra la exprimera dama Fabiola Yañez. Con dicha resolución el exmandatario quedó al borde de ser enfrentar un juicio oral en su contra.

La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah y disidencia de Roberto Boico, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Fernández quedó con procesamiento confirmado por “lesiones leves y lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas”.

También se confirmó un embargo de $10.000.000 sobre los bienes del ex mandatario y se desestimaron los planteos de nulidad promovidos por su defensa.

“Es probable que los delitos se hayan cometido del modo en que fueron descriptos por las partes acusadoras”, afirmó el juez Martín Irurzun en la resolución, de 82 carillas.

Los hechos “sucedieron en un ámbito muy especial (la Quinta Presidencial de Olivos), fuertemente custodiado por funcionarios federales bajo el mando de Fernández”, advirtió Irurzun.

“Se ha establecido que, forzada por la naturaleza de su relación, la víctima tuvo que practicar una suerte de reclusión en un espacio para huéspedes de la residencia. También, que tenía un alto grado de aislamiento -fue auxiliada por familiares directas que declararon en la causa-. Valorar en su justa dimensión este contexto es fundamental”, concluyó al confirmar el procesamiento.

Yañez “era alguien que notoriamente estaba en una situación de desigualdad de poder, al interior y exterior de la pareja, con relación a su victimario”, agrega la sentencia.

En un contexto así, “por imperio del sentido común más básico, es razonable presumir que, en ese momento, no guió a sus acciones otra finalidad que pedir algún modo de auxilio sobre una situación que, efectivamente, había pasado, estaba pasando y, evidentemente, seguiría pasando”, advirtió el juez.

La Cámara confirmó lo que había resuelto el juez federal Julián Ercolini con intervención de la fiscalía de Ramiro González. En disidencia, el camarista Boico votó en minoría por dictar la falta de mérito y pedir una profundización de la pesquisa.

MC

La Justicia ordenó este martes reabrir la investigación para establecer si el retraso de la compra de vacunas Pfizer durante la pandemia de covid-19 durante el Gobierno del expresidente Alberto Fernández representa un delito.

“Aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer, las cuales no han sido plenamente analizadas en el curso de la investigación”, indicó la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hicieron lugar a un pedido del fiscal Carlos Stornelli, quien argumentó que la demora en la adquisición de vacunas del laboratorio estadounidense respecto a otras, como la Sputnik V “evidencia un innegable aletargamiento, al amparo de la opacidad y falta de oportuno registro en el sistema informático”.

“Las demoras registradas en la negociación con Pfizer derivaron perjudicialmente para nuestro país, y en un contexto de emergencia sanitaria, en una progresiva disminución de las dosis comprometidas inicialmente, a la par de que ingresaban las de los otros laboratorios raudamente contratados”, añadió Stornelli.

La causa contra el Estado había sido archivada a fines del año pasado por el juez federal Ariel Lijo por “inexistencia de delito”, tras desestimar una denuncia presentada por legisladores de la oposición y otra de familiares de cuatro personas que murieron como consecuencia del coronavirus, ambas en 2021.

Las presentaciones judiciales cuestionaron entonces los motivos por los que no se había firmado hasta entonces un acuerdo con Pfizer para la provisión de vacunas ante lo que consideraron una preferencia de la administración de Fernández por otros laboratorios.

“En particular, se advierte que la investigación no incursionó suficientemente en los procesos de adquisición y en las negociaciones que se llevaron a cabo con el resto de las empresas a las cuales el Estado Nacional les adquirió las vacunas con mayor antelación”, afirmaron los jueces este martes.

Para la Cámara Federal, “esta ausencia probatoria imposibilita descartar la existencia de supuestos tratos desiguales entre aquellos laboratorios y la empresa Pfizer”.

MM con información de la agencia EFE.

Después de años en la primera línea de la política y el periodismo, Gabriela Cerruti rompe su silencio con una declaración tajante: “Mi ciclo en la política está terminado”. Sin discursos de despedida ni entrevistas televisivas, la ex portavoz presidencial vuelve a escena, pero esta vez desde la ficción.

Su nueva novela, “El veneno del poder”, es un thriller político que transcurre entre las paredes cargadas de secretos de la Casa Rosada y la residencia de Olivos. La presentación oficial será el 1° de mayo en la Feria del Libro, aunque el título ya se puede conseguir en librerías.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Cerruti confirmó su retiro definitivo de la vida política. “Fue cerrar un ciclo”, sentenció, dejando en claro que no tiene intenciones de volver a participar en las próximas elecciones legislativas.

Sobre la novela

El relato sigue a Salvador Gómez, un presidente argentino abandonado por su propio partido, que navega el poder acompañado por su hermana, cuatro perros bautizados con nombres de los Beatles y una pareja con un historial amoroso vinculado a varios mandatarios. La historia profundiza en las intrigas palaciegas, el deseo, la soledad y una obsesiva necesidad de afecto que lleva al protagonista a preguntar una y otra vez: “¿Me querés?”.

Las similitudes con la figura de Alberto Fernández son inevitables, pero Cerruti es clara: “No, de ninguna manera”, respondió en una entrevista con TN. “Primero, no sé más de él que de otros presidentes; sé mucho más de Menem. Y luego, agarré hilos conductores, escenas de la política argentina en las que la ficción supera a la realidad”.

La autora –que a los 23 años publicó “El Jefe”, una biografía de Carlos Menem, y más tarde “El Pibe”, sobre Mauricio Macri–aclara que esta novela no es un retrato de su experiencia directa, sino una amalgama de situaciones reales y ficticias que revelan el lado más crudo, absurdo y humano del poder.

Cerruti busca instalar un género poco explorado en el país: el thriller político. “Acá, contar o inventar historias sobre lo que pasa adentro de Olivos, de la Rosada o de Tribunales, es un género que todavía no está demasiado instalado”, explica, diferenciándolo del canon estadounidense, con producciones como “The West Wing” y “House of Cards”. Su paso por la Legislatura porteña, el Congreso Nacional y el rol de vocera presidencial le dieron material de sobra para su debut como novelista a los 60 años.

Cerruti, que empezó a frecuentar Olivos en 1986 y convivió políticamente con figuras como Menem y Macri, pone sobre la mesa años de anécdotas, cenas de Estado y pasillos repletos de secretos, convirtiéndolos en una ficción donde la línea entre realidad y fantasía es peligrosamente delgada.El libro está cargado de escenas tan extravagantes como verosímiles: una mujer llega a la residencia en el baúl de un auto y termina como primera dama en el Teatro Colón.

Pero el título no deja lugar a dudas. Para Cerruti, el poder es un “veneno” que contamina no solo a quienes lo ejercen, sino también a los que orbitan a su alrededor: periodistas, empresarios, jueces. Su obra es una crítica sin anestesia a ese sistema oscuro y envejecido que —según ella— necesita ser transformado.

A pesar de las posibles controversias que pueda desatar el contenido del libro, Cerruti no se inmuta. “Yo dije todo lo que había que decir cuando estaba frente a un micrófono, y hablaba todos los días. Ya no es más mi trabajo, no me corresponde hablar. Que hablen los personajes de la novela”, concluyó.

MP con información de NA

La ex primera dama Fabiola Yáñez calificó como “narcisista y psicópata” al ex presidente Alberto Fenrnández y lo acusó de ser el organizador de la fiesta de Olivos, llevada a cabo en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus. Yáñez hizo serias acusaciones contra Fernández en una entrevista exclusiva que le dió al diario La Nación.

La ex primera dama describió al ex mandatario como un manipulador. “Vive en su propio mundo, donde él es el centro de todo. Es alguien que manipula a las personas a su alrededor, que se cree superior y no tiene empatía por los demás. Es difícil convivir con alguien así”, señaló.

Uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue su cuestionamiento al modo de vida de Fernández. Yañez afirmó que no entiende “cómo alguien con su sueldo puede vivir como vive”. “Su patrimonio está bastante flojo de papeles. Hay muchas cosas que no cuadran”, agregó.

Detalló que, durante su relación, notó discrepancias entre el nivel de vida del ex presidente y sus ingresos oficiales: “Vivía en una casa enorme, viajaba constantemente, tenía lujos que no se condicen con lo que declaraba. Siempre me pregunté de dónde salía el dinero”.

La fiesta de Olivos y la relación con Cristina Kirchner

Yáñez también se refirió a la polémica fiesta en Olivos durante la cuarentena por el Covid-19, que generó un escándalo nacional.“La fiesta la organizó él. Yo fui la chiva expiatoria, pero él estuvo allí desde el principio. El kirchnerismo me echó toda la culpa para protegerlo”, aseguró.

Reveló que, tras el escándalo, Fernández intentó distanciarse públicamente de ella: “Me dejó sola frente a la tormenta. No tuvo el valor de asumir su responsabilidad”.

 Yáñez no ahorró críticas para la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien describió como una figura dominante y misógina.“Cristina lo manejaba a su antojo. Alberto no tenía la fuerza para enfrentarla, se dejaba manipular. Ella es una mujer fría y calculadora, que solo piensa en el poder”, afirmó.

También mencionó que Kirchner despreciaba su papel como primera dama: “Cristina nunca me aceptó. Me veía como una intrusa, alguien que no merecía estar allí”.

Por último, Yáñez abordó la relación de Fernández con Enrique Albistur, ex secretario de Medios, y lo describió como una figura clave en la estrategia comunicacional del gobierno. “Albistur era su hombre de confianza, pero también era un operador de Cristina. Todo estaba muy manipulado”, señaló.

Al cerrar la entrevista enfatizó que “Alberto no es quien dice ser, que detrás de esa imagen de hombre sencillo y honesto, hay alguien que manipula y engaña; y que la gente merece saber la verdad”.

MP

La Cámara Federal porteña convocó para el 6 de marzo próximo a una audiencia previa a resolver si confirma el procesamiento al expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez.

Tanto la defensa del expresidente como la querella de la exprimera dama expondrán fundamentos ante los jueces de la sala dos del Tribunal de Apelaciones Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, informaron fuentes judiciales.

El juez federal Julián Ercolini procesó a Alberto Fernández por lesiones graves y leves y coacción en un contexto de violencia de género del que fue víctima Yañez.

“Hay varios elementos que dan cuenta de la existencia del carácter habitual y continuo que habría adquirido la violencia que, en distintas formas, habría ejercido el imputado Fernández sobre la nombrada Yañez”, considero el procesamiento.

A la audiencia podrán concurrir las partes para exponer en persona o presentar escritos y luego la Cámara quedará en condiciones de resolver.

MM con información de la agencia NA.

El ex presidente Alberto Fernández apeló hoy su procesamiento por violencia de género contra Fabiola Yañez y reclamó ser sobreseído en el escrito que será evaluado por la Cámara Federal porteña.

La defensa del ex mandatario, a cargo de Silvina Carreira, pidió al Tribunal de Apelaciones que revoque la decisión del juez federal Julián Ercolini y dicte el sobreseimiento al ex presidente ante la “vaguedad de la imputación”, informaron fuentes judiciales.

En el escrito, se sostuvo que hay “contradicción” en los hechos denunciados por Yañez y que eso “violenta la garantía” al debido proceso porque “una acusación deficiente no permite una defensa eficaz” porque Fernández no sabe “de qué ha de defenderse” en concreto.

La sala II del Tribunal de Apelaciones fijará ahora fecha para una audiencia previa a decidir si confirma, modifica o revoca el procesamiento .

Fernández fue procesado con un embargo de diez millones de pesos por “lesiones leves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en 2 oportunidades; lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja; y amenazas coactivas”.

Este último delito por haber intentado evitar que Yañez presentara una denuncia ante el juzgado de Ercolini, cuando el magistrado encontró imágenes de la ex primera dama con moretones en el celular de la ex secretaria privada del ex presidente, María Cantero.

Esto ocurrió en el marco de otra causa penal, la que investiga delitos con la contratación de pólizas de seguro en el gobierno de Fernández y en la cual tanto el ex mandatario como Cantero fueron indagados y el juez federal Sebastián Casanello debe definir sus situaciones procesales.

El caso estuvo a cargo también de Ercolini hasta mediados de febrero como juez subrogante del juzgado federal 11, vacante, pero ya fue reemplazado por Casanello.

Con información de la agencia NA

El expresidente Alberto Fernández fue procesado por la Justicia en una causa por violencia de género iniciada por su ex pareja, Fabiola Yañez. La decisión fue tomada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo de Julián Ercolini, que además ordenó un embargo sobre sus bienes y restricciones de acercamiento. 

El juez dictaminó el procesamiento de Fernández como autor penalmente responsable de lesiones leves y graves agravadas, y amenazas coactivas, todos en concurso real. Además, le impuso un embargo de $10.000.000 y mantuvo la prohibición de contacto con Yañez, quien actualmente reside en Madrid. Además, el juez dispuso que no podrá mantener contacto con ella por ningún medio. Aunque se levantó la prohibición de salida del país, Fernández deberá informar cualquier cambio de residencia y notificar viajes de más de 72 horas.

La denuncia, presentada por Yañez el 6 de agosto de 2024, señala que Fernández ejerció violencia física y psicológica contra ella desde 2016 hasta 2024, con episodios que incluyeron golpes, zamarreos y amenazas, incluso durante su mandato presidencial y tras su embarazo en 2021.

La investigación incluyó testimonios, registros médicos, chats de WhatsApp y fotografías de lesiones, pruebas aportadas por el fiscal Ramiro González. El juez concluyó que las pruebas presentadas son suficientes para acreditar los hechos denunciados y destacó las secuelas psicológicas que Yañez habría sufrido como consecuencia de la violencia ejercida.

Según el fallo, la relación entre Fernández y Yañez estuvo marcada por un vínculo de poder asimétrico, en el que el exmandatario habría ejercido violencia psicológica de manera habitual, manifestada en hostigamientos, indiferencia, insultos y controles excesivos sobre su expareja. La investigación judicial también determinó que esta violencia escaló hasta alcanzar el plano físico, con episodios documentados de agresiones directas, como golpes y zamarreos.

En particular, Ercolini hizo hincapié en dos episodios centrales que sustentaron la acusación. Uno de ellos ocurrió en la madrugada del 22 de junio de ese mismo año, cuando el exmandatario, en medio de una discusión en la suite presidencial de la Quinta de Olivos, le habría propinado un golpe de puño en el ojo derecho. El segundo tuvo lugar durante agosto del 2021, cuando Fernández habría sujetado fuertemente del brazo a Yañez, provocándole un hematoma.

Por su parte, la defensa de Fernández negó las acusaciones y cuestionó la imparcialidad del tribunal, argumentando que Yañez tenía problemas psiquiátricos previos y que las pruebas eran insuficientes. Sin embargo, el juez rechazó estos planteos y dio curso al procesamiento.  

La causa se inició en agosto de 2024, cuando Fabiola Yañez presentó una denuncia formal contra Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento. La denuncia fue realizada mediante una videoconferencia desde Madrid con el juez Julián Ercolini. El juez Ercolini citó a Fernández a declarar el 11 de diciembre del mismo año en los tribunales de Comodoro Py. Pero el 10 de diciembre la defensa de Fernández solicitó que la causa fuera trasladada al fuero Penal Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, argumentando la incompetencia del juez.

Días después la Justicia concedió una prórroga en la causa, postergando la declaración indagatoria de Fernández hasta el 4 de febrero de 2025. Finalmente, en esa fecha, el exmandatario se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para su declaración indagatoria. Durante la audiencia, Fernández desmintió las acusaciones y se negó a contestar preguntas tanto del juez como del fiscal. Alegó que las pruebas en su contra eran insuficientes y que la causa tenía un trasfondo político.  

El juez rechazó las acusaciones de falta de imparcialidad que Fernández dirigió en su contra, señalando que la recusación del ex mandatario se basaba en argumentaciones personales y no en elementos objetivos que indicaran un interés indebido en el proceso. Ercolini subrayó que la investigación y el procesamiento de Fernández se sustentaban en pruebas contundentes, como testimonios, pericias médicas y registros forenses, los cuales confirmaban la existencia de un patrón de violencia psicológica y física en el marco de la relación con Yañez. 

MPL/MG

MPL/MG

El juez federal Sebastián Casanello resultó sorteado esta mañana para quedar al frente como subrogante del Juzgado Federal 11, lugar que está vacante desde la muerte de su titular Claudio Bonadio.

El sorteo se hizo en la Secretaría de la Cámara Federal porteña y, de esta manera, desde el 12 de febrero Casanello reemplazará a Julián Ercolini, el magistrado que estuvo al frente del juzgado 11 en los últimos años.

En este juzgado tramita la Causa Seguros que tiene como acusado al ex presidente Alberto Fernández.

En las últimas horas, la Cámara Federal porteña había rechazado un planteo del expresidente Alberto Fernández para apartar al juez federal Julián Ercolini del caso Seguros, en una resolución firmada por el juez Roberto Boico.

“Las críticas presentadas por el litigante no avalan objetivamente el temor de parcialidad que invocó en pos del apartamiento”, sostuvo el juez Boico sobre los planteos del ex presidente, quien el lunes último había concurrido en persona a los tribunales de Comodoro Py para exponer sus argumentos ante el magistrado en una audiencia.

Ercolini seguirá así al frente del caso al menos hasta el 11 de febrero, cuando vence su subrogancia en el Juzgado Federal 11 donde está radicada esta investigación y desde esa fecha lo reemplazará Casanello.

En noviembre pasado, el expresidente fue indagado por Ercolini en la causa por supuesto fraude al Estado a través de brokers de Nación Seguros. Fernández negó las acusaciones ante el magistrado, presentó un escrito con su versión de los hechos y sólo respondió preguntas de su abogada, Mariana Barbitta.

El expresidente es investigado en el marco del expediente por la supuesta contratación de pólizas de seguros para organismos públicos a través del broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria privada. Fernández está imputado por los supuestos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Fernández está acusado por la Fiscalía de supuestamente haber intervenido “en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros”. Estos hechos habrían ocurrido “en forma coordinada y funcional”, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

Como Presidente, Fernández firmó un decreto que obligaba a los organismos del Estado a contratar pólizas a la empresa de seguros del Banco Nación, Nación Seguros. Fue una decisión política, no judiciable, según dijo Fernández al juez este miércoles.

En las contrataciones de algunos organismos aparecieron brokers o intermediarios en las contrataciones que cobraron millonarias comisiones. Uno de ellos fue Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada de Fernández, María Cantero.

El juzgado estableció que, presuntamente, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ´Nación Seguros ”, detalla el llamado a indagatoria.

Ercolini sostuvo que se utilizaron “empresas coaseguradoras” y que la maniobra “habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”. 

De acuerdo con el juzgado, Fernández y Martínez Sosa eran también amigos. Los “uniría una íntima y añeja amistad”, sostuvo en un dictamen. “Habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja (Martínez Sosa y Cantero) para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”, advirtió el juez en el llamado a indagatoria.

Con información de agencias.

IG

La Cámara Federal porteña rechazó hoy un planteo del expresidente Alberto Fernández para apartar al juez federal Julián Ercolini del caso Seguros, en una resolución firmada por el juez Roberto Boico.

“Las críticas presentadas por el litigante no avalan objetivamente el temor de parcialidad que invocó en pos del apartamiento”, sostuvo el juez Boico sobre los planteos del ex presidente, quien el lunes último había concurrido en persona a los tribunales de Comodoro Py para exponer sus argumentos ante el magistrado en una audiencia.

Ercolini seguirá así al frente del caso al menos hasta el 11 de febrero, cuando vence su subrogancia en el Juzgado Federal 11 que está vacante y donde está radicada esta investigación.

Al respecto, mañana habrá un sorteo en los tribunales de Retiro para designar nuevo magistrado subrogante por el plazo de un año.

Ercolini quedó sin embargo en condiciones de definir situaciones procesales en la investigación porque esta semana concluyó la ronda de declaraciones indagatorias.

Fernández intentó por segunda vez apartarlo de la pesquisa; la primera fue sin éxito en junio del año pasado.

El lunes último el ex mandatario asistió en persona a una audiencia ante Boico junto a su abogada Mariana Barbitta e invocó “temor de parcialidad” y enemistad manifiesta por parte del juez, que debería ser apartado por “razones de decoro y delicadeza”, dijo.

Al dar detalles de las razones de esa enemistad, la abogada mencionó “razones de ideología política y también desde el plano personal”. También entregó impresiones en papel de capturas de pantalla que expondrían supuestos mensajes de texto entre el juez y Fernández. Además cuestionó la cobertura mediática que tuvo su declaración indagatoria del 27 de noviembre pasado y la tildó de “emboscada”.

Boico rechazó la recusación y advirtió que la documentación “conteniendo supuestos chats alojados en el teléfono celular de un tercero a la causa -no identificado-, carece de las condiciones mínimas exigibles para que sean considerados como prueba valorable en el enjuiciamiento incidental”.

Sobre la presencia periodística en la indagatoria “por los pasillos de los tribunales” y antes de su ingreso a la audiencia“, señaló que ”no es una situación que esté –ni reglamentariamente ni en la práctica- bajo el control o la organización del magistrado“.

“Tampoco lo es el interés que los medios puedan o no prestar al asunto. Las calificaciones empleadas por la defensa (habló de una suerte de ”emboscada“) hacen a su apreciación subjetiva al respecto y, en lo que a esta resolución concierne, responden a la arena de lo conjetura”, concluyó el camarista.

En la causa se investiga la gestión de brokers, entre ellos Héctor Martínez Sosa, esposo de la ex secretaria del ex presidente, Maria Cantero, como intermediarios en la contratación de pólizas de seguros para organismos públicos.

Con información de la agencia NA

“En las muchas discusiones que en ese contexto tuvimos en la pareja jamás ejercí violencia física sobre Fabiola Yañez. La amé y respeté.  Abrí para ella todas las posibilidades de desarrollo invitándola a que me acompañe en su rol, en las giras internacionales y, fundamentalmente, dándole plena libertad para desplegar los programas que ideaba estando al frente de la Fundación del Banco Nación. Nunca cercené su libertad de movimientos y nunca le condicioné sus vínculos y amistades. Si debo decir que si alguien fue agredido en la pareja, ese fui yo. Si alguien debió soportar insultos y malos tratos en la pareja, ese fui yo”. 

Ese párrafo central tiene el descargo del expresidente Alberto Fernández que presentó por escrito este martes durante su declaración indagatoria en la causa en la que está imputado por violencia de género hacia su expareja. El texto cuenta con 222 páginas y el propio exmandatario lo colgó en sus redes sociales al salir de Comodoro Py. Allí asegura que las imágenes que trascendieron mediáticamente sobre Yáñez con el ojo morado son falsas y acusó al juzgado de haberlas filtrado a la prensa. En muchos tramos señala los problemas alcohólicos de su expareja como argumento de que él no fue el agresor en la pareja.

En tribunales Fernández se negó a responder preguntas del juez Julián Ercolini y el fiscal del caso Ramiro González. El expresidente sostuvo además que los testigos que declararon nunca dijeron haber visto de manera directa “semejante conducta” de su parte, al reclamar su sobreseimiento.

El exmandatario arribó a Comodoro Py 2002 a las 10.10 de la mañana y se retiró a las 11.30 sin formular declaraciones a la prensa, en medio de un estricto operativo de seguridad montado en el cuarto piso de los tribunales, sede del Juzgado.

El ex presidente hizo una breve exposición en la cual explicó por qué no respondería preguntas, reiteró que ayer recusó tanto al fiscal como al juez por su abierta enemistad -reclamo que no le fue atendido- y que según su punto de vista el juzgado no es “competente” para llevar el caso. El trámite duró unos 40 minutos, en el transcurso de los cuales se le leyeron al Fernández tramos de la imputación en su contra.

Ahora, el juez Ercolini quedó en condiciones de definir si lo procesa, dicta falta de mérito o sobresee. La indagatoria se concretó después de dos postergaciones el año pasado a raíz de diferentes recursos que presentó la defensa del ex mandatario. Fernández lo recusó a Ercolini, entre otras cosas, por ser uno de los funcionarios judiciales que viajó a Lago Escondido junto a directivos del Grupo Clarín.

La relación Fernández-Yáñez antes y durante el gobierno

Fernández comenzó su escrito con una alusión al modo en que fue tratado por la investigación judicial. Apuntó que el juez y el fiscal por cómo fue allanado su domicilio en Puerto Madero, la prohibición para que pueda salir del país, el secuestro de su celular -que consideró “inútil” y el rechazo de pruebas testimoniales que ofreció. “Han hecho todo lo necesario para acotar mi derecho de defensa e inducirme de ese modo a declararme culpable”, señaló.

Fernández cuestionó sobre todo la manera en el que el caso saltó a la luz, a partir de que se encontraron chats entre Yáñez y María Cantero (su secretaria privada) durante la investigación por la causa de los seguros en la que también está imputado el exmandatario. “Ese material estaba en un legajo reservado por el magistrado interviniente en ambos juicios. ¿Quién otro que no sea el juez o algunos de sus empleados de confianza (o el fiscal) pudo haber filtrado esa información a la prensa?”, acusó el exmandatario, incluyendo negritas en su texto para darle más énfasis al descargo. “Adelanto que resulta falso”, aseguró Fernández sobre la imagen de Yáñez con un ojo morado que trascendió mediáticamente.

En otro tramo del texto señaló: “Para que quede clara la imprecisión de la imputación destaco que la querella cambió tres veces la fecha de ocurrencia del presunto golpe en el ojo: primero dijo días antes del 12 de agosto de 2021; después sostuvo que el hecho ocurrió en algún día de julio del 2021 y finalmente concluyó que el 22 de junio de 2021 fue la fecha de ocurrencia de ese episodio”. También dijo sobre los golpes que denunció Yáñez: “¿Existieron las bofeteadas? La respuesta es no”. Fernández escribió extensos apartados para tratar de desvincularse de esas acusaciones.

Fernández relató en su descargo cómo conoció a Yáñez a partir de una entrevista que ella le hizo como estudiante de periodismo. Luego dio detalles sobre la infancia de la expareja, tiempo que pasó en Misiones al cuidado de su abuela materna. “Los años de Posadas los recordaba amargamente. Decía haber vivido en medio de muchas carencias económicas”, apuntó el exmandatario. Dijo que eran habituales en ella caer en “estados depresivos” y asumir una “tendencia a consumir alcohol”.

Además dio detalles sobre el momento en que Yáñez quedó embarazada en 2016 y decidió abortar. “Al cabo de unos días, recibí su llamada diciéndome que había interrumpido por decisión propia el embarazo”, escribió el exmandatario. Su versión choca con la que dio la propia Yáñez en su presentación judicial en agosto del año pasado: lo acusó de “violencia reproductiva” y apunto que expresidente tuvo una pésima reacción a la noticia de su hijo por nacer. “Hay que resolverlo. Tenés que abortar”.

Fernández asegura que Yáñez intentó rehabilitarse en la clínica Ineco del neurólogo Facundo Manes, hoy diputado por el radicalismo disidente. “Llamé a Manes, le adelanté lo que estaba pasando y le pedí que nos recibiera. Recuperé mi optimismo: Fabiola había decidido avanzar en un tratamiento. Por lo que, con premura llamé a Manes quien fue muy atento y diligente y rápidamente nos concedió la entrevista. Tras recibirnos, Manes, delegó la atención de Fabiola en personas de su equipo”, precisó el exmandatario. Yáñez no mencionó al neurólogo en su presentación judicial, pero sí hizo alusión a la clínica. Sobre ese tratamiento, Fernández planteó: “Jamás, en dos años de tratamiento psiquiátrico en INECO, hizo mención a que padeciera agresiones físicas de mi parte aun cuando dedicó mucho tiempo de su terapia a explicitar nuestras desavenencias”. 

El exmandatario se refiere al acoholismo de Yáñez en gran parte de sus pasajes. Detalla incluso situaciones ya como jefe de Estado. “En nuestro primer viaje al exterior (a Israel) protagonizó un destrozo en el cuarto al caer desmayada sobre una mesa plagada de botellas y copas por el alcohol que había ingerido en el cuarto. Esa noche no me acompañó a la cena que se había organizado, se quiso quedar en el cuarto”, escribió. 

Pero el punto de quiebre que Fernández anota sobre el estado personal de Yáñez fue con la filtración de la foto del cumpleaños que organizó ella en la Quinta de Olivos durante el confinamiento por la pandemia. “Creo que el quiebre en su ánimo estuvo dado por la difusión de una fotografía que alguien tomó e hizo trascender en las redes sociales cuando organizó una cena con motivo de su cumpleaños el 14 de julio de 2020, un momento en que reuniones de ese tipo estaban prohibidas en razón de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID 19”, recordó el exmandatario. “Todo eso se volvió un tormento para ella”.

La explicación de Fernández, que fue muy criticado por decir en un acto “mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho”, rememoró en su escrito al juzgado: “Fabiola organizó una cena que yo no debí haber permitido que se hiciera, porque mía era la responsabilidad política de impedirlo. Es cierto que ella me dijo que quería cenar con quienes estaban trabajando con ella en ese momento (no eran más de cinco personas) y yo no puse obstáculo alguno a la propuesta. Lo que nunca supe era la dimensión que finalmente tendría la cena”. El caso trascendió mediáticamente como “la fiesta de Olivos”.

Luego del nacimiento del hijo de la pareja, Fernández confirmó en su relato que Yáñez pasó a vivir en la casa de huéspedes de Olivos para permitirle al entonces mandatario descansar, pero él señalo sobre la mudanza: “Allí tenía mayor libertad para acceder al alcohol y poco a poco convirtió lo que era un traslado temporal en algo definitivo”. Incluso recordó que la entonces primera dama llegó a estar ebria en situaciones sociales oficiales.

En ese momento del escrito es que Fernández descargó su principal línea sobre su expareja: “Nunca cercené su libertad de movimientos y nunca le condicioné sus vínculos y amistades. Si debo decir que si alguien fue agredido en la pareja, ese fui yo. Si alguien debió soportar insultos y malos tratos en la pareja, ese fui yo. En los momentos de embriaguez, ella se ponía violenta, me atacaba con una fuerza singular. Yo solo atinaba a atajar sus manos para evitar sus golpes”. 

El episodio cuando la Selección ganó el Mundial

Uno de los pasajes más curiosos del relato de Fernández es cuando recordó el día en que la Selección argentina de fútbol ganó el Mundial de Qatar. El expresidente lo contó como una defensa propia a la acusación hecha por Yañez de que ejercía sobre ella violencia psíquica y control, además de propinarle golpes físicos. Fernández recordó que la noche en que el equipo capitaneado por Leo Messi arribó a Ezeiza, Yáñez pidió a los choferes oficiales que la trasladen desde la Quinta de Olivos al aeropuerto.

El entonces mandatario se habría enterado durante la madrugada, cuando no encontró a Yáñez en su habitación. “Una persona de la custodia me llama y me informa que estaban atascados en la Autopista Richieri llevando a la Primera Dama al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Pedí a la persona que la custodiaba que me comunicara con Fabiola pero me respondió que estaba absolutamente dormida y era imposible despertarla. Entonces les pedí que regresaran. Cuarenta y cinco minutos después, ya eran casi las 03:00 AM, arribaron a la Residencia y debí ayudar a Fabiola a bajar del auto y llevarla abrazada hasta el cuarto porque no podía mantenerse en pie de lo alcoholizada que estaba. Le quité la ropa y la cubrí con sábanas mientras ella se sumía en un sueño muy profundo”. 

“La decisión de hacerla regresar no fue producto de mi posición de privilegio en una relación asimétrica. Fue un acto de profundo amor y cuidado a Fabiola Yañez. ¿Alguien imagina lo que hubiera significado que los medios de comunicación hubieran visto llegar a la Primera Dama en ese estado de ebriedad a recibir a la Selección Nacional?”, escribió el exmandatario.

La relación luego de dejar el poder

Fernández relató también en su escrito cómo fue la relación de la pareja luego de que él dejó el cargo como presidente. Confirmó que se mudaron a Madrid, España, para alejarse del foco mediático pero el exmandatario apuntó que fue una decisión a pedido de Yáñez. En su descargo precisó otra situación en la que la exprimera dama terminó alcoholizada y dijo que fue el límite para la pareja. Señaló que luego de la separación le dejó una cuenta bancaria con una cuantiosa suma de dinero: “En el momento que mi teléfono celular fue secuestrado por este tribunal, en la sucursal del Banco de Santander ubicada en la calle Serrano 57 de la ciudad de Madrid, la cuenta corriente identificada IBAN: ES47-0049-0151-5224-1106-3241 (SWIFT: BSCHESMM), registraba un saldo positivo superior a los 17.000 euros. Hoy, a pesar de la millonaria cuota alimentaria que percibe, esa cuenta la ha vaciado”.

Fernández le reprochó a su expareja el pedido de perimetral y la prohibición que tiene de viajar, por lo que no puede ver a su hijo. “La Justicia Civil me ha impuesto provisoriamente la obligación de aportarle, el 30 % de los ingresos que percibo como retiro de la presidencia. Debe ser la cuota alimentaria más alta que la Justicia argentina haya impuesto. Se de fiscales a los que la justicia le sustrae el 20 % de sus ingresos para cubrir los gastos de una ex mejer y más de un hijo. En mi caso, el porcentaje es muy alto si se tiene en cuenta que busca cubrir el sustento de un menor de poco más de dos años”.

El exmandatario contó además los permenores del momento en que la noticia del caso de violencia de género trascendió en el diario Clarín y relató una conversación en la que Yáñez le dijo que no iniciaria acciones en su contra. “Le respondí que sólo quería que dijera la verdad y que la 'ganancia' estaba precisamente en contar la verdad y no alimentar un show mediático en torno a una cuestión inexistente”, aseguró Fernánez.

Luego señaló a la periodista Sandra Borghi del grupo Clarín, que entró en contacto con Yáñez y le habría ofrecido hacer un documental sobre su historia, y reveló conversaciones con su ya expareja. “No quiero compromisos… quiero el efectivo que me garantice el futuro”, le habría dicho Yáñez a Fernández, según su relato. “Volvió a reiterar su demanda, en la que prácticamente era pagar más de los tres millones de dólares que tenia de oferta, para que no mintiera. Es decir, yo debía pagar para que Fabiola no mienta. Mi respuesta al respecto fue tajante: 'Entonces me estas extorsionando y yo con extorsionadores no hablo'”, apuntó el exmandatario.

En su últimas líneas del apartado, Fernández apuntó: “Tras la publicación/filtración del 'no instar la acción' en mi contra y buscando escapar al cuadro extorsivo impuesto por Fabiola Yañez le propuse poner fin al debate público con un comunicado conjunto en el que los dos explicábamos la situación. Todo fue en vano”. Y remató: “Así comenzó este proceso que la historia registrará como la más formidable estafa procesal que se haya hecho”.

MC

Alberto Fernández se presentó esta mañana en los tribunales federales de Retiro para ser indagado en la causa por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez. El exmandatario se negó a responder preguntas y solamente presentó un escrito. No hizo referencias orales ni se pronunció sobre la imputación en su contra, limitándose a argumentar que no declaraba debido a la recusación en curso contra el juez Ercolini. 

La indagatoria se concretó después de dos postergaciones el año pasado a raíz de diferentes recursos presentados por la defensa del expresidente.

Convocado inicialmente para las 11 de la mañana, Fernandéz adelantó la citación ante Ercolini alrededor de las 10. La audiencia transcurrió en un clima tenso y poco cordial. Solo estuvieron presentes la defensa, el fiscal Ramiro González y el juez Julián Ercolini. El trato con el magistrado fue seco, sin intercambios fuera de lo estrictamente formal. Según testigos, el ambiente fue frío y distante.

El procedimiento duró aproximadamente 40 minutos. Durante la audiencia, se le leyó la imputación y las pruebas. La declaración se adelantó una hora y, según trascendió, la reprogramación se habría coordinado el día anterior, en el que Fernández se presentó por la causa de los seguros.

En los próximos 10 días hábiles -aunque los tiempos de la Justicia a veces se extienden- el juez Ercolini deberá definir los pasos a seguir. Puede ordenar el procesamiento del expresidente si considera que existen elementos suficientes para estimar que cometió el delito. Si entiende que no hay pruebas concluyentes para procesarlo ni para sobreseerlo, podría dictar la falta de mérito, lo que implicaría que la causa siguiera abierta y que Fernández podría ser indagado nuevamente si aparecieran nuevas pruebas. La tercera opción es el sobreseimiento, que cerraría definitivamente el caso si se determina que el delito no existió o que no fue cometido por Fernández.

Fernández está imputado por “lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones”. Estos delitos, en conjunto, prevén un máximo de 18 años de prisión en caso de una eventual condena.

Posteriormente, el exmandatario posteó su descargo en redes. “Hoy presenté mi descargo en una causa que es una estafa procesal sin precedentes. Después de muchos meses de silencio quiero que conozcan lo que tengo para decir”.