La Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan denunció que el Gobierno nacional filtró el contenido de un sumario administrativo reservado para justificar públicamente sanciones contra trabajadores del centro pediátrico. La acusación fue realizada por Alejandro Lipcovich, secretario general del cuerpo de delegados, luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informara en redes sociales la existencia de medidas disciplinarias antes de que las personas afectadas fueran notificadas formalmente.

“El jefe de Gabinete anuncia algo que, en teoría, no era público. Ayer lo que nos llega a nuestro correo electrónico es un informe reservado, tiene esa leyenda, que es el pedido que la sumariante hace de sanciones”, explicó Lipcovich en entrevista con AM 530. El dirigente señaló que el expediente plantea la suspensión de casi treinta trabajadores y el despido de once, entre ellos delegados de ATE y representantes de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT).

“Lo que hay es una persecución política, una búsqueda de aleccionar, disciplinar y evitar que se repita una lucha como la del año pasado, a días de que se intenta aprobar una reforma laboral esclavista”, denunció el delegado.

Desde ATE sostienen que la medida apunta a sectores combativos que encabezaron la pelea gremial en 2025 por recomposición salarial, condiciones laborales y dotación de personal. Aunque esa lucha derivó en una mejora extraordinaria del salario de bolsillo, las y los trabajadores advierten que el vaciamiento no se detuvo: siguen los contratos precarios, la falta de ingresos y el recorte de servicios clave como el jardín materno del hospital.

“El hospital no ha cesado. Hemos conquistado un aumento extraordinario, con una lucha muy fuerte durante muchos meses, pero el vaciamiento continúa”, remarcó Lipcovich. También denunció que se intenta reemplazar contratos eventuales por monotributos, profundizando la precarización.

La ofensiva coincide con un proceso más amplio de reestructuración del sistema público de salud. Según los gremios, hay una política deliberada de congelamiento de vacantes, recorte de suplencias y desmantelamiento progresivo de equipos de trabajo en sectores sensibles. A esto se suma la falta de inversión en infraestructura y equipamiento, que impacta en la calidad de atención.

Entre las personas señaladas en el sumario se encuentra Norma Lesana, secretaria general de APyT, quien en 2023 mantuvo un cruce televisivo con el periodista Eduardo Feinmann. Lipcovich afirmó que también están involucrados otros voceros y delegados que participaron activamente del conflicto anterior. “Hay un mensaje político y público claro, no queda duda”, sostuvo.

La denuncia incluye además el uso de canales institucionales del hospital para difundir mensajes alineados con el discurso libertario. “Las redes del hospital se han convertido en una cloaca al servicio de estas operaciones, en una sucursal de los canales de streaming de los libertarios”, apuntó.

El sumario no fue concluido formalmente y aún no se abrió la instancia de descargo. Sin embargo, desde la Junta Interna consideran que la divulgación pública anticipada por parte del Poder Ejecutivo indica que las sanciones ya están definidas de antemano. “Un sumario administrativo es algo que ya tiene una condena antes de que se haga”, denunció Lipcovich.

El conflicto ocurre en paralelo al debate legislativo sobre la reforma laboral enviada por el Gobierno al Congreso en diciembre de 2025. El proyecto incluye modificaciones en la jornada de trabajo, el período de prueba, el régimen indemnizatorio y el derecho a huelga. Aunque fue frenado en general en Diputados, el oficialismo anunció que insistirá con su aprobación por capítulos durante febrero.

Desde la Junta Interna de ATE se convocaron asambleas para definir los próximos pasos. No se descarta la presentación de medidas judiciales y la articulación con otros sectores gremiales. “Nos estamos empezando a organizar”, anticipó Lipcovich.

“Están jugando con fuego, porque acá no se trata de un conflicto minoritario o protagonizado solo por un puñado de personas. Acá se movieron fibras en toda la sociedad, se movilizó todo el país en defensa del Garrahan”, advirtió el delegado.

JJD

“El Gobierno quiere disciplinar el Garrahan y el mundo del trabajo”, denunció Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan, en una entrevista con AM 530. Según detalló, el Ejecutivo nacional inició 44 sumarios contra trabajadores que participaron de recientes protestas. El sindicato considera que se trata de una represalia por el aumento del 61% al salario básico que obtuvieron tras meses de lucha.

“Es revanchismo puro. Castigan a quienes se movilizaron”, señaló Lipcovich. Entre los afectados hay delegados de ATE, de APyT (otro sindicato del hospital), y trabajadores sin afiliación. Según el dirigente, los sumarios no responden a faltas concretas sino a la participación en medidas de fuerza. “El único crimen, entre comillas, que cometieron, fue protestar dentro del hospital”, dijo.

El conflicto se da luego de una victoria gremial que obligó al Gobierno a aplicar parcialmente una ley salarial que había rechazado, lo que derivó en el aumento. “Es un ejemplo peligroso para ellos, porque muestra que la lucha da resultados. Por eso ahora intentan descabezarla”, sostuvo Lipcovich.

Además del reclamo por las sanciones, desde ATE alertan sobre una crisis estructural en el Garrahan. “Desde que empezó esta gestión, renunciaron más de 300 trabajadores y no se reemplazaron las jubilaciones. Hay menos personal para las mismas tareas, y la situación es muy seria”, advirtió el dirigente.

En ese contexto, los gremios convocaron a una conferencia de prensa frente al hospital para exigir la anulación de los sumarios, el cese de las sanciones y la apertura de una discusión sobre la situación laboral en el centro de salud.

“El aumento fue un logro colectivo. Ahora quieren imponer sanciones para apagar esa celebración”, concluyó Lipcovich, quien remarcó que la pelea continúa no solo por los salarios, sino por la defensa integral del hospital y de los derechos laborales.

JJD

“Es el peor momento en los 20 años que llevo trabajando en el hospital”, dice Luis Ortíz, delegado de ATE y enfermero del Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand”, uno de los centros de salud más importante de la Ciudad donde al mes se realizan 7.000 consultas por guardia, 6.000 extracciones por laboratorio y 1.000 hemodiálisis. 

Profesionales que se van por los bajos salarios, falta de enfermeros y personal administrativo, pasillos y ascensores sucios, servicios que dejaron de funcionar, déficit de camas, es la situación que describen los trabajadore del Durand, ubicado en el barrio de Caballito y que depende del Gobierno porteño.

La falta de enfermeros especializados obligó a cerrar camas críticas: en Terapia Intensiva de adultos, de once camas disponibles, solo ocho están habilitadas. “Somos 4 enfermeros para las 11 camas, cuando debería haber 1 cada 2 camas”, explica. Rubén Ángel Díaz, enfermero de esa misma unidad, coincide: “Antes éramos 12 en el área. Ahora somos solo 5. Hay 10 camas habilitadas en una sala preparada para 21, simplemente porque no hay enfermeros suficientes”.

En las áreas pediátricas la situación es similar. “No podemos dejar dos enfermeras con ocho nenes entubados los fines de semana, es una locura”, señala Ortíz sobre Terapia Pediátrica, donde solo ocho de dieciséis camas están habilitadas. En Neonatología, de veinte encubadoras apenas diez se usan. “La falta de enfermeros en áreas críticas es gravísima”, agrega.

Uno de los casos más delicados es el servicio de Recuperación Cardiovascular. Desde hace tres años sólo cuenta con un enfermero jefe que trabaja por las mañanas. Tampoco tiene los siete médicos recuperadores que solía tener el servicio. Esto significa que cuando se realiza una operación coronaria el paciente sólo puede estar unas horas en ese servicio de recuperación y luego es trasladado a la unidad coronaria. Mario Acosta, cesanteado recientemente del hospital, alerta: “Los pacientes que se operan a corazón abierto necesitan cuidados intensivos 24 horas con un enfermero exclusivo. Sin ese servicio, el riesgo de muerte es real”.

Sobrecarga laboral y desvalorización profesional

La falta de personal también genera una sobrecarga extrema. “Cada mes se van tres enfermeros. Están mal pagos, no se les reconoce la actividad crítica y terminan trabajando los 365 días del año”, denuncia Ortíz. Durante fines de semana y feriados, los enfermeros cobran entre 600 y 700 mil pesos, pero sin francos compensatorios. “El Gobierno no contrata personal. Falta voluntad política”, agrega.

Díaz describe cómo esto afecta directamente la atención: “Por ley, un enfermero debe tener como máximo dos pacientes a su cargo. Ahora llegamos a atender tres. Se nota el mal cuidado. Al paciente se le reduce el tiempo de asistencia. Si no le hacés la rotación corporal, empieza a tener lastimaduras. Y eso también previene la neumonía”.

Acosta remarca la desvalorización en servicios especializados: “Había un equipo formado, con amor por el servicio, pero empezó el vaciamiento. Después de la pandemia, bajaron a la mitad el sueldo de los médicos y empezó el éxodo. Había mucho amor por lo que hacíamos, pero no se come con amor”.

Vaciamiento de infraestructura y recursos

La crisis alcanza también a la infraestructura y los recursos hospitalarios. “Aunque tenemos un resonador nuevo, no hay administrativos para atenderlo las 24 horas. Entre los compañeros lo manejamos como podemos; los técnicos terminan haciendo de administrativos”, explica Ortíz.

La guardia del hospital carece de camas adecuadas y personal para el triaje. “Falta de todo, hasta tecnología para usar la historia clínica electrónica”, añade. Díaz confirma la improvisación diaria: “Médicos trabajan como camilleros; enfermeros hacen tareas de laboratorio; técnicos de laborarios terminan haciendo tareas de servicios generales llevando materiales al depósito. No existe la figura del técnico de guardia, entonces todo se improvisa”.

Acosta denuncia que los traslados postquirúrgicos son riesgosos: “Operamos y llevamos al paciente a recuperación, que está a 20 metros. Lo ideal sería que se quede ahí hasta recuperarse, como antes. Pero al día siguiente lo bajan a la unidad coronaria. El recorrido se hace por pasillos donde circula basura y ropa sucia. El ascensor es un foco infeccioso”.

La precariedad sanitaria también preocupa. “Todo el mundo se infecta en el Durand. La KPC, una bacteria intrahospitalaria, es letal. Todo paciente que entra al Durand, a los tres días tiene KPC. El que tiene las defensas bajas está totalmente expuesto”, alerta Acosta.

Además denuncian que la limpieza es insuficiente: “Deberían ser 140 personas y son 70. Si limpiaran los ascensores cada dos horas, sería otra cosa. Pero no alcanza”, agrega.

El impacto en los trabajadores es inevitable. “Estamos todos cansados del manoseo. Para que nos reconozcan tenemos que recurrir a la justicia, que nos da vuelta la cara. Los enfermeros se están yendo”, señala Díaz. Y Ortíz concluye: “El hospital está vacío. La enfermedad aguda pasa a ser crónica por el vaciamiento y la falta de voluntad política”.

LN/MG

Los trabajadores del hospital Garrahan iniciaron este martes una medida de fuerza que será por 48 horas, a pesar del anuncio del Gobierno nacional sobre el bono destinado a los profesionales, los trabajadores insistieron con la medida de fuerza.

Al respecto, el secretario general de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich, se refirió a la decisión del directorio de la Institución médica como “una evidente conquista de la lucha del Garrahan, una primera conquista que no resuelve todo el problema”. A su vez, ratificó el paro que se extenderá hasta el jueves, como parte de un plan de lucha más amplio, y valoró que el bono representa “un cambio” respecto de posturas pasadas, ya que hasta el momento se había rechazado la entrega de sumas extraordinarias por cuestiones administrativas.

El avance de la protesta se da unos días antes de que el Senado trate el veto que anulaba la ley de Emergencia Pediátrica, luego de que Diputados rechazara la decisión del Gobierno.

“No vamos a esperar el tratamiento en el Senado (el próximo 2 de octubre) porque la urgencia ya se ha descubierto”, aseguró días atrás el secretario.

“La concesión es fruto de una movilización firme, no del diálogo entre la dirigencia sindical y las autoridades. Cuando el diálogo no fue acompañado de lucha, las paritarias se acordaron por uno por ciento anual. Ahora, una lucha extendida logra estas sumas extras que para las categorías más bajas representan un alivio, aunque transitorio”, expuso el dirigente, quien advirtió que debido al carácter no remunerativo de la suma se genera una incertidumbre respecto del mes de enero. “El problema que sea transitorio y que no vaya al básico es fundamental”, añadió.

El anuncio sobre los montos fue comunicado este lunes por la tarde por el Consejo de Administración del hospital, que remarcó el objetivo de priorizar al personal médico y administrativo en medio del escenario inflacionario y de pérdida de poder adquisitivo.

De acuerdo con la información oficial, el bono será entregado durante septiembre y alcanzará los 450.000 pesos para el personal asistencial, un grupo conformado por médicos, enfermeros, bioquímicos, farmacéuticos, radiólogos, ecógrafos, nutricionistas, kinesiólogos y otros profesionales vinculados al funcionamiento diario de la institución pediátrica. El personal administrativo, en tanto, percibirá un bono de 350.000 pesos.

Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, también resaltó la medida a través de sus redes sociales en donde sostuvo: “Gracias a una gestión eficiente, el Garrahan hoy está en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores. Lo dijimos desde el principio: la plata para el personal estaba en el Hospital, pero mal distribuida”.

“Durante décadas, los profesionales de la salud han estado mal remunerados. Hoy empezamos a revertir esa injusticia: trabajamos día a día para que su esfuerzo y dedicación sean reconocidos como corresponde. Felicito al Consejo de Administración por el trabajo que viene realizando para ordenar las cuentas y destinar cada peso a lo que importa: los equipos de salud, la calidad de atención y los pacientes”, escribió Lugones en su cuenta de X bajo el título: “Logramos aumentos para el personal del Garrahan”.

“Nos propusimos terminar con el despilfarro y los privilegios para algunos, para que los recursos vuelvan a donde siempre debieron estar: las instituciones, los profesionales y los pacientes. Ese siempre fue el camino”, completó.

NB

Durante más de tres décadas, la salud de los niños del país estuvo asegurada por un hospital: El Garrahan, que abarca cuatro manzanas, realiza 15.000 cirugías, atiende el 40% del cáncer infantil y da respuesta a 600.000 consultas anuales, es reconocido en el mundo de la pediatría por realizar la primera operación en un hospital público de una bebé dentro del útero de su madre –algo que sólo se hacía en centros privados–, separar a las siamesas Ámbar y Pilar y ser pionero en trasplantes de órganos. Es visto por los países de la región como un ejemplo de eficiencia y calidad de la salud pública.

Pero el hospital, inaugurado en 1987 y dotado hoy de 20 quirófanos, un banco de sangre, células y tejidos, un banco de cordón umbilical, 14 laboratorios y un área de imágenes que realiza 180.000 estudios al año, atraviesa una crisis sin precedentes. Con una caída superior al 50% en su presupuesto, que se traduce en sueldos congelados y sobrecarga laboral, desde agosto de 2024 –cuando se declaró en emergencia– renunciaron 246 profesionales, 50 de ellos en los últimos tres meses.

“Si renuncian 50 especialistas más, el hospital no va a poder seguir atendiendo”, advierte la pediatra Rita Fernández. La enfermera Teresa Alfaro, que ingresó en 1988, coincide: “No falta mucho para que el servicio se paralice. Si esto sigue así, de este año no pasa”.

“Me fui porque no aguanté más, se empezó a sufrir en el hospital. Mucha tristeza. Mis proyectos de vida se empezaron a evaporar. Así que tomé la decisión de irme. No fue fácil”, dice Matías Comune, técnico de farmacia que trabajaba en la elaboración de nutrición parenteral. Ingresó en febrero de 2014 y renunció el 25 de agosto pasado.

El desgaste y la acumulación de conflictos provocan una fuga cada vez más acelerada de profesionales que desarticula equipos interdisciplinarios formados durante años. Las áreas más afectadas son Cardiología, Neurocirugía, Trasplantes, Cirugía Pediátrica y Oncología, donde de cinco puestos disponibles solo se cubrió uno. La crisis se extiende a las residencias médicas: cambios en la remuneración y condiciones laborales precarias generan protestas y desincentivan la incorporación de nuevos especialistas.

“El hospital se va a quedar sin profesionales. Ahora mismo la atención está perjudicada. Se hacen cirugías pero muchas se posponen. Faltan insumos. Algunos servicios no incorporan pacientes nuevos, y es muy grave porque hay casos que no pueden esperar”, alerta Fernández. 

Familias desesperadas

“No sé si el cáncer de mi nena va a avanzar o si seguirá llegando la medicación oncológica. Tenemos mucho dolor, estamos desesperados”, dice Karina Nieto, madre de Amorina, de 6 años, paciente oncológica. Por su enfermedad metastásica pulmonar, Amorina ya atravesó dos operaciones y le esperan al menos cinco años más de tratamiento.

¿Cómo es posible que el Presidente se meta con nuestros hijos? Los trabajadores están haciendo algo heroico, no se merecen lo que están pasando

Karina Nieto — Madre de Amorina, de 6 años

“Mi nena es autista y no habla, y los médicos tuvieron que conocerla antes de operarla del tumor. Se comunicaban con ella a través de los ojos, con una niña que ingresó con cuatro años. Fue increíble: desde el personal de limpieza hasta el cirujano. Mi hija ama el Garrahan”, relata Karina.

“Esto no lo podemos permitir como pueblo. ¿Cómo es posible que el Presidente se meta con nuestros hijos?”, se pregunta, y agrega: “Los trabajadores están haciendo algo heroico, no se merecen lo que están pasando”.

El ritmo enloquecedor

Atrás quedaron las aspiraciones de quienes ingresaban al Garrahan buscando de atender las patologías más complejas de los hijos de familias postergadas del país.

“Entré al hospital en 1988, un año después de su inauguración, por la formación, la buena docencia y la calidad del conocimiento. Siempre quise trabajar en la salud pública, atendiendo a los chicos que más lo necesitan. No me arrepiento: realmente fue increíble”, recuerda la pediatra Rita Fernández.

Hoy, gran parte de las abreviadas energías del personal se destina a gestionar estrategias gremiales y mediáticas, además de trabajar en otras actividades para compensar salarios que, denuncian, no alcanzan la línea de pobreza. Según recibos de agosto de 2025, una enfermera de cuidados intermedios percibió $943.111 netos; un enfermero técnico A-4, $996.925; un administrativo, $958.372; una auxiliar de jardín maternal, $849.678; y un trabajador de farmacia, el caso más alto, $1.224.361. Los becarios médicos reciben estipendios de alrededor de $1.140.000, sin aportes jubilatorios ni relación de dependencia.

 “Enfocados en lo científico y asistencial, el Garrahan era un sueño donde se cumplían los objetivos y nos capacitamos permanentemente, daba gusto trabajar. Ahora el desgaste es infernal, todos tienen pluriempleo, están mal y dispersos, porque nos dedicamos a discusiones gremiales, hablar con la prensa, realizar contenido para redes, para concientizar”, explica la médica. 

Enfocados en lo científico y asistencial, el Garrahan era un sueño donde se cumplían los objetivos y nos capacitamos permanentemente, daba gusto trabajar. Ahora el desgaste es infernal, todos tienen pluriempleo, están mal y dispersos, porque nos dedicamos a discusiones gremiales, hablar con la prensa, realizar contenido para redes, para concientizar

Rita Fernández — Pediatra

Muchos no soportan el ritmo enloquecedor, mezcla de hostigamiento y persecución con explotación laboral en un ambiente donde se convive con el dolor y la muerte, y renuncian. “Te aprietan con el ausentismo, te quieren manipular; y para los que no están en planta es peor, porque tienen sueldos magros y encima los amenazan con no renovar el contrato”, agrega la enfermera Alfaro. 

“Yo también pensé en renunciar”, admite Ivone Malla, pediatra y hepatóloga, coordinadora del staff de Trasplante Hepático. “Por las condiciones que son agobiantes y por la persecución que ejercen. El maltrato y hostigamiento es otro problema que se suma a los bajos salarios. Después uno piensa en los pacientes y sigue, pero no sé hasta cuándo”. 

A la sangría de recursos humanos se suma un aumento sostenido de pacientes: muchos dejaron de tener prepagas, otros perdieron su obra social por despidos y acuden por primera vez al sistema público, que paradójicamente se desfinancia a medida que crece su demanda. Según fuentes gremiales, la atención en centros de salud pública habría aumentado entre un 30% y un 40%.

 “No tenemos un número exacto, pero cada vez hay más pacientes que concurren al hospital. Más allá de que en el Garrahan se atienden patologías que no podrían tratarse en otros centros, cada vez hay más porque muchos dejaron de tener obra social”, dice Malla.

Yo también pensé en renunciar. Por las condiciones que son agobiantes y por la persecución que ejercen. El maltrato y hostigamiento es otro problema que se suma a los bajos salarios. Después uno piensa en los pacientes y sigue, pero no sé hasta cuándo

Ivone Malla — Coordinadora del staff de Trasplante Hepático

La mitad del personal está bajo tratamiento psiquiátrico

El personal que permanece en el hospital, ya sea por convicción o por antigüedad, enfrenta condiciones que afectan gravemente su salud mental que se manifiesta en estrés, insomnio, ataques de pánico y depresión. Según un relevamiento de la Comisión de Insalubridad del Garrahan, el 50 % de los trabajadores se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico.

“La mitad de nosotros toma medicación psiquiátrica. No llegamos a fin de mes, trabajamos el doble y vemos cómo los compañeros renuncian. Nos tenemos que organizar y contener a todos mientras nos tratan de ñoquis. Esto lleva más de un año y nuestro sistema inmune está destrozado, nos brotan hipertensión, diabetes y otras enfermedades”, alerta Verónica Pietropablo, administrativa y delegada de ATE.

Sin embargo, los trabajadores -ahora obligados a fichar con un sistema biométrico facial que no detectó ningún “ñoqui”- alertan sobre una consecuencia grave del estrés laboral crónico: el síndrome de Burnout, que provoca desmotivación, insensibilidad y deshumanización.

La mitad de nosotros toma medicación psiquiátrica. No llegamos a fin de mes, trabajamos el doble y vemos cómo los compañeros renuncian. Nos tenemos que organizar y contener a todos mientras nos tratan de ñoquis

Verónica Pietropablo — Administrativa y delegada de ATE.

 “Nos están deshumanizando. Llegás a tu casa y no querés ni jugar con tu hija, vivimos con apatía, como despersonificados, nos quitan hasta la posibilidad de maternar”, dice Pietropablo.

La hepatóloga Malla suma otro dato alarmante: “Se suicida un compañero por año en el Garrahan. Desde hace seis años, que comenzamos a registrar los números, una persona de la planta permanente –que cuenta con 4.300 trabajadores– se quita la vida cada año. Es más del doble del promedio nacional, que es de uno cada 12.000 por año. Nuestra situación psíquica en el hospital se vuelve cada vez más crítica”.

LN/MG

El Hospital de Pediatría Garrahan vivió este jueves una jornada atípica, cargada de tensión gremial, reclamos políticos y gestos de apoyo social. Bajo la consigna “Garrahan de Puertas Abiertas”, las y los trabajadores nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) llevaron adelante un paro de 24 horas acompañado de actividades culturales con escritores, filósofos, periodistas y actores, en defensa de la institución y en rechazo a lo que consideran un ataque por parte del Gobierno nacional.

La medida coincidió con la reciente sanción en el Congreso de la Ley de Emergencia Pediátrica, que aún espera la promulgación del Poder Ejecutivo y enfrenta la amenaza de un posible veto presidencial. El clima, en ese contexto, fue de resistencia pero también de celebración colectiva por el apoyo recibido.

“El ataque al Hospital nos parece inconcebible cuando es un orgullo nacional”, expresó Norma Lezana, secretaria general de APyT, quien denunció “abandono” por parte del Consejo de Administración y la Dirección Médica, así como la precarización laboral de unos 400 trabajadores contratados desde hace años. “En este momento, en todos lados falta gente, y en el Garrahan la ausencia de equipos compactos repercute directamente en los diagnósticos y tratamientos de niños, niñas y adolescentes con enfermedades complejas”, añadió.

Según cifras difundidas por el gremio, 242 trabajadores renunciaron en los últimos meses por los bajos salarios, lo que “desarma equipos interdisciplinarios que llevaron décadas formarse”. En ese marco, la Ley de Emergencia Pediátrica es vista como una herramienta clave, ya que equipara ingresos y podría frenar la fuga de personal especializado.

Una jornada de puertas abiertas

La protesta incluyó un cronograma de actividades que convirtió al hospital en un escenario de encuentro entre salud y cultura. El día comenzó con un Encuentro de Escritores y Escritoras encabezado por Claudia Piñeiro, seguido de un conversatorio sobre “Infancias, salud y derechos” con el filósofo Darío Sztajnszrajber y la periodista Soledad Barruti.

Al mediodía, los trabajadores se movilizaron dentro del propio hospital hacia la Dirección, en una acción simbólica de reclamo interno. Por la tarde se realizó el acto central “La Cultura Abraza al Garrahan”, con la participación de Cecilia Roth, Cristina Banegas, Pablo Echarri y Gerardo Romano.

El actor, que fue ovacionado por el público presente, no escatimó en palabras duras hacia la gestión de Javier Milei: “Me indigna ver a un pueblo que asiste a la destrucción de un centro de salud como el Garrahan. Vine a poner esta jeta de viejo luchador para denunciar a este gobierno de ladrones que le roba a la gente con discapacidad y golpea a los que más lo necesitan”, expresó con emoción. Y concluyó con un mensaje de respaldo: “¡Fuerza con la lucha por el Garrahan!”.

La jornada cerró con un acto por Memoria, Verdad y Justicia encabezado por referentes de organismos de derechos humanos, y la entrega del Premio Angelelli a la APyT, otorgado por la Casa de La Rioja “en reconocimiento a la lucha gremial”.

El Garrahan es el centro pediátrico más importante del país y uno de los referentes en Latinoamérica. Atiende anualmente más de 600.000 consultas, realiza el 50% de los trasplantes pediátricos de Argentina y concentra el 40% de los casos de cáncer infantil. Para los trabajadores, esos números demuestran el carácter estratégico del hospital y el impacto negativo que tendría la falta de personal o la desfinanciación.

“El Garrahan no se vacía, la ley no se veta y el Hospital se defiende. Es causa nacional”, subrayaron desde la APyT, que promete mantener las medidas de fuerza y la visibilización del conflicto en caso de que el Ejecutivo insista en ignorar sus reclamos.

CRM

La cantante y actriz argentina Lali Espósito se pronunció este miércoles en favor del hospital pediátrico Garrahan, convertido en símbolo de las protestas contra los recortes del Gobierno de Javier Milei en el campo de la salud, y recordó un episodio en el que médicos de la clínica le salvaron la mano tras un accidente doméstico.

“Tuve un accidente y me salvaron la mano en el Garrahan. Una niña sin recursos. Hospital público, mega ídolos. Impensado que un accidente así pueda terminar bien”, relató Espósito al programa de streaming Industria Nacional, de Gelatina.

La artista explicó que se trató de un accidente doméstico sucedido cuando tenía siete u ocho años: “Jugando con mi hermano, me corté la mano mal (...). Casi pierdo los dedos por cómo me los corté, un drama total”.

Tras el accidente, mencionó, fue atendida en el Garrahan, el mayor hospital pediátrico argentino: “Me hicieron una operación de reconstrucción milagrosa que solo lo podría hacer el Garrahan y yo tengo mi mano, mis dedos. Imaginate, mi vida hubiera sido otra”.

Desde mayo pasado, los trabajadores del Garrahan, ubicado en el sur de la ciudad de Buenos Aires, realizan huelgas y movilizaciones para denunciar la crisis estructural que vive el centro médico por salarios deprimidos y presupuestos insuficientes.

Ante esto, se convirtió en la cara más visible de las protestas que también se dan en otros hospitales del país, al borde del colapso por las políticas de ajuste del Gobierno.

Las declaraciones de Espósito coincidieron además con la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, que aprobó por mayoría el proyecto de ley impulsado por la oposición que declara la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica por dos años, lo que obliga al Estado nacional a la inmediata asignación de recursos para los centros de salud y los salarios de los trabajadores del sector.

De acuerdo a datos del propio Garrahan, el año pasado el hospital atendió 633.293 consultas, realizó 9.999 cirugías y 115 trasplantes y logró dar el alta a 25.481 pacientes que habían sido ingresados.

El centro cuenta con 4.728 trabajadores en su planta, de los cuales más de 1.000 son médicos y otros profesionales de la salud con un alto grado de especialización.

El Garrahan es, además, un centro de docencia e investigación, donde cada año se capacitan unos 1.800 residentes, quienes también protestan por las bajas remuneraciones que reciben.

El hospital funciona de forma autárquica, pero se financia con fondos provenientes en un 80% del Estado y el resto, de la ciudad de Buenos Aires.

EFE

“La salud pública está en peligro pero somos muchos los que la cuidamos. Lo que está en juego es el presente y futuro de nuestros hijos. Cuando atacaron a la universidad pública fuimos cientos de miles. Ahora viene por el Garrahan, por el Posadas. Nos atacan a todos”. Un video en redes sociales durante el fin de semana con la consigna #YoBancoAlGarrahan marcó el tono de la previa a la marcha del jueves próximos desde las 16.30 a la que convocan los trabajadores de la salud pública contra el ajuste de Javier Milei. La movilización conectará el Congreso con la Plaza de Mayo, para terminar el reclamo en las puertas de la Casa Rosada.

La expectativa es que la protesta sea masiva, porque los organizadores ya están anotando adhesiones de distintos colectivos, agrupaciones y organizaciones. elDiarioAR supo que los jubilados que se autoconvocan cada miércoles podrían plegarse el jueves, y así cambiar el día de la llamada “marcha antirrepresiva” que estaba agendada para el 16 junto a organismos de derechos humanos. Con los trabajadores de la salud se movilizarán, además, las dos CTA, el gremio de la economía popular UTEP, distintos sindicatos, la izquierda, universitarios y hasta el colectivo Ni Una Menos.

Hay una demanda especial para que adhiera la CGT, que tiene entre sus triunviros a Héctor Daer, secretario general del sindicato de la Sanidad. Por ahora la central obrera no se expresó puntualmente sobre el conflicto en el Garrahan, que está a punto de cumplir tres meses. Este lunes desde la asamblea de trabajadores del Garrahan le enviaron una nota a la central obrera al respecto de su marcha del jueves.

“El conflicto en el Garrahan genera conmoción social porque ha sido partícipe de cientos de miles de familias en todo el país. El punto de partida de las luchas sociales esta semana es el Garrahan pero es un reclamo más profundo: es un exponente al ataque a la salud pública, que se emparenta con otros ataques como ya vimos en el desmantelamiento a las universidades o la ciencia”, dijo a elDiarioAR Alejandro Lipco, secretario general por ATE en la junta interna del Garrahan.

Los trabajadores de planta del hospital mantienen su reclamo de un salario mínimo de $1.800.000 y aseguran que el Gobierno bloqueó cualquier línea de contacto. Incluso pese a la conciliación obligatoria dictada semanas atrás, los funcionarios del ministro de Salud, Mario Lugones, no estuvieron en ninguna mesa de diálogo. La asamblea de trabajadores está en alerta porque días atrás se designó como nuevo director médico a Mariano Pirozzo, que llegó con el antecedente de despedir a 200 profesionales del equipo de salud del hospital de referencia en salud mental Bonaparte y –antes– a 110 del hospital Sommer.

Además sigue abierto el conflicto de los residentes, que reclaman un aumento en el salario: perciben poco más de $800.000 por más de 60 horas de trabajo por semana. Los médicos residentes hicieron su propia convocatoria a la marcha de este jueves: “Decimos NO a la precarización laboral. Rechazamos el intento de transformar nuestros cargos en becas sin derechos. Exigimos condiciones laborales dignas”. Tras convocar a trabajadores de la salud, estudiantes, pacientes y a la sociedad en general, los residentes cerraron: “Lo que está en juego es el futuro de la salud”.

En medio del reclamo callejero, en el Congreso se espera el debate por la ley de Emergencia en Pediatría. La iniciativa opositora ya tiene despacho de comisión en la Cámara de Diputados pero aún no se sabe cuándo podría ser debatido en el recinto. Un legislador de la oposición adelantó que había una intención de apurarlo esta semana, pero por cuestiones de agenda podría recién tratarse el miércoles 30 de julio (estas semanas hay vacaciones de invierno en varias provincias del país).

Si es aprobado, dicho proyecto luego debe ser girado al Senado para su sanción definitiva. El Gobierno mantiene su postura del veto presidencial, como ya adelantó al respecto de la Emergencia en Discapacidad y el aumento jubilatorio que el Congreso sancionó la semana pasada.

MC

El neurocirujano Mariano Pirozzo asumió como nuevo Director Médico del Hospital Garrahan. Desde el Ministerio de Salud afirmaron que llega “con el compromiso de consolidar una etapa de orden, eficiencia y fortalecimiento institucional”. Pirozzo ya pasó por la Dirección del Hospital Nacional Sommer y fue interventor del Hospital Laura Bonaparte donde hizo reestructuraciones y ajustes.

En el sitio web del Garrahan destacaron que “es médico egresado de la Universidad Maimónides, se formó como neurocirujano en el Hospital Militar Central ”Cosme Argerich“ y es especialista en neurocirugía, reconocido por el Ministerio de Salud de la Nación y la Universidad de Buenos Aires”. Actualmente está cursando una Maestría en Economía y Gestión de la Salud en ISALUD y un MBA en la Universidad de San Andrés.

La presidente del Consejo de Administración, Dra. Mariel Sánchez, quien antes se desempeñaba en el rol que desde hoy asume Pirozzo, destacó su incorporación: “Hoy damos un paso más para reordenar el hospital y sabemos que el Dr. Pirozzo tiene las herramientas para lograrlo”.

En el currículum de Pirozzo también se destaca que coordinador del Servicio de Neurocirugía del Hospital de Alta Complejidad El Cruce-SAMIC (2010-2022), jefe de Neurocirugía de la Clínica Sagrada Familia, director de Servicios Técnicos y Diagnósticos del Hospital Nacional Baldomero Sommer, y jefe de Urgencias Neuroquirúrgicas en OSDE.

Tras la designación del nuevo interventor, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) anunció que este jueves, realizará un paro por 24 horas “en contra” de la gestión del presidente Javier Milei y del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, que tienen como objetivo “vaciar y destruir” la institución. La secretaria general de la APyT, Norma Lezana, declaró que “la unidad de todo el equipo de salud que está firme en defender el hospital”.

En el marco del conflicto salarial y presupuestario que atraviesa la entidad pediátrica hace casi dos años, la nueva medida de fuerza comenzará a las 7.00, pero permanecerá con la atención a pacientes internados y el servicio de guardia, mientras que a las 12 habrá un abrazo simbólico y a las 14 se realizará una conferencia de prensa para detallar la problemática de la entidad y recordar el paro y la marcha del próximo jueves 17.

Asimismo, Lezana remarcó que la crisis que atraviesa la institución “es dramática” y confirmó que ya son 224 profesionales “altamente capacitados”, junto a más de 20 residentes, que renunciaron “por los bajos salarios” que deberían comenzar en 1.800.000 pesos, según la canasta básica.

“El Gobierno Nacional, encabezado por (Javier) Milei y (Mario) Lugones, insiste, junto al Consejo de Administración, en dilatar el conflicto, no hacer ninguna propuesta de aumento salarial y apostar al desgaste y al cansancio. Sin embargo, el resultado es el contrario: el equipo de salud está cada vez más cohesionado y el apoyo social no deja de amplificarse”, indicó.

Por otra parte, y en declaraciones a Radio Splendid – AM 990, Pablo Puccar, jefe de Cuidados Intermedios y Moderados del Garrahan, se refirió a las nuevas autoridades y sostuvo que el director asignado, Mariano Pirozzo, “no es del Hospital”.

“Nunca hemos tenido un director que no sea de carrera hospitalaria porque es un hospital muy complejo. Este director nunca había pisado el hospital, no lo conoce”, expresó Puccar.

Para finalizar, indicó que la Ley de Emergencia sobre salud infantil que se trata en el Congreso de la Nación, “es la última esperanza” que tienen y “ruegan” que antes de las vacaciones de invierno “haya media sanción” en Diputados.

“Este último tiempo sólo recibimos agresiones y mentiras, pedían que se echara gente para la foto, para mostrar que había personal de más. No es una cuestión de puestos de trabajo, el Hospital es importante por la investigación y todo el trabajo que se hace”, concluyó.

MP

Con el financiamiento de las universidades y la emergencia en el Hospital Garrahan como caballitos de batalla, la oposición se prepara para arrinconar, una vez más, a Javier Milei en la Cámara de Diputados. Este miércoles, los diputados opositores sesionan mientras, afuera, en las calles del Congreso, los jubilados convocarán una conferencia para lanzar una “Marcha antirrepresiva” para el 16 de julio. Apalancados en el malestar social y el enojo de los gobernadores con la gestión libertaria, la multipartidaria opositora replica su modus operandi y se entusiasma con asestarle una nueva derrota a Milei.

Pasó un mes desde la última vez que la Cámara de Diputados abrió sus puertas y dio media sanción a la ley de emergencia en discapacidad y el incremento a los jubilados. En el medio, Cristina Fernández de Kirchner fue apresada y los gobernadores se pusieron en pie de guerra con Milei por el reparto de los ATN. La actividad parlamentaria se congeló por un mes, y el oficialismo se limitó a adoptar una postura defensiva mientras la oposición intentaba reorganizarse en el medio de sus propias internas partidarias.

Ahora, cuatro semanas después, la oposición vuelve a la carga. Las disputas no están resueltas en el Grupo A de Milei, pero hay expectativa que lo que no se resolvió en la previa, se resolverá en el recinto. El escenario es amigable, y en las filas opositoras hay optimismo respecto a la posibilidad de avanzar en una agenda social que funcione como contracara de las protestas callejeras.

La crisis en el Garrahan funciona como gran aglutinador. “¿Quién va a decirle no al Garrahan y a las universidades?”, provocan, sacando pecho, en el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre, impulsor de la sesión. DPS convocó la sesión en soledad como resultado de una interna que mantiene con Rodrigo de Loredo, y enfrentó satisfactoriamente el desafío de garantizar el quórum habiendo decidido jugar en soledad, rechazando incluir en el temario los proyectos que había pedido Unión por la Patria. Finalmente una mayoría circunstancial habilitó abrir el recinto desde el mediodía. Ahora se espera una larga sesión a partir de un temario tan variado.

Quedará en el aire la jugada del jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, quien convocó una nueva sesión para esta misma tarde. El peronismo está molesto con Pablo Juliano, titular de DPS, por haberse negado a incluir el rechazo de varios decretos presidenciales que, entre otras cosas, reestructuran el Banco Nacional de Datos Genéticos, desmantelan el Instituto Nacional del Teatro y desregulan la marina mercante. “Les interesaba convocar solo para rapiñarle diputados a De Loredo”, masculló, irritado, un diputado de UxP. La bancada peronista, sin embargo, dio quórum para la sesión original.

Hay dos motivos que explican el entusiasmo opositor, que por lo general tiende a revolcarse en un pesimismo pragmático. El primero, es el comparativo de costo-beneficio para los aliados del Gobierno. El objetivo de la sesión es emplazar a la comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert, para tratar una ley de emergencia pediátrica y otra de actualización presupuestaria para las universidades nacionales. No hay costo fiscal en un emplazamiento, por lo que el costo de enemistarse al Gobierno es menor. Mientras que, por el contrario, el costo político de vaciar una sesión que trata temas tan sensibles es elevado.

El segundo motivo es el guiño que el radicalismo incluyó, a último momento, a las provincias agropecuarias para conseguir su apoyo. ¿Cuál? La inclusión de varios proyectos que apuntan a evitar el aumento de las retenciones a la soja y al maíz que comenzará a operar a partir de julio, tras el vencimiento de la rebaja temporaria que había dispuesto el Ejecutivo a principio de año. Un incremento que tiene al campo en pie de guerra, así como a los gobernadores de la región centro reclamando por una prórroga de la rebaja de los derechos de exportación.

La inclusión de estas iniciativas fue un pedido directo del gobernador cordobés Martín Llaryora, así como de Juan Schiaretti. Ambos dirigentes cuentan con cuatro diputados que les responden y que, por lo general, suelen funcionar como el fiel de la balanza de las sesiones opositoras. Para bien o para mal, los gobernadores son quienes definen el éxito de las iniciativas opositoras, y en la oposición especulan con que la zanahoria de las retenciones funcionará como incentivo suficiente para que varios mandatarios se ven obligados a sentar a sus legisladores.

“El Gobierno está buscando que no haya sesión y a nosotros nos sobra nada, pero con el tema retenciones se le acaban excusas a varios”, deslizó un armador opositor, que digitó el poroteo desde las oficinas de Encuentro Federal. El ojo está puesto, así, no solo en los cordobeses de Llaryora, sino también en algunos diputados con vínculos con el agro, como Fernando Morchio, que responde a Rogelio Frigerio, y el radical Atilio Benedetti.

El capítulo retenciones se cuela, además, como una cuña en el internismo radical. DPS ya logró sumar las firmas de Julio Cobos, Natalia Sarapura y Mario Barletta, y apostó a que la inclusión de un emplazamiento para tratar la baja de retenciones incomodara lo suficiente a varios de sus ex compañeros como para que terminen bajando a dar quórum. En la bancada que conduce De Loredo admitían, por lo bajo, que habría entres 3 y 5 diputados que romperían con el bloque y darían quórum, aunque la mayoría insistirá en no soltarle la mano al Gobierno. Ni siquiera para emplazar una comisión para tratar la emergencia en el Garrahan. Finalmente, apenas pasadas las 12 de este miércoles, la sesión comenzó con el quórum correspondiente.

En el temario, además, hay otros proyectos. Como la iniciativa de juicio por jurados o una que busca modificar el huso horario. El plato fuerte es una modificación de la ley que regula los DNU, que tiene como objetivo ponerle limitaciones a Milei para gobernar vía decreto. El proyecto, a diferencia del resto, tiene dictamen y podría ser aprobado, pero hay un problema: la oposición no cree que tendrá la mayoría especial para darle la media sanción, por lo que especula con que la sesión se quede sin quórum para cuando llegue el momento de tratarlo.

El otro cabo suelto es qué sucederá con la comisión $LIBRA. La oposición buscará emplazar un proyecto que modifica el mecanismo de designación de autoridades de la comisión investigadora: el objetivo es salir del empate paralizante en el que se sumió la comisión desde que Martín Menem retocó la composición de todos los bloques para hacerse con la mitad de los lugares. En una previa más bien desorganizada, la multipartidaria opositora no estaba del todo segura de poder hacerse con el número.

El protagonismo de la sesión, sin embargo, no lo tendrán ni $LIBRA ni la reforma de la ley de DNU. Será el Garrahan y las universidades: dos puntos nodales de la conflictividad social que viene incomodando, hace semanas, al gobierno libertario. Y el objetivo de la oposición es incomodar aún más.

MC/JJD

El hospital público de pediatría más emblemático de la Argentina llegó al Congreso, pero no con sus camillas ni con sus ambulancias, sino con sus trabajadores. Un grupo de profesionales del Hospital Garrahan —jefas de servicio, bioquímicas, hematólogas, técnicas— expuso este lunes en la comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados para alertar sobre el estado de emergencia que atraviesa la institución. Lo hicieron en el marco del tratamiento de un proyecto de ley que propone declarar la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas nacionales por el término de dos años.

Mientras en la sala se escuchaban relatos de sueldos que no alcanzan ni para el alquiler, renuncias masivas de profesionales formados, cierre de servicios y atención infantil en riesgo, los diputados del bloque oficialista de La Libertad Avanza se retiraron de la comisión sin dar explicaciones. El silencio del Gobierno, que ya había calificado las protestas como “extorsión política”, volvió a hacerse presente incluso en el Congreso.

“La Argentina tiene que dejar de ofrecer en el altar del equilibrio fiscal el sueldo y la vida de los niños”, dijo el diputado Pablo Yedlin, pediatra y exministro de Salud de Tucumán, autor del proyecto. “Lo único que pedimos es que se actualicen los salarios al valor de noviembre de 2023 por IPC. No estamos pidiendo más: estamos pidiendo lo justo”.

El hospital Garrahan, que depende de forma compartida de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, tiene hoy sus partidas congeladas desde diciembre. La falta de actualización presupuestaria golpea a todos los sectores: desde la compra de medicamentos hasta los salarios del personal. Según denunció Carolina Goedelmann, bioquímica y jefa del Laboratorio de Hematología y Hemostasia, ya se perdieron 210 puestos de trabajo, la mayoría por renuncias. Y no fueron reemplazados. “Nuestros equipos se están desarmando. No hay reemplazos ni residentes. Y si no hay residentes, no hay pediatría en el futuro. Estamos defendiendo algo que es justo, no ideológico: es la salud pública”.

El Garrahan no sólo atiende a pacientes de todo el país con enfermedades de alta complejidad. También forma especialistas. “Yo me formé ahí hace más de 30 años y hoy formo gente. Pero cada vez somos menos atractivos para las nuevas generaciones. Ser pediatra hoy no es rentable”, explicó Ana María Pugliese, jefa del Servicio de Medicina Transfusional. Muchos técnicos con 40 años y familias a cargo ganan menos de $1.000.000 mensuales por 42 horas semanales más guardias. “Se están yendo al sector privado, que les paga el doble por menos horas. El hospital se está desangrando”.

La situación afecta incluso a tratamientos vitales. Alejandra Boto, jefa del Hospital de Día Polivalente, relató que una nena con enfermedad de Crohn llegó desde Chaco para recibir un anticuerpo monoclonal. Pero por falta de personal en farmacia, no pudieron prepararlo. “Hoy lo que era un protocolo clínico, una investigación, un ateneo, ahora es una reunión para ver cómo hacemos para sostener una guardia. Nos estamos ocupando de pelear por lo obvio: que no se caiga el hospital”.

También denunció que algunas especialidades pasaron de tener turnos en tres meses a demoras del doble, por falta de personal. “Somos de vanguardia en Latinoamérica, desarrollamos tratamientos que después se aplican en otros países. Pero estamos perdiendo farmacéuticos, técnicos, médicos. Se fueron cuatro personas en mi área. Tuvimos que reducir la cantidad de chicos que podemos recibir”.

El diputado Yedlin advirtió que además de salarios congelados, hay obras paralizadas, como la nueva guardia o 12 nuevos puestos para trasplantes de médula ósea. Y que la entrega de medicamentos complejos pasó de demoras habituales de dos meses a esperas de más de seis.

La situación no es sólo una tragedia presente: es una amenaza al futuro. “Vaciar el Garrahan es vaciar la pediatría argentina”, sintetizó Yedlin. “El Garrahan es el lugar donde se forman los pediatras que después van a cada rincón del país. Si el hospital colapsa, no hay sistema público ni privado que pueda asumir esa complejidad”.

El proyecto de ley, acompañado por los diputados Cecilia Moreau, Daniel Gollán, Itai Hagman, Paula Penacca y Julia Strada, ya obtuvo dictamen en la comisión de Salud. Ahora necesita, además del de la Familias, el aval de la comisión de Presupuesto, que según Yedlin “habrá que emplazar” si no lo trata en breve.

El emplazamiento, para los opositores, es necesario ya que a Presupuesto y Hacienda la preside el ultraoficialista José Luis Espert, un economista libertario amigo de Milei, que podría rehusarse a convocar a la discusión de este proyecto para completar el trámite parlamentario previo a la sesión, que ya está prevista para el próximo miércoles, 2 de julio.

Este miércoles, los trabajadores del Garrahan volverán a las calles en una jornada nacional de protesta. El reclamo no es nuevo, pero el deterioro sí lo es. Como dijo una de las expositoras: “Yo odio los paros. Pero esta vez fui. Porque si no defendemos la salud infantil, no queda nada”.

El oficialismo no dijo nada. Pero el hospital, hoy, lo está diciendo todo.

Cuánto cobran los trabajadores del Garrahan

Estos son los sueldos promedio más recientes, lejos de los niveles que exige la canasta básica familiar:

Estas cifras contrastan con la canasta básica familiar, que ronda 1.110.000 pesos, dejando a gran parte del personal por debajo del nivel de pobreza. Ese desfasaje salarial golpea tanto a los enfermeros como a los médicos, técnicos y administrativos.

“Si lo vaciamos del recurso humano… deja de tener sentido”

El diputado Yedlin alertó que con el desfinanciamiento del Garrahan está en juego la atención sanitaria de la infancia y la formación de los pediatras del futuro.

Yedlin destacó que el proyecto de ley que impulsa junto a otros diputados busca declarar la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias nacionales, y que esa emergencia tiene una cara concreta y urgente: el hospital Garrahan. “No estamos declarando la emergencia del hospital, sino la de la salud pediátrica de todo el país —dijo—, porque sin esta cabeza de alta complejidad, todo el sistema queda sin respuesta”.

El diputado remarcó que el Garrahan no sólo atiende las patologías más complejas —desde oncología infantil hasta neurocirugías—, sino que es también el principal formador de pediatras en la Argentina. “Vaciarlo no es sólo vaciar la atención de los chicos de hoy, es vaciar el futuro. Es un hospital que no se puede reemplazar”, sostuvo. Y advirtió que no se trata de una hipótesis lejana, sino de una realidad concreta: la caída del financiamiento, la interrupción de obras clave como la nueva guardia y los puestos de trasplante de médula, la demora de más de seis meses en la entrega de medicamentos que solían llegar en dos, la pérdida de profesionales y residentes.

“Si lo vaciamos de lo más importante que tiene —que es el recurso humano—, el hospital deja de tener sentido”, afirmó, con tono firme. Y cuestionó directamente la política de ajuste del Gobierno: “La Argentina tiene que dejar de ofrecer en el altar del equilibrio fiscal el sueldo y la vida de los niños”.

JJD

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) anunció en las últimas horas nuevas medidas de fuerza en defensa del hospital y remarcó que “el Gobierno no tiene ya ninguna excusa para no presentarse a la mesa de diálogo con una propuesta de recomposición salarial concreta que resuelva el conflicto. Deben recomponer los salarios ya, sin excusas”. En tanto, desde “Garrahan de pie”, el espacio de trabajadores autoconvoacos del hospital pediátrico difundieron un video en sus redes sociales para mantener vivo su reclamo con el testimonio de varios profesionales.

“Aunque la foto oficial diga otra cosa, el GARRAHAN está en crisis. Te lo contamos los que día a día ponemos el cuerpo y el alma al lado de los niños. Argentina necesita al GARRAHAN, ahora el GARRAHAN necesita a la Argentina. Ayudanos”, piden los profesionales antes de difundir el video con los testimonios.

Por su parte, desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), revelaron que, tal como resolvió la última asamblea del equipo de salud del Garrahan, este domingo 16 de junio se realizó un paro parcial de actividades de 7 a 14 horas, con atención a pacientes internados y urgencias por guardia“.

Asimismo, adelantaton que la APyT entrará “en un compás de espera hasta el próximo martes 25 de junio, fecha en la que se llevará a cabo un paro de 24 horas, garantizando los servicios mínimos con presencia en el hospital. Ese mismo día se está organizando un gran festival de apoyo al Garrahan”.

En ese marco, la APyT denunció “la incapacidad del ministro de Salud nacional Mario Lugones para resolver el problema de los salarios, situación que ya provocó la renuncia de más de 200 trabajadores del hospital”.

“La renuncia de Soraya El Kik, integrante del Consejo de Administración del Garrahan, se produce en el momento de máxima conflictividad y cuestionamiento por parte del equipo de salud a las autoridades del hospital, de quienes resulta indignante que no hayan salido a desmentir las barbaridades que desde el Ministerio de Salud nacional se vierten sobre el Hospital Garrahan y sus trabajadores y trabajadoras”, señaló la APyT.

Asimismo, el sindicato remarcó que esta situación se da con “la complicidad del gremio UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), que ha firmado todas las paritarias que nos traen a este conflicto”.

Desde la Asociación insistieron: “Esta semana el Gobierno no tiene excusas para no sentarse y ofrecer la mejora salarial que reclamamos”.

Para los representantes de trabajadores del centro pediátrico, “todo esto se desarrolla en un contexto de inmenso apoyo social, de artistas de la mayoría de las y los comunicadores de los medios, y hasta incluye pronunciamientos de la Iglesia en al menos dos comunicados, con una gran unidad del equipo de salud del Garrahan en defensa del hospital”.

“Esa fuerza se expresó con claridad el pasado 11 de junio en Plaza de Mayo, con una jornada desbordante de participación de la comunidad y del equipo de salud que, con una sola voz, expresó: El Garrahan no se toca”, SOS Garrahan“ y Nadie se salva solo”, finalizaron.

Con información de agencias.

Médicos residentes, psicopedagogas y profesionales de salud mental del Hospital Garrahan se manifestaron este jueves frente al Ministerio de Salud. “Esto es un punto final. Trabajo a la mañana, a la noche. No podemos más. Esta es una lucha entre todos”, dijo una de las manifestantes.

Julia, médica residente, denunció en declaraciones a la prensa la pérdida del 50% del salario frente a la inflación: “Un residente de primer año está cobrando 779 mil pesos, cifra por debajo del límite de pobreza”. Y agregó: “Trabajamos entre 60 y 70 horas semanales. Sostenemos la atención de niños y adolescentes en un hospital de referencia en toda América Latina”.

Carolina, también residente, enfatizó el rol clave de los profesionales en formación: “Cuando un chico viene a la guardia, la primera atención la hace un médico residente. Somos una pata fundamental del funcionamiento del hospital”.

A pesar de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, el conflicto en el Hospital Garrahan continúa sin una solución de fondo. Este jueves, trabajadores y trabajadoras del principal hospital pediátrico del país realizaron una masiva asamblea, en la que decidieron aceptar “la arbitraria imposición” del Gobierno pero ratificaron la continuidad del plan de lucha.

Como parte de las medidas, anunciaron una movilización desde el hospital hacia la sede de la Secretaría de Trabajo y fijaron un plazo límite: el próximo martes esperan una respuesta concreta a sus reclamos. Ese mismo día realizarán una nueva asamblea para evaluar la situación y definir los próximos pasos. “Debemos profundizar la lucha y desarrollar la unidad de los trabajadores, seamos de la profesión, turno y servicio que seamos”, señala el comunicado difundido tras la asamblea.

La protesta ocurre tras una votación unánime realizada el martes pasado, cuando los trabajadores decidieron un paro total en el hospital ante lo que describen como “una situación límite de vaciamiento y asfixia salarial”. Sin instancias de negociación abiertas, la única respuesta oficial fue la conciliación obligatoria por 15 días, que les exige mantener las actividades mientras se busca un acuerdo.

Desde el Gobierno, la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, respondió afirmando que el problema del Garrahan no es presupuestario, sino de gestión. “El hospital tiene 953 empleados administrativos y solo 478 médicos de planta. El presupuesto destinado a sueldos administrativos supera al del cuerpo médico”, publicó en redes sociales. Además, anunció que a partir del 1 de junio se implementará un nuevo sistema de control biométrico para mejorar la administración.

Por ahora, el hospital continúa funcionando, pero con un clima de tensión creciente. Los trabajadores esperan una respuesta concreta del Gobierno antes del martes. De no obtenerla, no descartan retomar medidas de fuerza más severas.

“Ayer fue mi primera dosis. Vomité dos veces. Es normal?” (sic), pregunta un usuario de forma anónima en el grupo de Facebook Ozempic Argentina. Las publicaciones anónimas están permitidas para las personas que “aún no se sienten cómodas compartiendo sus opiniones”, explica la propia red social. 

Las respuestas no tardan en llegar. Una mujer asegura que es normal y añade el emoji de una carita llorando. Otro miembro del grupo sugiere tomar bastante agua, no comer cosas pesadas y tratar de caminar. 

“Muchísimas gracias. Recién vuelvo de caminar. Es la primera vez que siento asco al olor a comida de la calle. Qué milagro!” (sic), agrega el usuario anónimo.

Ozempic es un medicamento inyectable producido por la empresa farmacéutica danesa Novo Nordisk. Si bien originalmente fue desarrollado para bajar el nivel de azúcar en sangre en adultos con diabetes tipo 2, a partir de su uso se demostró un efecto inesperado: también puede ayudar a perder peso. 

En nuestro país, todos los días se suman personas a grupos de apoyo en Facebook y WhatsApp para saber más sobre los efectos de inyectarse una vez por semana este fármaco conocido como “la droga de Hollywood”.

Ozempic irrumpió en las redes sociales y en muchos medios como la solución que utilizaban desde Kim Kardashian hasta Elon Musk para bajar de peso en tiempo récord. Incluso el legislador porteño Ramiro Marra, recientemente expulsado de La Libertad Avanza, declaró en varios programas de televisión que adelgazó 8 kilos gracias a “técnicas modernas” y confirmó que usó Ozempic.

Sin embargo, este medicamento no está aprobado para el tratamiento de la obesidad en la Argentina ni a nivel internacional. 

Más pacientes sin control

“Hizo mucho ruido que artistas en el exterior lo publicitaran como la droga mágica. Eso es un gran peligro y hay que tener cuidado porque no es para toda la población. Tenés que tener una prescripción médica, no es de venta libre. Y hay dos contraindicaciones del fármaco por prospecto, que son el antecedente de una pancreatitis y de cáncer medular de tiroides”, explica a elDiarioAR Pilar Quevedo, jefa de la División Nutrición del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Por su parte, Carla Musso, presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), advierte: “Hay un uso muy masivo y, en algunos casos, un mal uso. Notamos que la droga la está usando muchísima gente para obesidad sin ningún seguimiento, sin ningún plan de alimentación ni de actividad física. Y, obviamente, eso no da resultado”.

Si bien en la Argentina la explosión de consultas comenzó en 2023, ahora cada vez más personas utilizan Ozempic sin prescripción médica, según coinciden las especialistas. Frente a esto, insisten en que es fundamental la indicación de un profesional que pueda seguir la evolución del paciente. 

“De ninguna manera es para bajar dos kilos en alguien normopeso. En esa población se tienen que recomendar ejercicios de resistencia con un plan de alimentación saludable”, subraya Quevedo y aclara que los medicamentos entran como “segunda línea terapéutica en personas con disfunción del tejido adiposo, que es cuando la obesidad empieza a hacer daño”.

En ese sentido, remarca que “no existe la magia en el tratamiento de la obesidad. Así como no todos los pacientes responden de la misma forma a un plan de alimentación, no todos responden igual a los fármacos”.

La presión por la delgadez

“Hola, gracias por aceptarme quisiera saber si puedo conseguirla sin receta trabajo 12 horas diarias y tengo mucho sobrepeso el problema es que no tengo tiempo de ir al médico” (sic), escribe una usuaria en el grupo de Facebook Ozempic Argentina. 

Consultas como esta se repiten todo el tiempo en las redes, donde los grupos más numerosos de nuestro país llegan a tener 2.400 miembros. Para Laura Contrera, profesora de filosofía, doctora en Estudios de Género y activista por la diversidad corporal, estas drogas de moda refuerzan el imperativo de delgadez y la presión para la uniformidad de cuerpos. 

“Se vende como algo tan simple como una serie de pinchazos para alcanzar tu mejor versión. Entonces, si vos tenés la solución al alcance de la mano, ¿por qué no elegirías la felicidad?”, sostiene. Ante esta promesa de felicidad, Contrera, quien también es abogada, plantea la necesidad de recuperar algo tan básico como el consentimiento informado para que las personas puedan conocer los beneficios y riesgos de estos nuevos medicamentos.

Cómo funciona Ozempic

Pese a su masificación, Ozempic solo está autorizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2. El fármaco que sí fue aprobado contra la obesidad en 2023 por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es Wegovy, que también es producido por Novo Nordisk, pero todavía no llegó a la Argentina.

Tanto Ozempic como Wegovy son medicamentos inyectables de aplicación semanal y tienen el mismo ingrediente activo, la semaglutida. La diferencia está en la concentración de la droga, ya que la dosis para el tratamiento de la obesidad es más del doble que la indicada para diabetes tipo 2.

La semaglutida es un compuesto que funciona imitando una hormona que se libera naturalmente en el cuerpo humano, el péptido similar al glucagón 1 (GLP-1), que tiene entre sus funciones regular la glucemia. Pero como la hormona GLP-1 dura unos pocos minutos en nuestra sangre, la semaglutida fue diseñada para degradarse lentamente. Esto desencadenó una verdadera revolución en la industria farmacéutica porque solo requiere de una aplicación semanal.

El medicamento estimula “la secreción de insulina por parte del páncreas y eso genera una disminución de la glucemia”, explica Musso y remarca que su eficacia “es muy interesante” para el control de la diabetes tipo 2.

No obstante, la semaglutida se popularizó por sus efectos adelgazantes. “Por un lado, tiene un impacto importante a nivel del sistema nervioso central, disminuyendo el apetito y aumentando la saciedad. Y, por el otro, actúa a nivel del estómago, ralentizando el vaciamiento gástrico. La sumatoria de esos dos mecanismos hace que los pacientes coman mucho menos y entonces bajen de peso”, detalla la médica especialista en Endocrinología. 

Como Wegovy aún no se comercializa en la Argentina, muchos pacientes se aplican Ozempic para bajar de peso. Esto se conoce como un uso off label, es decir, que el fármaco se prescribe con orden médica para ser administrado con un fin distinto del autorizado. 

Sin embargo, Quevedo advierte que, si un paciente utiliza Ozempic para obesidad, se va a quedar con una dosis intermedia de semaglutida que probablemente no sea suficiente para alcanzar el descenso de peso indicado. 

El precio de adelgazar

Laura, de 39 años y habitante de la localidad bonaerense de Berazategui, arrancó con un tratamiento para adelgazar después de atravesar la muerte de su papá y una ruptura de pareja.

“Estaba muy triste y no me di cuenta que engordé. Siempre sufrí sobrepeso, pero me sentía peor. Entonces, decidí empezar con Ozempic para sentirme un poco mejor y porque mi primo adelgazó 15 kilos en tres meses”, cuenta Laura a elDiarioAR y pide no publicar su apellido porque le da vergüenza.  

Ya bajó 6 kilos en un mes y acompaña al medicamento con una dieta saludable. “Te quita la ansiedad, esas ganas de picotear”, grafica y aclara que utiliza Ozempic sin ser diabética por indicación de su endocrinóloga. 

“Solo le pido a Dios que pueda sostener el tratamiento porque es costoso y quiero llegar a mi peso. Solo me faltan bajar 10 kilos”, remarca. 

Una lapicera de Ozempic dura alrededor de un mes y su precio de lista es de $375.320 para la dosis de 0.25 a 0.5 miligramos (mg) y de $638.045 para la dosis de 1 mg.

Según recomiendan los propios pacientes en las redes, una alternativa para conseguir el medicamento más barato es inscribirse al programa Novo a la Par. Se trata del “portal de cuidado al paciente de Novo Nordisk, una iniciativa que refleja el compromiso de la compañía para vencer enfermedades crónicas graves, incluyendo la diabetes y la obesidad”, según indicaron desde la farmacéutica a este diario.

Aquellas personas que tienen la receta de un producto de Novo Nordisk pueden registrarse en Novo a la Par para acceder a distintos recursos, entre los que se destaca un programa de descuentos variables.

A nivel nacional no hay datos publicados sobre el consumo de Ozempic. elDiarioAR consultó a la sede de Novo Nordisk en la Argentina, pero prefirieron no compartir ningún tipo de información al respecto. 

En el mundo, la expansión del mercado de los “medicamentos antiobesidad” es tal que en 2023 el Producto Bruto Interno (PBI) de Dinamarca creció un 1,8% por las ganancias de Novo Nordisk. Sin la contribución del laboratorio, el PBI habría caído un 0,1%, de acuerdo con la oficina de estadística danesa.

Estafas en redes

“Hola, alguien sabe cómo conseguir Ozempic más barato que en la farmacia?” (sic), consulta una mujer en un grupo de Facebook. La pregunta desata una ola de recomendaciones de farmacias que hacen descuentos con tarjetas bancarias, aunque también hay usuarios que comparten links de grupos de WhatsApp de compra y venta. Pero entonces, muchas personas alertan que son “todos una estafa”.

“Estos medicamentos que son de tan alto costo, si uno los compra por las redes sociales a menor precio, seguramente compra una falsificación”, apunta Claudia Martino, secretaria de la Mesa Ejecutiva de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA).

“En vez de comprar una solución, las personas se están comprando un problema porque no saben el origen del medicamento, ni la trazabilidad, ni dónde estuvo almacenado”, continúa Martino y subraya que estos fármacos inyectables necesitan cadena de frío para no perder su efectividad.

Por su parte, Quevedo agrega que “el problema de salir de la legalidad es que, si el paciente tiene un efecto secundario, no sabés qué droga recibió ni si llegó a la dosis terapéutica”.

En los grupos de WhatsApp hay toda clase de ofertas, como supuestos “últimos stocks” de Ozempic a $250.000 con envío a domicilio o punto de entrega a acordar con el vendedor. Para entender por qué crece el mercado ilegal basta con ver una serie de datos. En nuestro país, 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del Ministerio de Salud.

En paralelo, la Argentina es el segundo país con mayor cantidad de casos de trastornos de la conducta alimentaria, después de Japón, según datos difundidos por la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (ALUBA). Como si esto fuera poco, el 70% de las mujeres no está conforme con su cuerpo y el 60% admite querer bajar de peso. 

En una sociedad marcada por la presión de los estereotipos corporales, pero donde solo una minoría puede pagar los elevados costos de los “fármacos antiobesidad”, el mercado ilegal crece como la única alternativa posible para gran parte de la población que busca la felicidad en forma de adelgazamiento. 

La necesidad de contención

El interés por estos medicamentos se expande en los grupos de Facebook y WhatsApp que funcionan como una suerte de consultorio abierto 24/7, aunque sin supervisión médica. Mientras que algunas personas celebran haber adelgazado muchos kilos y comparten sus fotos del “antes y el después”, otras preguntan preocupadas por síntomas sorpresivos. Se repiten las dudas por náuseas, vómitos, ansiedad, depresión, insomnio, cambios en la visión y caída del pelo. 

Para Contrera, los grupos de apoyo aparecen como una respuesta ante los desafíos que presentan los efectos no deseados de estas drogas. “Hay una necesidad de creación de comunidad ante un vacío que deja la industria fármaco-médica”, señala.

“En este momento triunfal de Ozempic y los laboratorios, el activismo de la diversidad corporal tiene que poder mirar el profundo desamparo en el que a veces se encuentran las personas gordas que desean adelgazar para dejar de ser víctimas de discriminación y estigma, porque eso es lo que se busca más allá del paraguas de la salud”, agrega Contrera, quien promueve la despatologización de la gordura desde una perspectiva de Derechos Humanos.

La obesidad y el sobrepeso ocupan el segundo lugar dentro de los tipos de discriminación más mencionados en todo el país, según un estudio publicado en 2019 por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), organismo disuelto el año pasado por el gobierno de Milei.

En el marco de una sociedad estigmatizante, Contrera plantea que no se puede juzgar a las personas que recurren a medicamentos para adelgazar. Pero advierte que no todo debería reducirse a una solución individual. En ese sentido, remarca la importancia de pensar en una dimensión colectiva, ofrecer más acompañamiento a las personas y que se realicen estudios científicos sin sesgos.

Debates por los efectos secundarios

Los fármacos “antiobesidad” no están exentos de debates por sus reacciones adversas y el famoso “efecto rebote”, la reganancia de peso que puede ocurrir cuando se abandona el tratamiento. 

En una investigación publicada a fines de enero en la revista Nature se dio a conocer el primer atlas detallado sobre los efectos secundarios. Mientras que los investigadores encontraron consecuencias positivas, como la reducción del riesgo de sufrir Alzheimer o de desarrollar adicciones a sustancias, también detectaron una mayor probabilidad de trastornos gastrointestinales, pancreatitis y afecciones renales.

“Los efectos secundarios más frecuentes son, por lejos, los gastrointestinales: náuseas, constipación, diarrea, reflujo o acidez. En general, son efectos leves y transitorios”, indica Quevedo. Para controlar estos posibles síntomas, se recomienda que las personas inicien el tratamiento con una dosis escalonada. 

Según cuenta a elDiarioAR Natalia, que vive en Salta, las primeras semanas que se inyectó Ozempic tuvo vómitos y diarrea. “Yo lo asociaba a que la droga estaba rindiendo”, dice y agrega que con el tiempo dejó de tener síntomas colaterales. En cambio, María, de 59 años, asegura que todavía hoy, después de tres años de usar Ozempic, sigue teniendo problemas estomacales, aunque más leves que al principio. “Me fui ayudando con antiácidos e infusiones de hierbas curativas, como manzanilla. A mí no me gusta llenarme de medicamentos, pero mi diabetes es bastante rebelde y desde que empecé con el tratamiento estoy estable”, agrega la mujer que vive en la ciudad de Córdoba.

Para Marcelo Rubinstein, doctor en Ciencias Químicas, investigador superior del Conicet y especialista en el estudio de los circuitos cerebrales que controlan la saciedad alimentaria, la industria farmacéutica “trata de soslayar, en general, el tema de que un porcentaje altísimo de pacientes reportan que tienen efectos adversos”.

“Entonces ahí surge una pregunta: ¿no será que la gente come menos porque no se está sintiendo bien? Cuando uno está con náuseas o tiene dolor de estómago no tiene ganas de comer”, apunta Rubinstein, director del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular (INGEBI), dependiente del Conicet. 

A su vez, señala que, si se deja la medicación, “la persona recupera sus ganas de comer y vuelve a recuperar peso, o sea que no produce ningún tipo de cura”.

En el propio sitio web oficial del fármaco se indica que Novo Nordisk “no ha realizado estudios para evaluar el efecto en el peso después de dejar de usar Ozempic”.

Si bien Rubinstein reconoce que estas drogas de moda pueden ser revolucionarias para la vida de una persona que siempre quiso adelgazar y no pudo con otros métodos, no considera que los fármacos sean la solución para tratar el exceso de peso a nivel general de la población. 

“Me parece una locura pensar que la pandemia de la obesidad, que tiene más de 1.000 millones de personas con sobrepeso en el mundo, la vamos a resolver inyectando un remedio de por vida. La alternativa es producir cambios en los hábitos alimentarios, que no implican disminuir la cantidad de alimentos, sino consumir alimentos de calidad”, señala el científico premiado por la Fundación Konex en 2023. 

“Con estas drogas, como con todo fenómeno novedoso, hay tremendos intereses económicos en juego”, continúa Rubinstein. Y advierte: “Se juega con una gran expectativa de las personas que quieren reducir su peso”.

MA/JJD

El topo que vino a destruir el Estado desde adentro encuentra en la salud de la población uno de sus capítulos más crueles, anticientíficos y mercantilistas. El propio gobierno nacional está acelerando la destrucción del sistema de salud argentino. La pregunta es: ¿la salud como pilar de la democracia o cartera de negocios?

El desarrollo de la seguridad social y la salud pública fueron pilares en los Estados de Bienestar y las democracias que permitieron en los últimos cien años un crecimiento sustancial de la expectativa y la calidad de vida en nuestros países. El proyecto anarcocapitalista busca terminar con el Estado por interpretarlo un escollo en sus negocios, y para ello necesita también erradicar las nociones de ciudadanía y derechos.

Para la ejecución del plan de vaciamiento del sistema público y ruptura de su lógica solidaria dispusieron en el Ministerio de Salud a Mario Iván Lugones, un médico sin experiencia en la gestión pública que desarrolló su carrera en el sanatorio privado Güemes. Y por otro lado, en la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que debería controlar a las prepagas y obras sociales, definieron a un ex gerente de OSDE, Gabriel Gonzalo Oriolo. Son los lobos cuidando a las ovejas, ya es un cliché de los gobiernos de corporaciones utilizar la administración pública para facilitar negocios.

Recortes y despidos: una política de ajuste letal

En las últimas semanas el gobierno de Milei despidió a 1.400 trabajadores del sector salud, impactando de lleno en el funcionamiento de instituciones como el Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, en un país donde 1 de cada 4 argentinos padece alguna problemática de salud mental, como ansiedad o consumos problemáticos. La Dirección de VIH sufrió una poda del 40% de sus empleados, afectando a una población donde el 65% de las personas viviendo con VIH dependen del sistema público para acceder a su medicación. También se ha puesto en riesgo el control de enfermedades infecciosas como el sarampión, ya que el 30% de la Dirección de Vacunas fue despedido.

La política de medicamentos: la salud como privilegio

El ajuste en salud tiene otra faceta brutal en el acceso a medicamentos. PAMI recortó la cobertura del 100% de una lista de fármacos esenciales, dejando a millones de jubilados en una situación crítica. El programa Remediar, que distribuía medicamentos básicos como analgésicos, antibióticos y anticonceptivos en los centros de salud del país, también sufrió recortes. A esto se suma la desregulación de los precios de los medicamento, por ejemplo el ibuprofeno durante el año pasado aumentó un 456%, el enalapril para la hipertensión un 233% o la levotiroxina para el hipotiroidismo un 283% mientras que la jubilación mínima aumentó un 124%. El resultado es, para sorpresa de nadie, menos derechos pero con negocios asegurados para las farmacéuticas, ya que los aumentos de precios les permitieron aun con caída del consumo tener un margen de ganancias mayor por cada comprimido vendido durante el 2024.

Obras sociales: la ruptura del sistema solidario

El Gobierno profundiza el “descreme” del sistema, una estrategia ya vista en los '90, al permitir que los afiliados de mayores recursos (jóvenes y sanos) transfieran sus aportes a prepagas, debilitando así el financiamiento de las obras sociales. Hoy el 40% de la población utiliza exclusivamente el sistema público, un 50% depende de obras sociales (sindicales, provinciales o PAMI) y solo el 10% accede a una empresa de medicina privada como OSDE o Swiss Medical. Estos últimos que representan el sector más concentrado de la medicina privada son los únicos beneficiados con las actuales políticas, dejando al resto del sistema de salud cada vez más precarizado.

La reciente decisión de Milei de retirar a Argentina de la OMS es el broche de oro de una política sanitaria que rechaza la evidencia científica y se alinea con posturas conspirativas. Al igual que Trump en Estados Unidos, Milei adopta una agenda negacionista que pone en riesgo la salud pública, desmantelando mecanismos de cooperación internacional esenciales en la prevención y el tratamiento de enfermedades.

El ajuste como transferencia de ingresos

Lo que llamamos recortes en realidad son transferencias de ingresos. El dinero que se ahorra en medicamentos, profesionales y hospitales se usa para bajar impuestos a los bienes personales, habilitar un blanqueo de capitales con beneficios desmedidos, reducir impuestos a los autos de lujo y disminuir retenciones a los sectores más concentrados del agro. Mientras los más pobres y enfermos quedan desamparados, el capital financiero especulativo goza de condiciones inmejorables para el carry trade.

Quedan tres años de este gobierno y la pregunta que sobrevuela es qué límites podremos trazar los trabajadores de la salud y los usuarios ante tanta deshumanización. Seamos claros: los principales afectados son los jubilados, los pobres y los enfermos. La defensa del derecho a la salud es una batalla que la ciudadanía puede y debe dar, porque en ello se juega nada menos que la vida misma.

La crisis nos obliga a reflexionar: ¿vamos a dejar que nuestras enfermedades sean la materia prima del negocio de unas pocas empresas de medicina y farmacéuticas o vamos a poner en el centro a las personas y el cuidado de la vida?. Los sistemas de salud pueden y deben mejorarse, pero nada se arregla destruyéndolos. Un sistema nacional integrado de salud, más justo, federal y solidario, no solo es posible: es urgente.

.Un nuevo ataque contra los trabajadores del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte se llevó a cabo el lunes, luego de que las autoridades interventoras decidieran “echar de palabra” a Javier Ríos, empleado desde hace diez años en el sector de comunicación de la institución. “Fue una acción disciplinante para acallar la lucha que los trabajadores venimos impulsando desde el cuatro de octubre del año pasado”, explica Javier, quien no figuraba inicialmente en los 200 despidos que se llevaron a cabo durante el mes de enero, pero cuyo puesto no fue renovado por la nueva gestión a comienzo de esta semana. 

“Si bien todavía no recibí ninguna notificación oficial, mi jefa de área me confirmó que mi contrato no fue renovado”, agrega el ahora extrabajador del hospital, tras una década en la institución. Javier es un activista político conocido públicamente por su participación en las diferentes asambleas y comisiones de trabajo que se conformaron desde octubre, cuando comenzó el vaciamiento del Gobierno contra la institución. “Coordino la comisión de despedidos del hospital y, desde el lunes, formo parte”, bromea Javier, quien además es documentalista con dos películas producidas sobre el movimiento obrero. 

Junto a otros compañeros, además, Javier creó en octubre la cuenta de Instagram “En lucha el Bonaparte”, con más de 50 mil seguidores y en donde comunican todas las novedades sobre la lucha de los empleados despedidos y los recortes por parte del Gobierno. “Siempre me dediqué al registro audiovisual dentro del hospital en el área de comunicación y ahora colaboro también desde afuera, contando la destrucción del Gobierno a la salud pública”, señala el documentalista de 52 años. 

Otra empleada de la institución, con igual antigüedad en su puesto, también estaría “marcada” por las nuevas autoridades ante su participación política en diferentes asambleas. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) plantearon que existe una “clara intencionalidad de persecución gremial sobre compañeros activos con participación activa en la lucha”.

“Te colgaron de la plaza pública para que lo veamos todos”, le dijo a Javier una compañera del Bonaparte, tras enterarse de su situación. “No lo tomó como un ataque personal, sino como un intento de disciplinamiento al colectivo de trabajadores que defiende públicamente al hospital”, asegura Javier. “Estamos frente a un gobierno que persigue todo lo que se resista”, apunta el reciente despedido, quien comenzará acciones legales contra las nuevas autoridades. Las jornadas de visualización del conflicto continúan en el edificio de Combate de Los Pozos 2133, en Parque Patricios, con diferentes actividades.

El 23 de enero, el neurocirujano y reciente interventor del hospital, Mariano Pirozzo, reunió a algunos jefes del Bonaparte para presentarse. Allí, tras despedir a 200 empleados que habrían ingresado en 2020 durante el gobierno anterior, les comunicó que su objetivo era volver a la institución “rentable”. Pirozzo, quien cumplió la misma función antes en el Hospital Nacional Baldomero Sommer ─en donde se despidieron a más de 120 trabajadores─, llegó a la institución de salud mental junto a la directora del Comité de Control de Calidad del Ministerio de Salud, Gisela Bracco. La nefróloga y especialista en medicina estética asumió la dirección de ese organismo en septiembre del año pasado, cuyo fin es la “optimización de los recursos de la salud pública”. Según su cuenta de LinkedIn, sigue “abierta a nuevas posibilidades de trabajo”.

El lunes, el mismo día en que despidieron a Javier, la justicia resolvió abrir la feria judicial para tratar la situación del hospital, luego de la intervención de la cartera de salud. La medida judicial se produce a partir de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el que sostienen “que después de los últimos 200 despidos están en grave riesgo la continuidad de los tratamientos y el funcionamiento de todo el hospital”.

En la presentación ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, el CELS explicó “la situación crítica” que atraviesan los servicios de guardia, internación, farmacia, atención y cuidados en la urgencia. “Eso incumple con las obligaciones del Estado de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a la salud y de asegurar a las personas usuarias la preservación de su salud, según establece la Ley de Salud Mental”, señaló el organismo de derechos humanos.

Una trabajadora del Bonaparte le aseguró a elDiarioAR que las autoridades ordenaron enviar mensajes a sus pacientes con suspensiones de turno y derivaciones a otras instituciones. “Buscan vaciar al hospital de pacientes para justificar los despidos”, señaló la empleada. 

FLD/MG

Estados Unidos se sale de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El nuevo presidente norteamericano, Donald Trump, anunció este lunes, el mismo día de su toma de posesión, la retirada del país del organismo de Naciones Unidas. No es la primera vez que el mandatario decreta la salida de Estados Unidos. Ya lo intentó en julio de 2020, en plena emergencia sanitaria mundial por el Covid-19, pero seis meses después la llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia revirtió la decisión antes de que se completara el proceso iniciado por su predecesor.

Tras rubricar el documento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump alegó que Estados Unidos aportaba más recursos que China al organismo. “Ellos estaban pagando 39 millones. Nosotros pagábamos 500 millones. Me parecía un poco injusto”, dijo tras recordar que ya había tomado la decisión en su anterior mandato, pero no la pudo hacer efectiva. El republicano emprendió una cruzada contra el órgano de gobernanza de la salud a nivel mundial en plena pandemia. En abril de 2020 aseguró que suspendía la aportación estadounidense hasta que se “investigara el papel de la OMS en la mala gestión y el encubrimiento de la expansión del coronavirus”, con acusaciones de haber remitido “información falsa”.

La OMS, el foro esencial para buscar soluciones colectivas a los crecientes problemas de salud global, ha pedido al mandatario que reconsidere su decisión. “Deseamos entablar un diálogo constructivo para mantener la asociación entre los Estados Unidos y la OMS, en beneficio de la salud y el bienestar de millones de personas en el mundo”, asegura el organismo en un comunicado hecho público este martes en el que recuerda que “durante más de siete décadas” el trabajo conjunto “ha salvado innumerables vidas y protegido a los estadounidenses y a todas las personas de las amenazas para la salud”. “Juntos acabamos con la viruela y juntos hemos llevado a la poliomielitis al borde de la erradicación. Las instituciones estadounidenses han contribuido y se han beneficiado de su pertenencia a la OMS”, apuntan.

Hace solo una semana, la OMS solicitó a los estados miembros un aporte extra de US$1.500 millones ante el aumento de conflictos, el cambio climático, las epidemias y los desplazamientos forzados, elementos que están convergiendo, según el organismo de Naciones Unidas, para “provocar una crisis sanitaria mundial sin precedentes”: “305 millones de personas van a necesitar urgentemente ayuda humanitaria en 2025”.

La decisión de Trump tiene implicaciones a varios niveles, aseguran los expertos. Económicas, por un lado. Estados Unidos forma parte de la OMS desde su creación en 1948 –de hecho fue uno de sus principales impulsores tras la Segunda Guerra Mundial– y es el país que ofrece históricamente la mayor contribución a la organización. Para los años 2022 y 2023 fueron 1.284 millones de dólares, según sus datos oficiales. “La decisión pondrá a la OMS en un riesgo financiero importante, en riesgo de poder cumplir sus objetivos y volver hacia atrás en todo lo que ya se está haciendo”, alerta Óscar Zurriaga, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, en declaraciones a Science Media Centre España.

La organización Salud por Derecho advierte que esta medida “no debe analizarse únicamente en términos del presupuesto de la OMS, aunque pone a la organización —ya limitada en su financiación para cumplir con el amplio mandato que le han otorgado los países— en una posición aún más precaria”. “También plantea serias implicaciones para el sistema de salud global en su conjunto. No sería raro que se redujera drásticamente la financiación de otras organizaciones estadounidenses activas en salud global, como el PEPFAR (Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida) o el Programa Presidencial contra la Malaria, así como de otras instituciones que dependen de fondos estadounidenses, como el Fondo Mundial para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria”, analizan en una nota de prensa.

Otro problema, diagnostican los expertos, tiene que ver con la devaluación del prestigio de la OMS en un “nuevo orden mundial”. “Podría arrastrar a otros países a que hagan lo mismo”, advierte África González-Fernández, catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo, a SMC. Salud por Derecho lo observa desde otro ángulo menos negativo: “La salida de Estados Unidos le impedirá ejercer su capacidad de influencia en un foro internacional con capacidad normativa, pero también abre la puerta para que los 193 Estados restantes, especialmente los del Sur Global, asuman un rol más proactivo y autónomo en la fijación de prioridades”.

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, también ha reaccionado a la decisión de Trump a través de la red social X: “La salud no entiende de fronteras. Solo nos salvamos si se salva todo el mundo”.

Donald Trump ya había tomado decisiones controvertidas respecto a la salud pública antes de anunciar la salida de la OMS. Nombró secretario de salud a Robert F. Kennedy, “negacionista de las vacunas y firme creyente de muchas conspiraciones”, recuerda María Iglesias-Caballero, viróloga del Laboratorio de Referencia de Gripe y Virus Respiratorios del Centro Nacional de Microbiología-Instituto de Salud Carlos III. “También ya me preocupaba la voluntad de esta administración de recortar políticas en gasto público, que también conlleva recortar en investigación y salud pública. Por lo tanto, antes ya de la salida de la OMS todo era muy preocupante y esto es un paso más en un país que tiene ahora mismo la circulación del virus de la gripe aviar H5N1 totalmente descontrolada”, sostiene la experta.

Según el relato de Trump, aunque la salida no se materializó por la llegada de Biden, la OMS le ofreció reducir la aportación de Estados Unidos para que el país regresara al organismo, pero él se negó. “Deseaban mucho que volviéramos, así que veremos qué pasa ahora”, declaró este lunes.

Gráfico de Yuly Jara.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, negó que los hospitales públicos provinciales vayan a cobrar por la atención médica a extranjeros, en respuesta a las modificaciones en el régimen migratorio anunciadas este martes por el gobierno nacional.

Kreplak, a través de un posteo en la red social X, cuestionó las medidas comunicadas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmando que “carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento”.

Además, advirtió al Ejecutivo nacional que “no cuenten” con la provincia de Buenos Aires para implementar el arancelamiento en el sistema de salud pública.

El ministro de Axel Kicillof expresó su descontento por la falta de diálogo previo, señalando que el tema no fue mencionado durante la reciente reunión del Consejo Federal de Salud, en la que participaron representantes de todas las provincias.

Kreplak también recuperó una publicación propia de julio en la que abordaba la controversia sobre el cobro de prestaciones médicas a extranjeros. Según el funcionario, “las ideas vinculadas al cobro de prestaciones con la excusa de achicar el gasto público son en realidad un fuerte debate sobre la concepción sobre el derecho a la salud y el rol del Estado”.

Finalmente, destacó que la atención a personas no residentes tiene un impacto mínimo en el sistema sanitario bonaerense, representando solo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones.

DM

El gobierno de Javier Milei informó que impulsará una reforma del régimen migratorio, que incluirá el arancelamiento de la salud púplica para extranjeros y de las universidades para estudiantes extranjeros no residentes. Además, sumará más delitos para impedir el reingreso al país. Así lo indicó el vocero presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa en Casa Rosada. “El objetivo de las medidas es avanzar hacia un país ordenado y, en este caso, que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos”, sostuvo el portavoz.

“Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio”, justificó Adorni, quien añadió, a modo de ejemplo, que “uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”. Se trata de una medida que ya había sido contemplada en la ley Bases, pero que fue retirada durante las negociaciones en el Congreso. Sin embargo, tras el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario, Milei decidió retomarla, pese a que en la mayoría de las universidades nacionales del país los extranjeros no pueden estudiar sin ser residentes.

En octubre, a través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano había sostenido que “el 21,8% de los estudiantes de medicina son extranjeros, principalmente de Brasil, lo que genera una carga adicional para el sistema universitario público”. En el oficialismo, aseguraron a elDiarioAR que el principio de gratuidad continuaría vigente para los estudiantes argentinos y residentes permanentes, mientras que las universidades podrán establecer convenios con otros países e instituciones para fomentar intercambios educativos y otorgar becas a estudiantes extranjeros bajo ciertas condiciones.

Por otro lado, Adorni también confirmó el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros. “Los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país”, apuntó el vocero. “Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó el 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos”, añadió.

El vocero presidencial además anunció que se incorporán más delitos “como causa para impedir el ingreso o que sean justificativos para expulsar a un inmigrante del país”. Y explicó que “si aun delincuente se lo atrapa en flagrancia, o sea, se lo atrapa cometiendo el delito, o si se lo detiene por violentar el sistema democrático, atacando las instituciones, por ejemplo, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”.

“Además, se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que efectivamente manifiestan cuando pasan por o hacen el trámite migratorio. También se incorpora una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país”, detalló.

DM/PL

Universitarios y profesionales de la salud confluyeron este martes en una Marcha Blanca que conectó el Congreso con la Plaza de Mayo con un fuerte mensaje en contra del ajuste de Javier Milei en el sector público. El reclamo incluyó un llamado abierto a la CGT y la CTA para que convoquen a un paro general.

La manifestación estuvo custodiada en todo momento por la Policía Federal en el marco del protocolo antipiquete de Patricia Bullrich, pero no pudo evitar que por momentos hubiera cortes de tránsito.

La protesta la llevaron adelante trabajadores de los hospitales Posadas, Bonaparte y Garrahan por despidos y la amenaza de cierre del Gobierno, junto con docentes y estudiantes que protagonizan el conflicto universitario tras el veto a la Ley de Financiamiento. Junto con la movilización, profesores de la UBA instalaron más de cien clases públicas alrededor de la Pirámide de Mayo, a metros de la Casa Rosada.

Un sinfín de carteles y cánticos estuvieron dirigidos directamente a Milei, justo en el día de su cumpleaños. “Presidente, Presidente / No te lo decimos más /  En el día de tu cumple / Te paramos el hospital”, fue uno de los reclamos que más sonó. El mandatario además recibió insultos de los docentes y alumnos universitarios cuando al mediodía salió a saludar a simpatizantes suyos por su cumpleaños. Tuvo que volver raudamente a su despacho, acompañado por miembros de su gabinete.

Junto con las clases abiertas, la Marcha Blanca terminó en la Plaza de Mayo con un curso masivo de RCP por parte de los médicos bajo la consigna de “salvarle la vida a la salud pública”. 

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MC