El comienzo de noviembre, como sucede en cada mes, trae aparejado la puesta en marcha de nuevos aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.   

A pesar de la desaceleración de la variación de precios en los últimos meses y de la expectativa gubernamental de que dicho proceso se siga profundizando, los incrementos en diferentes sectores continúan presionando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Alquileres

Los inquilinos deberán enfrentar una nueva actualización en sus contratos de alquileres, de acuerdo a la periodicidad con la que hayan acordado el aumento y en base al Índice de Contratos de Locación (ICL).

En los contratos que se actualizan libremente, los ajustes dependen de los plazos y el mecanismo en los que se fijaron. En base a la periodicidad y al ICL, en noviembre los valores por ajuste trimestral subirán 5,81%, por ajuste cuatrimestral aumentarán 7,82%, y por ajuste semestral treparán 12,95%.

Colectivos y subte

El boleto de los colectivos que circulan en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en noviembre, en un 4% y 3,9%,respectivamente. De esta manera, el pasaje con SUBE pasa a costar entre $956,38 y $1.895,54, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

Boleto de colectivos en PBA (Líneas del 200 en adelante)

Boleto de colectivos en CABA

En tanto que el pasaje de subte en el territorio porteño también exhibirá un incremento del 3,9%. Así, la nueva tarifa del subte con SUBE registrada pasa a costar $1.888.

Peajes

Las tarifas de los peajes de jurisdicción porteña también subirán un 3,9% en noviembre. Los nuevos valores para los vehículos livianos de 2 ejes en Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno serán de $4.974 en hora no pico y de $7.0497 en hora pico; en la Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero estarán en $2.072,43 en hora no pico y $2.930,85 en hora pico.

Combustibles

La nafta y el gasoil subirán en el noveno mes del año, producto de la actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, producto de la suba diferida por el Ejecutivo. Al igual que viene sucediendo en los últimos meses, el incremento será aplicado directamente sin aviso previo.

Colegios privados

Las entidades que nuclean a los establecimientos educativos privados con subvención estatal de la Provincia de Buenos Aires aplicarán un aumento del 3% en las cuotas de noviembre, mientras que los de CABA aún no informaron un ajuste en los valores.

Prepagas

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes que rondará en promedio el 2,3%, con variaciones dependiendo de la empresa, el plan y la región del país. De esta manera se ubicará por encima de la variación general de los precios en los últimos meses.

Servicios públicos

Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, en base a los esquemas respectivos vigentes. De esta manera, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en noviembre.

El comer es lo primero, pero tener techo viene después. En las elecciones municipales de Nueva York y Berlín, en noviembre y septiembre últimos, la izquierda ganó por poner la vivienda como prioridad de la agenda. El desalojo y posterior muerte de la jubilada madrileña Maricarmen Abascal ha provocado un adelantamiento de los comicios generales de España. En la Argentina no figura al tope de la discusión política y social, pero preocupa cada vez más a la población, en un país donde cuatro de cada diez hogares son precarios, uno de cada cinco alquila y en el que el alquiler ha sido el segundo precio que más subió a partir de la desregulación adoptada por el DNU 70/2023 del inicio del gobierno de Javier Milei.

En la última encuesta nacional de la consultora Management & Fit, el principal problema de la población sigue siendo llegar a fin de mes (22% en septiembre, frente al 24% en julio), seguido por los bajos ingresos (17%, frente al 20% de mitad de año), la inseguridad en la calle (sigue en 14%), el endeudamiento (10%, frente al 11% anterior), la falta de trabajo (9%, contra el 8%), mientras que sobre todo crece la inquietud por alquilar o acceder a la vivienda (7,4%, un salto frente al 4,9% de dos meses antes). No es extraño: el alquiler es el segundo precio que más aumentó en el área metropolitana de Buenos Aires, donde vive un tercio de los argentinos, en la era libertaria, un 93% real (ajustado por inflación), sólo superado por el gas y la luz (116%), según el Instituto de Estadística (Indec), mientras las escrituras con crédito hipotecario en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires cayeron 42% en el primer semestre, antes del nuevo plan gubernamental sobre la materia, según datos oficiales procesados por la Fundación Tejido Urbano.

Se me vence el contrato y ya me dijeron que el nuevo va a ser por un año.Nunca me atrasé en el pago, saqué un crédito con la tarjeta para pagar y ahora los intereses de ese crédito se me fueron por las nubes

Gricelda Martínez — Empleada doméstica

“Estoy dejando de comer para pagar el alquiler”, cuenta Gricelda Martínez, empleada de casas particulares que alquila una casa en dos dormitorios en Avellaneda. “El problema es que desde hace un año me bajó mucho el trabajo, antes trabajaba en tres casas por día, ahora en una o dos, pero el alquiler me aumenta cada tres meses por inflación y ahora pago $650.000. Me gustaría mudarme a un lugar más barato pero piden muchos papeles y mucha plata. Por una casa de un dormitorio piden 1,8 millones, más garantía, dos meses de alquiler adelantado y recibo de sueldo, que no tengo. En febrero me vence el contrato y ya me dijeron que el nuevo va a ser por un año. Hacen lo que quieren, cobran lo que quieren. Pero nunca me atrasé en el pago, saqué un crédito con la tarjeta para pagar y ahora los intereses de ese crédito se me fueron por las nubes”, agrega Gricelda.

Entre el censo 2010 y el de 2022, el porcentaje de hogares que alquilan en la Argentina se elevó del 16% al 21% y en la Ciudad de Buenos Aires, del 30% al 37%. “La clase media, que históricamente accedía a la propiedad mediante el ahorro familiar, se vio imposibilitada de comprar debido a la disparidad entre sus ingresos y el valor del suelo, lo que desató un fuerte proceso de inquilinización a partir de los 2000”, según la Fundación Tejido Urbano. A su vez, el 40% de las unidades de vivienda sufren algún problema habitacional, ya sea sus materiales, su acceso a servicios básicos y el hacinamiento, según el Atlas de la Vivienda Digna y Sustentable en Argentina, que elaboró el Centro de Estudios Económicos Urbanos de la Universidad de San Martín a partir del último censo.

El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, convoca a la marcha del próximo jueves contra el decreto de necesidad y urgencia de Milei que derogó toda regulación de alquileres y a favor de volver a contratos de tres años con precios regulados. En las grandes economías desarrolladas (EE.UU., Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia y y las de mayor renta per cápita de Latinoamérica (Uruguay, Chile, México, Brasil) no hay una desregulación semejante, salvo en buena parte de EE.UU, no en Nueva York, y en Chile. Pero en la mayoría de esos países rigen algunas condiciones, diferentes, no todas en el mismo lugar, que van desde topes a los precios iniciales y a los aumentos, plazos para los incrementos, contratos por tres o cuatro años o por tiempo indefinidos que sólo se pueden romper por causas justificadas ante los tribunales, límites a las garantías, adelantos y comisiones y subsidios al inquilino.

Pero algunos expertos peronistas y progresistas temen que la vuelta a la regulación del alquiler en la Argentina podría volver a restringir la oferta de viviendas ofrecidas. Uno de ellos es Manuel Socías, peronista y presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (Cesba). Para empezar, asegura que en este país el alquiler aún no es un tema central de la política, porque hasta ahora la mitad de las personas terminaba consiguiendo techo en la vivienda de algún familiar, pero eso resulta cada vez menos frecuente.

“Con la desregulación subió la oferta, pero subió el precio y al mismo tiempo hubo una crisis de ingresos”, se refiere Socías al mayor desempleo, el empeoramiento de la calidad del trabajo (del formal al informal o cuentapropista) y la caída del salario y del ingreso disponible (el dinero que sobra después de pagar las cuentas ineludibles, como alquiler, expensas y servicios básicos). “Desde la huelga de alquileres de 1907 hemos visto crisis de oferta, cuando hubo regulación, y de demanda, cuando hubo desregulación. No debemos ir a una solución ni a otra sino crear un submercado público, con alquiler al costo, es decir, 30% más barato”, propone el presidente del Cesba.

“Viena creó una oferta de alquileres públicos y mixtos y más del 60% de la gente alquila en el sistema público, el organismo París Hábitat tiene 170.000 viviendas de alquileres protegidos; Nueva York, 120.000 y además impone una renta estabilizada para otro millón”, ejemplifica Socías. Pensando en la Argentina, el experto recuerda que hoy en día la Ciudad de Buenos Aires cobra en metálico una “plusvalía urbana” por la construcción de metros cuadrados adicionales a partir de cambios en los límites de altura para edificar, pero, en lugar de eso, podría exigirles a los desarrolladores inmobiliarios que destinen una porción de los departamentos a alquileres protegidos por el Estado.

“Las herencias vacantes hoy se subastan, pero podrían ir a un banco de propiedades públicas en alquiler”, ofrece otra propuesta. “Hoy el Microcentro está vacío. Podrías hacer un programa de reconversión pero con el objetivo de crear vivienda protegida porque lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta con su plan de reconversión fue fomentar Airbnb.

Hay un fetiche con el crédito hipotecario, pero eso no es una política de vivienda porque sólo una minoría accede y el efecto es que apenas se anuncian aumentan los precios de las propiedades por las expectativas de sus propietarios de que los venderán

Manuel Socías — Presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (Cesba)

Socías opina que el Estado debería abandonar la política de vivienda centrada en el sueño de la casa propia y centrarse en facilitar el alquiler. “El peronismo y el antiperonismo siempre pregonaron el sueño de la casa propia. Si alquilás, sos un fracasado, pero los dos paradigmas fracasaron. El mercado no soluciona porque la oferta privada de vivienda busca al que ahorra en dólares, no al que necesita casa. A su vez, el Estado debe dejar de construir para dar en propiedad, que deja a muchos afuera, que se terminan perjudicando porque los nuevos propietarios a veces ponen esos inmuebles en alquiler pero a precios de mercado. En lugar de eso, hay que construir para alquiler a precios bajos. Hay un fetiche con el crédito hipotecario, pero eso no es una política de vivienda porque sólo una minoría accede y el efecto es que apenas se anuncian aumentan los precios de las propiedades por las expectativas de sus propietarios de que los venderán.”

Construir para alquilar

Federico Poore, magister en economía urbana, también apuesta al fomento del alquiler. “Las ciudades argentinas tienen un problema diferente que las europeas. En Europa hay grandes fondos como Blackstone con cientos de miles de propiedades. En Argentina, es la reserva de valor de la clase media alta y alta. Son dinámicas diferentes que exigen respuestas diferentes”, aclara Poore para empezar.

Lejos del mito del abuelito pobre que vive del alquiler de un segundo inmueble, en la provincia de Buenos Aires, sólo el 6,1% de la población, un millón de personas, tiene dos o más propiedades, la mitad del total, según datos que la agrupación Inquilinos Agrupados, donde milita Muñoz, le pidió a la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA). Y el 0,6%, unos 104.000 individuos, cuenta con cinco o más viviendas, el 14% del total.

Poore teme que un regreso a la regulación retraiga la oferta, como ocurrió en el gobierno anterior con la ley de 2020, o eleve el anticipo inicial. “Hay una política pública no explorada; la de construcción para alquiler. En Montevideo se dan beneficios impositivos para construir para alquilar. En la ciudad de Buenos Aires se construyó pero desenganchado de la necesidad de vivienda. Otras son las políticas de zonificación inclusiva para incluir un porcentaje alquileres por debajo del precio del mercado en nuevos desarrollos privados en terrenos cedidos por el Estado, como en Hamburgo y Nueva York.”

¿Qué hacer con los que viven en viviendas precarias? “Hay que ofrecerles mejoramientos de vivienda con crédito a tasa blanda o aportes no reembolsables, pero con esta última opción pronto te quedás sin plata”, responde Socías. Poore va por el mismo lado: “A los que se les cae el rancho, necesitan sumar piezas, arreglar el baño o la humedad, que los bancos públicos den créditos a tasa negativa, incluso con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS, de la Administración Nacional de Seguridad Social), y así con la misma plata llegás a más gente”, contesta Poore.

El Gobierno decidió usar el FGS para financiar a los bancos para prestar hipotecarios, pero su alcance será muy limitado en cantidad de personas, que además pertenece a los segmentos medio altos de la sociedad. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sólo el 31% de los hogares inquilinos, unos 1,1 millones, está en condiciones de acceder a un crédito hipotecario con los requisitos y tasas bancarias vigentes, pero la administración Milei ahora ofrece sólo 15.000 o 20.000 préstamos a través del FGS, según cálculos de Tejido Urbano.

El presidente de esta fundación, Fernando Álvarez de Celis, aboga por el “enorme potencial del crédito hipotecario para revertir el acelerado proceso de inquilinización que atraviesa el país”. Advierte que los jóvenes que acceden al techo propio lo hacen más tarde, a los 45 años, en lugar de los 35 de antaño, mientras que aumentan la cantidad de jubilados que alquilan (7% del total).

“Las construcciones a estrenar en corredores consolidados cotizan como reserva de valor en dólares para inversores que ya tienen propiedades, mientras el mercado del crédito hipotecario opera en un andarivel completamente diferente”, advierte Tejido Urbano. “El promedio de las escrituras firmadas con hipoteca se sitúa en los 97.000 dólares. Esto explica por qué casi el 100% de los créditos hipotecarios otorgados se destinan a la compra de viviendas usadas en áreas periféricas o barrios tradicionales en lugar de obras de pozo”, añade la fundación.

“Frente a las promesas electorales basadas en millones de viviendas o líneas de crédito de bajísima escala, orientadas exclusivamente a sectores con ingresos formales dejando fuera un 40% de la población que trabaja en la informalidad, el Estado está en una posición de retirada a nivel social en los últimos dos años, sin desarrollo de políticas de construcción, y con un 30% de población inquilina en la ciudad”, advierte Álvarez de Celis.

“Contra lo que suele creerse, la vacancia prolongada no está en Puerto Madero sino en el Microcentro”, señala Nicolás Dino Ferme, coordinador senior del programa de Estado y Gobierno del Centro de Implementación de Políticas Públicas (Cippec). Según un análisis del centro sobre datos de consumo eléctrico de Edesur y Edenor, en agosto de 2026 unas 100.000 unidades residenciales de la ciudad de Buenos Aires (el 6,3% del total) llevaban al menos un año con consumo mínimo. En el Microcentro (San Nicolás y Monserrat) esa proporción llega al 10,5%. En Puerto Madero es del 2%, la más baja de los 48 barrios. La investigación, aún en desarrollo, encuentra que la vacancia es mayor en las zonas de menor nivel socioeconómico, un patrón que se repite en todas las mediciones desde 2019. Las viviendas vacías suponen el 11,7% de las de la Argentina y el 13,8% de las de la capital, según el censo 2022. A su vez, Bárbara Bonelli, directora ejecutiva de la ONG Hábitat para la Humanidad Argentina, advierte que los “alquileres informales de barrios populares son incluso más elevados que los del mercado formal a cambio de condiciones de extrema precariedad y nula previsibilidad”.

AR/MG

El comienzo de octubre, como sucede en cada mes, trae aparejado la puesta en marcha de nuevos aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.

A pesar de la desaceleración de la variación de precios en el último mes y de la expectativa gubernamental de que dicho proceso se siga profundizando, los incrementos en diferentes sectores continúan presionando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres, deberán afrontar la última actualización obligatoria del Índice de Contratos de Locación, ya que durante octubre se cumplen los tres años del fin del régimen, que era el plazo mínimo en el cual se acordaban los vencimientos.

En los contratos que se actualizan libremente, los ajustes dependen de los plazos y el mecanismo en los que se fijaron. En base a la periodicidad y al ICL, en octubre los valores por ajuste trimestral subirán 6,72%, por ajuste cuatrimestral aumentarán 9,83%, por ajuste semestral treparán 17,04% y por ajuste anual el alza será de 31,67%.

Colectivos y subte

El boleto de los colectivos que circulan en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en octubre, en un 3,6% y 3,7%, respectivamente. De esta manera, el pasaje con SUBE pasa a costar entre $920,48 y $1.507,58, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

Boleto de colectivos en PBA (Líneas del 200 en adelante)

Boleto de colectivos en CABA

En tanto que el pasaje de subte en el territorio porteño también exhibirá un incremento del 3,7%. Así, la nueva tarifa del subte con SUBE registrada pasa a costar $1.817. Mientras que la tarifa sin nominalizar subirá a $2.541,10. El premetro aumentará a $635,95.

Trenes

Los trenes metropolitanos tuvieron su último ajuste mensual en el inicio de septiembre, cuando el boleto mínimo subió un 14,29% hasta los $480 con SUBE registrada. En caso de fijarse un nuevo incremento, deberá ser publicado en los próximos días en el Boletín Oficial.

Peajes

Las tarifas de los peajes de jurisdicción porteña también subirán un 3,7% en octubre. Los nuevos valores para los vehículos livianos de 2 ejes en Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno serán de $4.787,85 en hora no pico y de $6.785,16 en hora pico; en la Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero estarán en $1.994,73 en hora no pico y $2.820,85 en hora pico; en tanto que en Alberti serán de $1.516,26 en hora no pico y de $1.914,97 en hora pico.

Combustibles

La nafta y el gasoil subirán en el décimo mes del año, producto de la actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Además, se puede dar un alza mayor por el impacto del encarecimiento de los mercados energéticos a raíz del conflicto en Medio Oriente. Al igual que viene sucediendo en las últimas semanas, el incremento será aplicado directamente sin aviso previo.

Prepagas

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes que rondará entre el 1,9% y el 4,9%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, por encima de la variación general de los precios en los últimos meses.

Servicios públicos

Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, en base a los esquemas respectivos vigentes. De esta manera, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en octubre.

En el caso del agua, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontarán un incremento del 2,7% en las tarifas de agua y desagües cloacales. Se mantienen el descuento del 15% para usuarios residenciales del zonal bajo y los beneficios de Tarifa Social para hogares vulnerables.

Conseguir una vivienda en alquiler puede convertirse en un desafío especialmente complejo para las trabajadoras sexuales. La falta de recibo de sueldo y de garantías propietarias, la informalidad laboral y el estigma asociado a la actividad se combinan para dejar a muchas fuera del mercado formal o empujarlas hacia alternativas habitacionales más precarias.

Un análisis elaborado por SimpleMedia, proyecto editorial de SimpleEscort, a partir de distintas fuentes sobre vivienda, informalidad laboral y trabajo sexual, reconstruyó las principales barreras que enfrenta este sector en el mercado de alquileres argentino.

Uno de los datos centrales surge de un estudio realizado en 2021 por CONICET, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y AMMAR-CTA: el 93% de las trabajadoras sexuales mayores de 18 años había atravesado alguna dificultad para acceder a una vivienda y el 67% declaró no contar con recibo de sueldo. Entre los obstáculos también aparecieron la falta de ingresos suficientes y la imposibilidad de presentar una garantía propietaria.

La problemática se desarrolla, además, en un mercado inmobiliario que modificó sus reglas en los últimos años, especialmente a partir de la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023.

Un mercado más flexible, pero más exigente

La desregulación modificó las condiciones de los contratos de alquiler y generó una mayor variedad de plazos, mecanismos de actualización y requisitos para los inquilinos.

Carlos Allende, corredor inmobiliario de la firma Allende/Torales, considera que la derogación de la normativa anterior marcó un punto de quiebre. Según explica, antes regían contratos de tres años, actualizaciones anuales y condiciones que, a su criterio, ofrecían mayor previsibilidad a los inquilinos.

Con posterioridad comenzaron a generalizarse contratos con actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales y condiciones que, según el corredor, favorecen en mayor medida a los propietarios. “Esto hizo que haya más oferta y desreguló los precios, pero asfixió más al inquilino”, sostiene Allende. Y agrega: “No creo que haya un término medio hoy, sino que se fue al otro extremo”.

En este escenario, demostrar ingresos se convirtió en una condición central para acceder a una vivienda. Para quienes no cuentan con recibo de sueldo o una garantía, las opciones pueden reducirse a habitaciones, hoteles, pensiones o modalidades informales de alquiler.

El trabajo sexual y la vivienda, una relación directa

La dificultad para acceder a una vivienda adquiere una dimensión particular en el caso de quienes reciben clientes en su propio domicilio. Los datos de los anuncios publicados en SimpleEscort Argentina entre julio de 2025 y julio de 2026 indican que el 93% de las trabajadoras sexuales recibe a sus clientes en un espacio propio, que en muchos casos coincide con el lugar donde vive.

El servicio a domicilio aparece como una alternativa menos frecuente. Según la plataforma, el filtro “a domicilio” es utilizado mensualmente por apenas el 7% de sus usuarios.

El análisis plantea que los clientes suelen preferir espacios diferentes de sus propias viviendas o de hoteles para preservar su privacidad. Esto hace que contar con un lugar propio pueda adquirir una importancia particular para quienes desarrollan esta actividad.

Pero acceder a ese espacio no siempre resulta sencillo. Yokhari Marquez Ortiz, trabajadora sexual y coordinadora de Casa Roja AMMAR, describe las dificultades que atraviesa el sector desde su propia experiencia. “Nos alquilan en sitios precarios, no aptos para vivir, porque no queda otra”, cuenta. Según relata, el estigma y las dificultades para cumplir con los requisitos del mercado formal pueden derivar en situaciones de sobreprecio y precariedad.

“Nos cobran el doble por una habitación con humedad y hongos”, afirma. Como ejemplo, menciona que actualmente paga $600.000 por una habitación que describe como “un cuadrado”.

También afecta a quienes trabajan mediante plataformas

Las dificultades habitacionales no se limitan a quienes desarrollan el trabajo sexual de manera presencial. También alcanzan a quienes utilizan plataformas digitales. El Informe Exploratorio Trabajo Sexual y Plataformas Digitales, elaborado por AMMAR y CONICET y publicado en 2025, señala que el 62,7% de las personas encuestadas alquila su vivienda, mientras que apenas el 12% es propietaria.

La imposibilidad de acreditar ingresos formales puede convertirse así en un obstáculo incluso para quienes cuentan con ingresos suficientes para afrontar un alquiler. El resultado es una suerte de doble barrera: primero, ingresar al mercado formal; después, permanecer en él. La falta de documentación laboral o de una garantía puede llevar a buscar alternativas como el subalquiler de habitaciones, pensiones u otras modalidades informales, con menor protección para quienes alquilan.

Una crisis habitacional que excede al trabajo sexual

La situación de las trabajadoras sexuales se inscribe, a su vez, en un escenario habitacional complejo para el conjunto de los inquilinos. La Encuesta Nacional Inquilina de junio de 2026, elaborada por Inquilinos Agrupados, registró que el 29,7% de los hogares inquilinos se encuentra en emergencia habitacional. Además, el 72,9% mantiene deudas y el 38% registra atrasos en los pagos.

En ese contexto, las dificultades específicas de las trabajadoras sexuales se superponen con problemas que afectan a buena parte de quienes alquilan: el aumento de los costos, la necesidad de demostrar ingresos, las dificultades para acceder a garantías y el riesgo de quedar fuera del mercado formal. Sin embargo, el sector suma un componente particular: la discriminación asociada a la actividad.

El estudio realizado por CONICET, UBA y AMMAR registró que el 25% de las trabajadoras sexuales identificó la discriminación por ejercer el trabajo sexual como un obstáculo para acceder a una vivienda.

“Cuando hay problemas enseguida llaman a la Policía”

Para las trabajadoras sexuales organizadas, el estigma constituye una barrera adicional a las exigencias económicas y administrativas. “El hecho de ser trabajadora sexual nos complica por el estigma sobre nuestro trabajo”, sostiene Marquez Ortiz. Desde su perspectiva, las situaciones vinculadas con el alquiler pueden agravarse por la sospecha que genera la actividad y por la manera en que se interpreta la legislación relacionada con la trata de personas. “Cuando hay problemas enseguida llaman a la Policía y a las primeras que señalan somos nosotras”, afirma.

La normativa argentina distingue la trata y la explotación sexual, que constituyen delitos, de otras situaciones vinculadas con el ejercicio de la prostitución. Al mismo tiempo, la legislación sanciona la promoción, facilitación o comercialización de la prostitución ajena y establece que el consentimiento de una víctima de trata no exime de responsabilidad a quienes explotan a esa persona. Para las trabajadoras sexuales organizadas, esa distinción jurídica no siempre se traduce en una sensación de protección. Por el contrario, sostienen que determinadas situaciones pueden derivar en hostigamiento o sospechas sobre quienes alquilan viviendas para desarrollar su actividad.

El debate por los desalojos

A este panorama se suma la discusión sobre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado el 7 de agosto y ahora debe ser tratado por la Cámara de Diputados. El texto aprobado mantiene un capítulo referido a los desalojos y contempla mecanismos destinados a agilizar los procesos judiciales.

Para los sectores que enfrentan mayores dificultades para acceder a un alquiler formal, cualquier modificación en los mecanismos de desalojo adquiere especial relevancia, particularmente cuando la alternativa a perder una vivienda es quedar fuera del mercado formal y recurrir a soluciones habitacionales más precarias.

Un problema atravesado por varias desigualdades

Aunque no existe un nuevo estudio nacional que permita actualizar los porcentajes específicos sobre las dificultades de las trabajadoras sexuales para acceder a una vivienda, el cruce de las fuentes disponibles permite identificar un problema en el que confluyen varios factores.

La informalidad laboral dificulta demostrar ingresos. La falta de garantías limita el acceso a contratos formales. La precariedad habitacional puede derivar en sobreprecios y condiciones deficientes. Y el estigma asociado al trabajo sexual agrega una barrera que no aparece necesariamente en otros sectores de trabajadores informales.

El Senado debatirá este jueves una versión acotada del proyecto de propiedad privada, que tendrá como eje central una reforma que contempla los desalojos “exprés” de campos, viviendas y terrenos que fueron usurpados. La iniciativa incluye cambios en la ley del Manejo de Fuego.

La Cámara alta reanudará el debate a las 14 que se había suspendido el pasado 16 de julio debido a las diferencias que había sobre el ahora eliminado capítulo sobre extranjerización de tierras.

Sin los artículos que flexibilizaban la venta de tierras a extranjeros ni de los barrios populares, el Senado debatirá una versión acotada del dictamen de mayoría, que tiene como eje central agilizar el desalojo de las viviendas intrusadas.

De esta manera, el oficialismo afrontará podrá salvar el proyecto que como todas las iniciativas que diseña el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, propone reformar leyes de diferentes temáticas.

Cómo quedarían los desalojos

Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.

El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

Los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir de parte del propietario una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.

La notificación se deberá realizar en el domicilio denunciado en el contrato o también por correo electrónico y deberá precisar el lugar exacto del pago. Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.

Otro punto es que el propietario no puede negarse a recibir las llaves ni poner condiciones para aceptarlas, aunque puede dejar asentado por escrito que quedan deudas pendientes por reclamar después.

En el caso de que haya menores o adultos en situación de desamparado, el juez deberá darles intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, disponiendo un plazo prudencial que no excederá de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria, sin perjuicio de la continuidad del proceso.

Las expropiaciones

La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida.

El dictamen estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que en el proyecto original no ponía ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días.

No se realizará la transferencia sin el pago de la indemnización, aunque el Estado podrá pedir la posesión de ese bien.

Otro punto es que el juez podrá pedir un dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación cuando hay diferencias sobre el valor que debe pagar el Estado.

Ley de manejo de fuego

Se deroga el artículo que establecía que en caso de incendio de un predio rural por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. “En caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de estos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio”, dice la propuesta.

En el caso de incendios de bosques nativos se prohíbe el cambio de uso y destino prevista en la actual norma, pero se elimina el plazo de 60 años establecidos en la ley promovido por Máximo Kirchner.

Digitalización y regularización de escrituras

Se podrá presentar documentos digitales en los Registros de la Propiedad de todo el país, aunque en algunas jurisdicciones ya se permiten. El proyecto modifica la ley “Pierri” de regularización dominial.

La llegada del octavo mes del año trae consigo una batería de aumentos en distintos servicios y rubros que tendrán un impacto directo tanto en la inflación como en el bolsillo de las personas.

En los últimos meses, la variación de precios se fue desacelerando y, a pesar de la baja en junio, los incrementos en diferentes sectores continuarán presionando al Índice de Precios al Consumidor (IPC), según pudo relevar la Agencia Noticias Argentinas.

Colectivos y subte

El boleto de los colectivos que circulan en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en agosto alrededor de un 4%. De esta manera, el pasaje con SUBE pasa a costar entre $853 y $1.960, dependiendo de la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

Boleto de colectivos en CABA

Boleto de colectivos en PBA (líneas del 200 en adelante)

En tanto, el pasaje de subte en el territorio porteño exhibirá un incremento del 3,9%. Así, la nueva tarifa del subte con SUBE registrada pasa a costar $1.684, mientras que la tarifa sin nominalizar subirá a $2.541,1.

Para los trenes metropolitanos, los pasajes pasarán a valer entre un 10,5% y 11% más caros que en julio en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa.

Peajes

Las tarifas de los peajes de jurisdicción porteña también subirán un 3,9% en agosto. Los nuevos valores para los vehículos livianos de 2 ejes quedan conformados de la siguiente manera:

Prepagas

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes que rondará entre 1,8% y 2,9%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses.

Servicios públicos

Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, en base a los esquemas respectivos vigentes. De esta manera, las facturas de gas natural y agua llegarán con aumentos en agosto.

En el caso del agua, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontarán un incremento del 3% en las tarifas de agua y desagües cloacales. Se mantiene el descuento del 15% para usuarios residenciales del zonal bajo y los beneficios de Tarifa Social para hogares vulnerables.

En tanto, para el gas rige una nueva disposición reglamentada por el Gobierno en la resolución 167/2026. La Secretaría de Energía modificó la periodicidad con que las distribuidoras de gas trasladan a la tarifa final las diferencias entre el precio del gas estimado al inicio de cada período y el precio efectivamente pagado a los productores.

A partir de los cuadros tarifarios de este mes, ese ajuste -denominado técnicamente Diferencia Diaria Acumulada (DDA)- se calculará e incorporará cada dos meses, en lugar de la periodicidad estacional que venía aplicando.

Además, la electricidad en el AMBA tuvo una suba del 1,8%. En otras jurisdicciones, los ajustes de tarifas eléctricas quedaron bajo responsabilidad de los entes reguladores locales.

Alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba el mercado de alquileres deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación (ICL), que marca un incremento anual del 31,52% para agosto.

En los contratos que se actualizan trimestralmente por inflación y comenzaron en marzo o que en ese mes tuvieron su último ajuste, se vuelven a ajustar en agosto. Aunque todavía falta conocer el IPC de julio, se calcula que la suba estará en torno al 9%.

Colegios privados

Las entidades que nuclean a los establecimientos educativos privados con subvención estatal de la provincia de Buenos Aires aplicarán un aumento de 8,1% escalonado: 5,5% en agosto y 2,6% en septiembre y alcanza a los niveles de enseñanza Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica, Agraria, Artística y Educación Superior.

En la Ciudad de Buenos Aires todavía no se definieron los incrementos correspondientes al octavo mes.

El Consejo de Regulación de Alquileres de Nueva York votó este jueves a favor de congelar los alquileres de casi un millón de departamentos cuya renta está regulada, promesa central de la campaña del alcalde Zohran Mamdani.

El organismo de la Alcaldía suspendió con esta medida los aumentos para los contratos de alquiler de uno y dos años, una regulación que afecta al 40% de todos los departamentos de cinco distritos, detalló el diario New York Times.

“Esta es una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad de Nueva York”, declaró Mamdani tras la votación en un comunicado recogido por medios.

“Seguiré trabajando para lograr una ciudad más accesible mediante la construcción y preservación de viviendas accesibles, la reducción de los costos operativos de los edificios —como los seguros— y garantizando que los inquilinos conozcan sus derechos”, añadió en la nota.

Durante la campaña electoral, Mamdani prometió resolver la crisis de vivienda en una de las ciudades más caras del mundo y como alcalde destinó un presupuesto local de 22.000 millones de dólares en este concepto, la mayor inversión en años.

Mamdani presentó en mayo un plan para construir 200.000 nuevas viviendas asequibles en la ciudad y preservar otras 200.000 ya existentes para un plazo de 10 años.

La votación de este jueves sigue a meses de audiencias y de consultas públicas y un extenso debate previo por cómo impactará a los propietarios de las llamadas rentas estabilizadas, quienes, según un informe de la junta, han visto incrementado sus ingresos.

Se estima que unos 2,4 millones de neoyorquinos viven en viviendas con alquiler estabilizado, cuyo precio está regulado.

Con información de la agencia EFE

El Gobierno nacional reglamentó las exenciones del Impuesto a las Ganancias para las rentas derivadas de alquileres destinados a casa habitación y para determinados resultados por venta y transferencia de inmuebles, mediante el Decreto 406/2026.

La medida modifica la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias con el objetivo de brindar certeza y garantizar la aplicación efectiva de los beneficios incorporados por el Capítulo II del Título XXIV de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral.

Entre los cambios, se establece que se entenderá por “casa-habitación” al inmueble destinado a vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Asimismo, se dispone que la exención sobre las ganancias derivadas de la locación o sublocación alcanza a todas las unidades afectadas a ese destino por personas humanas o sucesiones indivisas, siempre que constituyan casa-habitación para el locatario o sublocatario.

La reglamentación también aclara que el beneficio comprende las ganancias devengadas a partir del 1 de enero de 2026, independientemente de la fecha de celebración del contrato, e incluye importes abonados por el uso de muebles, accesorios o servicios suministrados por el propietario.

Por otra parte, se incorpora una disposición para que personas humanas y sucesiones indivisas, residentes en el país o en el exterior, accedan a la exención respecto de los resultados obtenidos por la enajenación de inmuebles y la transferencia de derechos sobre inmuebles situados en la Argentina, siempre que las operaciones se concreten desde el 1 de enero de 2026 y estén comprendidas en el artículo 99 de la ley.

Además, el decreto establece que una deducción prevista en la reglamentación no resultará aplicable cuando el locador o condómino sea una persona humana o una sucesión indivisa, en la proporción que le corresponda.

La norma fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, y entra en vigencia este 1 de junio.

El comienzo de junio, como sucede en cada mes, trae aparejado la puesta en marcha de nuevos aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.

En los últimos meses, la variación de precios se fue acelerando y a pesar de la baja en abril, los incrementos en diferentes sectores continuarán presionando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres, deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación, que marca un incremento anual de 78% para junio.

De esta manera, se rompe la tendencia de la desaceleración que se venía experimentando hace varios meses. En mayo el aumento de los alquileres fue de 32,05%, en abril 31,22%, en marzo alcanzó el 33,80%, en febrero el 34,6% y en enero fue de 36,39%.

En los contratos que se actualizan trimestralmente por inflación y comenzaron en marzo o que en ese mes tuvieron su último ajuste, se vuelven a ajustar en junio. Aunque todavía falta conocer el IPC de mayo, se calcula que la suba estará en torno al 8,8%.

En tanto que aquellos que toman las últimas tres variaciones ya publicadas por el INDEC (febrero, marzo y abril), tendrán un aumento del 9,12% en el sexto mes del año.

Colectivos y subte

El boleto de los colectivos que circulan en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en junio, entre un 4,6% y 4,8%. De esta manera, el pasaje con SUBE pasa a costar entre $788,28 y $1.791,02, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

Boleto de colectivos en PBA (Líneas del 200 en adelante)

Boleto de colectivos en CABA

Además, el 15 de junio entrará en vigencia un segunda aumento en las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional, que circulan por el AMBA. Estas líneas subirán un 2%.

En tanto que el pasaje de subte en el territorio porteño también exhibirá un incremento del 4,6%. Así, la nueva tarifa del subte con SUBE registrada pasa a costar $1.558,54. Mientras que la tarifa sin nominalizar subirá a $2.477,22.

Trenes

Los trenes metropolitanos también tendrán el segundo ajuste mensual de la suba escalonada dispuesta hasta septiembre. El 15 de junio los pasajes se van a encarecer un 15% en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa.

Peajes

Las tarifas de los peajes de jurisdicción porteña también subirán un 4,6% en junio. Los nuevos valores para los vehículos livianos de 2 ejes en Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno serán de $4.518,33 en hora no pico y de $6.403,21 en hora pico; en la Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero estarán en $1.882,44 en hora no pico y $2.662,06 en hora pico; en tanto que en Alberti serán de $1.430,91 en hora no pico y de $1.807,17 en hora pico.

VTV

Las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) suben en la provincia y Ciudad de Buenos Aires. Los nuevos precios para renovar la oblea y poder circular en CABA son $75.756,89 para autos y $28.484,61 para las motos. Mientras que en PBA, los valores con IVA ascienden a $96.968 para autos y a $36.469 para motos.

Combustibles

La nafta y el gasoil subirán en el sexto mes del año, producto de la actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Al igual que viene sucediendo en las últimas semanas, el incremento será aplicado directamente sin aviso previo.

Colegios privados

Las entidades que nuclean a los establecimientos educativos privados con subvención estatal de la Provincia de Buenos Aires aplicarán un aumento de entre 4% y 5% en las cuotas de junio, mientras que los de CABA ajustarán los valores al alza en torno al 5%.

Prepagas

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes que rondará entre el 2,6% y el 2,9%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses.

Servicios públicos

Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, en base a los esquemas respectivos vigentes. De esta manera, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en junio.

En el caso del agua, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontarán un incremento del 3% en las tarifas de agua y desagües cloacales. Se mantienen el descuento del 15% para usuarios residenciales del zonal bajo y los beneficios de Tarifa Social para hogares vulnerables.

Ahora que la inflación se estabiliza alrededor del 3% mensual y daña aún más los ingresos, vuelve a cobrar sentido preguntarse quiénes ganan mientras otros pierden. Una manera de medirlo, pero no la única, radica en observar quiénes pudieron remarcar más los precios de sus bienes y servicios en estos casi dos años y medio de gobierno de Javier Milei. La que suele calcular estas variables, siempre a partir de los datos del Instituo de Estadística (Indec) es la consultora Eco Go, de Marina Dal Poggetto. Y los ganadores son -como dirían en los Oscar- los valores de la electricidad, el gas y otros combustibles, el transporte público y el alquiler. Claro que la actual crisis de los colectivos demuestra que, por más que aumente el boleto, no siempre se cubren los costos en ascenso.

El rubro electricidad, gas y otros combustibles aumentó desde diciembre de 2023 hasta febrero pasado -el dato de marzo se conocerá el martes- un 110% en términos reales (es decir, limpiando el efecto de la inflación). Los tarifazos después de un gobierno anterior que retrasó las tarifas explican el incremento, para felicidad de las empresas proveedoras, desde las generadoras eléctricas y las petroleras hasta las transportistas y distribuidoras de luz y gas.

Celebran las YPF, Pan American Energy (PAE, que controlan la británica BP y los Bulgheroni), Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), Edenor (de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti), Tecpetrol (del grupo Techint, de Paolo Rocca), Transportadora Gas del Sur (TGS, de Pampa y los Sielecki), la estatal eléctrica cordobesa EPEC, Edesur (de la italiana ENEL) y Central Puerto (el grupo generador de Guillermo Reca, Carlos Miguens Bemberg y Eduardo Escasany), entre otros.

En cambio, los que más perdieron subsidios han sido las clases media y baja, ya que la alta en general ya se había quedado sin subvenciones, más allá de algunos casos polémicos que dejo sin resolver la gestión anterior y debió solucionar la actual.

El transporte público, que incluye colectivos, trenes -aún en manos estatales- y subte -concesionado a Emova, del grupo Roggio-, se encareció 76% en los primeros dos años y tres meses de administración libertaria. Entre las principales empresas de un negocio atomizado como el de ómnibus figuran La Nueva Metropol, Sargento Cabral, DOTA, ERSA, Moqsa, Grupo Autobuses Buenos Aires, Nudo, Unión Platense, Rosario Bus y La Perlita, entre entras. En este caso los tarifazos surtieron efecto, para desgracia de los usuarios, que en general se sitúan de la mitad para abajo de la pirámide social.

Un 67% subieron los alquileres, un sector que se desreguló el primer mes de gobierno de Milei y que fue exhibido por su elenco de gestión, incluido el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como ejemplo. Quitar toda norma para regular la relación entre propietarios e inquilinos terminó inclinando la balanza hacia los primeros, según queda demostrado en el alza del valor. La anterior ley había resultado perjudicial en parte porque, al permitir sólo un aumento por año en un país con 12% de inflación mensual, muchos propietarios retiraron sus inmuebles del mercado. La desregulación los impulsó a volver a ofrecerlos, pero la mayor oferta no se tradujo en menores precios, como supone la teoría capitalista. Sucedió todo lo contrario, dado el poder que tienen los dueños para fijar no sólo los precios sino también los plazos y los mecanismos de actualización.

La asignación universal por hijo (AUH) aumentó 88% real, aunque en paralelo se eliminaron o licuaron otras ayudas sociales. La tarifa de agua subió 47% -el Gobierno planea privatizar AySA-; los servicios en general, 33%; las prepagas, 28% -para felicidad de OSDE, Swiss Medical, Galeno y otras compañías de menor tamaño, como Hominis, donde antes se desempeñaba el ministro de Salud, Mario Lugones-; los servicios de telefonía e Internet, 27% -nada mal a pesar de la pelea por la que el Gobierno analiza obligar a Telecom, propiedad de Héctor Magnetto, los Noble Herrera y demás dueños del Grupo Clarín, a desinvertir en parte de lo que le ha comprado a Telefónica-; los combustibles, el 20% -bien por YPF, Axion, de PAE, y Raízen, de Shell; la educación, el 16%; los aceites, grasas y mantecas, 15%; los restaurantes, 10% y las carnes, otro 10% -no por nada la bobina está en el menor nivel de consumo en dos décadas-.

Por el contrario, se abarataron un 9% los salarios registrados privados; las bebidas el 10%, es uno de los rubros en los que la población recorta con más rapidez; los medicamentos, el 10%; los autos, el 10% -es uno de los ítems en los que impacta la apertura importadora tras años de extrema cerrazón-; los servicios recreativos, el 10%; los bienes en general, el 11%; la mano de obra de la construcción, el 13%; lo mismo que el pan y los cereales; el tabaco, el 15%; la jubilación mínima con bono, el 15% -los de de haberes medios y altos, que no cobraban este extra están empatados con la inflación-; los salarios estatales, el 22%; las frutas y verduras, el 24%; el azúcar y las golosinas, el 26%; los materiales de la construcción, el 29%; la ropa, el 35%; el dólar oficial, el 41%; el paralelo (Eco Go mide el contado con liqui, que es legal, no el blue), el 58% y los electrodomésticos, el 52%.

“Argentina atravesó una reconfiguración en sus precios relativos: mientras que los servicios lideraron las subas, los bienes durables fueron los que se abarataron en términos reales”, analiza Fiorella Scalise, economista de Eco Go. “Los rubros que más aumentaron son los servicios públicos y esto se explica básicamente porque el Gobierno redujo los subsidios y eso se trasladó directamente al usuario.”

En la otra punta, la ropa ahora cuesta un tercio que antes y los electrodomésticos, la mitad. “En parte se explica por la apertura de las importaciones, que generó una competencia que antes no había y obligó a las marcas locales a bajar sus precios para poder vender. Y además hay una caída del consumo que obligó a los comercios a absorber costos para no perder clientes”, cuenta Scalise.

AR/MC

Un informe elaborado por el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires reveló que los alquileres registraron aumentos muy por encima de la inflación desde diciembre de 2023, profundizando el impacto sobre el costo de vida.

De acuerdo con el estudio, basado en datos del Indec, la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 fue cercana al 209% en el Gran Buenos Aires. Sin embargo, el comportamiento de los distintos rubros fue marcadamente desigual, con fuertes incrementos en aquellos vinculados a la vivienda.

En ese sentido, el rubro “Vivienda, servicios vinculados y otros combustibles” encabezó las subas, con un incremento cercano al 400%, es decir, casi el doble del nivel general. Dentro de este segmento, los alquileres se destacaron con una suba acumulada del 423%, lo que implica más del doble de la inflación registrada en el período.

El informe advierte que este desfasaje refleja una presión creciente sobre los hogares, especialmente en un contexto donde otros servicios esenciales también mostraron aumentos significativos. Entre ellos, el gas natural acumuló una suba del 766%, la energía eléctrica un 370% y el agua un 366%, consolidando un escenario de fuerte encarecimiento del acceso a la vivienda.

Detrás de este rubro, otros sectores también superaron la inflación general, como Comunicaciones (321%), Educación (279%) y Transporte (255%), aunque sin alcanzar la magnitud de los incrementos observados en vivienda.

En contraste, algunos rubros clave para el consumo cotidiano quedaron por debajo del promedio general. Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un alza del 182%, mientras que prendas de vestir y calzado (106%) y equipamiento del hogar (128%) mostraron variaciones más moderadas.

El trabajo también señala que, incluso dentro de los alimentos, hubo fuertes disparidades, con productos que superaron ampliamente la media, como el polvo para flan, el limón o el café molido, frente a otros que prácticamente no variaron.

No obstante, el dato más relevante del informe pasa por la dinámica del mercado de alquileres, que evidencia un crecimiento muy por encima del resto de los precios de la economía. Según el Centro RA, esta tendencia consolida a la vivienda como uno de los principales focos de presión inflacionaria y uno de los factores que más deterioran el poder adquisitivo de los ingresos en la Argentina reciente.

En diciembre de 2023, a pocos días de haber iniciado su mandato presidencial, Javier Milei dio un mensaje por cadena nacional anunciando su megadecreto desregulador, ideado por Federico Sturzenegger, que entonces no tenía ningún cargo formal en el Poder Ejecutivo, aunque en esa transmisión apareció junto al resto de los funcionarios de la primera línea del Gobierno. El mandatario anunció entonces, entre otras novedades, la derogación de la ley de Alquileres, con el argumento de que a los precios los regula el mercado, que esa norma los regulaba al determinar que se guiarían por un índice compuesto por inflación y salarios, el ICL (Índice de Contratos de Locación), que publicaba el Banco Central, y que con esa derogación se repondría la oferta retirada de alquileres por el miedo de los dueños a poner en alquiler su vivienda. Pues no. El costo de la vivienda fue el que más se disparó desde que empezó el gobierno de La Libertad Avanza e inclusive duplicó a la inflación general.

Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que la inflación acumulada del período, cercana al 209%. El aumento arrastró también a los servicios básicos: el gas natural subió 766%, la electricidad 370% y el agua 366%.

El estudio analizó la evolución de distintos rubros de consumo durante los primeros 26 meses del gobierno de Milei. Según los datos elaborados a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec para la región del Gran Buenos Aires, la inflación acumulada en ese período fue de alrededor de 209%, una cifra que, sin embargo, esconde diferencias significativas entre los distintos componentes del gasto de los hogares.

La vivienda encabezó esas divergencias. Dentro de ese rubro —que incluye alquileres, expensas, electricidad, gas, agua y otros combustibles— el aumento acumulado fue de casi 400%, es decir, 191 puntos porcentuales por encima del nivel general de inflación.

El informe destacó que el mayor salto se registró en el gas natural, cuyo precio acumuló un incremento de 766% desde diciembre de 2023. Le siguieron los alquileres, con 423%, la energía eléctrica con 370% y el agua con 366%.

Para los hogares trabajadores, estos gastos son estructurales del presupuesto familiar. Pagar el alquiler, sostener los servicios básicos o mantener el acceso a la energía forman parte de consumos que difícilmente pueden reducirse, incluso cuando el ingreso pierde poder adquisitivo.

Ese impacto ya se había observado en los datos recientes del IPC. En febrero de 2026, la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba mensual de 6,8%, la mayor variación entre todos los rubros del índice de precios.

El encarecimiento de los alquileres fue uno de los componentes centrales de esa presión sobre los ingresos. Según las variaciones regionales publicadas por el Indec, los alquileres registraron aumentos interanuales que superaron el 100% en algunas regiones del país, lo que reforzó el peso del gasto habitacional en el presupuesto de los hogares asalariados.

El resultado es un doble efecto sobre el ingreso real. Por un lado, los salarios pierden frente al aumento general de los precios; por otro, los gastos fijos esenciales crecen incluso más rápido que la inflación promedio.

Rubros que crecieron más que la inflación

El informe del Centro RA también mostró que la vivienda no fue el único rubro que superó ampliamente el promedio inflacionario.

Después del costo habitacional, el segundo mayor aumento acumulado se registró en comunicaciones, con una suba de 321%. Le siguieron educación, con 279%, y transporte, con 255%.

El gráfico incluido en el estudio —publicado en la página 2 del informe— muestra que varios rubros crecieron muy por encima del nivel general del IPC. En contraste, otros sectores de consumo registraron incrementos bastante menores.

Entre ellos aparece alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba acumulada de 182%, es decir, por debajo del promedio inflacionario. También quedaron por debajo equipamiento y mantenimiento del hogar, con 128%, y prendas de vestir y calzado, con 106%.

Esta heterogeneidad en los precios significa que el impacto real de la inflación depende de qué bienes consume cada hogar. Para las familias trabajadoras, los gastos vinculados con vivienda, servicios y transporte suelen ocupar una proporción elevada del ingreso, por lo que las subas en esos rubros tienen un efecto directo sobre su capacidad de compra.

La lechuga y el azúcar

El estudio también analizó la evolución de precios de productos específicos, principalmente dentro de los rubros alimentos y bebidas y bienes y servicios varios.

El producto que más aumentó fue el polvo para flan, con una suba acumulada de 424,7%. Detrás se ubicaron el limón (342%), el café molido (308,2%) y la lechuga (292,9%).

Entre los diez productos con mayores incrementos también aparecieron la sal fina (256,2%), la manzana (247,9%), el agua sin gas (246,7%), el champú (244,2%), el filet de merluza fresco (234%) y el queso sardo (233,6%).

En el otro extremo, algunos alimentos mostraron aumentos considerablemente menores. La yerba acumuló 80,7%, la banana 76,9%, los fideos para guiso 58,7% y el arroz 11,7%. El caso más llamativo fue el del azúcar, cuyo precio prácticamente no varió durante el período analizado, con un incremento de apenas 0,5%.

Incluso dentro de un mismo grupo de alimentos hubo diferencias significativas. En el caso de la carne vacuna, por ejemplo, la paleta aumentó 230,7%, el cuadril 228% y la nalga 225,7%.

El informe señaló además que 32 de los 59 productos relevados registraron aumentos superiores al promedio del rubro alimentos y bebidas, que se ubicó en torno al 181%.

Los investigadores del Centro RA señalaron que la inflación promedio puede ocultar diferencias profundas en la evolución del costo de vida, especialmente cuando algunos rubros esenciales crecen muy por encima del resto.

A los trabajadores el salario les alcanza cada vez menos para cubrir gastos básicos, porque no solamente los ingresos están pisados sino que sólo los dos primeros meses de 2026 la inflación ya dio casi 6% y se espera otra cifra cercana al 3% para marzo.

“Entre muchas reformas, el decreto incluye: 1. Derogación de la ley de alquileres, para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea”, prometió Milei. A lo mejor deje de ser una odisea en 20 años, cuando según otra profecía del presidente libertario, la Argentina logre el nivel de desarrollo y el PBI per cápita de Alemania.

JJD

El cuarto mes del año comienza con una marcada aceleración en los precios de los servicios públicos y privados, consolidando una presión directa sobre el poder adquisitivo de los hogares argentinos. 

A partir del 1 de abril, entran en vigencia los nuevos esquemas tarifarios para el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la medicina prepaga, los alquileres y los servicios de electricidad y agua potable. 

Esta dinámica responde a la aplicación de fórmulas de indexación mensual y a la continuidad del proceso de reducción de subsidios estatales en un contexto donde, según proyecciones privadas, la inflación de marzo “podría situarse en torno al 3 por ciento”.

Qué pasa con el transporte

En el rubro del transporte, el cuadro tarifario de colectivos en el AMBA presenta cambios significativos. Para los usuarios con tarjeta SUBE registrada en la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo para el tramo de 0 a 3 kilómetros pasará a costar $873,37, lo que representa un ajuste del 4,90%. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pasaje mínimo para usuarios nominados se fija en $715,26. No obstante, la brecha tarifaria se profundiza para quienes no tengan su tarjeta registrada, ya que en territorio bonaerense el valor base saltará a $1.388,66, pudiendo llegar hasta los $1.903,85 en los recorridos más largos.

Aumentos en la luz y el agua

Por su parte, las facturas de energía eléctrica y agua también reflejan actualizaciones. Las distribuidoras Edenor y Edesur aplican nuevos valores en cargos fijos y variables; en el área de Edesur, un usuario residencial de altos ingresos enfrentará un cargo fijo de $1.393,73 para consumos básicos. 

En paralelo, la tarifa de agua aumentará un 4%, según la Resolución ERAS N.º 53/25 publicada en el Boletín Oficial.

Se mantiene el descuento del 15% para zonales bajos, que alcanza al 48% de los usuarios residenciales, indicaron fuentes del AySA.

Las prepagas

El sector de la salud privada implementa su cuarto ajuste anual con un incremento del 2,9% en las cuotas, vinculado a la medición inflacionaria de febrero. De acuerdo con fuentes oficiales, empresas como OSDE, Galeno, Swiss Medical y Omint aplicarán dicha suba, mientras que el Hospital Italiano ajustará un 2,7%. 

Los alquileres

En el mercado inmobiliario, quienes mantienen contratos bajo la Ley 27.551 y deban cumplir con la actualización anual sufrirán un incremento del 33,3 por ciento por la aplicación del Índice de Contratos de Locación (ICL).

Combustibles

Finalmente, el panorama se completa con la incertidumbre en los combustibles, donde la nafta súper en CABA ya “superó por primera vez los $2.000 por litro” en surtidores seleccionados, quedando su evolución supeditada al precio internacional del crudo.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El costo de la vivienda volvió a golpear el ingreso de los trabajadores en febrero. La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un aumento mensual de 6,8%, el mayor de todo el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Indec. La suba estuvo impulsada principalmente por los incrementos en gas, electricidad y agua, junto con cambios en los esquemas de subsidios aplicados en distintas provincias.

El dato se inscribe en un escenario de inflación que continúa deteriorando el salario real. El índice general del IPC subió 2,9% en febrero, mientras que la variación acumulada en lo que va del año llegó a 5,9%, según el organismo estadístico.

Aunque el presidente Javier Milei suele destacar la desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros de su programa económico, el primer bimestre de 2026 cerró con un aumento cercano al 6% en los precios, un nivel que sigue impactando con fuerza sobre los ingresos laborales.

El golpe más fuerte aparece en los gastos estructurales del hogar. Dentro de la división vivienda, el informe muestra que los alquileres registraron aumentos interanuales que superan el 100% en algunas regiones del país. La categoría alquiler de la vivienda alcanzó subas de hasta 101,7% interanual, según las variaciones regionales publicadas por el Indec.

Este encarecimiento de los alquileres se combina con el incremento de las tarifas de servicios públicos, que fueron uno de los motores del aumento mensual de la división vivienda. El resultado es un doble impacto sobre el presupuesto de los hogares asalariados: pagar el techo y sostener los servicios básicos demanda una proporción creciente del salario.

El peso de estos gastos fijos vuelve más visible la tensión entre precios e ingresos. La inflación no afecta de la misma manera a todos los rubros del consumo: los aumentos en alimentos, tarifas y alquileres tienen una incidencia mucho mayor en los hogares trabajadores que otros bienes o servicios menos frecuentes.

De hecho, los alimentos y bebidas no alcohólicas también registraron una suba de 3,3% en febrero, la segunda mayor variación entre las divisiones del IPC y la que tuvo mayor incidencia en la inflación mensual en la mayoría de las regiones del país.

El informe del Indec señala que esa incidencia se explicó principalmente por el aumento en carnes y derivados, un componente central de la canasta alimentaria.

El cuadro general muestra que los precios regulados volvieron a crecer por encima del promedio. Dentro de las categorías del índice, los bienes y servicios regulados —donde se incluyen tarifas de servicios públicos— registraron un incremento mensual de 4,3%, por encima de la inflación núcleo.

Este tipo de aumentos tiene un efecto directo sobre los trabajadores porque se trata de gastos difíciles de reducir o postergar: electricidad, gas, transporte o alquiler forman parte de los costos básicos para sostener la vida cotidiana.

Mientras el Gobierno insiste en que la inflación muestra señales de desaceleración respecto de los niveles registrados en años anteriores, los incrementos en vivienda, alimentos y servicios esenciales continúan erosionando el poder de compra de los salarios.

Para los hogares asalariados, el problema no es solo el nivel general de la inflación, sino qué precios suben y en qué proporción lo hacen. Cuando el encarecimiento se concentra en los gastos indispensables —comida, techo y servicios—, el impacto sobre el ingreso real se vuelve inmediato.

En ese contexto, el IPC de febrero dejó un dato claro: la vivienda encabezó los aumentos del mes con 6,8% y los alquileres ya muestran subas interanuales superiores al 100% en algunas regiones del país.

JJD

El bolsillo de los trabajadores enfrentará una nueva y severa presión a partir de la próxima semana, cuando entre en vigencia un esquema de incrementos escalonados que afectará desde el transporte público hasta la medicina privada.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que las tarifas de colectivos y subtes tendrán una actualización inmediata del 4,8%, inaugurando un mecanismo de ajuste mensual que se calculará mediante el IPC del Indec más un 2% adicional. “La actualización de la tarifa busca garantizar la sostenibilidad del servicio”, explicaron desde el Ejecutivo porteño, argumentando que los costos operativos registraron un salto del 84,85% en el último período analizado.

Bajo este nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo de colectivo para las 31 líneas que circulan exclusivamente por la Capital Federal pasará a costar $650,11 para usuarios con tarjeta SUBE registrada, mientras que el pasaje de subte escalará hasta los $1.320.

El impacto se extenderá también a los servicios básicos de red; los usuarios de AySA en el Área Metropolitana de Buenos Aires recibirán facturas con un incremento del 4%, llevando la boleta promedio a los $26.899. Según las proyecciones para el segundo mes del año, un hogar de nivel zonal alto deberá disponer de al menos $31.709 para cubrir la tasa de agua y cloacas.

En el sector de la vivienda, los inquilinos que aún mantienen contratos bajo la ya derogada Ley de Alquileres sufrirán una suba del 34,6% por el Índice de Contratos de Locación (ICL), una cifra que, aunque elevada, muestra una desaceleración respecto al 50,3% registrado en septiembre. A este combo se suma el rubro de la salud: las empresas de medicina prepaga ya notificaron a sus afiliados que las cuotas subirán en promedio un 2,8%.

Con este escenario de “tarifazo” generalizado, febrero se perfila como un mes crítico para la economía doméstica, donde el ajuste constante de los costos fijos vuelve a poner a prueba la capacidad de consumo de los hogares argentinos.

Con información de agencias.

IG

Desde este jueves 1° de febrero, los trabajadores de la Argentina deberán afrontar nuevos aumentos en servicios esenciales. Transporte público, medicina prepaga, telecomunicaciones, alquileres y patentes se encarecen con porcentajes que, aunque moderados en algunos casos, confirman una tendencia persistente: los ingresos formales siguen por debajo de los precios. La inflación estimada para enero oscila entre 2,3% y 2,6%, según relevamientos privados, lo que implica una desaceleración respecto al 2,8% de diciembre. Sin embargo, para quienes trabajan y viven de su salario, el alivio sigue sin sentirse.

En el transporte público, uno de los gastos ineludibles para millones de personas, los boletos subirán tanto en Ciudad como en provincia de Buenos Aires. En CABA, el pasaje mínimo de colectivo (tramo de hasta 3 kilómetros) pasará de $619,37 a $637,58, lo que representa un aumento del 2,8%. En PBA, el mismo tramo costará $721,08, con un incremento del 4,5%.

Para los tramos más largos, el impacto será mayor. En la provincia, un viaje de más de 27 kilómetros costará desde febrero $988,63. También subirá el subte: con SUBE registrada, el valor del pasaje será de $1.336, frente a los $1.259 actuales. El premetro, por su parte, costará $467,60.

A esto se suma una novedad que genera incertidumbre: los aumentos no aplican a los colectivos interjurisdiccionales, es decir, a las líneas que cruzan los límites entre CABA y PBA. La falta de actualización de tarifas en ese segmento, donde operan conflictos históricos por los subsidios cruzados, complica aún más la situación de quienes deben trasladarse por motivos laborales entre ambas jurisdicciones.

En el sistema de salud, las empresas de medicina prepaga anunciaron que las cuotas subirán en febrero un 2,8%, al igual que los copagos. Se trata del segundo aumento en dos meses consecutivos, lo que lleva a muchos trabajadores a replantearse la posibilidad de sostener una cobertura privada. El ajuste también alcanza a los servicios de telecomunicaciones, que aplicarán subas en torno al mismo porcentaje, aunque con variaciones según la compañía.

En paralelo, el nuevo régimen de subsidios a la luz y el gas ya está en vigencia. Se trata del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza a la segmentación anterior por niveles socioeconómicos. Con este esquema, solo se contemplan dos categorías: hogares que mantienen el subsidio y hogares que lo pierden. Para conservarlo, los ingresos familiares no deben superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) del Indec para un hogar tipo 2. Existen excepciones, como la presencia de personas con discapacidad, pensiones vitalicias por guerra o certificados de vivienda del Renabap.

El trámite es 100% online, y quienes ya estaban inscriptos en el sistema anterior deben actualizar sus datos si hubo cambios en el hogar, ingresos o titularidad. Además, los beneficiarios del Programa Hogar tienen un plazo de seis meses para migrar al nuevo régimen, si desean mantener la asistencia estatal.

Otro de los rubros más sensibles que se encarece en febrero son los alquileres. Aunque ya fue derogada la Ley de Alquileres, muchos contratos aún vigentes se rigen por su fórmula de actualización. En esos casos, el índice aplicable este mes establece un aumento del 34,6%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Pero la mayor polémica del mes está en las boletas de patentes automotor en la Ciudad de Buenos Aires. Miles de propietarios recibieron notificaciones con aumentos de más del 100% respecto a lo que pagaron en 2025. El Gobierno porteño lo justificó por el cambio en el método de valuación: en lugar de usar la tabla de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), se adoptaron los valores del mercado real provistos por ACARA, la cámara de concesionarios.

De acuerdo con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), no se modificó la alícuota del impuesto. Sin embargo, un 16% de los vehículos del padrón registró aumentos por la revaluación, mientras que otro 16% pagará menos. El 68% restante mantendrá los valores de 2025.

Ante el malestar generalizado, el Gobierno de la Ciudad anunció un proyecto de ley para limitar los aumentos futuros al tope de la inflación. El objetivo, según el comunicado oficial, es que “ninguna patente se actualice por encima de la inflación” en 2026. Mientras los ingresos siguen rezagados —el salario formal promedio subió 25,6% entre enero y noviembre de 2025, frente a una inflación del 27,9% para el mismo período—.

JJD

Sin llegar al 12% mensual heredado del gobierno anterior, el de Javier Milei encuentra cada vez más difícil llegar a la inflación cero que se propone. Desde junio pasado en adelante, el índice de precios al consumidor (IPC) se incrementa mes a mes: del 1,5% de piso de mayo al 1,6% al mes siguiente, al 1,9% en julio y agosto, al 2,1% en septiembre, al 2,3% en octubre y este jueves se conoció el 2,5% de noviembre. Y eso que este último ya no estuvo bajo la influencia de la incertidumbre electoral que presionaba al alza del dólar.

El IPC acumula en el año una variación de 27,9% y en la comparación interanual, 31,4%. Ya la Argentina no está en el podio mundial de la inflación, pero sigue estando quinta, detrás de Venezuela, Sudán del Sur, Irán y Haití.

El rubro de mayor aumento en noviembre último fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de transporte (3,0%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). Los que registraron las menores variaciones en noviembre fueron equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y ropa y calzado (0,5%).

En el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron por encima del IPC la carne (6,6%), aceites, grasas y manteca (3,3%), frutas (8,7%), aguas, gaseosas y jugos (5,1%), el alquiler (2,9%, con lo que se sigue derribando el mito de que la desregulación baja el valor), electricidad y gas (4,2%, por otro tarifazo, previo al que se viene en enero próximo), medicamentos (2,8%), autos (3,9%), combustible (3,5%, que las petroleras remarcan en silencio y sin cesar, ya sin informar a la prensa), telefonía e internet (2,9%), recreación y cultura (2,7%), educación (3,1%), restaurantes (2,8%) y ciudado personal (2,8%).

Sólo bajaron los precios de los lácteos, la ropa -por el impacto de la importación masiva por los portales Shein y Temu, entre otros orígenes- y las verduras, sobre todo por el abaratamiento del tomate y las arvejas. También hubo rebajas en arroz, pollo y huevo.

“El aumento del IPC del 2,5% en noviembre termina de dibujar un U observando los últimos 12 meses”, advirtió el economista Roberto Cachanosky por la red social X. “A partir de junio vemos un aumento sistemático del IPC. Un 2,5% de aumento equivale a un 34,5% anual. Pasados dos años de gobierno, no se puede decir que hubo un triunfo en la lucha contra la inflación con una inflación acumulada en los últimos 12 meses del 31,4%”, agregó el excandidato a diputado. Lejos quedó aquella frase del jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Saluden a la inflación que se va”.

Y no sólo eso. También vuelve a complicarse la pobreza. En noviembre subió 4,1% el costo de la canasta básica alimentaria y 3,6% el de la canasta básica total, que incluye también los remedios, el celular, la ropa, la educación y los gastos de la vivienda. En la medida en que se encarecen ambas canastas, se corre el riesgo de que el descenso logrado por el gobierno de Milei en los indicadores de indigentes y pobres se revierta al menos en parte. Y puede complicarse más si, como prevé el presupuesto 2026, la asignación universal por hijo deja de aumentarse al mismo ritmo que hasta ahora.

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Con diciembre vuelven los aumentos. El último mes del año replica la lógica de todo el 2025: subas sistemáticas que erosionan el poder adquisitivo de los trabajadores. Esta vez, el combo incluye transporte, servicios públicos y prepagas. Y lo más fuerte no es lo que sube ahora, sino lo que se viene en enero, con la quita total de subsidios a los hogares de ingresos medios y altos.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el colectivo urbano de Ciudad de Buenos Aires sube un 4,4% y el de provincia, un 14,8%, lo que lleva el pasaje mínimo a $594 en promedio en CABA y $598 en el conurbano. El subte también se ajusta: alcanza los $1.207 por viaje, como parte del mecanismo de revisión tarifaria vigente.

Las cuotas de medicina prepaga aumentan entre 2,1% y 2,5%, según la empresa y el plan. Galeno, Swiss Medical, Avalian, Hospital Alemán, Sociedad Italiana y Sancor aplican ajustes del 2,3%. Un plan individual que costaba $65.000 en noviembre pasa a $66.300, mientras que uno familiar que rondaba los $150.000 se ubica en torno a los $153.300.

En cuanto a los servicios públicos, aunque no se anunciaron nuevas subas en las tarifas base, las boletas de diciembre reflejan aumentos previos. El componente de distribución —que remunera a las empresas— subió en noviembre y se traslada a las facturas del mes siguiente: Edesur aumentó 3,53%, Edenor 3,6% y Metrogas 3,8%.

Pero el cambio estructural llegará en enero, con la implementación del nuevo esquema de subsidios energéticos. El Gobierno eliminó la segmentación por niveles y redujo el universo de beneficiarios. Solo podrán acceder los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, es decir, $3.641.397 mensuales, y que no posean embarcaciones ni propiedades adicionales.

Quienes queden fuera pagarán el costo pleno de la energía. En luz, se quitará el subsidio del 50% sobre los primeros 300 kWh mensuales en verano e invierno; en gas, se eliminará el descuento del 50% vigente entre abril y septiembre. En las boletas de febrero, ya sin asistencia estatal, el impacto será mucho mayor para millones de usuarios.

Mientras tanto, el ajuste de diciembre se suma al deterioro acumulado. En alquileres, los contratos que se actualizan cada tres meses suben 6,43%, los cuatrimestrales 8,46% y los semestrales 14,1%. Los que se renuevan de forma anual tendrán un aumento del 39,2%.

Con una inflación que, aunque desciende desde que Javier Milei llegó al poder, hace dos años, aún persiste y no perfora el piso del 1,5% mensual, la caída del salario real sigue siendo el telón de fondo. Las subas en salud, transporte y servicios impactan especialmente en los hogares trabajadores, que destinan una porción creciente de sus ingresos a sostener el acceso a bienes esenciales. El 2026 no empezará con alivio, sino con tarifazos.

JJD

El índice de precios al consumidor (IPC) subió 2,3% en octubre ante la suba del dólar previo a las elecciones legislativas del día 26. De este modo, acumula un 24,8% en lo que va del año y un 31,3% en los últimos 12 meses.

El dato muestra que al gobierno de Javier Milei le está costando bajar la inflación del 2% mensual, un nivel similar a los de la era kirchnerista de 2007 a 2013, cuando el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, manipulaba los índices e intentaba reducir los precios a base de amenazas con la pistola en el escritorio. Ahora, el líder libertario y su ministro de Economía, Luis Caputo, procuran reducir el IPC planchando el dólar, el gasto público, la emisión monetario, los salarios, la actividad económica y el consumo, pero el temor a una devaluación poselectoral impulsó un alza del tipo de cambio previo a los comicios.

Después de la sorpresiva victoria de La Libertad Avanza (LLA) el 26 de octubre, las tensiones cambiarias se disiparon. Ahora el jefe de Estado aspira a regresar a la senda de desinflación hasta llegar al 0% en agosto próximo. Sólo aparecen como piedras en el camino algunos aumentos de tarifas de servicios públicos postergados y sobre todo eventuales presiones devaluatorias. Ahora el dólar aparece calmado por la ayuda de EE.UU. y por la perspectiva de que la Argentina y su sector privado tomen créditos internacionales y traigan inversiones, pero si el comercio exterior de bienes y servicios ahonda el déficit, puede que vuelvan las presiones alcistas.

Los sectores que más se encarecieron en octubre fueron transporte (3,5%), vivienda, agua, electricidad y gas (2,8%), bienes y servicios varios como cuidado personal (2,4%), bebidas alcohólicas y tabaco (2,4%) y ropa y calzado (2,4%), pese a que hace unos meses los libertarios festejaban la deflación de este sector com fruto de la apertura de las importaciones online de Shein y Temu. Los aumentos del transporte obedecen sobre todo al encarecimiento de los autos, seguidos por los combustibles y los medios públicos. En el caso del rubro vivienda, agua, electricidad y gas, lo que más pesó fue otra vez el alquiler, y no las tarifas, que el gobierno de LLA fue retrasando para evitar un impacto en las elecciones.

Lo que menos se encareció fue la recreación y la cultura (1,6%), el equipamiento y el mantenimiento del hogar (1,6%) y la educación (1,7%). También se abarataron algunos alimentos: 2,5% el arroz, 1,1% el pollo y el salchichón, 0,2% el queso sardo, el 1,4% la manteca, el 9,4% el redondo, el 0,6% la sal y el 0,8% el vino. Algunas buenas noticias, aunque en varios casos esconden una mala: que cae el consumo y por eso deben rebajar precios.

Otras comidas aumentaron de valor: el limón, 60%; la manzana, el 11%; la banana, el 13% y la cebolla, el 22%. En el área metropolitana de Buenos Aires, las frutas subieron 11%; las aguas minerales, gaseosas y juegos y los combustibles, 3,2%; los autos, 4,9%; el tabaco, la vestimenta y el alquiler, el 3,4%, Pese a la desregulación, y justamente por acción de ella, los inquilinos cada vez pagan más.

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este miércoles la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto: 1,9% mensual, con lo que acumula un 33,6% en 12 meses y un 19,5% en lo que va del año. Consultoras y entidades financieras de la Argentina que participaron del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA) preveían una inflación mensual de 2,1% para agosto, con un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto de la estimación anterior, por el impacto parcial de la suba del dólar.

Pero el enfriamiento de la actividad económica, a fuerza de elevar las tasas de interés, impidió un salto mayor. Para los meses siguientes, los analistas estiman que volverá a la senda descendente, que llegaría a 1,5% en febrero 2026. A su vez, las proyecciones de diversas consultoras privadas indican que la inflación de agosto estaría entre el 1,6% y el 1,8%, por lo que estimanque podría haber un freno respecto de julio, cuando el INDEC informó un alza del 1,9%.

La división de mayor aumento en el mes fue transporte (3,6%) por la suba en los precios de los autos y los combustibles por efecto de la devaluación del peso, seguida de bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), por incrementos en los cigarrillos. Restaurantes y hoteles se encarecieron 3,4%.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto de 2025 fueron recreación y cultura (0,5%) y prendas de vestir y calzado (-0,3%). En este caso, se nota el impacto de la importación, incluida la que llega por comercio electrónico de portales chinos como Shein y Temu, en el abaratamiento de la ropa.

La baja de precios también se registró en algunos alimentos y bebidas: el pollo, el 1,6%; las galletitas de agua, el 1,4%; el huevo, el 1,5%; la papa, el 1,7%; la lechuga, el 20%; la arveja, el 0,9%; el azúcar, el 0,9%; el agua sin gas, el 1,6%; la cerveza en botella, el 0,1%. El champú, el 1,1%. Son todos datos que más que para festejar reflejan la recesión del consumo masivo, que se hunde año tras año.

“De nuevo la inflación debajo del 2%. Grande @LuisCaputoAR...!!! VLLC! PD: y eso que fue en el contexto de un mes de muchísima volatilidad en la demanda de dinero”, escribió el presidente Javier Milei en la red social X, felicitando a su ministro de Economía. Así cumple con su promesa electoral de 2023 de bajar la inflación, que era del 160% anual cuando recibió el poder.

El problema es que ni Milei hizo campaña en las recientes elecciones legislativas bonaerenses destacando su logro de reducir el IPC. Su lema fue “kirchnerismo nunca más”. Sucede que ha logrado doblegar la inflación a fuerza de planchar el salario, el consumo masivo, la actividad económica, el empleo y, en los últimos meses, también el crédito, con tal de mantener a raya al dólar. Por eso, para la mayoría de la población la caída del IPC no se ha traducido en una mejor calidad de vida.

Tras la fuerte derrota de La Libertad Avanza el pasado domingo, el dólar ha subido de vuelta. Puede que parte del alza no se traslade a los precios. Pero si así lo logra el Gobierno será a costa de seguir enfriando la economía, el poder de compra y el trabajo.

AR