La vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza, en ejercicio del Poder Ejecutivo provincial, vetó parcialmente la ley orgánica del Registro Civil que había sido aprobada por la Legislatura el pasado 8 de julio. El veto alcanzó específicamente a los artículos que creaban un Registro de Defunciones Fetales.

Según se detalla en el decreto, la decisión se tomó tras recibir observaciones técnicas y legales de la Secretaría de Justicia y Derecho Ciudadano, la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad, la Subsecretaría de Género y Diversidad Zona Sur y la Coordinación de Capacitaciones Ley Micaela, Masculinidades y Crecer en Derechos, todas dependientes del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia.

Las áreas consultadas consideraron que los artículos 108 a 113, que proponían la creación del registro, resultaban “manifiestamente violatorios del marco jurídico vigente”. Entre los fundamentos, se indicó que la propuesta “soslaya la regulación de fondo sobre la existencia de la Persona humana la cual se encuentra supeditada al nacimiento con vida”, tal como establece la Ley Nacional N° 26.413.

El decreto advierte que registrar la defunción de quien no tuvo existencia legal según la normativa vigente implicaría una “palmaria contradicción”. También se cuestionó la posibilidad de inscribir vínculos filiales derivados de la pérdida gestacional o perinatal, al no poder reputarse válidamente como padres o progenitores.

Asimismo, el Ejecutivo provincial señaló que la medida colisionaba con el principio de autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, ya que habilitaba la inscripción de terceros ascendientes sin garantizar los derechos de participación y decisión de adolescentes gestantes, “vulnerando su dignidad y autodeterminación”.

Otro de los puntos observados fue la falta de claridad respecto a los desacuerdos entre progenitores ante la inscripción facultativa, lo que “vería condicionada la situación de la gestante que decidiera acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en oposición al progenitor que pretenda realizar la inscripción, produciendo una forma de violencia contra esta última, además de suscitar inseguridad jurídica y posibles conflictos familiares”.

El texto también remarca la contradicción con la Ley Nacional N° 27.610, al crear una “abierta tensión con los derechos reconocidos a las gestantes para decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, con el fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible”.

Finalmente, el decreto destaca la necesidad de analizar cualquier iniciativa legislativa con perspectiva de género, “evitando reeditar pretéritos paradigmas que posicionen a las mujeres como sujetos tutelados, invisibilizando su capacidad de decisión y el derecho para ejercer autonomía sobre sus cuerpos”.

El veto parcial alcanza la Sección II “Registro de Defunciones Fetales”, artículos 108 a 113 del Capítulo V del proyecto de ley, y se ordenó su devolución a la Legislatura para los efectos previstos en los artículos 109 y 110 de la Constitución Provincial.

MM

A principios del siglo XX las tatarabuelas y bisabuelas parían un promedio de 6 a 10 hijos, una tendencia que casi mantuvieron las abuelas, que fue decreciendo con las mamás actuales que tuvieron entre uno y dos hijos.

Cuando una pareja decide formar una familia o maternar, como todo proyecto de vida, requiere de un contexto.

Un primer dato importante es que en América Latina el descenso de la fecundidad se inició en la década del sesenta, aunque en países como Argentina y Uruguay comenzó antes, como veremos a lo largo de esta crónica.

Y ese contexto llega acá porque hay muchos datos, investigaciones y análisis sobre cambios demográficos que colaboran a derribar mitos sobre ‘culpabilidades’ de las mujeres por la baja mundial de la tasa de natalidad.

Cuando el presidente de Argentina Javier Milei afirmó el 20 de mayo último en un discurso en la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) que “ahora se están dando cuenta que se les pasó la mano en atacar a la familia, en atacar a las 2 vidas. Y ahora lo estamos pagando con caídas en la tasa de natalidad”, sin más argumentos, el titular del Ejecutivo intentó así justificar la baja de productividad en el país.

Por eso la importancia del contexto y los datos, porque la afirmación presidencial fue un impulso para poner en agenda todos los conocimientos comprobables sobre la baja de natalidad. Este artículo procura recorrer parte de estos conocimientos.

Que la ansiedad no oculte lo ganado

La “ansiedad demográfica”, como la llamó Elizabeth Krause en 2001, se refiere al fenómeno del descenso de la natalidad que, en sí mismo, plantea temas que requieren discusión e incluso reformas en políticas públicas.

Agustina Ramón Michel, investigadora del CEDES y profesora de la Universidad de Palermo, habla de esta ansiedad y comenta que “según el país y el período, fue en distintas direcciones y favoreció métodos estatales de todo tipo, que van desde la promoción de la reproducción (a través de incentivos fiscales, flexibilidad laboral, licenciadas extendidas, aseguramiento de guarderías, etc.) a las restricciones a la información sobre planificación familiar, las prohibiciones de venta de anticonceptivos, las políticas de un hijo que tuvo China, las esterilizaciones sin consentimiento sobre personas con discapacidad, llegando al dramático y conocido caso de las esterilizaciones forzadas y masivas ordenadas por Fujimori sobre mujeres campesinas indígenas en Perú”.

La profesional comenta que, si la baja de natalidad en Argentina “puede razonablemente generar temores sobre el futuro en general, del sistema de seguridad social en particular, y abrir discusiones relevantes sobre qué hacer con las vacantes en escuelas primarias y las salas de maternidad menos ocupadas”, estos debates necesarios “no deberían hacernos pasar por alto que estos cambios demográficos reflejan, en buena medida, cambios en los deseos personales y también en los vínculos sociales, que hoy pueden concretarse porque se cuenta con los recursos necesarios”.

“Al hablar de recursos, me refiero al acceso a información básica sobre prevención de embarazos y a contar y usar métodos anticonceptivos. Estos permiten alinear el deseo de ser o no ser madre o padre, cuántos hijos tener, con otros planes, anhelos y obligaciones”, añade Ramón Michel.

Resalta que “son al menos dos décadas en las que un ecosistema compuesto por gobiernos, escuelas, servicios de salud, centros de investigación, el mercado farmacéutico y organizaciones feministas ha trabajado para hacer esto posible, bajo el marco dado por la ley de salud sexual y reproductiva de 2002.” Pero esto no fue siempre, continúa la investigadora: “Por ejemplo, un decreto de 1973 vigente hasta entrados los ochenta, impuso un sistema muy restrictivo para la venta de anticonceptivos y prohibió actividades de lo que entonces se llamaba control de natalidad. Todo esto, bajo la inspiración de una ansiedad demográfica similar a la actual, que lleva consigo concepciones acerca del destino de las mujeres y la forma debida de la familia, que ya no tienen cabida en una sociedad plural como la nuestra.”

“Me inclino a pensar, de todos modos –concluye Ramón Michel– que las personas no entregan, así como así, el destino de sus vidas a proyectos políticos de turno”.

No hay rechazo a la maternidad o la paternidad, hay preocupaciones económicas y sociales

Esta es una de las conclusiones del “Estado de la Población Mundial 2025- La verdadera crisis de fecundidad: Alcanzar la libertad reproductiva en un mundo de cambios”, que publicó el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el último 10 de junio donde analiza las causas y consecuencias de la baja natalidad en 14 países.

Precariedad económica, discriminación de género, el escaso apoyo por parte de las parejas y las comunidades, la atención deficiente de la salud sexual y reproductiva, la falta de acceso a servicios asequibles de cuidado y educación de hijas e hijos, y el pesimismo sobre el futuro es el listado mas descriptivo de porqué se retrasa la decisión de tener o no tener hijos.

“Millones de personas en el mundo no pueden tener el número de hijos e hijas que quisieran. La razón no es su rechazo a la maternidad o la paternidad; son las barreras económicas y sociales las que impiden hacer realidad sus deseos”, se lee en el informe.

Para Susana Sottoli, directora regional del UNFPA la solución está “en la reducción de las desigualdades” y no en respuestas “simplistas o coercitivas” como los incentivos económicos por nacimiento, los retrocesos en los avances alcanzados en los derechos sexuales y reproductivos “o campañas que incentivan a las parejas para que tengan más hijos e hijas, con el objetivo de cumplir metas de fecundidad”.

El organismo de Naciones Unidas aporta propuestas concretas: licencia familiar remunerada, sistemas de cuidado con enfoque de género, atención de fertilidad accesible, parejas comprometidas con la distribución igualitaria de los roles de cuidado.

También el informe apunta que las personas más perjudicadas son las mujeres, niñas y adolescentes que viven en situación de pobreza, las mujeres rurales, indígenas y las afrodescendientes.

En ese sentido, la antropóloga Agustina Kupsch afirmó que la baja natalidad es un síntoma de precariedad, no de rebeldía.

Lo hizo en un posteo en su Instagram, aportando al debate: “Quienes tienen el deseo de maternar no encuentran sostén, red, dinero, tiempo, con ausencias estatales que las acompañen. La maternidad debe leerse y analizarse –como la vida- en contexto. Y el contexto es muy distinto según las maternidades que se elijan. Falta cuidado y ternura”.

Una lectura cualitativa que se sostiene con los datos aportados por el informe de ONU.

Cuando los datos demográficos se convierten en debates moralizantes y politizados

La ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se aprobó en Argentina en diciembre de 2020 “y el derrumbe de la tasa de natalidad sucede a partir del 2014, así que en principio ya tenemos un primer dato que descarta por completo cualquier posibilidad de que la aprobación de la IVE sea el factor que explique por qué cae la tasa de natalidad”, le dijo la socióloga María Puglia de Fundar, al periodista Reynaldo Sietecase durante una entrevista en Radio con Vos.

En este punto es importante recordar que, a la par de la ley de aborto legal se sancionó la norma 27611 (nótese que sólo hay un número de diferencia entre una legislación y otra) llamada de ‘1000 días’, pensada para proteger la salud y el desarrollo integral de madres, niños y niñas durante los primeros tres años de vida.

Puglia resalta en la entrevista radial que “buena parte de la caída de la tasa de natalidad en los últimos 10 años está explicado por el derrumbe de la tasa de natalidad en adolescentes, gracias al plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia)”.

ENIA fue una política pública interministerial de alcance federal que se creó en el año 2017. Desde 2018 hasta 2023 se implementó en 36 departamentos de 12 provincias del Noreste (NEA) y del Noroeste (NOA) y en la provincia de Buenos Aires, logrando reducir el embarazo adolescente.

“Entonces, debiéramos estar contentos, este es mi mensaje, debiera ser una buena noticia”, afirmó la investigadora. Y agregó: “El problema acá es cuando los debates demográficos se convierten en debates morales”.

Pero, el plan ENIA fue desfinanciado por el gobierno nacional.

Este mes se presentó la publicación “Plan ENIA 2017–2023. Oportunidades de vida para adolescentes” que reúne resultados y metodologías de esta política pública, mientras en el Congreso hay proyectos de ley para reactivar el programa.

Silvina Ramos, investigadora del CEDES en el que llevan adelante el Proyecto Mirar, resaltó que en la Argentina, la implementación del Plan ENIA “fue un movilizador de oportunidades para que las adolescentes pudieran tomar decisiones libres e informadas sobre su reproducción. Esa política, que reforzó otras de mediana data como la educación sexual en las escuelas y el acceso gratuito a la anticoncepción en los servicios de salud, se conjugó con un clima cultural para el cual la autonomía reproductiva y la búsqueda de inserción social a través de la educación y el trabajo eran aspiraciones colectivas”.

“En ese contexto, prevenir un embarazo para el que no se encuentra un lugar afectivo apropiado y porque se tienen otros planes para esa etapa de la vida, pasó de ser una aspiración a una posibilidad concreta que la política pública abría”, analiza Ramos.

Niñas y adolescentes madres: una realidad que no baja en la región

El intercambio para aportar contextos necesarios se extendió a Latinoamérica. Fue en el webinar ‘Nuevas narrativas sobre la transición demográfica global’ organizado por La Salud Reproductiva es Vital, una iniciativa impulsada por el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI).

Una de las expositoras fue la doctora en Demografía por la London School of Hygiene and Tropical Medicine, Fátima Juárez profesora e investigadora en El Colegio de México.

En América Latina “el descenso de la fecundidad se inició en la década del sesenta, aunque en países como Argentina y Uruguay comenzó antes”, señala la especialista.

Pero esta evolución no ha sido homogénea porque la fecundidad adolescente “ha descendido a un ritmo más lento, lo que constituye un desafío persistente para la salud pública, dado el alto número de embarazos no planificados y abortos inducidos en este grupo etario”.

Juárez relaciona los problemas asociados a este fenómeno: el matrimonio precoz, el embarazo adolescente y la alta prevalencia de abortos inducidos.

“La región presenta una de las tasas más altas de fecundidad adolescente a nivel global, con un promedio de 60 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años. También ocupa el segundo lugar en embarazos no planificados, con 69 por cada mil mujeres en edad reproductiva. Las tasas más elevadas se registran en el Caribe y Sudamérica”, informa la demógrafa.

Menos nacimientos en paralelo a las crisis económicas

En televisión también se debatió el tema. En La Nación+ Lorena Bolzon, abogada y decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral contó que “todo el mundo está atravesando cambios demográficos desde hace bastante tiempo: la baja de natalidad, el aumento de la esperanza de vida y las migraciones son los tres movimientos que más se están notando” en este proceso.

Bolzon es una de las autoras del informe ‘Estructuras familiares y cambios sociales Una mirada de la realidad Argentina’ que se publicó el 15 de mayo de este año.

“Venimos de una historia con muchas madres separadas, que se hacen cargo de sus hogares. Eso también influye a la hora de decidir. La salida de la mujer al mundo laboral, al mundo profesional que se dio en los últimos años, no necesariamente siempre fue acompañada de mayores responsabilidades del varón dentro de la casa en el cuidado de los hijos, cuidado de los adultos mayores y demás”, contextualiza la abogada.

Destaca que las mujeres “que tenían cinco hijos o más en el 2010 eran un millón y medio aproximadamente” y que “donde había picos descendientes de natalidad, también coincidía de alguna manera con las crisis económicas o la falta de empleo”.

La narrativa económica

Federico Tobar, doctor en Sociología, asesor regional del UNFPA y especialista en financiamiento en salud, con experiencia como consultor internacional y ex funcionario del Ministerio de Salud de Argentina, habla de los paradigmas en disputa dentro de la teoría económica sobre fecundidad y advierte cómo algunos discursos son utilizados para justificar restricciones regresivas en derechos reproductivos.

Desde la óptica pesimista del tema, el profesional se remonta a Thomas Robert Malthus, que en 1798 sostuvo que la población crecería en progresión geométrica mientras que la producción de alimentos lo haría en progresión aritmética, lo que conduciría a un desequilibrio estructural y una amenaza al desarrollo.

“El error de Malthus fue proyectar una situación estática como si fuera dinámica, sin prever la posibilidad de un crecimiento exponencial en la producción de alimentos”, dice Tobar, quien alerta sobre la vigencia del paradigma malthusiano al introducir la noción de límites estructurales —actualmente también ambientales— al crecimiento económico. En esta misma línea se inscriben discursos pronatalistas contemporáneos, como el de Paul Morland en ‘La marea humana’, donde afirma que ningún país ha prosperado con una reducción poblacional.

En ese sentido Tobar aporta que esta visión “rechaza fenómenos como la migración, a pesar de su potencial para resolver déficits de fuerza laboral, y presenta una lectura rígida del vínculo entre población y desarrollo”.

En contraposición, la perspectiva optimista tiene como principal exponente a Gary Becker, autor de ‘Teoría de la familia’: “Desde este paradigma, las decisiones sobre fertilidad son racionales, están orientadas a maximizar beneficios y dependen de preferencias individuales y del modelo económico en el que se insertan”, resume el especialista.

Luego, presenta cuatro líneas de investigación: una que demuestra que la edad materna al primer hijo tiene efectos en el rendimiento escolar y la trayectoria económica de las hijas e hijos, subrayando la importancia de las condiciones de crianza más allá del acceso a la educación; otra que vincula el momento elegido para la maternidad con una menor propensión al delito en jóvenes, en una relación facilitada por el acceso a anticoncepción y aborto.

La tercera tiene que ver con el “bono demográfico”, que plantea que un país alcanza una ventaja económica cuando la proporción de personas en edad productiva supera a la de personas dependientes. Y en cuarto lugar, presenta el estudio MILENA, desarrollado por el UNFPA, que mide el costo de oportunidad del embarazo adolescente y se ha implementado en 15 países de América Latina y recientemente en África.

“Desde esta mirada, el mayor impacto económico de las dinámicas demográficas y reproductivas en la región está vinculado a la maternidad temprana”, enfatiza el profesional.

Y finaliza: “Empoderar a mujeres y parejas para decidir libremente cuándo y cuántos hijos tener no solo mejora los proyectos individuales de vida, sino que también contribuye a un crecimiento económico sostenido”.

¿Por qué tenemos hijos?

Es el título de una reconocida charla TED y de uno de los libros del obstetra Mario Sebastiani, un profesional que hace 48 años acompaña a parir. Tiene un podcast y desde allí comparte su experimentada visión sobre la baja natalidad.

“Antes el pánico era por la superpoblación y hoy es por la caída de la natalidad. En vez de hablar de pánico, veamos el bonus, la solución, la ventaja demográfica”, sugiere.

Recuerda Sebastiani que “desde que existe el feminismo se logró la anticoncepción quirúrgica voluntaria (ligadura tubaria y vasectomía); la anticoncepción universal y gratuita en el país; la mujer pospuso la edad de tener hijos, y aparece el auge de la medicina reproductiva, la fertilización asistida”.

“Lo más importante, que lo dije en mi libro y en la charla TED ¿Por qué tenemos hijos?, es que las mujeres tengan hijos cuando puedan, no cuando la biología les es más beneficiosa. Tener un hijo es un proyecto de responsabilidad, no es un proyecto sólo biológico”, continúa.

“Todos decimos que tenemos hijos por amor, pero lo que aprendí de las parejas a las que asistí como obstetra es que existe la improvisación, el mandato, la soledad, el error en el método anticonceptivo. Entonces, las mujeres dejaron de lado estas pautas y tienen hijos cuando pueden, y si no lo tienen hay una frase que ya no se escucha: ”Me siento una mujer vacía“. La mujer no está más vacía, porque la mujer está codo a codo con el hombre gestionando la sociedad”, añade el profesional con una experiencia en su haber de haber asistido unos 12 mil partos.

En la misma línea de análisis de informes y especialistas que recorrimos en esta crónica, el obstetra coincide en que “si el proyecto de tener un hijo es una decisión responsable hacen falta necesidades básicas satisfechas: techo, agua corriente, salud, educación; esparcimiento y tiempo para los hijos”.

Suma algo fundamental: “Trabajemos como sociedad para que cada bebé en su vida adulta tenga trabajo”.

“Me preocupa la cabeza de los políticos que son cortos de pensamiento que necesitan resultados rápidos porque piensan en la próxima elección, y me preocupa que afecten la libertar y la vida de las mujeres prohibiendo la anticoncepción o el aborto. El aborto no contribuyó a la caída de la natalidad: cuando era clandestino estimamos 450 mil abortos anuales, con aborto legal tenemos unos 200 mil. Quitar derechos a las mujeres no aumenta la natalidad, aumenta el peligro en la salud, en la economía y en el aspecto social de las mujeres”, concluye Sebastiani.

SM/MG

–Amor, ¿vos tenés 15 o ya cumpliste los 16?

–No, tengo 15 todavía. Recién en agosto cumplo 16. 

–Ah, cuando nace la gordita. Che, hay que pensar en un nombre. ¿Qué nombres te gustarían?

–Yo pensé Natasha. Le quería poner Hilda, por el nombre de mi abuela, pero ese nombre lo tiene mi hermana.

–¿Y si le ponés Natasha Hilda? Si tu abuela es importante para vos... ¿O no? ¿Tu abuela es de parte de tu mamá? ¿Cómo te llevás con ella?

–Falleció cuando yo tenía siete años. Era más pegada a mi abuela que a mi mamá. 

Dos mujeres –una sentada, sonriente, de unos cuarenta años, y otra muy joven, de pie, con una carpeta en la mano y tomando notas todo el tiempo– interrogan a una chica flaquita y en pijama rosa, sentada en una silla destartalada del comedor comunitario de Barrio Mitre. Acá el frío se combate con mate y tortas fritas recién hechas. M, la chica del pijama, no se mueve de su rincón. Llegó hace un rato con su noviecito lleno de piercings y no se la ve demasiado feliz. La panza, oculta debajo del buzo, ni siquiera se adivina. Está de siete meses. En realidad, de “28 semanas y tres días”, apunta la chica parada frente a ella, que se llama Maricruz y no pierde un solo detalle de nada: toma apuntes, revisa un celular y mira a M fijamente. 

Aquí, en este mismo patio de contrapiso desnudo, María Rosa –la vecina a cargo del comedor, nacida y criada en Barrio Mitre, madre de siete– prepara y distribuye 80 viandas por noche. “Este es un barrio de gente humilde, casi todos son cartoneros. Está complejo todo. Y el consumo está instalado, como en todos lados. El tema de la droga y el del alcohol. Nosotros tratamos de acompañar a los chicos y de contener, desde nuestro lugar, hasta donde podemos. Ahora viene más gente que antes, no damos abasto”, cuenta. El municipio les lleva la mercadería y María Rosa la convierte en raciones para 190 personas. El comedor tiene ya 20 años. Cinco más que M, a quien la mujer sonriente sigue interrogando. 

–Contanos qué hacés en el día. ¿Vos te levantás y qué hacés? 

–Estoy mirando videos. Nada, estoy ahí, en casa. Al pedo. 

–¿Te gustaría ir a algún taller? Nosotros tenemos talleres. Una vez por semana  podrías ir dos horas a conocer ahí a mamás embarazadas del barrio, comer algo rico, escuchar otras historias. Te van a decir que sos valiosa, todo lo que podes aprender, hacer pulseritas .¿Te gustaría? 

La mujer que habla es María Emilia Carman, “Emi” para las nueve personas que la acompañan en su trabajo. Es la coordinadora del programa municipal llamado El Camino de la embarazada. Emi tiene un aire a la mujer que en 2018 militaba contra la ley de aborto repartiendo bebitos de plástico y, como ella, sonríe mucho, todo el tiempo. Su alegría parecería ser contagiosa; por algo todas las chicas que la acompañan sonríen igual. Del cuello de Emilia cuelga un medallón de San Benito y de su boca, muchísimas preguntas. Quiere saberlo todo de M: qué hace, qué no hace, con quiénes vive. A qué hora se duerme y se despierta. Si tiene abuela, tíos, mamá. Y qué come, sobre todo eso: qué come. 

–¿Estás yendo a la escuela, vos?

–Sí, pero no me querían. Como tengo casi como seis meses de panza... no te quieren de cinco para arriba

–¿Vos este año habías empezado el cole?

–Si, pero me mandan tarea a casa. No quieren que vaya por si me agarra… algo. 

El temor de los docentes se explica con sólo mirar a M: tiene los ojitos apagados, la piel amarillenta  y una flacura que la ropa holgada no consigue disimular. Tiene también, bajo la silla, una bolsa con turrones, alfajores, una banana y una mandarina que le acaban de dar “las chicas”, como ella les dice a las operadoras del programa. Pero Emi ya tiene, para cada problema, una solución. Le cuenta de los talleres que da el municipio, del programa Envión de apoyo escolar. Es apabullante. Y nunca, nunca se detiene.

–Escuchá: ¿a qué hora te acostás de noche?

–A las doce.

– ¿Y te levantas y desayunas?

–Sí, a veces. A veces me levanto y no queda nada. Son una banda los hijos de mi tía. 

–¿Y almuerzo?

–A veces hacen a la noche nomás de comer.  

–Pero si vos vas al Envión, ahí vas a tener para desayunar. Para desayunar y para almorzar, o sea que tenés cubierto para tu bebé, eso es re importante. Vos lo que tenés que buscar es un lugar donde puedas dedicarte tiempo a vos, donde puedas comer bien, donde te sientas cómoda. 

Pero lo más importante de todo, aclara, es que M esté en contacto con Maricruz, su acompañante perinatal, una chica morocha y seria que anota todo. Es ella, de hecho, la que sabe cuántas semanas faltan para el parto de M y hasta quien contesta cuando pregunto de cuántos meses está. Con esa chica, explica Emilia, M debe estar en contacto sí o sí. 

–Cualquier cosa, vos sabés que la tenés a Maricruz. ¿Vos le escribis a Mari? 

–Sí, sí.

–¿Le mandas mensajitos?

–Cambié el número 

–Pero ahora podemos tomarlo. Mira, acá Maricruz estaba en contacto con tu mamá porque vos no tenías celular. ¿Sí? Pero ahora ya tenés celular y, ¿Sos mamá o  no sos mamá? Sos mamá. Porque si tenés a tu bebé en la panza, ya sos mamá. Entonces, Maricruz puede empezar a comunicarse directamente con vos para decirte qué tenes que hacer. Vos le podes escribir, le podes decir “Mari, tengo tal turno”, o “Me fue bien”. ¿Entendés? Estas cosas que son de las mamás. 

M, 15 años, asiente. 

Mamá corazón

El Camino de la embarazada es un programa local nacido en 2016 como la respuesta del municipio a una realidad bien concreta: la mayoría de las gestantes, sobre todo en los barrios populares, llegaban a la sala de parto casi sin controles de salud. Funciona desde hace nueve años y operó aun en pandemia, cuando una camioneta con altavoces recorría los barrios instando al vecindario a avisar sobre la existencia de embarazadas en la cuadra. “Buscamos, detectamos y acompañamos a mujeres que por algún motivo no controlan su embarazo. Gracias a este programa tuvimos mortalidad materna 0 en 2020”, twitteaba desde su cuenta personal Pablo De la Torre, por entonces funcionario de Salud en San Miguel. Pocos años después, con la llegada al poder de Javier Milei y de la mano de la ministra Sandra Pettovello, De la Torre saltó al nivel nacional: quedó al frente de la Secretaría Nacional de Infancia, Adolescencia y Niñez (SENAF), de la que sería excluido a principios de 2024 en medio del escándalo por la distribución de alimentos a los comedores populares.

Declarado el 10 de mayo de 2018 como “municipio pro vida” por su Concejo Deliberante, San Miguel es – junto a Capitán Sarmiento– uno de los dos últimos municipios que aparecen en rojo en el mapa de acceso al aborto legal en l provincia de Buenos Aires. Esto es, uno de los territorios en donde el derecho a interrumpir un embarazo, amparado por una ley nacional promulgada hace cuatro años (la 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo) no se cumple y fuerza a niñas y mujeres a dos situaciones igualmente violentas; viajar para abortar o resignarse a gestar contra su voluntad, como en El cuento de la criada. 

Por algo en la presentación oficial de El camino de la embarazada, hace ya nueve años, se hablaba de un “acompañamiento cálido y cercano”. Con el tiempo, tanto la terminología como la retórica fueron mutando. Hoy el verbo utilizado es “detectar”, al tiempo que se hacen “operativos” y “rastrillajes” en busca de gestantes. Estos últimos consisten en recorrer un determinado barrio casa por casa, consultando si hay en la familia –o si se conoce– a alguna embarazada. Este rastrillaje se hace el día anterior a la llegada del operativo, como para ir sobre datos seguros y actualizados. “Lo que estamos haciendo hoy se llama operativo. Lo hacemos martes y jueves, en distintos lugares. Emi se encarga de hacer una logística y de ver qué barrio elegimos”, explica con una sonrisa enorme Dolores, una chica que se presenta como “acompañante perinatal. Nosotros acompañamos, sacamos turnos… Es como una asistencia medio psicológica también porque hablamos las 24 horas del día con las mamás. Las tenemos por el celular entonces hablamos todo el tiempo. A veces se sienten mal, hay veces que están tristes, entonces capaz necesitan que alguien las escuche. También hay muchas mamás criando en soledad. Siento que está muy bueno el programa porque nosotras las acompañamos un montón. Hay veces que te llaman a cualquier hora. Capaz son primerizas y tienen miedo. Entonces te llaman por cosas que las asustan pero son parte del embarazo”, explica. 

–¿Vos sos mamá?

–No. Tengo 21.

–¿Sos psicóloga?

–No,  estoy estudiando Obstetricia. Entonces, más o menos entiendo todo. Acompañamos a las mamás en todo eso que es más psicológico capaz. Que es lo más importante, creo yo, porque hay muchas madres adolescentes también. Yo tengo una mamá de catorce años que acompaño. Otra de quince…Y bueno, ellas necesitan más que nada del acompañamiento –dice. Y sonríe. 

Los operativos se realizan por la mañana –de 9.30 a 12.30– en todos los barrios del partido pero con especial énfasis en las barriadas populares como Barrio Obligado, Barrio Mitre o Santa Brígida. Esos días, en esos horarios, un móvil identificado con el logotipo de la municipalidad se estaciona en algún punto concurrido del vecindario y las embarazadas se acercan a hacerse controles y ecografías. En el interior del móvil hay un ecografista y una obstetra. Llega con él una bandada de chicas sonrientes, muy jóvenes todas, que bajan con bolsas, conservadoras, cajas con frutas, papeles. Como el trineo de Papá Noel, sólo que sin renos. Son, como Dolores, las denominadas “acompañantes perinatales”.  “Las que tienen delantal son las chicas de la UCA. Está buenísimo que vengan porque nos dan una mano. Les toman la presión a las embarazadas y a veces les dan charlas también para concientizar porque hay muchas en consumo. O vienen de seis meses a hacerse el primer control. Eso es una locura”, cuenta Dolores.

El sueño de poder elegir

Según el informe de gestión 2024, se asistió a 560 embarazadas durante esas visitas y realizó 294 ecografías. El ingreso al programa se basa en una serie de criterios, tanto sociales como sanitarios. Un criterio social es “ingreso por debajo de la canasta básica”, otro es “situación habitacional crítica” y otro es “madre criando en soledad”. Hay más. Un criterio sanitario es la ausencia de controles. Otro, la “falta de aceptación del embarazo”. Se consigna, de hecho, que 1 de cada 4 embarazadas acompañadas por el programa no quiere estarlo, más de la mitad (65%) no llega a cubrir la canasta básica y 1 de cada 4 tiene antecedentes de consumo. En 2024 hubo 78 operativos. 

El Diario AR participó –entre abril y mayo de este año– de tres de esos operativos. Uno tuvo  lugar en un centro de salud, otro en un comedor dependiente de la municipalidad y el tercero fue en la plaza central de San Miguel, frente a la iglesia y de espaldas a la estatua de Sarmiento que, desde la altura, parece retar a todos los que pasan. A metros de ahí, en diagonal, otro busto –el del “Che” Guevara– fue perdiendo la cara de ataque en ataque, de martillazo en martillazo. Hoy, si no fuera por la placa al pie, sería difícil reconocerlo. Y no por casualidad. San Miguel, municipio alguna vez bautizado como “el Tucumán del conurbano”, es un territorio marcado por la presencia eclesiástica y militar: el Colegio Máximo de los jesuitas, por un lado,  y Campo de Mayo, por el otro, son los dos ejes entre los que queda encerrado todo lo demás. 

“Nosotros trabajamos con UNICEF en San Miguel y hace muchos años, cuando llegó De la Torre al municipio, nos echó. Echó a UNICEF porque ya estaba en contra de todo lo que tuviera que ver con la igualdad de las niñas, con la protección que tenían que tener las niñas y menos que menos en relación a la educación sexual integral”, afirma la doctora Mabel Bianco, directora de FEIM. “Lo único que va a hacer es apoyar a las embarazadas, hacer un seguimiento de ellas para que (si alguna quiere interrumpir ese embarazo) sea rápidamente ubicada y disuadida. Lo único que quiere es que lleguen al nacimiento. San Miguel es un municipio que está alambrado, no deja entrar a nadie. Es uno de los municipios con peores indicadores en cuanto a salud de mujeres y niñas.  Es terrible y lo peor es que querían llevar a Nación todas esas barbaridades que planteaban”, dispara. 

En la misma línea habla una ex trabajadora de la salud que pide reservar su nombre por cuestiones de seguridad y que se desempeñó por años en el centro de salud del Barrio Obligado. Desde esa experiencia, explica que “el gobierno sanmiguelino está, desde siempre, copado por el Opus Dei. Desde esa perspectiva, el derecho no está ni siquiera en el discurso. La palabra ”derecho“ no existe. No existe”, insiste. Y agrega que “lo que sí hay es la perspectiva religiosa y por eso la anticoncepción no está bien vista. Se vencían los anticonceptivos en atención primaria de la salud. Lo que pasa es que para que funcione el programa de salud sexual y reproductiva vos tenés que ir a ofrecerlo, no esperar que vengan. Y eso no sucede. Recuerdo una anécdota tremenda: cae una piba con un bebito y con el que sería su compañero. Y con una vocecita muy finita, dice que viene a buscar un anticonceptivo. Entonces la administrativa comenzó: ”¿Y cuál es tu apellido?“, ”Pero, ¿cuál es la pastilla que tomás?“. ”Bueno, tenés que venir cuando venga la médica porque yo acá no encuentro cuál es la que tomás“. Y la piba, con todo lo que le había costado ir a buscar esa pastilla, pegó media vuelta y se fue. ¿Cómo quieren después que no se embaracen?”

A es una chica desconfiada. Es martes, estamos en pleno operativo y esta cronista intenta –en vano– charlar con alguna embarazada. Sistemáticamente, es acercarse a alguna y que aparezca alguien del programa a llevársela rápidamente a algún otro lado. Pregunto si podré conversar con alguien. “Podes hablar siempre que no sean menores”, advierte una acompañante perinatal. Notable: contra lo que dice la Organización Mundial de la Salud (OMS), para la que la mortalidad materna es una de las tres principales causas de muerte entre las adolescentes de entre 15 y 19 años, en San Miguel las menores pueden gestar y parir sin problemas. Hablar, no. Por suerte, A no es menor de edad y espera, en una sala del centro, pasar al consultorio de la obstetra. Está embarazada “de muy poquito: nueve semanas” pero ya está siendo “acompañada” por el programa. Es madre de la nena que revolotea a su alrededor chupando la mandarina que acaban de regalarle. A. me muestra sus pequeños trofeos, en una bolsa: “Me dieron un turrón, galletitas y hasta un huevito de Pascua”, dice. Cuenta que además tiene otro hijo, un nene de siete. “Lo tuve a los 15, no disfruté nada. Me junté muy chica, me embaracé muy chica”. Perdió a su mamá a los seis años y a su papá poco tiempo después. La criaron entre una abuela y un tío. No pudo terminar el colegio. Con el padre de sus nenes estuvo un tiempo; hoy vive con ellos y no tiene trabajo. La historia es calcada de otras mujeres de este programa: empobrecidas, sin grandes recursos educativos, sin trabajo y con pocos o ningún referente afectivo. A la intemperie. 

Se las arregla, cuenta A, con “la asignación, pero con dos chicos y otro más en camino, no alcanza para nada. Yo recomiendo mucho El Camino de la embarazada porque te ayudan mucho con los turnos”, dice, como de memoria. Le pregunto entonces qué le gustaría para sus hijos. Me mira, seria. “Todavía son chicos, pero lo que ellos quieran va a estar bien. Eso me gustaría: que puedan elegir”. 

Con las mejores intenciones  

Jueves radiante en el centro de San Miguel. Hoy el operativo sucede en la plaza y coincide, me cuentan, con el Día Internacional de la familia. Hay mucha gente y muchas fotos. El equipo entero posa con una bandera que reza “Cuidar la familia es cuidar la Patria” y conversar con alguna embarazada se vuelve cada vez más difícil. Hasta que una chica muy jovencita y con cara de susto acepta la charla. Tiene entre sus manos la carpeta celeste y rosa con la que se recibe a cada nueva embarazada. En la tapa, la silueta de una mujer sosteniendo su propio vientre, el sello de la municipalidad y unos renglones vacíos como para completar: “Esta carpeta pertenece a…”. Pero la ilusión duró sólo un instante: en tres minutos aparece una acompañante perinatal rubia y de pelo largo a explicarme que no. “Ella no quiere hablar. Lo que pasa que es tímida. Te dijo que sí, pero no. Así que no”, anuncia, y sonríe. Busco entonces a otra embarazada y de nuevo lo mismo, sólo que con otro pretexto. “Esta chica no, es muy rebelde. Yo te voy a buscar con tiempo una con la que puedas hablar, una que conozca bien cómo es el programa”, se acerca entonces a explicar Emilia. Esta periodista se impacienta: “Vine a buscar voces y datos. Pero quizá éste sea el dato: que no pueden hablar”, digo. Por primera vez, Emilia deja de sonreír y se pone seria. Hay una tormenta armándose ahí, a la altura de su frente, pero termina bien: veo a una señora grandota sentada en la plaza junto a su hija, le propongo la nota a ella directamente y acepta. Hasta hace un rato, las dos lloraban por turnos: un poco la chica, otro poco la mamá, sentadas las dos frente a Emilia y a dos acompañantes de “Camino”, como le dicen todos. Se secaban las lágrimas con las palmas de las manos. Ahora, me cuenta la mujer, ya están mejor. Más tranquilas. “Y todo gracias a las chicas, porque me consiguieron todos los turnos. Pasa que ella se quedó embarazada y tiene muchos problemas. De adicción y ahora le detectaron que tiene un problema neurológico. Tengo mucho apoyo, mucha contención. Porque ellas me están ayudando en todo. ¡No sabés todo lo que anduve para conseguir un turno para el neurólogo, para el psiquiatra! Y hoy me lo consiguieron. Me voy aliviada porque ella tiene todos los turnos”. “Ella” es B, la menor de sus siete hijos. Una chica jovencita con un buzo de capucha negra que se baja constantemente hasta taparse casi toda la cara. Desde ahí asoma cada tanto, curiosa. Y sonríe. 

“¿Por qué no te dejan hablar con la gente?”, pregunta la señora apenas las funcionarias del programa se alejan un poco. Le digo la verdad: que no sé. “A mí me hace re bien hablar, me alivia. Ella está de cuatro meses. No quería venir pero anoche eran las 11, 12 de la noche y la pobre P estaba llamando, ”Que mañana B no se olvide el turno, B, veni que te voy a esperar“. Hoy, de nuevo: ”B, por favor hoy vení, que te estoy esperando“. B no quería venir pero ella la acompaña, la convenció para venir” cuenta, contenta. P es la acompañante perinatal de B, la chica que –hasta el día del parto– no debe perderle el rastro ni a sol ni a sombra.

Además de turnos y compañía, “las chicas” están ayudado a la señora (que tiene otra hija con discapacidad) a obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) también para B. “Eso la va a ayudar muchísimo”, se entusiasma la madre. “Y si hablo con la psiquiatra voy a pedir que le hagan una ligadura de trompas porque no vaya a ser que un día se me escapa y vuelve a quedar embarazada. No puede. Porque si no está apta para criar un bebé, si no está apta para tener un bebé, ligale las trompas porque no va a estar apta nunca para tener un bebé”, razona en voz alta. Le cuento que, por ley, su hija podría acceder a una interrupción pero ni lo considera. “Yo soy anti aborto. Ella dijo que no quería tener. Pero en este caso el psiquiatra dijo que ella no puede tomar ninguna decisión. Igual ya ahora no se puede interrumpir el embarazo. Está muy avanzado. Crié siete, voy a criar una nieta más. Es así: caerse, levantarse y seguir. Hoy estaba en un pozo porque andaba buscando los turnos para el psiquiatra porque ya no sé qué hacer. ¡Y ahora me consiguieron el turno!”, celebra. B sonríe. Le pregunto entonces a la chica qué le gusta hacer. Asoma un ojo desde la capucha. “Estar acostada. Durmiendo. A veces estoy con el celular, mirando Tik Tok. Miro la tele y a veces tomo mate con mi papá o con ella. Tengo dos perros y dos gatos. Y una gata.  Los perros la corren por todos lados, ¡y ella se escapa!”,  dice. Y se ríe. 

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.

DTC

Distintas provincias en todo el país denuncian que, desde el cambio de gestión en diciembre de 2023, el Estado Nacional no envió insumos para realizar la práctica de interrupción voluntaria del embarazo y casi no tienen stock para garantizarla. En algunas, los gobiernos provinciales compran los elementos para suplantar las faltas, pero en otras no, por lo que estiman que solo podrán llevarla a cabo durante algunos meses más. En reiteradas oportunidades el presidente Javier Milei explicitó su repudio a la ley sancionada en 2020, que atribuyó a la “agenda sangrienta” del feminismo.

Tampoco se mantiene la distribución bimestral de los kits con métodos anticonceptivos y el Plan ENIA, de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, está en riesgo porque a fin de mes se vencen los contratos de más de 700 trabajadores y trabajadoras que lo llevan adelante. 

“Córdoba se quedó sin insumos de Nación y no hay circuito de compra efectivo, por lo que ya no estamos quedando sin insumos. La provincia compró, pero ¿hasta cuándo lo va a poder comprar? Hay un riesgo inminente. Tenemos la exigencia de que se reactiven las compras de Nación, necesitamos que se provea ya de insumo, no esperar a que falte”, afirmó Ana Morillo, integrante del Consejo Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, a elDiarioAR. Si bien los equipos de salud siguen trabajando y las redes de profesionales para garantizar la IVE están activas, la falta de insumos la pone en riesgo en todo el país. 

“En el municipio el stock de Nación ya se acabó, lo que hemos recibido es de provincia. En nuestra farmacia central tenemos alguna provisión, muy poca. En enero la provincia empezó a comprar misoprostol, pero no mifepristona porque es muy cara. El misoprostol es muy bueno pero baja la eficacia”, explicó Morillo, que también es trabajadora del sistema de salud de la Ciudad de Córdoba. Hasta el momento, la capital provincial tiene 80 tratamientos en stock para 80 servicios donde se realiza la práctica, es decir, uno para cada servicio.

En las provincias denuncian que el circuito funcionaba correctamente hasta el año pasado, pero que ahora no hay una persona que dé la orden de distribuir los insumos. En el organigrama del Ministerio de Salud de la Nación no hay ninguna mención a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) que es el sector encargado de la distribución. Este diario consultó con la cartera dirigida por Mario Russo sobre la designación de la autoridad de esa dirección, pero no obtuvo respuesta. Se trata de un lugar clave porque desde ahí se gestiona la compra de métodos anticonceptivos e insumos para garantizar IVE/ILE y se distribuyen en las 24 jurisdicciones de todo el país a través del Programa Remediar para el uso gratuito en el sistema de salud público. Se trata de misoprostol, mifepristona, combipack (mifepristona + misoprostol) y equipamiento para aspiración manual endouterina (AMEU). Según datos oficiales, entre enero y octubre de 2023, la DNSSR distribuyó 70.428 tratamientos de misoprostol, 46.972 tratamientos de combipack y 8.010 tratamientos combinados (que constan de las mismas drogas que el combipack, pero con distinta presentación).

En Catamarca, por ejemplo, la situación es más compleja porque los insumos para los abortos legales provienen exclusivamente de Nación, por lo que estiman solo tienen para dos o tres más. Así lo confirmó a este diario Carola Ferreyra, trabajadora del sistema de Salud y referente del Plan ENIA en la provincia. “Lo poco que quedaba se ha distribuido entre los efectores que garantizamos el servicio, pero es lo que hay, no tenemos en el área central. En diciembre fue la última partida, que era poco y se distribuyó. Si no llega una partida nueva, podemos estirar dos o tres meses. No más que eso”, explicó Ferreira. 

En Entre Ríos el lunes pasado recibieron anticonceptivos, pero nada de misoprostol de parte de la Nación. Hay lugares donde las compras las hacen los mismos centros de salud, pero la cantidad es acotada. “El panorama es incierto y sombrío porque no hay una decisión política del Ejecutivo de enviar los materiales. No hay firma para que nos envíen las cajas con medicamentos”, le dijo una trabajadora de salud entrerriana a elDiarioAR. La preocupación también reside en hasta qué punto las provincias podrán afrontar los gastos de la IVE con los recortes presupuestarios que tienen y con el aumento de los costos. 

“¿Qué certeza tenemos? No sabemos si Remediar va a llegar, está todo en duda. Creo que las provincias que más recursos tienen van a poner parches en la compra de insumos, pero habrá otras que no van a poder comprar nunca. Es terrible porque volvemos a lo que era antes, la desigualdad tremenda de nuestro país, donde en algunas provincias las mujeres se mueren y en otras, acceden al aborto”, reflexionó Morillo. Actualmente una caja de misoprostol de 12 comprimidos cuesta alrededor de $80.000, una cifra inaccesible para algunos sectores de la sociedad. 

Durante los tres años de implementación de la ley se realizaron 245.732 IVE/ILE en 1982 centros de salud y hospitales del país. “Hoy, con este nuevo gobierno toda está política pública está en revisión y amenazada, por una cuestión ideológica y también económica”, afirmó Yamila Picasso, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “En los próximos meses sabemos que comenzarán los faltantes.  Porque si el Ministerio de Salud tiene el mismo presupuesto que en el 2023 no solo no alcanzará para la política sanitaria en general sino que tampoco habrá para comprar el misoprostol, la mifepristona y los métodos anticonceptivos”, agregó. 

Sin prevención de embarazos no planificados

La falta de métodos anticonceptivos también es una preocupación muy grande en las provincias, a donde las últimas partidas que llegaron fueron en diciembre a través del programa Remediar. “Esto va a derivar en un problema tremendo, es un insumo caro. Nuestras usuarias pasan dificultades económicas y por ahí se priorizan otras cosas y no los métodos. Podemos dar información, pero no tenemos insumos para prevenir los embarazos y después si hay embarazos no deseados, no tenemos insumos para afrontarlo”, explicó Carola Ferreira. 

Un dato basta para confirmar la importancia de la anticoncepción: entre 2010 y 2022, los embarazos adolescentes bajaron casi un 50%. Según los datos del Censo 2022, se bajó de un total de 13,1% de embarazos en mujeres de entre 15 y 19 años a 6,4% en el 2022. “Tenemos el stock que nos envío Nación anticipado, el 2021/2022 que tenía que llegar después, pero lo anticiparon porque sino iba a quedar haciendo cortocircuito con el gobierno actual, lo anticiparon para asegurar que lleguen”, explicó Morillo.

Otro de los riesgos inminentes es el desmantelamiento del Plan ENIA para prevenir los embarazos adolescentes que comenzó en el 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri y continuó con el de Fernández. El 31 de marzo se vence el contrato de las 700 personas que trabajan en todo el país realizando Educación Sexual Integral en escuelas y centros de salud. Al inicio de la gestión de Javier Milei les renovaron el contrato por dos meses, hasta el 31 de marzo, pero hasta el momento nadie informó cómo continuarán. 

“Catamarca es compleja, el plan ha logrado reducir las tasas. El territorio catamarqueño es super extenso y con ENIA llegamos a lugares súper inaccesibles, inhóspitos. Tenemos el departamento Belén donde trabajamos con poblaciones rurales y originarias, es la única política pública que ha llegado a esos lugares garantizando esta cuestiones. Sobre la vulnerabilidad que ya existe, es imponer otra más. Hemos trabajando en la prevención del abuso sexual que en estas poblaciones que  estaba naturalizado como rituales”, describió Ferreira para poner en dimensión la importancia de este plan que está en vilo con las nuevas autoridades.

Si bien el presidente Milei aún no cumplió con su promesa de derogar el aborto, la falta de presupuesto hace que en los hechos sus deseos pueden concretarse. 

CDB/DTC

Las leyes se aprueban en el Congreso pero se aplican en los territorios. Ahí el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva depende de muchos factores. Que existan los recursos, que llegue la información, que se venzan las barreras del prejuicio y el miedo. 

Para hablar de aborto la fotografa Vanesa Schwemmler elige poner el ojo en una médica de un centro de atención primaria de Viedma: Victoria Speroni, una de las primeras profesionales con política clara y definida en relación a la IVE en la capital de Río Negro.

Aquella madrugada calurosa del 30 de diciembre de 2020 hubo gritos, festejos, cantos, batucadas, en casi todas las plazas del país. Lo que se celebraba excedía el acontecimiento: la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La ley había sido pedida, peleada, militada, por un movimiento feminista de largo recorrido, potenciado con la vuelta de la democracia y que durante el debate por el aborto en el Congreso se volvió una marea intergeneracional imparable y orgullosa, de pañuelo verde y puño en alto. 

La ley 27.610 traccionó otras demandas, habilitó conversaciones que dejaron de ser tabúes colectivos y destapó los velos que aún cubrían los derechos relacionados a la salud sexual y reproductiva. Todo eso significó la nueva norma, coronada con una frase que se volvió bandera: “La maternidad será deseada o no será”.

A tres años de aquella larga jornada consagratoria se avizoran tiempos complejos. El flamante gobierno de Argentina niega la desigualdad de género, y la mayoría de los funcionarios del nuevo gabinete están en contra del aborto.  

El largo camino por el derecho a decidir sobre los cuerpos

Para entender el valor real y simbólico de la ley es necesario repasar algo de su historia. Desde 1921, y según el artículo 86 del Código Penal, el aborto en Argentina no era considerado delito si era para evitar un peligro para la vida o la salud de la persona embarazada, o cuando el embarazo fuera producto de una violación. Pero en la práctica fue muy complejo que se respetara este derecho. 

Desde la década del 70 hubo feministas que pelearon por la ley, a la par de los reclamos de movimientos de mujeres de otras latitudes. Pero mientras la mayoría de los países de Europa y los Estados Unidos alcanzaron este derecho, en la Región gobernaban dictaduras que volvieron imposible este reclamo.

Tanto la Unión Feminista Argentina (UFA), como el Movimiento de Liberación Feminista (MLF) reclamaban una sexualidad libre, separada de la reproducción, y el aborto legal. En 1984, ya en democracia, se formó la Comisión por el Derecho al Aborto, que en 1992 presentó en Diputados un anteproyecto sobre Anticoncepción y Aborto. No prosperó.

En 2002 se logró el consenso político para aprobar una ley nacional que garantizara la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva: se sancionó la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 25.673)

En 2005 se formó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, un colectivo de organizaciones sociales, de mujeres y derechos humanos. Aseguraban que la legalización del aborto era “la deuda de la democracia”. Se estimaba entonces que los abortos clandestinos llegaban a 500 mil por año. 

La Campaña presentó distintos proyectos que nunca llegaron a debatirse, hasta 2018. Ese año hubo un debate que duró meses e incluyó audiencias públicas en las que participaron más de 800 voces a favor y en contra. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, con 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención. En el Senado la situación fue inversa: 31 votaron a favor y 38 en contra. 

En 2020 se volvió a plantear el tema, con un proyecto presentado desde el Poder Ejecutivo. El debate fue breve, porque se había logrado el consenso político necesario. Así, el 30 de diciembre se aprobó la ley 27.610 que garantiza el derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional sin dar ninguna explicación. Luego es legal por causales: violación o peligro de vida o la salud de la persona gestante, como ya regía en el país desde 1921.

El aborto como política pública

“A partir de la sanción de la ley 27.610 se construyó la política pública necesaria para implementarla: la compra y distribución de insumos (misoprostol, mifepristona, equipamiento para la aspiración manual endouterina), capacitación y asistencia técnica, fortalecimiento y ampliación de equipos que garantizan el acceso al aborto”, detallaba Valeria Isla en sus últimos dias como directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva del gobierno de Alberto Fernández

También explica que la interrupción del embarazo se incorporó a la atención primaria de la salud, que se fortaleció la línea 0800 como espacio para mejorar el acceso y la calidad y se armó un equipo legal especializado en derecho al aborto para remover obstáculos y trabajar con la objeción de conciencia“. 

En el primer año de implementación de la ley la mortalidad materna por embarazo terminado en aborto bajó el 40 por ciento. Las muertes maternas ligadas al “aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto” cayeron de 13 en 2020 a 9 en 2021.

Hoy son 1982 los centros de salud y hospitales públicos que garantizan las interrupciones legales y voluntarias en todo el país. Significa un incremento del 118,5 % respecto a 2020, año en que se realizaba la práctica en 907 lugares.

Hasta octubre, 245.015 personas accedieron a interrupciones seguras y legales en instituciones públicas de salud. La línea de atención telefónica gratuita 0800-222-3444 sobre salud sexual atendió 40.563 consultas, 92% de las cuales fueron sobre aborto. 

Se distribuyeron más de 240 mil insumos para la interrupción del embarazo gracias a la producción pública de los medicamentos para abortar, lo que contribuye a una mejor disponibilidad de las drogas y mayor accesibilidad económica. Los laboratorios públicos de Santa Fe, San Luis y Río Negro producen misoprostol y el santafecino, además, produce mifepristona.  

Avanzar en la resistencia 

Desde la legalización del aborto se presentaron más de 30 recursos de amparo en la justicia contra este nuevo derecho. La mayoría no prosperó, pero demostró que aún persisten resistencias. Ante la evidencia, se impusieron nuevas consignas: “Los pañuelos no se guardan”, “los derechos se defienden”.

Bajo esa premisa nació el Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ibis Reproductive Health para monitorear la implementación de la ley en Argentina. En sucesivos informes resaltaron diversas cuestiones, como las “fuertes desigualdades entre provincias”, que continúan. De las 1982 instituciones públicas que dan acceso, por ejemplo, hay entre 3 y 4 servicios cada 100.000 mujeres en Chaco, Santiago del Estero y Tucumán, mientras que hay 48 servicios cada 100.000 mujeres en La Pampa. También marcaron “dilaciones innecesarias” ante el pedido de un aborto, y que “se realizan procedimientos no recomendados en los protocolos oficiales”.

El último informe pone énfasis en que lo que implica la ley, que va más allá de la interrupción de un embarazo: “El aborto transformó la vida social, política y sanitaria del país. Reconoció el derecho a decidir de mujeres y otras identidades, pero también implicó cambios en los sistemas de salud y la política pública”. 

Balances

“A tres años de la implementación del aborto seguro tenemos signos importantes positivos para celebrar, como el persistente y sostenido aumento de la cantidad de los efectores que realizan abortos que se realizan en todo el país, que se triplicaron”, dice Silvina Ramos, socióloga, investigadora titular del CEDES y parte del Proyecto Mirar.

“Otro signo positivo es la política de aseguramiento de insumos para el aborto seguro, que se ha multiplicado, con medicamentos distribuidos desde Nación a las provincias, la aprobación de la mifepristona por Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), y la voluntad y la producción en laboratorios públicos de misoprostol y mifepristona. Los insumos son una prioridad”, agrega. 

La especialista destaca la política de capacitación, como la mejora de las consejerías, y la labor de los grupos de apoyo, como las socorristas, y las organizaciones no gubernamentales que hacen sensibilización, y las que ofrecen recursos para informar. 

También marca cuestiones a mejorar, como la regulación de la objeción de conciencia: “Hay lugares donde aún está solapada, o hay desidia e indiferencia, lo que hace que la gente no pueda acceder al servicio en los lugares donde vive”. 

Agustina Ramon Michel, abogada, investigadora asociada del CEDES e integrante del proyecto Mirar, resalta “el peso” que tiene la ley 27610. Y argumenta: “Los profesionales de la salud están más informados y capacitados, porque la legalidad fomenta una mayor y más clara circulación de información que incluye las capacitaciones que organizan los ministerios de salud, y también organizaciones de la sociedad civil. Además, muchas mujeres ya saben que es su derecho, y eso cambia la forma en que llegan a los servicios de salud, ya no suplicantes sino con una consciencia legal diferente, y por tanto los términos de la relación entre usuarias y equipos de salud es distinto”.

También señala falencias: “Hay incumplimientos, muchos individuales, pero también institucionales, donde profesionales, directores y administrativos dejan a todas las usuarias de la zona sin respuesta. Hay incluso objeciones jurisdiccionales, es decir, municipios enteros que deniegan acceso a abortos legales. Esto ocurrió en Oberá hasta hace muy poco, o en San Miguel o en otros sitios de Tierra del Fuego. Pero lo que cambió radicalmente fue que estas objeciones jurisdiccionales eran la regla antes de la sanción de la ley, incluso había provincias enteras donde difícilmente se encontraba más de un puñado de profesionales de la salud, que, de manera heroica, proveían la práctica”.

Información y nuevas elecciones 

El histórico y largo debate sobre el aborto que comenzó en 2018 y culminó en 2020 traspasó las paredes del Congreso y se trasladó a toda la sociedad, que de pronto se encontró hablando de anticonceptivos, educación sexual integral, embarazos no queridos, abusos. Fue mucho más que el aborto. Las discusiones terminaron con muchos tabúes y aportaron muchísima información. 

Las consecuencias son visibles: el embarazo en la adolescencia, por ejemplo, bajó el 60%. Fue gracias a la prevención, el cuidado, la anticoncepción y cierta nueva manera de pararse de las jóvenes, despojada de roles y mandatos predeterminados.     

Esos nuevos comportamientos se están homogeneizando. “Incluso en los sectores más postergados estamos escuchando a las chicas que dicen que no quieren ser madres jóvenes, que quieren estudiar, que quieren trabajar, y que van a tener hijos después, cuando sean mayores”, cuenta la responsable de acceso a las interrupciones voluntarias y legales del embarazo del programa de salud sexual y reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires, Viviana Mazur, en su rol de médica generalista del Centro de Salud y Acción Comunitaria N°7 de Barrio Piedrabuena de Villa Lugano. Allí trabaja desde hace 20 años

“Quiero un método anticonceptivo que no me falle y dure mucho tiempo. No quiero ser madre todavía, no estoy preparada, tengo ganas de hacer otras cosas, trabajar y estudiar y necesito tiempo para mí. Quiero tener un hijo, pero cuando tenga tiempo para dedicarle y tenga las cosas más resueltas”, dice Natalia, de 25 años. Vive en Villa Madero, partido de La Matanza, en una familia muy humilde, con una madre que tuvo muchos hijos desde los 17 años y por eso nunca pudo hacer otra cosa más que cuidarlos. 

María se acerca al servicio a pedir que le pusieran un DIU (dispositivo intrauterino). Tiene 22 años y una hija de 7. “Quiero un DIU porque dura muchos años, no quiero quedarme embarazada. A los 15 tuve a mi hija porque no sabía y no se me ocurrió qué otra cosa podía hacer más que tener a mi bebé. Mi mamá también fue madre a los 15 años. Yo hubiera preferido esperar para tener hijos. Cuando pueda y quiera si voy a volver a tener hijos”, explica.

Candela, una joven de 26 años con implante subdérmico, plantea que después de pensarlo mucho quiere tener un bebé, que están en pareja y que él es un muy buen compañero. “Siempre fue un no rotundo y ahora este muchacho me está haciendo cambiar de opinión.... Mi mamá tuvo su primer hijo a los 14. Hoy en día es más fácil conocer y conseguir anticonceptivos, cada día es más fácil cuidarse”, asegura. 

“La garantía del derecho al aborto tiene un largo recorrido en los servicios públicos de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y con la aprobación de la ley hubo un impulso muy importante para lograr institucionalizar ese recorrido que permitió que todos los equipos de salud de los distintos niveles de atención trabajen de manera articulada para garantizar el derecho, que se convirtió en un modelo de atención integral, interdisciplinario, con rápido acceso, con estructura que garantiza una rápida respuesta y seguimiento posterior. Todo acompañado por una política que garantizó los insumos necesarios para que fuera posible, tanto la compra del misoprostol y ahora el desafío de la compra de mifepristona, como el acceso a ecógrafos en el primer nivel de atención la capacitación del personal de salud”, asegura Mazur.

“Espero que se sostenga todo lo conquistado, avanzado y consolidado, que se garanticen las compras de insumos pendientes y que se profundice la capacitación de los equipos para mejorar las prácticas y establecer instituciones que sean modelo de atención”, concluye. 

Un nuevo escenario de incertidumbre

“Estoy en contra del aborto, porque está en contra del derecho a la vida”, dijo Javier Milei durante la campaña presidencial. Entonces aseguró que si llegaba a ser presidente iba a hacer un plebiscito sobre el tema y prometió que, si la gente está “en contra”, va a “eliminar la ley”. Juristas de todos los ámbitos salieron a explicarle que, según la Constitución Argentina, “las cuestiones penales no pueden someterse a plebiscito”.

Desechada esa idea, el presidente electo y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, otra férrea opositora a este derecho, deslizaron la posibilidad de derogar la ley. Tampoco es algo sencillo de lograr: necesitaría una nueva mayoría en el Congreso. “Y sería un escenario de retroceso incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos, ya que sería una ley regresiva, contraria al principio de progresividad de los derechos humanos”, explica la abogada Natalia Gherardi, al frente del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. 

De todas maneras, el Ejecutivo podría limitar la implementación de la ley vaciando de presupuesto las políticas públicas del Estado que promueven ese derecho. ¿Se seguirán produciendo en el país el misoprostol y la mifepristona? ¿Habrá que importar estos medicamentos esenciales? ¿A qué dólar? ¿Seguirán las capacitaciones? ¿Se abusará de la objeción de conciencia? Las mujeres y disidencias están expectantes. Los países vecinos también. Argentina es un faro para la Región en lo que respecta a feminismos y derechos humanos.

“La ley significa autonomía, libertad y salud, En el futuro espero que sigamos consolidando las redes feministas y transfeministas para garantizar el derecho al aborto en todas las provincias y en la Región”, pide Valeria Isla.

Hace tiempo que la médica colombiana, feminista, experta en género, derechos humanos, salud sexual y reproductiva Ana Cristina González Vélez repite un concepto que hoy se revela clave: “La batalla cultural del siglo es la libertad reproductiva”.

Se nota. A pocos días de asumir el nuevo gobierno, dos causas -una liderada por Cristina Fiore Viñuales y otra por la organización Portal de Belén- iniciadas para cuestionar la constitucionalidad de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fueron admitidas por la procuradora fiscal adjunta de la Procuración General de la Nación, Laura Monti.

El problema, como advirtió enseguida un grupo de Organizaciones entre las que está Amnistía, es que en sus dictámenes Monti “reconoce la legitimación de un grupo de ciudadanos para representar a las señaladas 'personas por nacer'”, una interpretación que “no tiene respaldo en la jurisprudencia”, y que equipara a las “personas por nacer” con niños, niñas y adolescentes.

“Los expedientes estaban a la espera de dictamen desde hace un año y medio, pero fueron emitidos dos días después de que el Dr. Rodolfo Barra fuera designado Procurador del Tesoro de la Nación, pese a que aún ejercía como abogado patrocinante de la causa Fiore Viñuales”, señalaron las ONGS en un comunicado. 

“El Dr. Barra en su carácter de reciente Procurador del Tesoro tiene un conflicto de interés, de acuerdo a la ley de ética pública, que lo hace incompatible con la defensa de la Ley 27.610. Por eso, corresponde que se excuse de intervenir en las causas contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y en todo asunto relacionado con el derecho al aborto”, aseguraron las ONGS. Hicieron una presentación ante la Procuración del Tesoro de la Nación y pusieron en conocimiento a la Oficina Anticorrupción, porque es la autoridad de aplicación de la ley de ética pública.

MI/MA

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó la producción y venta en farmacias de mifepristona, el medicamento que junto al misoprostol constituye el procedimiento más eficaz recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), el cual podrá utilizarse en el sistema de salud público, obras sociales y prepagas.

La decisión fue oficializada mediante la disposición 1470/2023, como parte del cumplimiento de la Ley 27.610 de acceso a la ley de IVE/ILE, informó el Ministerio de Salud a través de un comunicado. Así, la ANMAT autorizó al Laboratorio Domínguez a comercializar la píldora, y con ello permite su distribución y venta de en farmacias.

Hasta ahora, el tratamiento combinado estaba garantizado por el sistema público de salud, que compraba la mifepristona en el exterior. Con la resolución, habrá ahora mifepristona elaborada en el país.

Ese medicamento figura en la lista de esenciales de la OMS desde el 2005 y conforma junto con el misoprostol el régimen “más eficaz y seguro de aborto con medicamentos”, según la cartera de salud que conduce Carla Vizzotti.

Y agregó que “las estadísticas muestran que entre los años 2020 y el 2021 se logró un descenso del 40% de la mortalidad materna por embarazo terminado en aborto. Las muertes maternas ligadas al 'aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto' cayeron de 13 en 2020 a 9 en 2021. Si se consideran todas las defunciones por aborto, se observa que la disminución fue de 23 en 2020 a 15 en 2021”.

El Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe, que es de gestión estatal, por otro lado, también espera conseguir la autorización para comercializar mifepristona.

MB

Los estados de Michigan, California y Vermont votaron a favor de establecer la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como derecho constitucional, mientras que en Kentucky rechazaron una enmienda que la hubiese prohibido en la constitución estatal, en referendos realizados junto con las elecciones de mitad de mandato de ayer en Estados Unidos.

Con esta medida, Michigan, California y Vermont se convierten en los primeros en validar el aborto luego de que la Corte Suprema revocara un fallo judicial de 1973 que protegía ese derecho de las mujeres en todo el país, lo que dejó el tema en manos de los estados.

En Michigan, la aprobación de la propuesta invalida una ley estatal de 1931 que establecía la prohibición del aborto sin excepción, incluso en casos de violación o incesto.

Los votantes de California y Vermont aprobaron sendos referendos para consagrar el derecho al aborto en sus constituciones estatales, informó la agencia de noticias Europa Press.

A partir de la propuesta aprobada, se agregará un texto a la constitución estatal que afirma que el estado “no debe negar o interferir con la libertad reproductiva de un individuo”, incluyendo el derecho a la IVE.

Si bien en California y Vermont estos derechos ya estaban avalados por la ley estatal, agregarlos al texto constitucional evita que puedan ser eliminados por las Legislaturas estatales.

En Kentucky, un histórico bastión republicano, los electores rechazaron incorporar una enmienda para vedar el aborto en su constitución, reportó la cadena CNN.

Este sorpresivo triunfo emuló lo ocurrido el pasado agosto en el estado conservador de Kansas, donde con un nivel de participación histórico los votantes también descartaron cambiar la Carta Magna estatal para restringir el derecho a la IVE.

No obstante, este resultado no revertirá automáticamente la legislación actual de Kentucky, donde el Congreso estatal -controlado por los republicanos- ya aprobó una prohibición casi total del aborto, pero sí permitirá a sus defensores “seguir luchando” en los tribunales para revertirla, afirmaron desde Planned Parenthood (PPFA).

“Kentucky, Michigan, Vermont y California demostraron que cuando la libertad reproductiva está en la boleta electoral, los votantes eligen siempre el control sobre sus cuerpos, vidas y futuros. El derecho al aborto gana”, expresó Alexis McGill Johnson, presidenta de PPFA, el mayor prestador de servicios de IVE del país.

A fines de junio, la Corte Suprema puso fin a décadas de protección federal del derecho al aborto, dejando en manos de cada estado la posibilidad de establecer sus propias normas.

Desde entonces, varios estados liderados por republicanos han prohibido o restringido severamente el acceso al procedimiento.

Sondeos a boca de urna mostraron ayer que el aborto fue la segunda cuestión que más guió el voto de los estadounidenses en los comicios, detrás de la inflación.

Aproximadamente un 27% dijo que el aborto fue el factor decisivo de su voto, mientras que un poco más, el 30%, dijo que fue la inflación.

En las últimas horas, la Justicia bloqueó leyes que restringían el derecho al aborto en Arizona y Ohio.

El Tribunal federal de Apelaciones de Arizona decidió suspender ayer la decisión de una corte de primera instancia que permitía la aplicación de una prohibición casi total del aborto que databa del siglo XIX, por lo que regirá la ley aprobada este año, que autoriza la IVE hasta las 15 semanas.

A la vez, en Ohio, la Corte de Causas Comunes del Condado de Hamilton anunció ayer que concederá la solicitud de los proveedores y defensores del aborto de una orden judicial preliminar contra una ley que prohíbe la IVE después de aproximadamente seis semanas de embarazo.

Como resultado de esta decisión, el aborto hasta las 22 semanas de embarazo seguirá siendo legal en Ohio mientras continúe el litigio.

Con información de Télam.

IG

¿Qué mujer “quiere” abortar? La experiencia de las mujeres que abortan está lejos del “aborto” del que se habla en el debate. Abortar es un verbo: hay alguien que actúa, una mujer que lo hace movida por la violenta irrupción de un embarazo que no buscó pero que, sobre todo, no quiere continuar y que la compele a tomar una decisión también violenta. La voluntad, su voluntad, no es libre. Esta mujer está entre la espada y la pared: ni quiere tener un hijo ni quiere abortar. Le está vedado batirse en retirada, quisiera no haberse embarazado, quisiera perderlo espontáneamente. Como en muchas otras cosas de la vida, decide hacer algo que no quiere. Signifique para ella una experiencia traumática o solamente desagradable, su situación tiene un sesgo trágico. Una encrucijada donde se juegan la muerte y la vida, todos llevan parte de razón y todos pierden algo.

      Un embarazo no buscado obliga a la mujer a tomar una decisión en el aquí y ahora. Porque no siempre un embarazo no planeado es un embarazo no deseado o indeseable. Aunque el azar o la falta de prevención o, según algunas ópticas, el inconsciente, hayan generado una preñez que terminará con un aborto, ese embarazo imprevisto significa para muchísimas mujeres, incluidas aquellas que están a favor de legalizarlo, un trance que ninguna ideología y ninguna jurisprudencia puede (por fortuna) evitar. Una mujer aborta no porque no hay otro, sino para que no haya otro.     

      Todos sentimos que aborto no es homicidio. Todos podemos conseguir el teléfono de un abortero, pero ¿quién podría conseguir el de un asesino que mata por encargo? Aborto y homicidio tampoco son lo mismo para nuestros Códigos. El Código Penal establece penas de 1 a 4 años para el aborto y de 8 a 25 para el homicidio. Ningún Código Penal equipara aborto y homicidio porque ningún Código Civil equipara a la persona por nacer con la persona nacida. Por eso resulta asombroso que quienes luchan contra la legalización del aborto alegando que aborto = homicidio, no dirijan todo su esfuerzo a cambiar el Código Penal y a modificar la definición de “persona por nacer” del Código Civil. (El artículo 21 establece que si el concebido “no nace con vida, se considera que la persona nunca existió”. O sea que si no llega a nacer, o muere antes de ser separada del cuerpo que la engendró, esta “persona” sui generis no sólo pierde sus derechos, sino que, para las leyes, nunca habrá existido como persona. No se la inscribe ni se la puede inscribir en el Registro Civil, no se la puede enterrar. Para la ley no tiene nombre, nunca existió.) Parece mentira que el debate acerca de cuándo comienza la vida humana transcurra sin que se ponga en evidencia esta distancia entre los argumentos presentados y la letra de nuestras leyes.

Lo que se dirimió en el Senado no es cuándo comienza la vida humana, sino si una mujer embarazada puede o no decidir tener un hijo sin que esto la convierta en una criminal.

Se habla de un conflicto entre “dos individuos” –una mujer y un embrión- que tienen intereses enfrentados y contradictorios entre sí. Pero la mujer embarazada no es = una mujer + un óvulo fecundado. No es una suma ni un compuesto divisible. No somos individuos sueltos que cayeron en el cuerpo de una mujer para pasar nueve meses; el vientre no es “un lugar”. El embrión no es un inquilino, pero tampoco es una parte del cuerpo de la mujer como un riñón o una muela.

No hay aborto sin embarazo. Si fuera sólo por las características del embrión, el descarte de un embrión de probeta debería ser considerado un aborto. Pero no es un aborto ni mucho menos un homicidio. ¿Por qué? Porque recién es considerado “persona por nacer” cuando se implanta en el útero. Parece que lo que nos hace humanos no es nuestra carga genética sino nacer de un cuerpo de mujer, ser –haber sido- su cuerpo. Antes de ser individuos, somos hijos.

El embarazo es una experiencia intransferible que, por ahora, sólo tenemos las mujeres y otras personas con capacidad de gestar. La mujer embarazada corroe la figura básica de la sociedad moderna —el Individuo. El conflicto que aquí se trata no es entre los derechos de dos individuos sino si una mujer puede decidir abortar sin que esto la condene a la clandestinidad con sus secuelas y la convierta en una paria del sistema de salud.

En vez de enfrentar la cuestión de si una mujer que quedó embarazada puede decidir abortar sin convertirse en una criminal, se multiplican las montañas de textos que desplazan el eje del problema hacia un interrogante que, cuantas más respuestas recibe, más lejos está de encontrar una solución. Empezar por la pregunta de qué es una persona y cuándo comienza, es el mejor modo de no salir jamás de ese interrogante, que empezó hace miles de años y que, como toda buena pregunta, no encontrará jamás una única respuesta. 

¿Es el embrión una individualidad o parte de otro cuerpo? El embrión atrapado en esa alternativa no es un embrión cualquiera, es el protagonista del aborto. Fuera del debate del aborto, nada conmina a clasificarlo ni como parte del cuerpo gestante ni como individualidad viviente en él. Pero ¿puede algo formar parte de otra cosa y ser al mismo tiempo una individualidad? La contradicción lógica es flagrante; pero el problema no es para el huevo-cigoto ni para la mujer que decide cortar o seguir ese embarazo, sino para quienes pretenden reducir la Vida a las categorías de la Lógica.

En el debate del aborto los dos términos más prestigiosos de los derechos humanos —Vida y Libertad— se enfrentan a muerte. El conflicto es tan irresoluble como inesperado: ¿cómo comprender que el mismo fundamento sirva para avalar la prohibición y la legalización del aborto? El problema es profundo y no se trata ni de hipocresía ni de contradicción. Si la bandera de los derechos humanos pudo convertirse, especialmente desde los ochenta, en un comodín al que recurren tanto izquierdas como derechas, feministas como militantes Pro-Vida, es porque encarna los dilemas existenciales que el derecho por sí mismo no puede resolver.

 Y como somos las mujeres las que tenemos la capacidad –don o condena- de dar la vida, somos sólo las mujeres las que tenemos también la capacidad de no darla. Y eso es precisamente lo que significa ab-ortar: privar de nacer.

      Con la legalización del aborto no termina el problema del aborto: los conflictos que esta práctica pone en juego sacuden desde la institución familiar y las relaciones de género, hasta los derechos humanos, las religiones y el Estado, y en los últimos años se ha convertido en una “guerra cultural” de amplio espectro. Hay que tener presente que en algunos países donde el aborto ha sido legalizado, como en Estados Unidos, el Terrorismo Pro-Vida ha llegado hasta a asesinar profesionales que cumplían con su deber de realizar abortos dentro de la ley. También las leyes han sido objeto de ataques virulentos y retrocesos nada menores al punto que, siendo legal abortar, en la práctica se ha vuelto frecuentemente inviable.

Pero hay algo más. Aunque no hubiese críticas ni retrocesos político-jurídicos, la legalización del aborto no pone fin a los problemas que plantea: finaliza el calvario de los abortos clandestinos y sus secuelas (morigerado enormemente en la última década por los acompañamientos feministas para abortar con misoprostol), pero hay conflictos que la cuestión del aborto desata que ninguna ley puede erradicar. Ante la irrupción de un embarazo no buscado, las mujeres seguiremos atravesando el trance de decidir si traeremos o no una nueva vida al mundo. Aunque no haya ningún impedimento legal, religioso o moral, y aún si previamente se haya tomado la determinación de no tener (otros) hijos, esta decisión sobre la vida y la muerte nunca será un trámite.

No teníamos el derecho de abortar, pero teníamos el poder. Este poder, ahora legitimado por el derecho, no es universal. Y esta “injusticia” también es fuente de conflicto, ya que sólo las mujeres y algunas otras personas que han nacido con la capacidad de gestar pueden abortar. Al avanzar en el mundo la legalización del aborto esta desigualdad se puso de manifiesto con el grito del “derecho a la paternidad” (cuando la mujer abortaba clandestinamente, con frecuencia a instancias o a espaldas del propietario del esperma, hete aquí que no aparecía como reclamo). Pero mientras los varones no queden embarazados, este poder de gestar, de parir y de abortar, que fue históricamente don y condena para las mujeres, les será siempre ajeno.