La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió este jueves en su Informe Anual de 2025 que el año pasado se identificaron “desafíos relevantes en independencia judicial y en el sostenimiento de la institucionalidad en derechos humanos” en Argentina debido, en parte, a los recortes del Gobierno de Javier Milei sobre programas en materia de género, diversidad, memoria histórica o pueblos indígenas.

En su informe, la CIDH mostró además su preocupación sobre el avance iniciativas legales que “agravarían la situación de derechos humanos de grupos en condiciones históricas de vulnerabilidad” y advirtió sobre “retrocesos en seguridad social de personas mayores, personas con discapacidad, jubiladas y pensionadas, así como denuncias de represión en protestas pacíficas”.

Por otra parte, subrayó que algunas de las reformas legales e iniciativas en materia de seguridad ciudadana y movilidad humana que están siendo impulsadas amenazan la vigencia de los derechos humanos.

El documento reconoció sin embargo que durante 2025 se registraron en el país avances en la protección de datos en la gestión pública, así como una reducción de índices de pobreza y el fortalecimiento de estrategias en materia de trata de personas.

La CIDH, mencionó, entre otros eventos y cuestiones puntuales, la violencia policial registrada durante una protesta de jubilados en marzo de 2025, el debilitamiento o cierre de espacios dedicados a la preservación de la memoria de la última dictadura militar (1976-1983) y la eliminación de programas que promovían la igualdad de genero y se enfocaban en la prevención, investigación y protección contra las violencias de género.

El informe consideró que durante 2025 “la violencia de género contra las mujeres se mantuvo en niveles alarmantes” y advirtió sobre la limitaciones en el acceso a métodos anticonceptivos y a la interrupción voluntaria y legal de embarazos.

También expresó preocupación por el intento fallido de Milei de designar por decreto dos nuevos jueces de la Corte Suprema y por el cierre o debilitamiento de “políticas públicas e instituciones vinculadas a los derechos humanos tanto a nivel nacional como en las jurisdicciones provinciales y municipales” mediante, entre otras medidas, la reestructuración, fusión y eliminación de entidades y programas clave.

En paralelo, destacó las manifestaciones por parte de personas mayores y personas con discapacidad en protesta por los recortes impulsados por el Ejecutivo de Milei y remarcó una serie de medidas impulsadas por el Ejecutivo para endurecer los criterios de ingreso al país para personas migrantes y ampliar las causas de expulsión.

Las conclusiones de la CIDH sobre la Argentina

Durante 2025 se registraron avances en Argentina en cuanto a la protección de datos en la gestión pública, reducción de índices de pobreza y fortalecimiento de estrategias en materia de trata de personas. También se observó la judicialización de casos de violencia contra personas LGBTI y el impulso de procesos para la elección del Defensor del Pueblo de la Nación y de la persona titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al mismo tiempo, se identificaron desafíos relevantes en independencia judicial y en el sostenimiento de la institucionalidad en derechos humanos, frente al cierre o reestructuración de programas dedicados a género, diversidad, memoria histórica, pueblos indígenas e iniciativas legales que agravarían la situación de derechos humanos de grupos en condiciones históricas de vulnerabilidad.

Se observaron retrocesos en seguridad social de personas mayores, personas con discapacidad, jubiladas y pensionadas, así como denuncias de represión en protestas pacíficas. Asimismo, se presentaron reformas legales e iniciativas en materia de seguridad ciudadana y movilidad humana, entre otros temas, que amenazarían la vigencia de los derechos humanos.

En el ámbito de la institucionalidad democrática, se creó el Programa de Protección de Datos Personales en la Administración Pública Nacional38, orientado a mejorar el manejo seguro de información en organismos estatales.

Datos oficiales reportaron una disminución de la pobreza del 53% al 38% en el primer semestre del año, mientras UNICEF destacó la reducción de la pobreza monetaria infantil, aunque con persistencia de marcadas desigualdades.

Se avanzó además en un nuevo proceso de elección del Defensor del Pueblo de la Nación tras dieciséis años de vacancia y se conformó la terna para la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se reportaron desafíos para la participación ciudadana, que forma parte esencial de la vida democrática. Al respecto, la CIDH expresó preocupación, en un comunicado de prensa, ante la violencia registrada durante la “Marcha de los Jubilados” del 12 de marzo en Buenos Aires, parte de las manifestaciones pacíficas que se realizan semanalmente desde 2024 contra las reformas de austeridad económica implementadas por el Estado y sus impactos en los derechos de las personas pensionadas.

En esa fecha, el Estado respondió a la protesta con un operativo de seguridad que utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes. La intervención dejó 20 personas heridas, incluyendo una jubilada de 87 años con traumatismo craneano. Además, se registraron 114 personas detenidas, entre ellas un niño de 12 años y un adolescente de 14, liberadas posteriormente por el Poder Judicial.

Se documentaron también ataques directos contra periodistas, incluyendo el caso de un fotorreportero que resultó gravemente herido por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, así como otros casos donde profesionales de la prensa fueron amenazados, agredidos físicamente y obstaculizados en el ejercicio de su labor informativa.

Respecto a institucionalidad en derechos humanos, se avanzó en un nuevo proceso para la elección del Defensor del Pueblo de la Nación tras 16 años de vacancia.

Asimismo, el Congreso conformó la terna para la designación de la nueva persona titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente.

El Estado cerró o debilitó políticas públicas e instituciones vinculadas a los derechos humanos, tanto a nivel nacional como en las jurisdicciones provinciales y municipales. Al respecto, se realizaron reestructuraciones, fusiones y eliminación de entidades clave para políticas públicas en materia de derechos humanos, como la supresión de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda y la iniciativa de fusionar los Ministerios de Justicia y Seguridad.

En particular se registró el cierre y restructuraciones de al menos 30 programas y establecimientos relacionados a género y diversidad, memoria histórica, asistencia a víctimas de trata de personas, niñez, adolescencia y familia.

Estas medidas se enmarcan en una política de ajuste fiscal, reducción del gasto público y reorganización del Estado por parte del Ejecutivo.

En lo atinente a seguridad ciudadana, se tomó nota de la reforma policial federal que aprobó un nuevo Estatuto de la fuerza alineado con estándares del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos para la investigación de delitos federales y complejos.

El Estado presentó estas medidas como parte de una respuesta institucional frente al crimen organizado y la criminalidad compleja, enfatizando la necesidad de modernización tecnológica y de coordinación interinstitucional en materia de investigación criminal y prevención de delitos de alta complejidad.

No obstante, dicha reforma facultaría a la Policía Federal a realizar ciberpatrullaje y otras labores de vigilancia digital, así como adelantar detenciones sin orden judicial, lo que, según la sociedad civil podría derivar en derivar en abusos, controles poblacionales y condiciones de detención inhumanas.

Sobre desafíos al acceso a la justicia e independencia judicial, el presidente Javier Milei designó en comisión a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el decreto No. 137/2025, sin previa aprobación del Senado de la Nación. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que esta práctica podría afectar los principios de separación de poderes e independencia judicial, esenciales para la vigencia del Estado de Derecho.

Finalmente, el Senado rechazó los pliegos de ambos candidatos, cuyas postulaciones no obtuvieron la aprobación de la Cámara Alta.

En cuanto a memoria, verdad y justicia, en 2025 se identificó a la nieta 139 y al nieto 140, así como a dos personas extranjeras desaparecidas desde 1976, lo que reafirma la vigencia de las políticas públicas en la materia.

Asimismo, se hallaron restos humanos en un predio del Ejército donde funcionó un centro clandestino de detención.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que, entre 2006 y el 18 de septiembre de 2025, se dictaron 353 sentencias con 1.202 personas condenadas y 213 absueltas por crímenes de lesa humanidad.

Entre las sentencias, un 17% incluía condenas por los tipos penales relacionados con agresiones sexuales a las víctimas del terrorismo de Estado.

Pese a los avances en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, preocupa la situación del Banco Nacional de Datos Genéticos tras la aprobación de un decreto presidencial que suprime su autonomía institucional.

Asimismo, se observaron desafíos derivados del debilitamiento o cierre de espacios dedicados a la preservación de la memoria, junto con despidos de personal especializado y restricciones presupuestarias.

Entre los casos registrados se encuentran el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, la suspensión de pagos del Espacio para la Memoria, la unificación del Archivo Nacional de la Memoria con el Museo Sitio de Memoria, ex ESMA, y la cesión de su edificio al Ministerio Público, además de la remoción de placas conmemorativas del Palacio de los Tribunales que recuerdan los juicios a las Juntas Militares, la destrucción de documentación militar relevante al esclarecimiento de graves violaciones de ese período, y el ataque al sitio de memoria en Salsipuedes.

Respecto de los derechos humanos de las mujeres, se observó un debilitamiento institucional en la materia. Se eliminaron 14 programas federales que promovían la igualdad de género y se enfocaban en la prevención, investigación y protección contra las violencias de género. Entre otros, se encuentran el Programa de Apoyo Urgente y Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (PAU), el programa que proveía productos de higiene menstrual y el “Registro Nacional de Organizaciones sociales que abordan temáticas de género y diversidad”.

En adición, autoridades estatales anunciaron la intención de eliminar el femicidio del Código Penal, y de sancionar las supuestas “denuncias falsas” en delitos de violencia de género o contra la integridad sexual.

De materializarse, esto representaría un grave retroceso en la protección y garantía del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Mientras tanto, la violencia de género contra las mujeres se mantuvo en niveles alarmantes. La Defensoría del Pueblo reportó 124 femicidios entre enero y junio de 2025, mientras organizaciones de la sociedad civil contabilizaron 178 femicidios y 287 tentativas en el mismo periodo, de los cuales la mayoría fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, 14 de ellos habrían sido cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad.

Algunos de los feminicidios se caracterizaron por niveles extremos de crueldad, precedidos por desapariciones, tortura y violencia sexual. Por otro lado, el acceso a métodos anticonceptivos ha sido severamente limitado debido a los recortes al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA).

También, el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en los servicios de salud sigue siendo obstaculizado por la falta de información, demoras, prácticas disuasorias, el uso abusivo de la objeción de conciencia y la falta de personal para brindar el servicio de salud.

Sobre la situación de personas con discapacidad, el Estado informó sobre avances de la nueva Normativa para la Certificación de la Discapacidad, así como de la actualización del Registro Nacional de Profesionales y del Registro Nacional de Situación de las Personas con Discapacidad.

También reportó la implementación de programas del Fondo Nacional para la Inclusión Social (FONADIS), que apoyan emprendimientos productivos, fortalecen establecimientos que emplean personas con discapacidad y facilitan el acceso a dispositivos de apoyo técnico. Asimismo, desarrolló políticas de accesibilidad, como la producción de materiales en lectura braille y lengua de señas, y acciones de capacitación para trabajadores estatales y provinciales.

No obstante, se han observado numerosas manifestaciones lideradas por personas y organizaciones de personas con discapacidad en rechazo a ajustes y reformas que van detrimento de sus derechos.

Además del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, se conoció que la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) suspendió más de 110.500 pensiones por discapacidad laboral no contributivas.

Al tiempo, se tomó nota de la investigación contra la Secretaria General de la Presidencia y hermana del Presidente de la República, por presuntos sobornos en compra de medicamentos para personas con discapacidad.

En lo relativo a la situación de personas mayores, el Ejecutivo puso fin a la política de medicamentos gratuitos para personas jubiladas que dejaría por fuera entre dos y tres millones de personas de la cobertura total de sus medicamentos.

Asimismo, el Ejecutivo congeló bonos pensionales, y vetó la ley que aumentaba pensiones y reinstalaba la moratoria jubilatoria.

Estas medidas provocaron las protestas de personas mayores y sindicatos a las que se hizo referencia en el apartado sobre institucionalidad democrática de este apartado.

Respecto de los derechos de los pueblos indígenas, el Estado avanzó con la entrega de documentos de identidad para comunidades de las provincias de Tucumán, Catamarca y Santa Fe.

No obstante, la derogación de la Ley de Emergencia Territorial No. 26.160 resultó en operativos de desalojos en comunidades indígenas de Chubut, Río Negro, Tucumán, Jujuy, Neuquén, Chaco y San Juan, que reclamaban sus tierras ancestrales. En este contexto denunciaron destrucción de viviendas y detenciones arbitrarias.

Además, el Programa de Fortalecimiento Comunitario en la órbita del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), diseñado para cubrir costos de asesoramiento legal para la defensa legal de sus territorios, ha sido eliminado.

Sumado a esto, las comunidades Limay Kurref, Suyai Leufu y El Sosneado fueron afectadas con la revocación de relevamientos jurídicos catastrales realizados por el propio Estado donde se les había reconocido previamente la ocupación tradicional de tierras y territorios.

Adicionalmente, persistió la criminalización de integrantes de comunidades indígenas y personas defensoras de la tierra; en particular, se destaca la detención de una integrante de la comunidad mapuche Pillan Mawiza acusada de provocar incendios, así como la estigmatización de los pueblos indígenas desde medios de comunicación oficiales.

Se reportó además una previsión de reducción presupuestaria para el INAI para 2026 en un 15,5% en términos nominales y en un 25% en términos reales; así como cuestionamientos sobre la falta de consulta previa a las comunidades indígenas en la adopción de la Ley V No. 202 en Chubut, que establece el protocolo de consulta previa, libre e informada.

Sobre la situación de las personas en movilidad humana, Argentina reformó el Decreto de Necesidad y Urgencia No. 366 (DNU), que modifica la Ley de Migraciones No. 25.871 que busca regular el ingreso “descontrolado” de personas migrantes al país, las cuales representarían una amenaza para la seguridad nacional y una excesiva carga que llevaría al “colapso” a los servicios públicos que presta el Estado.

Dicho decreto también amplía las causas de expulsión, elimina ciertos recursos de apelación previstos en la Ley de Migraciones y reduce a la mitad los plazos procesales, restringiendo el acceso a la justicia; también, incrementa los motivos y tiempos de detención con fines de expulsión, que pueden extenderse hasta 30 días, aún sin resolución firme.

Por otra parte, se expidió el Decreto No. 646, que reglamenta la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado No. 26.165, que autoriza la creación de “centros de acogida” en los que las personas solicitantes de asilo podrían permanecer durante el procedimiento, con salidas limitadas únicamente para regresar a su país de origen o a un tercer país.

Asimismo, faculta el rechazo de solicitudes que sean consideradas “manifiestamente improcedentes”, se fundamenten en “preferencias subjetivas” o “motivos de conveniencia económica”, o cuando las alegaciones sean consideradas “incoherentes, insuficientes o inverosímiles” y establece el desistimiento automático y sin excepciones si la persona se ausenta del país durante su tramitación.

Respecto de la trata de personas, el Ministerio de la Justicia avanzó con el “Programa Nacional para la Instrumentación de las Reparaciones Integrales a Víctimas del Delito de Trata de Personas” que dispone restituciones económicas e indemnizaciones en favor de las víctimas de trata y explotación.

También se destacan acciones de prevención y operaciones de identificación de víctimas en contextos de trabajos forzados a bordo de buques; y los allanamientos realizados en Córdoba, Mendoza, y el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se rescataron adolescentes víctimas de explotación laboral, y víctimas con fines de explotación sexual.

En materia de avances respecto de las personas privadas de libertad, el Estado impartió la capacitación en materia de producción agropecuaria para mejorar las posibilidades de reinserción social de quienes están por egresar en las cárceles del país.

Sin embargo, se presentaron desafíos en cuanto a la sanción de leyes que posibilitarían un mayor uso de la prisión. En particular, la ley No. 27.785 que introdujo reformas como la incorporación del criterio de “reiterancia delictiva” para considerar al momento de decidir sobre la aplicación de medidas cautelares en el marco de la prisión preventiva; y el método de la suma aritmética de las penas para el dictado de una pena única.

Por su parte, la ley No. 27.786 que habilita la detención de personas por hasta 48 horas para averiguación de delitos relacionados con el crimen organizado, con una extensión de hasta 15 días en casos de alta complejidad.

Por otro parte, en la provincia de Córdoba el uso excesivo de la prisión preventiva ha desencadenado en un incremento del hacinamiento y en condiciones deplorables de encarcelamiento.

Asimismo, la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) confirmó la constitucionalidad de la legislación nacional que impide que las personas condenadas por determinados delitos de drogas puedan acceder a beneficios penitenciarios que limitan la prisión, tales como y salidas transitorias.

Igualmente, en materia de reinserción social, la inhabilitación del funcionamiento de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal ha impedido la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario de clases asignadas.

Respecto de la situación de las personas afrodescendientes y la lucha contra la discriminación racial, se avanzó con la presentación del proyecto 0698-D-2025 en la Cámara de Diputados para aprobar la Convención Interamericana contra el Racismo (A-68).

No obstante, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que, a partir del cierre de organismos especializados como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Comisión para el Reconocimiento de la Comunidad Afroargentina, se ha dificultado el acceso a la justicia de personas afrodescendientes.

Adicionalmente, la actual política de medidas de control y seguridad ha impactado de manera diferenciada a la población afrodescendiente y migrantes africanas.

Al respecto, el 14 de febrero de 2025, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó un megaoperativo que desalojó a más de 5.000 vendedores ambulantes y ejecutó decenas de allanamientos, la mayoría son personas migrantes de origen senegalés.

Respecto de los derechos de las personas LGBTI, se registraron avances en la judicialización en casos de violencia. Se destacan la solicitud de juicio contra policías acusados del transfemicidio de Sofía Fernández, quien murió bajo custodia en 2023; la Cámara Nacional de Apelaciones ordenó reabrir la investigación del triple asesinato de mujeres lesbianas de Barracas ocurrido en 2024 con una perspectiva de género; se confirmó, por parte de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, la condena a prisión perpetua por asesinato agravado por odio hacia la identidad de género de la víctima en el caso de Tehuel de la Torre.

Además, el Juzgado Federal No. 2 de Paraná declaró inconstitucional el Decreto de necesidad y urgencia (DNU) impulsado por el gobierno que prohibía tratamientos de afirmación de género a personas con menos de 18 años. La decisión fue también confirmada por la cámara federal de apelaciones.

En cuanto a desafíos, se observó la prohibición de tratamientos y cirugías de afirmación de género para personas menores de 18 años; la aprobación del Decreto 61/2025, que impide la reasignación carcelaria de personas trans en función de su identidad de género, estableciendo el alojamiento según el sexo consignado al momento de la comisión del delito; y el retiro de contenidos de Educación Sexual Integral (ESI) de portales oficiales.

Asimismo, se tomó nota que los crímenes motivados por prejuicios aumentaron 70% en comparación con 2024, registrando hasta 102 crímenes en el primer semestre de 2025, incluyendo cuatro asesinatos.

También se tuvo conocimiento de alegatos de torturas sistemáticas a mujeres trans en cárceles bonaerenses, especialmente en Sierra Chica; y agresiones contra la vivienda de la defensora trans Claudia Vásquez Haro.

Sobre los avances en los derechos de niñas, niños y adolescentes, en septiembre, Argentina depositó el instrumento de ratificación del Convenio de La Haya relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños y las niñas, el cual entrará en vigor en el país el 1 de enero de 2026.

A la vez, en octubre, la Cámara de Diputados aprobó la terna propuesta por la Comisión Bicameral para ejercer la nueva dirección de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina, quedando pendiente la aprobación por el Senado.

Por otro lado, el Estado enfrentó desafíos una vez que, en marzo, decidió dar de baja a al menos 10 programas sociales y culturales que funcionaban bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano. Estas medidas, formalizadas mediante 11 resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, implicaron la eliminación de iniciativas destinadas a la promoción de derechos, el acceso a espacios de participación cultural y recreativa, así como la supresión de subsidios vinculados a dichas actividades.

Adicionalmente, según datos de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, existirían incumplimientos estatales en la supervisión y garantía de derechos niñas y niños en instituciones de cuidado de la Provincia, incluida la falta de control efectivo del organismo provincial competente, lo que permitiría prácticas violatorias como torturas, tratos crueles, encierros, humillaciones y duchas frías, además de casos de abuso sexual en hogares específicos.

Estos espacios también presentarían deficiencias en acceso a la salud, con discontinuidad en tratamientos y aumento de hospitalizaciones por falta de abordaje adecuado de salud mental, así como un uso excesivo de medicalización.

Al respecto, la CIDH solicitó información del Estado en virtud del artículo 41 de la Convención Americana, pero no recibió respuesta del Estado.

Asimismo, durante el 2025 continuó el debate legislativo orientado a la reducción de la edad de responsabilidad penal, en línea con la tendencia registrada en 2024. Ese año se presentaron nuevas iniciativas que proponen fijar la imputabilidad penal entre los 10 y 13 años, junto con proyectos que, manteniendo el umbral en 14 años, incorporan penas más severas de hasta 15 años de prisión.

EFE

En Gaza, la población civil sigue atrapada en un genocidio. En Ucrania, los bombardeos continúan golpeando infraestructuras esenciales. En Sudán, se cumplieron tres años de guerra y de la mayor crisis humanitaria del mundo. En Irán, la violenta represión sobre las protestas en enero de 2026 podría ser la más letal en décadas. Y, en EE.UU., las políticas migratorias y la presión sobre organismos internacionales encendieron las alarmas sobre el retroceso democrático. El informe anual de Amnistía Internacional (AI) constata que en distintas partes del mundo se repite un mismo patrón: se produjo un deterioro de los derechos humanos.

El trabajo analiza la situación de 144 países y concluye que el mundo atraviesa uno de los momentos más críticos desde la creación del sistema internacional de derechos humanos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. La organización sostiene que ya no se trata de un deterioro progresivo, sino de un “ataque directo a los cimientos del sistema internacional basado en normas”.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, fue aún más contundente durante la presentación del informe: “La humanidad misma se encuentra bajo ataque”. Según explicó, el mundo entró en una nueva fase en la que ya no se trata de advertencias, sino de una realidad consolidada: “Ya no estamos ante un colapso inminente, estamos dando cuenta de su llegada”.

Más guerra, impunidad y complicidad

El informe recién publicado por Amnistía Internacional documenta un aumento de crímenes de guerra, de lesa humanidad y otras violaciones graves, en un contexto en el que los mecanismos de rendición de cuentas pierden eficacia. Entre los ejemplos más señalados, figuran el genocidio contra la población palestina en Gaza, los ataques en Ucrania o la violencia extrema en Myanmar y Sudán.

Callamard describió este escenario como el resultado de un cambio de paradigma. “Nos encontramos con depredadores feroces que asaltan los fundamentos de los derechos humanos y del sistema multilateral”, apuntó, en referencia a Estados que vulneran sistemáticamente el derecho internacional.

“EE.UU., Rusia, Israel y, en cierta manera, China o Myanmar cometen violaciones de derechos humanos para imponer su dominio”. Según explica, estas dinámicas pasan por “declarar guerras ilegales, violar el derecho internacional e intentar dejarnos sin las normas que nos han regido durante los últimos 80 años”.

Nos encontramos con depredadores feroces que asaltan los fundamentos de los derechos humanos y del sistema multilateral

Agnès Callamard — Secretaria general de Amnistía Internacional

El informe sitúa en ese contexto a líderes como Donald Trump, Vladímir Putin o Benjamín Netanyahu, a los que Callamard acusó de buscar “el dominio político y económico mediante la destrucción, la represión y la violencia a gran escala”.

El documento no solo pone el foco en los responsables directos de las violaciones, sino también en la actitud del resto de gobiernos cómplices. Según Amnistía Internacional, muchos Estados optaron por políticas de apaciguamiento, evitando confrontar a las potencias implicadas.

“La mayoría de los gobiernos optaron por apaciguar a estos depredadores”, denunció Callamard, que criticó especialmente el papel de los países europeos. Esta dinámica, advierte AI, tiene consecuencias directas sobre la población y la sociedad civil organizada. “Hay represión a periodistas, a defensores de derechos humanos, se intenta acabar con las voces críticas en todo el mundo”.

Represión, control y crisis climática

El deterioro de los derechos humanos no se limita únicamente a los escenarios de guerra. A escala nacional, el informe describe un aumento global de prácticas autoritarias a través de, por ejemplo, una mayor represión en las protestas en Irán, Estados Unidos, Turquía y Reino Unido, la criminalización de la disidencia en Egipto y la India y la vigilancia digital y censura en países como Serbia y Kenia.

Callamard alertó de que este modelo está consolidando un nuevo orden y “un mundo donde la guerra y el asesinato de civiles se han normalizado como herramientas de gobierno”. En esa lógica, añadió, la sociedad civil pasa a ser tratada como un enemigo y la disidencia se silencia mientras “se criminaliza la solidaridad y se convierte la ley en un arma”.

En muchos países, estas medidas se tradujeron en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. La tecnología, según AI, está desempeñando un papel creciente en este proceso, al facilitar nuevas formas de control social.

Además, el informe vincula este deterioro con factores estructurales como la crisis climática y los recortes en la ayuda internacional a través del fin de la asistencia de USAID, la agencia humanitaria estadounidense. El mundo se encamina hacia un aumento de hasta tres grados en la temperatura global, lo que, según el informe, agravará problemas como la inseguridad alimentaria o los desplazamientos forzados.

La guerra con Irán y la figura de Trump

Uno de los ejemplos más claros de esta deriva es la escalada en torno a Irán. Según Amnistía, el conflicto se intensificó tras el ataque ilegal de EE.UU. e Israel en violación de la Carta de Naciones Unidas, al que siguieron represalias iraníes. Durante la presentación del informe, la responsable de la ONG advirtió de que esta dinámica ha desencadenado una espiral de violencia con consecuencias globales.

“El conflicto [en Medio Oriente] está poniendo en peligro la vida y la salud de millones de personas en toda la región”, señaló Callamard, que alertó de que sus efectos pueden extenderse más allá de la región, afectando al acceso a energía, alimentos o atención sanitaria en todo el mundo.

Además, la población iraní sufre una doble presión, por un lado, los ataques externos y, por otro lado, la represión interna. “Los iraníes son blanco de las bombas al tiempo que se enfrentan a una represión mortal por parte de su propio gobierno”, denuncia la secretaria general de la organización.

El informe también señala al papel de EE.UU. y, en particular, de Donald Trump, en el debilitamiento del sistema internacional. Callamard denunció que EE.UU. impuso sanciones contra jueces y fiscales internacionales “por el simple hecho de estar haciendo su trabajo”, en referencia a las investigaciones de la Corte Penal Internacional.

Estas medidas, según Amnistía, forman parte de un intento más amplio de convertir la justicia internacional en un campo de batalla y debilitar los mecanismos de rendición de cuentas.

Espacios de resistencia

Pese al diagnóstico, el informe también recoge señales de resistencia. Callamard subrayó que “hay otra historia”, concretamente, la de millones de personas que se movilizaron, y se movilizan, en todo el mundo para defender los derechos humanos.

Desde protestas masivas contra la guerra en Gaza hasta acciones de trabajadores portuarios en países como España, Grecia o Marruecos para bloquear el envío de armas con destino a Israel, pasando por movilizaciones en defensa de derechos civiles como las que se dieron ante la prohibición de la Fiesta del Orgullo en Budapest para defender los derechos LGTBI.

En la contenciosa vida pública argentina, han sido celebrados e impugnados por igual. ¿Cómo entender la singular gravitación de estas organizaciones en la vida cívica? ¿Qué factores moldearon su agenda? ¿De qué manera se vincularon con el Estado y los partidos políticos? ¿Qué idea de derechos humanos contribuyeron a forjar? Roy Hora conversa con Hugo Vezzetti sobre la historia del movimiento de derechos humanos, las ideas que lo animaron y su lugar en la vida pública del país.

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

La periodista y militante de derechos humanos Lila Pastoriza, sobreviviente del centro clandestino de detención que funcionó en la exESMA, murió en las últimas horas, según confirmaron sus familiares. Su fallecimiento se produjo en un contexto cargado de significación histórica: a 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, fecha que marcó su vida y su trayectoria política y profesional.

Nacida en Mar del Plata, Pastoriza estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde inició su militancia estudiantil a fines de la década del 60. En esos años se incorporó a la Federación Juvenil Comunista y luego a Montoneros. Su compromiso político se entrelazó con el ejercicio del periodismo: integró la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA), fundada por Rodolfo Walsh, una experiencia clave de comunicación en tiempos de censura y persecución.

El 15 de junio de 1977 fue secuestrada por un grupo de tareas y trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros clandestinos de detención y exterminio de la última dictadura. Durante su cautiverio, fue obligada a realizar tareas vinculadas a la construcción de un archivo periodístico, en el marco del sistema represivo que utilizaba a las personas detenidas para trabajos forzados.

Pastoriza permaneció secuestrada durante más de un año, hasta su liberación el 25 de octubre de 1978. Tras recuperar la libertad, se exilió primero en España, donde presentó un informe sobre su cautiverio ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Luego se trasladó a México, donde continuó su actividad política y periodística.

En ese país participó de la Casa Argentina de Solidaridad (CAS) y desarrolló una intensa labor en favor de la liberación de personas detenidas ilegalmente durante la dictadura, entre ellas su entonces esposo, Eduardo Jozami. Su experiencia personal, atravesada por el terrorismo de Estado, se convirtió desde entonces en un motor de denuncia y acción colectiva.

Con el retorno de la democracia, Pastoriza regresó a la Argentina en 1984. Al año siguiente declaró tanto ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) como en el histórico Juicio a las Juntas, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, aportando su testimonio sobre el funcionamiento del aparato represivo.

A lo largo de las décadas siguientes, sostuvo una activa participación en el campo de los derechos humanos. Formó parte de organismos y espacios de memoria, entre ellos Memoria Abierta, el Parque de la Memoria y el Espacio de Memoria que funciona en el predio de la exESMA. También continuó declarando en causas judiciales contra represores, contribuyendo a los procesos de verdad y justicia.

En paralelo, desarrolló una trayectoria periodística en distintos medios, como Página/12 y las revistas Haroldo y Cítrica, donde su escritura mantuvo siempre un fuerte vínculo con la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos.

La muerte de Pastoriza vuelve a poner en primer plano una figura central para comprender tanto el horror de la última dictadura como las luchas posteriores por justicia. Su vida, atravesada por la militancia, el exilio y el testimonio, deja una marca persistente en la construcción de la memoria colectiva en la Argentina.

CRM

La Justicia federal de Córdoba confirmó la identificación científica de los restos de 12 personas que habían sido enterradas clandestinamente en predios del Ejército cercanos al ex centro clandestino de detención La Perla, uno de los principales sitios de exterminio durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

La información fue difundida a través de un comunicado del Juzgado Federal N.º 3, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja. El resultado surge de los trabajos de análisis antropológicos forenses realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.

Los estudios se realizaron sobre restos humanos encontrados durante excavaciones efectuadas en 2025 en el sector conocido como “Loma del Torito”, dentro de la Guarnición Militar de La Calera, en las inmediaciones del ex centro clandestino de detención.

Según informó el juzgado, los análisis genéticos permitieron alcanzar un “resultado parcial” que identifica científicamente a doce víctimas cuyos restos habían sido recuperados durante la campaña de excavaciones realizada el año pasado. Las identidades, sin embargo, no serán dadas a conocer públicamente hasta que se complete el proceso de notificación a los familiares directos.

La búsqueda en la zona se desarrolló durante 68 días en un área de aproximadamente diez hectáreas. En ese período, equipos especializados y maquinaria removieron grandes volúmenes de tierra en sectores donde, a partir de testimonios de sobrevivientes, fotografías históricas y relevamientos aéreos, se había establecido una alta probabilidad de existencia de fosas comunes.

Los trabajos permitieron recuperar numerosos fragmentos óseos que luego fueron sometidos a procesos de datación, clasificación y análisis genético con el objetivo de determinar su identidad. Desde la Secretaría de Derechos Humanos provincial señalaron que el proceso de comunicación con las familias se encuentra en una etapa sensible.

La causa judicial que investiga enterramientos clandestinos en el predio se inició en 1998 a partir de una presentación del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la abogada María Elba Martínez y el periodista Horacio Verbitsky, quienes solicitaron a la Justicia la búsqueda de los restos de desaparecidos en el área.

La Perla funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio entre 1976 y 1978, bajo el mando del Tercer Cuerpo de Ejército. Investigaciones del Archivo Provincial de la Memoria estiman que entre 2.200 y 2.500 personas pasaron por ese lugar, donde el nivel de letalidad fue particularmente alto.

En Córdoba, a diferencia de otros centros clandestinos del país, los enterramientos clandestinos fueron una de las principales modalidades utilizadas para ocultar los cuerpos de las víctimas. Por esa razón, las tareas de excavación en los terrenos cercanos al predio militar se consideran clave para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido y en la identificación de personas desaparecidas.

Desde el juzgado indicaron que una vez finalizado el proceso de notificación a las familias se brindará información más detallada sobre las identidades confirmadas y el avance de los análisis, que podrían permitir identificar a otras víctimas cuyos restos también fueron recuperados durante las excavaciones.

CRM

El Gobierno sacará la Subecretaría de Derechos Humanos del predio de la ex ESMA y trasladará la repartición al edificio que ocupó hasta su eliminación el ex Ministerio de la Mujer, en Cochabamba 54 de la Ciudad de Buenos Aires. La mudanza tiene un alto contenido simbólico: se llevaría a cabo en marzo, en medio del 50 aniversario del Golpe de 1976, y es otro eslabón más en la campaña negacionista de la gestión de Javier Milei y su “batalla cultural”.

El martes 24 de marzo se conmemorará el 50º aniversario del comienzo de la última dictadura cívico-militar y se prevén actos y marchas en todo el país impulsadas por los organismos de derechos humanos. En ese marco hay expectativa por la ofensiva del Gobierno, que en los últimos dos años lanzó videos cuestionando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

La Subsecretaría de Derechos Humanos cambió a su titular en diciembre último, cuando el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Alberto Baños luego de un fuerte ajuste en el área y de cuestionar en una audiencia en la ONU el número simbólico de los 30.000 desaparacidos. Al frente de esa dependencia quedó Joaquín Mogaburu, un funcionario que aboga por el “perdón” y la “concordia política”.

Según trascendió, en el predio de la ex ESMA, de unas 17 hectáreas, continuarían funcionando el Archivo Nacional para la Memoria, el Museo Sitio de Memoria ESMA, el Espacio para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, y entre otros.

El cambio de sede de DDHH coincide con otras acciones negacionistas del Gobierno. La subsecretaría dejó de intervenir como querellante en los últimos juicios que se iniciaron por los crímenes de lesa humanidad, como reveló el diario Página/12. Ya en febrero el Estado dejó de participar en las querellas en el juicio por los crímenes cometidos en dos de los centros clandestinos que regenteaba la entonces -y ahora recreada- SIDE: Automotores Orletti y la Base Pomar.

El traslado de la Secretaría de DDHH profundizará entonces el negacionismo mileísta. El espacio elegido como nueva sede es donde funcionó el Ministerio de la Mujer, creado en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández, y cerrado por Milei. En febrero esa área también fue degradada a una subsecretaría y se ordenó el desalojo del edificio que se encontraba en obras y con dificultades edilicias.

En 2025 ese mismo edificio -al igual que la Subsecretaría- pasó a la órbita del Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona. En 2024 el Poder Ejecutivo había dejado trascender que ese inmueble sería vendido a través de la Agencia de Bienes del Estado (AABE), iniciativa que nunca se llevo adelante y quedaría si efecto ahora de confirmarse la mudanza a ese edificio de la subsecretaría.

Con información de agencia NA

MC

A menos de dos meses de que se cumplan 50 años del golpe de Estado de 1976, el Ministerio de Defensa volvió a quedar en el centro de la polémica por una ofensiva pública contra los juicios por crímenes de lesa humanidad. El disparador fue un mensaje difundido en redes sociales por Guillermo Madero, jefe de Gabinete del ministro-militar Carlos Presti, en el que cuestionó que los tribunales federales sigan investigando “crímenes ocurridos hace 50 años”, en línea con un editorial del diario La Nación que puso en duda la legitimidad de esos procesos.

El posteo fue publicado el primer día de actividad judicial tras la feria de enero. Allí, Madero sostuvo que los juzgados federales, que también deben investigar narcotráfico y corrupción, se encuentran “colmados” de causas de lesa humanidad que violarían el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. El texto replicaba casi de manera literal uno de los argumentos centrales del editorial de La Nación, que presenta los juicios como una fuente de inseguridad jurídica y cuestiona la reapertura de las causas impulsada desde el kirchnerismo.

Sin embargo, varios de los datos difundidos en ese marco son desmentidos por estadísticas oficiales. De acuerdo con la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el 84 por ciento de los condenados y procesados por delitos vinculados al terrorismo de Estado cumple prisión domiciliaria. En diciembre pasado, incluso, el represor Eduardo Kalinec —condenado a prisión perpetua— accedió a la libertad condicional, en contradicción con la afirmación de que no existen beneficios para los imputados.

La intervención de Madero no fue un hecho aislado. Su trayectoria dentro del Ministerio de Defensa lo ubica desde hace tiempo como una de las voces más activas contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Durante su paso previo por la cartera, fue el primer funcionario en negar información requerida por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que colabora con las Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de los niños apropiados durante la dictadura.

En marzo de 2024, además, Madero visitó la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde se alojan represores condenados por delitos de lesa humanidad. Aunque luego justificó la recorrida como una inspección edilicia, organismos de derechos humanos y fuentes penitenciarias señalaron que el encuentro fue recibido con entusiasmo por los detenidos. Meses después, el Gobierno decidió concentrar allí a la mayoría de los represores presos, en una unidad considerada “VIP” por los organismos.

Poco tiempo más tarde, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, dispuso el cierre de los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental (ERyA), que desde 2010 aportaban información clave a la Justicia para el avance de las causas por crímenes de lesa humanidad. Tras esa decisión, el fiscal general Miguel Palazzani solicitó que se preservara el acervo documental. La respuesta oficial llevó la firma de Madero, quien objetó el pedido y derivó el conflicto a la Procuración General.

El perfil del funcionario se completa con intervenciones públicas previas. En una columna publicada en Infobae en julio del año pasado, Madero denunció la supuesta “industria” de los juicios de derechos humanos y reivindicó la idea de una “memoria completa”, un concepto habitual en los discursos que relativizan el terrorismo de Estado y equiparan la represión ilegal con la violencia política de los años 70.

La nueva arremetida se produce en un contexto particularmente sensible. Carlos Presti, actual ministro de Defensa, es hijo de Roque Presti, uno de los responsables de la represión en La Plata durante la dictadura. En su gabinete también fue designado Daniel Martella, hijo de Santiago Martella, condenado a prisión perpetua en el megajuicio de La Perla, al frente de la Secretaría de Asuntos Internacionales. Ambos nombramientos reforzaron las críticas de organismos de derechos humanos y sectores de la oposición.

Con un gabinete fuertemente militarizado y una línea discursiva que vuelve a poner en cuestión los consensos construidos desde 1983, la figura de Guillermo Madero aparece como un articulador político clave dentro del Ministerio de Defensa. A 50 años del golpe, sus declaraciones no solo reabren debates que parecían saldados, sino que también anticipan el rumbo de una gestión que vuelve a tensionar la relación del Estado con las políticas de memoria, verdad y justicia.

CRM/MC

El asedio a las políticas de memoria, verdad y justicia fue una constante en dos años de Gobierno de Javier Milei, denuncian los organismos defensores de los derechos humanos. Sin embargo, los tribunales de toda Argentina mantienen las causas por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura (1976-1983).

Desde 2006, cuando se reiniciaron los juicios de lesa humanidad hasta este 1 de diciembre, 1.208 personas fueron condenadas, 316 procesadas y 247 resultaron absueltas. Esas cifras son el resultado de las 357 sentencias dictadas desde entonces, de las cuales 19 correspondieron a 2025. Este año fueron condenadas nueve personas y 51 fueron absueltas, según el informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Aumentan las absoluciones

Las sentencias más llamativas se dictaron en los últimos meses del año. En octubre, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a ocho represores y absolvió a 27 acusados por delitos contra casi 200 personas en el circuito represivo del centro de la provincia de Buenos Aires. Al mes siguiente, el Tribunal Federal 1 de Rosario (provincia de Santa Fe) absolvió a los 17 acusados en la causa por ocho homicidios y 27 secuestros de trabajadores y delegados de la empresa Acindar.

María Ángeles Ramos, fiscal a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, dice a elDiario.es que el balance es positivo sobre el proceso judicial en un contexto difícil. “Si bien hubo políticas de Estado reduccionistas montadas en cuestiones presupuestarias e ideológicas, la realidad es que no notamos en el análisis estadístico de seguimiento de casos que haya repercutido directamente. Si bien hubo picos de más logros y obtención de sentencias, en líneas generales no se detuvo. El volumen de sentencias se mantuvo estable”.

El mayor obstáculo para el proceso de justicia es que el Poder Ejecutivo cerró equipos de trabajo y no busca activamente pruebas para dilucidar qué pasó con las víctimas y eso indirectamente repercute en el proceso de justicia

Sol Hourcade — Abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Una cuestión a tener en cuenta es que 2025 fue el año con la mayor cantidad de absoluciones desde la reanudación de los juicios de lesa humanidad. Siempre ha habido más condenados que absueltos. El año pasado, por ejemplo, hubo 20 condenados y 12 absueltos. Al respecto, Ramos afirma: “Todavía no tenemos un diagnóstico de la causa de esas absoluciones porque fueron bastante recientes y los tribunales todavía no nos dieron los fundamentos de esas decisiones, que estarán en febrero o marzo. Esto es algo que vamos a evaluar y a considerar para ver si tiene alguna reminiscencia, digamos, que una pueda sospechar que hay un cambio de interpretación de los estándares jurídicos con los que se venían juzgando los casos. Puede ocurrir que haya un cambio de paradigma”.

Retroceso: recortes y cierre de equipos

En mayo pasado, el Gobierno de Milei decidió degradar la política de derechos humanos: la secretaría especializada en la materia se convirtió en subsecretaría. Se redujo el personal de trabajadores en un 40% y se recortó el presupuesto. Además, se retiraron capacidades estatales en el impulso de los juicios de lesa humanidad y se despidió a los abogados que intervenían como querellantes, lo que dejó a las víctimas prácticamente sin representación en todas las provincias de Argentina.

Asimismo, el Gobierno ultraderechista desmanteló el programa Verdad y Justicia y eliminó los equipos de “relevamiento y análisis” que funcionaban en el Ministerio de Defensa desde 2010 para aportar documentación a las causas. Es el mismo Ejecutivo que presenta una “memoria completa”, concepto que salió del sector militar para contestar a las reivindicaciones de los organismos de derechos humanos y busca incluir las acciones de las organizaciones armadas, además de las del terrorismo de Estado.

“El programa político que subyace no apunta a 'completar' la memoria existente, sino a cancelarla para imponer una memoria antagónica” advierten en un informe las agrupaciones Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S Capital y Memoria Abierta.

Sol Hourcade, abogada del equipo de Memoria, Verdad y Justicia del CELS, indica a elDiario.es que el Ejecutivo ha dejado de buscar pruebas. “El mayor obstáculo para el proceso de justicia es que el Poder Ejecutivo que antes se encargaba de buscar pruebas en archivos administrativos estatales, de las fuerzas armadas, de la Secretaría de Inteligencia y del Ministerio de Seguridad, cerró esos equipos de trabajo y no busca activamente pruebas para dilucidar qué pasó con las víctimas y eso indirectamente repercute en el proceso de justicia”.

La experta agrega: “Dependemos exclusivamente de las pocas personas que sobrevivieron al genocidio y que en las condiciones en las que fueron secuestradas tuvieron conocimiento limitado de otras víctimas y victimarios. Y aun así han logrado identificar a los responsables. Los aportes de los archivos estatales eran importantes para reconstruir la estructura represiva”.

La mitad de las condenas no son firmes: están pendientes de ser revisadas por instancias superiores como la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema. De media, la demora es de cuatro años, según la estadística oficial. “No es algo nuevo, se viene reclamando a la Corte Suprema y a Casación, les hemos pedido que tomen medidas para priorizar estas causas y se convoque a la comisión interpoderes para que busquen la forma de agilizar los procesos por delitos de lesa humanidad”, señala Hourcade.

El 83% de los condenados y 90 % de los procesados permanece en arresto domiciliario. Desde 2016, y sobre todo el último tiempo, la prisión domiciliaria es casi la norma para detener a las personas investigadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad. Solo 19 represores purgan sus condenas en cárceles comunes y 62 en la unidad 34 de Campo de Mayo, dentro de la jurisdicción militar, que cuenta con medidas más flexibles.

De acuerdo con las voces expertas consultadas, los juicios avanzan, aunque a un ritmo lento y pese a la falta de apoyo desde el Poder Ejecutivo. Hay 276 causas en instrucción, 12 juicios en desarrollo y 61 casos con elaboración a juicio, en una etapa intermedia. Eso significa que se anticipa un 2026 con una actividad judicial importante.

En tres meses se cumplirán 50 años del último golpe de Estado en Argentina, un aniversario de fuerte peso simbólico en un país con un Gobierno negacionista que ha buscado socavar el trabajo de décadas de políticas de Estado que buscan arrojar luz sobre los delitos cometidos durante la dictadura militar.

La defensa de la tierra, de recursos naturales como el agua, contra la deforestación o la contaminación son algunos de los temas por los que cientos de defensores ambientales sufren amenazas o son asesinados en el mundo, ante la imparable agroindustria o la industria extractivista como la minería.

Las personas defensoras del territorio y el ambiente son defensores de derechos humanos, según la organización internacional Global Witness que lleva desde 2012 contabilizando los casos de ataques y asesinatos y analizando la realidad de los defensores ambientales.

De acuerdo a sus datos, en 2024 fueron asesinados 146 defensores. Un número que se eleva a 2.157 asesinatos y 96 desapariciones contabilizados desde 2012, en un proceso realizado con la verificación de “diversas fuentes para garantizar su credibilidad”, aseguran.

Para asegurar las actividades de los defensores, en 2018 se firmó el Acuerdo de Escazú en la localidad que lleva su nombre en Costa Rica, un documento pionero en la defensa de los derechos y la protección de los defensores ambientales en Latinoamérica y el Caribe.

El Acuerdo de Escazú garantiza el derecho de acceso a la información ambiental, a la justicia en asuntos ambientales mediante mecanismos que garanticen la resolución de conflictos y la participación pública y recoge asimismo el “reconocimiento y la protección específica de los defensores ambientales”, un hito pionero en todo el mundo.

No obstante, otros tratados internacionales como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos recogen los derechos de los defensores del medioambiente como guardianes de la tierra, el agua, el aire, la fauna y la flora. Sin olvidar que la Agenda 2030 es la hoja de ruta para garantizar los derechos de las personas y el planeta a un desarrollo sostenible.

Sin embargo, los defensores de esos derechos en muchos lugares se quejan por ser hostigados ante la ampliación de las fronteras agrícolas para el cultivo de soja, algodón, maíz o palma por una agroindustria cada vez más expansiva en territorios de Sudamérica, Asia o África, donde sus actividades degradan el suelo, incrementan el uso de químicos potencialmente dañinos así como la usurpación de tierras indígenas o comunidades locales, donde muchos defensores alzan su voz.

La industria extractiva como la minería, ante la cada vez mayor demanda de minerales estratégicos para la economía, la tecnología o para uso militar ha dejando desde hace años huellas imborrables por la extracción de cobre a cielo abierto en Chile, una situación similar se denuncia por parte de pueblos indígenas y comunidades locales afectadas por la extracción de litio en Argentina, Chile o Bolivia.

El joven activista colombiano Francisco Javier Vera Manzanares aseguró a EFE durante su participación en un foro en Madrid que cuidar el medioambiente y mejorar la calidad de vida en términos sociales, económicos o de bienestar en general “son dos cosas que van intrínsecamente de la mano, porque tener un medioambiente sano es un indicador de bienestar, el medioambiente es un derecho humano”.

Las amenazas obligaron a este joven promotor de la ecoesperanza, defensor ambiental y creador del movimiento Guardianes por la Vida a salir de Colombia, país que según el informe de Global Witness en 2024 y por tercer año consecutivo fue el más mortal para los defensores ambientales.

En enero de 2025, el Consejo de Derechos Humanos presentó el Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, en el que se denuncia la vulnerabilidad con la que trabajan las personas que defienden el medioambiente y sus recursos.

La relatora especial Mary Lawlor considera que “muchos de los ataques y amenazas, así como los obstáculos prácticos, que impiden el trabajo de los defensores de los derechos humanos, están relacionados con su ubicación”.

Según Lawlor, “los asesinatos no son el único problema que afecta a los defensores de los derechos humanos en contextos aislados, remotos y rurales”. La relatora ya había recogido en el informe anterior que uno de los mayores problemas que afrontan los defensores es la marginalidad, personas que se encuentran lejos de la protección de las instituciones nacionales de derechos humanos y de las embajadas extranjeras.

La relatora subraya que muchos defensores alertan de que a pesar de los avances en relación con el derecho de consentimiento libre, previo e informado para proyectos que afectan a sus territorios, “los Estados no respetan ese derecho y las autoridades y las empresas lo violan o ignoran sistemáticamente”.

Por su parte, la organización Survival denuncia que el avance de las industrias extractivas, la agroindustria, el narcotráfico, proyectos de infraestructura, misioneros o el turismo y las redes sociales ponen en peligro a muchos pueblos aislados y sus defensores.

Precisamente, la Comisión Europea, con el voto de la derecha y extrema derecha, han simplificado las medidas de diligencia debida recogidas en la tan debatida Directiva Omnibus.

Por Lourdes Uquillas, para la agencia EFE.

En el marco del festival por el Día de los Derechos Humanos, realizado este jueves en Plaza de Mayo, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, lanzó una dura advertencia sobre la situación actual del país. “El gobierno quebranta nuestros derechos y agravia nuestra memoria”, afirmó al cuestionar el impacto de las políticas oficiales en materia de derechos humanos y empleo estatal.

De Carlotto sostuvo que el desmantelamiento de políticas de Estado, los despidos masivos en distintas áreas y el ajuste salarial permanente forman parte de “un mismo plan económico” que debilita las instituciones y vulnera derechos adquiridos. En una declaración que generó aplausos entre los presentes, señaló: “Queremos expresar con profunda preocupación que la memoria está en emergencia. Los retrocesos en la Secretaría de Derechos Humanos afectan directamente los espacios de memoria, los juicios por delitos de lesa humanidad y la búsqueda de nietos y nietas”. Y resumió: “Menos Estado significa menos derechos”.

La jornada, convocada por las cuatro centrales gremiales, reunió a referentes sindicales, organizaciones sociales, funcionarios opositores, organismos de derechos humanos y artistas, en coincidencia con los dos años del mandato del presidente Javier Milei.

Las actividades comenzaron en la Pirámide de Mayo, donde se realizó la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo, acompañada por una intervención artística a cargo del grupo de percusión popular La Chilinga, que marcó el clima de la movilización.

Luego se desarrolló el panel “Derechos y Trabajo”, centrado en los desafíos que plantea la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Allí expusieron los secretarios generales Hugo Godoy (CTA-A), Hugo Yasky (CTA-T), Alejandro Gramajo (UTEP) y Octavio Arguello (CGT), quienes cuestionaron el rumbo económico y alertaron sobre los impactos en el empleo y las condiciones laborales.

Más tarde comenzó el panel “Estado de Derecho en emergencia”, donde se abordaron temas vinculados con violencia institucional, persecución política y proscripción. La mesa estuvo integrada por Fabián Grillo, padre del fotógrafo asesinado Pablo Grillo; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y Micaela Minervini, integrante de la organización Mapa de la Policía.

El Gobierno designó a Joaquín Ignacio Mogaburu como nuevo subsecretario de Derechos Humanos, tras la salida la semana pasada de Alberto Baños, quien presentó su renuncia al cargo tras haber negado los 30.000 desaparecidos de la dictadura militar ante el Comité de Tortura de la ONU.

“Lo convoqué porque sé que tiene la claridad y la convicción necesarias para llevar adelante los lineamientos que el presidente Javier Milei definió para esta segunda etapa del gobierno”, afirmó el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, en un comunicado sobre Mogaburu, quien durante el último año se desempeñó como director de Derechos Humanos dentro del Ministerio de Defensa a cargo de Luis Petri.

Amerio destacó que “durante estos dos años de gobierno del presidente Javier Milei se eliminaron 14 cargos jerárquicos (incluida la propia Secretaría de Derechos Humanos que se achicó a una Subsecretaría) y se redujo la planta de personal a la mitad, lo que implica un ahorro anual de $13.550 millones para todos los argentinos”, detalló.

Y señaló que “bajo esta nueva conducción, la Subsecretaría profundizará aún más el proceso de ordenamiento del área”.

“Estas medidas contribuyen a desideologizar las políticas públicas en el área de los Derechos Humanos y garantizar una administración más transparente y responsable, en línea con los objetivos de cambio que el Gobierno Nacional impulsa desde diciembre de 2023”, cerró.

Amerio hizo especial énfasis en que el anuncio del nuevo funcionario se hizo el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

José Ignacio Mogaburu, otro de los impulsores y defensores de “la memoria completa”, es un abogado con formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal. Cuenta con una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, donde se desempeñó durante más de quince años en Tribunales Orales Federales, y hasta la fecha ocupaba el cargo de director de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa.

Con información de NA

JIB

El Día de los Derechos Humanos se conmemora cada 10 de diciembre en homenaje a la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de las Naciones Unidas en 1948. Este documento histórico marcó un antes y un después en la defensa de la dignidad humana, al establecer por primera vez un conjunto de derechos y libertades universales que deben ser protegidos sin distinciones de ningún tipo.

La Declaración proclama principios básicos como el derecho a la vida, a la libertad, al trabajo digno, a la salud, a la educación, a la igualdad ante la ley y a la libertad de expresión. A lo largo de las décadas, este texto sirvió como base para tratados internacionales, constituciones nacionales y políticas públicas orientadas a garantizar condiciones de vida más justas y equitativas para millones de personas.

Sin embargo, a pesar de los avances logrados, todavía existen múltiples vulneraciones a los derechos humanos en distintas partes del mundo. La violencia, la discriminación, la pobreza extrema, la persecución política y las desigualdades estructurales siguen afectando a millones de personas, especialmente a los sectores más vulnerables. Por eso, esta fecha no es solo una celebración, sino también una jornada de reflexión y denuncia.

El Día de los Derechos Humanos también propone un llamado a la acción. No se trata únicamente de recordar principios históricos, sino de reafirmar el compromiso diario con el respeto y la defensa de los derechos de todas las personas, en los ámbitos familiares, laborales, educativos, comunitarios y políticos.

Organismos internacionales, organizaciones sociales, instituciones educativas y gobiernos realizan actividades de concientización, campañas y encuentros para difundir el valor de los derechos humanos y promover una ciudadanía más informada y comprometida. La educación en derechos humanos es clave para construir sociedades más democráticas, donde el respeto y la justicia sean pilares fundamentales.

A más de siete décadas de la Declaración Universal, los derechos humanos siguen siendo un desafío vigente. Esta fecha recuerda que no son concesiones ni privilegios, sino conquistas que deben protegerse y fortalecerse a diario para garantizar una convivencia más justa y solidaria.

NB

Alberto Baños dejó de ser el subsecretario de Derechos Humanos de Javier Milei. El funcioario renunció a su cargo tras una muy cuestionada gestión: días atrás llegó a negar ante la ONU la cifra histórica de los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura.

La salida de Baños la ejecutó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, pudo confirmar este medio. Su salida coincide con el ascenso de Alfredo Vítolo, un abogado cercano al macrismo con claras manifestaciones en favor de liberar a los represores. El Gobierno lo nominó como Director Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos el 31 de octubre pasado.

El recambio en DDHH también ocurre días después de que un grupo de negacionistas, familiares de represores y militares retirados exigieran ante la Casa Rosada la libertad de lo que consideran “presos políticos”.

En su paso por el área, el ahora ex funcionario Baños aceptó que se degrase a subsecretaría. Hay que dejar lugar a otros que sigan el camino. Mitad de gestión“, explicaron en DDHH a elDiarioAR. ”Fue un excelente funcionario que cumplió enormes tareas“, citó P/12 de Cúneo Libarona sobre Baños.

En diciembre del año pasado vació la secretaría al despedir a empleados vía WhatsApp y días después anunció el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Estuvo en riesgo, incluso, el funcionamiento del Archivo Nacional de la Memoria.

Pero su hito como funcionario libertario llegó hace pocos días. Ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, negó la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar. Insistió con la versión negacionista de que ese número fue creado para “hacer negocios” por el accedo a subsidios económicos y acusó a los organismos de derechos humanos de intentar “cuestionar a la República Argentina”. Y buscó dar la vuelta el señalamiento de “negacionismo” y habló de que el gobierno está cumpliendo las políticas de Memoria de una manera “amplia”.

Los organismos de DDHH repudieron enérgicamente su exposición en la ONU y denunciaron que durante su gestión se “desmantelaron y atacaron políticas vinculadas al proceso de memoria, verdad y justicia que comprobó que en la Argentina hubo terrorismo de Estado y no una guerra”, según un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo.

La entidad también alerto que en lo que respecta al derecho a la identidad en particular, la gestión de Baños afectó la búsqueda de los nietos y nietas obstruyendo la tareas que lleva adelante la CoNaDI y se intentó modificar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos.

MC

El Gobierno reforzó su postura negacionista, esta vez en un ámbito de la ONU. Frente a las presentación de diferentes organismos nacionales e internacionales (como el CELS -Centro de Estudios Legales y Sociales-), el subsecretaro de Derechos Humanos, Alberto Baños, cuestionó la histórica consigna de Memoria, Verdad y Justicia y volvió a poner en tela de juicio el número de desaparecidos durante la última dictadura.

“Hablamos de memoria y hablamos de verdad, y la verdad es que a estos organismos no les interesa, porque delatan que, si uno ya llegara a cuestionar el famoso número de la cantidad de desaparecidos que hubo durante el periodo de la dictadura militar, entre 1976 y 1983, automáticamente cae en el negacionismo. Y todos sabemos, no podemos ser ingenuos, cómo se arribó a ese número”, dijo el funcionario en las últimas horas frente al Comité contra la Tortuta de las Naciones Unidas (CAT).

“Hoy en día, quien lo ideó, lo reconoce públicamente y lo dice en un montón de reportajes, donde confiesa por qué se hizo y con qué intención se hizo. Entonces, a partir de que ese número no puede ser negado porque entramos en el negacionismo, es que la verdad no les interesa, en absoluto”, dijo Baños.

El “número” al que se refiere el funcionario libertario son los 30.000 desaparecidos durante la dictadura y, para descalificarlo, abona la teoría difundida los últimos años por Luis Labraña, exmiembro de FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) y Montoneros, quien asegura que la cifra fue “una mentira necesaria para conseguir dinero para las madres de los desaparecidos”.

El CELS había pedido al CAT que solicite al Estado Argentino “proporcionar información actualizada sobre las medidas y los recursos destinados a agilizar la tramitación y resolución de las causas judiciales pendientes por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar”.

“En el informe que hemos remitido en 2017 referimos nuestra preocupación por las demoras en la tramitación de las investigaciones judiciales. Si bien el Gobierno con mandato entre 2019 y 2023 intentó tomar algunas medidas para agilizar el proceso de juzgamiento, éstas no han tenido resultados debido a que no fueron sostenidas por la nueva administración. Esta situación ha empeorado con el Gobierno actual, que no sólo no adopta ningún tipo de política para fortalecer este tipo de investigaciones sino que elimina políticas públicas específicas que daban apoyo a los juicios y ataca y denosta el proceso de justicia como tal”, denunciaron desde el CELS.

Y acusaron al Poder Ejecutivo de obstaculizar “el acceso a archivos estatales que han sido fundamentales para elavance del proceso de justicia y desmantelando programas que colaboraban con las investigaciones judiciales mediante acciones complementarias que resultaban fundamentales. Estas medidas adoptadas por el Estado contrarían los pilares de la justicia transicional”.

La Unidad Fiscal especializada en crímenes de lesa humanidad de La Plata imputó al suboficial retirado de la Armada Jorge Pablo Cabrera (59) por apología del delito y por incitación a la persecución y al odio, luego de que asegurara en un programa radial que el baúl de un Ford Falcon verde “todavía huele a justicia”.

Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, las expresiones fueron vertidas en dos emisiones que se transmite por FM del Sur 103.7 de Verónica, en los meses de junio y julio pasados. La fiscalía, integrada por Gonzalo Miranda, Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, sostuvo que no se trata de una opinión política ni de un exabrupto aislado, sino de un “mensaje que legitima y glorifica prácticas del terrorismo de Estado”, alentando simbólicamente la repetición de esas violencias.

La fiscalía remarcó que reivindicar el vehículo como instrumento de “justicia” implica desconocer los compromisos internacionales del Estado argentino en materia de memoria, verdad y justicia, además de revictimizar a quienes sufrieron aquellos crímenes.

La imputación se basa en el artículo 213 del Código Penal, que tipifica la apología del delito, y en el artículo 3° de la Ley Antidiscriminatoria N° 25.392, que sanciona con hasta tres años de prisión a quienes promuevan el odio por motivos políticos, religiosos o raciales.

La fiscalía recordó además la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que admite limitaciones a la libertad de expresión cuando se utiliza de forma abusiva para incitar a la violencia o legitimar violaciones masivas a los derechos humanos.

El pedido de indagatoria fue presentado ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla y la causa se inició a partir de dos denuncias presentadas en julio, una de ellas por la Comisión Provincial por la Memoria, que fueron unificadas en un mismo expediente.

Finalmente, la Unidad Fiscal concluyó que las manifestaciones de Cabrera “no solo afectan los derechos de las víctimas, sino también la memoria colectiva y los estándares democráticos que garantizan la no repetición de los crímenes de lesa humanidad”.

Con información de la agencia NA

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este miércoles, en un acto realizado en el Salón Felipe Vallese de su histórica sede de Azopardo, el proyecto de una Muestra Permanente sobre la resistencia del movimiento obrero organizado durante la última dictadura cívico-militar, que funcionará en el Espacio de Memoria de la ex ESMA.

El objetivo de la iniciativa es reunir objetos, documentos, fotografías y testimonios de los gremios confederados, hasta ahora dispersos, para conformar un espacio que dé cuenta del rol del movimiento obrero en la defensa de la democracia y en la resistencia contra el plan de exterminio ejecutado por la dictadura.

En ese marco, la CGT firmó un convenio de cooperación con Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que permitirá emplazar la muestra junto a la que el organismo sostiene desde hace años en la ex ESMA, integrando así dos relatos fundamentales de la memoria reciente argentina.

“Implantar esta muestra en ese espacio simbólico sintetiza los dos estandartes principales de la dictadura: el movimiento obrero y las Madres de Plaza de Mayo”, señaló el dirigente cegetista Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la central, quien destacó que la iniciativa nació de la articulación entre las áreas de derechos humanos de los sindicatos confederados.

Por su parte, Taty Almeida, referente de Madres Línea Fundadora, sostuvo: “Hay que pensar que los 30 mil eran trabajadores, por eso es tan importante este convenio. Será un museo vivo, con objetos de los familiares de los detenidos-desaparecidos. Nosotras ya pasamos la posta: está en los jóvenes. Pero aunque hoy nos acompañen los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie.”

En la misma línea, la co-secretaria de Derechos Humanos de la CGT, Maia Volcovinsky, remarcó: “El 70% de las víctimas del terrorismo de Estado fueron trabajadores y trabajadoras organizados. La dictadura buscó derribar la Argentina industrial y, para lograrlo, intentó aniquilar a sus principales defensores: el movimiento obrero. Es una injusticia que nuestro pueblo no tenga la historia de los trabajadores contada por ellos mismos.”

El cierre estuvo a cargo del secretario general de la CGT, Héctor Daer, quien apuntó contra los intentos de negar o relativizar el terrorismo de Estado: “Cuando llegó este gobierno se planteó la negación, esa feroz teoría de los dos demonios. Lo que hubo fue la utilización del Estado para ejecutar un plan sistemático de exterminio de los sectores populares más activos que tenía la Argentina.”

El lanzamiento contó con la participación de secretarios generales de sindicatos de distintos rubros, dirigentes gremiales y referentes de organismos de derechos humanos. Según adelantaron desde la CGT, la muestra se inaugurará en los próximos meses y busca transformarse en un espacio de transmisión colectiva de la memoria sindical y popular.

A los 106 años murió Rosa Tarlovsky de Roisinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo, una figura clave en la recuperación de cientos de bebés apropiados durante la durante militar. Tras años de lucha, en el año 2.000 ella misma pudo encontrar a Guillermo, su nieto nacido en cautiverio en la ESMA.

Nacida en Moisesville en 1919 en el seno de una familia de inmigrantes judíos, se graduó con excelencia como partera. En 1978, su hija Patricia y su yerno José Pérez Rojo fueron secuestrados por la dictadura mientras estaban en la clandestinidad.

Apenas se conoció la noticia de su muerte, de inmediato llegaron los mensajes de las organizaciones de Derechos Humanos, desde Abuelas hasta H.I.J.O.S.

La encargada de dar la noticia fue la escritora Mariana Eva Pérez, nieta de Rosa, quien en su cuenta de X escribió: “Para mí sos eterna”.

Rosa inició una búsqueda solitaria que la llevó a unirse a las Abuelas de Plaza de Mayo, institución de la que fue vicepresidenta. Tras una larga búsqueda, logró recuperar a su nieto en el año 2000, Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Roisinblit, quien había sido apropiado por un agente de inteligencia. También crió a su nieta Mariana, quien fue secuestrada y luego dejada con sus abuelos paternos.

En el año 2000, Mariana Eva, que trabajaba en Abuelas de Plaza de Mayo, recibió un llamado anónimo con datos sobre su hermano. Había sido apropiado por el ex personal civil de inteligencia Francisco Gómez y su esposa Teodora Jofré. Ella lo buscó, él se hizo el ADN y el 2 de junio llegó la confirmación desde Seattle, Estados Unidos. Cuando recibió la noticia, Rosa estaba en Boston, donde le habían entregado un Doctorado Honoris Causa en la Universidad de Massachussets. 

En un reportaje con elDiarioAR, Estela de Carlotto recordo su primer encuentro: “La primera vez que la vi, fue en la casa de uno de los abogados que trabajan con el Dr. Mignone, ellos nos ayudaban con la parte jurídica. Estábamos reunidos para planificar seguramente algo, cuando llegó Rosa muy mal, llorando y diciendo que quería encontrar a su hija. Era desesperación por la hija”. 

Premios y reconocimientos

Entre los tantos premios y distinciones que recibió por su trayectoria y actuación en favor de la paz, la justicia y la defensa de los Derechos Humanos, se encuentran la Mención de Honor «Domingo Faustino Sarmiento», máxima distinción que otorga el Senado de la Nación Argentina; la Doctora Honoris Causa por la Universidad Nacional de la Patagonia; el reconocimiento por su resistencia a la dictadura militar en Argentina, otorgado por el Centro Simon Wiesenthal; el reconocimiento a la trayectoria por parte de DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas); el “University in Exile Award”, premio otorgado por la New School University, Nueva York, Estados Unidos, entre otros.

Como señala el sitio oficial de las Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Tarlovsky de Roisinblit fue “Histórica referente de Abuelas de Plaza de Mayo. Presidenta honoraria de la institución. Nacida en Moisés Ville, provincia de Santa Fe, el 15 de agosto de 1919, hija de colonos judíos, Rosita conoció desde niña el valor de la memoria: 'Todas las noches después de cenar charlaba con mis padres a la luz de la lámpara de querosene y nos contaban a mis hermanas y a mí por qué tuvieron que venir de Europa a la Argentina escapando de los pogroms zaristas. Eso me quedó muy grabado'”.

“Se recibió de obstetra en la Universidad Nacional del Litoral y fue Partera Jefa de la Maternidad Escuela de Obstetricia de Rosario. En 1949 se mudó a Buenos Aires y en 1951 se casó con Benjamín Roisinblit. Al año siguiente, tuvieron a su hija, Patricia Julia. El terrorismo de Estado cambió su vida por completo. Apenas se llevaron a su hija y a su yerno, se integró a las Abuelas. Cuando encontró a su nieto, siguió trabajando todos los días en la institución”, señala el portal.

El caso de Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Roisinblit

Guillermo Pérez Roisinblit nació el 15 de noviembre de 1978 durante el cautiverio de su madre, Patricia Julia Roisinblit, en la ESMA. La joven fue secuestrada junto con su primera hija, Mariana Eva, en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. Estaba embarazada de ocho meses. Ese mismo día fue secuestrado José en la localidad de Martínez, provincia de Buenos Aires. Mariana fue entregada a su familia paterna por personas que se identificaron como personal de Coordinación Federal. Por sobrevivientes, se supo que Patricia fue trasladada a la ESMA pocos días antes de parir. Allí pudo relatar que habían sido secuestrados por personal de la Fuerza Aérea y que permanecieron detenidos en una casa en la zona oeste del Gran Buenos Aires, años después identificada como la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA). El parto fue asistido por el médico del Hospital Naval, Jorge Luis Magnacco, conocido como el “obstetra de la ESMA” y condenado a 15 años de prisión.

MU

“¡Bienvenido, nieto 140!”, celebró Estela de Carlotto al anunciar, con “enorme felicidad”, la restitución de un nuevo nieto apropiado durante la última dictadura cívico-militar. El hijo de Graciela Romero y Raúl Eugenio Metz nació en abril de 1977 en el centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca, mientras su madre permanecía detenida ilegalmente y era sometida a torturas. Su historia, reconstruida a partir del testimonio de sobrevivientes, forma parte de las memorias más oscuras del terrorismo de Estado.

“Hoy el Estado restituye un derecho fundamental para cualquier persona: el derecho a la identidad”, dijo Carlotto, que también exigió la derogación del decreto 351/25, que dejó en “extrema vulnerabilidad” al Banco Nacional de Datos Genéticos. Con la confirmación de la identidad del nieto 140, las Abuelas remarcaron que aún faltan encontrar a 300 nietos y nietas más.

El anuncio se produjo en el auditorio de la Casa por la Identidad del Espacio Memoria, donde la emoción fue compartida por la familia Metz Romero y por los organismos de derechos humanos que acompañaron durante 47 años la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Adriana Metz, hermana del nieto recuperado, recordó cómo mantuvo viva la búsqueda a través de un blog llamado “Concho de lana”, donde cada 17 de abril le escribía una carta de cumpleaños a su hermano.

El proceso de restitución comenzó gracias a una denuncia anónima recibida por Abuelas, que fue articulada con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños. El hombre dejó su muestra de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos y, tras el análisis, se confirmó su identidad.

El hallazgo se dio en un contexto adverso. Abuelas denunció que el BNDG se encuentra “acéfalo”, sin presupuesto suficiente y con sus decisiones delegadas a funcionarios sin formación científica, tras la transformación del organismo en una dependencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Según detallaron, los concursos para cubrir cargos directivos están vencidos y no se convocaron nuevas autoridades, lo que impide la firma de informes, la compra de insumos y la ejecución de exhumaciones y extracciones de muestras.

En mayo, el Gobierno publicó el decreto 351/25, que modificó la estructura del BNDG, y en junio, luego del reclamo judicial de Abuelas, prorrogó el mandato de la directora técnica Mariana Herrera Piñero mediante el decreto 422/2025, sin resolver los problemas de fondo. “El decreto quita al BNDG la posibilidad de administrar sus recursos y entorpece su funcionamiento. El riesgo es altísimo porque hablamos de un laboratorio que conserva muestras irreproducibles”, alertaron.

El contexto también está marcado por una política sistemática de recorte a los organismos de derechos humanos. En abril, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, suspendió los pagos y ordenó una auditoría sobre fondos destinados a organismos que, según afirmó, manejaban $3.359 millones “sin control”. Las medidas incluyeron despidos masivos en la ex-ESMA, donde funcionan el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo Nacional de la Memoria. El ajuste alcanzó a conservadores, pedagogos y técnicos especializados, provocando una ola de repudios y acciones judiciales.

En ese marco, la Justicia ordenó al Gobierno garantizar el funcionamiento de los Sitios de Memoria, como la ex-ESMA, Olimpo, Automotores Orletti, Club Atlético y Virrey Ceballos. El fallo fue en respuesta a un recurso presentado por la legisladora porteña Victoria Montenegro, también nieta restituida.

Mientras el Gobierno de Milei profundiza los recortes, las Abuelas refuerzan su compromiso. “Cada restitución confirma que hubo un plan sistemático de apropiación de menores”, remarcaron. “Los nietos que faltan están entre nosotros, viven en nuestros barrios. Necesitan acompañamiento y saber que su consulta no molesta. La búsqueda es colectiva”.

En enero y diciembre pasados, también se anunciaron las restituciones de las identidades de la nieta 139 y el nieto 138. En todos los casos, Abuelas aprovechó para alertar sobre el peligro que enfrentan las políticas de derechos humanos. “Esta restitución nos reúne para darnos fuerzas. Sigamos siendo esa parte que iluminó al mundo. Luchemos para que la verdad no se apague”, cerró Carlotto.

Estela de Carlotto, “lúcida y feliz”

Estela de Carlotto tomó el micrófono con voz serena pero firme. “Para nosotros es un bálsamo para seguir a pesar de las circunstancias”, dijo. “Hay alguien que nos ayudará allá arriba, que son nuestras queridas madres que no están, buenas. Y están los nietos al lado, nos dan fuerzas para seguir.” La histórica presidenta de Abuelas no ocultó la emoción y remarcó, con ironía tierna, que aunque tiene su edad, se siente lúcida y feliz. “Eso es la felicidad”, aseguró.

Más adelante, reflexionó sobre el sentido profundo de cada encuentro. “Las Abuelas hacemos justicia por los abuelos que no están, y por toda la familia, la familia Benítez Romero. Sin descanso”, expresó. Luego, con tono de ceremonia, sentenció: “Una vez más la verdad arrasadora vuelve a imponerse al olvido y florece la identidad”.

En el comunicado oficial, las Abuelas no dejaron margen para la ambigüedad histórica. “Cada restitución revela de manera irrefutable que la dictadura ejecutó un plan de exterminio que cometió un genocidio”, señalaron. Y añadieron: “En estos campos de concentración existieron maternidades clandestinas, donde las detenidas, como Graciela Romero, dieron a luz a sus hijos en condiciones infrahumanas”.

También hubo un señalamiento político directo. “Hubo un plan sistemático de apropiación de menores, condenando a esos niños a vivir en la mentira y a sus familias biológicas a buscarlos indefinidamente”, denunciaron. Y completaron: “Esta restitución nos reúne para darnos fuerzas y ratificar que el rol del Estado, las políticas públicas, la solidaridad, el acompañamiento, el amor y la perseverancia son la garantía del nunca más”.

Por último, dejaron una advertencia: “Para que estos grupos se sostengan es imprescindible que el Estado siga existiendo”.

JJD

Desde hace meses, los miércoles en la plaza del Congreso dejaron de ser un día más de la semana. Un amplio arco de organizaciones de jubiladas y jubilados se congrega frente al Parlamento para reclamar una vida digna en la vejez. Ahora, ese espacio semanal se amplifica en dos iniciativas clave: una campaña por un millón de firmas y una marcha nacional antirrepresiva para el próximo 16 de julio.

Este miércoles 2 de julio, a las 14, se realizará una conferencia de prensa en el Anexo del Congreso —o en la plaza, si no estuviera vallada— para anunciar el nuevo Plan de Lucha de las organizaciones de adultos mayores. Las demandas centrales son un aumento urgente de las jubilaciones, la continuidad de la moratoria previsional y la restitución plena de medicamentos y atención médica en el PAMI y en las obras sociales.

En paralelo, ya se organiza una gran movilización para el 16 de julio a las 16 horas, desde Congreso hasta Plaza de Mayo, bajo el lema #MarchaAntirrepresiva. El llamado se extiende a sindicatos, comisiones internas, organizaciones piqueteras, partidos políticos, centros de estudiantes, agrupaciones de mujeres y disidencias y asambleas barriales.

El eje de la convocatoria es claro: el ensañamiento del Gobierno de Milei, y en particular de la ministra Patricia Bullrich, con las protestas de los jubilados. Según denuncian los convocantes, el protocolo “antipiquetes” ha sido aplicado incluso sobre las veredas, afectando de manera sistemática las rondas y actos que se realizan todos los miércoles en el Congreso.

La represión ya dejó heridos, detenidos y hasta un fotógrafo internado en grave estado: Pablo Grillo. Por eso, entre los puntos principales de la movilización se exige juicio y castigo a los responsables de la violencia policial que lo dejó hospitalizado, y también la abolición del protocolo represivo, la derogación de los decretos DNU 340/25 y DNU 70/24, y de la Ley Bases.

El pliego de reclamos también incluye el rechazo a las nuevas atribuciones de la Policía Federal, la expulsión de los servicios de inteligencia de las universidades y organismos públicos, y un pedido expreso: “Fuera Bullrich”. Además, las organizaciones se pronuncian contra la persecución de referentes políticos, sindicales y estudiantiles, y extienden su repudio a la política exterior, condenando los bombardeos de Estados Unidos sobre Irán y el genocidio del pueblo palestino por parte del Estado de Israel.

Convocan a esta jornada nacional de lucha: la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la R.A., el Plenario de Trabajadores Jubilados, Jubilades PTS + Independientes, Jubiladxs de Izquierda, Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, Jubilados Clasistas, Jubiladxs Anticapitalistas, Jubilados Frente Grande, Jubilados CONAT, el Centro de Trabajadores Jubilados Portuarios, el Encuentro de Jubilados de Asambleas Barriales, Autoconvocadxs Trabajadores, Estudiantes y Jubiladxs, el Movimiento Activo de Trabajadores y Jubilados, Trabajadores Activos y Jubilados, y Jubilados Independientes.

El miércoles 16 de julio será, según aseguran los organizadores, una jornada para visibilizar que la calle sigue siendo un territorio de derechos y no un espacio bajo asedio.

JJD

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este miércoles que la Secretaría de Derechos Humanos se va a transformar en subsecretaría: “Ahora sí se va a encargar de defender todos los Derechos Humanos”.

En ese sentido, el portavoz, reciente ganador en las recientes elecciones porteñas, manifestó: “El Ministerio de Justicia definió que la Secretaría de Derechos Humanos será convertida en Subsecretaría de Derechos Humanos. De esta manera, se va a recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal, lo que implica un ahorro de $9.000 millones anuales”.

“Esto es una consecuencia de que la cartera de Derechos Humanos, ahora sí, se va a encargar de garantizar todos los Derechos Humanos y no de defender un sector ideológico partidario”, agregó. Además, destacó que en lo que va de la gestión de Javier Milei “se eliminaron 200 áreas, 10 ministerios y 45.000 contratos se dieron de baja”.

Más tarde, el Ministerio de Justicia se expresó a través de un comunicado en el que informa que la Secretaria de Derechos Humanos “pasará a ser una Subsecretaría. Esto implica una reducción en un 50% de los cargos jerárquicos y direcciones vigentes, lo que permitirá un ahorro de $9000 millones de pesos anuales”, dice el texto publicado en las redes sociales de la carera que conduce Mariano Cúneo Libarona.

Y agrega: “La decisión responde al compromiso del Presidente Javier Milei de achicar el Estado, eliminar el déficit y terminar con los privilegios, Ya fueron despedidos 405 empleados militantes, lo que representa el 44% del personal heredado. Dentro de estas reformas, y con el objetivo de reducir el tamaño del Estado, se ha unificado el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo de Sitio ESMA, que pasarán a ser unidades organizativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDI)”.

Asimismo, Adorni desmintió el rumor que daba cuenta que no asumiría como legislador por la ciudad de buenos Aires para seguir en su cargo como vocero de la presidencia de Javier Milei: “Estoy cansado de repetir que el próximo 9 de diciembre renuncio a mi cargo” de portavoz.

Con información de agencias.

IG