El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció en una conferencia de prensa créditos hipotecarios para la primera vivienda de la clase media con una tasa de interés subvencionada por la Ciudad de Buenos Aires y expresó que “tener la casa propia, ese sueño que se fue postergando, va a dejar de ser una aspiración para convertirse en una realidad”.

“Durante mucho tiempo, los recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad se concentraron casi exclusivamente en villas y asentamientos. Esa política fracasó y, además, generó una profunda injusticia. Porque mientras a unos pocos se les regalaron casas, miles de familias, parejas, jóvenes y personas que viven de su trabajo, mes a mes, priorizan el alquiler por sobre muchas otras cosas. Nosotros queremos terminar con esa injusticia”, sostuvo Macri.

La conferencia se llevó a cabo en la sede del gobierno porteño, Uspallata 3160, en el barrio de Parque Patricios y estuvieron presentes el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje; el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo; y la legisladora Rocío Figueroa.

Según explicó el jefe de Gobierno, estos créditos ponen el foco en los sectores que necesitan financiamiento más accesible y de largo plazo, con cuotas similares o por debajo de las de un alquiler: “Antes, la subvención se utilizaba para regalar viviendas en las villas. Ahora, para que más porteños puedan acceder a un crédito. Así, reparamos esa deuda histórica con esa clase media porteña que es el motor de esta Ciudad. Que no pide privilegios, que cumple las reglas, paga sus impuestos y nunca deja de empujar para salir adelante. Hoy le quiero decir a esa clase media que el esfuerzo y el trabajo vuelven a tener recompensa”.

A partir de ahora los fondos del Instituto de Vivienda que eran destinados a los barrios de emergencia van a dirigirse exclusivamente a financiar los créditos y se detalló que, mientras hoy en el mercado la tasa está alrededor del 9,5%, en la Ciudad será 7,5% + UVAs, lo que quiere decir que el Gobierno porteño subvenciona 2 puntos.

“Al mismo tiempo, vamos a concesionar nuestros medios públicos de comunicación y redirigir esos recursos con el mismo objetivo”, agregó Macri.

A su vez, sumó que otra fuente de financiamiento serán los dividendos del Banco Ciudad, que, por la buena administración, hoy se reinvierten para fortalecer los créditos.

Las autoridades destacaron que el crédito permite financiar hasta el 75% del valor de venta de la vivienda y hasta un monto máximo de $100 millones y está destinado a unidades de hasta 80 metros cuadrados cubiertos: el valor del metro cuadrado no debe superar los US$2.800.

La cuota de entrada al crédito no va a superar el 25% de los ingresos del hogar, para que sea una oportunidad de progreso y no una carga insostenible.

Como ejemplo, por cada $10 millones solicitados a un plazo de 20 años, la cuota inicial será de $80.600, requiriendo ingresos familiares mensuales desde los $322.000. Aquellos que busquen alcanzar el monto máximo de $100 millones, deberán acreditar ingresos desde $3.222.000, con una cuota inicial de $806.600.

Con esta medida, la gestión de Jorge Macri pone el foco en que el esfuerzo de la administración pública se convierta en la llave para que miles de familias de clase media alcancen, finalmente, su primera vivienda.

También cambia la forma de calificar: ahora los solicitantes pueden presentar hasta un garante para sumar capacidad crediticia. La línea está abierta tanto para empleados en relación de dependencia que cobren o migren su cuenta sueldo al Banco Ciudad, como para monotributistas y autónomos que contraten el Paquete Crecer de la entidad.

El Banco Ciudad sigue consolidándose como el referente hipotecario del país, afirmó Laje, y agregó: “Nuestro objetivo junto al Gobierno de la Ciudad es colaborar con los numerosos proyectos de desarrollo familiar y personal en materia de acceso a la primera vivienda propia en la Ciudad, ofreciendo herramientas de financiamiento competitivas”.

A esta nueva línea se suman las opciones vigentes para la zona sur y el microcentro (con tasas del 8,5%) y para el resto de la Ciudad (al 9,5%), además de financiamiento directo para desarrolladores y compras desde el pozo.

“Queremos que muchos de los que hoy alquilan, tengan el orgullo de decir en algún momento: esto es mío, esta es mi casa. Y que cada porteño vuelva a sentir que su esfuerzo de todos los días vuelve a valer la pena y sirve para salir adelante y progresar”, cerró el Jefe de Gobierno.

Con información de NA.

Mantener un hogar con un olor agradable no depende solo de velas, ambientadores o difusores. Los limpiadores profesionales advierten que esos aromas solo enmascaran los malos olores por un tiempo, pero no solucionan la causa. La frescura real surge de hábitos sencillos que afectan directamente al aire, los textiles y las superficies de la casa.

Pequeños cuidados diarios, como ventilar, limpiar con productos naturales o colocar aromas suaves en lugares estratégicos, ayudan a que la vivienda mantenga un olor fresco y limpio durante todo el día. No es imprescindible hacer un gasto en productos sofisticados: basta con integrar estas rutinas en la limpieza diaria para notar la diferencia.

Los profesionales coinciden en que un hogar huele bien cuando se limpia y se ventila con regularidad, no cuando se llenan las habitaciones de ambientadores. Con estos hábitos se consigue un ambiente más agradable y confortable, donde los espacios permanecen frescos sin saturar el aire con fragancias artificiales.

Abrir las ventanas todos los días

Los limpiadores profesionales coinciden en que ventilar la casa diariamente es la forma más efectiva de mantener un olor fresco. Ningún ambientador, vela o spray puede reemplazar la entrada de aire nuevo. Abrir las ventanas al menos diez minutos cada mañana permite eliminar los olores acumulados durante la noche y hace que las habitaciones recuperen una sensación de limpieza sin necesidad de aromas artificiales.

La ventilación también ayuda a controlar la humedad, uno de los principales factores que favorecen los malos olores. Cuando el aire no se renueva, algunos textiles como cortinas, mantas, toallas o almohadones absorben la humedad y pueden generar olores desagradables. Introducir aire fresco de manera regular evita esta acumulación y contribuye a un entorno más limpio y saludable.

No conviene limitar la ventilación a una sola estancia. Abrir varias ventanas al mismo tiempo crea una corriente de aire que recorre la vivienda de forma más completa, alcanzando rincones donde los olores suelen acumularse. Incluso en invierno o en días lluviosos, unos minutos de ventilación diaria ayudan a renovar el aire y compensan la pérdida temporal de calor.

Además, la constancia es clave. Ventilar debe ser parte de la rutina diaria y no solo un recurso cuando se percibe mal olor. Con este hábito, los espacios se mantienen frescos y disminuye la necesidad de utilizar productos químicos o perfumes que únicamente enmascaran los olores en lugar de eliminarlos.

Vinagre de manzana

El vinagre de manzana es un recurso natural que se emplea para neutralizar olores en el hogar. Una forma práctica consiste en mezclarlo a partes iguales con agua en un pulverizador y rociar las zonas concretas donde se perciben malos olores. Este método ayuda a reducir la intensidad de los aromas indeseados de manera sencilla y rápida.

Otra opción habitual es colocar vinagre en pequeños recipientes distribuidos en lugares estratégicos de la casa. De este modo, el producto actúa como absorbente natural, captando los olores fuertes y ayudando a mantener el ambiente más limpio y fresco.

Aunque su aroma inicial puede ser fuerte, desaparece rápidamente. Además, su efecto como neutralizador es más eficaz que el de los ambientadores convencionales, que únicamente encubren los olores sin eliminarlos. Por ello, se trata de una solución práctica, económica y fácil de incorporar a la rutina diaria de limpieza.

Esencia de vainilla

La esencia de vainilla es otro recurso útil para mantener un aroma agradable en el hogar. Se aplica de manera puntual sobre un paño o trozo de tela que se frota por las superficies seleccionadas, como el interior de los armarios. Así, el aroma se libera poco a poco y de manera constante, sin resultar invasivo.

Este método tiene la ventaja de no requerir dispositivos eléctricos ni velas, y su aroma suele ser bien tolerado por la mayoría de las personas. Aporta un toque dulce y ligero que no satura las estancias, diferenciándose de otros ambientadores más intensos. Además, es un producto fácil de conseguir en supermercados y sencillo de usar.

Otra forma de aprovechar la esencia de vainilla es añadir unas gotas al agua del balde que se usa para limpiar. Durante la limpieza, el aroma se extiende por toda la vivienda y permanece varias horas, ofreciendo una sensación de frescura que acompaña a la higiene diaria y al orden del hogar.

Daniela Drizza, trabajadora social, soñaba con mudarse con su hija de 9 años a una casa propia. No es la única en un país con un déficit habitacional que afecta a 3 millones de familias, según la Cámara Argentina de la Construción (Camarco). En noviembre de 2023, último mes del anterior gobierno, ella y otras 159 personas ganaron el sorteo de viviendas del desaparecido plan hipotecario Procrear en un edificio llamado Sagol, en Avellaneda. En enero de 2024 la contactaron y recibió una tarjeta de débito del Banco Hipotecario, que gestionaba los préstamos, y en marzo de ese año iba a recibirla, pues ya estaba terminada. Sin embargo, esta semana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entregó las 160 casas a integrantes de las fuerzas policiales.

Los 160 relegados manifestaron su enojo, pero no son los únicos: otras 59.319 viviendas sociales quedaron a medio hacer en la administración anterior y el presidente Javier Milei las paralizó como parte de su freno a la obra pública y a la eliminación de la Secretaría de Vivienda y su política respectiva. Es el mercado el que debe encargarse, dentro de la mentalidad del gobierno elegido –en segunda vuelta– por el 56% de los argentinos.

“Por ahora no hay nadie en las casas, pero una siente impotencia y bronca porque hace más de un año que estábamos esperando entrar y no es que no tratamos de contactar a las autoridades, pero no nos contestaron nunca”, se queda Drizza. “Yo me tuve que ir alquilar en La Boca, antes vivía en Avellaneda, y pago $600.000 por un tres ambientes. La cuota del Procrear por una casa del mismo tamaño hubiese sido la mitad”, se queja la trabajadora social, que se sustenta con dos empleos.

Los 160 perjudicados armaron una red llamada Sagol En Lucha y planean presentar una demanda colectiva junto a la Defensoría del Pueblo de Avellaneda. También han pedido una audiencia con el Ministerio de Economía, que cedió el complejo al de Seguridad, y al Banco Hipotecario.

Este caso es de viviendas terminadas y adjudicadas, pero hay decenas de miles que quedaron sin terminar y sin dueño, pero con vecinos alrededor que sueñan con mudarse porque viven en la precariedad. Por todo el país se pueden ver complejos de casas sociales a medio hacer, abandonadas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sede Capital elaboró un informe que advierte que hay 34.610 unidades paradas del plan Casa Propia, 16.217 del Procrear y 8.488 del programa Reconstruir –que eran edificaciones que ya habían sido paradas por el gobierno de Mauricio Macri y cuyas obras fueron retomadas pero tampoco finalizadas por la gestión de Alberto Fernández–. En total son más de 59.000. A eso se suman otros 13.243 lotes con servicios que quedaron a mitad de camino para entregar a familias para que pudiesen edificar allí.

En este enlace puede verse el mapa de casas terminadas y “en ejecución”, es decir, abandonadas del plan Casa Propia: https://www.argentina.gob.ar/habitat/casapropia/obras-casa-propia. En este otro, unas y otras del Procrear: https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/mapa-de-desarrollos-urbanisticos#104-san-rafael. En cuanto a este programa, aquí abajo se puede ver el mapa de las unidades finalizadas en celeste y a medio hacer en violeta, tanto a nivel nacional como en el conurbano bonaerense y sus alrededores:

Gobiernos provinciales, como el bonaerense, y municipales, como el de Avellaneda, quieren que el de Milei les transfiera las obras paralizadas pero con un grado de avance mayor al 70% para terminarlas. Por ahora, las fuerzas del cielo no responden. “En la provincia hay 16.000 viviendas nacionales paralizadas, con distinto grado de avance, muchas al 90%, pero el Gobierno nacional nunca quiso dialogar con nosotros para transferirlas”, comentan en el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, que encabeza Silvina Batakis. Este cronista consultó al Ministerio de Economía de la Nación, que lidera Luis Caputo, pero no obtuvo respuesta.

“De esas 16.000, más de 9.000 son del Procrear y otras 7.000 se empezaron con fondos del desaparecido Ministerio de Vivienda de la Nación”, comentan en el gobierno de Axel Kicillof. “Estas últimas son más sencillas de terminar por parte de la provincia. En cambio, las del Procrear son imposibles por la complejidad legal y sus montos exorbitantes”, agregan. Hay, por ejemplo, un complejo del Procrear hecho hasta el 90% en terrenos cedidos por la Fuerza Aérea en El Palomar cuyo destino es un misterio. En el anterior gobierno, por el que pasaron tres ministros del área, el último Santiago Maggiotti, se dejaron terminadas 8.027 unidades del Casa Propia, 108 del Procrear, 6.719 del Reconstruir y 3.702 lotes con servicios.

AR/MG

El Gobierno nacional avanzó en las últimas horas en la disolución del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) con la publicación de los mecanismos para tal fin y el pase de la administración de los préstamos vigente a un banco privado.

La medida se efectivizó con la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial, que detalla los pasos operativos tras el Decreto 1018/2024 del 12 de noviembre de 2024 que dispuso la disolución.

Según los considerandos del Decreto 1018/2024, la disolución se fundamenta en varios puntos en que el programa se había convertido en una “pesada carga” para las cuentas públicas. Por otra parte, se señaló que existían dificultades para fiscalizar y controlar su ejecución.

A su vez, se argumenta que la financiación de la construcción de viviendas es una actividad propia de los bancos comerciales, privados y públicos, no justificándose la intervención estatal directa en esta materia.

La norma recuerda que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realizó una auditoría que señaló varias observaciones, entre las que se destacan la demora en la entrega de viviendas y locales, generando mayores gastos de mantenimiento y vigilancia; el incumplimiento de convenios, como el de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), reclamos por falta de condiciones de habitabilidad en unidades entregadas, y la falta de actualización de manuales de procedimiento.

Por otro lado, la SIGEN determinó que la gestión “no ha sido transparente, ni ágil, ni eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común”

La disolución se enmarca en la Ley N° 27.742 que declaró la emergencia pública y autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar Fondos Fiduciarios Públicos con el fin de mejorar el funcionamiento del Estado, reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal y transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas.

Si bien el fondo se disuelve, la gestión de los créditos ya otorgados continuará a través de un contrato que el Ministerio de Economía celebrará con el Banco Hipotecario S.A.

Esta gestión se realizará bajo las mismas condiciones de retribución que las establecidas en el Contrato de Fideicomiso original de 2012.

La Resolución 764/2025 encomienda a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa la adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a este contrato.

Esta dirección instruirá al Banco Hipotecario a transferir las sumas líquidas de la cobranza a la Cuenta N° 2510/46 “Recaudación TGN”, previa deducción de su retribución y gastos.

Adicionalmente, se faculta a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial a instruir al Banco Hipotecario para que proceda a la venta de carteras de créditos cuyo rendimiento de cobranza sea inferior al cuarenta por ciento (40%).

El Ministerio de Economía estará a cargo de disponer y administrar los bienes muebles e inmuebles del fondo, incluyendo la regularización de dominio.

También celebrará un contrato con el Banco Hipotecario para estas tareas bajo las mismas condiciones de retribución establecidas en 2012.

El Ministerio de Economía, con previa intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación, podrá acordar la transferencia de inmuebles o unidades a provincias, municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, institutos de vivienda y otros organismos del Estado Nacional.

Si los inmuebles hubiesen sido aportados originalmente por provincias o municipios, podrá acordarse su restitución total o parcial.

Los inmuebles que eran de titularidad fiduciaria del Banco Hipotecario y que no estaban afectados a obras con contratos vigentes al momento de la entrada en vigencia del decreto, serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Esta transferencia se formalizará mediante convenios entre Banco Hipotecario S.A., la AABE y la Secretaría de Obras Públicas.

Las obligaciones dinerarias pendientes se cancelarán con los fondos de la cobranza de créditos o del producido de la venta de inmuebles, respetando el orden de prelación del Contrato de Fideicomiso de 2012.

El proceso de liquidación seguirá las disposiciones del Decreto 1018/2024, el Contrato de Fideicomiso original y, en lo no regulado, el Decreto N° 695/24 y la Resolución del Ministerio de Economía N° 796/24.

Las causas judiciales originadas en el marco del Pro.Cre.Ar disuelto serán atendidas por la unidad organizativa del servicio jurídico permanente que disponga la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía.

Las expensas subieron 4,17% en marzo y el incremento interanual es del 110,64% en la Ciudad de Buenos Aires. Según el relevamiento de ConsorcioAbierto.com, en marzo el gasto promedio en expensas en CABA fue de $239.795 y registró una suba del 4,17% respecto al gasto promedio de febrero que fue de $230.186.

La inflación de marzo fue del 3,7%, con una variación interanual del 55,9%, según el INDEC. El rubro Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles se incrementó un 2,9%, principalmente debido a las subas en el alquiler y los gastos conexos, el suministro de agua, electricidad, gas y otros combustibles.

El incremento interanual de las expensas es de 110,64%, ya que el gasto promedio en marzo de 2024 en CABA fue de $113.840.

En la provincia de Buenos Aires, las expensas aumentaron 99,74% interanual, alcanzando un promedio de $111.526 en marzo; en Córdoba el aumento fue de 130,01% interanual, con un gasto promedio de $106.865; en Santa Fe subieron un 109,53% interanual, con un promedio de $98.984; y en Entre Ríos se incrementaron un 118,87% interanual, con un promedio de $47.187.

MM con información de la agencia NA.

“Olvídate de tu carrera. Hoy lo que importa es la herencia”, sentenció recientemente la revista semanal 'The Economist' en un reportaje en el que demostró que las sociedades de “los países desarrollados empiezan a parecerse” en la desigualdad de la riqueza a las del siglo XIX y principios del XX. Este medio británico calculó el peso de las herencias en el PIB (Producto Interior Bruto) de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania o Italia, y detectó que la importancia de la transmisión familiar de viviendas, dinero o acciones en la economía se ha disparado en los últimos años hasta máximos no vistos desde la Primera Guerra Mundial.

elDiario.es realizó un ejercicio similar para España, aprovechando la publicación esta semana del Anuario de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, con los datos de los Registradores de la Propiedad de 2021. Unas cifras que corroboran que el peso de las herencias en el PIB también ha aumentado considerablemente en ese país desde finales del siglo XX, hasta superar el 3% —solo teniendo en cuenta la transmisión de propiedades inmobiliarias (viviendas principalmente, y fincas rústicas o solares urbanos)—, como se puede observar en el primer gráfico de esta información.

Las sociedades de hace un siglo y la actual, por supuesto, son muy diferentes en muchos aspectos. Pero lo que dicen los datos de los Registradores del peso de las herencias de inmuebles en la actividad económica (medida por el PIB) es lo que vienen advirtiendo muchos expertos desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008: la desigualdad de riqueza se está agravando por la acumulación de propiedades, su financiarización y la revalorización (subida de precios) descontrolada, y esta brecha condiciona las oportunidades y el bienestar de las personas como ocurría en etapas de la Historia muy lejanas.

Visto de otra manera, los salarios y el trabajo productivo cada vez son más irrelevantes en la sociedad para garantizar las mismas oportunidades se nazca en la familia en la que se nazca. “Disponer de activos (una cuenta en el banco, una vivienda en propiedad, etc.) es un colchón muy importante para que muchos individuos mantengan su bienestar, y aquellos que apenas tienen riqueza simplemente no disponen de esa posibilidad. Además, la riqueza se transmite entre generaciones a través de herencias y donaciones, por lo que la desigualdad también influye de forma clara en la movilidad social y la igualdad de oportunidades”, resumen Luis Bauluz, Clara Martínez-Toledano y Miguel Artola en uno de los capítulos del ensayo 'La desigualdad en España' (publicado hace un año por Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes).

Los datos de los Registradores de la Propiedad permiten observar esta realidad hasta 2021, y es complicado añadir al cálculo del peso de las herencias en el PIB las transmisiones de riqueza que no son inmuebles (depósitos bancarios, acciones, derechos sobre negocios...) por la escasez de transparencia y la irregularidad en la recaudación del impuesto de Sucesiones y Donaciones, uno de los tributos cedidos a las comunidades autónomas en España. Este impuesto varía mucho entre los distintos territorios (algunos lo tienen más bonificado que otros, y los límites exentos también son dispares).

El informe más completo sobre las herencias lo publicó la Generalitat de Catalunya en 2016, pero es una excepción en todo en el Estado. En ese ejercicio, el valor de las herencias de inmuebles superó ligeramente los 6.000 millones de euros en la comunidad autónoma, según el documento de la Hacienda catalana. Una cifra que concuerda en relación con el PIB, algo por debajo del 3%, con los datos expuestos en este reportaje de los Registradores de la Propiedad de todo el país. La información extra que ofrece este informe de la Generalitat es que incorpora el valor de las herencias de activos financieros y otros derechos en 2016 en Catalunya, hasta alcanzar las transmisiones los 11.000 millones en total. Un dato que eleva el peso de las herencias en el PIB de la comunidad autónoma a algo más del 5%. Si se asume la importante revalorización de la vivienda y del resto de activos desde entonces, ese peso de las herencias en la actividad económica hay que buscarlo actualmente más cerca del 10%.

“La propiedad de activos pasa a ser más importante que el empleo o los salarios como determinante de la posición de clase [...]. La riqueza y el poder están cada vez más vinculados a la propiedad de activos y menos al trabajo productivo”, señala Javier Gil en el ensayo introductorio del libro 'Vivienda. La nueva división de clase' (publicado en español en diciembre). Inciso antes de seguir: la riqueza se define como la suma del valor de los activos menos las deudas, y en España casi el 80% es vivienda.

'Señoritos' de ciudad

Volviendo a los datos de los Registradores de la Propiedad, otra tendencia que se puede ver es el aumento del valor de las fincas urbanas heredadas frente a las fincas rústicas. La nueva sociedad de 'señoritos' es una economía de 'señoritos' de ciudad, no rurales como hace un siglo.

Aislando las cifras de herencias de fincas urbanas, se observa el récord de transmisiones de viviendas y solares de las ciudades en 2021, tras un incremento absolutamente vertical. La tendencia coincide con los datos que recoge el INE (Instituto Nacional de Estadística), que se extiende hasta 2024, aunque el inconveniente de esta fuente es que arranca en 2007.

El salto hasta el pico de 412.000 fincas urbanas heredadas en 2021, según los Registradores, es excepcional por el exceso de mortalidad a causa de la pandemia. Sin embargo, lo relevante es que la tendencia es clara en ambas estadísticas. Un crecimiento que continuará en los próximos ejercicios porque se están transmitiendo a los hijos 'millennials' “las propiedades que sus padres y madres habían adquirido en los años setenta, ochenta y noventa del pasado siglo”, según afirma Pedro Salas-Rojo en otro capítulo del libro 'La desigualdad en España'.

Por ofrecer contexto a los números, las 400.000 fincas urbanas transmitidas en 2021 son casi 1,7% de los 24 millones de inmuebles que existen, aproximadamente, en nuestro país. Un parque de vivienda que se ha ido concentrando en menos manos en los últimos años, sobre todo con la entrada decidida de los fondos y otros inversores desde 2008 en busca de rentabilidad, tanto con la compraventa, como con el alquiler.

Según este reportaje de elDiario.es con datos del Catastro, un millón de viviendas en nuestro país pertenece a grandes propietarios. Y, según esta otra información de este periódico, una sola persona posee 160 viviendas en Madrid. Por otra parte, según la última Encuesta Financiera a las Familias (EFF) del Banco de España, el 10% de familias más ricas posee algo más de la mitad de la riqueza total en España. Una proporción que solo ha caído ligeramente en la oleada de 2022 (la última realizada), desde la anterior de 2020.

De hecho, el 1% de familias más ricas en nuestro país detentaba el 19,4% de la riqueza total en 2022, apenas 2,5 puntos menos que el máximo de 2020, cuando tenían 22,9%.

Mientras, un estudio reciente del centro de análisis Afi remarca que está por venir una 'gran sucesión' en las próximas décadas, de los padres 'boomers' a los hijos 'millennials', que va a concentrar todavía más la riqueza de lo que ya lo está en las capas más altas. El informe recoge que esta 'gran sucesión' (las herencias) será mucho “más importante cuantitativamente en los tramos de elevada riqueza, lo que podría amplificar la desigualdad en la distribución de riqueza intrageneracional [dentro de la misma generación]”.

Los economistas de Afi utilizan una evidencia. En 2008, entre el 35% y 63% de los hogares mayores de 65 años del quintil más rico de nuestro país habían recibido herencias. En 2022, este rango se marcha a entre el 70% y el 77%. “Una tendencia que continuará avanzando”, según estiman. “Otro factor que podría influir en la futura distribución de riqueza, y sin duda en el sentido de una mayor desigualdad, es el creciente peso de la población extranjera (sobre todo, aquella procedente de países con menor de renta que el nuestro, que es la mayoritaria) en prácticamente todas las cohortes de edad”, prosigue el informe.

“Dos son las vías por las cuales la creciente presencia de población extranjera va a sesgar la distribución de la riqueza hacia una mayor desigualdad: por un lado, porque su posición relativa en la distribución de la renta y riqueza está habitualmente en la parte inferior y, por otro, por el bajo porcentaje de ellos que recibe herencias significativas o transferencias intergeneracionales”, finalizan desde Afi. 

La financiarización de la vivienda

En este contexto, es clave el proceso de financiarización de la vivienda de los últimos años. “Cada vez más, la vivienda se percibe como un medio para generar rentas —estrechamente vinculado a los mercados de capital— y menos como un lugar para vivir. Es un antagonismo irreconciliable, forjado de manera deliberada y con consecuencias dramáticas”, lamenta Javier Gil.

En el último gráfico de esta información, con datos del INE, queda reflejado el crecimiento del valor de las viviendas heredadas y donadas, tanto por el aumento del número de transmisiones como por la escalada del precio. En este ejercicio de aproximación se ha utilizado el precio medio de las compraventas de vivienda libre en cada año, que no es exactamente el valor de las herencias que sí recogen los Registradores, aunque sirve para identificar la misma tendencia hasta 2024.

Nueva división de clases

“Las personas viven, gestionan y planifican sus vidas cada vez más en función de sus activos, estructurando decisiones vitales según la lógica especulativa de su revalorización”, continúa Javier Gil, quien comparte en su ensayo un análisis de clases que identifica “la propiedad de activos como el principal distribuidor e impulsor de las oportunidades de vida. [...] La línea divisoria fundamental se traza entre quienes poseen activos inmobiliarios y quienes no”. Una división que se ha agravado porque los precios de la vivienda se han desvinculado progresivamente de la economía de los hogares, al aumentar mucho más los alquileres o el acceso a la propiedad que los salarios.

En esta estructura, los inquilinos que dependen de los ingresos salariales, aunque estos sean altos y estables, se quedan atrapados en los alquileres caros y “es probable que estén pagando la hipoteca de sus caseros, proporcionando las condiciones de posibilidad para que los inversores aumenten su posesión de activos y las ganancias de capital derivadas de ellos”, añade.

El único factor que interrumpe este proceso empobrecedor es la herencia. “En ciudades como Barcelona o Madrid, heredar una vivienda para vivir en ella, puede llegar a tener el efecto de duplicar, de forma indirecta, el ingreso familiar”, prosigue este experto.

Pedro Salas-Rojo va más allá y comenta que “el efecto de las herencias sobre las oportunidades de los hogares para acumular riqueza es patente mucho antes de que la transmisión de activos tenga lugar. [...] Un joven proveniente de una familia de clase alta sabe que en algún momento heredará una vivienda o parte de ella, además de cierta cantidad de activos financieros. Esa certeza le otorga una mayor seguridad a la hora de tomar cualquier decisión a lo largo de su vida [podrá estudiar más tiempo, arriesgarse con un negocio innovador o invertir en mercados financieros]. Su fracaso no implicará necesariamente su pobreza futura”.

En el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno disolvió, a través del Decreto 70/2025, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. 

Según se indicó, esta decisión “responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”.

En este sentido, la mayoría de las tareas de la ex Secretaría de Vivienda de la Nación se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos y/o en proceso de disolución. 

De acuerdo al Gobierno, “los mismos habían registrado un mal uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”. 

A partir de la disolución de la Secretaría, también “se ratifica la decisión de que las provincias y municipios impulsen este tipo de obras, que habían sido desarrolladas de manera irregular por el Estado Nacional”.

En primer lugar, mediante el Decreto 1018/2024, el Gobierno había definido la disolución y el inicio del proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR). 

En este caso, la auditoría de SIGEN había detectado fallas en el Programa como demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad de unidades entregadas, entre otras.

En segundo lugar, también se había cerrado a través del Decreto 6/2025 el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Este instrumento había sido utilizado con finalidades políticas y clientelisticas y había evidenciado irregularidades e incumplimientos. 

En la misma línea, el Gobierno Nacional está trabajando en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

En la norma publicada en el Boletín Oficial, también se definió el pase de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), a cargo de Sebastián Pareja, y de la Dirección Nacional de Arquitectura, a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

Además, el proceso de cierre de la Secretaría será llevado a cabo “de manera ordenada y progresiva, asegurando la adecuada transición de responsabilidades a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET)”.

“El Gobierno Nacional está cambiando el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad”, indicó la Casa Rosada.

La explicación de Sturzenegger

Como es habitual cuando se publica un decreto que lleva su sello, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, publicó este martes en X su mirada sobre la determinación del Goobierno de eliminar la Secretaría de Vivienda y reveló que la medida es parte de lo que, junto al presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, llaman la “Motosierra 2.0”. “La Motosierra 2.0 consiste, ni más ni menos, en repasar la utilidad de cada área del Estado para discontinuar las que no encuadran en los objetivos que se fijó el Gobierno”, escribió Sturzenegger.

De acuerdo al funcionario, a través del decreto 70/2025, la cartera que coonduce Caputo “hace punta en este proceso eliminando la voluminosa Secretaría de Hábitat. Para resolver el problema habitacional de nuestro país, que lleva décadas y que los gobiernos anteriores no pudieron resolver, la solución no es construir viviendas en lugares disfuncionales que, además de ser programas que abren la puerta a la corrupción y al clientelismo político, tienden a dejar a sus habitantes desconectados del mercado laboral. Por eso el gobierno ya había cerrado el Procrear con el Decreto 1018/24, y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social con el Decreto 6/25, y había llevado a su mínima expresión el Fondo de Integración Socio Urbana, todos mecanismos para transferir dinero a organizaciones políticas afines al gobierno anterior”.

Para Sturzenegger, la resolución del “problema de vivienda”, necesita “tener una macro ordenada y un Estado pequeño que libere recursos para que crezca el crédito privado a la vivienda. Un proceso que ya comenzó a darse en 2024”. Y agrega: “La construcción de viviendas, en todo caso, podrá ser un resorte que elijan usar provincias o municipios, aunque, digamos todo, las provincias hace rato también lo abandonaron cuando desviaron los recursos del Fonavi para gastos generales de administración”.

“El cierre de la Secretaría permite importantes ahorros en personal (eran cientos de personas sin tarea real), edificios, equipamiento y servicios. Además, había un ejército oculto de contratados a través de universidades para supuestas auditorías, en algunos casos de obras muy pequeñas”, explicó el Ministro.

Con información de agencias.

IG

En la campaña electoral de 2023, la entonces secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, preguntó en una recorrida por el conurbano a quién iban a votar los vecinos de una villa que ella estaba urbanizando y le respondieron por Javier Milei. “Lo que ustedes están haciendo es lo que deben hacer, no los vamos a votar por eso”, contestó uno, cansado de la inflación. Tenía razón. Pero después llegó el economista libertario a la Casa Rosada y paralizó las obras de la Secretaría de Vivienda, incluidas de las de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana.

Y este 23 de enero en un webinar de la Universidad de Princeton el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció que se eliminaba directamente la Secretaría de Vivienda porque el gobierno nacional sólo debía contribuir en esa política reduciéndose y asegurando estabilidad económica y, por tanto, era una de las áreas de las que debía apartarse para dejarlas en manos del mercado, las provincias o los municipios. La noticia se conoció porque el mayor multimillonario del mundo y futuro secretario de Eficiencia Gubernamental de EE UU, Elon Musk, tuiteó ese tramo de la exposición en su red X.

“No aplaudas a un gobierno por hacer obras con tu dinero, es como aplaudir al cajero ATM, por darte tu dinero”, tuiteó cinco días después el asesor presidencial Santiago Caputo. Ya nadie aplaudirá por viviendas hechas por la Nación, como en los 80 años previos. Habrá que encomendarse a los gobernadores e intendentes, también bajo ajuste, o al mercado, que ofrece por ahora créditos hipotecarios para la clase media alta.

En Estados Unidos hay un Departamento (Ministerio) de Vivienda y Desarrollo Urbano. En Alemania, un Ministerio de Vivienda, Desarrollo Urbanístico y Construcción. En Reino Unido, uno de Vivienda, Comunidades y Gobiernos Locales. En Francia, uno de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda. En Canadá, uno de Vivienda, Infraestructura y Comunidades. Son cinco de las siete potencias desarrolladas del G7, países con mucho mercado, pero también con gobiernos nacionales que definen políticas de vivienda social, ya sean que las ejecuten por mano propia o a través de jurisdicciones estaduales o locales. Hay naciones ricas como Países Bajos, Austria y Dinamarca donde más de las 20% de las viviendas son sociales.

No por nada, a tono con estos tiempos violentos, el exministro de Economía Martín Guzmán dejó la moderación y calificó por X la idea de Sturzenegger de “tremenda estupidez”: “¿El mercado le va a resolver el problema de la vivienda a un pibe de 5 años que crece en condiciones de hacinamiento?”. Consultada por elDiarioAR, la exministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, María Migliore, que cambió villas en barrios como con la Rodrigo Bueno y el Playón de Chacarita, también critica a Sturzenegger: “La Secretaría de Vivienda tenía un modelo de intervención que era inescalable y había que cambiarlo, pero el mercado solo no va a resolver el tema”.

En la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que dirige Rodolfo Aguiar, se preguntan cuál será el próximo organismo que despedirá personal después de que en diciembre el Ministerio de Justicia echara a 2.400 empleados y en enero, el de Salud, a 1.400. “Sobran a patadas empleados públicos por todos lados. No hay que parar de echarlos y a la calle. Son un robo a la gente de laburo que paga impuestos”, escribió en X el diputado José Luis Espert, el mismo que también quiere erradicar la industria automotriz argentina: “Habría que importar todos los autos”.

En Salud hay mesas de negociación por sector, desde el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) hasta el hospital de salud mental Bonaparte, pero no progresan. Ya hace un mes, antes de la nueva ola de cesantías, había habido rajes en el PAMI, diálogo con ATE para suspenderlos, pero después el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, llamó al jefe de la obra social de los jubilados, Esteban Leguízamo, para amenazarlo con volarlo del cargo si había reincorporaciones.

En ATE temen despidos en organismos descentralizados, incluida la Autoridad Matanza Riachuelo (Acumar). Lo que sorprende es que la motosierra de Milei no toca a los camporistas instalados en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ni a los massistas ubicados en la Secretaría de Transporte, así como tampoco jamás el Presidente denunció en la Justicia al exsecretario de Comercio Matías Tombolini por las supuestas coimas para importar que él vociferó en el Congreso. ¿Pactos tras las bambalinas?

El próximo martes, ATE se reunirá para definir el primer paro nacional de 2025: en 2024 ya hubo un día y medio de huelga por mes, pero eso no evitó los 37.000 despidos ni el atraso salarial. Sin embargo, especulan con que el rechazo social al discurso de Milei en el Foro Económico Mundial de Davos contra el colectivo LGBT, el feminismo y los inmigrantes, con la marcha de este sábado, pueda replegar el ímpetu envalentonado del Presidente que venció por ahora la inflación y entonces se confían para ir por todo.

La diatriba en Suiza del jefe de Estado, principal aliado latinoamericano de Donald Trump, está en sintonía con la ideología que el regresado inquilino de la Casa Blanca quiere imponer en el mundo en su segundo mandato. Y las empresas reaccionan aquí y en el resto del planeta. Muchas compañías habían implementado en los últimos años programas y publicidades sobre diversidad e inclusión de mujeres, LGBT y otras minorías y ahora están a la deriva preguntándose qué hacer con ellos ante un discurso antiwoke que se expande como un huracán por las redes sociales. Por caso, Disney anunció en diciembre pasado que retiraba un personaje trans de una futura serie.

Dos por uno

Para el establishment local y mundial, a Milei se lo considera una “rockstar”, un modelo para otros países que pretenden ajustar el Estado y desregular el mercado. Grandes empresarios de aquí y de afuera se desviven por juntarse con él o ir a escucharlo a sus conferencias, aunque no todos están haciendo negocios al mismo ritmo. Están por un lado los que aprovechan lo que ellos llaman el “happy hour” del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que dura dos años, 2024 y 2025, y por tanto anticipa decisiones, así como quien se adelante a ir al bar para tomarse dos birras al precio de una.

A pesar de que Trump ya anunció que apostará fuerte a extraer petróleo y gas en EE UU, sin importarle la crisis climática, y que eso impacta a la baja de las cotizaciones mundiales de ambos hidrocarburos y retrasa aunque no desarticula el giro hacia los autos eléctricos, las apuestas en la Argentina por Vaca Muerta, el litio y el cobre buscan aprovechar la ventana que les ofrece el RIGI. El precio del oro blanco también lleva desde 2023 en baja y sin perspectivas de repunte. Pero el presidente de YPF, Horacio Marín, cerró una gira por India para conseguir contratos de exportación de gas natural licuado (GNL), mientras la australiana Galan, la británica Rio Tinto y la surcoreana Posco ya presentaron proyectos de litio en el RIGI y se especula con que los sigan pronto la francesa Eramet y Tecpetrol (grupo Techint). En cobre, en cambio, las mineras y el Gobierno insisten con modificar la ley de protección de glaciares para que se concreten en el periodo del RIGI las iniciativas para extraer el material clave para los cables de los autos eléctricos. Inversores energéticos y mineros destacan no sólo el happy hour sino la estabilización macroeconómica lograda con un brutal ajuste con apoyo popular, aunque quieren esperar a que ese respaldo se confirme en las urnas.

Gracias a la política energética de los anteriores tres gobiernos, de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, la Argentina pasó del déficit comercial en la materia en 2022 al superávit en 2024 y se espera que ese saldo positivo llegue a US$8.300 millones en 2025. Sin embargo, consultores calculan que con la apreciación actual del peso –una de las bases para bajar la inflación junto con la motosierra– la balanza comercial del total de bienes quedaría este año con un rojo de 1.500 millones, a lo que hay que sumarles el déficit de servicios –incrementado por los viajes al exterior– y los pagos de intereses de la deuda.

Por eso, el ministro de Economía, Luis Caputo, necesita urgente el nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y viajó de imprevisto a recibir su misión, pero el enviado, el venezolano Luis Cubeddu, se fue sin anuncios concretos y con la sola promesa de seguir conversando en las próximas semanas.

El tipo de cambio casi fijo es el motivo de discusión. Milei y Luis Caputo quieren liberarlo, pero sin saltos del dólar y la inflación. Hay US$10.000 millones de ganancias de multinacionales retenidas por el cepo desde 2019 esperando para ser giradas a sus casa matrices, según un relevamiento de la Fundación Capital, de Martín Redrado, que publicó el diario La Nación. No se descarta, sin embargo, que los US$11.000 millones del Fondo llegue entre marzo y mayo para liberar el control cambiario y que el alza de precios consiguiente impacte los primeros meses pero su estela no llegue a los comicios de octubre. Por eso, el Presidente y Santiago Caputo están obsesionados con eliminar las primarias de agosto, dado que para entonces sí continuaría el efecto de una eventual salida del cepo.

Las petroleras como YPF y Pan American Energy (PAE), dueña de la red Axion, niegan que por ahora vayan a despedir empleados por la norma que entró en vigencia esta semana y que permite el autodespacho de combustible. En Shell y Puma guardan silencio. No obstante, en algún momento comenzará el ajuste. En España, donde la carga de gasolina y gasóleo por mano propia comenzó en los 80, hay cuatro empleados por estación de servicio, frente a 12 en la Argentina. Algunos puestos de trabajo se compensarán con los que contraten en Vaca Muerta y sus exportaciones, pero ni la energía ni la minería pueden movilizar el empleo en todo el país. Se necesita del comercio, la industria y la construcción, tres sectores que siguen en crisis. En las empresas de estas áreas están obsesionados por ganar competitividad para sobrevivir a unos nuevos tiempos que les exigen un cambio de modelo de negocios, ya no basados en el proteccionismo y la alta inflación como antes. Está resignados a no esperar bajas tributarias ni devaluaciones del Gobierno. Es tiempo de echar empleados, pero no en todos los casos porque algunos necesitan contratar con la ilusión de repuntar. Sí de mantenerse firmes ante los gremios en la pauta salarial del 1% mensual que impuso el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para impedir traslados de aumentos a precios pero también para evitar que el sueldo en dólares suba tanto que se traduzca en despidos. Es tiempo también de invertir en robots e inteligencia artificial. Todo sea para ser más eficientes.

Los que también están preocupados por los costos son los usuarios de la Hidrovía del río Paraná, los exportadores, que reclamaron que se modifique el pliego de la licitación que cierra el 12 de febrero para que se ponga énfasis en el peaje. Las dragadoras DEME, de Bélgica, y Rohde Nielsen, de Dinamarca, apelarán la semana próxima, cuando termine la feria judicial, el fallo que durante las vacaciones de enero ratificó el proceso que ellas consideran a favor de la belga Jan de Nul, la que controla la Hidrovía desde 1995. Este cronista consultó a la embajada de Países Bajos por presuntas quejas al gobierno de Milei por la licitación, pero prefirieron no hacer comentarios. Es que la neerlandesa Boskalis está que brama y no se presentará a la contienda. En cambio, no se descarta que su compatriota Van Oord lo haga, aunque sin muchas chances de vencer a Jan de Nul. La dragadora actual necesita que al menos otro formule una oferta porque si no, Milei ha prometido que anulará la subasta. El Presidente suele hablar mucho de periodistas ensobrados, pero también los hubo, los hay y los habrá entre funcionarios y empresarios.

AR/MG

El Gobierno implementó una nueva normativa sobre hipotecas mediante el Decreto 1017/2024, publicada en el Boletín Oficial. De acuerdo a sus fundamentos y al mismo tiempo que en otro DNU disuelve el plan Pro.Cre.AR, esta medida “busca revitalizar el mercado inmobiliario, facilitando el acceso al crédito hipotecario y ofreciendo opciones innovadoras para quienes aspiran a adquirir una vivienda propia”. 

¿Qué cambia con el nuevo DNU de hipotecas?

La medida establece nuevos tipos de hipotecas y facilita el acceso a créditos para quienes desean invertir en viviendas. Entre los principales cambios, se destacan:

1. Hipotecas divisibles para proyectos inmobiliarios: Una de las innovaciones más destacadas del DNU 1017/2024 es la introducción de hipotecas divisibles, que permite a cada comprador asumir su propia deuda individualmente cuando adquiere una unidad de un desarrollo inmobiliario. Esta modalidad aplica a proyectos sujetos a propiedad horizontal o subdivisiones, permitiendo que la deuda se divida de acuerdo con cada unidad o lote adquirido.

2. Hipotecas sobre el derecho real de superficie: Esta nueva normativa también habilita el uso del derecho real de superficie como garantía hipotecaria. Esto significa que quienes posean un derecho a construir sobre un terreno ajeno podrán utilizar ese derecho como garantía, facilitando el financiamiento para proyectos habitacionales y de construcción.

3. Registro de boletos de compraventa: Otro punto clave del decreto es la posibilidad de registrar boletos de compraventa de unidades futuras, como aquellos que aún no están construidos. Esta medida aporta seguridad jurídica a las preventas de unidades inmobiliarias, ya que el registro brindará publicidad y respaldo legal a estos contratos, protegiendo los derechos de los compradores.

4. Seguro facultativo para proyectos en construcción: A diferencia de la normativa anterior, el DNU 1017/2024 hace optativo el seguro para contratos de prehorizontalidad. Con esta disposición, quienes adquieran unidades en construcción pueden optar por contratar el seguro o no, lo que permite mayor flexibilidad y autonomía a las partes en cada contrato.

Objetivos y beneficios de la nueva normativa de hipotecas

La normativa tiene el objetivo de “hacer más accesible el crédito hipotecario y facilitar el financiamiento de desarrollos inmobiliarios. A través de medidas como las hipotecas divisibles y la flexibilización de garantías, el Gobierno busca incentivar la construcción de viviendas y reducir el déficit habitacional, que afecta a un amplio sector de la población”.

Además, se espera que esta medida “impulse el empleo en el sector de la construcción, ya que un mercado hipotecario más accesible genera demanda de nuevos proyectos y viviendas. Esto tiene un efecto directo en la creación de empleos y en el fortalecimiento de la cadena de valor inmobiliaria”.

¿Cómo impactará en la economía y en el mercado inmobiliario?

Según el decreto, “la situación económica actual de Argentina permite implementar estas reformas de forma adecuada. Durante el último año, el país ha experimentado una reducción en la inflación y una estabilización del tipo de cambio, factores que, junto con el crecimiento del empleo registrado y la mejora en los salarios, crean un entorno favorable para el crédito hipotecario”.

El Gobierno espera que “la mayor accesibilidad al crédito impulse no solo el mercado inmobiliario, sino que también genere un efecto multiplicador en otros sectores, estimulando el consumo, la inversión y la generación de empleo”.

Medidas de apoyo y colaboración con las provincias

Para asegurar que la normativa se aplique de forma uniforme en todo el país, el Ministerio de Economía implementará “un plan de armonización federal en coordinación con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se espera que cada jurisdicción implemente las medidas necesarias para el registro de boletos de compraventa, así como para fomentar el uso del derecho de superficie en los desarrollos inmobiliarios”.

“La Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Seguros de la Nación también tendrán un rol activo en el desarrollo de esta normativa. La CNV promoverá la securitización de hipotecas, lo que facilitará su colocación en el mercado de capitales, mientras que la Superintendencia trabajará en el diseño de coberturas de seguros específicas para los proyectos inmobiliarios, ofreciendo respaldo a los préstamos hipotecarios”.

Acceso al crédito hipotecario: una respuesta a la demanda de vivienda

El DNU 1017/2024 responde a la creciente necesidad de vivienda en Argentina, donde una gran parte de la población no tiene acceso a una vivienda propia. Esta normativa introduce mecanismos para que las familias puedan acceder a la vivienda con mayor seguridad y garantías. Se espera que, con estas herramientas legales, el sector inmobiliario crezca y que se incremente la oferta de propiedades tanto para la compra como para el alquiler, contribuyendo así a una baja en los precios de las unidades disponibles en el mercado.

Una oportunidad para acceder a la vivienda

De acuerdo al Gobierno, el decreto “representa un avance en el acceso a la vivienda en Argentina. Al crear un marco legal que facilita el crédito hipotecario y dinamiza el mercado inmobiliario, el Gobierno busca ofrecer oportunidades concretas para quienes desean tener su hogar propio”. La medida, que ya está en vigor, presenta “una alternativa real para miles de familias y refuerza el compromiso de mejorar el acceso a la vivienda en todo el país”.

Para obtener más información y detalles sobre cómo aplicar a un crédito hipotecario en el marco de esta normativa, “los interesados pueden consultar los requisitos en sus bancos de confianza o en entidades financieras habilitadas”.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes por la noche el final del programa Procrear, uno de las principales iniciativas que tuvo el kirchnerismo.

En ese sentido, la noticia la dio el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de X (antes Twitter), una forma ya habitual de brindar la información.

“Dos novedades económicas: a partir de mañana el plan Procrear tal y como lo conocemos dejará de existir. Además de esto, se comenzarán a permitir las `hipotecas divisibles` para proyectos inmobiliarios en desarrollo”, indicó en su red social. Además, agregó: “Gran gestión de Luis Caputo (ministro de Economía). Fin”.

Las dos medidas serán formalizadas en las próximas horas en el Boletín Oficial que será publicado este martes.

El anuncio se realizó por redes sociales, lo mismo que había ocurrido con el cambio de nombre del ahora ex Gasoducto Néstor Kirchner y con la desregulación del servicio de correos y operadores postales.

Ahora, se hizo lo mismo con el final del programa Procrear, uno de los principales anuncios que se llevó a cabo durante el kirchnerismo.

MM con información de la agencia NA.

El mercado inmobiliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó en octubre un precio promedio de venta de US$2.321 por metro cuadrado, lo que representa un incremento mensual del 0,3% y un avance acumulado del 6,6% en lo que va del año, según datos de Zonaprop.

En comparación con octubre de 2023, la suba interanual es del 7,2%, el mayor aumento registrado desde diciembre de 2018, cuando el sector disfrutaba de un contexto favorable gracias a los créditos hipotecarios UVA.

La tendencia de crecimiento también se observa en el volumen de escrituras, que aumentó un 30,4% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando un total de 5.157 operaciones. Este número refleja el nivel más alto de actividad en el sector desde 2017, lo que refuerza la reactivación de la compraventa en la ciudad. 

El dato es significativo ya que, durante el último trimestre, el porcentaje de escrituras realizadas con hipoteca representó el 14% del total, una cifra 4,2 veces superior a la registrada un año atrás.

La variabilidad en el precio del metro cuadrado sigue siendo considerable entre los distintos barrios de CABA. Puerto Madero lidera con el valor más alto, ubicándose en US$5.985 por metro cuadrado, seguido por Palermo y Belgrano, con US$3.212 y 3.030, respectivamente. En contraste, Lugano ofrece la opción más económica, con un precio promedio de US$983 por metro cuadrado, seguido por Nueva Pompeya, con US$1.388 y Villa Riachuelo (US$1.505).

Estos valores también reflejan una tendencia de suba generalizada: el 75% de los barrios mostró aumentos de precio en octubre y el 94% registró incrementos interanuales, mientras que solo el 6% mantuvo una baja en comparación con el año anterior.

Incremento en el costo de construcción y subas moderadas en los alquileres

Otro factor que impulsa los precios en el mercado inmobiliario es el alza en el costo de construcción medido en dólares, que subió un 34,6% en 2024. Esto repercute especialmente en las unidades en pozo y a estrenar, cuyo precio promedio se sitúa en US$2.741 y 2.745 por metro cuadrado, respectivamente. 

En términos históricos, construir hoy cuesta 2,9 veces más que en octubre de 2020, cuando se alcanzó el punto mínimo de la serie, y un 30,2% por encima del promedio entre 2012 y 2023.

Aunque los precios de los alquileres en CABA han aumentado, el alza es notablemente menor que la inflación. En octubre, el alquiler medio subió un 3,4%, acumulando un incremento del 57% en lo que va de 2024, mientras que la inflación durante el mismo período alcanzó un 108%.

Actualmente, un monoambiente en la ciudad se alquila por un promedio de $440.643 mensuales, mientras que los departamentos de dos y tres ambientes tienen valores medios de $524.907 y $707.201, respectivamente. Puerto Madero es también el barrio más costoso en el ámbito de alquileres, con un promedio de $982.766 por mes, seguido por Núñez y Palermo. 

Por el contrario, barrios como Lugano ($391.050), Liniers ($435.474) y Parque Avellaneda ($447.759) figuran entre las zonas más accesibles para alquilar.

Con información de NA.

IG

Más de 3,2 millones de hogares padecen déficit habitacional en la Argentina, según un informe de la Fundación de Tejido Urbano. El trabajo cita las estimaciones para 2024 que realizó la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de 2022.

Alerta que “el déficit habitacional en la Argentina asciende a 3,24 millones de viviendas” y que “el resultado final tiene cierta subestimación dado que no incluyen a las viviendas con déficit, pero recuperables”.

Del total de las 3,24 millones, el 35,45% corresponde al déficit cuantitativo (falta de viviendas) y el 64,55% al déficit cualitativo (viviendas que requieren mejoras).

Aclara que dentro del cualitativo, “uno de los problemas principales es el hacinamiento, ya que muchas viviendas albergan a más personas de las que deberían, lo que agrava la situación de vida de los habitantes”.

“La falta de inversión en infraestructura, particularmente en áreas rurales y sectores vulnerables, ha contribuido a este problema”, dice el comunicado. En cuanto a zonas urbanas, “la mayor parte del déficit habitacional se debe a problemas de calidad en la vivienda” y en áreas rurales “la carencia de servicios básicos, como agua potable y alcantarillado, es un factor determinante”.

En la comparación con otros países de la región, “se detalla que el déficit habitacional es un problema extendido en toda América Latina, donde se estima que el total en la región asciende a 69.5 millones de viviendas”, según el informe “Déficit Habitacional en países de América Latina y el Caribe” realizado por la Unión Interamericana para la Vivienda (Uniapravi).

Sobre el final, puntualiza que “el déficit habitacional en Argentina refleja una situación compleja que involucra tanto la falta de viviendas como la baja calidad de las existentes” y resalta que “la mayoría del déficit es cualitativo”. También hace hincapié en el “hacinamiento, que afecta especialmente a los hogares propietarios de regiones del país sin mercados de alquileres desarrollados y con bajos ingresos”.

MM con información de la agencia NA

La desregulación de los alquileres llevó a que muchos propietarios se animaran a poner sus propiedades en oferta, ahora que ya no deben firmar contratos por tres años ni actualizados cada medio año por inflación o salario, como con la ley anterior. Pero la mayor cantidad de viviendas disponibles no abarató el alquiler. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) midió que en los primeros ocho meses del año el alquiler se encareció 153% en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde vive un tercio de los argentinos.

El índice de precios al consumidor (IPC), mientras, subió 95%. Es decir, el vivir en casa ajena se elevó 61% más que la inflación.

En Cuyo los alquileres se incrementaron 142%; en el nordeste, 138%; en la región pampeana, 129% y en el noroeste, 126%. Sólo están mejor los inquilinos patagónicos, que ahora deben pagar 89% más que en diciembre, antes de la desregulación decretada por Javier Milei.

La reacción de los inquilinos al ajustazo no se hizo esperar: el 26,7% de los 2.500 encuestados por la asociación Inquilinos Agrupados, tuvo que abandonar la vivienda por no poder afrontar el precio del alquiler. De este universo, el 92% tenía condiciones contractuales por fuera de la antigua ley de alquileres.

“Los resultados del informe son preocupantes. Todo se podría resumir en: 'No puedo seguir pagando el alquiler'. Las actualizaciones trimestrales, las exigencias para el ingreso a la vivienda, y los aumentos de tarifas, servicios, alquileres y transporte están llevando la situación a un lugar muy peligroso para toda la sociedad”, opinó el líder Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz.

La ley de alquileres de 2020 estableció un plazo de tres años y actualización anual por el Índice de Contratos de Locación (ICL), que mezclaba inflación y salario. De octubre a diciembre de 2023 rigió otra norma que actualizaba el valor cada seis meses por la evolución del sueldo. Desde fines de año el propietario manda, siempre que el bolsillo de los inquilinos aguante.

Sólo el 7% de los contratos ahora es por tres años. El 10% por seis meses; 17% por entre medio año y 12 meses; la gran mayoría, el 60%, de uno a dos años; y el 6%, sin plazo. En cuanto a la actualización, el 40% es cada tres meses; el 33%, cada cuatro; el 17%, cada seis; el 2%, cada dos; el 1%, cada mes y el 4%, cada año. En lo referido al método de ajuste, el 58% lo hace por inflación; el 35% por el ICL; el 3% por el salario y otro tanto por el dólar.

El 44% de los ingresos totales del hogar de los inquilinos se destina a pagar el alquiler más las expensas, sin considerar impuestos y tarifas de servicios públicos. En el caso de aquellos alquileres que iniciaron después de la entrada en vigencia del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de Milei, la incidencia asciende al 49,8%. El 89% de lo encuestados considera que tendrá dificultades para afrontar el pago del alquiler en los próximos meses. Solo el 11% respondió que no.

La edad promedio de emancipación se encuentra entre los 26 y 30 años, según el sondeo. Las condiciones laborales de los menores de 25 años y las exigencias del mercado inmobiliario, como recibos de sueldo que tripliquen el valor del alquiler o antigüedad laboral, constituyen las barreras de acceso al alquiler de vivienda, de acuerdo con la encuesta.

En el AMBA, pocos rubros se encarecieron tanto como alquiler en los primeros ocho meses del año, según el Indec. Entre ellos figuran las verduras (161%), la energía (352%), las prepagas (167%), el transporte público (233%) y la telefonía e Internet (163%).

AR/MG

En Argentina, 2,3 millones de jóvenes de entre 25 y 35 años viven con sus padres o abuelos, lo que representa el 38% de este grupo, de acuerdo a un informe elaborado por la Fundación Tejido Urbano, sobre datos oficiales. Según la organización que investiga problemas habitacionales, “este es, quizás, uno de los principales desafíos del acceso a la vivienda, aunque lamentablemente es un problema que persiste hace, al menos, dos décadas”.

El informe plantea que, en 2004, “el 35% de los jóvenes no había podido emanciparse, según la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHo), que realiza el INDEC. Esto significaba cerca de 2 millones de personas. Si bien no hay datos anteriores, por la evolución posterior podría pensarse que este nivel tenía incorporado el impacto de la crisis de la convertibilidad. Luego, entre 2004 y 2012 (vuelve a realizarse la ENGHo), el número de jóvenes no emancipados bajó hasta 1,7 millones, lo que significó también una reducción en el porcentaje hasta el 31%, el nivel más bajo registrado desde 2004 hasta la fecha”.

“Luego, en 2016, ya a partir de la EPH que también realiza el INDEC, se registró que el 39,1% de los jóvenes vivía sin haberse podido emancipar. A partir de ahí, y tanto según EPH como según ENGHo, los jóvenes no emancipados se mantuvieron en un promedio de 39%. En 2023, último dato disponible, hubo 2,3 millones de jóvenes no emancipados, equivalente al 37% del total”, reseñan desde Tejido Urbano.

“Entre 2 y 2,5 millones de jóvenes de 25 a 34 años viven con sus padres o abuelos. Este alto porcentaje plantea un problema a futuro: existe una demanda latente de vivienda que no se está satisfaciendo. Esto puede deberse a que estos jóvenes no tienen ingresos suficientes para mudarse o carecen de ahorros para cubrir los gastos asociados con la independencia. En el mediano plazo, esto genera un efecto negativo sobre la construcción, que no percibe a este segmento como un potencial demandante y, entonces, no construye para ellos. Este es un ciclo vicioso que impide la independencia de estos jóvenes”, concluyen desde la Fundación.

En cuanto a la Argentina, “la relación entre los ingresos de los hogares y la capacidad de emanciparse es crucial para entender un componente estructural del aspiracional de vivienda en el país. Por ejemplo, en las provincias del norte de Argentina, las dificultades para la emancipación son más acentuadas debido a los bajos niveles de ingresos, lo que está relacionado con la probabilidad de emanciparse”.

Asimismo, el informe establece que, en contraposición, en la Ciudad de Buenos Aires “el porcentaje de jóvenes no emancipados es muy bajo, siendo siempre de los más bajos del país. Esto puede explicarse por los mayores ingresos en la capital, que, a pesar de los altos alquileres y precios de inmuebles, permiten a los jóvenes enfrentar estos gastos con mayor facilidad que en otras partes del país. Además, el mercado de alquileres en Buenos Aires está más desarrollado, ofreciendo más oportunidades para quienes buscan independizarse”.

También detalla que las principales ciudades educativas del país “atraen a jóvenes que ya se han emancipado y establecen su hogar en esos lugares. Así, las ciudades universitarias o productivas experimentan una migración joven que reduce el porcentaje de no emancipados. En contraste, las provincias con un mercado laboral menos dinámico y sin importantes centros educativos enfrentan mayores dificultades para ofrecer alternativas de mudanza, debido a los menores ingresos”.

Las oportunidades laborales, educativas y culturales “son factores clave para la migración en esta etapa de la vida. En el sur de Argentina, las tasas de emancipación son más altas, probablemente debido a la migración laboral en lugares como Vaca Muerta, en Neuquén, o Tierra del Fuego, donde los ingresos promedio son significativamente altos”, sostienen los investigadores.

En tanto, “para tener una referencia internacional”, Tejido Urbano analizó que, en Estados Unidos, “el porcentaje de jóvenes viviendo en la casa familiar pasó de menos de 20% a más de 30% entre 1999 y 2014”. Además, en Europa, “la situación es heterogénea. Mientras que en Países Bajos (11%) y Alemania (13%) el porcentaje se mantuvo relativamente estable (o hasta se redujo levemente) entre 2006 y 2022. Para el mismo periodo, en cambio, en Francia casi que se duplicó (de 8% a 15%), en Reino Unido subió levemente de 13% a 16% y en Italia, el más cercano a Argentina, pasó de 46% a 52%”.

“Para alcanzar los niveles de Países Bajos, Alemania o Francia, el número de no emancipados debería reducirse en, como mínimo, un millón de jóvenes, lo que significa una transformación estructural de la matriz sociohabitacional en Argentina. Con este panorama, toma especial relevancia la mejora en el acceso al alquiler de los últimos meses y la aparición de los créditos hipotecarios. Son los dos principales mecanismos por los cuales este grupo de jóvenes podrá acceder a la vivienda, aunque el desafío sigue siendo mayúsculo”, concluyen los especialistas. 

La Fundación Tejido Urbano es “un lugar de encuentro, de enlace y de investigación integrado por profesionales, especialistas e investigadores de distintas disciplinas y con experiencias complementarias en temas en torno al hábitat y a la ciudad, que se desempeñan tanto dentro como fuera de la función pública. Tiene por objeto combatir los problemas habitacionales y alertar a la sociedad sobre su existencia. En ese sentido, busca apoyar investigaciones y acciones renovadoras que puedan orientar a especialistas y decisores acerca de soluciones y herramientas innovadoras que apunten a reducir los déficits habitacionales de nuestra sociedad”.

Con información de Tejido Urbano.

IG

En este episodio, Martín Marimón conversa con Anahí Ballent sobre los problemas centrales de este objeto. ¿Cuándo se inician las políticas de vivienda? ¿Qué lugar tiene el estado en estas concepciones? ¿Y los saberes médicos? ¿Qué novedades trae el peronismo en este plano? ¿Cómo continúa la agenda estatal de vivienda después del peronismo?

Conducción: Martín Marimón

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

HistoriAr es un podcast creado y producido por la Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH). Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

AsAIH

En la Argentina no hay crédito hipotecario desde hace seis años. La última vez que se otorgaron de forma regular y masiva fue en 2018, antes de la crisis cambiaria que duró dos años y a la que sobrevino, posteriormente, la pandemia y una inflación sin control hasta el día de hoy, que imposibilitó el funcionamiento de cualquier mecanismo. Pero en las últimas semanas volvió a aparecer la oferta bancaria de préstamos para vivienda, en la modalidad UVA, que en la Argentina, a diferencia de otros países, tienen muy mala fama.

Federico González Rouco, economista y experto en vivienda y mercado inmobiliario, sostiene que el regreso de este tipo de préstamos “es una oportunidad” después de más de un lustro sin crédito. En una conversación con los periodistas Hernán Cappiello, Ariel Cohen y Juanjo Domínguez en Gambito de Datos (Radio Con Vos) sostuvo que la inflación es una variable a tener en cuenta a la hora de decidir si tomar o no un crédito de estas características pero aún más importante es qué perspectiva de ingresos personales tiene uno.

—¿Es confiable meterse hoy en un crédito UVA de estas líneas que están apareciendo ofertadas por los bancos?

—Como primer punto hay que decir que hay oferta. Hay bancos queriendo ofrecer créditos hipotecarios. Eso me parece ya una primera gran noticia que no pasaba desde hace años y muestra que están cambiando algunas cosas. Es una señal de apuesta del sistema financiero al plan económico. Porque si fuera algo tan de corto plazo, sólo un movimiento de tasas, esto no pasaría. bviamente después puede salir mal.

—Puede fallar.

—Como todo. Pero es una apuesta. Los bancos tomaron la señal del Gobierno de que el instrumento UVA no se va a romper, una posibilidad que durante los últimos cuatro años estuvo latente. Eso es el lado de la oferta...

—Claro, pero del otro lado hay temor de los tomadores de crédito UVA, sobre todo porque la inflación sigue siendo alta.

—Los créditos UVA tienen la mora más baja del sistema financiero argentino. No hay un problema en el sistema de créditos hipotecarios UVA. Es un sistema que la verdad es que se bancó de manera bastante robusta todo lo que pasó en los últimos años. Obviamente, este tipo de créditos sí están expuestos como cualquier otra cosa que esté ajustada a la inflación.

—Es que uno no deja de pagar el crédito. Es lo primero que va a pagar, igual que el alquiler, la luz, el gas, el teléfono. Son cosas que uno no deja de pagar, por eso también registra bajos niveles de morosidad. Pero como los UVA están atados a la inflación y uno no se puede cambiar, como cambia de Movistar a Personal o a Claro, supongamos, el crédito se come gran parte del ingreso, y eso sí es un problema.

—Sí, totalmente, es verdad lo que decís, a lo que voy es en esta Argentina y en la Argentina que viene por algunos años al menos los UVA son los créditos que tenemos y vamos a tener. Es el contexto económico que hay, es el que nos toca. Yo tengo una propuesta hecha en los libros que escribí para mejorarlos. Es cierto que la mora más baja del sistema significa que el pago de estos créditos ha costado un montón de sacrificios. Totalmente. La pregunta es cuál es la alternativa para comprar una vivienda.

—Si vos estuvieras delante de una familia que tuviera que tomar una decisión, ¿le dirías sí, empezá y arriesgate ahora, o esperá un poquito porque por ahí viene otro producto que puede mejorar este?

—La primera respuesta es que para mí no importa tanto la inflación, lo que importa es la perspectiva de salario real que tenga cada uno. Y eso va a cambiar mucho según el sector en el que uno trabaje, según el momento de la vida en que esté, etcétera. La cuota se puede volver impagable con una inflación de 5% anual o con una de 75% o con una de 200% anual, entonces no me interesa tanto la inflación, miraría más la perspectiva de salario real que uno tiene. Eso como primer punto. Como segundo punto, las tasas de interés de los créditos que están saliendo, que salieron cuatro o cinco bancos con condiciones ya detalladas, van del 4% al 8%, más o menos, y yo no creo que vaya a haber mucha más reducción que eso; no me imagino tasas más bajas de 4% porque uno ve Uruguay y Colombia, que tienen créditos similares, y tienen tasas entre 4% y 7%. Recordemos que en estos créditos la tasa es el costo financiero del crédito que uno lo adquiere en UVAs, que es como sacarlos en pesos uruguayos o dólares. Como el UVA está atado a la inflación, eso es lo que hace que se encarezca la cuota, además de la tasa.

—¿Pero cómo se puede mejorar al sistema para alejar el fantasma de la cuota impagable?

—Al sistema de créditos hipotecarios en Argentina, y al sistema financiero en general, le falta una modernización y que creo que este es el momento para hacerlo. Una de las puntas que creo que se podría hacer, y que ya hubo hasta anuncios en otros gobiernos de diferentes partidos políticos, es avanzar en lo que se llama un fondo de compensación, que básicamente es un instrumento que lo que hace es que el acreedor, o sea el banco, cobre una cuota que ajusta por inflación, la UVA, y el deudor paga una cuota que ajusta por salarios. Y las diferencias, cuando el salario suba más o cuando la inflación suba más, bueno las va absorbiendo y cubriendo el fondo. Y aparte el deudor pagaría un 1% o un 1,5% más todos los meses como si fuera un seguro.

—Una especie de red, digamos.

—Exacto. Es como una cobertura, una compensación. Si uno mide inflación y salarios van más o menos de la mano. Pero el largo plazo no importa acá, acá lo que importa son los cortos plazos, que te sacan del juego. Con este fondo eso quedaría más o menos contenido.

—Entonces, a una familia que tiene un ingreso garantizado usted le puede afirmar que este es un buen momento para sacar un crédito UVA.

—Ni siquiera digo que este es un buen momento, digo que este es un momento. En la Argentina, lamentablemente, estamos expuestos. Este es un momento en el que hay oferta de crédito hipotecario, y ojalá esto deje de ser un momento y sea una realidad, como en cualquier país normal. Yo creo que uno tiene una perspectiva de salario con cierta estabilidad, es una oportunidad. Además, hoy el valor de los inmuebles está muy deprimido.

—¿Cómo ve la perspectiva hacia adelante?

—No creo que este año veamos un boom de crédito hipotecario, pero si la cosa más o menos se ordena, en un año o dos años, sí lo vamos a ver, porque la demanda de crédito es infinita, porque las necesidades habitacionales son infinitas en la Argentina, porque estamos en una muy mala situación habitacional. El impacto en el valor de los inmuebles y en el valor de los activos en general de una normalización económica va a llegar. Y el valor del metro cuadrado es uno de esos. Creo que va a haber una oportunidad ahí.

JJD

El gobierno de Javier Milei eliminó los fondos fiduciarios con la excusa de que son un “curro”, “cajas de la política” o de la “casta”. Se trata de fondos creados por ley con una asignación específica, que están afuera del control del Tesoro, con cuestionamientos sobre su rendición de cuentas, pero que cumplen funciones vitales para subsidiar el colectivo, el tren, la garrafa y el gas natural en zonas frías y para facilitar el acceso a la vivienda social, a la casa propia de la clase media vía plan Procrear, a la conexión a Internet en regiones remotas a las que no van las empresas privadas y obras contra las inundaciones. Con sus habituales clichés contra los políticos, Milei busca seguir aplicando un ajuste brutal contra los que menos tienen.

Los principales fondos son: el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte, que en principio iba a fomentar las obras viales pero terminó sirviendo para subvencionar los boletos de colectivos y trenes; el Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (GLP), es decir, la garrafa, que favorece a los que menos tienen, habitantes de villas, asentamientos y de zonas del país sin gas natural (por tubería) como el noreste (NEA); Fondo Fiduciario Subsidios Consumo Residenciales de Gas, que ayuda a la Patagonia, la Puna o el departamento Malargüe, en Mendoza; el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, que construye casas en barrios precarios; y el Fondo Fiduciario Régimen de Regularización Dominial Integración Socio Urbana, que contribuye a la urbanización de villas. Los subsidios y las obras se concretan, aunque puede haber curros como en otros gastos del Estado. La diferencia radicaba en que los gobiernos no podían cambiar la asignación de los recursos a otros gastos, tal como lo advierte un informe que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) publicó a principios de 2023.

“Frente a los problemas de escasez de recursos y por la necesidad de contar con mayor flexibilidad en la gestión financiera, el Estado Nacional, ya sea por su propia decisión o por la del Congreso, ha cedido parte de su recaudación o transferido fondos del Presupuesto Nacional para afectarlas al cumplimiento de fines específicos, profundizando la rigidez presupuestaria en el manejo de sus recursos y disminuyendo el espacio fiscal para financiar otras políticas”, explicó la OPC en su documento. “Se deberían contemplar mecanismos que confieran mayor flexibilidad en la ejecución presupuestaria”, aconsejó el organismo cuando lo dirigía Marcos Makón. También se advirtió. sobre su opacidad a la hora de rendir cuentas, a diferencia de los recursos que maneja cada ministerio en la administración central del Estado: “La importancia económica y presupuestaria que tiene este sector institucional amerita realizar los esfuerzos necesarios para incrementar la transparencia y comprensión del destino de los recursos presupuestarios asignados.

Pero una cosa es mejorar la transparencia y flexibilizar el destino de los recursos que tienen asignación específica y otra dejar de financiar las obras y los subsidios que se venían materializando. De los 28 fondos fiduciarios existentes, el periodo en el que más se crearon fue en el gobierno de Mauricio Macri:

En el gobierno de Alberto Fernández se crearon el Fondo Nacional para el Manejo del Fuego, el Fondo para la Promoción de la Economía del Conocimiento y el Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. Entre los fondos a los que más recursos giró desde la administración nacional aparecen el Procrear, el del subsidio al transporte público, el FONDEP, el de vivienda social y el de infraestructura hídrica, para combatir los impactos de las inundaciones.

“Muchos son simplemente fondos que no tienen mayores objetivos que el de financiar transferencias”, se refiere el exviceministro de Economía del gobierno anterior Fernando Morra a giros a provincias, municipios, individuos y empresas. “Hay un tema que es la capacidad del Ejecutivo de controlar el presupuesto y sus objetivos, que es importante. Si tenés descentralizado y fuera de tu órbita un montón de cosas, el presupuesto de la Administración Pública Nacional (APN) no sirve para nada. Eso tiene que ver con la afectacion de los recursos. Te atas las manos. Yo estoy de acuerdo en que tendrías que ir en la dirección de darle menos incidencia a la afectación especifica: eliminar la afectación y ejecutar desde el Tesoro, no desde los fondos fiduciarios, pero eso tiene que ser gradual y no necesariamente tiene que ver con cerrar la función de los fondos. Tengo la impresión de que se hace porque se quiere recortar funciones. No es que no querés que los fondos estén afuera de la APN. Es que no querés que haya, por ejemplo, subsidios al transporte. Y esa es otra discusión diferente. Para el Presidente, todo lo publico es una estafa. Lo que quiere es cerrar el Estado. Arranca por los fondos fiduciarios. No porque quiera que el gobierno nacional sea más fuerte sino porque lo quiere más chico”, advierte Morra.

El diputado y economista radical Martín Tetaz también opina: “No estoy de acuerdo con la figura de los fondos fiduciarios, ni con las asignaciones específicas, porque son prácticas que ensucian y hacen mas rígido el presupuesto. Lo ideal es que llegue una nueva ley de presupuesto donde se reasignen las partidas de cada uno de esos fondos, en el caso en que continúe la política pública y se restituyan los fondos acumulados y no ejecutados a rentas generales. Si no, sigue la política. Hay una confusión entre la partida presupuestaria y la institución que la gestiona, que es el fondo fiduciario. Son dos cosas distintas. Vos podés eliminar la partida, bajás el subsidio, sin cerrar la burocracia que la administra, por ejemplo el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior, que administraba 15 fondos). O podés cerrar la burocracia sin eliminar la partida y la partida pasa a gestionarla el ministerio respectivo. O podés eliminar las dos cosas. Obviamente, el monto significativo no es la burocracia, el fondo fiduciario en sí, sino la partida que financia la política concreta”.

El economista Rafael Flores, experto en presupuesto, también matiza: “Los fondos fiduciarios no están mal en sí. Lo que buscan es tener una disponibilidad de dinero para un fin muy específico y que no se pueda usar para otra cosa. El gran problema que tienen es la falta de transparencia: no se sabe en qué gastan, qué compran, a quién, quiénes trabajan allí, salvo los cargos más importantes. Hay una opacidad enorme, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de plata que se maneja (2% del PBI, según el Gobierno). Hay fondos con mucha plata y otros con poca, como el de la actividad ovina. En la medida en que sean más transparentes, uno puede discutir si es mucho o poco lo que se gasta en cada fondo. Pero ahora se plantea su eliminación total, sin tener en cuenta todo lo que hay detrás”.

AR/MG

Un artículo del Financial Times muestra en una imagen a un hombre de 33 años (algunos pretenden seguir llamándolo joven) en un monoambiente mientras juega con su perro de 30 kilos, cercado por una heladera y una cama de una plaza con un osito de peluche que lo mira desde el rincón, y unos estantes con libros y algún que otro souvenir. En otra de las paredes hay una TV plana colgada y en el suelo, un pequeño altavoz. El hombre —de nombre Fabián— se muestra feliz, aunque vive en una caja de zapatos con aires adolescentes y paga por ello unos US$800 al mes.

Fabián vive en Berlín y es uno de los pocos sub-40 europeos que, tras atravesar el infierno del mercado inmobiliario, encontró un lugar donde dormir e intentar construirse una vida. Paradójicamente, forma parte del grupo de los afortunados. La gran mayoría de ellos no puede costearse uno de estos monoambientes o studios y debe elegir entre vivir en la casa de los padres o compartir un departamento con desconocidos (en general se trata de expatriados y trabajadores de bajos salarios que van saltando de una ciudad a otra y de un trabajo a otro con la esperanza de mejorar su situación, aunque rara vez lo consiguen).

El escenario no es nuevo, aunque el principal diario inglés le haya dedicado un especial al tema esta semana. Por otra parte, permite poner en contexto lo que sucede en Argentina mientras se debate la ley de alquileres y la plataforma Airbnb se dispara en ciudades como Buenos Aires o Bariloche. 

El caso de Berlín es interesante. Allí se tomaron medidas como imponer límites a la subida de alquileres. Eso ayudó a aquellas personas que ya tenían un lugar alquilado y podían extender su estadía sin sufrir cambios.

Pero los que debían mudarse o alquilar por primera vez se encontraron con un mercado hiperdemandado y con precios exorbitantes. El caso es muy similar en Londres, París y otras capitales y ciudades atractivas de Europa, donde quienes no pueden convivir con sus padres o desconocidos (por alguna razón), deben dormir en dormir en el sillón de un hermano o una amiga. Lo más interesante es que la indignación no llega a ningún otro lugar más a que a la mesa del bar, donde los sufrientes inquilinos se descargan contra esta injusticia y se animan con saber que, al menos, todavía pueden pagar una caña o una pinta para digerir el drama.

Los casos no están solo en los diarios y portales. Me remito a uno que vi con mis propios ojos en Madrid. Tras varios años de esfuerzos para asentarse como programadora, mi conocida suele quejarse de la rotación patológica de su departamento. Durante dos meses tiene de compañera a una chica de Francia que casi no sale de su dormitorio y cuando lo hace es para ir a su trabajo. Luego es reemplazada por una argentina que se queja de los “ruidos” del resto, del olor a churrasco que deja su compañero de California o de las juergas que organiza el holandés que duerme en el dormitorio enfrente al suyo.

El panorama es agotador, pero hizo las cuentas para mudarse varias veces y la respuesta siempre es la misma: todavía no le alcanza. En otra ciudad de España, el escenario es igual de desesperante. Lo cuenta estos días el diario El País: se trata de Málaga, donde Airbnb está de fiesta y ocho de cada diez nuevos residentes son extranjeros. Entendible… ¿quién con un trabajo remoto no estaría dispuesto a cambiar una fría y triste Hamburgo por una cálida y frenética ciudad de la Costa del Sol? El mercado y su atractiva libertad a ultranza generan estas situaciones. Ahora los locales no tienen dónde vivir porque los precios de los alquileres subieron un 20% en el último año, y el tercio de las casas vendidas en el 2022 fueron a parar a manos foráneas. Algunos debieron alejarse tanto para encontrar casa que ya se olvidaron de que vivían cerca del mar.

La compra de viviendas, precisamente, agravó su cuadro por la inflación (producto de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, que la UE quiso enfrentar con todo un cambio de matriz energética a un costo muy alto). La jefa del Banco Europeo —nuestra recordada Christine Lagarde— subió las tasas de interés y eso encareció los créditos. En España, por ejemplo, la tasa pasó de cero a más del cuatro por ciento en el último año. Parece poco comparado con Argentina, pero no todos los salarios se actualizan. Las empresas y los sindicatos acordaron una suba del 4%, pero las empresas no están obligadas a cumplirlo; es solo una bella referencia.

Encontrar un lugar más o menos habitable es un derecho, se supone. De mínima, está estudiado que facilita el desarrollo personal y la posibilidad de formar una familia, si eso es lo que uno quiere. En cualquier caso (el monoambiente, la casa familiar, o el piso compartido), lo primero que debemos conseguir es un trabajo. En eso pensé esta semana al escuchar una columna de la radio Ser de Madrid —una de las más populares— en la que debatían alegremente sobre la epidemia de reuniones laborales que dejó el Covid con sus zoom y meet. Lo inquietante, más que el cúmulo de reuniones, es que la especialista que consultó el programa para endulzar el momento radial era una escritora cuyo exitoso y rutilante libro se titula: “Van a despedirte y lo sabes”.

AF/JJD

Después de que María Migliore abandonara su cargo como ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, otro funcionario del gobierno porteño renunció este miércoles. Se trata del titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), Christian Werle.

Al igual que Migliore, el funcionario tenía mayor afinidad con el precandidato Martín Lousteau, quien perdió la interna para jefe de Gobierno ante Jorge Macri por 18.000 votos. De hecho, integró la lista de precandidatos a legisladores porteños del dirigente radical y ex ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del pasado 13 de agosto.

El triunfo del ex intendente de Vicente López está provocando una fuerte reorganización del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, sacudido también por la designación de la Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Muzzio, como candidata a vice jefa de Gobierno por Juntos por el Cambio. Según trascendió luego de conocida la elección de compañera de fórmula del ex presidente, la Unión Cívica Radical (UCR) no fue consultada sobre esta decisión. Recibieron la noticia vía redes sociales.

Werle había ingresado a la administración pública porteña en 2015 como asesor de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Un año más tarde, el politólogo de la Universidad Católica Argentina (UCA) entró al IVC como Jefe de Gabinete en la Subsecretaría de Proyectos y Obras. Antes de asumir como presidente del organismo encargado de diseñar la política habitacional de la Ciudad, también se desempeñó como jefe de asesores de Migliore.

Con información de agencias.

La crisis habitacional en la Argentina se encuentra en una situación acuciante: 4 millones de hogares no cuentan con una vivienda adecuada y más de un tercio de este grupo necesitan directamente una casa nueva, dada las malas condiciones de la que habitan. Las situaciones precarias se dan en su mayor parte en los 5.687 barrios populares que existen actualmente según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), con 8 de cada 10 barrios en AMBA expuestos a factores de riesgo.

A pesar de estas profundas dificultades en las condiciones estructurales de las viviendas, otro problema también urgente es el de la tenencia de la propiedad: de los más de 2 millones de hogares que alquilan su vivienda y que no son propietarios, el 32% dedica mensualmente más de la mitad de su salario al alquiler y un 63% del total debe dinero a un tercero.

Estos datos se desprenden de un informe conjunto presentado este último miércoles entre las organizaciones Cippec, Techo y Acij como un “diagnóstico de situación” sobre el acceso al hábitat y a la vivienda. El informe presenta un paneo de todos los grandes números de cómo está la situación de la vivienda en Argentina hoy, a 40 años de la vuelta a la democracia, y luego presenta cinco fuertes recomendaciones de política pública. Aseguran que es necesario poner estos temas en agenda y perspectiva sobre todo en este contexto de recambio de autoridades nacionales y provinciales. 

Vulnerabilidad

“La RAE establece que una vivienda es un lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado. Sin embargo, una vivienda adecuada tiene que tener, entre otras cosas, acceso a servicios, materiales de calidad, pisos, techos, seguridad de la tenencia, espacios suficientes para las personas que habitan el lugar. En Argentina, 1 de cada 3 hogares, más de 4 millones de hogares a nivel país, no cumplen con cumplen con estas condiciones”, sostuvo en la presentación Maria Victoria Boix, directora del programa Ciudades de Cippec. 

De estos 4 millones, un tercio son directamente “inhabitables” y las casi 3 millones restantes necesitan de una reforma edilicia, de un mejoramiento en los materiales de la construcción o del acceso a un servicio básico: a pesar del aumento que reflejó el Censo 2022 en la cantidad de hogares con desagüe a la red pública (un 62% del total de hogares para este último año) y con agua que proviene de la red (un 85% del total), la cantidad de familias en situación vulnerable continúa siendo alarmante. 

La gran mayoría de estas viviendas se encuentra dentro de los 5.687 barrios populares que existen en la Argentina, según el registro del ReNaBap. Allí viven más de 5 millones de personas, de las cuales el 90% no tiene acceso al agua, el 66% no tiene acceso a la energía eléctrica, el 97% no tiene acceso a la red cloacal y el 99% no tiene acceso al gas natural. Además, el 85% de los barrios populares en AMBA se encuentran expuestos a otros factores de riesgo adicionales, como inundaciones, residuos, cercanía a vías de ferrocarril, etc.  

Alquiler

“Actualmente hay más de 2 millones de hogares que alquilan la propiedad. Es un montón de gente que el Estado tiene que tener en cuenta sí o sí”, sostiene Fernando Bercovich, sociólogo del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “Si se continúa haciendo política para obtener la ‘vivienda propia’, no vamos a llegar a ningún lado. Cada vez más personas van a nacer inquilinas y seguramente, toda su vida serán inquilinas, por lo que se necesitan reformas urgentes en esta materia”. 

Los cambios sociales de los últimos años hicieron que las familias sean cada vez más chicas, lo que genera más demanda de inmuebles en el mercado. Sin embargo, como el acceso al crédito en Argentina es muy bajo (este representa solamente un 0,59% del PBI total del país, mientras que en Paraguay este es del 4% del total del PBI y en Chile, del 25%), esta demanda se traduce en general en una mayor presión sobre los alquileres y no sobre la compra de propiedades. 

Ante una alta demanda de viviendas para alquiler, los precios suben y se alejan del salario real. De las más de 2 millones de familias que alquilan, un 32% dedican más de la mitad de sus ingresos al alquiler: es decir, les queda solamente la mitad o menos de su salario para alimentos, salud, educación, y esparcimiento. 

Otro dato alarmante es que el 63% de quienes alquilan en el AMBA le deben dinero a una persona o entidad, según la Encuesta Inquilina 2023, lo que hace que cumplir con el alquiler les sea muy dificil. 

Además, como muestra el informe, existe un bajo cumplimiento de la ley de alquileres: el 77% de quienes alquilan asume aumentos por fuera de la ley de alquileres. Los altos precios de los alquileres están relacionados con la baja oferta de los inmuebles para el alquiler: en Argentina, hay 30 mil unidades enteras ofertadas en Airbnb, lo que demuestra el creciente aumento de vivienda ociosa y destinada al alquiler turístico; esto impacta de manera casi directa en la oferta de unidades.