El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció este miércoles el hallazgo de tres dispositivos de espionaje en su despacho y en la Secretaría General de la provincia, y aseguró que ya fueron realizadas las denuncias penales correspondientes y abiertas investigaciones internas para esclarecer lo ocurrido.

El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de la red social X, donde difundió imágenes de los artefactos encontrados y afirmó que se trata de prácticas que “pertenecen al pasado”.

“En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”, sostuvo Rogelio Frigerio, quien remarcó que el episodio no detendrá el rumbo de los cambios impulsados desde diciembre de 2023.

La denuncia se produce en la antesala de una reunión política clave que el gobernador mantendrá este jueves con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de los encuentros que la Casa Rosada viene realizando con gobernadores aliados de cara al debate por la reforma laboral.

Desde el gobierno provincial, en tanto, se difundió un comunicado oficial en el que se calificó el hallazgo como un delito grave que atenta contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas.

El texto señaló además que durante años en Entre Ríos se naturalizaron prácticas de control, espionaje y persecución política, una situación que —según remarcaron— forma parte de un pasado que la actual gestión busca dejar atrás.

“Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo”, subrayó el comunicado, que ratificó la decisión del Ejecutivo entrerriano de avanzar contra las mafias, los sótanos del poder y los mecanismos ilegales que operaban en la provincia. “No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”, concluyó el texto oficial.

Con información de redes y medios

JIB

El Gobierno salió a defender la reforma del sistema de inteligencia impulsada por decreto de necesidad y urgencia (DNU 941/25), luego de las críticas de sectores opositores que advierten sobre la posibilidad de una “policía política” o espionaje interno encubierto

A través de un comunicado oficial de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Poder Ejecutivo sostiene que los cambios buscan modernizar y ordenar un sistema históricamente opaco, profesionalizarlo y ajustarlo a las amenazas del siglo XXI. El texto repudia expresamente prácticas del pasado en las que, afirma, recursos del Estado fueron utilizados de forma indebida para perseguir políticamente, espiar domésticamente o controlar a dirigentes, periodistas y ciudadanos.

“El objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI”, dice el comunicado oficial, que subraya que funciones sin sustento institucional —como seguridad interna o control de infraestructura crítica— pasaron a estar bajo otros organismos del Estado.

Desde el Ejecutivo también ponen el acento en la eliminación de superposiciones entre áreas y en la racionalización de estructuras, como la redefinición del rol de la Agencia Nacional de Contrainteligencia —antes Agencia de Seguridad Nacional— para que se concentre exclusivamente en tareas de contrainteligencia, es decir, la protección del Estado frente a espionaje o injerencia extranjera, sin participación en actividades políticas internas.

“La contrainteligencia es definida de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos, poniendo fin a prácticas del pasado en las que los recursos del Estado fueron utilizados para la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos”, remarca el comunicado.

La reforma incluye, además, la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar para evitar duplicaciones, y la creación de nuevos mecanismos de intercambio de información entre organismos del Estado, con trazabilidad, automatización y registro obligatorio de cada flujo de datos, según el documento oficial.

A pesar de estas defensas oficiales, la oposición continúa poniendo el foco en puntos como la posibilidad de que agentes de inteligencia puedan aprehender personas en casos de flagrancia, atribución que para críticos difumina los límites entre inteligencia y funciones policiales. El Gobierno, por su parte, afirma que estas facultades están encuadradas en la modernización institucional y no implican un cambio en el enfoque de persecución interna.

MC

Las autoridades ucranianas detuvieron a un instructor militar británico acusado de espiar para Rusia y de planear asesinatos, según medios ucranianos.

Ross David Cutmore, de 40 años, natural de Dunfermline, en Escocia, fue supuestamente reclutado por el servicio de inteligencia ruso, el FSB, para “llevar a cabo asesinatos selectivos en el territorio de Ucrania” entre 2024 y 2025.

La fiscalía de Kiev declaró: “En mayo de 2025, transmitió las coordenadas de la ubicación de las unidades ucranianas, fotografías de las instalaciones de entrenamiento e información sobre el personal militar que podía utilizarse para identificarlos. Además, el análisis de su correspondencia confirmó que había llevado a cabo otras tareas en beneficio de los servicios especiales rusos”.

Cutmore había estado destinado anteriormente en Oriente Próximo con el ejército británico y llegó a Ucrania a principios del año pasado para ayudar a su ejército y, más tarde, a su guardia fronteriza.

Según The Times, el detenido es el principal sospechoso de la investigación, que sostiene que fue reclutado por agentes de inteligencia rusos en Odesa, en el sur de Ucrania, y se le pagaban 6.000 dólares si proporcionaba información confidencial sobre la ubicación de las unidades militares ucranianas en los alrededores de la ciudad. Si es declarado culpable, Cutmore se enfrenta a una pena de hasta 12 años de prisión.

Los agentes del FSB, según esta tesis, se pusieron en contacto con Cutmore después de que este aparentemente publicara “anuncios ofreciendo sus servicios” en diferentes grupos prorusos de redes sociales. Cutmore recibió instrucciones para fabricar un artefacto explosivo y las coordenadas de un depósito del que tomó una pistola, según la agencia de inteligencia interior de Ucrania.

Cutmore es sospechoso de proporcionar armas para matar a los activistas ucranianos Demyan Hanul e Iryna Farion, así como al diputado Andriy Parubiy, todos ellos asesinados por sicarios, según medios de comunicación ucranianos.

Miles de personas se han alistado en las fuerzas armadas de Ucrania desde la invasión total de Rusia en 2022, después de que el presidente, Volodímir Zelenski, instara a los veteranos de guerra extranjeros a unirse a la causa y ayudar al país.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores comentó al respecto de la situación: “Estamos proporcionando asistencia consular a un ciudadano británico que se encuentra detenido en Ucrania. Seguimos en estrecho contacto con las autoridades ucranianas”.

El martes pasado, cuando el Gobierno comenzaba a ensayar una respuesta al golpe en las elecciones bonaerenses, Santiago Caputo se bajó en la explanada de la Casa Rosada desde una camioneta Toyota SW4 negra –cuya patente termina con la combinación “99 MZ”– y un hombre con saco gris le abrió la puerta. El domingo, dos días antes, el asesor presidencial protagonizó una escena similar en el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: se bajó del mismo vehículo y fue acompañado por la misma persona para entrar, cuando caía la tarde, al salón Vonharv de Gonnet. Acompañante y camioneta se vieron también en otras postales donde estuvo el consultor-estratega de Javier Milei bajo la luz de los medios de comunicación: en las inmediaciones del hotel Libertador durante la noche de las elecciones porteñas que ganó Manuel Adorni –el 18 de mayo– y al ingreso de los estudios del Canal de la Ciudad cuando fue el debate de candidatos porteños –el 29 de abril–. La secuencia no tendría importancia pública salvo por un detalle revelador: quien acompaña al estratega es un agente de espionaje. Conclusión: pese a que no es funcionario nacional, Santiago Caputo tiene como custodio a un espía de la SIDE.

La ley de inteligencia resguarda la identidad de los agentes, por esa razón elDiarioAR no publica su imagen y nombre. Pero su identidad fue cotejada y confirmada por al menos tres fuentes distintas vinculadas tanto a la Secretaría de Inteligencia del Estado como a la Bicameral de Inteligencia del Congreso, integrada por diputados y senadores. Este medio consultó a voceros en la agencia pero al cierre de esta edición no obtuvo respuestas al respecto.

El hecho de que Caputo se mueva con un custodio de la SIDE sí llamó la atención a especialistas y opositores consultados por este medio. Por un lado, como ya se dijo, el asesor no es funcionario. Por otro, los agentes de “La Casa” –como se denomina en la jerga al organismo– no protegen a personas que no sean sus propios jerárquicos. En los últimos años nadie que no sea interventor o “Señor 5 u 8” –el titular y su vice– tuvo custodia.

El fundador de la consultora Move Group tiene un contrato con el Gobierno: su vínculo como “Consultor II” es con la Secretaría General de la Presidencia, que depende de Karina Milei, bajo el marco del Decreto N° 1109/17. Tiene una remuneración equivalente a 3.750 URS (unidad retributiva de servicios), según detalló un informe de Guillermo Francos al Congreso. Esa suma corresponde actualmente a unos $3.100.000 mensuales.

La SIDE está encabezada por Sergio Neiffert, quien está secundado por Diego Kravetz. Ambos fueron ubicados allí por Caputo, luego de que se desplazó de la Casa Rosada a Nicolás Posse, que había puesto como interventor-jefe de los espías al abogado Silvestre Sívori antes de dar de baja la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El beneficio de tener custodia de la SIDE corona para Caputo su fuerte apuesta y obsesión por el espionaje: siempre tuvo interés en los servicios de inteligencia, al punto que en 2007, antes de ingresar a la facultad de Ciencias Sociales de la UBA para estudiar Ciencia Política, cursó tres años de Ingeniería en Informática en la Facultad de Ingeniería del Ejército. Según publicó la revista Anfibia, el sueño del asesor “era trabajar en la Secretaría de Inteligencia, pero se frustró cuando el agente que lo estaba reclutando le dijo que ese mundo ‘era una mierda’, que ‘no había laburo real’ y que ‘eran todos unos ñoquis’”.

La SIDE de Caputo ya acumula otros escándalos. El año pasado el Congreso vetó en una decisión histórica una asignación de $100.000 millones en materia de fondos reservados para espionaje. Y recientemente se reveló un informe interno con seguimientos a referentes políticos, sindicalistas y también grupos de jubilados, algo prohibido por ley.

“Para ser parte de la SIDE tenés que estar formalmente incorporado, ser parte de la estructura de inteligencia. No puede ser que un personaje externo tenga incidencia en la inteligencia nacional, y mucho menos que la maneje como parece ser este caso”, cuestionó un miembro de la Bicameral de Inteligencia del Congreso. Ese cuerpo está presidido por el senador radical Martín Lousteau y secundado por el diputado peronista Leopoldo Moreau. “Es absurdo incorporar al Servicio de Inteligencia a personas que no tienen responsabilidades funcionales”, agregó la voz legislativa consultada.

“La SIDE no está para ser guardaespaldas de funcionarios. Su función no es proteger a una persona, sino proteger la seguridad nacional. En determinadas situaciones podrían proteger a alguien si lleva consigo una información o algo que puede poner en riesgo la seguridad nacional. Pero acá la pregunta sería: ¿por qué Santiago Caputo tiene que ser un protegido, además de que no es funcionario? ¿Qué cosas sabe o maneja que tiene que tener a un agente de la SIDE custodiándolo?”, planteó uno de los especialistas en la materia. 

Se desconoce con qué argumento oficial el asesor tendría guardaespaldas. El Presidente, por caso, está protegido por Casa Militar, y los funcionarios –ministros y secretarios– por la Policía Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad, hoy a cargo de Patricia Bullrich. Una fuente al tanto de las responsabilidades de la PF bullrichista aseguró que nunca tuvo instrucciones para proteger a Caputo.

En el decreto 1311/2015 –la Doctrina de Inteligencia Nacional aún vigente pese al cambio de AFI a SIDE– se establece que está prohibido que los servicios de inteligencia asuman funciones de seguridad interior, represión, custodia o policía, que corresponden a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas según la ley. Expertos especularon con que podría haber una resolución “secreta” que habilite darle protección a personas ajenas a la institución, decisiones que son más difíciles de rastrear.

El uso de un custodio personal para Caputo significa para la SIDE destinar recursos humanos pero también económicos que deberían cubrirse a través del erario público. El vehículo tiene chofer y tendría que afrontar gastos de viáticos, combustible y eventuales hospedajes. “La guita para custodias y seguimientos sale de los fondos reservados”, recogió este medio.

En mayo pasado el Gobierno reasignó $25.250 millones al presupuesto de la SIDE, de los cuales $8 mil millones corresponden a fondos reservados, cuyo uso específico no se hace público. Fue la tercera ampliación presupuestaria para el organismo en la gestión mileísta y el total para ese entonces ascendió a $80 mil millones, con casi el 20% destinado a fondos reservados, según detalló el sitio Chequeado. Dichas partidas se hicieron a través de una decisión administrativa firmada por el Jefe de Gabinete, que no requiere revisión del Congreso –como el DNU que se volteó el año pasado–.

elDiarioAR no pudo precisar si la camioneta en la que se mueve Caputo también pertenece a la flota de la SIDE, aunque una fuente interna aseguró que se la ha visto en el garaje del organismo, muy cerca de la sede central y a metros de la Casa Rosada. Está registrada en Avellaneda, hasta hace pocos meses se vendía por internet en Caleta Oliva y tendría multas de más de $500.000. 

“Tanto con el auto como con la custodia en principio parece verificarse una malversación de caudales públicos, salvo que una disposición secreta del Presidente haya ordenado a la SIDE darle un auto y custodia para su seguridad, aunque en realidad es comodidad”, aguijoneó un legislador opositor. “Si no sos de la Casa no podrías tener custodia, pero no es raro que tengan algunas personas vinculadas políticamente con la SIDE”, contrastó una fuente que conoce por dentro el edificio de 25 de Mayo 11, aunque evitó dar más detalles.

Regulado o no, habilitado o no, en las distintas escenas que registró elDiarioAR en el último año se lo vio al asesor preferido de Milei con el mismo agente, cuyos movimientos son ineludiblemente de custodio: abre y cierra las puertas de vehículos con técnicas de operativos de seguridad, y en un video hasta se lo ve con un equipo de comunicación en las orejas. Santiago Caputo, sin ser funcionario público, se mueve a diario con los privilegios que da el poder.

MC

La Embajada de la Federación de Rusia en Argentina expresó su preocupación por las declaraciones realizadas el pasado 18 de junio por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien mencionó el descubrimiento de “un grupo de residentes rusos en Argentina que estarían realizando tareas sospechosas en favor de intereses geopolíticos de Rusia”.

Según indicó la representación diplomática rusa, Adorni mencionó en su conferencia de prensa a dos ciudadanos identificados como Lev Andriashvili e Irina Yakovenko como presuntos líderes del grupo.

Sin embargo, la Embajada afirmó que estas personas “no están registradas en la sección consular” y que, ante esta situación, “se ha enviado una Nota Verbal al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina solicitando aclaraciones sobre su estatus legal”.

Desde la sede diplomática lamentaron que “esta no es la primera oleada de una manía de espionaje relacionada con los intentos de los adversarios de nuestro país de perjudicar las relaciones ruso-argentinas”.

Las autoridades rusas evitaron realizar mayores comentarios hasta recibir una respuesta oficial del Gobierno argentino, aunque reafirmaron su disposición al diálogo y al fortalecimiento de los lazos bilaterales.

Con información de agencias.

IG

Un fiscal federal investiga un intento de hackeo al teléfono celular oficial del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, a través de una maniobra que habría sido ejecutada mediante un llamado engañoso a un empleado del máximo tribunal.

El episodio tuvo lugar el lunes pasado en la Dirección General de Gestión y Habilitación e Infraestructura de la Corte, el área que mantiene contacto con las empresas telefónicas contratadas por el Poder Judicial. 

Allí, el oficial Sebastián Matías Bustamante recibió en su línea personal una comunicación de un número privado. El interlocutor se presentó como representante de Movistar e intentó obtener el código PIN de una línea presuntamente reportada como robada.

El empleado, al no detectar ninguna anomalía en el sistema interno y notar inconsistencias en la llamada, interrumpió la comunicación y reportó lo sucedido a la Dirección de Seguridad del tribunal. El caso fue derivado a la División de Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, con intervención del fiscal Santiago Vismara.

Al revisar el número en cuestión, se comprobó que correspondía a la línea asignada a Rosatti. Por prevención, el magistrado ya cuenta con un nuevo número.

El hecho se enmarca en una serie de antecedentes que involucran intentos previos de duplicación de líneas telefónicas de jueces. Hace dos años, Rosatti había denunciado la existencia de cinco líneas a su nombre. Esa causa derivó en la identificación de una red de espionaje que afectó a otros magistrados como Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, y la jueza Verónica Skanatta, así como a funcionarios como Diego Santilli y Marcelo D’Alessandro.

Por esa investigación, fueron procesados el hacker Ezequiel Núñez Piñeyro, y el misionero Santiago Machado, entre otros. También fue señalado el exagente policial Ariel Zanchetta, quien habría solicitado más de 2.100 informes personales de magistrados y dirigentes, y cuyo accionar llegó hasta el camporista Fabián “Conu” Rodríguez, por entonces funcionario de la AFIP.

La Justicia analiza si el nuevo intento forma parte de una estructura organizada de espionaje sobre funcionarios judiciales con intervención en causas de alto perfil político.

Llamadas misteriosas y presunto espionaje

En diciembre pasado, una serie de llamadas a comisarías de todo el país haciéndose pasar por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, encendió las alarmas de las fuerzas de seguridad y la justicia federal.

En estas comunicaciones solicitaban información sobre la población carcelaria, incluyendo datos sobre condiciones de detención y superpoblación, con supuestos fines de monitoreo de parte de organismos de Derechos Humanos.

De acuerdo a las informaciones, un hombre que decía ser Rosatti llamó a la delegación DUOF de la Policía Federal en San Luis, exigiendo hablar con un encargado para requerir datos de detenidos y las condiciones en que se encontraban.El incidente fue reportado a las autoridades de la División de Seguridad y Custodia de la Corte Suprema y la fiscalía de San Luis.

Este evento no fue aislado, ya que semanas atrás, un llamado similar derivó en la apertura de una causa judicial en el Juzgado Federal N°12, a cargo de Ariel Lijo, con intervención del fiscal Franco Picardi.

Según consta en la causa, los requerimientos incluyeron listas de detenidos, sus causas judiciales, reincidencias y contactos de familiares y en ese caso, el supuesto interlocutor dejó un número con prefijo de La Plata.

La justicia investigó la posible conexión con denuncias previas de falsificación de identidad y presunto espionaje en el ámbito judicial.

Hace un año, intentaron robar su camioneta

El 30 de mayo de 2024, un hombre intentó robar la camioneta oficial utilizada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

El hecho tuvo lugar en el estacionamiento de la Corte Suprema, ubicado en la calle Uruguay 449, un área con presencia policial y numerosos vehículos oficiales.

Según el parte policial de aquel día, el imputado, de 42 años, identificado como Damián Berruet, se acercó al vehículo oficial, una Toyota SW4 blanca, armado con un destornillador en forma de “T” y un inhibidor de señal. Fue sorprendido en flagrancia por personal de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes detuvieron al delincuente.

La rápida intervención policial evitó que Berruet lograra su cometido. El detenido tenía un historial delictivo extenso. Esa causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 12, a cargo del Dr. Ariel Lijo, con la intervención de la Secretaría número 24, dirigida por la Dra. María del Pilar Caballero. 

Con información de NA.

IG

La Justicia federal investiga un escándalo de importantes proporciones en el Ministerio de Defensa, tras ser denunciados militares vinculados a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) presuntamente por usar en forma personal fondos destinados a viáticos y desviar a beneficio propio dinero de racionamiento que tiene como fin proveer de alimentación a civiles y miembros de las Fuerzas.

Según consigna la agencia Noticias Argentinas, la presentación penal, que quedó a cargo del Juzgado Federal número 2 de Sebastián Ramos, incluye también posibles acusaciones por espionaje ilegal contra empresas argentinas y bolivianas que explotan litio, con el objetivo de favorecer a firmas alemanas que mediante presuntos métodos extorsivos puedan quedarse con el negocio del valioso mineral y ejercer un monopolio en el norte del país y en la nación del altiplano.

La causa, generada tras una denuncia que envió un anónimo a la Justicia, está caratulada como presunta “defraudación pública al Estado”, “malversación de fondos públicos”, “abuso de poder” e “inteligencia clandestina”.

Las iniciales del primero de los denunciados son F.J.M, quien fue designado director de la DNIEM durante la gestión de Alberto Fernández y ahora tiene un cargo menor.

Los otros posibles involucrados son el exdirector de Inteligencia Nacional Carlos Molina y el actual director de la DNIEM, Marco Alberto Constenla.

Todos estos miembros forman parte de esa dirección dependiente del Ministerio de Defensa que encabeza Luis Petri, quien de acuerdo a las fuentes castrenses consultadas por NA, no estaría al tanto de estas presuntas irregularidades.

De acuerdo a la presentación, estos militares “habrían comenzado desde el Gobierno anterior presuntamente a apropiarse de fondos públicos y reservados de la DNIEM continuando con este accionar en la gestión actual”.

“El mecanismo de fraude consistiría en realizar pedidos de viáticos de fondos públicos para ser utilizados por M. para su uso personal, entre otros, vacaciones familiares junto a su esposa, cuyas iniciales son R.S.C e hijos menores de edad”, se indicó.

C.“habría ingresado como miembro de planta permanente en la DNIEM, pero jamás habría concurrido a cumplir funciones laborales ni se le habría asignado tarea alguna a realizar desde su domicilio”.

En uno de los pedidos, M. solicitó $139.140 por costos de desplazamiento y viáticos por $27.828 cada día para un viaje a la ciudad chubutense de Esquel junto a su esposa en una misión oficial que iba del 21 al 25 de agosto de 2023.

Sin embargo, en fotos subidas a redes sociales, el denunciado se mostraba junto a su pareja y a sus dos hijos menores de edad disfrutando del paisaje y realizando actividades en grupo, en lo que finalmente eran vacaciones familiares.

Por otra parte, otra de las denuncias presentadas radica “en un mecanismo que se complementaría con la creación de contratos de personal que directamente no existiría y de la tercerización de servicios que tampoco existirían, lo que permitiría el cobro de dichos fondos y su utilización con fines particulares”.

Además, los presuntos acusados estarían “reteniendo el dinero destinado al pago de racionamiento (haberes que conforman la cuota de alimentos para el personal) desviándolo a cuentas para su uso particular”.

En la denuncia penal, se cita como ejemplo una nota de autorización de retiros de fondos de febrero de 2024 firmada por M., por la suma de $13.365.083,22, la cual una empleada sacó del Banco Nación.

Esa cifra tenía que ser para pagar el racionamiento de los efectivos y del personal civil correspondiente a julio, agosto, septiembre y octubre de 2023, pero no se hizo.

En la presentación judicial se sospecha que los denunciados “formarían parte de una presunta organización dentro de un organismo de inteligencia, destinada a defraudar a la Administración Pública Nacional”.

Presunta inteligencia ilegal sobre empresas de litio

Esa denuncia no es la única que arrastran M. y Constela, ya que fueron acusados presuntamente de autorizar operaciones de inteligencia por parte de empresas privadas alemanas en territorio argentino y boliviano.

En ese sentido, “M. dirigiría una facción conformada por personal de la Armada Argentina, encabezada por el contraalmirante Core, quien es el padrino del hijo menor de M., aportando apoyo externo a la operación con un grupo de la Armada Argentina”.

Asimismo, el presunto acusado “opera estos temas con el coronel mayor Gabriel Pietronave y las reuniones se dan los viernes por la tarde para el intercambio de información de inteligencia que le brindan al personal militar de la Embajada teutona (escuchas, seguimientos y otros), percibiendo a cambio el presunto el pago de 250 mil euros”.

El enlace sería un miembro militar de la sede diplomática germana en la Argentina identificado como capitán de fragata Peter Chistian Semrau y el fin sería conseguir información que permita a las empresas extranjeras de capital privado adquirir compañías nacionales y monopolizar el mercado del litio, un negocio más que rentable por los próximos 10 ó 15 años, aproximadamente.

La Justicia debe investigar y determinar si el pedido es directo del Gobierno alemán o es un trabajo encomendado por una empresa privada de ese país a este militar.

La tarea de los denunciados consistiría “en hallar alguna situación o hecho que puedan complicar a los dueños de las firmas argentinas y bolivianas y así extorsionarlos con el objetivo de que les vendan las empresas a los alemanes y así quedarse con toda la explotación del litio en el norte argentino y en Bolivia”.

La denuncia ya la tiene la Justicia.

Con información de NA.

IG

El maestro británico de las novelas de espionaje John le Carré habrá echado una mirada a las peripecias del israelí Amit Forlit.

La saga que involucra a este veterano espía privado israelí incluye supuestas celadas a judíos ortodoxos montadas por una joven actriz en clubes nocturnos y habitaciones de hotel, presuntas operaciones contra un millonario disidente de Kazajastán, una trama que habría expuesto las relaciones turbias de un importante editor de The Wall Street Journal que perdió el puesto, mercenarios italianos, tareas para un emirato petrolero... Los expedientes sobre sus supuestas andanzas han tramitado en tribunales de Londres, Nueva York y otras ciudades, y describen escenas en latitudes múltiples.

Forlit fue detenido en el aeropuerto de Heathrow en Londres, cuando intentaba abordar un avión rumbo a Israel, informó la agencia Reuters. Pesaba sobre él una alerta roja de Interpol a pedido de un tribunal de Estados Unidos por “conspiración para cometer hacking informático” y “fraude electrónico”. El jueves pasado, un juez británico rechazó la extradición de Forlit por un motivo procesal: no fue llevado al juzgado dentro de los plazos establecidos por la ley. “No depende de mi criterio”, escribió el juez Michael Snow, citado por la agencia británica.

Amy Labram, abogado de Estados Unidos ante el tribunal, explicó un motivo central del pedido de extradición: una empresa de relaciones públicas y lobby de Estados Unidos pagó US$20 millones a las empresas de Forlit “para reunir información relacionada con la crisis de la deuda argentina”.

La información conocida no detalla si el supuesto espionaje ilegal en que habría incurrido Forlit estuvo relacionado con los holdouts de los canjes de 2005 y 2010, con quienes el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se enfrentó a muerte, o la reestructuración de bonos por US$66.100 millones llevada a cabo en 2020, sobre la deuda dilapidada por el Ejecutivo de Mauricio Macri. O si se trata de una acción más reciente, porque la crisis de deuda argentina es una película en continuado. El monto de la supuesta contratación para un trabajo de hackeo, US$20 millones, da la pauta del negocio en juego.

El pasado reciente brinda algún indicio.

La negación de Nix

Alexander Nix, ex CEO de la empresa Cambridge Analytica, quedó en el ojo de la tormenta en 2018, cuando salió a la luz que su empresa había comercializado información sobre las preferencias y costumbres de millones de usuarios de Facebook, en abierta connivencia con la empresa de Mark Zuckerberg.

El caso motivó acciones judiciales y de los parlamentos de Estados Unidos y Reino Unido. Nix se presentó el 10 de junio de 2018 ante la comisión de Digital, Cultura, Medios y Deportes de la Casa de los Comunes (diputados) británica.

El ejecutivo de Cambridge Analytica buscó mostrarse no amilanado y arremetió contra “los medios liberales del mundo” que objetaron que él y su empresa facturaran decenas de millones de dólares con un uso artero de los datos sustraídos a los usuarios de Facebook.

El presidente de la comisión, Damian Collins, introdujo el capítulo Argentina. Nix comenzó a titubear.

—¿Trabajó en Argentina?

—Sí, trabajamos en Argentina.

—¿Para quién fue?

—Como dije la última vez, generalmente no nos gusta hablar de clientes específicos, simplemente porque hay una confidencialidad con el cliente allí.

Collins indagó si Cambridge Analytica había incurrido en una “campaña anti-Kirchner” en 2015 y si había sido pagada por “algún partido opositor o alguien que buscaba cambiar el liderazgo político”. Nix balbuceó frases entrecortadas. Siguió el interrogador.

—Para ser claros: las reuniones giraban alrededor de esa premisa, que era una campaña anti Kirchner, por lo que entonces estaban trabajando para un partido de la oposición u otra persona interesada en influir en la política en Argentina que no estaba apoyando a ese Gobierno.

—Esa sería la apariencia.

El año 2015, cuando actuó Cambridge Analytica, estuvo atravesado de punta a punta por la campaña electoral y la sórdida denuncia de Alberto Nisman originada en el inútil memorándum de entendimiento con Irán y la muerte del fiscal. Si el contratante de Nix quería material para trabajar en la batalla anti Kirchner, lo tuvo a raudales. La intoxicación periodística y vía redes sociales gobernó la fraudulenta denuncia de Nisman y las conjeturas en torno a su aparente suicidio. Al año siguiente, ya en Casa Rosada, Macri cerró en tiempo relámpago la disputa con los holdouts, con el pago cash de unos US$10.000 millones.

Capas subterráneas de la realidad

La vida pública argentina se despliega en un nivel de superficie, por lo general altisonante, en el que priman enfrentamientos y miradas divergentes. Hay indignaciones republicanas selectivas y periodistas que alternan incisividad y complicidad, en el marco de una crisis del modelo económico que agobia desde hace más de una década.

No es cuestión de denunciar a Milei, sino de escucharlo

Javier Milei montó sobre ese escenario una esfera de violencia y degradación de principios básicos de una sociedad democrática. El ultra altera la convivencia con sus agresiones cotidianas y conspira declaradamente contra un país con desarrollo educativo y científico, memoria y justicia sobre sus horrores del pasado, el valor de la solidaridad y alguna aspiración de igualdad de oportunidades. No es cuestión de denunciar a Milei, sino de escucharlo.

Los indicios que se vislumbran del espía israelí detenido en Londres o el aguerrido ejecutivo de Cambridge Analytica dan cuenta de una segunda realidad que comanda los resortes del país. Son inferibles presupuestos voluminosos, pagados en última instancia con fondos argentinos que se harán cargo de compensar a sus contratados, sea por algún arreglo espurio o un fallo de un juez extranjero. Indagar en los pormenores de Cambridge Analytica o el personaje Forlit parece quedar fuera del alcance y probablemente la voluntad de los tribunales y el periodismo argentinos.

“Juanjo, va la presentación”

En 2015, una mayoría ajustada de la sociedad mostró un profundo rechazo al kirchnerismo y cualquier factor asociado. Relatado como portador del “hartazgo”, en apariencia vigente y ampliado, el bloque opositor hizo blanco en una economía mediocre en el último mandato de Cristina, un “Estado presente” que mostraba falencias palmarias —un atroz accidente de tren en Once, el mediocre rendimiento educativo, la calidad del empleo— y un Gobierno que le ponía épica hasta a los contratos amañados con socios y amigos de la familia Kirchner. El pueblo eligió a un hombre con historia para encabezar la regeneración ética y democrática: Mauricio Macri.

La esperanza puesta en un excontratista del Estado con varios procesos por corrupción en su haber y una gestión en la Ciudad anegada por el marketing y la pauta oficial terminó como cualquier persona no dispuesta al autoengaño podía presumir: pobreza disparada, multiplicación de la deuda externa, lucrativos negocios a medida de ciertos Macri & Co y una enorme degradación institucional vía el vandalismo judicial y de Inteligencia.

En 2015, una mayoría ajustada de la sociedad mostró un firme rechazo al kirchnerismo y cualquier factor asociado. Relatado como 'hartazgo', sigue vigente y ampliado

Una simple resolución del primer ministro de Energía de Macri, Juan José Aranguren, determinó un subsidio de US$1.500 millones recibidos por Techint en su proyecto de gas en Vaca Muerta. Las cosas se hicieron tan llamativamente mal, que la empresa de Paolo Rocca inició una demanda al Estado por un cambio de último momento ejecutado por el Gobierno de Macri, por otros US$640 millones. El expediente late en tribunales.

“Juanjo, va la presentación”, escribió un ejecutivo de Techint a “Juanjo” Aranguren el 27 de marzo de 2017. “Gracias. Recaudos totalmente entendidos”, respondió el ministro. Ese diálogo impropio transcurría mientras se determinaba el marco legal que daría lugar al subsidio, y fue introducido por Techint como prueba a su favor en la demanda por US$640 millones.

Tomó la posta el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina, que pagó sin objeción los subsidios decididos por Macri y Aranguren para Techint. El desquicio de la batalla interna, cotidiana, nimia y egocéntrica marcó el destino del Ejecutivo del Frente de Todos que venía a dar vuelta para siempre la página neoliberal. Curioso. Tanta enjundia de la vicepresidenta para escudriñar hasta la autoría de un whatsapp fuera de tono y ni una palabra del respeto irrestricto por grandes trazos del modelo energético pergeñado por Aranguren, decisión administrada por los delegados de La Cámpora en la Secretaría de Energía.

Fumata espesa

La Argentina encontró otro porteño para expresar su hartazgo y su indignación republicana tras las experiencias de Macri y los Fernández: Javier Milei.

En una semana para el olvido, la diputada Margarita Stolbizer sentenció lo que fue para ella “la votación más importante de la ley Bases”. Para la diputada del GEN ingresada en las listas de Juntos por el Cambio, exradical, pretendido rostro progresista del antikirchnerismo, “la votación más importante” fue “reincorporar el impuesto al tabaco”.

La ley ómnibus aprobada en Diputados amenaza al sistema científico, la producción de energía nuclear e infinidad de programas sociales; se propone privatizar o liquidar empresas como AySA y ferrocarriles; eterniza el sablazo a las jubilaciones del último cuatrimestre; rebaja hasta su casi extinción el impuesto a la riqueza; pero para Stolbizer —que votó afirmativamente el proyecto Bases—, el factor decisivo pasaba por el impuesto al tabaco.

Milei fue y vino con respecto a la modificación de la carga impositiva a la venta de cigarrillos. Vía cautelares judiciales, el esquema vigente benefició en los últimos años a Tabacalera Sarandí, propiedad del empresario Pablo Otero, en detrimento de la posición de mercado de Massalin Particulares y British American Tobacco (BAT).

En una primera versión de la ley Bases, para Milei, terminar con el negociado del “Sr. Tabaco” (Otero) era crucial para refundar al país. El proyecto corregido eliminó ese objetivo, sin que los entrevistadores habituales del Presidente se molestaran en preguntarle el porqué del giro, ni tampoco al obediente bloque PRO, en el que descollan Cristian Ritondo, Diego Santilli y María Eugenia Vidal.

Todo el trámite fue turbio e invita a sospechar sobre el poder de lobby de los comercializadores de cigarrillos, que sirvió para movimientos extraños y una llamativa divergencia en el bloque de Unión por la Patria.

El nudo del conflicto es que la ley 27.430 de 2017 establece un monto fijo alto del impuesto al tabaco actualizable por inflación, o un porcentaje del 70% del valor de venta, lo que sea más alto. Como Massalin (marcas de cigarrillos Philip Morris, Marlboro, Chesterfield) y BAT (Rothmans, Lucky Strike) apuntan a un segmento más alto, asumieron el impuesto en el precio, a diferencia de Tabacalera Sarandí (West Red, Red Point, Master), cuyos productos se venden a menos de la mitad de los de sus competidores internacionales. Otero, que se define empresario pyme pese a que Tabacalera Sarandí ocupa un gran porcentaje del mercado de cigarrillos y tiene 400 empleados, logró suspender la aplicación del cargo fijo gracias a jueces como Ariel Lijo, lo que le abrió camino a ganar ventas.

Los grupos Clarín y La Nación, la Coalición Cívica, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el ocurrente Rodrigo de Loredo lo dieron todo para terminar con el privilegio de Otero. Como resultado, con una ajustada mayoría transversal construida por cívicos, la mayor parte de los radicales, un quinto de los peronistas y varios provinciales, la Cámara de Diputados derogó el martes pasado el impuesto fijo y elevó la tasa de cobro de 70% a 73%.

Es decir, la media sanción en Diputados otorga condiciones impositivas más parejas entre Tabacalera Sarandí, BAT y Massalin Particulares.

La duda esbozada por conocedores del mercado tabacalero es que la recaudación de un gravamen que se impone por razones fiscales y sanitarias (para desalentar el consumo de cigarrillos) podría ser menor si la ley avanza en el Senado y Milei la promulga. En un mercado propenso al a subfacturación, un cargo fijo garantiza un piso recaudatorio. Ahora, al quedar una tasa atada al precio, la cosecha podría ser más baja y obligaría a un Estado en pleno proceso de desmantelamiento a controlar fraudes.

En principio, ganan Massalin y BAT, porque a Otero se le acaba un privilegio, pero podrían perder todos los argentinos en sus bolsillos y su salud.

El “Sr. Tabaco” es pintado como el demonio del lobby, cualidad de las que están al parecer eximidas las impolutas Massalin Particulares y BAT, según se desprende de la gesta del bloque “Déjese Ayudar, Presidente”, Clarín y La Nación.

La realidad se puede tapar o se puede hacer tapa.

SL/DTC

El aumento de las tarifas de transporte en la zona del AMBA no es el único aspecto importante de las últimas novedades en la materia: la implementación de una tarifa diferenciada y más costosa para quienes no registren la tarjeta SUBE aparece como un problema menor pero que tiene un notable costo oculto en materia de derechos.  

Según el anuncio del Ministerio de Infraestructura, a partir de Febrero habrá que registrar la SUBE para no pagar la tarifa total con aumentos en trenes y colectivos. Se incentiva a que cada persona registre una tarjeta SUBE, más allá de quienes gozan del beneficio de tener una tarifa social (Personas jubiladas, personal doméstico, ex combatientes de Malvinas, titulares de AUH, entre otros). Es entendible la nominalidad para esos casos, sin embargo, para el resto de personas usuarias del transporte público no hay ningún tipo de justificación.  

La tarjeta SUBE es un sistema prepago que se implementó a partir del 2011, es decir, ya tiene bastante más de una década de funcionamiento. Al momento de su implementación se pensó que la nominación de la tarjeta iba a servir para hacer una entrega diferencial de subsidios en función de la situación socioeconómica de las personas usuarias. Esto jamás se implementó y la tarjeta SUBE se siguió usando con o sin nominalidad, seǵun la preferencia de sus titulares. 

Sin embargo, en las últimas horas, el Gobierno anunció tarifas diferenciadas en función exclusivamente del registro o no de la tarjeta en cuestión. Quienes deseen preservar su privacidad deberán pagar un alto precio.  

¿Qué implica el registro de la SUBE? 

El registro de la tarjeta sube implica la entrega de una serie de datos personales a quienes administran el servicio. Entre los datos personales que se informan está, por supuesto, el nombre y apellido así como el género, el mail y el DNI de la persona usuaria. Sin embargo, a esto hay que sumar que la SUBE traza y registra los recorridos que realice cada persona cuando la utiliza. Cada colectivo que tomamos, a qué hora y en qué lugar, cada tren, dónde subimos, donde bajamos, toda nuestra trayectoria cotidiana registrada en una base de datos centralizada bajo la órbita del Estado Nacional.  

Quienes trabajamos los temas vinculados a libertades individuales, derechos humanos y privacidad sabemos que toda tecnología que pueda ser usada para la vigilancia será en algún momento utilizada para tal fin y que no todas las estrategias de vigilancia se basan en tecnologías específicas. 

El mundo de la vigilancia se nutre especialmente de dispositivos y sistemas que sirven a otra función (como en este caso, abonar el transporte de pasajeros). No es el objetivo de la tarjeta SUBE establecer un mecanismo de vigilancia sobre quienes la usan, pero es un efecto colateral grave que puede derivar de la voluntad de quienes lo implementan o de la simple negligencia.  

La tarjeta SUBE nominada implica un trazado exhaustivo de todos nuestros movimientos cotidianos y una invasión inaceptable a la privacidad de las personas. En 2012, cuando hicimos este mismo reclamo, la respuesta del Poder Ejecutivo fue que esos datos no iban a ser usados en ningún caso. Sin embargo, la persecusión policial a la que fue sometido nuestro colega y amigo Javier Smaldone por parte de la Policia Federal en 2019 nos entregó evidencia de lo contrario. Sin justificación alguna, la Policía Federal solicitó a Nación Servicios S.A. que le entregara los datos de la SUBE y la totalidad de todos sus movimientos del año. En el mismo expediente, las fuerzas de seguridad ordenaron la instalación de cámaras de vigilancia en el domicilio de sus hijos y llevaron adelante el allanamiento de su domicilio en Buenos Aires (vale destacar que Javier jamás fue imputado de ningún delito ni acusado formalmente, sólo fue vigilado y allanado sin justificación legal alguna).  

El derecho a ser dejados en paz, a construir un proyecto de vida alejado de la injerencia del Estado o de terceros que puedan inmiscuirse en la vida y la libertad de una persona quedan relegados exclusivamente a quienes acepten pagar un precio por esos derechos.  

¿Quién puede querer nuestros datos? 

Un detalle no suficientemente mencionado es que el servicio de la SUBE es administrado por el Banco Nación de la República Argentina, una de las instituciones públicas que el proyecto de ley ómnibus tiene en agenda de potenciales privatizaciones. Concretamente, la administración, gestión y guarda de los datos personales que el sistema genera quedan en manos de Nación Servicios S.A. una entidad dependiente del Banco Nación. No hay datos concretos ni información sobre los plazos de retención de esos datos personales que almacena la institución, ni política alguna de destrucción de los mismos. 

Los datos personales, los hábitos de vida, las costumbres, los movimientos de millones de personas pueden no tener valor individualmente (aunque para la persona en cuestión si lo tenga) pero si en una sumatoria de millones de personas. Los datos son fundamentales en la economía actual, permiten inferir consumos, definir políticas, dirigir estrategias de comunicación, prever situaciones diversas y eso tiene un gran valor económico.  

Pero aún los datos individuales pueden tener valor más allá de la cuestión económica: la vigilancia de personas específicas no es una novedad en nuestro país donde los sistemas de Reconocimiento Facial en la vía pública y la interceptación de comunicaciones se ha usado para vigilar políticos, magistrados, periodistas y activistas sociales. 

En cualquier momento, una persona de a pie puede convertirse en una persona de interés para alguien. Con los datos de la SUBE, trazar sus rutinas se torna absolutamente sencillo.  

¿Quién cuida nuestros datos? 

Si bien Nación Servicios S.A. expresa en su sitio web que cumple plenamente con los mandatos de la Ley 25.326 de Protección de datos personales bien vale la pena usar esta situación para recordar que esa ley está desactualizada y merece una urgente reforma para cumplir con su cometido y su espíritu.  

Si hay algo que caracteriza al estado argentino es la baja o nula capacidad de custodia de los datos personales recolectados en múltiples áreas que ya fueron vulneradas un gran número de veces. Desde el Ministerio de Salud hasta el Renaper, oficinas públicas de todo nivel han sufrido ataques y perdido a manos de sus atacantes las bases de datos, muchas veces sensibles, de la ciudadanía. La exigencia legal de seguridad de la información es difusa y no cuenta con estándares exigibles de control.  

A eso hay que sumar que la mera existencia de esos datos, su recolección y almacenamiento hacen que los mismos estén a disposición de diversas agencias que pueden apelar a su uso para otros fines. Los usos de la información por parte de las fuerzas de seguridad no son una excepción, sino parte de la regla.  Pero además, el traspaso de bases de datos de una oficina pública a otra es materia contenciosa. El caso Torres Abad c/ Jefatura de Gabinete de Ministros (actualmente en manos de la CSJN) demuestra que el Estado ha sido poco respetuoso del principio de finalidad de los datos y del derecho de la ciudadanía a la autodeterminación sobre los mismos. 

Finalmente, es imperioso agregar un elemento clave a esta discusión: ¿para qué se impulsa la recolección de estos datos?  ¿Cuál es la razón concreta para hacerlo? 

El Estado debe abstenerse de exigir datos sin una razón específica, sin una motivación clara, sin una finalidad ineludible. La ley de protección de datos puede ser vieja pero es concreta en la materia: el principio de finalidad debe ser explícito, debe ser informado debidamente al titular de los datos y debe ser respetado plenamente. Los datos recolectados sólo pueden ser usados para esa finalidad declarada y el plazo mismo de vigencia de esa finalidad. 

No hay, a la luz de los datos conocidos hasta el momento, una finalidad que justifique la recolección de datos indiscriminada y la conformación de una base de datos con toda la información de la circulación y usos del transporte público por parte de cada persona debidamente identificada. Cualquier política de subsidios a empresas o de transportes puede hacerse con datos estadísticos anónimos, no hace falta saber quiénes son las personas sentadas en un colectivo para saber si está lleno o vacío o en qué horarios hace falta instalar más frecuencias por sobrecarga del servicio.  

La cultura de la protección de datos está lejos aún de ser la norma en nuestro país. El Estado se ha caracterizado por una larga tradición de invasión a la privacidad de las personas entre las que se cuenta desde el mero hecho de contar con un registro de todas las personas habitantes de nuestro país hasta la conformación de una historia clínica digital centralizada (Proyecto que tuvo sólo dos votos negativos en Diputados: Javier Milei y Victoria Villarruel, que justificaron su oposición en sus ideas de la libertad y en la oposición a la injerencia del Estado en la vida personal). 

Hoy, a cargo del PEN, esta fuerza libertaria impulsa una medida que a las claras avanza sobre la privacidad y el proyecto personal lejos de la mirada vigilante del Estado. 

BB

El Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) hizo espionaje interno mediante la agencia nacional de inteligencia (ABIN) contra 30.000 opositores y guardó los datos recabados ilegalmente en una nube de almacenamiento ubicada en Israel, denunció hoy el actual director jefe de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues.

“Estos datos de las personas, ciudadanos brasileños que fueron monitoreados, estaban siendo almacenados en la nube en Israel, porque la empresa responsable de esta herramienta es israelí”, dijo el comisario Rodrigues al canal de noticias GloboNews.

Rodrigues estaba hablando sobre la investigación de los actos golpistas del 8 de enero de 2023 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y reveló parte de una investigación adyacente que ya terminó en la detención de dos personas y allanamientos en la sede de la ABIN, la central de espionaje del Estado brasileño.

Según Rodrigues, un software utilizado ilegalmente por la ABIN adquirido durante el Gobierno de Michel Temer (2016-2018) a una empresa israelí fue utilizado para hacer espionaje ilegal a unas 30.000 personas.

“La característica es que todas eran con opiniones contrarias al Gobierno (de Bolsonaro)”, reveló el director de la Policía Federal.

El Gobierno de Bolsonaro tuvo en Israel uno de sus principales aliados, sobre todo por las relaciones políticas con el primer ministro Benjamin Netanyahu y la influencia proisraelí de las iglesias evangélica neopentecostales brasileñas.

“La herramienta de espionaje, cuando se utiliza con regularidad, permite el seguimiento a través de la invasión de dispositivos. No se trata sólo de monitoreo de antenas. Es decir, se realiza un seguimiento telefónico de señales -no de datos ni mensajes- que indican la ubicación exacta de estas personas. Y luego, cruzando información, es posible suponer quién estuvo con quién y en determinadas circunstancias”, afirmó Rodrigues.

El 20 de octubre pasado, la Policía Federal arrestó a dos exagentes de la ABIN de Bolsonaro por espionaje, al acusarlas de hacer uso indebido del sistema de geolocalización como medio de coerción indirecta para evitar su despido.

Esta operación ocurrió cuando el hoy diputado del Partido Liberal Alexandre Ramagem, miembro de la Policía Federal, estuvo al mando de la ABIN durante el Gobierno de Bolsonaro.

Ramagem es el candidato de Bolsonaro a intendente de Río de Janeiro en las elecciones municipales de octubre.

El sistema con el que se hizo espionaje ilegal es el FirsMile de la empresa israelí Cognyte, contratado pro el gobierno de Temer para que lo usara en la intervención federal en Río de Janeiro en 2018 el general Walter Braga Netto.

Braga Netto fue candidato a vice de Bolsonaro en las elecciones de 2022 que ganó Lula, luego de haber sido jefe de gabinete y ministro de Defensa.

Rodrigues también reveló que la Policía Federal logró detectar en las redes sociales los planes de asesinato que bolsonaristas que participaron de los actos golpistas del 8 de enero planificaron contra el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes.

Moraes contó el jueves al diario O Globo que uno de los planes de los seguidores del expresidente era derrocar a Lula con el Ejército y asesinarlo ahorcándolo en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia.

Con información de agencias.

IG

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó la falta de mérito a exfuncionarios macristas y espías acusados de conformar una estructura conocida como “gestapo sindical” que emprendía el armado de causas judiciales contra sindicalistas como lo fue a Juan “El Pata” Medina.

La decisión del juez se da a conocer luego que la Cámara Federal revocó los procesamientos del intendente de La Plata, Julio Garro; del exministro de Trabajo Bonaerense Marcelo Villegas y el senador provincial Juan Pablo Allan, entre otros. También están involucrados los ex funcionarios de la AFI Darío Biorci y Juan Sebastián De Stéfano.

Ahora, el juez dispuso medidas para seguir con la investigación de la supuesta persecución política a sindicales opositores. El estado de la causa “vuelven indispensable en esta instancia adoptar un temperamento expectante en torno a los nombrados y disponer al respecto la realización de una serie de medidas de prueba con el objetivo de esclarecer los hechos objeto de investigación”, consideró.

No obstante, el fiscal federal Franco Picardi apeló esa decisión y ahora la causa otra vez quedará bajo estudio de la Cámara Federal.

La causa se inició el 27 de diciembre de 2021 por una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pues la interventora Cristina Caamaño acusó haber encontrado una serie de “archivos audiovisuales” en oficinas del organismo. Entre ellos, un video de una reunión entre funcionarios macristas, empresarios y agentes de inteligencia en la sede porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires el 15 de junio de 2017.

“Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, se lo escuchó decir al entonces ministro de trabajo Bonaerense.

En ese sentido, se hacía pedidos a los empresarios que denuncien al sindicalistas “Pata” Medina por los supuestos aprietes que aquellos recibían de él, y que ya tenían todo hablado con la Procuración, la fiscalía y un juez.

MM

Información de NA

El diputado del Frente de Todos (FdT) Máximo Kirchner pidió este lunes acceso a la información sobre su persona en la investigación por espionaje ilegal en la que está detenido el expolicía Ariel Zanchetta, tras tomar conocimiento de que habría sido víctima de “acciones de inteligencia prohibida” y poder así ejercer el rol de querellante en el caso.

Lo hizo a través de un escrito presentado de manera electrónica ante el juez federal Marcelo Martínez De Giogi y firmado por él y dos abogados, Elizabeth Gómez Alcorta y Marcos Aldazábal.

“Habiendo tomado conocimiento de que se habrían llevado adelante acciones de inteligencia prohibida contra mi persona y que estos hechos son materia de investigación en las presentes actuaciones, vengo a solicitar se me informe si aquella información resulta veraz y se me permita tener acceso a la documentación referida, a los fines de poder ejercer mis derechos procesales como particular damnificado”, refirió en el texto.

La petición se basa en “la vasta doctrina sobre los derechos de las víctimas en los procesos penales”, agregó en el escrito de una carilla recibido en los tribunales federales de Retiro.

En la causa es investigado el subdirector de Servicio al Contribuyente de AFIP, Néstor Fabián Rodríguez, quien el viernes último se presentó de manera espontánea en Comodoro Py 2002 para ponerse a disposición del juzgado y entregó su teléfono celular y su pasaporte, a raíz del hallazgo de comunicaciones suyas con el detenido Zanchetta, un expolicía que se presentaba como periodista y está acusado de espionaje ilegal.

El detenido quedó bajo la lupa del Poder Judicial en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto hackeo y la activación irregular de líneas de telefonía celular a distintos jueces federales y de la Corte Suprema.

En la causa también está detenido el joven misionero Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien ya declaró en diferentes expedientes vinculados a hackeos, y reconoció haber hecho maniobras de duplicación de SIM.

Los investigadores llegaron a Zanchetta y lo detuvieron a mitad de este año en la ciudad bonaerense de Junín tras detectarse que realizó pedidos de informes a la compañía Sudamericadata, que funcionaba de forma irregular para prestar el servicio similar a la base Nosis, según indicaron fuentes judiciales, sobre distintos jueces, como los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

La coincidencia temporal de las búsquedas con los intentos de hackeos o de activación irregular de líneas a nombre de jueces hizo que los investigadores sospecharan de un posible vinculo entre Zanchetta y Nuñez Pinheiro del que no hay ningún otro indicio en el expediente.

Con domicilio en la ciudad bonaerense de Junín, el historial reciente de Zanchetta incluye además un pedido de información a la empresa Sudamericadata sobre el comisario mayor Diego Carbone, jefe de la custodia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: esa solicitud de información se realizó el día anterior al intento de magnicidio contra la expresidenta.

En la investigación también pidió ser querellante el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro, mencionado al igual que Máximo Kirchner como víctima de las maniobras de espionaje ilegal que se investigan.

Con información de agencias.

IG

El diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade se presentó como “querellante” en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a políticos, jueces y otros personajes públicos por parte de un ex policía bonaerense calificado por la justicia como “agente inorgánico” de inteligencia.

El diputado oficialista sostiene que también él fue víctima de tareas de espionaje ilegal, pese a que la oposición lo responsabiliza como autor.

Tailhade se presentó “en la causa iniciada por denuncia de varios magistrados por presuntas acciones de inteligencia ilegal” y afirmó que “no hace falta brindar mayores detalles sobre las razones que fundamentan esta presentación”.

“Tan solo basta acudir a las portadas de los principales medios de nuestro país para advertir que me encuentro señalado por diversos periodistas como miembro o incluso jefe de la organización que se investiga en autos”, advirtió Tailhade.

Desde la oposición le pidieron el desafuero para que sea investigado por presunta obtención de datos privados de Elisa Carrió, Luis Juez y por la filtración de los chats de jueces, funcionarios porteños, fiscales y agentes de inteligencia que viajaron al Lago Escondido en octubre de 2022 invitados por dos directivos del Grupo Clarín.

“No hace falta enfatizar que en el dictamen de esta Fiscalía que ha trascendido a la opinión pública no me encuentro mencionado en ninguna de las 169 páginas que integran ese documento”, contrapuso el diputado oficialista.

“Sin embargo –reconoció-, sí es relevante determinar si en el Anexo I, en el que según el dictamen mencionado se encontrarían detallados los 1196 informes de inteligencia, se encuentra identificada una carpeta con mi nombre”.

De esa manera, Tailhade aludió a un artículo periodístico que sostiene que “Entre los perfiles a los que entró Zanchetta”, -en alusión al ex policía Ariel Zanchetta, detenido por acciones de inteligencia ilegal- “se hallan los de los gobernadores … y del diputado oficialista Rodolfo Tailhade”.

“Solicito del Sr. Fiscal se me informe si en el Anexo I del dictamen ya indicado se encuentra una carpeta con información de inteligencia con mi nombre”, reclamó.

Previamente, Tailhade había señalado que está en marcha “una gran operación” para vincularlo con el expolicía Zanchetta, quien se encuentra detenido en la causa por espionaje ilegal, con el propósito de “desacreditar el juicio político a la Corte”, que sigue en la Cámara de Diputados, y había adelantado que se presentaría como querellante en la investigación que involucra al exintegrante de la Federal.

“Acá existe una gran operación que en el fondo busca desacreditar el juicio político que se realiza en Diputados a la Corte, porque quieren cerrarlo”, afirmó el legislador en declaraciones a Radio Con Vos.

Tailhade, que integra la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja que lleva a cabo el proceso de remoción contra los cuatro integrantes del máximo tribunal, reiteró que su nombre “no figura” en el dictamen acusatorio que el fiscal Gerardo Policita formuló sobre las actividades ilegales supuestamente cometidas por Zanchetta.

Reconoció que se comunicó “en tres oportunidades con Zanchetta y contó que el exefectivo policial le ofreció información que consideró ”poco seria“ y que se le había presentado como un periodista que tenía un medio en la localidad bonaerense de Junín. ”Él me mandaba notas, una vez me llamó una atención una y me metí su portal y me di cuenta de que era algo poco serio, nunca le había respondido y seguí sin responderle“, dijo el diputado. ”Yo a Zanchetta no lo conozco y no tengo ni la menor idea quién es“, remarco en la entrevista radial con Ernesto Tenembaum.

“Se veía que los datos que me pasaba no eran serios y no le di bollilla. No tengo ninguna ilegalidad en mi vida. Los que sí espiaron son los macristas, los que le arruinaron la vida a la gente, son ellos. El verdadero espionaje es el que les hicieron por ejemplo a los familiares del ARA San Juan. No son serias estas cosas que me imputan a mí”, subrayó.

Este martes, el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara baja solicitó una reunión de la Bicameral de inteligencia para tratar “el espionaje a la Corte Suprema” y pidió que se analice el vínculo con la causa de Tailhade, quien a su vez negó conocer al policía detenido y advirtió sobre la puesta en marcha de “una operación armada por (el titular del máximo tribunal) Horacio Rosatti”.

CRM con información de la agencia NA

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Rodolfo Tailhade, consideró este miércoles que está en marcha “una gran operación” para vincularlo con el expolicía Ariel Zanchetta, quien se encuentra detenido en una causa por espionaje ilegal, con el propósito de “desacreditar el juicio político a la Corte”, que sigue en la Cámara de Diputados, y adelantó que se presentará como querellante en la investigación que involucra al exintegrante de la Federal.

“Acá existe una gran operación que en el fondo busca desacreditar el juicio político que se realiza en Diputados a la Corte, porque quieren cerrarlo”, afirmó este miércoles el legislador en declaraciones a Radio Con Vos.

El legislador, que integra la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja que lleva a cabo el proceso de remoción contra los cuatro integrantes del máximo tribunal, reiteró que su nombre “no figura” en el dictamen acusatorio que el fiscal Gerardo Policita formuló sobre las actividades ilegales supuestamente cometidas por Zanchetta.

Tailhade reconoció que se comunicó “en tres oportunidades con Zanchetta y contó que el exefectivo policial le ofreció información que consideró ”poco seria“ y que se le había presentado como un periodista que tenía un medio en la localidad bonaerense de Junín. ”Él me mandaba notas, una vez me llamó una atención una y me metí su portal y me di cuenta de que era algo poco serio, nunca le había respondido y seguí sin responderle“, dijo el diputado. ”Yo a Zanchetta no lo conozco y no tengo ni la menor idea quién es“, remarco en la entrevista radial con Ernesto Tenembaum.

“Se veía que los datos que me pasaba no eran serios y no le di bollilla. No tengo ninguna ilegalidad en mi vida. Los que sí espiaron son los macristas, los que le arruinaron la vida a la gente, son ellos. El verdadero espionaje es el que les hicieron por ejemplo a los familiares del ARA San Juan. No son serias estas cosas que me imputan a mí”, subrayó.

Tailhade también negó haber recibido en esos mensajes que le envió Zanchetta información sobre el juez de la Corte Suprema Carlos Rozenkrantz, que se encuentra acusado por mal desempeño en el juicio político que se le cursa al máximo tribunal en Diputados.

“Zanchetta me envió tres mensajes. En el primero me dice: 'Te envío una lista de causas de (la exdiputada Elisa) Carrió; un archivo que lo tengo guardado y que nunca abrí porque no me interesaba el tema. Además, sin prejuicio de eso son causas públicas. Luego dice que tiene información sobre (el senador) Luis Juez y le paso mi correo, pero nunca me envió nada. Por último, me pasó algo sobre la causa de Lago Escondido. Me pasa una información que había salido en los diarios ese día con lo cual no era nada confidencial. En eso consistió mi relación con Zanchetta”, reveló.

La entrevista completa

“Soy uno de los espiados por Zanchetta

“Ayer me di cuenta, como un pavo, mirando notas viejas sobre este tema, que, en julio pasado, en Infobae se publicó una nota firmada por Patricia Blanco, en la cual se cuenta que soy uno de los espiados (por Zanchetta). Me acabo de enterar que soy una de las 1196 carpetas que tenia este expolicía. Por eso me voy a presentar en el expediente como víctima, es decir como querellante”, adelantó Tailhade en su raid por los medios de este miércoles.

Y en ese sentido, el diputado agregó: “Es curioso porque ese dato nunca lo informaron a la fiscalía o al juzgado, desde donde dejaron trascender que tuve una vinculación con Zanchetta a través de esos mensajes”.

Este martes, el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara baja solicitó una reunión de la Bicameral de inteligencia para tratar “el espionaje a la Corte Suprema” y pidió que se analice el vínculo con la causa de Tailhade, quien a su vez negó conocer al policía detenido y advirtió sobre la puesta en marcha de “una operación armada por (el titular del máximo tribunal) Horacio Rosatti”.

No obstante, Tailhade insistió en ser objeto de una operación orquestada por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y su asesor, Silvio Robles, que intentan cerrar el proceso de remoción al máximo tribunal.  “Estoy va a terminar en la nada misma, con Tailhade como víctima de Zanchetta o del jefe de Zanchetta, que hay que averiguarlo”.

Asimismo, el dirigente kirchnerista negó estar vinculado con el mundo del espionaje ilegal: “No tengo absoluta nada que ver con ninguna cuestión que esté en el límite de la democracia. Me dedico a laburar, a investigar, a juntar información, a combatir las mafias. No tengo ninguna ilegalidad en mi vida. Los que sí espiaron son los macristas”., concluyó.

Con información de agencias.

IG

El submundo del espionaje ilegal volvió a emerger a la superficie con el nuevo escándalo mediático de la semana y expuso, nuevamente, el funcionamiento de una “comunidad informativa” al servicio de funcionarios, candidatos y estudios jurídicos. Un submundo en donde proliferan seudoperiodistas, policías, hackers e inorgánicos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Un ecosistema desordenado, desprolijo, sin un jefe que organice -como en otras épocas-, sin verticalidad. Armadores de “carpetas” al mejor postor. Fuego amigo o enemigo. Oficialismo y oposición. Nunca ajeno a las campañas electorales e internas políticas. Así lo explicaron a elDiarioAR fuentes y documentos judiciales, investigadores, víctimas y contactos de estos cuentapropistas del espionaje ilegal. 

Una de esas redes quedó en evidencia esta semana en un caso que investiga el fiscal federal Gerardo Pollicita y que expuso el funcionamiento y los contactos de Ariel Zanchetta, un ex policía federal. Zanchetta -quien asegura ser periodista, escribe en sitios web y cobraba pauta oficial- entregaba información sobre personalidades públicas al funcionario Fabián “Conu” Rodríguez, actual subdirector general de Servicios al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y previamente encargado del área de prensa de Carlos Castagneto, titular de AFIP.

El funcionario es uno de los referentes de comunicación de La Cámpora, espacio que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y encargado durante años de la asignación de pauta oficial, confirmó una fuente del kirchnerismo a elDiarioAR. Este lunes, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó allanamientos en su domicilio y su oficina en la AFIP. En la casa de Rodríguez se secuestraron 11 notebooks y 12 teléfonos celulares, además de dos discos externos y numerosos pendrives, que deberán ser peritados, informó una fuente directa de la investigación. 

En su oficina en la AFIP se secuestró otra computadora portátil. 

Rodríguez, quien aún no presentó abogado en el expediente, quedó comprometido porque de la información secuestrada con anterioridad al expolicía Zanchetta surgió que hubo intercambio de dinero público entre el funcionario y el supuesto periodista a cambio de tareas de supuesto espionaje. El funcionario le consiguió pauta oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires por $200.000 mensuales a cambio de que el expolicía armara “partes” y luego publicara “notas”. El dinero público fue asignado por el Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como Subsecretario de Coordinación de Medios entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

El caso que más compromete a Rodríguez es el encargo que le hizo a Zanchetta para investigar a Victoria Tolosa Paz, días antes de que asumiera como ministra de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández. El funcionario le informó al expolicía en qué country vivía Tolosa Paz y le solicitó un “parte” y una nota símil periodística para publicar en un sitio web, EnClave.ar, en el que Zanchetta hacía sus aparentes operaciones. El “operador” cumplió con ambas tareas, según determinó el fiscal Pollicita en uno de sus dictámenes. 

El “parte” sobre la entonces futura ministra Tolosa Paz incluía “antecedentes laborales, monto de salarios, información crediticia, bancos y cifras con las que opera, constancias de AFIP, participaciones societarias en dos empresas, expedientes civiles y estatuto social, titularidad de automotores e inmuebles, declaraciones juradas patrimoniales de los años 2018 y 2019, imágenes satelitales de su vivienda, información de un supuesto testaferro —con fotografía— y de una propiedad en Miami, Florida, Estados Unidos de América registrada a nombre de aquel”, detalló el fiscal.

Zanchetta tenía otros clientes, como la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar -vinculado a Zanchetta en el expediente judicial- publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

¿Cómo funciona el negocio de los seudoperiodistas y el espionaje ilegal? elDiarioAR consultó a un exfuncionario que los padeció y quien explica que hay distintos servicios y métodos. La mayoría de las veces, en los casos más sofisticados, requieren ser parte de la “comunidad informativa”.

“Comunidad informativa”

Ariel Zanchetta se desempeñó durante 25 años como agente de la Policía Federal Argentina (PFA), entre 1988 y 2013, y también habría sido “agente inorgánico” de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), luego AFI, durante al menos seis años, entre 2009 y 2015, de acuerdo a la información reunida por la fiscalía.

El fiscal detalló en uno de sus dictámenes que Zanchetta investigó “a cientos de personas —políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros— y habría incluido (entre sus servicios), cuanto menos, la realización de tareas ilegales de inteligencia, la recopilación, almacenamiento, sistematización y análisis de información, la filmación subrepticia de los objetivos y el acceso indebido a bases de datos de acceso restringido de organismos públicos y a correspondencia privada”. elDiarioAR intentó comunicarse con su abogado este lunes, pero no recibió respuesta hasta el momento. 

Hay muchos Zanchetta en el sistema. Se hacen llamar periodistas, tienen sus propios sitios web o programas radiales o televisivos

Zanchetta dijo ante la Justicia durante su declaración indagatoria que ejerce como periodista y que publicaba en el sitio EnClave.ar, que dejó de actualizar su página tras la detención del expolicía.

Hay muchos Zanchetta en el sistema. Se hacen llamar periodistas, tienen sus propios sitios web o programas radiales o televisivos. Hay decenas de portales de seudonoticias como el que se le atribuye.

Algunos trabajan por encargo, como en el caso del “parte Tolosa Paz”; otros son más emprendedores y generan sus potenciales clientes. Arman los “partes” o “carpetas” e intentan “venderlas” a los investigados. “Primero te publican una operación de poca monta en su sitio web, por ejemplo, algo sobre la vida personal. Después te hacen llegar o te comunican que tienen otra cosa más importante o que puede generar mayores problemas y ahí es cuando te piden plata, en negro o en forma de pauta oficial”, explicó un exfuncionario a este medio.

No se trata de grandes espías sino personas del sistema con red de contactos personales: alguien en la Dirección de Migraciones con clave de acceso; o en el Registro de la Propiedad Inmueble; o en el Registro Automotor. Eso es lo que se llama formar parte de la “comunidad informativa”, explican en la Policía Federal, que permite el intercambio de información de bases de datos oficiales y confidenciales. Pero en lugar de ser al servicio de un fin oficial, es para un fin privado y de lucro. Los estudios jurídicos también los utilizan como fuente de información, explicó la fuente.

“La AFIP siempre fue el fuerte de la comunidad informativa de estos tipos porque ahí sí conseguían data más sofisticada”, explica el exfuncionario. Desde consumo de tarjetas de crédito hasta deudas y declaraciones patrimoniales.

“Son servicios al mejor postor. Antes este tipo de espionaje lo hacía el propio Estado a través de la exSIDE, ahora se terceriza”, explicó uno de los investigadores. “El caso de Tolosa Paz es el que mejor demuestra cómo trabajan. Es la punta del ovillo de una operación política, en el marco de una interna dentro del oficialismo”, agregó la fuente consultada.

“El policía es el eslabón más débil, el primero que cae cuando estas redes salen a la luz”, asegura una fuente en la fuerza. El nivel, además, deja que desear, dice el bien entendido. “Espían mal y dejan los dedos pegados”. Zanchetta tenía en sus dispositivos capturas de los chats que lo comprometían.

Efecto Tailhade

El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) aparece en los chats de Zanchetta. Conocido por su rol de alto perfil en el juicio político contra la Corte Suprema, las denuncias contra Mauricio Macri y Patricia Bullrich, se convirtió esta semana en blanco de las críticas de la oposición y de un sector de los medios. Rápidamente, Juntos por el Cambio (JxC) capitalizó una serie de datos publicados en crónicas periodísticas en las que exponían conversaciones entre un expolicía detenido y procesado en el caso y el diputado. 

Hasta ahora -todavía resta analizar el contenido de muchos dispositivos secuestrados-, los investigadores no ponen el foco en Tailhade del mismo modo en que lo hicieron con Rodríguez, debido a que el contenido de las conversaciones no arrojó la comisión de delitos ni el intercambio de dinero. 

Sin embargo, en conferencia de prensa, Juntos por el Cambio solicitó que Tailhade sea investigado en la comisión bicameral de Inteligencia. Durante la tarde de este lunes trascendió que pedirían el desafuero del legislador pero el diputado no tiene orden judicial de allanamientos ni detención en su contra. Tampoco fue citado a declarar, ni como testigo ni como imputado. Está siendo investigado, informó una fuente con acceso directo a la causa.

Tailhade dijo en una entrevista en la radio AM750: “Esto es una operación de la mafia”. Aseguró que se trata de una “operación” de “(Silvio) Robles y (Horacio) Rosatti”. “Ese es el verdadero origen de todo esto. Ya sea judicial o mediático. Ellos armaron esta operación berreta”, afirmó Tailhade. Se refiere al juez Rosatti, presidente de la Corte Suprema, y a su mano derecha y vocero, Robles, a quien Tailhade interrogó en la comisión de Juicio Político, en el marco del proceso contra los jueces del máximo tribunal. 

La causa contra Zanchetta tiene a otro procesado y detenido, el misionero Ezequiel Núñez Pinheiro, a quien se le adjudica en la Justicia el hackeo a los celulares del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro; del diputado Diego Santilli; y de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los últimos cuatro intervinieron en causas y juicios contra Fernández de Kirchner.

Robles también fue blanco de un intento de hackeo de Pinheiro y pidió ser querellante en el expediente.

Zanchetta “obtuvo y almacenó datos personales” sobre decenas de personalidades públicas, entre ellos, Rosatti y sus colegas de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda; de Hornos y Borinsky; de los también jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Ricardo Bustos Fierro y Ernesto Kreplak. También de Silvio Robles, dice uno de los dictámenes del fiscal Pollicita.

“No sé quién es (Zanchetta) -respondió Tailhade-. Nunca lo vi. Tengo tres mensajes de él. Dos contestados con un ‘gracias’ y otro sin contestar. Y después en WhatsApp tenía un montón de notas que me iba mandando. Pero no tenía una relación ni por qué sospechar”. “Se presentaba como periodista. Verifiqué el medio, era de Junín. Nunca me pareció demasiado serio y por eso no le presté atención. Pero tengo cero miedo a la mafia de Comodoro Py. Voy a seguir adelante con esto. Todas las conversaciones que me mandaba supongo que se pueden rescatar desde la nube o algún lugar”.

“Hace 17 días le pedí a Martínez de Giorgi que si consideraba que me tenía que citar, me cite de inédito. Nunca me llamó. No sé si querrá que pasen seis años, como pasó en Parques Eólicos, como le pasó a Macri”, se quejó contra el juez de la causa.

ED/DTC

La investigación judicial que destapó una red de espionaje ilegal generó un escándalo en el Congreso y tensó aún más la disputa política en la previa al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Este martes, en la Cámara de Diputados, el bloque opositor de Juntos por el Cambio intentó hacerse eco del caso del expolicía Ariel Zanchetta y salió al cruce directo con el oficialismo: acusó públicamente al oficialista Rodolfo Tailhade de estar involucrado y le exigió a la Justicia que pida su desafuero parlamentario.

El caso impactó temprano en la reunión de la comisión de Juicio Político que investiga a la Corte Suprema de Justicia y por la tarde tuvo una derivada en una sesión especial que estaba agendada para este miércoles por un tema totalmente distinto: condenar desde el recinto el atentado terrorista de Hamas en Israel. La sesión, que había sido pedida por Milei en acuerdo con el bloque del PRO, se levantó luego de que se acordara firmar una declaración pública. La jugada la impulsó la massista Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara baja, y le permitió al oficialismo bloquear la posibilidad de que el recinto se convierta en una caja de resonancia del escándalo de espionaje a solo doce días de la segunda vuelta.

La primera repercusión en Diputados del escándalo de espionaje tuvo lugar al mediodía, cuando la comisión de jury se reunió apenas dos minutos. Ante la ausencia de los magistrados Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda para hacer sus descargos, el oficialismo con Carolina Gailard al frente cumplió a rajatabla la formalidad y dio abruptamente por finalizada la reunión. En la sala no había ingresado Tailhade, uno de los kirchneristas que más impulsó el juicio político contra los jueces del máximo tribunal. 

Los diputados opositores estallaron en furia y gritos –entre ellos el radical Mario Negri y el lilito Juan Manuel López– cuando se les cerró el micrófono. Denunciaron que el kirchnerismo estaba avalando una “operación de espionaje ilegal a cielo abierto”. Ese desplante derivó en que JxC motorizara una conferencia de prensa por la tarde en el salón de Pasos Perdidos de la Cámara baja. 

“No puede ser que a las instituciones las secuestren los servicios de inteligencia y que hagan del miedo el funcionamiento del Estado”, advirtió Negri ante los medios, y buscó desvincularon el escándalo con la proximidad del balotaje: “Acá no es cuestión de meter esto en la competencia electoral”. 

Formalmente la oposición le va a solicitar a la Justicia que avance sobre Tailhade, ya que su contacto aparece en el teléfono secuestrado de Zanchetta, según la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita. Según supo elDiarioAR, Tailhade se puso a disposición y pidió expresamente que lo citen a declarar. 

JxC también le pidió al presidente de la bicameral de Inteligencia, el kirchnerista Leopoldo Moreau, que convoque a una reunión para abordar de manera “urgente” la causa de Zanchetta. En el texto presentado y firmado por diputados y senadores cambiemitas piden que no participe Tailhade, miembros de la comisión, por estar “mencionado en la causa” de Pollicita. El macrista Cristian Ritondo exigió también que ante la Justicia se presente como querellante la propia bicameral y que Massa “diga si está de acuerdo o no” frente al juicio político a la Corte.

El candidato de Unión por la Patria admitió públicamente que pidió que el avance contra el máximo tribunal se defina post-balojate e incluso se refirió al escándalo de espionaje: “Yo lo había denunciado en 2015 y 2017″, se despegó el tigrense en radio Cadena 3. ”Me lo hicieron a mí, a mi esposa, a mis hijos. Seguí adelante“, acotó.

La sesión que no fue y la derivada Milman

En paralelo al ruido que intentaba generar la oposición, Cecilia Moreau activó una reunión con los jefes de los bloques parlamentarios para desactivar la sesión de este miércoles por el conflicto en Gaza. Aunque era solo por la estricta situación de la guerra entre Israel y Hamas, abrir el recinto podría haber permitido a la oposición amplificar su denuncia contra el kirchnerismo. La declaración conjunta repudió los actos del grupo terrorista a un mes de sus ataques en territorio israelí, pidió el cese del fuego y le solicitó al gobierno nacional que actúe de forma rápida para liberar a los rehenes argentinos. 

Cara a cara se encontraron los diputados Germán Martínez y Paula Penacca (Frente de Todos); Milei y Carolina Píparo (La Libertad Avanza); Cristian Ritondo y Silvia Lospennatto (PRO); el radical Negri; Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro), Mónica Fein (Socialista), López (Coalición Cívica); Dolores Martínez (Evolución Radical); Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) y Carlos Fernández (Frente de la Concordia Misionero). También estuvieron presentes los diputados del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, Romina Del Plá y Nicolás Del Caño, quienes no adhirieron a la declaración conjunta.

Sin hacer ninguna mención al caso de espionaje, Milei se arrojó la autoría de la declaración, luego de que fuera él, junto a otros diputados macristas, los que habían pedido la sesión especial. “En el marco del pedido de sesión que realicé, logré que la mayoría de los Presidentes de bloque acordemos solicitar al Poder Ejecutivo que profundice los esfuerzo para la inmediata aparición de las personas secuestradas y se respete el derecho a la defensa del Estado de Israel”, tuiteó el libertario, con una foto sugestiva firmando la declaración. El oficialismo hizo su propia operación: comunicó que la declaración surgió “por propuesta de la Presidencia de la Cámara de Diputados”. 

El escándalo del espionaje ilegal también opacó una noticia que podría ser un dolor de cabeza para la oposición. Apenas horas antes de la reunión de la comisión de Juicio Político, este mismo martes la comisión de Asuntos Constitucionales dio el visto bueno para allanar el domicilio de Gerardo Milman, diputado del PRO y mano derecha de Patricia Bullrich, involucrado en la investigación por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. 

La mayoría oficialista en la comisión aprobó autorizar un oficio remitido por la jueza María Eugenia Capuchetti para allanar el domicilio del diputado para buscar dos celulares viejos del legislador: los que usaba al momento del ataque a la vice, ocurrido hace ya más de un año, y cuando él habría dicho en un bar cerca del Congreso “cuando la maten yo estoy camino a la costa”.

MC/CRM

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos intentaron reforzar el control y seguimiento de la actividad en redes sociales y permitieron a sus agentes crear y utilizar perfiles falsos para desarrollar operaciones muy diversas, incluida la investigación encubierta de la presencia en Internet de personas que solicitaban ayudas de inmigración.

Así lo demuestran documentos del Departamento de Seguridad Nacional a los que accedió The Guardian. El Centro Brennan para la Justicia, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos civiles, tramitó una solicitud para tener acceso a registros abiertos de ese Departamento y compartió la documentación con The Guardian.

Según los documentos obtenidos, las autoridades de varias agencias de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional -entre ellas el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas- abordaron en repetidas ocasiones la conveniencia del uso en Internet de “alias” o cuentas encubiertas para sus investigaciones. Los funcionarios de las agencias expresaron su preocupación por las normas de las redes sociales que prohíben el uso de perfiles falsos e, incluso, plantearon la posibilidad de saltárselas.

Los documentos no especifican qué redes sociales utilizaron los funcionarios, pero para muchas de ellas, incluida Facebook, el uso de alias y perfiles falsos, también por parte de organismos gubernamentales, constituye una violación directa de los términos del acuerdo de servicio. De acuerdo con los documentos consultados, las actividades del Departamento de Seguridad Nacional eran tan preocupantes que un representante de la empresa se puso en contacto con la agencia para advertir de que podía estar incurriendo en una vulneración de las normas de la red social.

Vulnerar las normas de Facebook

Las revelaciones se producen en medio de una creciente preocupación por la privacidad en relación con cómo las fuerzas de seguridad de EEUU controlan la actividad en la red y recopilan y comparten los datos de las personas, en algunos casos sin orden judicial ni citación.

En los últimos años, la Policía utilizó cuentas falsas para espiar a los manifestantes del movimiento Black Lives Matter; los agentes se hicieron pasar por ciudadanos de a pie y publicaron comentarios atacando a los críticos de las fuerzas de seguridad. Asimismo, las autoridades enviaron solicitudes de amistad en Facebook a las personas que investigaban para recabar información personal sin la aprobación de un juez.

Facebook se opuso públicamente a esta práctica de los departamentos de Policía de Los Ángeles y Memphis, y los archivos ponen en evidencia que la empresa expresó su disconformidad también en privado.

Es probable que los documentos del Departamento de Seguridad Nacional, que se remontan a varios años atrás, hagan saltar las alarmas de los grupos de defensa de los derechos civiles, dado que la agencia ya dispone de una extensa red de vigilancia que le permite rastrear a inmigrantes y, en ocasiones, a ciudadanos estadounidenses, ya sea accediendo a datos de localización de empresas tecnológicas, comprando información de usuarios a intermediarios de datos o utilizando el reconocimiento facial.

Uno de los documentos, relativo a políticas internas, evidencia que los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que trabajan en la detección de fraudes y forman parte de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU pueden usar cuentas falsas para investigar a las personas que “solicitan ayudas de inmigración”. El documento ofrece detalles adicionales sobre una práctica que los Servicios anunciaron por primera vez en 2019.

Esos funcionarios -empleados de la agencia que decide quién obtiene permisos de residencia y ciudadanía- pueden recopilar una amplia gama de datos, incluidas direcciones físicas, información sobre relaciones, afiliaciones de empleo y educación, y cualquier publicación en redes sociales que sea “contraria a la información presentada por el solicitante”, tal y como dice la política.

Cualquier información hallada en estas investigaciones debe “guardarse” en el expediente de la persona, incluso si se considera que no es “peyorativa”, según el documento.

“Lo que vemos en estos documentos es lo extendido que está el uso de cuentas falsas, con los correspondientes intentos de ocultar su rastro al utilizar las redes sociales”, señala Rachel Levinson-Waldman, directora gerente del programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan. “Está claro que se hace con pleno conocimiento de que incumplen las políticas de una de las principales plataformas”, dice.

Las estrategias en redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional llamaron la atención de Facebook en marzo de 2019, durante el mandato del presidente Donald Trump, cuando un representante contactó con el Departamento de Seguridad Nacional, preocupado porque el Servicio de Aduanas “ampliara su uso de las plataformas de medios sociales”.

El empleado de Facebook, cuyo nombre aparece en los documentos, citaba una evaluación de privacidad del Servicio de Aduanas recién publicada sobre la política de redes sociales de la agencia, que decía que “algunos miembros del personal del Servicio de Aduanas (...) pueden ocultar su identidad al ver los medios sociales con fines de seguridad operativa”.

Un experto en ciberseguridad e innovación del Departamento de Seguridad Nacional dijo que los empleados del Servicio de Aduanas podrían “crear cuentas” para ver información pública y “revisar las publicaciones captadas por las herramientas de supervisión con el fin de determinar si son relevantes para el conocimiento de la situación y la supervisión de amenazas”.

Un representante de Facebook indicó entonces que cualquier usuario que utilice la plataforma con un perfil falso está infringiendo sus normas: “Nuestra preocupación es que recibimos bastantes peticiones de gobiernos, grupos de defensa y nuestros usuarios para que nuestras empresas hagan más para detener la creación de cuentas fraudulentas por parte de estafadores y grupos terroristas. Como tal, la creación de perfiles falsos por parte de cualquier sector, incluidas las fuerzas de seguridad, vulnera nuestras normas”. No está claro cómo gestionó el Departamento de Seguridad Nacional las reservas y preocupaciones de Facebook.

Sin embargo, unos meses más tarde, de acuerdo con los documentos, los funcionarios seguían hablando sobre el uso de cuentas falsas. Según correos electrónicos entre funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional incluidos en la documentación revisada, en agosto de 2019 la Oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción del Servicio de Inmigración -que rastrea y detiene a personas para su deportación- expresó su interés en usar las redes sociales para operaciones de “fugitivos” y “detenidos”.

Cuentas falsas de agentes

“Me preocupa sobre todo la autoridad de la Oficina para crear un perfil falso y cómo podríamos eludir las condiciones de servicio de determinados proveedores de redes sociales”, escribió en aquel momento un responsable de privacidad del Departamento de Seguridad Nacional.

Casi al mismo tiempo, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional escribieron que la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del departamento, que lleva a cabo investigaciones criminales, estaba planeando utilizar pronto “alias”. Y un documento de política de esta unidad sobre el uso de las redes sociales, redactado en 2012, afirmaba que para las “operaciones encubiertas” los investigadores “entablaran amistad o se asociaran con posibles infractores”.

Roy L Austin, vicepresidente de Meta (la empresa matriz de Facebook) y consejero general adjunto de derechos civiles de la compañía, afirma a The Guardian que desde Meta se recordó en repetidas ocasiones las políticas de autenticidad a varios departamentos encargados de hacer cumplir la ley, incluido el Departamento de Seguridad Nacional.

“Exigimos a todo el mundo, incluidas las fuerzas policiales, que utilicen su nombre auténtico en sus intercambios cotidianos en Facebook y dejamos clara esta política en nuestras normas”, dice en declaraciones enviadas por email. “Nuestra intención es asegurarnos de que los usuarios puedan seguir utilizando nuestras plataformas libres de vigilancia ilegal por parte del Gobierno o de agentes que actúan de forma no auténtica”, apunta.

Un portavoz de Meta, Ryan Brack, no quiso hacer comentarios sobre si se habían rastreado las violaciones continuas por parte del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU.

Mientras, los portavoces del Departamento de Seguridad Nacional se negaron a responder a preguntas específicas sobre los documentos o sus prácticas en Facebook, pero en un correo electrónico sí señalaron que utilizan “diversas formas de tecnología en el cumplimiento de su misión, incluidas herramientas de apoyo a las investigaciones relacionadas, entre otras cosas, con las amenazas a las infraestructuras, el tráfico ilegal en la web oscura, la delincuencia transnacional transfronteriza y el terrorismo”. “Aprovechamos esta tecnología de manera coherente con sus protocolos y la ley”, aseguraron.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional confirmó que éste mantiene la política adoptada por la Administración Trump y continúa permitiendo el uso de cuentas falsas para investigar a las personas que buscan obtener algún tipo de beneficio de inmigración. Sin embargo, especificó que la agencia “solo recopila información de redes sociales disponible públicamente y que esté razonablemente relacionada con asuntos bajo consideración de nuestras unidades”.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza puede participar en un “monitoreo encubierto” en redes sociales mientras investiga, examina o realiza controles policiales sobre los solicitantes de ingreso a EEUU, de acuerdo con la política enviada por el portavoz, quien detalla que el Servicio de Aduanas puede recopilar información pública de esta manera, pero no puede “interactuar” con los objetivos de sus revisiones mientras actúa de forma “encubierta”.

El portavoz se negó a aclarar las prácticas de la agencia, alegando que “no hace comentarios sobre tácticas de investigación, técnicas, herramientas o investigaciones u operaciones en curso”.

Un documento de política obtenido por el Centro Brennan indica que los agentes de Inmigración pueden utilizar una “identidad ficticia” en las redes si “los procedimientos autorizarían tales comunicaciones en el mundo físico”. Los documentos obtenidos no revelan cómo podrían ser las cuentas falsas o con qué frecuencia y alcance se están utilizando.

En 2019 se descubrió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas había creado perfiles falsos que parecían estar afiliados a una universidad, pero que en realidad se crearon como parte de una operación para poder recabar pruebas contra estudiantes extranjeros involucrados en fraudes de inmigración.

Por su parte, Meta afirma que el uso de “perfiles falsos” y herramientas informáticas para extraer información de Facebook con fines de vigilancia es una táctica habitual. Un informe de Meta de 2022 sobre el crecimiento del sector de la vigilancia por encargo afirmaba que las empresas con fines de lucro empleadas con fines de espionaje podían utilizar cientos de cuentas falsas para buscar y ver los perfiles de objetivos desconocidos.

Una herramienta poderosa pero intrusiva

“El mercado hizo que a estas empresas les merezca la pena seguir creando estas cuentas encubiertas y recopilando montones de datos”, afirma Levinson-Waldman, quien agrega que la Policía y las empresas de datos pueden malinterpretar fácilmente la información de las redes sociales y utilizarla como arma para inculpar a las personas: “Las cuentas falsas son muy susceptibles de uso indebido. Son una herramienta poderosa que puede ser muy intrusiva”.

Otros documentos hechos públicos tras la solicitud del Centro Brennan sobre la vigilancia de las redes sociales por parte del Departamento de Seguridad Nacional sugieren que la agencia trabaja con un gran número de entidades gubernamentales externas y, en ocasiones, con empresas privadas, lo que plantea cuestiones más amplias sobre dónde podrían terminar los datos de las personas.

De la documentación se desprende que la información obtenida o recopilada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas podría compartirse con muchas entidades, incluidos otros departamentos encargados de hacer cumplir la ley.

En un caso, los agentes de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas compartieron información con una agencia de Policía local que dijo estar investigando una denuncia de fraude electoral. En otro caso, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas envió un correo electrónico al Gobierno de Samoa, que había solicitado información sobre los deportados. Estos casos no parecían implicar solicitudes específicas de información disponible en redes sociales, pero sugieren que existía una comunicación general.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas también accedió a una serie de herramientas para facilitar su vigilancia en línea. Los documentos muestran que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas e Investigaciones de Seguridad Nacional tenían un acuerdo para utilizar un servicio llamado Giant Oak Search Technology (Gost), que “puede encontrar noticias negativas en salas de chat, redes sociales y sitios web de debate, la web profunda y artículos o fuentes en idiomas extranjeros”.

En declaraciones por correo electrónico, el director ejecutivo de esa empresa indicó que ya no colabora con el Departamento de Seguridad Nacional y que está “orgulloso de Gost y de su capacidad para apoyar a quienes luchan contra amenazas graves como la trata de seres humanos y el tráfico de drogas, preservando al mismo tiempo la privacidad”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas también trató de utilizar una herramienta que enmascarara las direcciones IP de sus empleados al hacer una “revisión de las redes sociales”, según los correos electrónicos incluidos en la documentación. Y el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza anunció recientemente planes para recopilar más ampliamente los datos de las redes sociales de los actuales titulares de visados cuando viajan hacia y desde EEUU, una propuesta a la que se opusieron varios grupos de defensa de la privacidad digital.

“Hay tantos mecanismos diferentes para encontrar y rastrear a las personas y extraer conclusiones sobre ellas”, dice Levinson-Waldman, quien critica a las agencias como el Departamento de Seguridad Nacional. “Estos registros muestran un enfoque repetido en toda una serie de métodos para permitir el uso encubierto de las redes sociales”, advierte.

La Vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció este martes con un posteo en su cuenta de Twitter en el que apunta contra los recientes sorteos de jueces para revisar, por un lado, la causa Vialidad en la que fue condenada; por el otro, el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri por el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

“Anoche, en el portal de La Nación, leí este título: 'Mala noticia para CFK. Se completaron los tribunales que revisarán la condena de Cristina y el sobreseimiento de Macri. Diego Barroetaveña intervendrá en el caso Vialidad y Mariano Borinsky analizará el caso del espionaje sobre los familiares de los marinos del ARA San Juan', contó la expresidenta.

Y analizó: “¿Mala noticia para CFK? ¿Por qué Julio Saguier? ¿Ya sabés cómo va a votar Barroetaveña? Tal como adelanté en el año 2019… la condena ya la tienen escrita. Eso sí, les faltó agregar: 'Y muy buenas noticias para Macri'”, cuestionó.

Al preguntar “¿por qué buenas para el jefe del PRO?”, Cristina Kirchner explicó: “Porque el camarista Alejandro Slokar, que lo iba a juzgar por el espionaje a los familiares de las víctimas de la tragedia del ARA San Juan, fue apartado porque según los acusados no daba garantía de imparcialidad. ¿Y a que no sabés por quién lo reemplazaron? Por Mariano Borinsky. Sí… el camarista que jugaba al paddle con Macri en la Quinta de Olivos”. Y concluyó: “Es joda. Más explícito no se consigue”.

Barroetaveña revisará las condenas en la causa Vialidad

El juez Diego Barroetaveña salió sorteado días atrás para formar parte de la sala de la Cámara Federal de Casación que revisará la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados en la causa “Vialidad”, en la que fueron juzgados por presuntos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El acto se realizó el pasado 9 de junio luego de que, la semana anterior, los integrantes de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país Gustavo Hornos y Mariano Borinsky rechazaran apartarse del caso y ordenaran realizar el sorteo para designar al tercer integrante que revisará el veredicto del Tribunal Oral Federal 2.

Barroetaveña resultó designado en un sorteo “informático” que se cumplió con acceso a las partes, en la oficina de sorteos de Casación Penal.

De esta manera, este magistrado, junto a Hornos y Borinsky, serán quienes tramiten las apelaciones que se presentaron tanto por parte de los imputados como de la fiscalía contra el veredicto.

Hornos y Borinsky rechazaron la semana pasada un planteo de la defensa de la Vicepresidenta para que se aparten del caso.

Barroetaveña reemplazará al tercer miembro de la sala IV, Javier Carbajo, quien se excusó de intervenir.

La Vicepresidenta fue condenada a seis años de prisión por supuesta defraudación y absuelta por el delito de asociación ilícita, en un fallo apelado por su defensa.

En la apelación se consideró que fue “injustamente condenada” con “graves errores y arbitrariedades” y que existe “un supuesto de enorme gravedad institucional”.

Por su parte, el fiscal Diego Luciani también apeló y pidió que Casación agrave la pena a la Vicepresidenta y otros acusados y se los condene además por el delito de asociación ilícita, en un recurso que mantuvo el fiscal ante esa instancia Raúl Pleé.

Este último fue recusado por la defensa de la Vicepresidenta, un tema que aún no fue resuelto.

El 6 de diciembre pasado se condenó a la Vicepresidenta por supuesta “administración fraudulenta” con “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.

El veredicto “no cuenta con pruebas directas”, advirtieron los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovo

“Nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”, agregaron.

En el juicio se debatió si el también condenado empresario Lázaro Báez resultó beneficiado de manera anómala con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

Los jueces condenaron a seis años de prisión a la Vicepresidenta, a Báez y al ex secretario de Obra Pública José López.

Además fueron condenados ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz, entre ellos el ex titular del organismo Nelson Periotti, quien recibió 4 años y medio de cárcel.

Borinsky revisará el supuesto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del ARA San Juan

Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación, fue designado por sorteo para integrar el tribunal que deberá revisar el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

El sorteo se realizó luego de que las defensas de Macri y los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, lograran apartar del expediente a Alejandro Slokar.

El apartamiento del juez Slokar se dio por la conexidad de la causa conocida como “ARA San Juan” con el caso D'Alessio, donde el magistrado dejó de intervenir tras una presentación de la exdiputada Elisa Carrió cuando se consideró imputada.

El punto que une ambos casos es que las constancias de las tareas de inteligencia, realizadas sobre los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino, fueron halladas en el marco de la investigación realizada por el juez Alejo Ramos Padilla en el caso D'Alessio.

La Cámara Federal de Casación Penal deberá revisar los sobreseimientos de Macri, Arribas y Majdalani dictados en julio pasado por la Cámara Federal porteña, cuando sostuvo que las maniobras investigadas correspondían a tareas realizadas para garantizar la seguridad presidencial. Ese fallo fue apelado por las querellas que intervienen en la causa y por la fiscalía.

En su momento, José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal porteña, reclamó que se declare la nulidad del fallo que benefició a Macri, Arribas y Majdalani y remarcó: “Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”.

Al conocerse la designación de Borinsky, la querella que encabeza la abogada Valeria Carreras emitió un comunicado donde señaló: “Vamos a impulsar la recusación de Borinsky, la cual estimamos tendrá acogida favorable, justamente en base al criterio de la Cámara Federal, para apartar al Juez Slokar hace pocas horas. Los antecedentes judiciales y visitas a Olivos de público y notorio, son muestras del temor de mis representadas respecto a la falta de imparcialidad del magistrado”.

Recusan a Borinsky

Una querella en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan recusó al juez de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky y pidió su apartamiento. La abogada Valeria Carreras pidió que el magistrado no intervenga en la revisión del sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri a fin de garantizar la imparcialidad en el proceso.

“A diferencia de mis representadas, el ex presidente imputado oportunamente en esta causa tiene en común con el magistrado recusado vivencias, risas, momentos que, con una frecuencia durante 4 años, los posiciona con un vínculo innegable”, argumentó Carreras para justificar su solicitud. Además, aseguró que hacer lugar al pedido le garantizaría a las familias de las víctimas, además de imparcialidad, un trato igual frente a la ley y la posibilidad de “llegar a la verdad y la justicia sin dudas, sin sospechas, sin intrigas palaciegas”.

Con información de agencias.

IG

La Cámara Federal de Casación Penal apartó este miércoles al juez Alejandro Slokar de la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de los tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan, debido a un pedido de las defensas de los exfuncionarios de inteligencia de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Arribas y Majdalani cuestionaron a Slokar porque ya estaba apartado en la causa conexa que investiga las maniobras del falso abogado Marcelo D'Alessio, por lo que consideraron que su permanencia podría “tornar nulos” todos los actos posteriores del expediente judicial.

En esa línea, los abogados de los funcionarios macristas recurrieron a declaraciones públicas de Slokar en las refirió que “colegas que fueron críticos ante el establishment del Poder Judicial padecieron en el macrismo también su Gestapo, la antijudicial”.

Como tercer elemento de prueba para la recusación, Arribas y Majdalani sostuvieron que el magistrado pertenece a la agrupación “Justicia Legítima”, por lo que su animadversión contra el gobierno de Mauricio Macri se encontraba probada.

Consultado por el tribunal, Slokar consideró que los argumentos de los exfuncionarios no reunían las “causales” de apartamiento, y que las expresiones públicas fueron formuladas “en cumplimiento de atribuciones legales y reglamentarias como presidente del cuerpo”. “Solo concernieron al funcionamiento independiente del sistema judicial y, además, no realizaron referencia alguna a los hechos objeto del presente ni a ninguno de los imputados”, aseguró.

No obstante, los jueces Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Daniel Petrone consideraron que están dadas las condiciones para que Slokar se aparte de la causa por el espionaje ilegal. “A efectos de aventar cualquier temor de parcialidad que manifiestan abrigar las partes, corresponde realizar una interpretación extensiva de la garantía contenida en los artículos 18 de la Constitución Nacional, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y otras normas que conceden las garantías judiciales a los acusados de algún delito.

LC con información de agencia Télam

Alejandro Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, rechazó este viernes la recusación presentada por las defensas del expresidente Mauricio Macri y sus exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Los acusados pretenden que el magistrado no integre la sala del tribunal que revisará sus sobreseimientos en la causa donde se investiga el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017.

“Los argumentos traídos no exhiben encuadre en ninguna de las causales que prevé el artículo 55 del digesto de rito, ni se advierte la concurrencia de alguna de las situaciones atendidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re ”Llerena“ (Fallos: 328:1491) y ”Dieser“ (Fallos: 329:3034), que permitan habilitar el apartamiento reclamado”, sostuvo Slokar en un informe presentado esta jornada.

A partir de esta presentación, sus colegas de la sala segunda del máximo tribunal penal, Guillermo Yaconucci y Ángela Ledesma, serán quienes deban resolver si aceptan el pedido de las defensas y apartan a Slokar o comparten el criterio del juez y lo confirman como integrante del tribunal para intervenir en este expediente.

Las defensas habían recurrido a tres argumentos para reclamar su recusación: la identificación del juez con el espacio “Justicia Legítima”; sus declaraciones públicas vinculadas a las presiones que sufrieron colegas y el hecho de que estuviera apartado de intervenir en el denominado caso D'Alessio, ya que fue declarado conexo con la causa del espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

Al citar un criterio establecido por la propia Casación, Slokar sostuvo: “El temperamento adoptado en la instancia de origen no puede resultar vinculante para esta Cámara si no encuentra arraigo en la posibilidad de incurrirse en sentencias contradictorias, por cuanto la ratio de la unificación de causas en una sala debe apuntar a favorecer la armónica aplicación de la ley, evitando pronunciamientos contradictorios y de tal manera, guarda correlato con la mejor administración de justicia”.

“Tampoco los planteos sobre un pretendido temor de parcialidad por mi actuación pública exhiben la motivación suficiente que posibilite sustentar mínimamente el extremo aducido para la exclusión”, continuó el magistrado.

“Cabe destacar que las expresiones fueron formuladas en cumplimiento de atribuciones legales y reglamentarias como presidente del cuerpo, sólo concernieron al funcionamiento independiente del sistema judicial y, además, no realizaron referencia alguna a los hechos objeto del presente ni a ninguno de los imputados, razón por la que no dan cuenta de animadversión a su respecto”, se defendió el juez. “Por fin, el cuestionamiento a la pertenencia a la Asociación Civil Justicia Legítima desde siempre ha sido desestimado por este tribunal”, remató.

El caso D'Alessio

La causa llegó a la Cámara Federal de Casación Penal a partir de las presentaciones de los familiares representados por los abogados querellantes Valeria Carreras y Luis Tagliapietra, como también del Ministerio Público Fiscal. En este marco, los defensores de Macri, Arribas y Majdalani invocaron la conexidad con la causa del falso abogado Marcelo D’Alessio.

En aquel caso, Slokar fue apartado luego de una presentación formulada por Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica (CC), quien estuvo imputada luego de ser notificada de que su nombre aparecía en el expediente.

El caso D'Alessio inició con una denuncia del empresario Pedro Etchebest ante el juzgado federal de Dolores, debido a una supuesta extorsión por parte del falso abogado, quien le habría exigido una suma de dinero para evitar su vinculación en el marco de la denominada causa “Cuadernos”. En el megaproceso, se investiga una asociación ilícita que desde 2016 a febrero de 2019 planificó y ejecutó actividades de investigación, recolección, clasificación, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas en causas judiciales, a partir de la cual llevaban adelante maniobras extorsivas y coercitivas.

Pudo establecerse que la organización criminal reunía información solo asequible para organismos públicos. En el marco la investigación, se avanzó sobre el papel que jugaron las denominadas “bases AMBA” de la AFI, llegando a la información que daría cuenta del posible espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan.

Slokar, en el informe practicado conforme el artículo 61 del Código Procesal con cita de los precedentes de la Corte Suprema, desecha su apartamiento denunciando un “medio espurio para apartar a los jueces del conocimiento de la causa que por norma legal le ha sido atribuido”, como descarta su apartamiento por sus expresiones públicas o su carácter de miembro fundador de Justicia Legítima.

Recuento de la causa

Slokar fue convocado a integrar la Sala II para esta causa para reemplazar al camarista Carlos Mahiques, apartado tras ser recusado por las querellas conformadas por familiares de submarinistas, representados por Carreras y Tagliapietra, quienes le atribuyeron amistad con el expresidente Macri.

El submarino ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre de 2017 frente al Golfo de San Jorge, cerca de Comodoro Rivadavia, en su regreso de Ushuaia hacia la Base Naval de Mar del Plata, con 44 tripulantes a bordo.

Macri fue procesado por el juez federal de Dolores, pero luego la Cámara Federal revocó esa medida, decisión que fue apelada y llevó el sumario a la Cámara Federal de Casación Penal. Para su dejar sin efecto su procesamiento, los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens consideraron que el acercamiento de personal de seguridad del exmandatario a los familiares o averiguaciones sobre sus actividades no tenían otro motivo que la seguridad presidencial.

LC con información de agencia Télam