El presidente Javier Milei prorrogó, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la vigencia del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027. Este fondo, que implica un impuesto del 7% sobre los pasajes aéreos y marítimos al exterior, genera una recaudación exclusiva para la Secretaría de Turismo, actualmente dirigida por Daniel Scioli.

La decisión no pasó desapercibida, en especial porque Milei construyó la narrativa política que lo llevó a la Presidencia de la Nación en torno de la eliminación de impuestos y la reducción del Estado. Sin embargo, este DNU no solo preserva un tributo sino que también otorga continuidad a un mecanismo centralizado de recaudación que contradice su prédica libertaria.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue uno de los primeros en cuestionar la medida. “Cajota para la casta: Scioli festeja, más impuestos para los argentinos”, ironizó en redes sociales, señalando que esta extensión golpea directamente el bolsillo de los ciudadanos y convierte el turismo en un lujo reservado para pocos.

Ferraro fue más allá al advertir que el decreto podría ser inconstitucional. “La Constitución prohíbe la emisión de DNU en materia tributaria. Este acto viola el artículo 99, inciso 3, y debería ser declarado nulo de nulidad absoluta e insanable”, afirmó.

Desde el oficialismo, la decisión se justificó como una necesidad para garantizar recursos que impulsen la promoción turística. Sin embargo, las críticas apuntan a que la medida beneficia únicamente a quienes manejan esos fondos, perpetuando un esquema de privilegios ajeno al ciudadano común.

Entre los considerandos del decreto, el Gobierno destacó la importancia del turismo para el desarrollo económico y social del país. Además, se señaló que la extensión del Fondo Nacional de Turismo permitirá continuar con las políticas de apoyo al sector, que se vio afectado por la pandemia de COVID-19 en los últimos años.

El decreto también establece que se debe informar a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación sobre la prórroga del Fondo Nacional de Turismo.

El Fondo Nacional de Turismo, creado originalmente por la Ley 25.997, debía perder vigencia a partir de este lunes. Sin embargo, el DNU 4/2025 lo resucitó hasta 2027, generando cuestionamientos sobre las prioridades del gobierno libertario, la prédica anarcocapitalista de Milei y el verdadero alcance de sus promesas de cambio.

IG/JJD

El gobierno de Javier Milei propuso una reforma impositiva que será lo más peleado del debate parlamentario en la sesión de este jueves de la Cámara de Diputados, que arrancó a las 12.26 con 131 diputados sentados en sus bancas, dos más que los necesarios para que haya quórum.

La Cámara baja podrá aceptar los cambios que le realizó el Senado, como cámara revisora, al paquete fiscal y a la ley de Bases, o bien insistir en la redacción de la media sanción del 30 de abril. La Casa Rosada, y particularmente al Palacio de Hacienda, que conduce Luis Caputo, están especialmente interesados en el paquete fiscal porque la suerte que definan los diputados incidirá directamente en las arcas públicas, en un contexto en que plata no sobra y las variables macroeconómicas, así como los tipos de cambio “libres” y el riesgo país, están empeorando.

Además del proyecto de ley de Bases (privatizaciones, reforma laboral, facultades especiales para el Presidente, RIGI, etcétera), el dictamen del paquete fiscal tendrá en el recinto de la Cámara baja cuatro votaciones en total, empezando por el artículo 111, sobre gastos tributarios, que busca eliminar los regímenes especiales de provincias como Tierra del Fuego (aunque es casi imposible que se logre avanzar ya que este artículo fue rechazado en la Cámara alta con las dos terceras partes de los votos y Diputados debería insistir con la misma mayoría para restablecer la redacción original).

La segunda votación en particular será la del impuesto a las Ganancias y seguidamente se pondrá en votación Bienes Personales. La última votación será para el resto del articulado de la ley Fiscal en su conjunto.

Más allá de cuál sea el formato final que adopten las iniciativas de Bases y Fiscal, Javier Milei tendrá al cabo de la sesión su primer par de leyes aprobadas. Pero el contenido de ambas leyes —y especialmente del paquete fiscal— es algo a lo que se deberá prestar atención.

Ganancias

La restitución del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, propuesta por el Gobierno, significa que volverán a pagar este impuesto los trabajadores asalariados cuyos ingresos mensuales sean de a partir de $1,8 millones en bruto en el caso de los solteros y de a partir de $2,2 millones en bruto para los casados con dos hijos.

Este es un punto clave en términos fiscales ya que, de concretarse, la recaudación se incrementaría en un 0,5% del PBI —y además es un impuesto coparticipable, por lo cual la mayoría de los gobernadores está especialmente interesada en que se apruebe, es decir que Diputados insista en su media sanción, ya que el Senado directamente rechazó esta parte del paquete fiscal—.

La base de apoyos que sustenta la expectativa oficial es similar a la conseguida en la media sanción de fines de abril, cuando se consiguieron 132 votos afirmativos.

Bienes Personales

A su vez, la disminución en las alícuotas de Bienes Personales y el aumento del piso tienen como objetivo principal incentivar el blanqueo de capitales aprobado en el Senado. En el proyecto original, el piso a partir del cual se debería pagar el impuesto a los Bienes Personales subía a $100 millones (desde los $27 millones) y se proponía una baja de alícuotas a un rango que va del 0,5% a 1,5% (hoy llega al 1,75%).

También eliminaban las diferencias entre bienes locales y en el exterior, que hoy pagan una alícuota que llega al 2,25%, además de un programa de beneficios para pagos adelantados que aspiraba a sumar recaudación en el corto plazo. 

Nueva moratoria impositiva

El denominado Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social facilita el pago voluntario de deudas fiscales, aduaneras y de seguridad social, ofreciendo beneficios según el tipo de deuda y modalidad de adhesión. Los contribuyentes pueden acogerse al régimen para deudas vencidas hasta el 31 de marzo de 2024.

Blanqueo de capitales

El Régimen de Regularización de Activos es un sistema que permite a los residentes fiscales en Argentina al 31 de diciembre de 2023 regularizar sus activos, incluyendo moneda, inmuebles, acciones, títulos, bienes muebles e intangibles, tanto en Argentina como en el exterior. El proceso se divide en tres etapas con diferentes plazos y alícuotas (5%, 10%, 15%) aplicables, y se establece un umbral de US$100.000, por debajo del cual no se aplica la alícuota. La adhesión implica presentar una declaración jurada con los bienes regularizados y pagar el impuesto especial correspondiente.

Cambios en el monotributo

El paquete fiscal establece modificación al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Introduce medidas para actualizar los importes máximos de facturación y otros parámetros del régimen simplificado, facilitando la reincorporación de pequeños contribuyentes excluidos desde enero de 2024.

Los nuevos montos de facturación van desde $6.450.000 para la categoría A hasta $68.000.000 para la categoría K, y los valores mensuales del impuesto integrado a ingresar varían desde $3.000 para la categoría A hasta $735.000 para la categoría K en prestaciones de servicios y $245.000 para la venta de cosas muebles. Además, se actualizan los parámetros de ingresos, superficie y consumo energético para cada categoría.

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor

Obliga a los comerciantes a discriminar el IVA en las facturas a consumidores finales, a partir de enero de 2025. Se busca mejorar la claridad y transparencia en la aplicación del impuesto al valor agregado, facilitando al consumidor final la comprensión del componente impositivo de sus compras.

Otras Medidas Fiscales

Incluye disposiciones adicionales para la regulación de honorarios en deudas en discusión administrativa o judicial y mecanismos para solicitar el archivo de actuaciones judiciales una vez regularizada la deuda. También se establecen condiciones específicas para la apertura de cuentas especiales para la regularización de activos. Se busca ofrecer herramientas adicionales para la gestión y el pago de deudas fiscales, asegurando un marco normativo que facilite el cumplimiento y regularización de obligaciones por parte de los contribuyentes.

IV/JJD

Guillermo Francos se mostró confiado en que el Senado avanzará entre y hoy mañana con el dictamen de comisiones al proyecto de ley de Bases y al paquete fiscal, de modo que ambos expedientes queden listos para ser debatidos en el recinto entre el miércoles 5 y el jueves 6 de junio. “Creo que hemos llegado a un consenso”, dijo el empoderado jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, en el Congreso, adonde fue por la mañana a mantener una reunión con funcionarios, senadores y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en su despacho.

Las declaraciones de Francos se produjeron en la previa de la reunión del plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, otra más para seguir discutiendo ambas iniciativas de la Casa Rosada, que están en trámite en la Cámara alta desde hace un mes y que, en caso de que sean aprobadas, como serán modificadas respecto de las redacciones aprobadas en Diputados, deberán volver a esta cámara de origen para que sean ley.

Francos se reunió con senadores dialoguistas, los que contribuirán a que el proyecto de ley de Bases y la reforma impositiva sean aprobados (porque La Libertad Avanza tiene apenas 7 de los 72 senadores). Del encuentro participaron, además de Villarruel, el secretario ejecutivo de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi; y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal Murphy.

Estuvieron los senadores Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado y presidente del plenario de comisiones; el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche; y los dialoguistas Juan Carlos Romero, Carlos Arce, Carlos Espínola, Luis Juez y Eduardo Vischi; además del secretario parlamentario Agustín Giustiniani.

“Hay un dictamen de comisión que se va a circular, en el que hay acuerdos aparentemente suficientes como para aprobarlo”, dijo Francos a periodistas antes de volver a su despacho en la Casa Rosada, y agregó que “los senadores resolverán si lo circulan mañana para su tratamiento”.

“Venimos teniendo reuniones, hubo encuentros en las que se han tomado muchos puntos que plantearon los senadores, muchos puntos que fueron planteados también por las distintas entidades que vinieron al Senado durante todo este mes. Y me parece que hemos llegado a una posición ya avanzado el periodo de tratamiento, con bastante consenso como para emitir dictamen”, agregó el funcionario, que fue ministro del Interior desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el lunes último.

Agitación en la calle

Mientras los senadores seguían debatiendo los dos proyectos de Milei en el Senado, afuera del Palacio del Congreso se produjeron disturbios. elDiarioAR pudo registrar un momento en que la Policía intentó dispersar a manifestantes en la plaza con un camión hidrante. La televisión, además, mostró imágenes de manifestantes siendo reprimidos por policías en Callao al 100, a la vuelta del Congreso.

Fue una marcha organizada por la izquierda y, en particular, por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). La policía se llevó detenida a una persona.

El portal Prensa Obrera, además, reportó que la policía disparó balas de goma y que la diputada Romina Del Plá, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, resultó herida.

JJD

El Gobierno abrió el paraguas por la tormenta que se le avecinaba. La intención explícita de posponer el Pacto de Mayo para después del próximo 25 –hasta el presidente Javier Milei lo deslizó ayer– buscó estratégicamente bajar la presión interna que había para que el Congreso sancionara de manera exprés la ley Bases y el paquete fiscal. Ante el escollo que le está significando la negociación de sus proyectos con los bloques aliados en el Senado, la Casa Rosada salió del laberinto por arriba.

Por eso el lunes fue a la Cámara alta el número 2 de Nicolás Posse, José Rolandi, y ayer fue su coequiper, María Ibarzabal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Jefatura de Gabinete. Rolandi e Ibarzabal volvieron a ocupar en las últimas horas el rol de negociadores y escribas de una nueva versión de la ley Bases, como ya hicieron en Diputados en la previa a su media sanción. 

La presencia de las espadas de Posse en la Cámara alta fue sigilosa, a la par que por el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Legislación General pasaron en las últimas 48 horas muchos expositores que dieron su opinión sobre los proyectos de ley. En su mayoría fueron invitados por la oposición, y sobre todo por el ala dura de Unión por la Patria: La Libertad Avanza no aportó ni siquiera una voz para hacer olas a sus iniciativas.

El rol de los funcionarios del Ejecutivo fue recolectar en los bloques amigables su pliego de cambios a los textos para ver cómo incorporarlos en un nuevo dictamen, supo elDiarioAR. En los hechos significa que el Gobierno ya está redactando una nueva versión de la ley Bases y del paquete fiscal. Con esos cambios los proyectos deberán volver a Diputados para su sanción definitiva. Sin el deadline del 25 de mayo, ayer ya se estimaba que los dictámenes podrían firmarse incluso la semana próxima, en vez de mañana, como era el plan B cuando al oficialismo se le cayó la posibilidad de tener despachos el jueves de la semana pasada y sancionar en estos días.

Rolandi e Ibarzabal visitaron a las voces más críticas de los bloques del PRO, la UCR y las fuerzas federales y provinciales. De allí el Gobierno tiene que rascar sus apoyos porque apenas tiene 7 senadores propios de los 72 que hay en el hemiciclo (sólo el kirchnerismo tiene 33, cuatro menos que el quórum). Entre los contactos estuvieron la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, quien la semana pasada cuestionó en muy duros términos el blanqueo y el RIGI. Fueron los mismos puntos que remarcó en contra el radical Martín Lousteau. 

Uno de los despachos visitados por el Ejecutivo ayer fue el del entrerriano Edgardo Kueider, jefe del bloque Unidad Federal, donde también militan el correntino Camau Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo. Otros apoyos codiciados por el Gobierno son los de los senadores patagónicos, que reclaman contra la imposición del impuesto a las Ganancias. Allí son clave la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell, más los legisladores que ostenta el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Además necesita del salteño Juan Carlos Romero, que suele hacerle guiños al oficialismo.

La posibilidad de que el dictamen se conozca recién la semana próxima es una posibilidad que se pondera en la oposición. Es el panorama que ve la senadora Tagliaferri, supo elDiarioAR. “Difícil que el jueves pueda estar redactado el dictamen con modificaciones, pero eso no supone en absoluto que la ley esté en peligro”, señalaron en su despacho. Los “peros” que puso la legisladora son llamativos porque rompió el alineamiento irrestricto que tuvo el PRO con LLA en Diputados. Sin embargo su voto es clave porque el bloque amarillos apenas tiene 6 senadores y está conducido por un extrapartidario: el cordobés Luis Juez.

El radicalismo también está inmerso en una discusión interna para alinear su posicionamiento hacia las leyes del Gobierno. El ruido que generó Lousteau obligaron al ministro Guillermo Francos y a Lule Menem, mano derecha de Karina Milei, a acercarse el viernes pasado al Senado. A su vez se generó una tensión puertas adentro con el jefe del bloque Eduardo Vischi. Por eso ayer la UCR tuvo una reunión de bloque para limar asperezas y darle un feedback concreto a la Rosada. “Se está trabajando sobre algunos puntos para llegar a una posición unificada como bloque”, comentaron desde la bancada radical a este medio.

“Está todo muy verde. A ninguno de los tres les gusta cómo vinieron las leyes”, se recogió en el bloque de Unidad Federal. “Ibarzabal se llevó nuestros reclamos pero hasta ahora no nos trajeron respuestas”, completaron en ese espacio. 

Antes que abroquelar los apoyos para la votación en el recinto, el oficialismo necesita generar los apoyos para el dictamen, porque allí también tiene muy poco volumen político. Apenas tres firmas de casi 30. “Siguen las negociaciones y avanzan con la redacción de dictamen con modificaciones solicitadas”, aseguró a elDiarioAR una fuente libertaria muy al tanto de las conversaciones con la oposición cercana. La tarea de recolectar las firmas llamativamente no tiene como protagonista a la Victoria Villarruel, en otro episodio que genera ruido entre la vice y la Casa Rosada. Sí están involucrados el presidente provisional Bartolomé Abdala y el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche.  

Al desanudar Milei discursivamente la sanción de la ley Bases y el paquete fiscal del Pacto de Mayo, entre los libertarios respiraron con alivio: “No vamos a apurar el dictamen. Apenas estén las firmas, sale el dictamen. Estamos cerca”, se confió el operador consultado. Y explicitó el ánimo interno: “Si no es el jueves (por mañana), será la semana que viene. Total ya se sacaron la presión del Pacto de Mayo”.

MC/JJD

El Gobierno Nacional modificó el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente para incluir la reducción de cargas obligatorias de los trabajadores más vulnerables.

A través del decreto 444/2023 publicado este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció el diferimiento del pago de parte de las cotizaciones a las que se encuentran obligados los contribuyentes “que, si bien reúnen las condiciones de vulnerabilidad previstas para los trabajadores independientes promovidos, obtienen ingresos que exceden los límites para el acceso a los beneficios, pero no superan el máximo contemplado para la Categoría B” del monotributo.

De esta manera, los trabajadores independientes inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP) podrán acceder a un beneficio de reducción del 50% en el pago de la cotización previsional al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

La medida estará vigente durante los primeros 36 meses de adhesión al Régimen: según el decreto, la cuota se reduce del 25% al 1% de los ingresos brutos mensuales, o al equivalente al 25% del aporte mensual al SIPA, el que resulte menor. Vencido el plazo, el importe de la cuota de inclusión social será equivalente al 2,5% de los ingresos brutos mensuales que perciba por su actividad la persona trabajadora independiente promovida.

La cuota se abonará en los plazos y con las modalidades establecidos por la AFIP y se imputará a la cancelación de los aportes sustitutivos correspondientes a los meses del año calendario en curso, comenzando por el más antiguo.

Se añadió que el trabajador independiente no estará obligado a abonar esta cuota en el mes en que hubiera sufrido una retención o percepción, en virtud de los regímenes que disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos.

El Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente prevé, entre los requisitos para la adhesión, que la actividad desarrollada por la persona responsable sea su única fuente de ingresos. Por lo tanto, no pueden adherir a ese mecanismo quienes revistan el carácter de jubilados, pensionados, empleados en relación de dependencia o quienes obtengan o perciban otros ingresos de cualquier naturaleza, salvo aquellos provenientes de planes sociales.

Para el Gobierno, la medida apunta a “facilitar el ingreso y mantenimiento en la economía formal” de los trabajadores independientes.

LC con información de agencias

Durante el último fin de semana se conoció un paquete de medidas orientado a fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y consolidar la situación fiscal.

Entre ellas, se estableció un dólar diferencial para las economías regionales y el maíz de $340 y se unificó el dólar ahorro con el dólar tarjeta.

Asimismo, se extendió la aplicación el Impuesto PAIS a las importaciones, tanto de bienes como de servicios, a excepción de los productos que se destinan a la canasta básica y los sectores vinculados a la energía.

También, aquellos que al mismo tiempo exportan e importan, si pagan sus importaciones con las exportaciones quedarán exceptuados del pago de IVA y del Impuesto PAIS.

El Gobierno formalizó la aplicación del impuesto PAIS a la compra de divisas para la importación de una serie de bienes y servicios, a través del decreto 377/2023 publicado este lunes en el Boletín Oficial. 

La norma aclara que no se grava la importación de los bienes y servicios, sino la compra de billetes para hacer esa operación, ya que quien tenga dólares podrá utilizarlos sin pagar este impuesto.

De esta manera, se generaliza el Impuesto PAIS al 25% para todos los servicios, excepto: fletes, que se le aplicará la alícuota del 7,5%; salud y Educación, exentos por artículo 36 de la Ley 27.541; y recitales, que ya paga el 30% y permanecerá sin cambios.

A su vez, se generaliza el Impuesto País al 7,5% para todos los bienes, excepto: medicamentos y material para combatir el fuego, exentos por artículo 36 de la Ley 27.541; suntuarios, que ya pagan el 30%; combustibles, lubricantes, bienes vinculados a la generación de energía, así como insumos y bienes intermedios vinculados a la canasta básica alimentaria, seguirán sin pagar este impuesto.

De acuerdo con el decreto, la percepción se aplica sobre todas las importaciones, incluidos los ingresos a Zona Franca y Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.

Asimismo, se estableció que las importaciones temporales de automotrices quedan fuera del alcance del Impuesto PAIS en la medida de que el “pago” de la importación se efectúe luego del “cobro” de la exportación relacionada y/o prefinanciación o mediante un anticipo con fondos propios.

Otras aplicaciones del Impuesto PAIS

  -Compra de moneda extranjera para ahorro, incluidos los cheques de viajero.

  -Compra de moneda extranjera para pagar obligaciones.

  -Cambio de moneda extranjera realizado por las entidades financieras por cuenta y orden del adquirente locatario o prestatario (cambios de moneda que se destinen al pago de bienes o servicios en el exterior que se cancelen con tarjetas de crédito, de compra, débito o cualquier otro medio de pago equivalente, incluidas las extracciones o adelantos en efectivo que se hagan en el exterior. También se incluyen las compras en moneda extranjera que se realicen desde portales o sitios virtuales o cualquier otra modalidad).

  -Cambio de moneda extranjera realizado por las entidades financieras por cuenta y orden del contratante residente en el país (cambios de moneda que se destinen al pago de servicios prestados por sujetos no residentes en el país que se cancelen con tarjetas de crédito, de compra, débito o cualquier otro medio de pago equivalente).

  -Pago de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país.

  -Pago de servicios de transporte de pasajeros con destino fuera del país no abonan el impuesto quienes contraten, en el país, servicios de transporte terrestre de pasajeros con destino a países limítrofes.

Qué es el Impuesto PAIS

El Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria, o PAIS, es un tributo que se debe abonar sobre ciertas operaciones en moneda extranjera.

PAIS es un impuesto de emergencia que se aplicará a nivel nacional durante 5 períodos fiscales.

Para qué es el Impuesto PAIS

Lo producido por el impuesto será utilizado para financiar:

Con información de NA.

IG

Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires aprobaron este jueves por unanimidad la eliminación del impuesto a los consumos con tarjetas de crédito, creado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta durante la pandemia, luego del redireccionamiento de los fondos de la Coparticipación adoptado por la Nación.

La medida tuvo 59 votos a favor durante la primera sesión ordinaria, destinada a tratar el proyecto que fue enviado este lunes por el Jefe de Gobierno porteño para derogar la vigencia de la alícuota del 1,2% del impuesto de Sellos respecto de las liquidaciones o resúmenes de las tarjetas de crédito.

En el debate parlamentario, los bloques de la oposición reiteraron los cuestionamientos sobre la tasa, al considerar que no era necesaria su aplicación por parte de la administración de Juntos por el Cambio y poner bajo la lupa las razones que llevaron a Larreta a impulsar dicha derogación.

El impuesto “de emergencia” creado en la pandemia por la gestión encabezada por Rodríguez Larreta fue en respuesta a la decisión del Gobierno Nacional de reducir el porcentaje de la masa coparticipable que percibía la Ciudad, con la intención de “compensar” la quita de los fondos.

Durante la sesión, el legislador del Matías Barroetaveña del Frente de Todos (FdT) señaló que “este impuesto fue inventado por el Gobierno de la Ciudad y ahora quieren derogarlo y piden que los aplaudamos por eso”. “Discutamos cómo resolver los problemas reales de la Ciudad y terminar con este 'acting' de victimización permanente desde una Ciudad que es la más rica al resto de las provincias y que quiere llevarse los recursos de otros lugares que lo necesitan mucho más que acá”, disparó.

Por otro lado, Lucio Lapeña del bloque UCR-Evolución, dijo que “la Ciudad demuestra hoy que solo se necesita voluntad política y responsabilidad administrativa para cumplir la palabra”. “La decisión unilateral intempestiva e inconsulta de reducir la coparticipación de la Ciudad fue un retroceso en el fortalecimiento del federalismo, un ataque a la Autonomía y condicionó enormemente el presupuesto”, sostuvo.

En tanto, la legisladora opositora Cecilia Segura le preguntó a la bancada oficialista por qué en sesiones anteriores, donde se intentó derogar el impuesto, “desde Juntos por el Cambio no lo acompañaron y sí ahora que puede servir para la campaña presidencial de Larreta para autoproclamarse como eliminador de impuestos y cumplidor de promesas”.

Además, desde el FdT pidieron, sin éxito, que la eliminación del impuesto sea retroactiva al 1 de enero de este año.

LC con información de agencia Télam

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó las modificaciones del Impuesto a las Ganancias para que las trabajadoras y los trabajadores con salarios mensuales de hasta $280.792 brutos dejen de pagar el tributo.

La Resolución General N°5206/2022 que instrumenta el nuevo piso para las remuneraciones a partir del cual se empieza a pagar el Impuesto a las Ganancias fue firmada a tres días de la sanción del Decreto 298/2022 y se publicará el martes en el Boletín Oficial, adelantó la AFIP.

“De esa forma quienes perciban una remuneración bruta mensual de hasta $280.792 no se verán alcanzados por el tributo”, remarcó y agregó que “exime del cálculo del Impuesto a las Ganancias al medio aguinaldo que se comenzará a abonar en las próximas semanas”. Además, la modificación rige para los salarios devengados a partir del 1° de junio de 2022.

Por otro lado, informó que “los empleadores, en su rol de agentes de retención, deberán generar una liquidación adicional respecto de las remuneraciones, incluidas el aguinaldo, devengadas desde el 1° de junio de 2022 que se hubieran liquidado con anterioridad a la publicación de la resolución de la AFIP”.

En caso de haber diferencias por aplicación de los nuevos montos, éstas deberán reintegrarse con el primer salario se pague a partir de la vigencia de la normativa.

La resolución instrumenta la deducción especial incrementada para que el impuesto sólo alcance a las personas con salarios mensuales superiores a $280.792 brutos. También permite que las personas con remuneraciones mensuales de entre $280.792 y $324.182 brutos afronten una menor carga tributaria.

El nivel de remuneraciones a partir del cual se tributa Ganancias se incrementó en dos oportunidades durante 2021 para apuntalar el proceso de recuperación del poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores: la primera modificación fue cuando pasó a $150.000 brutos en junio, de acuerdo a lo establecido por la Ley 27.617, mientras que la segunda fue un adelanto a cuenta del incremento anual que llevó en septiembre el valor a $175.000.

“Tras esos incrementos, desde enero de 2022, conforme la actualización anual dispuesta en la Ley de Impuesto a las Ganancias, el monto se elevó a $225.937. La Ley 27.667 delega al Poder Ejecutivo la facultad de incrementar, durante el año fiscal 2022, el monto que ahora fue elevado a $280.792”, finalizó el comunicado.

MB con información de agencia Télam

El Gobierno resolvió incluir a las operaciones con criptomonedas entre las que están comprendidas por el gravamen sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias, comúnmente denominado impuesto al cheque.

Lo hizo a través del decreto 796/2021, publicado hoy en el Boletín Oficial, y que introduce cambios a la Ley de Competitividad, que creó el impuesto al cheque a comienzos de 2001.

El decreto recordó que, a fines de octubre del año pasado, el Banco Central estableció un nuevo marco de funcionamiento para extender las transferencias electrónicas, y a través de la Comunicación A 7153 actualizó el Sistema Nacional de Pagos y estableció lo que se conoce como Transferencias 3.0.

Asimismo, el Central estableció que la implementación de la fase 1 debía estar completamente operativa, como máximo, el 7 de diciembre de 2020 y dispuso el 29 de noviembre de este año como fecha límite para la implementación del resto de las fases necesarias.

Como consecuencia de ello, el decreto consideró “necesario adecuar la normativa relativa al tratamiento impositivo de los nuevos actores y roles”.

Además, estimó que “deben actualizarse y armonizarse las exenciones para las cuentas de empresas que brindan el servicio de procesamiento y liquidación de pagos de terceros a través de diversos medios electrónicos, ya sea presencial como no presencial, tanto para el cobro de impuestos y servicios públicos, como de bienes y servicios”.

También indicó que “corresponde introducir ciertas aclaraciones en determinadas exenciones allí contempladas de manera de despejar cualquier duda interpretativa que pudiera suscitarse”.

En ese sentido, puntualizó que “el Estado tiene la obligación de resguardar un tratamiento fiscal igualitario, en este caso para aquellos Proveedores de Servicios de Pago (PSP) que cumplan funciones similares como agentes de liquidación y retención de impuestos, ya sea nacionales, provinciales o municipales”.

En este contexto, sostuvo que “resulta prudente limitar las exenciones vigentes en el caso de intervenir determinados instrumentos, tales como monedas digitales o similares”.

“Las exenciones previstas en este decreto y en otras normas de similar naturaleza no resultarán aplicables en aquellos casos en que los movimientos de fondos estén vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación o cualquier otra operación sobre criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales, o instrumentos similares”, concluyó el decreto.

NB con información de agencia Télam.

De aprobarse el proyecto de ley oficialista para aliviar el impuesto a las Ganancias, los trabajadores que cobran menos de $ 150.000 brutos mensuales dejarán de tributar. Bajo el nuevo régimen, los que cobran $ 173.000 -que en la actualidad tributan por mes entre 11.993 si son solteros o 5.194 si son casados con dos hijos- podrán bajar la carga según sus deducciones y ya no pagarán el impuesto por el aguinaldo, según el estudio contable Lisicki, Litvin & Asociados, consultado por elDiarioAR. En cambio, los que ganan $ 175.000 seguirán abonando entre 16.180 y 8.645, según su condición familiar. Lo mismo les sucederá a los que cobren más que esa cifra. Por ejemplo, los de sueldos de $ 250.000 tributan y tributarán 39.394 si son solteros y 30.236 si son casados con dos hijos.

A continuación un cálculo de quiénes dejarán de tributar y cuánto ya no pagarán del gravamen, según el estudio Lisicki, Litvin & Asociados.

Hasta ahora, los solteros comienzan a pagar a partir de sueldos brutos de $ 90.000, mientras que los casados con dos hijos recién lo hacen desde los $ 120.000. Un soltero que cobra $ 100.000 tributa 7.000 por año, o 583 mensuales. Uno que gana $ 110.000 lo hace por 19.893 anuales, o 1.657 por mes. Los trabajadores con sueldo bruto de $ 120.000 pagan 38.643 por año, o 3.220 por mes, si son solteros, o apenas 413 anuales si son casados con dos hijos, lo que equivale a 34 pesos por mes.

Los empleados solteros en relación de dependencia con una remuneración de $ 130.000 abonan 60.863 por año, o 5.071 por mes. Con un salario de $ 140.000, tributan 86.552 anuales, o 7.212 mensuales. Con uno de 150.000, pagan 115.685 por año o 9.640 por mes.

A los casados con dos hijos les va mejor, al menos en lo impositivo. Si cobran $ 130.000, deben soltar por el gravamen 7.874 por año, lo que supone sólo 656 por mes. Si ganan $ 140.000, son 21.350 anuales o 1.779 mensuales. Si embolsan $ 150.000, abonan 40.489 por año, o 3.374 por mes.

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Ante la práctica habitual de ocultamiento de patrimonios financieros en trusts o fideicomisos en el exterior -como una manera de evitar el pago del impuesto a los bienes personales-, el Gobierno impulsó, a través de la Ley 27.605 de Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas, que se graven participaciones directas e indirectas de esos instrumentos hasta el “tercer grado”, es decir con tres sociedades interpuestas. En la práctica, la nueva norma implica que, si una persona es dueña de la empresa A, que su vez controla la B, que a su vez tiene acciones en una C -donde se guarda el patrimonio-, entonces deberá tributar por lo que tenga en la C.

La ley en sí no llegaba tan lejos en su alcance, pero el Ejecutivo lo estableció, según analizaron los contadores Iván Sasovsky y Ezequiel Passarelli, al reglamentarla. En los casos de los llamados trust irrevocables, en los que su creador ya no puede reclamar su propiedad, podrán ser sujeto de discusión judicial, según Pasarelli. “No se hace distinción entre revocables y no revocables. O entre transparentes y no transparentes. Tanto la ley, como el decreto, determinan que se deberán declarar, sin dar mucho detalle adicional”, agregó Passarelli. Todavía falta otra reglamentación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que se prevé para los próximos días y con la que entrará a correr el plazo para abonar el aporte.

Hasta el momento, la reglamentación vigente estableció, entre otras cuestiones:

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¿Cómo es posible que un número relativamente pequeño de millonarios –cuyas fortunas no dejaron de crecer ni siquiera durante la pandemia– hayan logrado convencer a la gran mayoría del público de que si queremos apoyar el bien común no hay que cobrarles impuestos a sus fortunas?

La respuesta está en que apelaron a uno de los métodos más antiguos empleados por los ricos para mantener su poder y su dinero: un sistema de creencias que representa como natural e inevitable que el dinero y el poder estén y se queden en las manos de unos pocos.

Siglos atrás se llamó a esto “el derecho divino de los reyes”. El rey Jacobo I de Inglaterra y el rey Luis XIV de Francia, entre otros monarcas, le aseguraban al pueblo que los reyes recibían su autoridad de Dios y que por lo tanto las testas coronadas no debían dar cuenta de sus actos ante sus súbditos terrenales. Tal doctrina dejó de ser aceptada cuando en Inglaterra venció la llamada Revolución Gloriosa del siglo XVII y cuando en Francia y en las colonias inglesas de América triunfaron las Revoluciones del siglo XVIII.

El Estado no 'intrusa' en ningún 'libre mercado'. El Estado crea y mantiene el mercado.

El equivalente moderno puede ser llamado “fundamentalismo de mercado”, un credo que hoy promueven los super ricos con parejo celo a aquel con que la vieja aristocracia impulsaba el dogma del derecho divino. Como primer artículo de fe de la nueva religión, nos quieren hacer creer de que lo que le pagan a una persona es simplemente la medida de lo que esa persona vale en el mercado.

Si alguien amasa una fortuna de mil millones de dólares es simplemente porque el mercado le dio su merecido premio. Si alguien apenas rasguña unas moneditas como para sobrevivir, sólo tiene que culparse a sí mismo. Si millones de personas no tienen empleo o si mes a mes ven cómo sus salarios se reducen, o si tienen dos o tres trabajos a la vez y no tienen idea de cuánto van a ganar el año que viene o ni siquiera la semana que viene, es una desgracia, pero es el resultado natural de la acción de las fuerzas del mercado.

Pocas ideas han envenenado tan hondo las mentes de tantas personas como la noción de que en algún lugar del universo existe algo así como un  “mercado” en el cual el Estado suele “inmiscuir”. Desde esta perspectiva, cualquier cosa que hagamos para reducir la desigualdad y la inseguridad económica –cualquier tentativa nuestra en pro de que la economía funcione para las mayorías– corre el riesgo de distorsionar fatalmente el mercado y de volverlo menos eficiente, o de provocar consecuencias no queridas que podrían acabar dañándonos. Conclusión: siempre hay que preferir el “mercado” al ‘Estado’.

Esta visión hegemónica de las cosas es totalmente falsa. No existe “mercado” independiente del “Estado”. El mercado –cualquier mercado– requiere de un gobierno que fije y haga cumplir las reglas del juego. En la mayor parte de las democracias modernas, tales reglas emanan de los parlamentos y legislaturas, de las dependencias de la administración pública, y de las decisiones de los tribunales. El Estado no “intrusa” en ningún “libre mercado”. El Estado crea y mantiene el mercado.  

Las reglas del mercado no son ni neutrales ni universales. En parte, reflejan las normas y valores cambiantes de la sociedad.

El debate interminable acerca de si el mercado es o no mejor que el Estado no nos permite advertir quiénes ejercen ese poder y hasta qué punto se benefician por ejercerlo. Tampoco nos deja examinar fríamente si esas normas que rigen el mercado deben ser alteradas como para que más gente se beneficie con ellas una vez reformadas. El mito del fundamentalismo de mercado resulta así notablemente útil para quienes buscan que nunca entremos en los detalles de ese examen analítico.  

No es ningún accidente que quienes disponen de una influencia desproporcionada sobre las reglas de mercado –por ende, quienes más se benefician con cómo las reglas fueron diseñadas y son después adaptadas para situaciones nuevas– estén también entre quienes prestan el más vehemente de los apoyos al ‘libre mercado’ y ejercen la abogacía más ardiente para defender la ventaja relativa del mercado sobre el Estado.  

El debate mercado versus. Estado sirve para distraer al público de las realidades subyacentes de cómo se generan y cambian las reglas, del poder de los intereses monetarios en ese proceso, y de la magnitud de las ganancias que se obtienen fijando y recalculando esas normativas. En otras palabras, los abogados del ‘libre mercado’ no sólo quieren que el público esté de acuerdo con ellos en lo que toca a la superioridad del mercado, sino también acerca de que es fundamentalmente importante mantener vivo ese debate acerca de si es el mercado o el Estado quien debe prevalecer.

Es por ello que resulta tan importante denunciar la estructura subterránea del así llamado ‘libre mercado’ y mostrar cómo y dónde actúa sobre él el poder.

Es por ello que yo escribo semanalmente una columna para The Guardian, una de las pocas publicaciones del mundo comprometidas con revelar la verdad acerca de la economía y denunciar los mitos que distraen la atención del público de lo que realmente está pasando en el mundo. The Guardian puede hacer esto porque no está financiado por sponsors comerciales o por un partido o grupo o sector con un interés especial en lo que se publica, sino que este diario existe solamente para servir el interés público.

La desigualdad de ingresos, de fortuna y de poder político continúa creciendo a lo largo de todas las economías más avanzadas del globo. Las cosas no tienen por qué ser así. Pero para revertir esta situación, necesitamos un público informado capaz de ver a través de las mitologías que protegen y preservan a los super-ricos de hoy como siglos atrás protegieron el derecho divino de los reyes. 

Robert Reich fue secretario de Trabajo de Estados Unidos y es docente de Política Pública en la Universidad de California Barkeley