Una vez más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró la puerta a una estrategia judicial de Ricardo Echegaray, funcionario de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

El rechazo de la Corte no está dirigido contra una sentencia definitiva, como dice la sentencia sino a un pedido de nulidad de la defensa. Según explicaron a elDiarioAR fuentes del máximo tribunal, en la práctica el exfuncionario nacional no va preso con esto porque quedan trámites pendientes ya que la Cámara Federal de Casación Penal, en su decisión original, reenvió la causa al Tribunal Oral Federal Nº3 para que determinaran la pena.

El exjefe de la AFIP fue condenado por administración fraudulenta agravada en la causa conocida como “Oil Combustibles”, tras el rechazo del recurso que había presentado su defensa. La acusación se centró en el rol que tuvo como jefe del organismo recaudador en el otorgamiento indebido de planes de facilidades de pago a una empresa ligada al empresario Cristóbal López, lo que derivó en una multimillonaria deuda tributaria impaga entre 2013 y 2015.

Cristóbal López es un empresario que desarrolló un conglomerado económico con fuerte presencia en sectores como el juego, el petróleo, la construcción, los medios de comunicación y el transporte (Oil Combustibles, Oil M&S, Clear Petroleum, C5N, Radio 10, FM Vale, Mega 98.3, Pop Radio, TKM, Minuto Uno, Ideas del Sur, Casino Club, Invernes, Alcalis de la Patagonia (ALPAT), Constructora CPC, Indalo Transporte, Autovía Buenos Aires-La Plata, South Media Investments). Durante los gobiernos kirchneristas, se consolidó como uno de los principales contratistas y concesionarios del Estado, lo que le valió el apodo de “el empresario K” por parte de la prensa.

La investigación judicial se inició a partir de una denuncia de Elisa Carrió, que puso el foco en la omisión sistemática de Oil Combustibles S.A. en pagar el impuesto a la transferencia de los combustibles líquidos, con la anuencia de la AFIP durante la gestión de Echegaray. A través de planes especiales de financiación, la empresa retuvo montos millonarios sin transferirlos al Estado, lo que fue interpretado por los tribunales como una maniobra fraudulenta que perjudicó directamente a la administración pública.

El 16 de diciembre de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Capital Federal condenó a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión y lo inhabilitó de forma perpetua para ejercer cargos públicos. Desde entonces, su defensa intentó distintos caminos procesales para revertir la sentencia, todos sin éxito.

Primero presentó un recurso de casación, que fue rechazado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Luego planteó la nulidad de esa decisión, también desestimada. Al considerar agotadas esas vías, la defensa de Echegaray recurrió a un recurso extraordinario, que también fue declarado inadmisible por la misma Sala de Casación. Finalmente, en un último intento, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema.

Ese recurso fue rechazado por el máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte sostuvo que el planteo no se dirigía contra una sentencia definitiva ni contra una resolución equiparable a tal, y por lo tanto no podía ser revisado por esa vía.

Por lo tanto, el caso no se cierra de manera definitiva, pues una vez que el TOF fije la pena, Echegaray podría volver con un recurso a la Corte.

Este fallo es uno de los primeros con la Corte integrada por tres, después de el breve tiempo en que tuvo cuatro integrantes, por la jura del recientemente renunciado Manuel García-Mansilla. Como hubo acuerdo entre los tres, no fue necesario que el tribunal convocara a conjueces.

Según pudo saber elDiarioAR, la Corte, con esta integración, por ahora no tiene previsto abocarse al tratamiento y pronunciarse sobre casos de más grueso calibre político, como el recurso de queja de Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, por la que está condenada.

JJD

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reveló que tras completarse la segunda etapa del Régimen de Regularización de Activos, el total de bienes declarados ascendió a US$31.252 millones.

El organismo detalló que en el proceso que comenzó en septiembre del año pasado y que tuvo la finalización de la segunda etapa el pasado 7 de marzo, contó con la adhesión de más de 278 mil contribuyentes y se declararon 267.076 cuentas. Del total, unas 16.290 cuentas están en el exterior –Estados Unidos, Uruguay, España, Suiza, entre otros países–, que blanquearon una suma de US$1.541 millones.

Además, precisó que se regularizaron 47.815 inmuebles, de los cuales 45.646 están en Argentina y 2.169 en el exterior, puntualizando que “la valuación de estos inmuebles alcanza los US$2.172 millones en Argentina y US$252,9 en el exterior”.El comúnmente llamado blanqueo de capitales también registró 1.369 proyectos en el Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI) y se declararon US$103,6 millones en monedas digitales, lo que evidencia el atractivo que generó el régimen para las mencionadas variantes financieras.

En todas sus etapas, el régimen de regularización de activos no tiene costo para los contribuyentes cuando los bienes declarados no superen los 100.000 dólares. En la etapa 2, concluida el pasado 7 de marzo, sobre el excedente de ese monto se aplicaba una alícuota del 10%.

En la etapa 3, que estará vigente hasta el próximo 7 de mayo, cuando los bienes declarados no superen los 100.000 dólares, su regularización tampoco tiene costo para el contribuyente. En tanto que cuando el importe supere esa cifra, se aplica una alícuota de 15%, únicamente sobre el excedente del monto indicado.

El Régimen de Regularización de Activos está dirigido a personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas consideradas residentes fiscales para el impuesto a las ganancias al 31 de diciembre de 2023 y a personas humanas no residentes en la actualidad pero que lo hubieran sido antes del 31 de diciembre de 2023.

MP con información de agencia.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, y el extitular de la AFIP durante la presidencia de Mauricio Macri, Alberto Abad, negaron hoy la existencia de una red de protección a kirchneristas que denuncio el Gobierno de Javier Milei.

“Jamás armé una lista de protección de los K, sino que los denuncié”, aseguró Talerico, mientras que Abad señaló: “Es un insulto a quienes investigamos yendo a fondo”.

En declaraciones al diario Clarín, Talerico sostuvo que “Santiago Caputo está desvelado por ensuciarme y como han montado todo 'un aparato' para perseguir y operar a críticos del Gobierno salieron con esta burda mentira que esta vez, es fácilmente demostrable. Jamás armé una lista de protección a los K, sino que los denuncié”.

“El estilo de cooptación de organismos, medios y jueces, para replicar las costumbres kirchneristas, está en marcha y no dejaré de alzar mi voz, asumiendo los costos, para intentar corregir este desvarío institucional que nos hará daño como República”, agregó.

En Twitter, Talerico había posteado: “De una ignorancia alarmante, Santiago Caputo. Te asesoraron mal los kirchneristas con los que pactas la impunidad para CFK”, en alusión al jefe de la DGI, Andrés Vázquez, denunciado por la Coalición Cívica de Elisa Carrió por supuesto enriquecimiento ilícito y por haber ascendido a su pareja dentro del organismo. “Fui Vicepresidente de la UIF de Mauricio Macri, jamás tuve nada que ver con la AFIP”, añadió

Caputo lanzó un mensaje irónico contra la exfuncionaria a través de una cuenta que se le atribuye en X. “Hola @eugetale Nos quieren contar para que tenían armada esa lista de ”protección“ en la AFIP llena de empresarios kirchneristas? Pregunta Mabel de Recoleta”.

Abad, a su vez, rechazó la denuncia sobre la presunta existencia de una red de protección a empresarios kirchneristas dentro del organismo y consideró que esa acusación resulta “un insulto” para quienes investigaron al kirchnerismo en circunstancias muy adversas.

“Es falso, absolutamente falso”, afirmó a La Nación Abad, que planteó que regresó a la AFIP en diciembre de 2015 para revigorizar el organismo y corregir abusos que le endilgó a la gestión de su antecesor en el cargo, Ricardo Echegaray. “Las bases de información de la AFIP estaban totalmente infiltradas, con abusos de todo tipo. Se vendía y se filtraba información, que después se usaba para operaciones”, sostuvo.

“En ese contexto –abundó el exfuncionario- ordenamos proteger la información sensible sobre un abanico amplísimo de contribuyentes para que quedara registrado si algún funcionario o agente de la AFIP accedía a los datos de alguna de esas personas o empresas, y automáticamente se verificara si su acceso a esos datos estaba justificado o no”.

“Tengo colaboradores que recibieron hasta seis denuncias penales por investigar a la familia Kirchner, a Cristóbal López o Lázaro Báez, entre otros, ¿y ahora resulta que en realidad los estábamos protegiendo a todos ellos?”, preguntó. Abad fue terminante contra las afirmaciones del Gobierno. “Son un insulto a quienes trabajamos cuando había que trabajar e investigamos lo que había que investigar, yendo a fondo, pero sin quebrantar la ley, aunque ahora nos quieran adjudicar que ‘protegimos’ a tal o cual”.

El Gobierno de Javier Milei denunció este lunes que detectó una supuesta red de protección a empresarios kirchneristas dentro de la ex-AFIP, iniciada en 2016, que atribuyó a los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Según la versión que difundió el Gobierno, la cúpula de la AFIP liderada por Abad y Leandro Cuccioli –designados por Macri–, y de Mercedes Marcó del Pont y Carlos Castagneto –que los sucedieron durante la presidencia de Fernández–, fijó un sistema a partir de 2016 –en el gobierno de Macri– para “trabar” auditorías “sin razón formal” sobre contribuyentes, ya fueran personas o empresas, que fueran de “interés público”.

Elisa Carrió cuestionó con dureza este miércoles al jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, de quien dijo que es “mafia pura” y dijo que su “padrino político”, Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente de la Nación, Javier Milei, que no tiene cargo formal en el Gobierno, al que le factura como monotributista, “está fascinado con esos vínculos y con la fama”.

“[Vázquez] es quien hizo todas las operaciones sucias para Clarín y además estaba en la zona sur, donde puso sus empresas el propio Lazaro Báez. Yo no sé si está vinculado con [el exjefe del Ejército del kirchnerismo, César] Milani, el servicio de inteligencia. Es un hombre de lo más pesado, es mafia pura”, dijo la líder de la Coalición Cívica.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de investigar los posibles delitos e irregularidades cometidos por funcionarios de la Administración Nacional, inició el lunes un expediente contra Vázquez, quien en carácter de jefe de la DGI debe controlar la evasión impositiva y, sin embargo, compró tres departamentos en Estados Unidos a través de sociedades en paraísos fiscales, según surge de una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que publicó elDiarioAR, y La Nación. Los bienes no fueron informados por Vázquez en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA).

En declaraciones al programa de la periodista María O'Donnell, en la FM Urbana Play, la exdiputada nacional también cuestionó con dureza a Santiago Caputo, a quien se le atribuye la designación de Vázquez en la DGI, que es una de las direcciones estratégicas de la ex-AFIP, que Milei rebautizó como Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“Todas las designaciones que está haciendo Santiago Caputo pueden habilitar otra matriz de corrupción mucho más peligrosa. Porque Vázquez era un hombre directamente vinculado al kirchnerismo también, ¿no? Pero es un hombre para operaciones sucias, para persecución de periodistas, de políticos. Lo sobreseyó [el juez Ariel] Lijo, que no tendría que ser nunca juez de la Corte”, afirmó Carrió.

Todas las designaciones que está haciendo Santiago Caputo pueden habilitar otra matriz de corrupción mucho más peligrosa. Porque Vázquez era un hombre directamente vinculado al kirchnerismo y es un hombre para operaciones sucias y persecución de periodistas y políticos

Elisa Carrió — líder de la Coalición Cívica

La referente opositora señaló que “en el Sheraton Pilar se reunían Lijo, algunas de estas personas, el conocido dueño del Banco Macro, Jorge Brito (en alusión al padre del actual banquero, fallecido hace cuatro años en un accidente aéreo), y se reían de las causas que tenía Lijo”, dando a entender que se trataba de expedientes sobre casos de corrupción que quedarían en la nada.

“Santiago Caputo se está vinculando con el sector del poder más mafioso de la Argentina. Eso pone en riesgo a la Aduana y pone en riesgo a la DGI. Es como decirle a la gente de la AFIP: 'Miren, ahora están para los negocios'”, aseveró Carrió.

En tal sentido, dijo que “puede haber un pacto de impunidad” y al respecto sostuvo que “ya está negociando Wado de Pedro y este chico, que es muy joven”, en alusión a Santiago Caputo, quien “está fascinado con esos vínculos (en alusión a los sectores mafiosos que mencionó) y con la fama”. “No sé si [Santiago Caputo] es corrupto pero ya está en vías de una nueva matriz de corrupción”, sostuvo Carrió y vaticinó que, como consecuencia de esos vínculos, al mano derecha de Milei “se lo van a llevar puesto”.

Señaló también que “lo increíble de todo esto es que no es responsable porque tiene un contrato de servicios con el Estado”, lo cual “es una irregularidad que estaría casi vinculada a un gobernante de hecho, que es lo que prohíbe el artículo 36” de la Constitución nacional. Dicho artículo establece sanciones para quienes “usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias” y que “responderán civil y penalmente de sus actos”.

En referencia a Vázquez y a funcionarios a quienes calificó de corruptos, Carrió dijo que “este grupo de gente no tiene dueño” y que “es la verdadera mafia de la Argentina”. “Son las segundas y terceras líneas [de los organismos públicos, como la ARCA]. Las mafias no se han ido [del Estado]. Las han corrido en determinadas etapas. Por ejemplo, Alberto Abad (exjefe de la AFIP de Mauricio Macri y, anteriormente, de Cristina Fernández de Kirchner, quien lo echó para poner en su lugar a Ricardo Echegaray), las corrió a esas mafias. Pero después vuelven”, dijo Carrió.

También denunció un vaciamiento de parte del gobierno de Milei de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de dinero y anticipó que su espacio va a denunciar estas maniobras ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental que establece normas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Atribuyó esas presiones sobre la UIF al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al tiempo que lo desligó a Sebastián Amerio, viceministro de esa cartera ministerial, a quien definió como “una persona decente”, que “en todo caso recibe órdenes” y que “no estaría nunca de acuerdo con la designación de Lijo” como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

JJD

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de investigar los posibles delitos e irregularidades cometidos por funcionarios de la Administración Nacional, inició este lunes un expediente contra Andrés Vázquez, titular de la Dirección General Impositiva (DGI). El funcionario que debe controlar la evasión impositiva compró tres departamentos en Estados Unidos a través de sociedades en paraísos fiscales, según surge de una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que publicó elDiarioAR, y La Nación. Los bienes no fueron informados por Vázquez en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA).

La PIA, a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, tiene la potestad de iniciar una investigación de oficio y luego presentarla ante la Justicia para iniciar un expediente penal. Vázquez, el funcionario que eligió el presidente Javier Milei para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria, ya fue investigado por sus supuestos vínculos con cuentas bancarias offshore pero la información revelada este lunes demostró un entramado distinto y desconocido.

El funcionario compró a través de sociedades en el exterior tres departamentos en Estados Unidos por más de US$2 millones. Vázquez fue recientemente promovido como jefe de la DGI pero es funcionario del organismo desde hace décadas. 

La investigación reveló que Vázquez administra dos de las propiedades adquiridas en el estado de Florida mediante un complejo entramado de sociedades offshore que continúa activo. La red de empresas abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controla otras dos compañías montadas en Panamá. Las firmas panameñas, a su vez, fueron el vehículo que permitió concretar la adquisición de tres inmuebles en Miami. La información se desprende de la filtración Pandora Papers y documentos contables, societarios y bancarios, entre otros.

Esta alianza periodística buscó a Vázquez desde el miércoles 6 de noviembre con mensajes a su correo electrónico. Además, se le enviaron preguntas sobre este entramado patrimonial mediante un vocero de la agencia tributaria, pero el funcionario no respondió el cuestionario. 

Quién es Vázquez

Vázquez, contador público, ingresó en 1990 al organismo tributario como empleado raso y ascendió hasta convertirse en el responsable del área de inteligencia fiscal, un papel que desempeñó durante años y que le permitió desarrollar relaciones con los servicios de inteligencia del Estado. Cultiva el bajo perfil, hasta el punto de que no hay fotos suyas en internet ni en redes sociales. Durante el apogeo del kirchnerismo, el funcionario lideró el área estratégica “Regional Sur Metropolitana”, un cargo que ocupó desde 2009 hasta 2016, según su perfil de LinkedIn.

La Justicia penal lo investigó por su crecimiento patrimonial pero Vázquez sobrevivió a esa pesquisa y fue sobreseído. También resistió los enfrentamientos entre las facciones internas del organismo, que le valieron desplazamientos hacia áreas periféricas. Lo habían relegado a la aduana del puerto de La Plata, cuando Milei decidió en octubre disolver la AFIP. Y ahora, a los 64 años, Vázquez llegó a la cúspide de la DGI, la máxima autoridad impositiva.

La trama offshore

Mientras aquella investigación judicial estaba en marcha, Vázquez continuó con su expansión fuera del país, según reconstruyó esta investigación periodística. 

Las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp fueron registradas en Panamá en 2012, pero ni el nombre del funcionario argentino ni el de sus familiares aparecía en estas empresas de papel. Las compañías fueron manejadas desde su creación por empleados de un estudio panameño y por tres compañías registradas en las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves, según los documentos obtenidos del Registro Público de Panamá. 

Alcorta Corp compró dos departamentos en Miami a comienzos de 2013. El 9 de enero adquirió la unidad 3504 en el complejo de lujo Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por US$710.000, según datos del registro de propiedades de Miami Dade. Y un día después, el 10 de enero, desembolsó otros US$350.000 por la unidad 2811 en el edificio ubicado en el 1060 de la avenida Brickell, que vendería cinco años después. 

Las inversiones de Alcorta Corp expusieron detalles que revelaban que el funcionario argentino estaba detrás de esas operaciones inmobiliarias. Un documento presentado por esta sociedad panameña en septiembre de 2013 ante el Florida State Departament indicaba una dirección en la calle Julieta Lanteri, en el lujoso barrio de Puerto Madero. Era el mismo domicilio que aparecía en el pasaporte de Vázquez.

Las inversiones en Miami continuaron cuando Pompeya Group Corp, la otra sociedad panameña, compró la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, ubicado en la zona de Sunny Isles. La operación, fechada el 20 de julio de 2015, se ejecutó por US$980.000, según datos del registro de propiedades del condado de Miami. Es un edificio de 33 pisos con paredes de vidrio frente al mar que ofrece unas vistas únicas de la costa.

Una escala en las Islas Vírgenes

Las sociedades panameñas ya estaban asentadas cuando Vázquez tocó las puertas de Trident Trust, el estudio especializado en manejar operaciones offshore. El funcionario encontraría en las Islas Vírgenes Británicas un eslabón más de secretismo en una de las jurisdicciones más opacas del planeta. Trident Trust detectó en una investigación interna que Vázquez era funcionario público y lo calificó como “persona políticamente expuesta”, pero siguió adelante con los trámites para abrir sociedades. 

El hoy jefe de la DGI fue accionista y beneficiario final de Panchy Ventures Limited, según los registros de Pandora Papers, la filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Vázquez controlaba esa sociedad junto a Silvia Ivone Rodríguez, su primera esposa, también funcionaria, de la que luego se divorció. Los documentos internos para constituir la sociedad indican que tomaron el control con partes iguales de la compañía que se utilizaría –informaron– para adquirir inmuebles en Florida aunque hasta el momento esta investigación no encontró propiedades vinculadas a esta sociedad. La compañía se disolvió en noviembre de 2022, según el registro público de las Islas Vírgenes Británicas.

Vázquez volvió a tocar las puertas de Trident Trust un año después, en mayo de 2016. El contexto había cambiado: la explosión de los Panama Papers en abril de ese año había dejado expuesto a ese país como un paraíso para el dinero opaco. El funcionario insertó un eslabón más de distanciamiento entre él y los inmuebles en Estados Unidos a través de la apertura de la sociedad Galanthus Capital Limited en las Islas Vírgenes Británicas. Galanthus quedó como la firma controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp. 

Vázquez, único accionista de Galanthus, dejó sus datos personales en el registro de cliente del estudio Trident Trust: una fotocopia de la primera página de su pasaporte, su fecha de nacimiento y su dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero. Su pasión por el fútbol aporta más indicios. El funcionario dejó su correo electrónico privado, que alude a “La Quema”, uno de los apodos utilizados para nombrar al club Huracán. Los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a ese fervor: el estadio de este equipo queda sobre la avenida Alcorta, a unas pocas calles del barrio de Pompeya, en el sur de Buenos Aires.

La copia del pasaporte que Vázquez remitió a Trident Trust incluye, además, la única fotografía de su rostro que se conoce, ahora difundida por el CLIP. Obsesionado con el bajo perfil, Vázquez se ocupó durante años de que no circulen fotos suyas en Internet, incluso a pesar de las exigencias propias de su función como titular de la DGI.

Galanthus, como sociedad, fue nombrada presidente de las sociedades panameñas en 2021. En esa misma reunión de accionistas se decidió el ingreso de las hijas de Vázquez, que recién habían cumplido la mayoría de edad, con cargos ejecutivos. Así, el nuevo jefe de la DGI mantendría hasta la actualidad el control sobre las dos propiedades en Miami que suman un valor cercano a los US$1,7 millones, según los datos del Registro Público de Panamá. 

Ante la Oficina Anticorrupción (OA), sin embargo, no consta que Vázquez haya informado esas propiedades, ni la titularidad de las acciones en Galanthus Capital Limited en sus declaraciones juradas anuales. Por otra parte, CLIP no pudo corroborar si Vázquez ha declarado este entramado ante el fisco, por encontrarse esa información bajo secreto fiscal.

Como funcionario de alto nivel, Vázquez está obligado por la ley de Ética Pública de Argentina, vigente desde 1999, a presentar ante la OA una declaración jurada que detalle todos sus bienes y los de su cónyuge. Ese reporte se actualiza cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de “omisión maliciosa”, que prevé penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

MC

La investigación sobre el entramado de sociedades offshore y propiedades en Florida, Estados Unidos, vinculadas a Romina Diago, esposa del diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la Cámara baja, dejó en evidencia la necesidad de dar transparencia a los patrimonios de los cónyuges de funcionarios y legisladores. Las revelaciones de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latioamericano de Investigación Periodística (CLIP) aún no han sido aclaradas por Ritondo y Diago, quienes fueron consultados antes de la publicación y declinaron responder.

Diago figura en documentos confidenciales de la filtración Pandora Papers, a las que accedió el equipo periodístico como parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La documentación se encontraba en poder de un estudio jurídico de Panamá que fue uno de los blancos de la filtración, OMC.

Además, la UDI de elDiarioAR y CLIP consultaron los registros públicos de sociedades y propiedades de Florida, Estados Unidos, de donde también surgen documentos públicos que conectan a Diago con más sociedades y propiedades. Pese a esa información, son varias las preguntas que aún quedan por responder por los involucrados en la trama.

Quedan tres puntos por conocer: 

La UDI de elDiarioAR consultó a tres expertas para intentar adelantar respuestas.

Cadena de favores

Ritondo debería haber declarado los bienes de Diago en el exterior en el legajo reservado para bienes del cónyuge. Estas declaraciones juradas tienen que presentarse ante las instituciones a las que perteneció y pertenece, es decir, a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Cámara de Diputados. ¿Los declaró? No lo sabemos. Desde 2013, los bienes del cónyuge no son públicos.

El caso demuestra que en Argentina los obstáculos legales para conocer el patrimonio de los cónyuges de los funcionarios públicos es una discusión que dejó de darse hace años pero nunca debió abandonarse. ¿Por qué no podemos conocer los bienes de los cónyuges de los y las funcionarias?

La participación en empresas, las propiedades muebles e inmuebles de los cónyuges y de los hijos no emancipados, tanto en el país como en el exterior, era información pública hasta las declaraciones juradas de 2012. 

En 2013, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner motorizó cambios en la Ley de Ética Pública, logrando una modificación esencial, entre otras: el patrimonio de los cónyuges, convivientes e hijos menores no emancipados ya no serían de carácter público, como era hasta 2012.

Gracias a aquella modificación votada por el Congreso, el patrimonio de la esposa de Ritondo permanece resguardado en un legajo reservado al que ahora sólo se podrá acceder por una orden del juez federal Sebastián Ramos, el magistrado que interviene en el expediente contra el diputado y su pareja.

“Las declaraciones juradas deben servir para identificar evoluciones patrimoniales incompatibles con los ingresos de la función pública y de conflictos de intereses”, explicó a elDiarioAR Clara Lucarella, coordinadora del programa de Fortalecimiento de la Democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “Aquella reforma implicó un retroceso en la transparencia. Excluir esta información impide que la ciudadanía pueda llevar adelante un adecuado control de los actos de gobiernos y la prevención de la corrupción”, afirmó la abogada.

Un fallo sin efecto 

En 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró que este punto de la reforma de la ley es inconstitucional, luego de un planteo de la organización Poder Ciudadano. Sin embargo, no ha habido una modificación normativa que refleje esta decisión, explicó Lucarella. 

Germán Emanuele, abogado de Poder Ciudadano y coordinador del servicio jurídico gratuito de la organización, sostuvo ante la consulta de este medio que la declaración de inconstitucionalidad de 2018 quedó en la nada. “La excusa de la Oficina Anticorrupción para no cumplir el fallo era que no podían dar a conocer los anexos reservados de las declaraciones juradas si la ley seguía en vigencia”, aseguró. Entonces, gobernaba Mauricio Macri y la OA estaba al mando de Laura Alonso. 

“Con el cambio de gobierno en 2020 recibimos una nota de la Oficina Anticorrupción en la que nos invitaban a participar de una mesa de trabajo que tenía como fin cumplir con la sentencia de 2018. Debíamos pensar una nueva normativa”, explicó Emanuele. Un mes más tarde, llegó la pandemia del Covid-19 y todo volvió a truncarse. “La OA presentó un proyecto en el Congreso y quedó ahí, no se discutió más”.

Casados con hijos

Si Diago y Ritondo están casados, ¿los bienes adquiridos por Diago en el exterior son bienes conyugales? ¿Debería Ritondo haber declarado el 50% de esos bienes en sus declaraciones juradas públicas, por ejemplo, cuando era legislador porteño, entre 2013 y 2015?

“Todos los bienes que uno recibe a título oneroso, es decir que no son por donación o herencia, son bienes gananciales, no importa que la titularidad sea de ella”, explicó Marisa Herrera, investigadora del Conicet, profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y redactora del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 

Diago declaró ante el estudio OMC que al menos en el caso de una inversión inmobiliaria de US$650.000, los fondos provenían de su trabajo como abogada. Es decir que para la ley argentina, son bienes conyugales.

Esto determina, explicó Herrera, que si Diago se divorcia de Ritondo, el diputado tiene derecho al 50% de los bienes que ella tenga a su nombre tanto en el país como en el exterior. “Ella es la titular pero él tiene un derecho en expectativa por ser bienes gananciales, que se actualiza o se hace valer cuando se disuelva la comunidad” del matrimonio, agregó la experta. Esto se aplica de esta manera tanto en el viejo como el nuevo Código Civil.

Beneficiaria final

¿Declaró Diago estos bienes ante la AFIP o ARCA? No lo sabemos. La información está resguardada bajo el secreto fiscal y el matrimonio no respondió ninguna de las consultas de la UDI de elDiariAR y CLIP con respecto a este punto. Aunque los bienes estén en el exterior, Diago debería declarar cualquier propiedad en Florida a nombre de las sociedades que controla como accionista, dueña o beneficiaria final.

En los documentos revelados, Diago aparece como member o integrante de la sociedad de Florida: Bonita Holdings 39. Esta compañía es a su vez accionista de otra sociedad: Ilustre LLC (radicada en Delaware). Ilustre aparece hasta 2021 como la titular de un departamento en Hallandale Beach, Florida.

Además, en otro documento confidencial de Pandora Papers, Diago figura como beneficiaria final de Sunstar Point Ltd, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del Caribe. Así consta en documentos de OMC de 2014 y 2018. Esta compañía también figuraba como titular de un inmueble en Florida.

¿Qué es un beneficiario final? Es quien ejerce el control efectivo de una sociedad sin la necesidad de ser accionista. En inglés la figura se denomina “beneficial owner” o “dueño beneficiario”, y cumple el mismo rol: es quien controla la estructura y se beneficia de los bienes de la compañía.

Argentina sancionó en marzo de 2024 una ley que crea un Registro Público de Beneficiarios Finales en cabeza de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), antes AFIP. 

¿Quiénes están obligados a informar a ARCA si son beneficiarios finales de una sociedad? De acuerdo con la ley, todas aquellas personas residentes en el país aunque las sociedades estén radicadas en el extranjero. Lo mismo sucede con la participación en fideicomisos en Argentina o en el extranjero. Eso obliga a Diago a declarar su participación en Sunstar Point ante las autoridades argentinas, en caso de que siga siéndolo o lo haya sido en los últimos años.

¿Quiénes pueden acceder a este registro? “La norma señala que existirán distintos grados de acceso a este registro para los diferentes organismos públicos y particulares que requieran esa información y que no habrá secreto fiscal oponible en relación con la información del Registro y sobre los accesos otorgados”, explicó Maria Eugenia Marano, abogada integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE). 

Sin embargo, aclaró Marano, el registro no es de acceso público por fuera de determinados organismos de control. La publicidad total del Registro Público de Beneficiarios Finales es uno de los debates que organizaciones de la sociedad civil como Fundación SES –miembro de la red Latindadd– vienen dando desde hace años en el país. 

“La ley dejó en cabeza de ARCA la reglamentación del acceso a dicho registro y lejos de convertirse en una herramienta ágil y eficiente para las investigaciones, lo transformó en otro burocrático registro, donde el acceso es limitado a determinados funcionarios de los diferentes poderes habilitados”, afirmó Marano.

“El caso que nos ocupa visibiliza a la perfección como a través de múltiples entramados multijurisdiccionales y artilugios jurídicos, el uso abusivo de las cáscaras empresarias logró ocultar a quienes buscan pasar desapercibidos ante el Estado, ya sea para no pagar sus impuestos, lavar dinero o bien para ocultar sus bienes a otras personas”, sostuvo Marano. 

A más de una semana de la revelación sobre las sociedades y sus patrimonios en Estados Unidos, Ritondo y Diagosin responder esos detalles.

ED/MC

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encendió una fuerte polémica con la publicación de la Comunicación “A” 8144/2024, que establece que a partir del 16 de diciembre, las entidades financieras y empresas procesadoras de pagos deberán bloquear el uso de tarjetas de crédito y débito para cobros a aquellos contribuyentes incluidos en la “Base de Contribuyentes No Confiables” (conocida como Base Apoc) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según el portal especializado Errepar, esta normativa busca impedir el acceso a herramientas financieras a quienes tengan irregularidades tributarias sin verificar o resolver. Sin embargo, el impacto de la medida podría ser devastador para empresas y personas que dependen de estas operaciones para facturar o cobrar, lo que encendió alarmas entre tributaristas y economistas.

Las CUITs (Clave Única de Identificación Tributaria) incluidas en esta base están limitadas debido a irregularidades que la ARCA no pudo verificar o constatar. Las empresas deberán consultar esta lista de forma periódica y bloquear los pagos de quienes estén incluidos en ella. Los comercios también se verán afectados, ya que no podrán aceptar pagos con tarjeta de estos clientes.

El abogado tributarista Diego Fraga criticó duramente la medida en Twitter (X): “Si un empleado de AFIP (rebautizada por Milei como ARCA) aprieta un botón y te manda a la Base Apoc, no sólo no podés facturar; ahora tampoco podrás cobrar con tarjetas”. En su hilo, Fraga recordó que la Base Apoc ha sido cuestionada durante años por su arbitrariedad y la falta de mecanismos efectivos para apelar sanciones o corregir errores. “¿Saben la cantidad de contribuyentes que meten por 'error'? ¿Saben lo que tarda en resolverse? Esta capacidad de daño, que ya es enorme, ahora la amplían peligrosamente”, advirtió.

Otro tributarista, Marcos Gutman, señaló tres problemas principales: la inconstitucionalidad de la comunicación del BCRA al dictar prohibiciones sin competencia, la violación del debido proceso al no permitir a los afectados defenderse previamente, y la falta de transparencia de la Base Apoc, que no es de acceso público.

La polémica no tardó en extenderse en redes sociales, donde usuarios expresaron su descontento con la medida y la falta de cambios en el sistema tributario bajo el gobierno de Javier Milei. “¿Cómo es posible que Milei y su equipo no hayan eliminado este sistema perverso que va contra la libertad?”, cuestionó @fabifaintich. Otros lo compararon con sistemas de control extremo como el puntaje social de China, denunciando una “censura económica” que ataría “de pies y manos” a los contribuyentes por errores administrativos, según @Herdec.

Un modelo a contramano

La Base Apoc ya había sido criticada en el pasado por implementar sanciones desproporcionadas que afectan tanto a grandes empresas como a pequeños contribuyentes por incumplimientos menores o incluso inexistentes. Ahora, la ampliación de sus consecuencias genera dudas sobre el compromiso del gobierno de Milei con su promesa de reducir la intervención estatal en la economía.

Los expertos insisten en la necesidad de revisar esta normativa con urgencia. Mientras tanto, miles de contribuyentes podrían quedar sin acceso a servicios esenciales: un golpe a sus actividades económicas cotidianas.

JJD

Ha vuelto a investigar a las élites económicas y la relación del Estado y los empresarios, pero no olvida su paso como secretaria de Empleo Público en el gobierno anterior, ahora que el de Javier Milei lo poda con motosierra. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Ana Castellani recibe con café y chocolate amargo a elDiarioAR en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) para analizar los errores de la administración que protagonizó y sobre los que se monta la actual para desarmar al Estado.

–La semana pasada se disolvió la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), anunciaron que echan a 3.000 de sus empleados que habían entrado en el gobierno anterior. Vuelve el ciclo de que el gobierno kirchnerista mete gente en el Estado, el de Mauricio Macri echa, el del Frente de Todos mete, Milei saca...

–En el caso de la AFIP, todos los gobiernos desde que se creó, dejaron ahí gente propia. A veces justificadamente, porque vos podés tener una dotación excedida en el número total, pero necesitar un tipo de perfil laboral que no está excedido, por ejemplo, desarrolladores informáticos. Te digo un caso típico donde hay escasez porque hay mucha rotación de ese personal. A priori todos los gobiernos, más de derecha o más de izquierda, pudieron utilizar a la AFIP como un lugar donde colocar gente de la propia fuerza política, como reducto para emplear a esas personas o manejar alguna área en particular en donde haya un interés en que esas personas ingresen. La AFIP era el lugar que más creció porque era el lugar que tenía los mejores salarios en toda la administración pública. Era una especie de retiro dorado para un funcionario que te había servido en toda la gestión y que quedaba medio desamparado después de una derrota electoral. Entonces, sucesivamente hubo esos ingresos. Después existen prácticas que los gremios alientan en ese tipo de organismos y que es “no bajemos nunca la dotación”. Entonces la gente que se jubila o se va siempre tiene que ser reemplazada, sin hacer un análisis.

–¿Cómo fue cuando usted llegó al gobierno en 2019?

–Llegué a la gestión y la AFIP ya tenía un exceso de dotación, según el último informe de análisis de dotación que había realizado el macrismo en 2018. Nosotros la recibimos con 3.000 personas por encima. La gestión de (Mercedes) Marcó del Pont la bajó. La pandemia complicó todo en eso también. Hubo un cambio en la funcionalidad de la AFIP, en la atención al cliente, que tuvo que obligadamente digitalizarse casi por completo. La dotación tal vez estaba excedida en la atención al público y no excedida en los profesionales que tienen que perseguir la elusión o la evasión tributaria. Pero 3.000 personas no se incorporaron en nuestra gestión, de eso estoy totalmente segura. Si van a sacar a 3.000, que es lo que ellos consideran que es el excedente, creo que no hicieron ningún análisis de dotación. Solo en la última gestión (de la AFIP en el Frente de Todos, la de Carlos Castagneto, con Guillermo Michel en la Aduana) tenés gente que efectivamente entró, pero ahí también tenés que ver quiénes. Porque corrés un riesgo enorme. Podés llegar a dejar sin el personal suficiente áreas claves para la recaudación impositiva y seguir dejando infladas áreas que de atención al público que capaz no se necesitan.

En el macrismo se intentó abordar desde una lógica más racional la dotación óptima: calcularon la eficiencia de los procesos y vieron cuántas personas se necesitaban para cada uno de los procesos y si había un excedente. Yo vi esos análisis cuando llegué al cargo y vos tenías media APN (administración pública nacional) excedida y media APN por debajo. La gran mayoría de todos los organismos científicos técnicos estaban por debajo de la dotación óptima. Y también otros ministerios en las áreas centrales, organismos de regulación y control. Generalmente, los que están excedidos son los que tienen salarios más altos. Y ahí tiene que hacerse la pregunta de qué hace la política con el Estado. Eso te lleva a una pregunta sobre cómo las fuerzas políticas de distinto signo conciben la administración pública. ¿Qué noción tienen del Estado en relación a la sociedad, a la economía, a su intervención, la regulación y control?

El capitalismo se lleva cada vez una porción más grande de la torta, que encima en Argentina es una torta estancada hace bastante tiempo. Hasta ahora vemos que los contrapesos se ponen desde los gobiernos, el capital avanza y la desigualdad aumenta. Después están las fuerzas políticas que dicen que para que la torta crezca no tengo que intervenir nada. La tienen mucho más fácil, porque esa retirada del Estado es a puro decreto, como estás viendo hoy. Es cuestión de tener a alguien que lo piense como (Federico) Sturzenegger, que lo tiene bien estudiado y después es decreto, decreto, decreto. Vendemos todos los inmuebles. Listo. Punto. Chau. De paso, como suele suceder en este tipo de gobiernos, le damos una oportunidad de negocios a las élites económicas. O desregulemos el mercado de aeronavegación y listo, venga. O ponemos a gente de la industria petrolera a cargo de la gestión energética. Ningún problema. Eso es mucho más sencillo que armar desde el Estado una burocracia y un cuerpo de funcionarios capaces, comprometidos, que vayan balizando los caminos, no destruyendo.

Si yo quiero gente que atienda mejor a la ciudadanía, tengo que pensar un diseño curricular de curso para capacitar a los empleados públicos, nacionales, provinciales, municipales; contratar a los docentes, articular con las provincias, los municipios. Si yo digo, como hoy, se terminó, el Estado nacional no capacita más. Listo. Es más, despido a los 20 que se ocupaban de organizar eso. Es mucho más sencillo para las fuerzas de liberación del peso del Estado en la economía que para las fuerzas que creemos que la intervención estatal es necesaria para contrapesar. El problema grave para mí es que queremos hacer eso sin tomar conciencia de que ese instrumento de transformación tiene que ser un Fórmula 1, no un auto descacharrado.

–¿Qué autocrítica hace a su fuerza política en ese entido?

–Se minimiza la necesidad de hacer una administración pública de calidad, de eficiencia. Y no es que no tenés con qué, porque en el Estado nacional, que es el que yo conocí bien, en la Administración Pública Nacional el 57% de las personas son profesionales, tienen estudios terciarios. Y tienen 30 años dentro del Estado.

–En el Gobierno se reíen de las dotaciones óptimas que hacía el macrismo. Quieren echar de todos lados, menos de las fuerzas armadas y de seguridad...

–Para ellos, salud y educación, todo para las provincias. Esa es la idea: la obra pública, tercerizarla al sector privado. Es un cambio de paradigma que Milei y Sturzenegger llevan al extremo. No es claramente el macrismo, que buscó cierta negociación. Porque, como dice Macri, no estaba la sociedad preparada para avalar algo semejante y tuvimos que pasar por los dos fracasos que nos llevaron al empate catastrófico que derivó en Milei. Recién ahí vos podés justificar la emergencia de una salida tan disruptiva.

–¿Usted cree que había un exceso de empleados en el gobierno de Alberto Fernández?

–No, para nada. No es opinión, es cómo evolucionó la APN desde 2000 para acá. En el kirchnerismo (2003-2015) prácticamente se duplica la dotación. El grueso de ese aumento se da en a última gestión de Cristina Kirchner. Gran parte de eso se explica por una regularización de la situación de monotributistas que había dejado el menemismo y el gobierno de (Fernando) De la Rúa, por la ampliación de las funciones del Estado y la reestatización de organismos. La red del ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) se extendió un montón durante esos años. Si vos querés hacer el Conectar Igualdad, necesitás gente que lo implemente.

–¿Con Macri?

–Se bajó la dotación en un 10%, pero se aumentaron los cargos. Se acortó por abajo, en algunos organismos puntuales, especialmente aquellos en donde había sindicatos más combativos, en el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), en muchos de los que tienen despliegue territorial, en la Secretaría de Agricultura Familiar, que se habían expandido mucho durante el kirchnerismo.

–¿Con Alberto Fernández?

–Lo que hicimos fue ver todo lo que está excedido. Nosotros no íbamos a despedir gente, eso era una política. Al contrario, nosotros queríamos regularizar la situación de aquellos que estaban sin concursar para ir a un proceso de concursos: realizamos 16.000 concursos en cuatro años. Por supuesto insuficiente porque hay 55.000 personas sin concursar, entonces que hagas 16.000 no alcanza para nada. Quisimos reforzar aquellos organismos que habían quedado con muy poca dotación: todos los organismos científico-técnicos y los más vinculados a la regulación de algunos temas como la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Después se frenó en los dos últimos años el ingreso porque había tensiones. Primero, políticamente vos tenías organismos que habían tomado decisiones, la ANSES, el PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral), de expandir su área de cobertura y eso implicaba también trabajar con la dotación. Pero el criterio que duró los cuatro años fue alta por baja.

–¿Dónde aumentó la dotación y en qué porcentaje?

–Subió 6% la dotación de la APN, sin las empresas del Estado. Donde tuviste el gran aumento fue en el Correo y las empresas ferroviarias, entre las dos, 7.000 personas. Desde la secretaría mía no manejaba la dotación de una empresa pública. En la APN el aumento fue en salud, en hospitales, fue en el Ministerio de la Mujer, que se creó y teníamos 1.200 personas, fue en obras públicas, porque se armó una política de obra pública bastante inédita en términos de la cantidad de obras que se pusieron en marcha durante esos cuatro años. Permitimos aumentar en organismos de ciencia y técnica.

–En la gente, que votó masivamente a Milei, caló hondo la idea de que hay mucho empleado público e ineficiente.

–Hay un proceso de larga data y un proceso muy de corta data, que es de la pandemia para acá. Todos hemos tenido una experiencia ingrata en la tramitación con el sector público. Quedó tan bien graficado en el sketch de (Antonio) Gasalla, que todavía hoy, 30 años después, lo seguimos mencionando por algo. Esa experiencia para el ciudadano común puede ser con el Estado nacional, provincial o municipal. Yo te diría que no es muy distinta de la experiencia que uno puede tener con la contratación de algún tipo de servicio público que manejen los privados como Internet, cable o lo que se te ocurra, donde también la pasás mal muchas veces en las tramitaciones.

Eso no es excusa. Pero el énfasis siempre está puesto por aquellos que quieren demonizar al Estado y a sus empleados. Y ahí vamos a una operación más macro que es que las élites económicas históricamente en nuestro país y en el mundo buscan la manera de eludir las responsabilidades por la insatisfacción que genera el desarrollo capitalista, desligándola por completo en las élites políticas. Entonces tienen una relación medio conflictiva con las élites políticas. Por un lado las buscan permear, las financian, las apoyan en la medida en que respeten o les parezcan que son afines a sus ideas. Por otro lado, se tienen que garantizar siempre de quedar excluidas. Si a Milei le va mal, todos los que lo aplaudieron en IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) se van. Pasó en la dictadura con (José Alfredo) Martínez de Hoz, en los 90, con Macri. Porque el liberalismo económico tiene que quedar como horizonte utópico, posible, inmaculado, para la élite económica. Siempre te van a decir que si fracasó es porque no era eso...

–Que se aplicó mal.

–Se aplicó mal porque fue exagerado, porque no se lo dejaron aplicar los retrógrados, los orcos, pero nunca se van a hacer cargo de la responsabilidad. Y si el Estado del bienestar deja de funcionar y los servicios de salud que prestan son cada vez peores y los servicios educativos que prestan son cada vez peores, si los salarios indirectos son cada vez peores, si todo está peor, en realidad es por culpa de los políticos. Y las élites políticas claramente tienen una responsabilidad enorme. Pero lo genial es creer que la culpa exclusiva de esa situación es de las élites políticas. Lo que pasa es que nosotros, las fuerzas que creemos en un mundo más justo y más igualitario, en la generación de la riqueza, que también debería ser un grueso de preocupación cuando estamos en el Estado, tenemos muchas lógicas corporativas, en el sentido de me defiendo a mí mismo, acumulo para mí porque la lógica política dice eso. ¿Dónde abrimos el hospital del PAMI: en donde hace falta o en donde quiero que gane mi candidato a intendente? Entonces empezás a usar la decisión pública en función de intereses de autoreproducción como fuerza política o, peor aún, como fracción de la fuerza política.

–En el gobierno de Macri, usted analizaba que era el gobierno de los CEO. ¿Y ahora?

–Hay un problemón empírico: esta es la primera vez en todos los gabinetes que nosotros tuvimos que estudiar que no podés estabilizar uno porque es tal el grado de rotación que existe en los cargos altos que nunca estás pudiendo. Sí hicimos estudios de algunos gabinetes donde vos podés empezar a ver señales muy concretas. Lo hicimos nosotros y lo hizo gente de la revista Crisis. ¿Qué se dejó estable? Economía, que no es casualidad, porque ahí tenés burocracias más estables por abajo y por arriba tenés a un ministro que ya fue ministro. Ahí hay muchas vinculaciones de empresas, de intereses de los sectores. Nosotros cruzamos una base de datos de mayo y nos daba que el 30% de los funcionarios estaba ocupando cargos en directorios de empresas privadas.

–¿Al mismo tiempo que son funcionarios?

–Siempre te van a decir que es un problema de que la IGJ (Inspección General de Justicia) no les hizo el cambio (en los registros de empresas).

–Ustedes también están elaborando índices de fragilidad laboral y social...

–La pandemia fue parteaguas con eso. Antes siempre se miraba al empleado público con esa imagen del empleado en blanco, estable, el salario con suerte acompañaba la inflación, muchas veces no. Y el sector privado era lo contrario, te podía dar alguna oportunidad de expansión, pero era más inestable. En la pandemia, el trabajador público quedó estable ganando lo poco que ganaba, pero algo seguro, fue visto socialmente como un enorme privilegio. A los del sector privado registrado se les hizo una política para que las empresas pudieran cubrir sus salarios, pero en muchos casos esos salarios no se cobraron enteros. Después quedó el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) solamente para un universo que se calculaba en 3 millones de personas y terminaron solicitándolo 11 millones. Y ahí emerge este nivel de fragilidad social y laboral que elaboramos acá.

Tenés gente que trabaja en condiciones más precarias, pero muy heterogéneas, porque en ese mundo de lo informal tenés desde algunos que reparan electrodomésticos a otros que revuelven la basura para conseguir qué vender, tenés niveles de registro autónomo, como los monotributistas de la economía de plataforma. Es tal el deterioro de los ingresos de los últimos ocho años, sobre todo los informales, que te deja en una situación en donde los pobres son cada vez más. Pero además tenés que sumar un porcentaje de frágiles. ¿Qué quiere decir frágiles? No son pobres hoy, pero cualquier variación macro los tira a la pobreza. Y los integrados plenos, que son aquellos que tenemos la suerte, tal vez por el tipo de trabajo que ejercemos en el mercado laboral, de tener cierto nivel de ingresos, que aunque vengan los vaivenes con ajustes, podemos seguir sosteniendo más o menos el nivel de vida, aunque dejemos de ahorrar, cada vez se va haciendo más chico. Y eso es lo que tenés hoy. Hoy el 70% de la sociedad argentina es pobre o frágil. Y esto, además, es mucho mayor en los jóvenes y en las mujeres.

–¿Cómo ve el futuro del peronismo?

–Creo que va a haber mucho ruido, pero que se va a acomodar, como se acomodó siempre. Y la persona que más demuestre capacidad de conducción y ganas de conducir, y no solamente conducir, sino ser candidato a presidente, eso se va a llegar más temprano que tarde. No se va a romper el peronismo. No lo veo. Yo creo que el peronismo es un movimiento con mucha fuerza hacia adentro y con un liderazgo en disputa, porque Cristina quedó en una posición compleja que es por ahora dar a entender que no quiere ocupar la primera magistratura por el argumento que sea. Algunos dirán porque está proscrita, otros dirán porque ya está y dio todo. Pero sí hay una pretensión de seguir conduciendo a toda la fuerza de ese movimiento. Es medio difícil sostener esa situación, sobre todo cuando en funciones tenés un gobernador como Axel (Kicillof), que dentro del espectro kirchnerista y más allá tiene bastante aceptación y emerge como uno de los candidatos poderosos. Pero una cosa es ser buen candidato o perfilarse como buen candidato y otra cosa es poder liderar el peronismo, que es un bicho un poco más complejo, que tiene muchos factores adentro y eso va a depender de cómo se muevan todos esos factores. No me refiero a actores de nombre y apellido, me refiero a sindicatos, movimientos sociales, gobernadores.

–¿No se necesita un outsider para derrotar a Milei?

–Lo que pasa es que Milei no está autónomo en sus gestiones. O sea, él conduce y tiene una recomposición de autoridad. Yo eso lo reconozco. Él y la hermana son realmente una dupla de poder que gobierna, pero atrás tiene intereses muy poderosos que lo bancan. Hay que ver qué pasa con Milei, si esos intereses poderosos que lo sostienen porque les da lo que quieren –que no son solamente oportunidades de negocios puntuales, sino destruir el Estado y reforma laboral– lo siguen sosteniendo los cuatro años. Porque con eso no va a alcanzar. Necesitás estabilizar, generar crecimiento.

AR/DTC

En 2019, cuando ya era famoso panelista de televisión, Javier Milei llamó “héroes” a los evasores. En abril pasado, en el hotel Llao Llao de Bariloche, ante los principales empresarios del país, usó el mismo calificativo para quienes fugaban su plata de la Argentina. Antes y después de asumir la presidencia ha dicho que los impuestos son un “robo”, pero ahora los cobra y los necesita para su déficit fiscal cero. Sin embargo, ha adoptado en estos diez meses de gobierno una batería de medidas que expertos tributarios consideran un incentivo para los evasores, sus héroes.

La disolución y ajuste de personal en la AFIP

Que esta semana la Administración Federal de Ingresos Públicos haya adoptado el nombre de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pone el énfasis en “recaudar”, pero no en la función de “fiscalizar”, advierte el contador Ricardo Koss, exfuncionario de la Dirección General Impositiva (DGI).

Pero no se trata sólo de una cuestión nominal. También hay polémica por el despido de 3.100 agentes que, según el gobierno de Milei, entraron en la administración anterior, pese a que la planta en realidad subió de 21.934 en 2019 a 22.114 en 2023, es decir, en 180 empleados, un 0,8%. Eso sí, en 2022 había bajado a 20.858, con lo cual entraron 1.256, un 6%, el último año del gobierno anterior, es decir, cuando Sergio Massa era ministro de Economía y Carlos Castagneto, jefe de AFIP.

Más allá de la polémica sobre 2023, lo que preocupa a Koss o al economista experto en asuntos impositivos Juan Valerdi, profesor de la Universidad de La Plata, es que disminuya la planta de inspectores. Eva Sacco, directora del programa de justicia fiscal de la Fundación SES, advierte que el gasto promedio de la AFIP en relación al PBI, del 0,25%, era similar al de Portugal, pero el personal dedicado a los grandes contribuyentes era sólo el 3% del total, frente al 4% en EE UU y Chile, el 5% en Uruguay o el 13% en Países Bajos. “Despedir una gran cantidad de personal con experiencia no solo desmantela las capacidades recaudatorias sino que los libera para poner esas capacidades en manos de los grandes estudios contables y de abogados que trabajan con las grandes empresas y patrimonios”, comenta Sacco. “Aunque puede resultar un discurso tentador, reducir hasta en 3.000 trabajadores va a derivar en una mayor injusticia fiscal. Para sostener la misma recaudación con menos capacidades técnicas es necesario incrementar la presión sobre los sectores de menores ingresos. Estos sectores cuentan con menos poder de presión y acceso a especialistas y facilitadores”, agrega la economista.

La rebaja salarial de los inspectores

En la AFIP los empleados cobraban un fuerte plus por lo que recaudaban. Ya no lo harán. Los sindicatos de la DGI y la Aduana reconocen que los trabajadores del primer organismo cobraban de $2,2 millones a 3,9 millones y los del segundo, de 1,1 millones a 3,6 millones y sólo 17 altos cargos jerárquicos puestos por los gobiernos de turno se llevaban entre $17 millones y 30 millones, y ahora cobrarán como máximo 5 millones, como un ministro.

El economista Valerdi advierte sobre la rebaja salarial: considera que puede llevar a la inacción de los inspectores en las pujas contra grandes contribuyentes, batallas que demandan más esfuerzo y traen dolores de cabeza, y a concentrarse en los pequeños, o incluso podría haber incentivos a corromperse por parte de los evasores. “Puede volver la DGI corrupta que había hasta los años 80, antes de la profesionalización de los 90. Y ni hablar de la Aduana, que hasta ahora ha estado bajo sospecha”, alerta el profesor de La Plata. No es gratis enfrentarse a los poderosos: cuando en 2017 el entonces jefe de la AFIP, Alberto Abad, avanzó contra Mercado Libre por presunta evasión porque supuestamente estaba mal encuadrada en el régimen de incentivo del software, el presidente Mauricio Macri lo removió y puso en su lugar a Leandro Cuccioli, que en julio pasado, cinco años después de dejar el cargo, asumió como vicepresidente de la empresa de Marcos Galperin en México.

El blanqueo de capitales

Koss, Valerdi, Sacco y Alejandro Gaggero, investigador de la Universidad de San Martín e integrante del programa de justicia fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), coinciden en señalar que el perdón de los impuestos sin pena alguna que promovió el Gobierno y que aprobó el Congreso, con apoyo de la oposición dialoguista, constituye un premio a los evasores y sin ningún beneficio a los cumplidores, a diferencia de lo ocurrido en la amnistía tributaria de 2016/2017. Gaggero además señala que es el octavo blanqueo desde el regreso de la democracia y ningún otro país hizo tantos en estos 41 años. Recuerda que en general se recomienda que estos perdones sean excepcionales y sean acompañados por un mejoramiento del control para evitar la evasión a futuro. Tantos blanqueos llevan a pensar a los evasores que siempre habrá otra oportunidad de registrarse más adelante. Gaggero agrega que este sinceramiento ofrece además condiciones “excepcionalmente” favorables, porque permite blanquear sin pagar nada, a diferencia de los del pasado.

El Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI)

El RIGI, que también impulsó el Ejecutivo y recibió el respaldo de la oposición dialoguista, elimina los requisitos de presentación de documentación de precios de transferencia, que son los de las exportaciones e importaciones. Si bien las empresas deberán presentarlos en caso de inspección, su falta de información rutinaria torna más difícil el análisis de riesgo, según una especialista en tributación internacional que prefiere el anonimato. Además, advierte que las compañías tampoco deberán presentar las declaraciones juradas de ventas de exportaciones (DJVE) y no serán objeto sus importaciones ni exportaciones de precios de referencia para establecer valor.

La subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones son clásicos métodos de evasión tributaria en el mundo. Se factura de menos el envío al exterior, para encubrir ganancias y pagar menos impuesto, al tiempo que se cobra lo restante en algún paraíso fiscal. A su vez, se sobrefactura la compra desde el extranjero, para inflar los gastos, acotar los beneficios y tributar menos, mientras que ese dinero de más se gira a una cuenta en una guarida fiscal del mismo grupo empresario y desde allí recién se transfiere lo correspondiente a la adquisición.

También estas operaciones de comercio exterior fraudulentes se hacen entre filiales del mismo conglomerado en distintos países. Por último, el RIGI permite que, en relación con el impuesto a las ganancias, los quebrantos podrán ser deducidos de beneficios futuros sin limitación en el tiempo, y podrán ser transferidos a terceros, lo que podría alentar a la declaración de falsas pérdidas de manera continua.

Eliminación de valores de referencia de las exportaciones

Lo resolvió esta semana la Aduana, antes de que el abogado Eduardo Mallea deje su jefatura en manos de José Velis, y fue festejado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en la red social X: “Damos por finalizado el uso de los valores de referencia para la exportación, un engendro kirchnerista fuente de burocracia y corrupción.

Su eliminación, a su vez, mejora el precio de venta al exterior de nuestras exportaciones. Hasta esta resolución ciertos sectores debían aportar una garantía para cubrir la diferencia entre el valor de exportación declarado y el de un precio de referencia (mayor) que definía la AFIP. Esa garantía implicaba un costo que reducía el precio neto de exportación.

Además de esta pérdida de rentabilidad, la operación implicaba engorrosos trámites, tanto para el contribuyente como para la Aduana. Ni que hablar de las posibilidades de corrupción que se generaban en la determinación del precio y en el proceso de devolución de la garantía. A partir de la Resolución 5587/24 todo este sistema desaparece para otorgarle más rentabilidad al sector privado y generar más transparencia y menos corrupción en el sector público“. No obstante, la experta en tributación internacional señala que el valor de referencia eliminado servía como un ”determinante de riesgo“ de evasión que ahora será eliminado. Señala que países desarrollados los requieren para evitar precisamente la subfacturación de exportaciones. De todos modos, admite que la DGI sigue contando internamente con precios de referencia para determinar si se ha facturado de menos, con lo que si quiere, puede continuar controlando.

AR

En su última decisión como Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el organismo modificó los vencimientos para el pago de los anticipos del impuesto a las Ganancias y sobre los bienes personales correspondientes a 2024.

Lo hizo a través de Resolución General Nº 5592/2024 publicada este viernes en el Boletín Oficial, pero como tiene fecha del jueves, aún lo hizo en su condición de AFIP.

En el mismo Boletín Oficial se determinó que desde este viernes comienza a funcionar la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La comunicación oficial detalló que “con relación al ingreso del primer anticipo no se encontrarán habilitados el débito automático y el pago telefónico mediante tarjetas de crédito, ni la opción de débito en cuenta a través de cajeros automáticos”.

En tanto, el vencimiento de la declaración jurada queda estipulado para mayo de 2025.

El cronograma para Ganancias

Primer Anticipo:

Segundo Anticipo:

Tercer Anticipo:

Cuarto Anticipo:

Quinto Anticipo:

El cronograma para Bienes Personales

En el caso de bienes personales, las fechas de vencimiento del primer y segundo anticipo para el período fiscal 2024 fueron modificadas, dado que originalmente vencían en agosto y octubre de 2024.

Primer anticipo

Segundo Anticipo:

Qué son los anticipos

Los anticipos son pagos a cuenta de un determinado impuesto al que está obligado un contribuyente. Estos pagos se descuentan del monto determinado de la obligación principal al momento de presentar la correspondiente declaración jurada.

Quiénes deben abonarlos

Todas las personas humanas y sucesiones indivisas inscriptas en el impuesto deben determinar 5 anticipos e ingresar cada uno de ellos.

Cómo se ingresan los anticipos

El pago del anticipo deberá efectuarse a través de la Billetera Electrónica AFIP o mediante Volante Electrónico de Pago (VEP), accediendo al servicio con clave fiscal “Presentación de DDJJ y Pagos” y utilizando los siguientes códigos para su consolidación: ·

Impuesto: 011- Ganancias Personas Físicas.

Concepto: 191- Anticipos.

Subconcepto: 191– Anticipos.

El dominio de Internet ARCA.gob.ar aún no está disponible

Uno de los supuestos problemas que surgieron tras el anuncio de la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es la disponibilidad del dominio de internet para la nueva agencia ARCA.

En la actualidad, el dominio “arca.gob.ar” está registrado y en uso por el gobierno de la provincia de Catamarca, que emplea este sitio para su propia Agencia de Recaudación Catamarqueña, también conocida como ARCA. 

Los trámites para registro de dominios oficiales deben hacerse en NIC Argentina, que es la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet y está bajo la órbita de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. 

Esto ha generado cierta confusión entre los usuarios y administradores de dominios públicos, ya que este dominio sería la opción natural para representar a la nueva agencia federal.

Hasta el momento, el gobierno nacional no ha hecho un anuncio oficial sobre el nombre de dominio que utilizará la nueva ARCA federal en internet. Los analistas señalan que podría optar por otra variación dentro del dominio gob.ar, o bien negociar con el gobierno de Catamarca para intentar obtener los derechos del dominio actual.

Disolución de la AFIP: ¿Por qué?

La AFIP ha sido el órgano principal de recaudación tributaria en Argentina desde su creación en 1997, desempeñando funciones críticas en la gestión de los impuestos internos, los recursos de la seguridad social y el control aduanero. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei, en su enfoque de liberalización económica y reducción de la estructura estatal, justificó esta medida en la necesidad de “eficientizar y modernizar” el sistema tributario y de recaudación. Milei argumentó que la estructura de la AFIP se había vuelto excesivamente burocrática y costosa, perjudicando la competitividad económica del país.

El plan de Milei, al cerrar la AFIP y crear ARCA, busca reducir gastos en el aparato estatal y hacer más accesible el sistema de recaudación. Según los voceros del gobierno, esta nueva entidad se enfocará en procesos tecnológicos y en la automatización para lograr una mayor eficiencia y transparencia en la gestión tributaria y aduanera.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno nacional dispuso la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) mediante el Decreto 953/2024 y anunció la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), bajo la órbita del Ministerio de Economía. Esta nueva entidad tendrá a su cargo la gestión de los recursos tributarios y aduaneros con una estructura simplificada que busca mejorar la eficiencia y especialización en la recaudación y el control aduanero.

La ARCA se establece con el objetivo de optimizar los recursos, simplificar funciones y reducir la sobredimensión que había adquirido la estructura de la AFIP. Según el decreto, la nueva agencia se propone como una solución para mejorar el control tributario y aduanero mediante una operatividad más ágil, en línea con las políticas de reorganización y transparencia administrativa impulsadas por el Poder Ejecutivo.

En complemento, el Decreto 954/2024 designa a Florencia Lucila Misrahi como Directora Ejecutiva de la ARCA, quien estará a cargo del organismo por un período de cuatro años. 

Andrés Edgardo Vázquez asumirá como Director General de la Dirección General Impositiva, mientras que José Andrés Velis fue nombrado como Director General de la Dirección General de Aduanas. Con estas designaciones, el Gobierno busca asegurar la continuidad de las funciones esenciales en materia de recaudación y control aduanero en un contexto de reforma del Estado.

La nueva agencia será la responsable de las tareas de fiscalización y recaudación tributaria, así como del control de la seguridad social y las operaciones aduaneras, asumiendo además las funciones y competencias de la disuelta AFIP.

Los argumentos para disolver la AFIP y crear la ARCA, según el decreto

El decreto completo

Con información de agencias.

IG

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó hoy importantes reformas en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre las que destaca la reducción de 3.000 empleos.

Sturzenegger explicó que la AFIP, uno de los organismos más grandes del sector público, sufrirá una reducción del 15% de su planta. Esto equivale a la desvinculación de agentes, en línea con la creación de un nuevo ente recaudador: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta entidad reemplazará a la AFIP y estará dirigida por Florencia Misrahi, quien fuera titular de la AFIP hasta el lunes.

El Gobierno proyecta un ahorro de $6.400 millones anuales con la eliminación de 3.155 puestos que, según fuentes oficiales, fueron incorporados de manera irregular durante la anterior gestión. Este ajuste forma parte de un plan mayor de reestructuración estatal que busca disminuir el tamaño del Estado y hacer más eficiente su funcionamiento.

Sturzenegger destacó que la creación de la ARCA busca “simplificar la estructura estatal” y reducir los costos operativos. Además, con esta medida, el Gobierno reducirá un 34% de los cargos públicos en el organismo, eliminando jerarquías innecesarias y mejorando la eficiencia en la recaudación tributaria y aduanera.

El ministro subrayó que la política de simplificación del Gobierno apunta a eliminar barreras burocráticas y reducir el gasto público. “Cada gasto que el Gobierno hace es un impuesto al contribuyente”, afirmó Sturzenegger en una entrevista radial, donde también destacó que la agenda anticorrupción está estrechamente vinculada con la desregulación y la eficiencia administrativa.

Entre los ejemplos de burocracia innecesaria, Sturzenegger mencionó los “peajes” que encarecen las importaciones, favoreciendo la corrupción y el proteccionismo oculto. La nueva ARCA busca combatir estos problemas, ofreciendo un marco más transparente y eficiente.

CRM con información de la agencia NA

El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) convocó a una asamblea general de sus trabajadores y expresó su enérgico rechazo a la disolución de la AFIP que anunció este lunes el Gobierno de Javier Milei, mientras que desde la Unión del Personal Superior de la AFIP se afirmó que “no hay ñoquis” en ese organismo.

“En atención al comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la Nación en el día de hoy, el SUPARA manifiesta su total y enérgico repudio y rechazo a la disolución de la AFIP y a la desvinculación masiva de trabajadores del organismo. Esta medida, además de intempestiva, es violatoria de la Constitución Nacional y de las normas laborales vigentes”, sostiene el comienzo del comunicado de SUPARA.

Considera que “el anuncio del despido masivo de 3.155 agentes de la AFIP (ingresados bajo procesos de selección debidamente auditados) constituye una clara violación a los derechos laborales consagrados en nuestra Carta Magna”.

Además indica que “los trabajadores involucrados gozan de la estabilidad garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual protege a los empleados públicos de la arbitrariedad y abuso de poder por parte del gobierno. Esta estabilidad no puede ser vulnerada bajo excusas administrativas ya que atenta contra la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante la ley”.

Por otra parte, afirman que “la disolución de la AFIP no es más que un intento de debilitar al Estado y las potestades de control a su cargo, en detrimento del interés colectivo. El Presidente, bajo el disfraz de una supuesta ”modernización del Estado“, está desmantelando las estructuras fundamentales del Estado Nacional, destruyendo organismos esenciales para garantizar la soberanía y el desarrollo económico de la Nación”.

“Denunciamos que esta medida no solo es un golpe directo a los trabajadores, sino también un ataque a la esencia misma del Estado, socavando su rol en la protección de los bienes públicos y el cumplimiento de la ley”; sentenciaron desde SUPARA.

“No hay ñoquis”, aseguran desde la Unión del Personal de AFIP

En tanto, el secretario general nacional de la Unión del Personal Superior (UPS) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Julio Estévez, se refirió a la creación de la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y sostuvo que en AFIP “no hay ñoquis” y que “falta” gente para trabajar.

En declaraciones a Radio Splendid, indicó que el gobierno de Javier Milei “toma a la AFIP como un organismo de gasto” y que, contrariamente, lo que debería hacer es “reforzarla” para “proteger al país”. “Lo primero que sentimos fue sorpresa, terror. Para recaudar necesitás equipo y personal. A la AFIP no le sobra gente, le falta personal y, ahora, están diciendo que vas a echar 3 mil empleados”, sostuvo.

Asimismo, resaltó que, si bien “el logro del Gobierno es el equilibrio fiscal”, también debería hacer hincapié en recaudar a través de los impuestos: “Ya le pegaste todo lo que podías pegarle a la gente con el gasto; ahora la recaudación es la AFIP”, añadió. “Nos toman como un organismo de gasto y no de ingreso. Somos 20 mil empleados y el único medio de recaudación del país. No dan las cuentas para que reduzcan personal y así recaudar más. Un supermercado abre más líneas de cajas si hay más compradores”, indicó

Por otra parte, señaló que, si bien se necesita renovar las herramientas informáticas, ya que tienen las mismas hace una década, también se requiere de “personas” porque con inteligencia artificial“ no se pueden realizar las tareas que lleva adelante un ente recaudador. ”Lo único que veo, es que el que va a ganar plata es el que hace los cartelitos que digan ARCA en lugar de AFIP“, finalizó.

CRM con información de Infogremiales y la agencia NA

El Gobierno nacional eliminó la presencia de veedores sectoriales para la habilitación de importación con el fin de facilitar el ingreso de mercadería al país. Lo hizo a través de la Resolución 5586/24 de AFIP, pese al anuncio de que había sido eliminada desde este lunes.

La normal derogó las circulares 701/99 y 799/2000, que obligaban a tener un veedor de la industria nacional para liberar un contenedor en canal rojo cuando se importaban bienes de ese sector.

“¿Cómo decirlo?: si querías importar calzado un veedor de la industria del calzado tenía que emitir su opinión; si querías importar caños para el sector petrolero, un representante de la siderurgia nacional tenía que dictaminar…hasta había listas de personas con nombre y apellido autorizadas con esta finalidad”, explicó en su cuenta de “X” en ministro de Desregulación y Modernización, Federico Sturzenegger.

Entre los considerandos, se señaló que “en base a la experiencia recogida en la aplicación del sistema de participación de las cámaras, federaciones y asociaciones sectoriales como observadoras en los actos de verificación, conforme lo informado por las áreas operativas competentes de la Dirección General de Aduanas, ha resultado de baja concurrencia”.

Añadió que “la presente medida se orienta al logro de una gestión pública ágil, eficiente y eficaz, sin que ello desvirtúe el control aduanero y la trazabilidad de las operaciones de importación”.

La explicación de Sturzenegger para elimina los valores de referencia

“Por la Resolución 5587/24 de Florencia Misrahi de la ex AFIP dependiente del Ministerio de Economía de Luis Caputo damos por finalizado el uso de los ”valores de referencia“ para la exportación, un engendro kirchnerista fuente de burocracia y corrupción. Su eliminación, a su vez, mejora el precio de venta al exterior de nuestras exportaciones.

Hasta esta resolución ciertos sectores debían aportar una garantía para cubrir la diferencia entre el valor de exportación declarado y el de un precio de referencia (mayor) que definía la AFIP. Esa garantía implicaba un costo que reducía el precio neto de exportación.

Además de esta pérdida de rentabilidad, la operación implicaba engorrosos trámites, tanto para el contribuyente como para la Aduana. Ni que hablar de las posibilidades de corrupción que se generaban en la determinación del precio y en el proceso de devolución de la garantía.

A partir de la Resolución 5587/24 todo este sistema desaparece para otorgarle más rentabilidad al sector privado y generar más transparencia y menos corrupción en el sector público, todos objetivos del presidente Javier Milei“.

El sindicato AEFIP, que representa a empleados de la AFIP, definirá en las próximas horas medidas de fuerza en rechazo a la disolución del organismo que anunció el Gobierno.

“No hay margen para evitar un plan de lucha”, sostuvo Pablo Flores, titular de AEFIP, en declaraciones periodísticas.

Y agregó: “Vamos a sacar el estado de alerta general, vamos a hacer movilizaciones y haremos más medidas en cuanto conozcamos los detalles. Lo más preocupante son los 3.100 puestos de trabajo de compañeros”.

“Si ellos evalúan que hay mucha gente en el Estado, la verdad es que en todas las áreas hay reclamos de falta de personal”, señaló Flores.

AEFIP emitió también un comunicado oficial en el que aclaran que en todos los períodos de Gobierno “hubo ingresos de personal, sin excepción, sencillamente porque la planta se reduce vegetativamente por cuestiones naturales”. Y aseguraron que la AFIP tiene el mismo nivel de personal desde su creación y menos que en 2019.

De acuerdo al gremio, la creación de la AFIP significó un avance en materia de “recaudación y fiscalización del Estado” y destacaron “el alto grado de formación y capacitación” de sus empleados.

Asimismo, repudiaron “el vaciamiento del Estado y una intencional política tributaria en favor de los grandes grupos económicos y los sectores más pudientes de la sociedad, ya que lejos de generar ahorros en las cuentas públicas, con estas medidas se profundiza la disminución de la capacidad recaudatoria”.

“AEFIP y el conjunto de trabajadores de nuestro organismo no vamos a convalidar ni tolerar esta política unilateral de avasallamiento de derechos y destrucción de las fuentes de trabajo”, concluye la comunicación oficial.

El rechazo del gremio de Aduaneros

El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) convocó a una asamblea general para sus trabajadores y expresó su enérgico rechazo a la disolución de la AFIP, medida que este lunes anunció el Gobierno de Javier Milei.

“En atención al comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la Nación en el día de hoy, el SUPARA manifiesta su total y enérgico repudio y rechazo a la disolución de la AFIP y a la desvinculación masiva de trabajadores del organismo. Esta medida, además de intempestiva, es violatoria de la Constitución Nacional y de las normas laborales vigentes”, sostuvo el comienzo del comunicado.

Consideró que “el anuncio del despido masivo de 3.155 agentes de la AFIP (ingresados bajo procesos de selección debidamente auditados) constituye una clara violación a los derechos laborales consagrados en nuestra Carta Magna”.

Además, indicó que “los trabajadores involucrados gozan de la estabilidad garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual protege a los empleados públicos de la arbitrariedad y abuso de poder por parte del Gobierno”.

“Esta estabilidad no puede ser vulnerada bajo excusas administrativas ya que atenta contra la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante la ley”, añadió.

Por otra parte, afirmó que “la disolución de la AFIP no es más que un intento de debilitar al Estado y las potestades de control a su cargo, en detrimento del interés colectivo”.

“El Presidente, bajo el disfraz de una supuesta ”modernización del Estado“, está desmantelando las estructuras fundamentales del Estado Nacional, destruyendo organismos esenciales para garantizar la soberanía y el desarrollo económico de la Nación”, remarcó.

Por último, el SUPARA sentenció: “Denunciamos que esta medida no solo es un golpe directo a los trabajadores, sino también un ataque a la esencia misma del Estado, socavando su rol en la protección de los bienes públicos y el cumplimiento de la ley”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló que, en lugar de la AFIP, se creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un organismo con menos costos y burocracia.

La medida implicará una reducción del 45% en las autoridades superiores y un 31% en los niveles inferiores, lo que supone una eliminación del 34% de la estructura actual y un ahorro estimado de 6.400 millones de pesos al año.

Con información de agencias.

IG

El gobierno de Javier Milei anunció este lunes un cambio profundo en la estructura fiscal del país con la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este nuevo organismo, según el anuncio, tendrá una “estructura más simple, eficiente, menos costosa y menos burocrática”. La medida forma parte de la reconfiguración del aparato estatal, con el objetivo de reducir el gasto público y mejorar la gestión de los recursos fiscales.

Al frente de la ARCA estará Florencia Misrahi, quien ya lideraba la AFIP y estará acompañada por dos nuevos directores generales, quienes se encargarán de las áreas más cruciales del organismo: la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

El nuevo titular de la DGI, excolaborador de el recaudador K, Ricardo Echegaray

Andrés Edgardo Vázquez, un experimentado profesional con más de tres décadas de carrera en la Dirección General Impositiva, asumirá como director de este organismo. Vázquez es Licenciado en Administración de Empresas y Contador Público, y su extenso currículum incluye una trayectoria de más de 30 años en la DGI, donde ha trabajado en distintos niveles de responsabilidad.

También se destaca por haber sido colaborador de Ricardo Echegaray, exjefe de la AFIP durante siete de los ocho años de presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Echegaray fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública por el delito de defraudación al Estado.

La condena se relaciona con el otorgamiento irregular de planes de pago a la empresa Oil Combustibles, propiedad de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Echegaray fue considerado autor penalmente responsable de administración fraudulenta agravada por haber sido en perjuicio de la administración pública. Aunque López y De Sousa fueron absueltos, la Justicia corroboró que gracias al delito cometido por Echegaray, el Grupo Indalo, al que pertenecía Oil Combustibles, pudo expandir sus negocios. El exfuncionario de Cristina sigue en libertad mientras se resuelven los recursos presentados por su defensa.

José Andrés Velis: experto en aduanas al mando de la DGA

Por su parte, José Andrés Velis, quien también cuenta con una sólida carrera en la administración pública, tomará las riendas de la Dirección General de Aduanas. Velis ha sido clave en el desarrollo de sistemas informáticos fundamentales para la gestión aduanera, entre ellos el sistema Malvina, que es un pilar en el control y seguimiento de operaciones de comercio exterior. El Gobierno entiende que la experiencia en tecnología aplicada a la administración aduanera de Velis será vital para los objetivos de modernización que se persiguen para el nuevo organismo recaudador.

La reestructuración de la AFIP también trae consigo importantes recortes. El vocero presidencial, Manuel Adorni, quien fue el encargado de este relevante anuncio sobre el cambio en el área impositiva, innformó que se reducirá un 45% de los cargos superiores de la actual AFIP en la futura ARCA, así como un 31% de los niveles inferiores, lo que implica una eliminación del 34% de la estructura total del organismo. Además, alrededor de 3.155 empleados que fueron contratados en el último año, durante el gobierno anterior, serán desvinculados por haber ingresado de manera irregular, lo que representa el 15% del personal actual.

El ahorro estimado por estos recortes se calcula en $6.400 millones anuales.

Otra de las medidas anunciadas incluye la eliminación de la Cuenta de Jerarquización, un beneficio que permitía a los altos cargos de la AFIP recibir salarios notablemente superiores al promedio estatal. Con esta reforma, por ejemplo, la jefa de AFIP y de la futura ARCA, Misrahi, verá reducido su sueldo, que hasta hace poco rondaba los $30 millones mensuales, a aproximadamente $5 millones, equiparándose con el salario de un ministro. Los nuevos directores de la DGI y la DGA también recibirán remuneraciones acordes a este nuevo esquema salarial, según se informó.

JJD

No va más la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El gobierno de Javier Milei anunció que la disolverá y que en su lugar creará un organismo más pequeño en su estructura, tras despedir a 3.155 personas, que se llamará Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). A pesar de esta novedad, anunciada como una medida positiva por las redes gubernamentales, la administración libertaria sigue sin devolver las retenciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales a al menos 300.000 personas.

Como ya se indicó en esta nota de elDiarioAR, la aún existente AFIP anunció que comenzó la devolución de percepciones relacionadas con los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales que sobre los consumos en dólares y la compra de moneda extranjera a quienes no quedaron vedados de realizarla a través de homebanking. Cientos de miles de personas ya deberían haber cobrado esas devoluciones, que bajo el gobierno de Milei empezaron excesivamente tarde y demorarán aún más de lo previsto.

Estas percepciones son, según el caso, por el 35% o el 45% de anticipo de Ganancias por compras en moneda extranjera. A eso se le añade el 25% de Bienes Personales, en casos de consumos mensuales superiores a US$300.

La devolución les corresponde a más de 300.000 contribuyentes que pagaron de manera anticipada estos impuestos y se llevará a cabo de manera escalonada durante un período de seis meses desde en octubre. Es decir que la AFIP, que ya incumplió en la gestión de Javier Milei el plazo máximo administrativo habitual de 60 días hábiles desde que empieza el año para efectuar estas devoluciones, ahora también se tomará hasta 180 días extra para devolver estos impuestos a las personas.

Estos reintegros incluyen tanto el capital percibido como los intereses acumulados hasta el momento del cobro que, sin embargo, están muy por debajo de la inflación, que sólo en lo que va del gobierno de La Libertad Avanza lleva acumulado un 120,3%. Las devoluciones se realizarán en el orden en que cada contribuyente haya presentado sus solicitudes.

Una devolución tardía que corresponde a los pequeños contribuyentes

Según fuentes de la AFIP, la devolución abarca las percepciones correspondientes a los períodos fiscales hasta 2023 inclusive, en el marco de la Resolución General N° 4815/20. Esta normativa establece un régimen de percepción anticipada de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales para las compras de dólares, ya sea para ahorro o para pagar gastos en el exterior.

En lo que va de 2024, la AFIP ya ha devuelto $50.000 millones en este concepto, y aún resta reintegrar $139.600 millones adicionales, que equivalen a aproximadamente US$147 millones. La importancia de esta devolución radica en que la mayoría de los beneficiarios son pequeños contribuyentes, quienes han enfrentado demoras de hasta un año para recibir los montos adeudados.

A medida que la AFIP avanza en este proceso de devolución, muchos contribuyentes están expectantes, ya que el organismo aún debe hacer frente a una deuda que afecta al 70% de los casos, con retrasos de entre seis meses y un año.

Después de meses de espera, el lunes de la semana pasada, empezando ya el décimo mes del año, varios contribuyentes reportaron que sus solicitudes presentadas por consumos realizados en 2023 y 2022 finalmente muestran un cambio de estado, con la aprobación automática de las devoluciones.

Los reportes llegaron a partir de este lunes, cuando muchos observaron que la plataforma de AFIP actualizó el estado de sus solicitudes a “Devolución automática aprobada (24-70)”. Sin embargo, al ingresar al servicio “Pago devoluciones” de AFIP el casillero de la fecha de pago figura vacío, sin información.

El proceso viene sufriendo importantes demoras desde el gobierno de La Libertad Avanza. Estas percepciones fueron aplicadas desde el gobierno de Alberto Fernández para la compra de dólares y pagos en el exterior, con Martín Guzmán, creador de este sistema y del impuesto PAÍS, como ministro de Economía.

Esta polémica retención sobre la compra de moneda extranjera y pagos en dólares fue justificada como un anticipo del impuesto a las Ganancias, pero su implementación generó más molestias que soluciones.

Este retraso en devolver fondos que se habían cobrado en exceso a los contribuyentes no es solo una cuestión técnica, sino una muestra de cómo ambos gobiernos, el de Fernández y el de Milei, han fallado en cumplir con los plazos prometidos con las personas que pagan los impuestos.

La pregunta ahora es si con la futura ARCA, que el gobierno de Milei promete que sea “más simple, más eficiente, menos costosa y menos burocrática”, se agilizará la devolución de esos dineros que les corresponden a las personas que pagaron y pagan sus impuestos. 

La AFIP es el organismo encargado de la recaudación de impuestos y la administración de los recursos públicos desde 1996, cuando fue creado durante la segunda presidencia de Carlos Menem (PJ), a partir de la fusión de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Administración Nacional de Aduanas, mediante el Decreto 1156/961. La AFIP tiene el carácter de entidad autárquica y opera bajo el ámbito del Ministerio de Economía.

Si aún no pediste la devolución, ¿cómo tenés que hacer?

Para pedir la devolución de las percepciones correspondientes a la Resolución General 4815 (retenciones por compra de dólares o pagos en moneda extranjera), deberás seguir los siguientes pasos:

• Ingresar a tu cuenta de AFIP

-Accedé al sitio web de la AFIP.

-Iniciá sesión con tu CUIT y clave fiscal.

• Seleccionar el servicio “Devolución de percepciones”

-En el menú de tu cuenta, buscá el servicio llamado “Devolución de percepciones”. Si no lo tenés habilitado, deberás activarlo ingresando en “Administrador de relaciones de clave fiscal”.

-Agregá el servicio “Devolución de Percepciones RG 4815”.

• Generar la solicitud de devolución

-Dentro del servicio “Devolució de percepciones”, hay un botón que dice “Nuevo” donde hay que introducir mes a mes las percepciones que deseás solicitar. Los montos a devolver aparecen calculados automáticamente en función de los consumos.

-El sistema te pedirá que confirmes los períodos correspondientes y los montos retenidos que quieras reclamar.

-Asegurate de tener cargados tus datos bancarios en la AFIP, ya que la devolución se realizará por depósito en cuenta.

• Monitorear el estado de la solicitud

-Una vez que hayas presentado la solicitud, podés hacer el seguimiento del trámite en la misma sección de “Devolución de percepciones”. Ahí verás el estado de tu pedido.

• Declarar el Impuesto a las Ganancias, si aplica

-Si estás obligado a presentar la declaración jurada de Ganancias o Bienes Personales, tenés que hacerlo antes de solicitar la devolución, ya que la AFIP cruza esa información para validar la solicitud.

• Consultar el estado de la devolución

-Regularmente revisa el estado de tu solicitud. Si ves un cambio a “Devolución automática aprobada (24-70)”, significa que tu pedido ha sido aprobado y la devolución será procesada en los próximos días.

•Consultar con un contador

-Si tu situación es compleja o tenés dudas sobre el procedimiento, es recomendable que consultes con un contador para asegurarte de que toda la documentación esté correcta y presentada.

• Tené en cuenta que este proceso puede demorar varios meses, como se ha visto en muchos casos recientes. La clave está en mantener un seguimiento constante y estar atento a cualquier notificación o actualización en tu cuenta de AFIP.

DM/JJD

El Gobierno anunció hoy que se disolverá la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), “un organismo con estructura más simple, más eficiente, menos costosa y menos burocrática”.

La medida implicará, según los cálculos oficiales, una reducción del 45% del personal para las autoridades superiores y un 31% en los niveles inferiores, lo que supone una eliminación del 34% de la estructura actual y un ahorro estimado de 6.400 millones de pesos al año.

Además, el Gobierno procederá a la desvinculación de 3.155 empleados que ingresaron, según su opinión, de “manera irregular” durante el último gobierno kirchnerista, lo que representa el 15% del personal actual de la AFIP.

La nueva ARCA también eliminará la Cuenta de Jerarquización para altos cargos, lo que reducirá el salario de su titular a unos 4 millones de pesos, equiparándolo con el de un ministro. Los salarios de los directores de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) seguirán el mismo esquema. Hasta ahora, el jefe de AFIP cobraba hasta $30 millones.

La dirección de ARCA estará a cargo de Florencia Misrahi, hasta ahora encargada de la AFIP, acompañada por Andrés Gerardo Vázquez en la DGI y José Andrés Velis en la DGA, quienes liderarán el proceso de reorganización y profesionalización del nuevo organismo. En medio de esta movida. el abogado corporativo Eduardo Mallea fue desplazado del cargo al frente de la Aduana.

El sueldo de Misrahi es uno de los que pasará por la motosierra. La funcionara, que hoy cobra unos $32 millones comenzará a ganar lo mismo que un ministro, unos $4 millones. Lo mismo ocurrirá con el personal de cargos jerarquicos cuyos sueldos se estiman en más de $17 millones mensuales. Sus salarios serán equiparados a los de un secretario de Estado, con sueldos inferiores a los $4 millones.

Vázquez, que reemplazará a su vez a Gabriel Ramírez, cuenta con un pasado polémico. Fue encargado de inteligencia de la AFIP en la gestión del kirchnerista Ricardo Echegaray. Como tal, envió un día 200 inspectores al Grupo Clarín y fue acusado de proteger a empresarios K como Cristóbal López y Lázaro Báez y de girar US$500.000 a una cueva del banco francés BNP Paribas en el exterior. La Justicia nunca lo halló culpable de nada de esto.

De acuerdo al argumento oficial, estas medidas se toman “en el marco de la reducción del Estado y la eliminación de estructuras ineficientes”, comunicó la Oficina del Presidente. “La creación de ARCA tiene como objetivo la reducción del Estado, la eliminación de cargos innecesarios, la profesionalización del ente, la destrucción de los circuitos corruptos, y la mejora en la eficiencia de la recaudación y el contjol aduanero, eliminando los privilegios del pasado y optimizando la gestión pública”, añade el texto.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es el organismo encargado de la recaudación de impuestos y la administración de los recursos públicos. Fue creada en 1996, durante la segunda presidencia de Carlos Menem (PJ), a partir de la fusión de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Administración Nacional de Aduanas, mediante el Decreto 1156/961. La AFIP tiene el carácter de entidad autárquica y opera bajo el ámbito del Ministerio de Economía.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue quien realizó el anuncio esta tarde en Casa Rosada. Allí, repitió los argumentos que viene utilizando el Gobierno cada vez que cierra un organismo: “Como reza el principio que el Presidente anunció el 10 de diciembre en el momento de su asunción, el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en defensa de la vida, la propiedad y la libertad. Ese liberalismo es lo que nos llevó a ser una de las principales potencias del mundo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hacia esa Argentina queremos ir sin AFIP, sin Inadi y sin ningún otro organismo que cercene la libertad de la gente de bien”, dijo Adorni.

CRM

El anuncio de la AFIP de prorrogar la postergación del vencimiento de la primera cuota del anticipo del Impuesto a las Ganancias para trabajadores autónomos llega tras las expectativas de contadores y asesores tributarios, quienes anticiparon la necesidad de más tiempo para el cumplimiento de este impuesto.

El organismo explicó que, de esta manera, todos los contribuyentes contarán con el mismo plazo, que originalmente se encontraba estipulado entre el 14 y el 16 de octubre, dependiendo de la terminación del CUIT. Esta extensión busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en un contexto donde los contribuyentes se enfrentan a cambios normativos y ajustes en la carga impositiva.

Sin embargo, la AFIP también aclaró que, debido a esta prórroga, no estarán habilitadas las opciones de débito automático y pago telefónico mediante tarjetas de crédito, ni el débito en cuenta a través de cajeros automáticos para el ingreso del primer anticipo.

El anticipo del Impuesto a las Ganancias para autónomos se calcula en función del impuesto liquidado en el período anterior, estableciendo cinco cuotas mensuales del 20%. Al finalizar el año fiscal, se ajusta el saldo de acuerdo al impuesto determinado para el período actual. Esta metodología ha generado preocupación entre los asesores tributarios, quienes advierten que la AFIP no ha actualizado las condiciones después de los cambios introducidos por el paquete fiscal en el Congreso.

Ajustes para asalariados

En otro aspecto relevante, la AFIP también publicó nuevas tablas y deducciones para los asalariados que pagan el Impuesto a las Ganancias. Estas correcciones son necesarias debido a un error en las tablas que se utilizaron para liquidar los salarios de septiembre, que se pagaron en octubre. Según el paquete fiscal, debía realizarse una actualización extraordinaria de escalas y deducciones en función de la inflación acumulada entre junio y agosto, fijada en un 13,33%. Sin embargo, la AFIP aplicó un ajuste erróneo del 8,37%, omitiendo el mes de junio en su cálculo.

Esta discrepancia ha llevado a que muchas empresas se enfrenten a la obligación de devolver montos a sus empleados, ya que aquellos que, debido a la falta de ajuste, pagaron más impuestos de los que les correspondía ahora deberán ser compensados.

DM

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha comenzado la devolución de percepciones relacionadas con los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales que sobre los consumos en dólares y la compra de moneda extranjera a quienes no quedaron vedados de realizarla a través de homebanking. Cientos de miles de personas ya deberían haber cobrado esas devoluciones, que bajo el gobierno de Javier Milei empezaron excesivamente tarde y demorarán aún más de lo previsto.

Estas percepciones son, según el caso, por el 35% o el 45% de anticipo de Ganancias por compras en moneda extranjera. A eso se le añade el 25% de Bienes Personales, en casos de consumos mensuales superiores a US$300.

La devolución les corresponde a más de 300.000 contribuyentes que pagaron de manera anticipada estos impuestos y se llevará a cabo de manera escalonada durante un período de seis meses desde en octubre. Es decir que la AFIP, que ya incumplió en la gestión de Javier Milei el plazo máximo administrativo habitual de 60 días hábiles desde que empieza el año para efectuar estas devoluciones, ahora también se tomará hasta 180 días extra para devolver estos impuestos a las personas.

Estos reintegros incluye tanto el capital percibido como los intereses acumulados hasta el momento del cobro que, sin embargo, están muy por debajo de la inflación, que sólo en lo que va del gobierno de La Libertad Avanza lleva acumulado un 120,3%. Las devoluciones se realizarán en el orden en que cada contribuyente haya presentado sus solicitudes.

Una devolución tardía que corresponde a los pequeños contribuyentes

Según fuentes de la AFIP, la devolución abarca las percepciones correspondientes a los períodos fiscales hasta 2023 inclusive, en el marco de la Resolución General N° 4815/20. Esta normativa establece un régimen de percepción anticipada de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales para las compras de dólares, ya sea para ahorro o para pagar gastos en el exterior.

En lo que va de 2024, la AFIP ya ha devuelto $50.000 millones en este concepto, y aún resta reintegrar $139.600 millones adicionales, que equivalen a aproximadamente US$147 millones. La importancia de esta devolución radica en que la mayoría de los beneficiarios son pequeños contribuyentes, quienes han enfrentado demoras de hasta un año para recibir los montos adeudados.

A medida que la AFIP avanza en este proceso de devolución, muchos contribuyentes están expectantes, ya que el organismo aún debe hacer frente a una deuda que afecta al 70% de los casos, con retrasos de entre seis meses y un año.

Después de meses de espera, el lunes de la semana pasada, empezando ya el décimo mes del año, varios contribuyentes reportaron que sus solicitudes presentadas por consumos realizados en 2023 y 2022 finalmente muestran un cambio de estado, con la aprobación automática de las devoluciones.

Los reportes llegaron a partir de este lunes, cuando muchos observaron que la plataforma de AFIP actualizó el estado de sus solicitudes a “Devolución automática aprobada (24-70)”. Sin embargo, al ingresar al servicio “Pago devoluciones” de AFIP el casillero de la fecha de pago figura vacío, sin información.

El proceso viene sufriendo importantes demoras desde el gobierno de La Libertad Avanza. Estas percepciones fueron aplicadas desde el gobierno de Alberto Fernández para la compra de dólares y pagos en el exterior, con Martín Guzmán, creador de este sistema y del impuesto PAÍS, como ministro de Economía.

Esta polémica retención sobre la compra de moneda extranjera y pagos en dólares fue justificada como un anticipo del impuesto a las Ganancias, pero su implementación generó más molestias que soluciones.

Este retraso en devolver fondos que se habían cobrado en exceso a los contribuyentes no es solo una cuestión técnica, sino una muestra de cómo ambos gobiernos, el de Fernández y el de Milei, han fallado en cumplir con los plazos prometidos con las personas que pagan los impuestos.

Si aún no pediste la devolución, ¿cómo tenés que hacer?

Para pedir la devolución de las percepciones correspondientes a la Resolución General 4815 (retenciones por compra de dólares o pagos en moneda extranjera), deberás seguir los siguientes pasos:

• Ingresar a tu cuenta de AFIP

-Accedé al sitio web de la AFIP.

-Iniciá sesión con tu CUIT y clave fiscal.

• Seleccionar el servicio “Devolución de percepciones”

-En el menú de tu cuenta, buscá el servicio llamado “Devolución de percepciones”. Si no lo tenés habilitado, deberás activarlo ingresando en “Administrador de relaciones de clave fiscal”.

-Agregá el servicio “Devolución de Percepciones RG 4815”.

• Generar la solicitud de devolución

-Dentro del servicio “Devolució de percepciones”, hay un botón que dice “Nuevo” donde hay que introducir mes a mes las percepciones que deseás solicitar. Los montos a devolver aparecen calculados automáticamente en función de los consumos.

-El sistema te pedirá que confirmes los períodos correspondientes y los montos retenidos que quieras reclamar.

-Asegurate de tener cargados tus datos bancarios en la AFIP, ya que la devolución se realizará por depósito en cuenta.

• Monitorear el estado de la solicitud

-Una vez que hayas presentado la solicitud, podés hacer el seguimiento del trámite en la misma sección de “Devolución de percepciones”. Ahí verás el estado de tu pedido.

• Declarar el Impuesto a las Ganancias, si aplica

-Si estás obligado a presentar la declaración jurada de Ganancias o Bienes Personales, tenés que hacerlo antes de solicitar la devolución, ya que la AFIP cruza esa información para validar la solicitud.

• Consultar el estado de la devolución

-Regularmente revisa el estado de tu solicitud. Si ves un cambio a “Devolución automática aprobada (24-70)”, significa que tu pedido ha sido aprobado y la devolución será procesada en los próximos días.

•Consultar con un contador

-Si tu situación es compleja o tenés dudas sobre el procedimiento, es recomendable que consultes con un contador para asegurarte de que toda la documentación esté correcta y presentada.

• Tené en cuenta que este proceso puede demorar varios meses, como se ha visto en muchos casos recientes. La clave está en mantener un seguimiento constante y estar atento a cualquier notificación o actualización en tu cuenta de AFIP.

DM/JJD