Los hogares trabajadores siguieron recortando compras en febrero y el dato más nítido volvió a aparecer en los supermercados, uno de los canales más sensibles del consumo cotidiano. Las ventas a precios constantes cayeron 3,1% frente al mismo mes del año pasado y acumularon una baja de 2,1% en el primer bimestre de 2026. El retroceso se apoyó sobre una secuencia previa de meses flojos: el INDEC había registrado una caída de 2,8% en noviembre de 2025, una suba de apenas 0,5% en diciembre y otra baja de 1,2% en enero.

Ese recorrido vuelve más difícil leer febrero como un tropiezo puntual. Lo que muestran los números es otra cosa: un consumo básico que no logra afirmarse aun después de varios meses sin saltos inflacionarios como los que marcaron el arranque del gobierno. Con la inflación recargada de 2026, el panorama es aún más incierto.

En la vida diaria, eso se traduce en changos más chicos, compras más medidas y una administración más estricta del ingreso. El informe oficial lo registra en cantidades vendidas y también en el empleo del sector: en supermercados, el personal ocupado fue de 97.839 personas, 2% menos que un año atrás.

En plata corriente, las ventas subieron; en volumen, no. Los supermercados facturaron en febrero $2,214 billones, un alza interanual de 23,5%, pero esa mejora nominal no alcanzó para revertir la caída en términos reales. El ticket promedio fue de $35.058, con una suba de 27,9% frente a febrero de 2025. Dicho de otro modo, los hogares dejaron más pesos en la caja, pero eso no se tradujo en una recuperación del consumo.

La composición de las ventas ayuda a ver dónde siguió concentrado el gasto. En supermercados, el rubro Almacén explicó el 25,3% del total facturado; Carnes, el 14,4%; Artículos de limpieza y perfumería, el 13,8%; Bebidas, el 11,9%; y Lácteos, el 11%. Son categorías muy pegadas a la canasta cotidiana. En varias de ellas hubo subas nominales fuertes, como Carnes, con 46,9%, y Verdulería y frutería, con 37%, mientras el volumen general vendido siguió retrocediendo.

El mismo cuadro apareció en los autoservicios mayoristas, otro canal al que muchos hogares van cuando buscan bajar el costo por unidad. En febrero, las ventas a precios constantes cayeron 1,2% interanual. El acumulado enero-febrero mostró un alza mínima de 0,1%, pero el dato mensual volvió a moverse para abajo. En este caso también hubo un deterioro del empleo más fuerte que en supermercados: el personal ocupado fue de 13.111 personas, con una baja interanual de 8%. El ticket promedio llegó a $44.110, un 23,7% más que un año antes.

Mayoristas no reemplazó la debilidad de supermercados; la acompañó. Ese dato es relevante porque habla de hogares que ajustan incluso en los canales donde suelen buscar precios más convenientes. En este segmento, Almacén representó el 42,6% de la facturación y Artículos de limpieza y perfumería, el 26,4%. También aquí el gasto se concentró en bienes de uso corriente, no en compras prescindibles.

Los medios de pago agregan otra capa a esa foto. En supermercados, la tarjeta de crédito explicó el 43,6% de las ventas de febrero, con operaciones por $966.076 millones. La tarjeta de débito concentró el 25%, el efectivo el 16,8% y los otros medios de pago —como billeteras virtuales o QR— el 14,6%, con un salto interanual de 54,9%. En mayoristas, en cambio, el efectivo tuvo un peso mayor: representó el 26,4% de las ventas y creció 57%, mientras las operaciones con débito cayeron 13,6%. Más allá de la mezcla de instrumentos, el punto central es otro: el consumo siguió sostenido con más pesos y distintas formas de pago, pero sin mejorar en términos reales.

El tercer informe publicado por el INDEC, el de centros de compras, funcionó más como confirmación del clima general que como eje de la historia. En febrero, las ventas a precios constantes en shoppings cayeron 2,1% interanual y acumularon una baja de 1,1% en el primer bimestre. El dato muestra que la flojedad del consumo no quedó limitada a los alimentos o a la reposición del hogar, aunque para leer el bolsillo trabajador el termómetro principal siga estando en supermercados y mayoristas.

La suma de los tres informes difundidos este jueves por el INDEC deja una escena conocida para millones de trabajadores: compras más caras, ventas débiles y empleo comercial en retroceso. En supermercados, febrero cerró con una caída real de 3,1%; en mayoristas, con una baja de 1,2%; en centros de compras, con otra de 2,1%. Los tickets promedio subieron en valores nominales y el volumen no acompañó. Los puestos de trabajo en los canales relevados tampoco mostraron mejora. Cuando el consumo masivo no levanta en supermercados ni en mayoristas, el dato remite directamente a los ingresos con los que los hogares llegan [o no] a fin de mes.

JJD

Los trabajadores llegaron a febrero de este año, dos años y dos meses después de la asunción presidencial de Javier Milei, con Luis Caputo al frente del Palacio de Hacienda, con una economía que vuelve a achicarse en dos de las actividades que ordenan buena parte de la vida laboral cotidiana: la industria y el comercio.

El Estimador Mensual de Actividad Económica mostró una caída de 2,1% interanual y una baja de 2,6% respecto de enero en la serie desestacionalizada. En el acumulado del primer bimestre, la actividad quedó 0,2% por debajo de igual período de 2025.

El dato tiene una traducción directa sobre el mundo del trabajo porque la caída no aparece repartida de manera uniforme. Industria manufacturera y comercio mayorista, minorista y reparaciones fueron las ramas que más empujaron hacia abajo al indicador general. La industria cayó 8,7% interanual y el comercio 7%, y entre ambas le restaron 2,2 puntos porcentuales a la variación del EMAE de febrero.

Ahí está el núcleo del resultado. El informe del INDEC muestra que hubo ocho sectores con subas y siete con caídas, pero las mejoras no alcanzaron para compensar el peso de los rubros en baja. Eso explica por qué una economía con varias actividades en alza termina igual con resultado negativo: no todas las ramas pesan lo mismo en el nivel general.

Del lado de las subas, el rebote vino sobre todo de actividades primarias y extractivas. Pesca creció 14,8% interanual, Explotación de minas y canteras avanzó 9,9% y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura subió 8,4%. La minería fue la actividad de mayor incidencia positiva y, junto con el agro, aportó 0,8 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

La foto sectorial del gráfico de incidencias muestra mejor el problema. En febrero, además de la baja de industria y comercio, también cayeron construcción (-6%), hoteles y restaurantes (-4,2%), intermediación financiera (-0,3%), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,5%) y administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,5%).

En cambio, subieron electricidad, gas y agua (1%), transporte y comunicaciones (1%), enseñanza (0,9%), servicios sociales y de salud (0,1%) y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (6%).

La caída de febrero corta el arranque de año que había mostrado enero, cuando el EMAE había registrado una suba interanual de 1,7%. Con el dato nuevo, el acumulado del primer bimestre pasa a terreno negativo, con -0,2% frente al mismo tramo de 2025. En la serie desestacionalizada, además, el salto entre diciembre y enero había sido de 0,4%, pero febrero borró esa mejora con una contracción de 2,6%.

La comparación con los últimos meses también marca un cambio de ritmo. Entre marzo y octubre de 2025, el EMAE había mostrado variaciones interanuales positivas mes tras mes, con picos de 7,8% en abril, 6,3% en junio y 4,8% en septiembre. Luego llegó un -0,2% en noviembre, una recuperación a 3,3% en diciembre, el 1,7% de enero y ahora el retroceso de febrero. El movimiento deja una secuencia más inestable y con menos sostén en las ramas ligadas al mercado interno.

Para los trabajadores, la señal de febrero es menos una discusión estadística que una foto de dónde se enfría la actividad. La caída se concentra en fábricas, talleres, comercios y servicios asociados a la circulación de bienes. El repunte, en cambio, aparece en ramas que no alcanzan por sí solas para compensar el peso de esos sectores en el total. El propio INDEC subraya en su gráfico final que las mayores incidencias positivas fueron minería y agro, mientras las mayores incidencias negativas fueron industria y comercio.

El informe no incluye datos de empleo, salarios ni ingresos de los hogares. Eso limita cualquier lectura cerrada sobre puestos de trabajo o poder adquisitivo. Pero sí deja un dato concreto: en febrero la economía retrocedió y lo hizo por el lado de dos actividades centrales para el movimiento diario del trabajo. Con un primer bimestre en rojo y una baja mensual fuerte en la serie desestacionalizada, la actividad vuelve a dar una señal de enfriamiento sobre ramas donde se juega una parte sustancial de la vida material de quienes viven de su trabajo.

Datos clave

JJD

Los trabajadores que llegan a fin de mes usando billeteras virtuales, tarjetas o préstamos personales enfrentan en estos meses una dificultad cada vez mayor: la de poder pagar. Los atrasos crecen, la mora alcanza niveles récord en varios segmentos y el deterioro no se ciñe a los hogares; también afecta a las pequeñas empresas, en particular a las pymes.

Las familias no consiguen pagar a tiempo el 30% de la deuda que toman con billeteras virtuales y más del 11% de sus créditos con bancos tradicionales. La información surge de datos del Banco Central correspondientes a febrero. Para los hogares, la irregularidad en créditos bancarios ya es la más alta desde 2004, durante la normalización de la economía tras la debacle de 2001.

El dato de las billeteras virtuales es todavía más abrupto. La demora mayor a 90 días en entidades no financieras llegó al 29,9% en febrero, subió 2 puntos respecto de enero y triplicó el nivel de hace un año y medio. En ese grupo entran billeteras, cadenas comerciales, cooperativas y préstamos rápidos. Además, el 10,4% de los saldos familiares en ese segmento ya tiene más de un año de atraso y el sistema los considera “irrecuperables”.

Mirando a las empresas, en enero de 2026 la cartera PyME en situación irregular —las clasificaciones 3, 4 y 5 del BCRA, que implican atrasos mayores a 90 días— alcanzó al 8,2% del total de las empresas. En comparación con enero de 2025, la cantidad de pymes con incumplimientos bancarios de más de tres meses aumentó 93,5%. Entre las firmas con atrasos superiores a 180 días, el salto fue de 84,9% en doce meses.

Los datos también muestran qué hay detrás de esos atrasos. En las familias, los préstamos personales bancarios mantienen tasas cercanas al 70% nominal anual y un costo financiero total que ronda el 100%, mientras que en entidades no financieras el costo puede superar el 500% anual. En las pymes, se reducen los plazos de financiamiento y se mantiene un diferencial de tasas en contra de las empresas más chicas.

JP Morgan registró que los impagos a 90 días en los préstamos de Mercado Pago en Argentina subieron de 1,8% en diciembre de 2024 a 8,7% en diciembre de 2025. En el mismo período, la morosidad medida sobre saldos recientes pasó de 3,3% a 10,1%.

Ese aumento ocurre sobre una base cada vez más grande. Las líneas de crédito de Mercado Pago alcanzan a 6,3 millones de personas, con 21 millones de préstamos pendientes y un promedio de 3,3 créditos por usuario. De ese total, 205.000 corresponden a pymes.

Otra medición sobre el sistema en general muestra que la morosidad en créditos a familias pasó de 2,67% a 10,6% en un año, mientras que los préstamos personales alcanzan 13,2% y las tarjetas de crédito, 11%.

Las fuentes coinciden en el diagnóstico: un informe del Banco Provincia señala que 1 de cada 4 argentinos endeudados con billeteras virtuales no paga, y vincula ese dato con la caída del poder adquisitivo. En la medición por cantidad de personas, la proporción de deudores en mora llega al 24%.

Entre las pymes, los atrasos se extienden a distintos sectores: servicios, comercio, agro, construcción, industria y minería. En el sistema de garantías, la morosidad alcanza al 3,1% en las Sociedades de Garantía Recíproca y al 5,2% en los fondos públicos.

Las familias deben más y pagan peor. Las pymes venden menos, acceden a crédito más caro y también pagan peor. Esa combinación impacta en el mismo punto: el trabajo.

JJD

Criar a un hijo en la Argentina demandó en marzo de 2026 entre $515.236 y $676.431 por mes, según la edad, de acuerdo con el último informe del Indec. La cifra consolidó una tendencia de aumento sostenido del costo de vida para las familias trabajadoras, en un contexto donde los salarios formales siguen quedando por debajo de los precios.

El valor más alto correspondió al grupo de niños y niñas de 6 a 12 años, con una canasta de $676.431 mensuales, mientras que el tramo de 1 a 3 años alcanzó los $616.046. En los extremos, el costo fue de $515.236 para menores de un año y de $538.587 para el grupo de 4 a 5 años.

Una parte sustancial del costo correspondió al trabajo de cuidado. En el caso de niños de 1 a 3 años, por ejemplo, el Indec estimó $379.300 mensuales en cuidado frente a $236.746 en bienes y servicios. La estructura se repitió en todos los tramos etarios, con mayor peso del cuidado en los primeros años de vida.

El informe oficial definió la canasta de crianza como la suma de bienes, servicios y tiempo de cuidado valorizado económicamente. Este último componente se calcula en función de las horas necesarias para cada edad y del salario del personal de casas particulares.

El Indec estimó que un bebé menor de un año requirió 147 horas mensuales de cuidado, mientras que un niño de 1 a 3 años demandó 168 horas. Ese tiempo explica una parte decisiva del costo total. Criar no es solo consumir, sino trabajar. Y ese trabajo, en la mayoría de los casos, no está remunerado ni distribuido de manera equitativa.

El mismo indicador ya venía mostrando esta tendencia en los meses previos. En diciembre de 2025, por ejemplo, más del 60% del costo total en los primeros años correspondió al cuidado. En marzo de 2026, esa proporción se ubicó en el 64,4% para menores de un año y en el 61,6% para el tramo de 1 a 3 años, lo que confirmó su peso estructural dentro de la canasta.

Una escalada sostenida mes a mes

Según la tabla de evolución del propio Indec, el tramo de 6 a 12 años pasó de $513.720 en marzo de 2025 a $676.431 en marzo de 2026, lo que implicó un incremento nominal del 31,7% en un año.

El mismo patrón se repitió en el resto de las edades. En el grupo de 1 a 3 años, la canasta subió de $486.393 a $616.046 en el mismo período, con un aumento del 26,7% interanual.

El aumento del costo no encontró un correlato equivalente en los ingresos. Las notas previas sobre salarios ya habían registrado ese desfasaje: entre enero y noviembre de 2025, los salarios registrados crecieron 25,6% frente a una inflación de 27,9%, lo que implicó una caída real.

La combinación entre costos en alza y salarios rezagados es un problema que sufren las familias trabajadoras ya desde hace varios años, acentuado durante el gobierno de Javier Milei, y que mes a mes se confirma tomando distintos índices. Y el costo de la crianza es uno de ellos. En los informes previos del Indec, ningún tramo de edad figuraba por debajo de los $460.000 mensuales a fines de 2025, lo que colocaba el piso de la crianza muy por encima de muchas remuneraciones formales e informales.

El problema se profundiza en hogares con más de un niño o niña. Aunque el tiempo de cuidado no se suma de forma lineal, el gasto en bienes y servicios sí lo hace, lo que incrementa el peso total sobre los ingresos familiares.

El informe del Indec volvió a poner en evidencia que el componente más costoso de la crianza es el tiempo humano. Es decir que no se trata únicamente de alimentos, transporte o educación, sino de horas de trabajo necesarias para sostener la vida cotidiana. Y ese tiempo recae mayoritariamente sobre mujeres y condiciona su inserción laboral: les limita el acceso al empleo formal o bien las empuja a condiciones más precarias.

La valorización económica del cuidado no implicó su remuneración efectiva, sino su visibilización estadística. El costo existe, pero no está cubierto ni por el mercado ni por políticas públicas proporcionales.

JJD

El consumo de los hogares volvió a mostrar en marzo las señales de fragilidad que caracterizan a la política económica del tándem Javier Milei-Luis Caputo. El Índice de Consumo Privado (ICP-UP) registró una caída interanual del 2,6%, pese a una leve recuperación mensual del 0,7%, en un contexto marcado por el deterioro del ingreso real de los trabajadores.

El dato confirmó que la mejora mensual no alcanzó para revertir la tendencia de fondo: en el primer trimestre del año, el consumo acumuló una contracción del 2% respecto del mismo período de 2025. La evolución del indicador reflejó un escenario en el que los hogares ajustaron gastos ante la pérdida de poder adquisitivo, incluso en segmentos con empleo formal.

El ICP-UP, elaborado por la Universidad de Palermo como indicador anticipado del consumo, mostró además que el nivel de marzo se ubicó por debajo del registrado un año atrás, aunque todavía por encima de los valores observados entre 2018 y 2024. Esta combinación evidenció una recuperación incompleta, con un piso más alto que en crisis previas pero sin capacidad de sostener el consumo frente a la inflación.

El comportamiento de los salarios formales durante 2025 ya había anticipado este deterioro. Según datos del Indec, el índice de salarios del sector privado registrado aumentó 25,6% entre enero y noviembre, mientras que la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales, incluso en el segmento con mayor cobertura sindical.

La pérdida de poder adquisitivo limitó la capacidad de consumo cotidiano y obligó a ajustar gastos básicos, una tendencia de la que el ICP-UP dio cuenta, por su caída interanual. La desaceleración de los aumentos salariales y el rezago de las paritarias profundizaron ese escenario.

Carne, motos y restaurantes: el consumo se movió a distintas velocidades

Los datos sectoriales mostraron además una evolución desigual dentro del consumo. Según el informe, distintos rubros avanzaron a velocidades diferentes, lo que evidenció una recomposición fragmentada y sin tracción generalizada.

Esa heterogeneidad aparece con claridad al desagregar los rubros de consumo. Mientras algunos indicadores mostraron leves mejoras, otros continuaron en caída o estancados. En los bienes durables, el comportamiento fue dispar: el patentamiento de autos se mantuvo prácticamente sin variación interanual en marzo (0,3%), luego de meses en baja, mientras que las ventas de motos crecieron 55,4% en el mismo período.

En el consumo masivo, en cambio, predominó la caída. El ajuste impactó directamente en alimentos básicos, con una baja interanual del 9,8% en el consumo de carne vacuna y del 4,6% en carne aviar en febrero, mientras que la venta de combustible se mantuvo sin cambios respecto del año anterior. Estos datos reflejaron un recorte en gastos esenciales de los hogares.

Los servicios vinculados al esparcimiento también mostraron comportamientos divergentes. La recuperación fue parcial y segmentada: los restaurantes tradicionales registraron una suba interanual de 1,4% en febrero, pero las ventas asociadas a espectáculos y entretenimiento en centros de compra cayeron 10,6% interanual.

En los bienes semidurables, el comportamiento volvió a ser mixto. Las ventas de indumentaria en shoppings crecieron 4% interanual y las de jugueterías 5,4%, mientras que los artículos deportivos no lograron sostener la recuperación y registraron una leve caída del 0,5%.

En paralelo, el indicador mensual mostró que la suba del 0,7% en marzo permitió recuperar niveles similares a los de octubre de 2025, luego de varios meses de caídas desde mediados del año anterior. Sin embargo, ese rebote no alcanzó para modificar la tendencia descendente en la comparación anual.

El deterioro del consumo también se vinculó con conflictos laborales y pérdida de ingresos en sectores específicos. En el transporte, por ejemplo, los choferes de la línea 60 denunciaron una pérdida del 61,87% del poder adquisitivo en dos años, con salarios que quedaron congelados frente a una inflación acumulada del 259,34%. Este tipo de situaciones mostró cómo la caída del ingreso impactó de manera directa en la capacidad de gasto de los trabajadores.

La relación entre salario y consumo volvió a quedar expuesta como el principal factor de la dinámica económica cotidiana. Sin recomposición sostenida de ingresos, la recuperación mensual del consumo quedó limitada a movimientos puntuales, sin consolidarse en una tendencia estable.

El informe de la Universidad de Palermo señaló que el ICP-UP se construyó a partir de múltiples indicadores de alta frecuencia, lo que permitió captar de manera anticipada los cambios en el comportamiento de los hogares. En ese marco, la persistencia de variaciones interanuales negativas reforzó la idea de un consumo condicionado por restricciones estructurales.

La evolución reciente mostró que la mejora mensual no respondió a una expansión del ingreso real, sino a ajustes puntuales tras meses de caída, lo que limitó su sostenibilidad. Sin cambios en la capacidad de compra de los salarios, el consumo continua atado a un escenario de recuperación débil o, al menos por ahora, impalpable.

JJD

Como ya lo anticipaban las consultoras privadas, la inflación de marzo se sostuvo en niveles altos de enero y febrero y consolidó un ritmo que sigue hundiendo el poder de compra, pero ahora más aceleradamente. El Índice de Precios al Consumidor subió 3,4% en marzo y acumuló 9,4% en lo que va de 2026, según el INDEC.

El índice mostró una secuencia de diez meses consecutivos en alza, desde el piso de 1,5% en mayo de 2025 hasta el nivel actual, sin interrupciones. Ya se puede decir con todas las letras: con Javier Milei la inflación no está bajando; está subiendo.

La suba de la inflación, el “peor impuesto”, porque es el que pagan los pobres —como lo definen los economistas ortodoxos—, condiciona sobre todo la vida de los asalariados.

La referencia más concreta volvió a estar en las canastas. Para no ser pobre, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en marzo $1.434.464, mientras que la canasta alimentaria —la línea de indigencia— se ubicó en $658.011 para ese mismo hogar.

Estos valores marcan el ingreso mínimo necesario para sostener condiciones básicas de vida en un esquema de medición que el propio Estado define únicamente en términos monetarios, y no en términos multidimensionales donde la pobreza incluiría otras privaciones y probablemente sería mayor.

En paralelo, la canasta básica alimentaria subió 2,2% en el mes y acumuló 11,6% en el año, mientras que la canasta básica total aumentó 2,6% en marzo y 9,6% en el primer trimestre.

El aumento de los precios se concentró otra vez en los gastos que estructuran la vida cotidiana. Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 3,4% y tuvieron la mayor incidencia en el índice general, con aumentos destacados en carnes.

También se registraron subas en transporte (4,1%) y en precios regulados (5,1%), que incluyen tarifas y servicios. La división Educación encabezó el mes con un incremento de 12,1%, en línea con el inicio del ciclo lectivo.

La dinámica de esos rubros tiene un efecto directo: son gastos que no se pueden ajustar ni postergar, y por eso erosionan más rápido cualquier ingreso.

El 9,4% acumulado en apenas tres meses plantea un problema de fondo: el ritmo de la inflación sigue lejos de cualquier escenario de estabilidad.

Para quienes dependen de un salario, esa velocidad no es un dato técnico sino una condición concreta de vida: cada mes redefine cuánto se necesita para comer, viajar, pagar servicios y sostener un hogar.

En el debate presidencial, Javier Milei afirmó que era “experto en bajar la inflación” y convirtió ese punto en uno de los ejes de su programa económico. Tres meses alcanzaron para que los precios se acercaran nuevamente a los dos dígitos acumulados, mientras las referencias básicas del costo de vida —las canastas— siguieron subiendo. Los bolsillos, cada vez más flacos, en el gobierno libertario, que prometió protegerlos y castigar a solament a “la casta”.

JJD

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y creador de su billetera digital Mercado Pago, es uno de los empresarios argentinos que más afinidad ha mostrado con la agenda económica del presidente Javier Milei. Pero a juzgar por los niveles de morosidad que presenta su compañía, no le estaría yendo muy bien.

Mercado Pago registró un salto en su nivel de morosidad y mostró una señal del deterioro de la capacidad de pago de trabajadores y familias en la Argentina.

Según datos públicos de la Central de Deudores (CENDEU), el ratio de irregularidad de la billetera virtual subió de 5,5% en enero de 2025 a 14,7% en enero de 2026. El movimiento siguió la tendencia general del sistema financiero, pero mostró con claridad que el problema ya no quedó limitado a los bancos tradicionales: también alcanzó a las plataformas digitales que en los últimos años expandieron su negocio de crédito al consumo.

El dato de Mercado Pago apareció en un escenario más amplio de fuerte empeoramiento del endeudamiento de los hogares. El último Informe sobre Bancos del Banco Central mostró que la mora en créditos a familias pasó de 2,67% a 10,6% en un año, el nivel más alto en casi dos décadas.

En el mismo corte, la morosidad general del financiamiento al sector privado llegó a 6,4%. Dentro de las líneas más sensibles para el consumo cotidiano, los préstamos personales marcaron 13,2% y las tarjetas de crédito, 11%. En las entidades no bancarias y billeteras virtuales, la irregularidad se acercó al 25%, por encima del nivel informado para Mercado Pago.

El impacto de ese deterioro recayó sobre quienes viven de su ingreso mensual y debieron sostener gastos corrientes con financiamiento. La propia cobertura sobre el salto de la mora de Mercado Pago señaló que el deterioro de la capacidad de pago golpeó “con fuerza sobre las familias”.

La empresa sostuvo ante Infobae que su cartera estuvo concentrada en personas físicas y defendió que su tasa de irregularidad quedó “en línea con la de los principales bancos privados del país” y por debajo del promedio de las entidades no bancarias, al que ubicó en 23,9%. Pero incluso en esa comparación favorable, el 14,7% mostró un empeoramiento fuerte en apenas doce meses.

La suba de la mora no se explicó sólo por el crecimiento del crédito, sino también por el retroceso del ingreso real. En una nota publicada por trabajAR a fines de enero, se mostró que el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación para ese mismo período alcanzó 27,9%. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales en los trabajadores formales. El mismo artículo advirtió que más del 80% de la masa salarial relevada por el Indec quedó por debajo de la inflación acumulada hasta noviembre.

Ese cruce entre deuda más cara y salarios debilitados apareció también en las explicaciones de economistas y bancos. Según una cobertura de marzo sobre el endeudamiento de los hogares, la consultora LCG vinculó el aumento de la morosidad con tasas de interés activas elevadas y con un contexto de “salarios estancados o en retroceso”. En ese informe, la tasa nominal anual promedio de los préstamos personales en febrero se ubicó en 69%. Otra nota de abril sobre la preocupación bancaria resumió el diagnóstico en dos motores: “tasas altas y salarios golpeados”.

La mora expresó que una parte creciente de los hogares no logró sostener el pago de cuotas de préstamos, tarjetas o financiamiento de consumo con ingresos corrientes. En un mercado laboral con salarios formales rezagados y con expansión del pluriempleo, el crédito funciona cada vez más como un recurso para cubrir gastos y no como una herramienta excepcional. En ese marco, que Mercado Pago —una de las puertas de entrada más extendidas al financiamiento digital— mostrara una irregularidad de 14,7% resultó menos una anomalía empresaria que un síntoma del ajuste sobre los ingresos laborales.

El Gobierno reconoció las dificultades, aunque buscó relativizarlas. En marzo, Luis Caputo afirmó que era fundamental “seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando”. En esa misma intervención, sostuvo que las dificultades “se va[n] a ir acomodando” y que no era un asunto “problemático a futuro”. Hasta ahora, sin embargo, los datos públicos del Banco Central mostraron un empeoramiento persistente de la mora de los hogares y un traslado directo de esa presión a bancos, fintech y billeteras virtuales.

Lo que expuso Mercado Pago fue el límite del relato de normalización financiera cuando el salario no alcanza. La mora de su cartera casi se triplicó en un año, mientras la de los hogares se cuadruplicó y los salarios registrados volvieron a perder contra los precios.

Galperín, que durante más de dos décadas fue CEO de la compañía y hoy mantiene un rol de conducción estratégica, ha expresado en distintas ocasiones su respaldo a las ideas de liberalización económica impulsadas por el gobierno de La Libertad Avanza, e inclusive manifestó coincidencias con el enfoque confrontativo de Milei frente a sectores políticos y mediáticos. Su posición lo ubica entre los referentes del empresariado tecnológico que miran con buenos ojos el rumbo económico del Gobierno, en contraste con el vínculo más tenso que la compañía mantuvo en otros períodos con administraciones de perfil más intervencionista.

Pero los números de su propia billetera virtual sugieren que, más allá de las afinidades ideológicas, la economía real, la de la clase trabajadora, está bajo una presión cada vez más tenaz: si el crédito se usa para sobrevivir y no para consumir, ¿hasta dónde puede crecer el negocio?

JJD

Abril empezó y no es tan bello como cantaban con entusiasmo Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, en una canción hermosa y simple, y con un videoclip luminoso que ambos compartieron con Dolores Fonzi, la musa inspiradora del rosarino al componerla e incluirla en su disco Naturaleza Sangre (2003). Este abril, por el contrario, y como cada mes desde hace por lo menos tres años y medio, es otro de malaria en la economía libertaria; malaria para los trabajadores que son, básicamente, víctimas del modelo.

El mes que empezó vuelve a traer aumentos en servicios esenciales que afectan directamente el ingreso disponible de quienes trabajan. El transporte público, las cuotas de medicina prepaga, la electricidad y el agua comienzan el mes con nuevas actualizaciones tarifarias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un escenario en el que los salarios no paran de perder contra la inflación.

El calendario cambia, las cuentas también

El transporte público registró uno de los incrementos más inmediatos. El boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires pasa de $832,57 a $873,37 para los viajes de hasta 3 kilómetros con tarjeta SUBE registrada, según el nuevo cuadro tarifario que comenzó a regir en abril.

La actualización siguió el mecanismo que aplicó la provincia: el índice de precios al consumidor (IPC) de febrero más un 2% adicional. Con esa fórmula, los valores de los distintos tramos también aumentaron: $972,93 para viajes de 3 a 6 kilómetros, $1.047,14 entre 6 y 12 kilómetros, $1.122,90 entre 12 y 27 kilómetros y $1.197,39 para trayectos más largos.

En la Ciudad de Buenos Aires también se aplicó una suba. El pasaje mínimo de colectivo quedó en $715,26, con aumentos escalonados según la distancia del recorrido.

El impacto es directo sobre los trabajadores que utilizan el transporte público para ir y volver del empleo. En muchos casos, el gasto en movilidad es un componente fijo del ingreso mensual y se ajusta de manera más frecuente que las paritarias o los salarios. El ajuste data de por lo menos la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y se acentuó con ferocidad al asumir en el poder el tándem de economistas Javier Milei-Luis Caputo.

La presión sobre el transporte se agravó además por una decisión del sector empresario. Las cámaras del autotransporte que representan alrededor del 85% de las líneas de colectivos del AMBA informaron que reducirán la frecuencia del servicio debido al aumento del precio del gasoil y a la falta de actualización de los costos reconocidos por el Estado.

En un comunicado conjunto, las entidades empresarias señalaron que el incremento del combustible y la ausencia de una compensación oficial los colocó en una situación en la que consideran imposible sostener los niveles habituales de prestación. La medida comenzó a regir el 1° de abril y podría afectar los tiempos de espera de los usuarios.

La reducción de frecuencias implica más tiempo de viaje y mayor incertidumbre para quienes dependen del colectivo para llegar al trabajo, en un contexto en el que los costos de movilidad ya venían aumentando de manera sostenida.

Los aumentos de abril también alcanzaron al sistema de salud privado. Las empresas de medicina prepaga comunicaron actualizaciones en sus cuotas de hasta el 2,9%, en línea con la inflación registrada en febrero. Esa suba impactó además en los copagos que deben abonar los afiliados por consultas y prácticas médicas.

Las tarifas de servicios públicos también se modificaron. Las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur aplicaron nuevos cuadros tarifarios. En el área de Edesur, por ejemplo, los hogares de ingresos altos (Nivel 1) comenzaron a pagar un cargo fijo de $1.393,73 para consumos de hasta 150 kWh y un cargo variable de $115,29 por kWh, según el esquema informado para abril.

En el caso de Edenor, el cargo fijo inicial quedó en $1.414,93, con un cargo variable de $115,28 por kWh. Los usuarios con subsidios mantienen valores más bajos dentro de los límites establecidos por el esquema de segmentación tarifaria.

El agua también registró un ajuste. La empresa AySA aplicó el último tramo del aumento del 4% que había comenzado a implementarse a principios de año.

El efecto combinado de estas subas se produce en un contexto en el que el ingreso de los trabajadores sigue deteriorándose frente a los precios. Los datos oficiales del INDEC mostraron que el índice de salarios aumentó 2,5% en enero, mientras que la inflación del mismo mes fue de 2,9%, lo que implicó una nueva pérdida del poder de compra.

La situación se repitió especialmente entre los trabajadores registrados. En ese segmento, el sector privado subió 2,1% y el público 1,8%, ambos por debajo del IPC del mes.

El deterioro del ingreso también aparece en relevamientos sobre la percepción de los trabajadores. Un estudio citado en coberturas recientes registró que el 83,9% de los trabajadores afirmó que su salario no le gana a la inflación, mientras que el 56,4% de los hogares tomó deuda en los últimos seis meses para cubrir gastos básicos.

“Dios Santo que bello abril”, dice el estribillo de la canción. Pero en muchos hogares el mes empezó con una escena más terrenal: el calendario nuevo y una pila de facturas esperando turno sobre la mesa.

JJD

Más de cuatro de cada diez trabajadores en la Argentina tienen empleos sin derechos laborales básicos. No cuentan con aportes jubilatorios, no están cubiertos por la seguridad social y tampoco están protegidos por la legislación laboral. En el cuarto trimestre de 2025, la informalidad laboral alcanzó al 43% de los ocupados, según un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

La cifra permite dimensionar el fenómeno de manera concreta: casi la mitad de quienes trabajan lo hacen en condiciones de desprotección laboral. Esto significa que millones de personas sostienen su ingreso cotidiano sin las garantías que establece el trabajo registrado, desde una jubilación futura hasta cobertura frente a accidentes laborales.

La comparación con el mismo período del año anterior mostró una suba de aproximadamente un punto porcentual, lo que indica que la informalidad no sólo se mantiene en niveles elevados sino que además creció en el último año.

El informe fue coordinado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria y analizó la evolución reciente del mercado de trabajo argentino. El dato central es que la informalidad se mantiene como uno de los rasgos estructurales del empleo en el país, incluso en contextos económicos distintos.

Para entender su dimensión social, el estudio también analizó las condiciones de vida de quienes trabajan sin registro. El 32% de los trabajadores informales vive en hogares pobres, mientras que otro 27% se encuentra en situación de vulnerabilidad ante la pobreza.

Esto significa que casi seis de cada diez trabajadores informales habitan hogares que ya son pobres o están al borde de serlo. En otras palabras, la falta de derechos laborales suele ir de la mano con ingresos inestables y mayor fragilidad económica.

Los más vulnerables, como siempre, son los jóvenes

El informe también mostró que la informalidad no afecta a todos los trabajadores por igual. Los jóvenes son el grupo más expuesto a este tipo de empleo precario. Entre quienes tienen entre 16 y 24 años, siete de cada diez trabajan en la informalidad, lo que refleja las dificultades para acceder a un primer empleo registrado.

En la práctica, para muchos jóvenes la puerta de entrada al mercado laboral suele ser un trabajo sin contrato, sin aportes y sin estabilidad. Esa situación puede extenderse durante años y marcar la trayectoria laboral futura.

En los grupos de mayor edad, los niveles de informalidad disminuyen, aunque siguen siendo altos. Entre los trabajadores de 45 a 64 años la tasa fue de 34,2%, mientras que en el tramo de 25 a 44 años alcanzó el 42,2%.

Entre las personas de 65 años y más, la informalidad volvió a subir hasta el 57,8%. El informe señaló que este patrón refleja una tendencia habitual en los mercados laborales: la precariedad aparece con más fuerza al comienzo y al final de la vida laboral.

El análisis también detectó una fuerte concentración geográfica del fenómeno. La mayor parte de los trabajadores informales reside en el Gran Buenos Aires, la región urbana más poblada del país.

En perspectiva histórica, la tasa actual se ubica en niveles similares a los registrados en 2008, lo que muestra que el problema se mantiene elevado desde hace al menos 17 años.

El informe también comparó la situación argentina con otros países de la región. Entre nueve economías latinoamericanas analizadas, la Argentina se ubicó en el cuarto lugar en niveles de informalidad, detrás de Chile, Brasil y Costa Rica.

JJD, con información de NA

La cadena china Miniso confirmó su llegada a la Argentina con un plan de apertura de 100 locales en cinco años y la posibilidad de generar entre 800 y 1.000 puestos de trabajo, en un contexto de deterioro del empleo y caída de los ingresos laborales. El desembarco incluyó una inversión anunciada de US$50 millones y la apertura de su primer local en el microcentro porteño, con una estrategia de expansión en shoppings y aeropuertos.

El anuncio se produjo en un mercado laboral que mostró señales de empeoramiento para quienes trabajan o buscan empleo. En el cuarto trimestre de 2025, la desocupación subió al 7,5%, por encima del 6,4% de un año antes, mientras que la tasa de empleo bajó de 45,7% a 45,0%, según el INDEC. En paralelo, creció la presión sobre el mercado de trabajo, con más personas ocupadas que buscaron otro empleo o más horas para sostener ingresos.

Todo esto se produce durante el gobierno de Javier Milei, quien, paradójicamente, se autodeclaró enemigo del comunismo chino.

El deterioro del empleo asalariado registrado también formó parte del escenario en el que se anunció la inversión. El investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos, sostuvo que “en lo que va del gobierno de Javier Milei 288.815 asalariados perdieron su trabajo. Apenas se compensa con un fuerte aumento del monotributo”. Esa dinámica implicó un reemplazo parcial de empleo formal por formas más precarias de inserción laboral.

En ese contexto, la promesa de generación de empleo asociada a la expansión de la china Miniso aparece acotada frente a la magnitud de la destrucción de puestos registrados. Incluso en el escenario más alto planteado por la empresa, de 1.000 empleos en cinco años, el impacto potencial resultó menor frente a la pérdida de empleo asalariado acumulada en el mismo período.

El modelo de negocios que la empresa proyectó para el país también se apoyó en una fuerte presencia de productos importados. Según se detalló, la mayoría de los artículos que se comercializarán en los locales serán de origen externo, con una oferta que incluye licencias internacionales como Disney, Marvel o Sanrio, y una renovación constante de productos orientada al consumo masivo.

La llegada de la firma se inscribió además en un escenario económico atravesado por la apertura de importaciones y la caída del consumo, factores que ya impactaron en la actividad de empresas locales. En distintos sectores, esa combinación derivó en despidos, suspensiones y dificultades financieras, especialmente en industrias y comercios orientados al mercado interno.

La estrategia de Miniso apuntó a instalarse en zonas de alto tránsito y captar público joven, con locales de entre 200 y 600 metros cuadrados y tiendas insignia de mayor tamaño. El primer punto de venta abrirá en la peatonal Florida y luego se sumarán sucursales en centros comerciales del Área Metropolitana de Buenos Aires, con expansión progresiva al resto del país.

La proyección de crecimiento de la empresa se basó en su expansión global, con presencia en más de 100 países y miles de tiendas, pero su desempeño en Argentina dependerá de un mercado interno en retracción y de un escenario laboral más inestable. En ese marco, la creación de empleo asociada a nuevas inversiones convive con una dinámica general de pérdida de puestos asalariados y aumento de formas laborales más frágiles.

Hasta el momento, el anuncio no modificó la tendencia general del mercado de trabajo, que mostró más desocupación, menor tasa de empleo y mayor precarización. La evolución de la inversión y la apertura efectiva de locales determinarán si la promesa de empleo se concreta en un contexto donde las condiciones para sostener la actividad comercial siguen condicionadas por la caída de las ventas y el deterioro del poder adquisitivo.

JJD

El costo de la vivienda volvió a golpear el ingreso de los trabajadores en febrero. La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un aumento mensual de 6,8%, el mayor de todo el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Indec. La suba estuvo impulsada principalmente por los incrementos en gas, electricidad y agua, junto con cambios en los esquemas de subsidios aplicados en distintas provincias.

El dato se inscribe en un escenario de inflación que continúa deteriorando el salario real. El índice general del IPC subió 2,9% en febrero, mientras que la variación acumulada en lo que va del año llegó a 5,9%, según el organismo estadístico.

Aunque el presidente Javier Milei suele destacar la desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros de su programa económico, el primer bimestre de 2026 cerró con un aumento cercano al 6% en los precios, un nivel que sigue impactando con fuerza sobre los ingresos laborales.

El golpe más fuerte aparece en los gastos estructurales del hogar. Dentro de la división vivienda, el informe muestra que los alquileres registraron aumentos interanuales que superan el 100% en algunas regiones del país. La categoría alquiler de la vivienda alcanzó subas de hasta 101,7% interanual, según las variaciones regionales publicadas por el Indec.

Este encarecimiento de los alquileres se combina con el incremento de las tarifas de servicios públicos, que fueron uno de los motores del aumento mensual de la división vivienda. El resultado es un doble impacto sobre el presupuesto de los hogares asalariados: pagar el techo y sostener los servicios básicos demanda una proporción creciente del salario.

El peso de estos gastos fijos vuelve más visible la tensión entre precios e ingresos. La inflación no afecta de la misma manera a todos los rubros del consumo: los aumentos en alimentos, tarifas y alquileres tienen una incidencia mucho mayor en los hogares trabajadores que otros bienes o servicios menos frecuentes.

De hecho, los alimentos y bebidas no alcohólicas también registraron una suba de 3,3% en febrero, la segunda mayor variación entre las divisiones del IPC y la que tuvo mayor incidencia en la inflación mensual en la mayoría de las regiones del país.

El informe del Indec señala que esa incidencia se explicó principalmente por el aumento en carnes y derivados, un componente central de la canasta alimentaria.

El cuadro general muestra que los precios regulados volvieron a crecer por encima del promedio. Dentro de las categorías del índice, los bienes y servicios regulados —donde se incluyen tarifas de servicios públicos— registraron un incremento mensual de 4,3%, por encima de la inflación núcleo.

Este tipo de aumentos tiene un efecto directo sobre los trabajadores porque se trata de gastos difíciles de reducir o postergar: electricidad, gas, transporte o alquiler forman parte de los costos básicos para sostener la vida cotidiana.

Mientras el Gobierno insiste en que la inflación muestra señales de desaceleración respecto de los niveles registrados en años anteriores, los incrementos en vivienda, alimentos y servicios esenciales continúan erosionando el poder de compra de los salarios.

Para los hogares asalariados, el problema no es solo el nivel general de la inflación, sino qué precios suben y en qué proporción lo hacen. Cuando el encarecimiento se concentra en los gastos indispensables —comida, techo y servicios—, el impacto sobre el ingreso real se vuelve inmediato.

En ese contexto, el IPC de febrero dejó un dato claro: la vivienda encabezó los aumentos del mes con 6,8% y los alquileres ya muestran subas interanuales superiores al 100% en algunas regiones del país.

JJD

La alimentación durante la jornada laboral quedó atravesada por la restricción económica para la mayoría de los trabajadores asalariados en Argentina. Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) reveló que el 83,5% reduce la cantidad o la calidad de los alimentos por motivos económicos, una situación que refleja el impacto directo de los ingresos sobre las condiciones materiales de la vida cotidiana.

El estudio se basó en la Encuesta Alimentación de los Trabajadores Asalariados en Argentina (2025), realizada sobre una muestra representativa de 1.171 asalariados en todo el país. El objetivo fue analizar cómo comen los trabajadores durante la jornada laboral y qué factores sociales y laborales condicionan esa práctica.

La restricción económica no solo afecta la calidad de la alimentación, sino también la frecuencia con la que se come durante el día. El informe señala que 56,2% de los trabajadores salteó comidas o eligió alimentos menos nutritivos por motivos económicos, mientras que solo 16,5% afirmó no atravesar ningún tipo de privación alimentaria.

La alimentación durante la jornada laboral tampoco está garantizada para todos. El 22,6% de los trabajadores asalariados declaró que no suele comer durante su jornada laboral, lo que equivale a casi uno de cada cuatro.

Esa situación no se distribuye de manera uniforme. La proporción de trabajadores que no come durante la jornada aumenta con la edad, y supera el 30% entre quienes tienen entre 45 y 59 años (30,4%) y entre los mayores de 60 (31,6%).

Las desigualdades territoriales también aparecen con claridad. La situación más crítica se registra en el NEA, donde el 50,1% de los trabajadores declara que no come durante la jornada laboral, el valor más alto entre todas las regiones del país.

Las condiciones laborales también inciden en estas prácticas. La falta de pausas regulares para comer afecta al 26% de los asalariados, lo que muestra que el tiempo para alimentarse no siempre está garantizado dentro de la organización del trabajo.

Las dificultades se concentran especialmente entre trabajadores de menores ingresos, empleados del sector público y personas que trabajan en lugares sin infraestructura adecuada, como comedores, heladeras o microondas.

El lugar donde se come durante la jornada también refleja las condiciones del entorno laboral. Entre quienes sí realizan alguna comida, el 41,5% lo hace en su escritorio o puesto de trabajo, mientras que el 38,9% utiliza el comedor de la empresa u organización.

Otros trabajadores recurren a alternativas menos frecuentes. El 9% come en espacios públicos como plazas o patios, el 7% lo hace en restaurantes o bares y el 3,6% en su propia casa.

La infraestructura disponible en el lugar de trabajo aparece como un factor decisivo. Contar con comedor, heladera o microondas se asocia con mejores hábitos alimentarios, mayor regularidad en las pausas para comer y menores niveles de privación alimentaria.

Estas condiciones no dependen solo de la voluntad individual de los trabajadores. El tamaño de la empresa, el sector de actividad y el nivel de ingresos influyen en la forma en que se organiza la alimentación durante la jornada laboral, lo que produce diferencias significativas entre distintos grupos de asalariados.

El informe también analiza el vínculo entre alimentación y salud. El 23,1% de los trabajadores asalariados presenta obesidad, definida como un índice de masa corporal superior a 30, una proporción que aumenta en contextos laborales menos favorables.

Los investigadores señalan que las condiciones del trabajo —los tiempos disponibles para comer, los ingresos y la infraestructura del lugar de trabajo— influyen directamente en los hábitos alimentarios y, en consecuencia, en la salud de quienes trabajan.

La mayoría de los trabajadores también manifestó interés en recibir algún tipo de aporte del empleador para cubrir los gastos de alimentación durante la jornada laboral. Según el estudio, 80,4% se mostró a favor de recibir ese tipo de beneficio, lo que refleja la centralidad que tiene el costo de la comida en el presupuesto cotidiano.

El informe concluyó que el lugar de trabajo es un espacio clave para promover mejores condiciones de alimentación y bienestar. La presencia de infraestructura adecuada y de aportes empresariales aparece asociada con mejores prácticas alimentarias y menores niveles de privación.

Las condiciones en que los trabajadores comen —o dejan de comer— durante su jornada laboral muestran cómo los ingresos, la organización del trabajo y el entorno laboral influyen directamente en la alimentación cotidiana.

JJD

La empresa Kopelco S.A., fabricante de los preservativos Tulipán, despidió a 220 trabajadores y redujo su plantilla de 355 a 135 empleados en sus plantas del partido bonaerense de San Martín y de la provincia de San Luis. El recorte representó una reducción superior al 60% de la dotación laboral y dejó a cientos de familias sin ingresos en medio de un deterioro más amplio del empleo industrial.

El ajuste se produjo en un contexto de caída del consumo y retracción de distintos sectores productivos que afectan a las líneas de negocio de la compañía. Además de preservativos, Kopelco fabrica insumos derivados del látex como elásticos para ropa interior, globos y distintos tipos de hilados industriales, segmentos que también registraron una baja en la demanda.

El gerente general de la firma, Felipe Kopelowicz, reconoció la gravedad de la situación. “Estamos muy preocupados, es un momento muy desafiante”, afirmó, y explicó que en algunos rubros las ventas llegaron a desplomarse hasta un 50%.

El impacto laboral del recorte es significativo. Las plantas de San Martín y San Luis concentran buena parte de la producción de la empresa, que durante décadas se consolidó como uno de los principales fabricantes de preservativos del país. Con la reducción de personal, la estructura productiva quedó fuertemente reconfigurada y el número de trabajadores se redujo a poco más de un tercio de la plantilla original.

A pesar del ajuste, la marca Tulipán continúa siendo una de las más fuertes del mercado local. Según datos del sector citados por la empresa, mantiene una participación cercana al 40% en la venta de preservativos en la Argentina. Sin embargo, la posición dominante en ese segmento no alcanzó para compensar la caída de otras unidades de negocio vinculadas al látex industrial.

La crisis en Kopelco se inscribe en un deterioro más amplio de la industria argentina, donde suspensiones, despidos y cierres de plantas se multiplicaron en distintos sectores manufactureros. Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires señaló que la actividad industrial cayó 8,3% durante el gobierno de Javier Milei y que el sector perdió 100.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023. Ese retroceso equivale a un promedio de 160 empleos industriales menos por día.

El deterioro del empleo se combinó con un proceso de reestructuración empresarial que incluyó cierres de plantas, repliegues productivos y retiros de compañías del país en distintas ramas fabriles. Investigadores del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana de la UBA identificaron movimientos de ese tipo en sectores que van desde la metalurgia hasta los electrodomésticos, con impactos directos sobre la producción y el empleo.

En paralelo, el debilitamiento del consumo interno redujo la demanda de bienes producidos localmente, lo que afectó la actividad de empresas que dependen del mercado doméstico. Ese proceso se reflejó en conflictos laborales, concursos de acreedores, suspensiones de personal y despidos en diferentes ramas industriales.

La situación de Kopelco también muestra cómo la diversificación productiva, que durante años funcionó como un factor de crecimiento para muchas empresas industriales, puede transformarse en una vulnerabilidad cuando la caída del consumo afecta simultáneamente a distintos sectores. En el caso de la firma, el retroceso no se limitó a los preservativos, sino que alcanzó a otras líneas de productos vinculadas al látex que abastecen tanto al consumo masivo como a distintos segmentos industriales.

El gerente de la compañía definió el momento que atraviesa la empresa como un “jaque total”, una expresión que sintetiza la magnitud del ajuste en curso. La reducción de más del 60% de la plantilla dejó expuesta la fragilidad de la actividad industrial frente a la caída del mercado interno, un factor que se repite en distintos sectores productivos del país.

En ese escenario, los 220 trabajadores despedidos pasan a engrosar una estadística que se repite en distintos puntos del país: la pérdida de puestos de trabajo en la industria, uno de los sectores históricamente más vinculados al empleo formal y a la producción de bienes con valor agregado.

JJD, con información de NA

La empresa textil Textilana, fabricante de la marca Mauro Sergio, suspendió a 175 trabajadores desde el 16 de noviembre en su planta de Mar del Plata debido a la caída de las ventas y al stock acumulado de mercadería. Los operarios debían reincorporarse el 1 de abril, pero advierten que la falta de demanda podría extender las suspensiones y profundizar la incertidumbre sobre la continuidad laboral.

El conflicto afecta a la mayor parte de la plantilla productiva de la compañía. La firma tiene menos de 300 trabajadores en total, entre operarios y personal administrativo, lo que implica que más de la mitad de la planta quedó sin tareas. En la fábrica solo continúan trabajando alrededor de 65 operarios mientras se mantiene paralizada gran parte de la producción.

Textilana es una de las empresas textiles más importantes de Mar del Plata y una de las pocas que conserva un proceso productivo integrado, desde el hilado y tejido hasta la comercialización de los suéters. La marca Mauro Sergio llegó a producir hasta dos millones de prendas en sus años de mayor actividad, cuando la empresa tenía cerca de 1.000 trabajadores y una red de más de veinte locales.

La situación actual es muy diferente. La empresa redujo su plantilla a menos de un tercio de la que tuvo en su etapa de mayor expansión, en un contexto de caída del consumo interno y aumento de las importaciones que afectó a buena parte del sector textil. Según explicó el delegado Mauro Galván, la compañía acumuló un volumen de stock que no logra vender, lo que llevó a detener gran parte de la producción.

La crisis que atraviesa Textilana se inscribe en una crisis que afecta a la industria argentina, en general, y en ese marco a todo el sector textil, que opera actualmente con niveles muy bajos de utilización de su capacidad productiva. Un informe del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires señaló que la industria textil funciona apenas al 40% de su capacidad instalada.

Ese retroceso productivo tuvo consecuencias directas sobre el empleo. El mismo estudio registró que la actividad textil perdió al menos 11.500 puestos de trabajo en los últimos dos años, en una de las ramas industriales históricamente más intensivas en mano de obra.

El deterioro del sector se vinculó a varios factores simultáneos. Por un lado, la caída del consumo interno redujo las ventas de indumentaria y productos textiles en el mercado doméstico. Por otro, el aumento de las importaciones de prendas desplazó parte de la producción local en los comercios y presionó sobre la actividad de las empresas que abastecen el mercado interno.

Mar del Plata fue una de las ciudades donde ese proceso se volvió más visible. La localidad fue conocida durante décadas como la “capital del pulóver”, con una red de fabricantes y talleres que abastecían buena parte del mercado nacional. En la década de 1970 existían alrededor de 500 empresas dedicadas a la producción de suéters; hoy quedan menos de 100 entre fábricas y talleres.

El caso de Textilana refleja con claridad ese retroceso. La empresa llegó a contratar personal a comienzos del gobierno de Javier Milei con la expectativa de una recuperación de la actividad. Sin embargo, la demanda no se recuperó y los primeros trabajadores en quedar fuera de la planta fueron los 50 operarios incorporados en esa etapa, cuyos contratos no fueron renovados.

En la industria argentina en general, de acuero con un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, se perdieron 100.000 empleos desde noviembre de 2023, lo que equivale a un promedio de 160 puestos de trabajo menos por día.

Ese retroceso se expresó en distintos sectores manufactureros, con cierres de plantas, repliegues productivos y reestructuraciones empresariales que afectaron desde la metalurgia hasta la fabricación de electrodomésticos. Investigadores de la misma universidad identificaron una serie de compañías que atravesaron procesos de ajuste o retiro de producción en el país.

Por eso, la paralización parcial de la planta de Textilana es uno más dentro de la serie de conflictos laborales que atraviesan distintas ramas industriales. En los últimos meses se registraron cierres de fábricas, suspensiones y despidos en sectores como el neumático, la alimentación, los frigoríficos y la metalurgia, con efectos directos sobre el empleo y las condiciones laborales.

Para los trabajadores de la empresa marplatense, la incertidumbre inmediata gira en torno a la posibilidad de retomar la producción en abril. Si las ventas no se recuperan y el stock acumulado no logra colocarse en el mercado, las suspensiones podrían extenderse, lo que pondría en riesgo la continuidad laboral de buena parte de la planta.

JJD

La morosidad en los créditos de las familias alcanzó su nivel más alto en 18 años, según surge de los balances de cierre de 2025 presentados por las principales entidades bancarias privadas del país. El aumento de la falta de pago en préstamos personales y tarjetas reflejó un deterioro en la capacidad de los hogares para cumplir con sus obligaciones financieras, en un contexto marcado por la pérdida de ingresos reales y el encarecimiento del crédito.

Los documentos presentados por Grupo Supervielle, Banco Macro, BBVA y Grupo Galicia expusieron una misma tendencia: aumento de la morosidad, mayores previsiones por incobrabilidad y un impacto negativo sobre la rentabilidad del sector financiero. Ese escenario fue interpretado por las entidades como una señal de deterioro en la calidad de la cartera de préstamos a individuos.

El problema se concentró especialmente en los créditos destinados a los hogares, que durante 2025 enfrentaron una combinación de tasas de interés reales elevadas, caída de la actividad económica y pérdida del poder adquisitivo. Esa combinación redujo la capacidad de pago de los clientes a lo largo del año y se profundizó hacia el final del período.

Además, un estudio elaborado por el Banco Provincia sobre datos del Banco Central señaló que uno de cada cuatro argentinos enfrenta dificultades para cancelar sus créditos, una proporción que refleja la presión que las obligaciones financieras ejercen sobre los ingresos familiares.

El mismo informe registró un cambio significativo en el nivel de deuda de las familias. El financiamiento promedio pasó de representar el equivalente a 1,5 salarios hacia fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025, lo que implicó que los hogares incrementaran su endeudamiento en un monto equivalente a un salario adicional durante ese período.

Ese crecimiento de la deuda coincidió con un deterioro del poder adquisitivo de los ingresos laborales. Según datos del Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación para el mismo período alcanzó 27,9%, lo que implicó una caída real del salario superior a dos puntos porcentuales.

La pérdida de poder de compra obligó a muchos hogares a recurrir al crédito para sostener gastos corrientes, una dinámica que elevó el nivel de endeudamiento y, posteriormente, las dificultades para cumplir con los pagos. El sistema financiero comenzó a reflejar ese deterioro en los indicadores de riesgo crediticio, especialmente en los segmentos de préstamos personales y consumo.

Frente a ese escenario, algunas entidades financieras empezaron a aplicar estrategias de refinanciación para intentar contener el aumento de la morosidad. Según relevamientos del sector, los bancos comenzaron a analizar los casos de clientes con atrasos de manera individual y a ofrecer condiciones de pago más flexibles en determinadas situaciones para evitar que las deudas se vuelvan incobrables.

Las entidades sostuvieron en sus informes que el deterioro observado durante 2025 podría moderarse en los próximos meses si mejora la situación macroeconómica y la capacidad de pago de los clientes. Sin embargo, los balances reflejaron que el impacto del aumento de la morosidad ya se trasladó a los resultados financieros de las compañías y generó preocupación en los mercados.

La reacción de los inversores no se hizo esperar. Las acciones de bancos argentinos que cotizan en Wall Street registraron caídas luego de la difusión de los balances y de las advertencias sobre el deterioro en la calidad del crédito. Para millones de trabajadores el crédito deja de ser una herramienta de financiamiento y se transforma en una deuda difícil de sostener.

JJD

Un 24 de febrero de 1946, hace ochenta años, se celebraron las elecciones por las que Perón –dos años antes un perfecto desconocido– se convertiría en presidente de la República. Fue uno de los comicios más democráticos que tuvo nuestro país (masculinos, aclaremos, porque a las mujeres todavía no les era permitido votar). No sólo porque fueron transparentes, sino porque en ellos la población tuvo la oportunidad de decidir realmente sobre los rumbos del país, algo que no siempre sucede al votar. 

La Argentina venía de una brevísima experiencia democrática: las primeras elecciones limpias habían sido en 1916, y como en esa y las dos siguientes los electores dieron la victoria a los radicales, que no eran del agrado de las clases altas, el golpe de Estado de 1930 instauró una dictadura filofascista que pronto abrió el camino, fraude mediante, para el regreso de la derecha liberal-conservadora. Perón había surgido de entre los funcionarios de la segunda dictadura militar iniciada en 1943, también de orientación derechista, pero enemiga de los liberal-conservadores que ocupaban entonces la Casa Rosada.   

La historia previa a su llegada al poder es conocida. En su paso por la Secretaría de Trabajo y Previsión (STP), Perón había promovido varias medidas que superaban las conquistas que el movimiento obrero había obtenido hasta entonces. Lo que venía generando entusiasmo no eran tanto los aumentos salariales como una gama de nuevos e inéditos beneficios y derechos laborales. En su breve gestión, Perón había ido asumiendo una actitud más amistosa para con los sindicatos. Los hostigamientos iniciales pronto terminaron (excepto para los comunistas, a quienes se siguió persiguiendo sin tregua). Se invitó a cada uno a enviar asesores que trabajaran de manera permanente en la STP, colaborando en la confección de las nuevas medidas y presentando denuncias de abusos patronales.

La acción decidida de Perón se tradujo asimismo en la expansión de beneficios jubilatorios, mejores indemnizaciones por accidentes de trabajo, aguinaldos, más cantidad de días de vacaciones pagas y nuevas cláusulas de defensa de la estabilidad para varios gremios. Por otra parte, se dispuso la creación de un nuevo fuero judicial, con tribunales del trabajo a cargo de jueces especialmente dedicados a proteger los derechos de los trabajadores. Pero acaso la medida más importante fue el decreto que reglamentaba y extendía las negociaciones de convenios colectivos por rama de actividad. Este tipo de convenios había beneficiado hasta entonces a pocos gremios y tenía alcances limitados. La nueva disposición hizo obligatoria la mediación del Estado en caso de conflictos; los convenios firmados serían en adelante de cumplimiento forzoso y se dotó a la STP poderes de policía para garantizarlo. La Ley de Asociaciones Profesionales de octubre de 1945, que convirtió ese decreto en norma firme, otorgó también a los trabajadores amplios derechos de sindicalización, incluyendo la protección de los delegados y afiliados contra cualquier represalia de la patronal. 

Las conquistas de estos meses irritaron profundamente a los empresarios, no tanto porque los obligaran a pagar mejores salarios, sino por los cambios que ocasionaban en el trato cotidiano con su mano de obra. Por todas partes tuvieron que lidiar con delegados gremiales y abogados sindicales que se les plantaban de igual a igual. Los trabajadores sentían que ahora existía una voluntad superior, por encima de la de sus patrones, que velaba por sus intereses. Naturalmente, esto afectó la disciplina laboral, a medida que el temor y la sumisión fueron dando lugar a una actitud más orgullosa, incluso altanera, por parte de peones, empleados y obreros. Los empresarios y estancieros no podían soportar este desafío a las jerarquías tradicionales, y eso fue alimentando durante 1945 una formidable reacción antiperonista. Las protestas de las principales entidades patronales por el “clima de indisciplina” se hicieron públicas y muy pronto los trabajadores percibieron el peligro de una reacción. No había dudas de que, si caía Perón, los intereses del capital intentarían desandar el camino de las conquistas obreras. De hecho, la reacción se hizo visible apenas se produjo la renuncia del coronel a sus cargos, cuando la Corte Suprema anuló el decreto de creación de los tribunales del trabajo por “inconstitucional”. Incluso después del regreso triunfal de Perón, los empresarios se negaron a pagar los nuevos aguinaldos y realizaron un lock out contra el gobierno. 

Para comienzos de octubre de 1945 el escenario de lucha de clases estaba planteado con total claridad. Las entidades patronales, con ayuda de la embajada estadounidense, habían conseguido poner en marcha un gigantesco movimiento de oposición en el que consiguieron aglutinar a todos los partidos políticos. Jaqueado, el gobierno militar finalmente entregó la cabeza de Perón y se preparó para traspasar rápidamente el poder a la Corte Suprema. La reacción patronal estaba unificada y en marcha. 

Frente a ese escenario ¿Qué hacer? Era fundamental para los trabajadores adoptar una línea de acción sin pérdida de tiempo. Pero ¿cuál? Perón no era parte del movimiento obrero y muchos sindicalistas lo veían con desconfianza. Si por un lado sus medidas venían beneficiando a los obreros, su uniforme militar y su perfil ideológico generaba resquemores. La célebre movilización del 17 de octubre de 1945 respondió esa pregunta: los trabajadores apostaron por Perón como modo de defenderse de la reacción patronal en marcha. 

Apenas terminada esa gesta, los dirigentes sindicales concibieron el proyecto de crear un partido propio que fuera el brazo político del movimiento obrero. Sin demoras pusieron manos a la obra, y en noviembre más de 200 delegados sindicales llegados de todo el país fundaron el Partido Laborista (PL), presidido por Luis Gay, dirigente telefónico de larga trayectoria. La nueva agrupación se concebía como una fuerza de centroizquierda reformista y aspiraba a atraer no sólo a los trabajadores sino también a los sectores medios progresistas. La idea era llegar al poder en las elecciones previstas para febrero, llevando a Perón como candidato. 

Si quería ganar la elección, Perón, que carecía de un partido propio, necesitaba contar con el apoyo decisivo de los sindicatos. Pero no quería quedar atado de pies y manos a ellos. Desde muy temprano se notaron los síntomas de tensión que esta situación provocaba entre los aliados. En verdad, los tironeos venían de mucho antes. Desde 1944 todos los sindicalistas se vieron, en mayor o menor medida, en la necesidad de hacer malabares para mantener su autonomía aprovechando al mismo tiempo las ventajas que ofrecía Perón, que venían a cambio de gestos de apoyo. Una negativa total podía traer consecuencias dramáticas, como pronto aprendieron los comunistas. Para quitarlos de en medio el coronel había creado o ayudado a afianzar sindicatos rivales, para canalizar los nuevos beneficios a través de ellos, desacreditando de ese modo a los gremialistas opositores. Este tipo de maniobras inquietaba no sólo a los comunistas, sino también a los gremialistas moderados, que temían caer víctimas de ellas. Pero los eventos de octubre parecían haber dado vuelta la relación de fuerzas: ahora era Perón el que temía por su autonomía. Para no quedar preso de los dirigentes del PL, exigió que aceptaran una alianza con la UCR-Junta Renovadora, un pequeño grupo de políticos escindido del radicalismo. Los conflictos entre ambas agrupaciones no tardaron en aparecer, lo que dio mayor autoridad a Perón como mediador indispensable. 

El PL puso toda su energía en asegurar la victoria en las elecciones y de hecho fue el que consiguió por lejos la mayor cantidad de votos para el coronel. Las fuerzas antiperonistas se habían unificado tras los candidatos de la Unión Democrática, una coalición que agrupaba no sólo a la UCR y los demócrataprogresistas, sino también al socialismo y el Partido Comunista, que creían ver en Perón una amenaza “nazifascista”. La campaña estuvo marcada por una gran polarización y una intensa lucha social. Las manifestaciones y militantes peronistas recibieron frecuentes balaceras. Por su parte, en su recorrida por el interior el “Tren de la Victoria” de los antiperonistas fue constantemente apedreado. Fueron elecciones realmente vibrantes.

En febrero de 1946 Perón logró una ajustada victoria, con una diferencia importante en algunos sitios y menos categórica en otros, pero aun así triunfó en la gran mayoría, incluso en la Capital. Las elecciones fueron récord en participación de votantes. Lo votaron no sólo las clases populares sino incluso una porción importante de empleados, pequeños productores y otros sectores medios-bajos. Incluso algunas élites locales lo acompañaron (especialmente en Córdoba y Santa Fe), atraídas por su nacionalismo, por su clericalismo o por haberse declarado “un conservador, en el noble sentido de la palabra”. 

Los laboristas tuvieron poco tiempo para festejar la victoria: a poco de las elecciones Perón inició maniobras para quitarles todo poder autónomo. Para erigirse como líder indiscutido del movimiento tenía que contar con un aparato político propio. En mayo ordenó la disolución del PL y del resto de las agrupaciones que lo habían apoyado y su fusión en un nuevo Partido Único de la Revolución Nacional, luego redenominado simplemente Partido Peronista, como para que no quedaran dudas. Algunos laboristas, sorprendidos, intentaron resistir. Pero las presiones y la fuga de dirigentes los fueron haciendo desistir y en junio finalmente acataron la directiva. Los que se negaron a hacerlo, como Cipriano Reyes –quien como referente del gremio de la carne había tenido un papel crucial para movilizar a los trabajadores el 17 de octubre–, terminarían presos. Así terminó el primer y hasta ahora último intento del movimiento obrero argentino de incursionar en política con un partido propio.

Así y todo, la apuesta que entonces hicieron los trabajadores les permitió defender los derechos laborales conseguidos y sostenerlos durante décadas. Desde entonces las clases altas quisieron eliminarlos por todos los medios, por las buenas o por las malas. Avanzaron con retrocesos desde la última dictadura –contando no pocas veces con la ayuda de sectores del peronismo– hasta que encontraron en Milei el vehículo efectivo.

La historia de las elecciones de 1946 es rica en enseñanzas. De lo que la autonomía política de los trabajadores puede lograr. Y de la fragilidad de esos logros cuando se sostienen en liderazgos que no salen de su seno.

EA/MC

La reforma laboral no es ya un proyecto en disputa sino una pieza casi cerrada del engranaje institucional. A cuatro días de su sanción definitiva, el oficialismo transformó el calendario legislativo en una flecha recta, inquebrantable, como pocas veces se ha visto en democracia. Sin ir más lejos, es la reforma laboral más abarcativa desde las modificaciones estructurales de fines de los años 90, cuando el paradigma de flexibilización marcó la última gran reconfiguración del derecho del trabajo argentino, con todo lo engorroso y peliagudo que supone enmendar una ley marco, un texto largo, con muchísimos artículos y regulaciones que afectan a cientos de miles de trabajadores. Si el Senado valida la modificación incorporada por Diputados en el artículo sobre descuentos salariales por enfermedad, Javier Milei llegará a su tercer 1º de marzo con la ley convertida en norma vigente.

El período de sesiones ordinarias del Congreso comienza el 1º de marzo y finaliza el 30 de noviembre. Las extraordinarias —convocadas por el propio Presidente durante el receso estival— funcionaron como un corredor legislativo acelerado para tratar una reforma que altera pilares históricos del derecho del trabajo argentino. Total, si durante el año parece haber importado muy poco el desguace del Estado, pese a cobrar los mismos impuestos para la gran mayoría de la población e inclusive de haberlos aumentado, menos importancia le darán a una discusión que realiza en febrero, en plenas vacaciones de verano. Todos felices.

Si el Senado confirma la redacción, la norma quedará sancionada antes del inicio formal del nuevo año parlamentario. Milei podrá presentar la ofrenda de sus héroes parlamentarios frente a la Asamblea Legislativa, el domingo próximo, como otra conquista política en el escenario institucional más solemne del calendario republicano, donde en un mismo sitio, el recinto de la Cámara de Diputados se reúnen las máximas autoridades de los tres poderes del Estado y los gobernadores, entre otros altos cargos. Por eso es la jornada institucional más importante de la República.

La reforma laboral ya fue aprobada por ambas Cámaras en sus ejes estructurales. El Senado no vuelve a discutir el corazón del proyecto. Solo debe convalidar una modificación puntual sobre licencias médicas. El resto del texto —indemnizaciones, fondo de cese, período de prueba, banco de horas, negociación por empresa, regulación sindical— cuenta con aval parlamentario completo. En términos legislativos, la reforma laboral sale o sale.

Ese desenlace, sin embargo, no se produce en un vacío social ni jurídico. El Gobierno ya intentó avanzar con un paquete desregulador en la ley Bases y en el DNU, capítulo que fue rechazado por la Justicia. Este es el tercer intento. Nada garantiza que el nuevo texto no enfrente cuestionamientos judiciales, especialmente en los artículos que rozan derechos consagrados en la Constitución nacional, advierten juristas.

Pero el viernes no se discutirá eso. Se discutirá una redacción técnica. Y el 1º de marzo se celebrará un hecho político trascendental para el gobierno libertario y sus colaboradores, además de los grandes empresarios, por supuesto. Todo lo que venga después está por verse y, si hay fallos adversos, el gobierno de La Libertad Avanza, que ha demostrado más audacia en el manejo de la agenda-setting (la capacidad de un actor político de instalar y jerarquizar los temas que dominan la conversación pública) que cualquier otro gobierno en democracia, sabrá ponerse en víctima, decir que buscan ponerle palos en la rueda a “un presidente que vino a cambiar la historia del país”, y otras cosas que los argentinos ya las conocemos de memoria.

La reforma en concreto: qué cambia para quienes trabajan

Más allá de la escena simbólica, el impacto material es profundo.

En materia de despidos, la ley redefine el cálculo de la indemnización sobre la mejor remuneración mensual normal y habitual, excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios extraordinarios. Se establece un tope máximo equivalente a tres salarios promedio del convenio colectivo y un piso del 67% del salario real. La indemnización pasa a ser la única reparación posible y se habilita el pago de sentencias en cuotas.

No es una modificación técnica menor: reduce el costo del despido y limita la reparación económica frente a la ruptura unilateral del vínculo laboral.

Se crea además el Fondo de Cese Laboral, financiado por aportes del empleador, que puede reemplazar completamente la indemnización tradicional. Si el convenio lo adopta, el trabajador no puede optar por el régimen anterior.

El período de prueba se extiende a ocho meses y puede llegar a un año en pymes. Durante ese tiempo, el despido no genera indemnización.

Se habilita el banco de horas mediante acuerdo individual o colectivo. La jornada deja de medirse estrictamente por día y pasa a promediarse. Si las horas se compensan dentro del período acordado, no se pagan como extras.

Se refuerza la negociación por empresa frente a la de actividad y se habilita que acuerdos individuales modifiquen adicionales y premios. La ultraactividad puede suspenderse por acuerdo de partes.

En registración laboral, la emisión de facturas excluye la presunción de relación de dependencia y la carga de la prueba recae sobre el trabajador.

En licencias por enfermedad, el texto reduce el salario durante períodos prolongados, endurece controles y exige alta médica definitiva para la reincorporación . Este es el punto que Diputados modificó y que ahora debe validar el Senado.

Cada uno de esos artículos altera equilibrios históricos entre capital y trabajo

Saturación, apatía y reforma estructural

El contexto cultural también importa. La reforma avanza en extraordinarias, convocadas durante el receso estival, en un clima de saturación informativa permanente. El debate convive con múltiples agendas superpuestas, conflictos judiciales, tensiones económicas y una exposición mediática constante.

Aquí aparece una referencia teórica que ilumina el momento: los sociólogos Paul Lazarsfeld y Robert Merton desarrollaron hace casi ocho décadas el concepto de “disfunción narcotizante”. Su hipótesis sostenía que la sobreexposición a información masiva podía producir el efecto inverso al deseado: en lugar de estimular la acción, generaba apatía. La ciudadanía se siente informada, pero no necesariamente movilizada. El conocimiento superficial reemplaza al compromiso activo.

La teoría, pese a su antigüedad, conserva una sorprendente actualidad, como la de Mirtha Legrand, quien esta semana cumplió 99 años. Sobre la disfunción narcotizante: en un ecosistema comunicacional donde todo ocurre al mismo tiempo, una reforma que modifica décadas de regulación laboral puede avanzar sin que la intensidad del debate refleje la magnitud del cambio.

El 1º de marzo como escena

Si el Senado convalida la modificación este viernes, Milei abrirá las sesiones ordinarias con una reforma estructural ya sancionada. El discurso presidencial no será entonces la antesala de una batalla legislativa sino la celebración de un resultado.

La escena estará cargada de simbolismo: un Presidente que utilizó las extraordinarias para aprobar una ley que redefine indemnizaciones, convenios, jornada y derechos sindicales; un Congreso que, antes de iniciar su período ordinario, ya habrá convalidado el nuevo marco laboral; y un país que discutirá en tribunales, en empresas y en sindicatos el alcance real de la norma.

El viernes se votará un artículo. El 1º de marzo se narrará una victoria. Lo que ocurra después ya no dependerá solo del Congreso. Pero por ahora el gobierno festeja.

JJD

La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno en una sesión extensa y cargada de tensión política, mientras la CGT llevó adelante un paro general sin movilización y distintos gremios realizaron protestas en el país. El proyecto obtuvo 135 votos afirmativos y 115 negativos en la votación en general, y fue girado al Senado para su tratamiento definitivo tras la eliminación del artículo 44, que establecía una rebaja salarial para trabajadores que sufrieran accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral.

La media sanción se produjo en un contexto de fuerte disputa parlamentaria y cuestionamientos al procedimiento. La sesión comenzó con 130 diputados presentes, aportados por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo. La oposición denunció irregularidades cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, sometió a votación a mano alzada el plan de labor, lo que derivó en un cruce directo con legisladores de Unión por la Patria que se acercaron al estrado para exigir una rectificación.

El oficialismo consiguió el respaldo de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y monobloques aliados. En contra votaron Unión por la Patria, la mayoría de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y otros bloques minoritarios.

El debate expuso con claridad el eje del conflicto: el alcance de los derechos laborales y el poder de negociación de quienes trabajan. El presidente de la comisión de Trabajo, Lisandro Almirón, defendió la iniciativa y sostuvo que “el marco regulatorio actual no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad”. Afirmó que “hace décadas que nuestro país tiene un problema de fondo grave que es la incapacidad de crear empleo genuino” y aseguró que el 55% de las personas se encuentra en la informalidad.

Desde la oposición sindical y política, las críticas apuntaron a un retroceso en derechos históricos. El diputado Sergio Palazzo advirtió que, de aprobarse la ley, se presentará “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad” y acusó al oficialismo de “contrabandear detrás de la palabra modernización un brutal retroceso histórico en los derechos de los trabajadores”. Señaló además que la reforma “liquida el derecho de huelga” y afecta al sistema previsional a través del discutido Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Miguel Pichetto cuestionó el esquema de convenios por empresa previsto en el proyecto y afirmó que “va a ser peor” y qie “es un grave error”. Néstor Pitrola rechazó el argumento de los “costos laborales” y sostuvo que “la mayoría de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza”, en referencia a una canasta de $1.300.000.

Desde el oficialismo y sectores aliados, Lisandro Nieri argumentó que la legislación vigente “es vetusta y no les sirve a los trabajadores ni a los empresarios porque el costo laboral es muy alto” y vinculó la reforma con la reducción de la litigiosidad y la informalidad.

En paralelo al debate parlamentario, la central obrera resolvió un paro general sin movilización, decisión que generó cuestionamientos internos. Días antes, distintos dirigentes sindicales habían criticado esa modalidad. En una cobertura reciente, referentes gremiales advirtieron que la ausencia en la calle debilitaba la presión sobre los legisladores en una votación clave .

Otros gremios ya habían anticipado medidas de fuerza en caso de avance legislativo. El secretario general de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra, había afirmado semanas atrás: “Hay que salir a la calle ahora”. Y había confirmado que su organización iría a la huelga si prosperaba la ley. Desde la CGT, Jorge Sola había cuestionado el banco de horas previsto en el proyecto y sostuvo que “lo decide el patrón, no el trabajador” .

El impacto concreto sobre quienes trabajan se inscribió en un contexto de deterioro salarial. Según el Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumuló un alza de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación fue de 27,9%, lo que implicó una caída real de más de dos puntos. En ese marco, gremios denunciaron pérdida de poder adquisitivo y congelamiento paritario en distintos sectores.

En la sesión también se produjeron otros episodios de alta tensión, como la denuncia de pérdida de quórum y el cruce por el uso de los micrófonos en el recinto. Unión por la Patria anunció que, si vuelve al Gobierno, derogará la norma. “Esta ley va a ser derogada inmediatamente”, afirmó Germán Martínez en el cierre del bloque.

El trámite parlamentario continuará en el Senado, donde el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto antes del inicio de las sesiones ordinarias. Hasta el momento, el Gobierno no anunció modificaciones adicionales al texto aprobado en Diputados.

JJD, con información de NA

El Poder Ejecutivo Nacional remitió al Senado el convenio para transferir la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un acuerdo que establece el cierre del fuero laboral nacional con asiento en la Ciudad y el traspaso de sus competencias ordinarias a la Justicia porteña. La iniciativa quedó sujeta a la aprobación del Congreso y de la Legislatura porteña, y redefine el esquema judicial ante el que deberán litigar miles de trabajadores y trabajadoras.

Según detalló el sitio jurídico especializado Palabras del Derecho, el texto enviado al Parlamento dispuso una transferencia progresiva de la competencia material y funcional que hoy ejercen los juzgados nacionales del trabajo y determinadas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, limitada a los conflictos laborales ordinarios tramitados dentro del territorio porteño. La nómina de tribunales alcanzados quedó detallada en un anexo del convenio, que delimitó de manera expresa el alcance del traspaso.

El acuerdo excluyó de la transferencia un conjunto central de conflictos laborales, que permanecerán bajo competencia federal. En ese grupo se encuentran las causas en las que sea parte el Estado Nacional, cualquiera sea el poder u organismo involucrado; las acciones vinculadas al régimen de asociaciones sindicales; los litigios en materia de seguridad social; y los casos en los que exista competencia federal por materia o por las partes. Esos expedientes pasarán a tramitar ante los juzgados en lo contencioso administrativo federal.

El acuerdo establece que los trabajadores deberán litigar en fueros distintos según el tipo de reclamo, incluso cuando el conflicto tenga un mismo origen laboral. Las demandas por despido, salarios o condiciones de trabajo ordinarias quedarán en la órbita del nuevo fuero laboral porteño, mientras que los reclamos sindicales, previsionales o contra el Estado nacional seguirán un circuito judicial separado, con reglas procesales diferentes.

El envío del convenio al Senado se produjo luego de que el Gobierno avanzara por vía administrativa en la organización del traspaso. A través del Decreto 95/2026, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei delegó en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la facultad de suscribir el acuerdo de transferencia y sus eventuales adendas, habilitándolo a coordinar el proceso con el Gobierno de la Ciudad. Una vez firmado, el convenio debe ser ratificado por el Congreso para entrar en vigencia.

Más allá de la coyuntura, el debate se inscribe en una discusión estructural que atraviesa al sistema judicial argentino desde hace más de tres décadas. Tal como explicaron Sebastián Guidi y Marcos Aldazabal en una nota publicada en elDiarioAR, la llamada Justicia Nacional es un resabio del esquema institucional previo a la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires aún no era autónoma y sus jueces dependían del Estado nacional. A diferencia de otros organismos, la Justicia Nacional nunca fue transferida, lo que dio lugar a una anomalía que persiste hasta hoy: en la Ciudad conviven una justicia local y una justicia nacional, mientras que en las provincias existe un único poder judicial.

Desde la reforma constitucional, existe un consenso amplio en torno a que la Justicia Nacional debe ser transferida a la Ciudad, que pasó a tener un estatus equiparable al de una provincia. Sin embargo, esa transferencia nunca se concretó plenamente, y el resultado fue un sistema híbrido, con competencias superpuestas y un reparto que no responde a un diseño integral. En ese marco, el reciente fallo “Levinas” de la Corte Suprema volvió a colocar el tema en el centro del debate institucional.

En ese fallo, dictado a fines de 2025, la Corte Suprema resolvió que las sentencias dictadas por la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires deben ser revisadas previamente por el Tribunal Superior de Justicia porteño antes de llegar al máximo tribunal, un criterio que equipara a la Ciudad con una provincia.

Según explicaron Sebastián Guidi y Marcos Aldazabal en elDiarioAR, la decisión no transfirió formalmente la Justicia Nacional, pero fortaleció el rol del tribunal superior local y empujó de hecho el proceso de traspaso, al modificar la cadena de revisión judicial vigente desde antes de la autonomía porteña.

El convenio ahora enviado al Senado buscó ordenar parcialmente ese escenario, al menos en materia laboral. No será una absorción inmediata sino un proceso escalonado destinado a garantizar la continuidad del servicio de justicia. Las causas iniciadas antes de la entrada en vigencia del acuerdo continuarán su trámite ante la Justicia Nacional del Trabajo hasta su finalización, mientras que los nuevos procesos que se inicien una vez operativa la transferencia deberán radicarse en el Fuero del Trabajo de la Ciudad.

Uno de los ejes del acuerdo fue el régimen transitorio para magistrados, funcionarios y empleados judiciales. El texto garantizó la intangibilidad de las remuneraciones, la estabilidad en el empleo y la preservación de los derechos previsionales y de carrera, y estableció que el Estado Nacional deberá transferir los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para el funcionamiento del fuero laboral porteño. La Ciudad, en tanto, asumió el compromiso de dictar las normas organizativas para su puesta en marcha.

En materia de control judicial, el convenio mantuvo la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos previstos por la Constitución. A su vez, dispuso que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá la función revisora sobre las causas del nuevo fuero laboral local, conforme al esquema de competencias establecido en la normativa porteña.

Desde el punto de vista de quienes trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, el acuerdo implica una reorganización del acceso a la justicia laboral, al establecer que los reclamos ordinarios y aquellos vinculados a derechos sindicales, previsionales o al Estado Nacional seguirán vías judiciales diferentes, aun cuando deriven de una misma relación de trabajo. El convenio no incluyó definiciones sobre criterios de unificación procesal ni mecanismos específicos para evitar la dispersión de litigios, una cuestión que quedará abierta en la implementación.

La transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo quedó supeditada a la aprobación del acuerdo por el Congreso, a su ratificación por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y al dictado de los actos administrativos necesarios para su implementación. Hasta tanto se cumplan esas instancias, el régimen vigente continuará aplicándose sin modificaciones, según estableció el propio texto remitido al Senado.

JJD

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y sostuvo que “no sirve” porque no genera empleo, no aborda la informalidad y responde a una lógica ideológica antisindical. El dirigente advirtió que el debate público se concentró en aspectos tributarios mientras quedaron relegadas las consecuencias concretas para quienes trabajan.

Martínez planteó que, en términos generales, una reforma laboral debería permitir que los trabajadores ganen derechos en un contexto de cambios tecnológicos y productivos. Sin embargo, remarcó que eso no ocurre con el proyecto oficial. “Yo creo que tendríamos que ganar, pero no es lo que observo en mi análisis y en las realidades concretas de lo que representa esta ley”, afirmó en una entrevista con Infobae. Para el dirigente, la iniciativa no propone un esquema de transición de la informalidad a la formalidad ni políticas concretas de creación de empleo.

En ese sentido, subrayó que la informalidad laboral no es un fenómeno exclusivo de la Argentina, pero cuestionó que el proyecto no incluyera herramientas para revertirla. “Esta ley en ningún momento habla de generación de puestos de trabajo como para ir en un proceso de transición de la informalidad a la formalidad”, sostuvo. Desde su mirada, el texto respondió más a un mensaje político hacia el exterior que a una discusión sobre trabajo. “Este proyecto responde más a un mensaje del ‘rock star Milei’ en su vínculo con Estados Unidos”, afirmó.

El dirigente de la construcción enmarcó el debate en un escenario global atravesado por transformaciones profundas, como la automatización, la inteligencia artificial y la robotización. Señaló que, a nivel internacional, se discute cómo redistribuir el trabajo y redefinir el vínculo entre capital y trabajo, pero advirtió que la reforma local no se inscribió en esa discusión, sino que avanzó sobre derechos ya existentes.

Martínez también se refirió a la situación específica del sector que representa. Confirmó que la construcción perdió alrededor de 60.000 puestos de trabajo en la primera etapa del actual Gobierno, tras la paralización de la obra pública nacional. “De una manera inédita y sin explicación, se frenó la obra pública”, señaló. Explicó que parte de ese impacto se amortiguó por la reactivación de la actividad privada y por la absorción de trabajadores por parte de gobiernos provinciales, pero remarcó que el daño inicial fue significativo.

Consultado sobre la posibilidad de diálogo con un Gobierno que paralizó la obra pública, Martínez sostuvo que el diálogo es una obligación mutua. “Tenemos la obligación de hablar y ellos tienen la obligación de dialogar”, afirmó, aunque aclaró que esa herramienta pierde sentido cuando las decisiones ya están tomadas. En ese marco, relató su paso por el llamado Consejo de Mayo, del que decidió retirarse al advertir que no se discutía un proyecto concreto, sino consignas generales sin capacidad real de modificación.

“Nunca se discutió la composición de un ordenamiento, como se discute un proyecto de ley”, afirmó. Y agregó: “Cuando observé que había una determinación política y una metodología de hecho consumado, decidí retirarme, porque no iba a convalidar eso”. Según explicó, el diálogo formal coexistió con una dinámica en la que el contenido central de la reforma ya estaba cerrado.

Martínez advirtió que el proyecto avanzó sobre derechos colectivos e individuales y que varios artículos rozaron valores constitucionales. Señaló como ejes problemáticos la ultraactividad de los convenios, la prevalencia de convenios por empresa, la posibilidad de crear sindicatos de empresa y las limitaciones a la acción gremial. “Buscan romper el modelo sindical argentino”, sostuvo, y remarcó que ese modelo no niega la inversión ni la rentabilidad, sino que establece reglas de negociación colectiva.

En ese punto, fue explícito al definir el sentido del proyecto. “Hay una intencionalidad ideológica antisindical”, afirmó. Para el dirigente, la iniciativa no apuntó a modernizar relaciones laborales, sino a debilitar la representación colectiva de los trabajadores, en un contexto donde el salario perdió poder adquisitivo y el empleo formal retrocedió.

El titular de la UOCRA también abordó las críticas recurrentes contra el sindicalismo, vinculadas a la falta de representatividad y a la distancia con los trabajadores. Reconoció que existe una interpelación social real, en especial entre los sectores más jóvenes, y sostuvo que los sindicatos deben modernizarse y reconstruir el vínculo con quienes trabajan. Sin embargo, rechazó la demonización generalizada. “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, afirmó, y defendió el rol del sindicalismo como herramienta de defensa colectiva frente a intereses económicos concentrados.

En relación con el fondo de cese laboral que rige en la construcción, Martínez explicó que no puede extrapolarse de manera obligatoria a todas las actividades, ya que responde a características específicas del sector. Señaló que cualquier adaptación debe surgir del acuerdo entre las partes y no de una imposición legal generalizada.

Sobre el futuro del proyecto, el dirigente consideró que la reforma probablemente se apruebe, al entender que el Gobierno cuenta con los votos necesarios. Aun así, aseguró que el sindicalismo dará pelea con argumentos en el Congreso. “Tenemos capacidad para discutir y defender los intereses que representamos”, sostuvo.

JJD