La inteligencia artificial ya no aparece sólo como una promesa de productividad futura; también empieza a modificar la forma en que las empresas contratan, organizan tareas y definen qué puestos necesitan. Un nuevo informe del Banco de Inglaterra advierte que la adopción de IA está reduciendo la demanda de algunos empleos administrativos, rutinarios y junior, justamente los que muchas veces funcionan como puerta de entrada al mercado laboral.

El dato surge del informe mensual de agentes del Banco de Inglaterra, publicado el 24 de julio, que resume conversaciones con empresas relevadas durante las seis semanas previas al cierre de junio. El documento señala que las compañías incorporan IA para ganar eficiencia, automatizar procesos y acelerar tareas de conocimiento, en un contexto de costos laborales elevados, demanda débil y presión sobre márgenes.

El informe no presenta a la IA como una ola homogénea ni como un reemplazo automático de todos los trabajadores. Pero sí registra un cambio concreto: las empresas que logran desplegar inteligencia artificial de manera efectiva pueden aumentar producción sin aumentar empleo y, en algunos casos, reducir sus necesidades de personal.

Las áreas más mencionadas son desarrollo de software, finanzas, funciones administrativas, atención al cliente, servicios profesionales y creación de contenidos. Allí, la IA permite automatizar tareas rutinarias y acelerar trabajos basados en conocimiento. El Banco de Inglaterra cita como ejemplo la investigación legal y la preparación de primeros borradores, que pueden completarse mucho más rápido que antes.

El impacto laboral más sensible aparece en los puestos de entrada. Según el informe, la automatización reduce la demanda de algunos roles iniciales y junior que tradicionalmente daban primera experiencia profesional. Entre las tareas afectadas aparecen la preparación de documentos, el procesamiento de facturas y el análisis básico.

Varias empresas de servicios profesionales reportaron menor contratación de graduados y menor demanda de personal administrativo y junior. Ese punto es central: la IA no sólo amenaza puestos existentes; también puede achicar los escalones por los que los jóvenes empiezan una carrera laboral.

Durante décadas, muchas ocupaciones calificadas se aprendieron desde tareas iniciales: revisar documentos, ordenar información, preparar informes, asistir a equipos, hacer análisis básicos o procesar datos. Si esas tareas se automatizan, las empresas pueden necesitar menos trabajadores junior, pero también pueden debilitar sus propios circuitos de formación.

Algunas compañías advirtieron sobre las implicancias de largo plazo para el desarrollo de habilidades y las “canteras” de talento. La pregunta laboral ya no es sólo cuántos puestos puede reemplazar la IA, sino qué pasa si desaparecen o se reducen los trabajos donde los empleados aprenden antes de ocupar funciones más complejas.

El Banco de Inglaterra también observa un desplazamiento en la demanda de perfiles: crece el interés por trabajadores con habilidades en IA, datos y análisis, además de roles que requieren juicio, supervisión y capacidad para resolver problemas. En paralelo, algunas firmas invierten en capacitación y reconversión de empleados actuales.

Esa transición, sin embargo, no ocurre en igualdad de condiciones. Los trabajadores con más formación, experiencia o capacidad para supervisar resultados generados por IA pueden beneficiarse más de la tecnología. En cambio, quienes ocupan tareas rutinarias, administrativas o de baja autonomía quedan más expuestos. La productividad aumenta, pero no necesariamente se reparte en más empleo ni en mejores trayectorias laborales para todos.

El informe británico confirma una tensión que ya aparece en otros países. Las grandes tecnológicas suelen presentar la inteligencia artificial como una herramienta para crear nuevas oportunidades, pero las empresas la incorporan primero como mecanismo de eficiencia, reducción de costos y reorganización de tareas. En la práctica, esa adopción puede traducirse en menos contratación, menos reemplazo de vacantes y estructuras más chicas.

El propio Banco de Inglaterra señala que las intenciones de empleo siguen prácticamente planas. Las empresas esperan mantener sus dotaciones estables durante los próximos doce meses y, cuando hay recortes, suelen producirse por rotación natural: no reemplazar a quienes se van. Ese mecanismo puede ser menos visible que un despido masivo, pero tiene efectos acumulativos sobre el mercado laboral.

También hay una dimensión generacional. Si las empresas contratan menos graduados, menos asistentes administrativos o menos perfiles de entrada, el ajuste no siempre aparece como pérdida inmediata de puestos, sino como oportunidades que directamente dejan de abrirse. Para los jóvenes, eso puede significar más competencia, trayectorias más lentas y mayor dificultad para conseguir la primera experiencia formal.

La discusión importa más allá del Reino Unido. En economías con alto peso de servicios, tareas administrativas, empleo profesional y trabajo de oficina, la IA puede operar como una tecnología de doble filo: mejora productividad, pero reduce la cantidad de personas necesarias para hacer ciertas tareas. En países con mercados laborales frágiles, informalidad alta y salarios presionados, ese efecto puede profundizar desigualdades existentes.

El informe también advierte que la adopción de IA no elimina todos los costos. La demanda de computación en la nube, centros de datos, software, licencias, semiconductores y personal especializado genera nuevas presiones. Además, las empresas reportan problemas asociados a contenidos de baja calidad o inexactos, postulaciones laborales falsas o masivas generadas con IA y mayor volumen de reclamos o solicitudes automatizadas.

Pero, aun con esas limitaciones, la dirección del cambio ya aparece. La IA permite hacer más tareas con menos horas humanas en áreas específicas. Para los trabajadores, eso abre una pregunta incómoda: si la tecnología aumenta productividad, quién captura ese beneficio y qué pasa con quienes ocupaban los puestos que ahora se vuelven prescindibles o dejan de crearse.

El Banco de Inglaterra no habla de un futuro lejano. Describe conversaciones recientes con empresas que ya están rediseñando procesos, precios y estructuras laborales. La puerta de entrada al empleo —los trabajos junior, administrativos y de aprendizaje— empieza a ser una de las primeras zonas afectadas.

JJD

La economía argentina muestra apenas una tibia recuperación cuando se mira el promedio. Pero cuando se la analiza por áreas, es una evolución más bien partida en dos donde hay poco y nada que celebrar: algunos sectores crecen, exportan o mejoran sus números, pero no son los que más empleo generan. Al mismo tiempo, las actividades donde trabajan más argentinos —industria, comercio y construcción— siguen golpeadas por la caída del consumo, la apertura importadora y la recesión.

Ese es el principal dato laboral que surge del último informe semanal del Instituto Argentina Grande (IAG). Según el relevamiento, en los últimos 12 meses se perdieron 141.700 puestos registrados en relación de dependencia y, desde el cambio de gestión, la caída ya llega a 329.600 empleos, si se consideran el sector privado y el sector público.

El informe resume esa dinámica en una frase: la actividad puede crecer, pero destruir trabajo asalariado registrado. El problema no es sólo cuánto crece la economía, sino en qué sectores crece y cuántos trabajadores entran en esa recuperación.

El dato más fuerte aparece cuando se cruza actividad con empleo. En mayo, la actividad económica creció apenas 0,2% interanual, pero esa mejora estuvo concentrada en ramas de baja absorción laboral. Según el IAG, agro y minas y canteras explican el 73,8% del crecimiento interanual de los sectores con resultado positivo. En cambio, industria y comercio explican el 88,3% de la variación negativa.

La diferencia es clave. Comercio, industria y construcción concentran el 44,2% del trabajo privado registrado. Son sectores intensivos en empleo, con impacto directo sobre fábricas, comercios, corralones, obras, talleres, proveedores y servicios asociados. Cuando esas ramas caen, no sólo baja una estadística de actividad: se debilitan las fuentes de trabajo que sostienen a millones de hogares.

Del otro lado, minas y canteras, agro y sector financiero agrupan apenas el 9,2% del trabajo privado registrado. Pueden empujar exportaciones, generar divisas o mejorar ciertos indicadores macroeconómicos, pero tienen una capacidad mucho menor para absorber empleo asalariado en las ciudades. La economía puede mostrar mejores números en el tablero financiero y, al mismo tiempo, dejar afuera a los sectores donde más gente vive de un salario.

El informe del IAG define ese proceso como una economía en forma de “K”: algunas ramas suben, otras bajan. Pero en términos laborales, la metáfora tiene una consecuencia concreta. Arriba quedan actividades vinculadas al agro, la minería, la energía o las finanzas. Abajo quedan ramas urbanas y empleo-intensivas, como industria, comercio y construcción.

Ese comportamiento ayuda a explicar por qué la recuperación no se siente de la misma manera en el mercado de trabajo. La suba de exportaciones o el dinamismo de Vaca Muerta pueden mejorar la balanza comercial o la mirada de los mercados, pero no necesariamente generan un rebote amplio del empleo registrado.

El monotributo aparece como otra señal de la transformación laboral. Según el informe, los monotributistas aumentaron 49.500 en el último año y 150.100 desde el cambio de gestión. Ese crecimiento del cuentapropismo no alcanza para compensar la pérdida de empleo registrado en relación de dependencia. Es decir que, con Javier Milei en la Presidencia, el empleo se prcariza y cae.

La diferencia no es menor. Un puesto asalariado registrado implica aportes, cobertura, licencias, aguinaldo, obra social, estabilidad relativa y derechos laborales. El monotributo, en cambio, puede expresar trabajo independiente genuino, pero también funcionar como refugio de ingresos ante la pérdida de empleo formal, changas, tercerización o formas más débiles de inserción laboral. Que crezca el monotributo mientras cae el empleo registrado no necesariamente habla de más trabajo: puede hablar de peor trabajo.

El deterioro también aparece en la seguridad social. El IAG advierte que entre 2023 y marzo de 2026 hubo 622.300 aportantes menos y 426.261 beneficiarios más. La transición desde empleo asalariado registrado hacia monotributo o informalidad presiona el sistema contributivo, porque reduce la cantidad de trabajadores que aportan plenamente y limita el financiamiento de prestaciones.

La caída de las fuentes de trabajo llega además con salarios reales en retroceso. En mayo, según el informe, cayeron todos los ingresos medidos: el salario privado registrado bajó 0,1%, el público provincial 0,2%, el público nacional 0,6% y el salario mínimo 1%. En la comparación interanual, el privado registrado perdió 2,9%, el público nacional 7,3%, el público provincial 3,3% y el salario mínimo 11,6%.

El resultado combina dos problemas al mismo tiempo: menos empleo registrado donde más trabajadores se concentran y pérdida de poder adquisitivo para quienes todavía conservan un puesto. En ese marco, el consumo no se recompone, la industria no recupera volumen y los comercios siguen afectados por una demanda interna débil.

El propio informe señala que el 53,2% de los industriales consultados identifica a la demanda interna como la causa principal que frena la recuperación del sector. Casi el 60% cree que las ventas no mejorarán en los próximos tres meses y el 25,6% prevé que se reducirán. Esa expectativa conecta directamente con el salario: si los ingresos no alcanzan, el consumo cae; si el consumo cae, las ramas que más empleo generan siguen bajo presión.

La economía de Milei puede mostrar sectores ganadores, superávit comercial o mejores expectativas financieras. Pero el mapa laboral cuenta otra cosa. Crecen ramas que emplean poco y retroceden las que sostienen buena parte del trabajo privado formal. La recuperación que el Presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo, pueden festejar en Twitter (X) no llega a las fábricas, ni a los comercios, ni a la obra ni mucho menos a los bolsillos de los trabajadores.

JJD

Los empleados de comercio vuelven a correr detrás de los precios. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios pactó una recomposición salarial de 5,7% para julio, agosto y septiembre, más un bono de $50.000 en dos cuotas, en un acuerdo que apuesta a que la inflación no vuelva a acelerarse como a principios de año.

El entendimiento, informado por Noticias Argentinas, fue firmado por FAECYS con la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales. La recomposición se pagará en tres tramos iguales de 1,9% mensual: julio, agosto y septiembre.

El acuerdo también incluye una suma extraordinaria de $50.000 para trabajadores de todas las categorías, que se abonará en dos cuotas de $25.000, una en julio y otra en agosto. Además, se mantendrá durante este trimestre la suma de $120.000 pactada en la negociación anterior.

La palabra clave es recomposición, no aumento. En la Argentina, las paritarias suelen funcionar como una carrera defensiva contra los precios: buscan evitar que el salario pierda más poder de compra, no necesariamente mejorar los ingresos reales. En este caso, el acuerdo depende de que la inflación mensual se mantenga cerca de los últimos registros y no vuelva a dar un salto.

El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, defendió el entendimiento como resultado de un “diálogo responsable y constructivo” en un contexto económico complejo. “La negociación colectiva sigue siendo la herramienta más valiosa para encontrar soluciones equilibradas que contemplen la realidad de los trabajadores y de las empresas”, señaló.

Cavalieri también apuntó a la situación de la actividad comercial. “Somos conscientes de las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía, particularmente el comercio, donde muchas pymes y comercios de cercanía enfrentan un escenario muy complejo”, sostuvo. Según el dirigente, el objetivo fue “preservar el empleo, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad a la actividad durante los próximos meses”.

El contexto explica la cautela del acuerdo. Comercio es uno de los sectores más expuestos a la caída del consumo: depende del movimiento diario en supermercados, locales, shoppings, mayoristas, comercios de cercanía y servicios. Cuando los hogares recortan gastos, ese ajuste se siente en las ventas, en las horas trabajadas, en las suspensiones y en el empleo.

Pero esa misma crisis también condiciona a los trabajadores mercantiles. La caída del consumo no elimina la necesidad de recomponer salarios: la vuelve más difícil. Los comercios venden menos, las pymes tienen menos margen y los empleados siguen enfrentando alquileres, servicios, transporte, salud y alimentos que pesan cada mes sobre el ingreso.

El problema para los trabajadores mercantiles, como para buena parte de los asalariados, es que el promedio del IPC no siempre refleja el peso de los gastos que más condicionan el bolsillo. En junio, la inflación mensual fue de 1,9%, pero los servicios subieron 2,9%, los regulados 2,3%, salud 2,9% y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 3,3%.

Ese desfasaje se vuelve más claro cuando se mira el primer semestre. Mientras el índice general acumuló 16,8%, los servicios subieron 20,9%, los precios regulados 23% y vivienda 25,1%. Son rubros difíciles de postergar: alquileres, tarifas, transporte, salud, educación, conectividad y otros gastos mensuales que pesan de manera directa sobre el salario.

Por eso, una recomposición de 1,9% mensual puede empatar el último dato general de inflación, pero queda más ajustada cuando se la compara con los gastos fijos. El salario no se gasta en el promedio del IPC: se gasta en la boleta de luz, el alquiler, el colectivo, la prepaga, los medicamentos, internet y la comida.

El bono de $50.000 puede aportar un alivio puntual, pero no modifica la estructura salarial. Al pagarse en dos cuotas, funciona como complemento transitorio y no como mejora permanente del básico. Lo mismo ocurre con las sumas fijas pactadas en acuerdos anteriores: ayudan a sostener ingresos en el corto plazo, pero no siempre consolidan poder adquisitivo hacia adelante.

El acuerdo mercantil confirma una tendencia de las negociaciones salariales en esta etapa: tramos cortos, porcentajes mensuales moderados, sumas fijas y revisión permanente. La lógica es seguir la evolución de los precios sin desbordar la pauta que busca el Gobierno, pero esa estrategia deja a los trabajadores expuestos si la inflación efectiva de los gastos cotidianos vuelve a superar los porcentajes firmados.

La paritaria también muestra el margen estrecho de la negociación colectiva en una economía debilitada. Los gremios intentan evitar una nueva pérdida salarial, mientras las cámaras empresarias advierten por la crisis de actividad y el Gobierno busca sostener una señal de moderación nominal. En el medio quedan los trabajadores, que negocian cada trimestre contra precios que ya acumularon varios meses de ventaja.

Comercio es uno de los sindicatos con mayor cantidad de trabajadores del sector privado. Por eso, cada paritaria mercantil funciona como referencia para otras actividades. La recomposición de 5,7% para el trimestre marca una señal de moderación, pero también muestra el límite de la negociación cuando el salario intenta recuperar terreno en una economía de consumo deprimido.

JJD, con información de NA

La inflación de junio fue de 1,9% y volvió a perforar el piso del 2%, según informó este martes el Indec. El dato confirma una desaceleración del índice general y le da al gobierno de Javier Milei un número para mostrar, pese a que en los primeros seis meses de su tercer año de mandato el IPC acumuló una suba de 16,8%, y la variación interanual llegó al 33,5%.

El promedio, de todas maneras, vuelve a contar sólo una parte de la historia. Para los trabajadores, un salario no se gasta en “IPC”: se gasta en alquiler, luz, gas, transporte, comida, medicamentos, internet, colegio y expensas.

Ese recorte cambia la lectura del dato. En junio, los bienes subieron 1,4%, por debajo del promedio general. Los servicios, en cambio, aumentaron 2,9%. La diferencia se repite en períodos más largos: en el primer semestre, los bienes acumularon 14,8%, pero los servicios subieron 20,9%. En la comparación interanual, la brecha es todavía mayor: 29,4% contra 42,4%.

La inflación mensual, entonces, bajó más por el lado de los bienes que por el lado de los gastos que muchas familias no pueden postergar. Los servicios son justamente una parte cada vez más pesada del presupuesto de los hogares: alquiler, electricidad, gas, agua, transporte, salud, educación, conectividad y otros pagos mensuales que no se resuelven comprando menos unidades en el supermercado.

La división con mayor aumento del mes fue Recreación y cultura, con 4,2%, impulsada por paquetes turísticos. Pero entre los rubros de mayor peso cotidiano también hubo subas superiores al promedio: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 3,3%; Salud, 2,9%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, 2,1%. Transporte subió 1,6% y Educación, 1,7%.

El dato de vivienda es especialmente sensible. Esa división acumula 25,1% en el primer semestre y 47,8% interanual, muy por encima del índice general. En el interior del rubro aparecen aumentos de alquileres, electricidad, gas y otros combustibles. En GBA, Noreste y Patagonia, esa división fue la de mayor incidencia en la inflación mensual, según el propio informe del Indec.

También los precios regulados siguieron corriendo por arriba del promedio. En junio subieron 2,3%, frente al 1,9% del nivel general. En el primer semestre acumularon 23% y en doce meses llegaron al 44,6%. Ese grupo incluye tarifas de servicios públicos, transporte público, combustibles, salud, educación formal, telefonía y otros precios con fuerte peso estatal o impositivo.

El Gobierno suele presentar la baja de la inflación como prueba de ordenamiento económico. Pero para los hogares trabajadores, la discusión central cuánto queda del ingreso después de pagar los gastos fijos. Si el salario se encuentra con servicios que suben más que los bienes, con regulados que aumentan más que el promedio y con vivienda casi 48% arriba en un año, la desaceleración estadística no parecer ser ningún alivio.

Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,3% en junio, por debajo del nivel general. Ese dato ayudó a moderar el IPC del mes. Pero incluso allí hay diferencias importantes en la canasta concreta que llega a la mesa: en GBA, el tomate redondo aumentó 22,5%, la papa 4,8%, la lechuga 4,6%, el pan francés 4,1%, la cebolla 3,9% y los fideos secos tipo guisero 3,4%.

La baja de algunas frutas y carnes compensó parte de esos aumentos. Pero la experiencia de compra de los hogares no siempre se parece al promedio de una división completa. En una familia que consume más verduras, pan, fideos o productos de almacén, la inflación efectiva puede ser más alta que el 1,3% de Alimentos o que el 1,9% del índice general.

La inflación no es lo que parece

El dato oficial sigue medido con una canasta cuya actualización fue postergada. El nuevo IPC, basado en una estructura de consumo más reciente, debía reemplazar a la medición vigente, pero el Gobierno decidió demorar su implementación tras la salida de Marco Lavagna del Indec. Esa discusión no invalida el dato publicado, pero sí vuelve necesario leerlo con cuidado: la forma de medir también define qué peso tienen los gastos que hoy ocupan más lugar en el presupuesto familiar.

Junio dejó, entonces, una doble foto. La inflación general bajó y marcó el registro mensual más bajo del año. Pero los precios que organizan la vida cotidiana de los trabajadores no se comportaron todos igual. Los servicios subieron más que los bienes, los regulados más que el promedio y vivienda volvió a quedar entre los rubros más dinámicos.

Para el Gobierno, el 1,9% puede ser una señal de éxito. Para los trabajadores, la pregunta sigue siendo otra: si el salario alcanza después de pagar los gastos que no se pueden esquivar. En esa cuenta, la inflación puede bajar en el índice general y, al mismo tiempo, seguir pesando donde más duele: en los gastos fijos del mes.

JJD

Corea del Sur planea crear un fondo con ingresos fiscales adicionales generados por el auge de los semiconductores y la inteligencia artificial para financiar inversiones, apoyar emprendedores y promover empleo joven. La iniciativa fue presentada por el jefe de Gabinete surcoreano, Kang Hoon-sik, como una herramienta para impulsar el crecimiento futuro y responder a la desigualdad que puede profundizar el nuevo ciclo tecnológico.

La propuesta no apunta sólo a acelerar el desarrollo de la IA sino que pone sobre la mesa la discusión sobre quién se queda con los beneficios de esa transformación. Kang afirmó que el fondo servirá para “responder a la polarización” de una economía “en forma de K”, una expresión utilizada para describir procesos en los que algunas personas, empresas o industrias crecen con mucha fuerza, mientras otras quedan rezagadas.

El diagnóstico es relevante porque aparece en uno de los países más integrados a la cadena global de semiconductores: los materiales y componentes con los que se fabrican chips, procesadores y memorias, piezas indispensables para computadoras, celulares, servidores, autos y sistemas de inteligencia artificial. Corea del Sur es sede de gigantes como Samsung Electronics y SK hynix, dos actores centrales de esa industria. El Gobierno surcoreano acaba de presentar proyectos industriales en semiconductores, IA física y centros de datos, con inversiones cercanas al billón de dólares entre empresas privadas y agencias estatales.

La novedad está en que Seúl empieza a vincular de manera explícita el boom tecnológico con una pregunta social y laboral: si la inteligencia artificial genera nuevas rentas, más productividad y más recaudación, una parte de esos recursos debería financiar políticas para evitar que la riqueza quede concentrada sólo en las empresas ganadoras.

El fondo, según el Gobierno, se destinará a inversiones y a dar “apoyo para emprendedores y empleo para jóvenes de entre 20 y 30 años”. Los detalles todavía no fueron definidos. El portavoz del gobernante Partido Democrático, Kang Jun-hyun, aclaró que el Ejecutivo sólo “esbozó” el propósito general del instrumento.

La idea ya había generado polémica en mayo, cuando el jefe de la Oficina de Políticas presidencial, Kim Yong-beom, planteó la necesidad de repartir entre los ciudadanos los beneficios fiscales generados por el auge de la IA. Sus declaraciones fueron cuestionadas por sectores que interpretaron la propuesta como un intento de repartir beneficios empresariales. El presidente Lee Jae-myung negó esa lectura.

Durante los últimos meses, las grandes tecnológicas insistieron en que la inteligencia artificial creará nuevas oportunidades laborales, pero las empresas ya empezaron a usarla para reorganizar tareas, reducir costos y achicar estructuras. El discurso de la innovación convive con decisiones empresarias que presentan la automatización como una vía para necesitar menos personal en determinadas áreas.

Recientemente, Amazon admitió que la IA reducirá la necesidad de personal corporativo a medida que automatice tareas de oficina. En China, el Gobierno empezó a observar con más precisión el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo, en un contexto de preocupación por despidos silenciosos y reestructuraciones vinculadas a la automatización. Distintos estudios sobre demanda laboral también muestran que la IA no sólo elimina puestos: cambia qué tareas se valoran, qué perfiles ganan peso y qué trabajadores quedan más expuestos.

Por eso la iniciativa de Corea del Sur importa más allá de su diseño final. No presenta la IA sólo como una promesa de eficiencia, inversión y crecimiento. La reconoce también como una fuente potencial de desigualdad. En una economía “en forma de K”, la misma tecnología que dispara beneficios para empresas líderes puede dejar atrás a trabajadores jóvenes, empleos administrativos, sectores de menor productividad o regiones menos integradas a la cadena digital.

La pregunta de fondo es laboral. Si la IA permite producir más con menos trabajo, automatizar tareas repetitivas o concentrar ganancias en empresas con capacidad de inversión, el problema no es únicamente tecnológico. Es distributivo: quién captura la productividad, quién financia la transición y qué protección reciben los trabajadores desplazados o presionados por nuevas exigencias.

Corea del Sur intenta anticiparse a esa tensión con un fondo financiado por ingresos fiscales adicionales. La propuesta todavía es general, pero introduce una idea que otros países evitan discutir: si la inteligencia artificial genera una nueva ola de riqueza, una parte debería volver a la sociedad en forma de empleo, capacitación, inversión pública y políticas contra la desigualdad.

Para los trabajadores, la cuestión no es si la IA será buena o mala en abstracto. La cuestión es bajo qué reglas se incorpora. Sin regulación, sin medición del impacto laboral y sin mecanismos de redistribución, el aumento de productividad puede terminar convertido en despidos, precarización o mayor concentración de ingresos. Con políticas públicas, en cambio, puede abrir una discusión distinta: cómo hacer que la tecnología no sea sólo un negocio para las empresas que automatizan, sino también una herramienta para sostener empleo y reducir brechas.

El plan surcoreano todavía está en etapa inicial y enfrenta resistencia política. Pero marca una diferencia frente al entusiasmo acrítico que suele rodear a la inteligencia artificial. Seúl no sólo quiere atraer inversiones en chips, centros de datos e IA física. También empieza a preguntarse cómo evitar que ese crecimiento deje una economía partida en dos: arriba, las empresas y sectores que capturan el boom; abajo, los trabajadores que pagan el costo de la transición.

JJD

El Gobierno y las principales consultoras privadas coinciden en que la inflación de junio habría perforado el 2% mensual. El dato oficial se conocerá el 10 de julio, cuando el Indec publique el Índice de Precios al Consumidor, pero las primeras proyecciones ubican la suba entre 1,8% y 1,9%.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, estimó que el costo de vida se ubicará en 1,9%. “Me puedo equivocar y puede ser 2% o 1,8%, pero la tendencia es hacia abajo”, señaló, según un cable de Noticias Argentinas. Las consultoras privadas se mueven en un rango similar: Eco Go y C&T proyectaron 1,9%, mientras que Analytica estimó una variación de 1,8%.

La desaceleración es un dato político relevante para el gobierno de Javier Milei. Después de meses de aumentos más altos, una inflación por debajo del 2% le permitiría mostrar el número mensual más bajo del año y reforzar el relato oficial de ordenamiento macroeconómico. Pero para los trabajadores la discusión no termina en el promedio general.

Si junio cierra en 1,9%, la inflación acumulada del primer semestre quedará cerca del 16,9%. Si el dato fuera 1,8%, rondaría el 16,8%. En ambos casos, el año llegaría a la mitad con una suba de precios muy inferior a la de 2024, pero todavía significativa para salarios que no recompusieron plenamente el poder de compra perdido.

El IPC es un promedio. Esa aclaración parece técnica, pero es central para entender por qué la inflación puede bajar y, al mismo tiempo, el bolsillo seguir bajo presión. Ningún trabajador paga “el promedio” cuando va al supermercado, carga la SUBE, paga la luz, el gas, internet, el alquiler, la prepaga, los remedios o la cuota del colegio. Cada hogar enfrenta una canasta concreta, y esa canasta suele estar más cargada de consumos difíciles de reemplazar.

En mayo, el IPC había sido de 2,1% y acumulaba 14,7% en los primeros cinco meses del año. Pero varios rubros sensibles para los hogares trabajadores habían vuelto a moverse por encima o muy cerca del promedio: Comunicación subió 3,4%, Educación 2,9%, Recreación y cultura 2,8%, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 2,6%, Salud 2,6% y Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,5%.

Ese comportamiento importa porque los gastos más rígidos pesan más en la vida cotidiana. Un hogar puede postergar ropa, electrodomésticos o salidas, pero tiene menos margen para ajustar comida, transporte, servicios, conectividad, alquiler o salud. Por eso una inflación más baja no produce automáticamente alivio si los aumentos se concentran en los consumos que más condicionan el salario.

La diferencia entre el dato oficial y la experiencia cotidiana también se vincula con la forma en que se mide la inflación. El IPC vigente sigue apoyado en una estructura de consumo basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004-2005. Esa canasta quedó vieja frente a los cambios ocurridos en las últimas dos décadas, especialmente en el peso de servicios, vivienda, transporte, conectividad y gastos financieros.

El Indec tenía previsto avanzar en 2026 con una actualización metodológica basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, pero el cambio fue postergado tras la salida de Marco Lavagna del organismo y la decisión del ministro Luis Caputo de demorar la implementación del nuevo índice hasta que la desinflación esté más consolidada.

Una canasta actualizada daría mayor peso a consumos que hoy ocupan una porción más grande del presupuesto familiar. Eso no significa que el dato oficial de junio sea falso, sino que puede resultar menos representativo del gasto real de muchos hogares, especialmente de los que destinan buena parte de sus ingresos a alquileres, tarifas, transporte, telefonía, internet, salud y educación.

El Gobierno mira la inflación como un indicador de éxito macroeconómico. Los trabajadores la miran desde otro lugar: cuánto queda del salario después de pagar lo indispensable. Esa diferencia explica por qué una inflación de 1,8% o 1,9% puede ser celebrada desde el Ministerio de Economía y, al mismo tiempo, sentirse insuficiente en los hogares que vienen de meses de pérdida de ingresos, endeudamiento y recortes de consumo.

La desaceleración de junio, si se confirma, será una novedad favorable para el Gobierno. Pero no borra el acumulado del semestre ni resuelve la brecha entre precios y salarios. Tampoco corrige el problema de una medición que todavía no incorporó plenamente los cambios en la estructura de consumo de los hogares.

JJD

El Banco Nación pone en marcha este lunes una nueva línea de refinanciación para clientes que acumulan más de tres meses de atraso en sus pagos. La medida alcanza a deudores en situación crediticia 3, 4 y 5, según la clasificación del Banco Central: perfiles de riesgo medio, alto o incluso considerados irrecuperables.

La novedad no está sólo en la existencia de otra herramienta bancaria. Está en el tipo de cliente al que apunta. El Nación ya había lanzado en mayo un paquete para consolidar deudas, refinanciar tarjetas y ofrecer alternativas a clientes con atrasos menores. Ahora la asistencia se extiende hacia moras más profundas, en un contexto en el que la deuda de los hogares dejó de ser un problema aislado y pasó a formar parte de la economía cotidiana de millones de trabajadores.

La nueva línea permitirá refinanciar deudas de consumo originadas en pesos o en UVA, con actualización por CER, y tendrá un plazo máximo de 120 meses. La tasa será diferencial: 12% nominal anual fija para quienes cobran su sueldo, jubilación o pensión en el Banco Nación, y 14% para el resto de los usuarios. Para mantener la tasa preferencial, el cliente deberá conservar el cobro de haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo.

El programa estará disponible para trabajadores, jubilados, pensionados, autónomos, monotributistas y usuarios que no cobren sus ingresos en el banco. También podrán incluirse deudores vinculados al segmento de microempresas o emprendedores, cuando correspondan a cartera de consumo.

Quienes ya cobran en el Banco Nación podrán contratar, además, un tope de cuota atado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Ese mecanismo busca evitar que la cuota ajustada por UVA supere la evolución de los salarios. En esos casos, si la cuota calculada por UVA queda por encima del CVS, se aplicará el límite salarial como referencia.

El anuncio llega después de un nuevo salto de la mora familiar. De acuerdo con el último Informe sobre Bancos del Banco Central, la irregularidad de los préstamos a familias alcanzó el 12,1% del total de créditos en abril. Un año antes, en abril de 2025, era de 3,7%. Es decir, el indicador más que triplicó su nivel en doce meses y llegó al máximo en más de dos décadas.

El deterioro también aparece en el total del financiamiento al sector privado. La cartera en situación de atraso llegó al 7,3% en abril, 0,3 puntos más que en marzo y 5,1 puntos por encima del mismo mes del año anterior. Pero el golpe más fuerte volvió a concentrarse en los hogares: la mora familiar subió 0,5 puntos en un mes y 8,3 puntos interanuales.

Las líneas de crédito más vinculadas al consumo cotidiano muestran la presión con claridad. La mora en préstamos personales llegó al 14,9%; en tarjetas de crédito, al 12,5%; en préstamos prendarios, al 7,3%; y en hipotecarios, al 1,5%. El crédito que durante meses funcionó como complemento del ingreso empezó a quedar fuera de calendario.

Ese recorrido ya venía apareciendo en los datos previos. En marzo, la mora de las familias había llegado al 11,5%, con préstamos personales en 14,2% y tarjetas de crédito en 11,7%. En febrero, las billeteras virtuales y entidades no financieras mostraban una irregularidad cercana al 30% en saldos familiares con más de 90 días de atraso. Mercado Pago, una de las principales puertas de entrada al crédito digital, había triplicado su mora hasta 14,7% entre enero de 2025 y enero de 2026.

La nueva refinanciación del Nación confirma que el problema escaló. Ya no se trata sólo de ordenar saldos de tarjeta o consolidar varias deudas en una cuota. La entidad estatal sale ahora a ofrecer una salida para clientes que llevan más de 90 días sin pagar y que, según el propio sistema financiero, ya entraron en categorías de riesgo más severas.

Según estimaciones de la consultora 1816 citadas por Infobae, hay 5,3 millones de personas con al menos un crédito irregular, es decir, impago hace al menos 90 días, ya sea con entidades financieras o no financieras. Sobre un universo de 20 millones de personas con préstamos, eso representa el 26,7% de quienes tienen algún tipo de financiamiento.

El dato marca un límite para el discurso de normalización del crédito. Durante buena parte de 2024 y comienzos de 2025, el endeudamiento ayudó a sostener consumos, cubrir gastos corrientes o estirar salarios golpeados. Pero una vez que la mora sube de manera sostenida, el crédito deja de funcionar como puente y empieza a convertirse en una carga que necesita ser reprogramada.

Para los bancos, la refinanciación permite reducir el riesgo de incobrabilidad y recuperar capacidad de pago de los clientes. Para los hogares, puede significar alivio inmediato: una cuota más baja, un plazo más largo y un calendario más ordenado. Pero también implica estirar hacia adelante una deuda que nació, muchas veces, porque el ingreso mensual no alcanzó.

La medida del Banco Nación tiene dos lecturas al mismo tiempo. Es una herramienta concreta para quienes quedaron atrapados en atrasos prolongados. Y es, también, una señal del tamaño del deterioro: cada vez más familias llegan al banco no para tomar crédito nuevo, sino para renegociar deudas vencidas que el salario ya no pudo sostener.

JJD

La economía argentina muestra señales que el Gobierno presenta como ordenamiento, desaceleración de la inflación o recomposición gradual. Pero cuando se mira desde el bolsillo de los trabajadores, la foto es menos compra en supermercados, menos venta en mayoristas, que los centros de compras siguen en baja real, que la industria retrocede en ramas intensivas en empleo y que el mercado laboral todavía no ofrece suficiente trabajo de calidad.

El último INDEC Informa, la publicación mensual que compila datos de coyuntura de distintos sectores, permite unir esas piezas. Los ingresos no alcanzan para recomponer el consumo, la producción manufacturera sigue floja y tener empleo no siempre alcanza para dejar de buscar otro trabajo o más horas.

El primer dato aparece en el consumo cotidiano. En abril, las ventas de supermercados a precios constantes cayeron 3,7% frente al mismo mes del año anterior y acumularon una baja de 3,3% en los primeros cuatro meses de 2026. A precios corrientes, en cambio, la facturación subió 21,5%. La diferencia dice mucho: se gastaron más pesos, pero se compró menos en términos reales.

Ese dato vuelve a mostrar el efecto directo de la pérdida de poder adquisitivo. El supermercado es uno de los termómetros más sensibles de la economía familiar porque registra compras básicas, alimentos, bebidas, limpieza, perfumería y productos de uso cotidiano. Cuando las ventas reales caen allí, el ajuste no habla sólo de consumos postergables. Habla de hogares que recortan cantidades, cambian marcas, reducen frecuencia de compra o reemplazan productos.

La caída también apareció en los autoservicios mayoristas, un canal que muchas familias usan para intentar ahorrar, comprar por volumen o estirar el ingreso mensual. En abril, las ventas reales bajaron 5% interanual y acumularon una caída de 3,2% en el año. La facturación nominal subió 19,7%, pero el volumen vendido siguió por debajo del año anterior.

Ese movimiento es especialmente relevante para trabajadores y hogares de ingresos medios y bajos. El mayorista suele funcionar como estrategia defensiva frente a precios altos: comprar paquetes grandes, buscar ofertas, organizar compras familiares o repartir gastos. Si también cae ese canal, la señal es que el problema no está sólo en el consumo aspiracional, sino en la capacidad de sostener compras básicas aun buscando precios más convenientes.

Los centros de compras completan el cuadro. Las ventas a precios constantes cayeron 5,9% interanual en abril, aunque la facturación nominal aumentó 12,6%. El retroceso real fue mayor fuera del Gran Buenos Aires, donde la baja llegó al 6,2%, frente al 5,7% en GBA. Es otro tipo de consumo, más asociado a indumentaria, tecnología, comida fuera del hogar y esparcimiento, pero marca el mismo límite: la mejora nominal no alcanza para recuperar cantidades.

La lectura conjunta es más fuerte que cada dato por separado. Supermercados, mayoristas y shoppings muestran caídas reales al mismo tiempo. Eso impide hablar de una recuperación clara del consumo de los hogares. Puede haber sectores o rubros con mejoras puntuales, pero el cuadro general sigue atravesado por salarios que no recompusieron plenamente el poder de compra y por familias que reorganizan gastos con menos margen.

La industria muestra otro costado del mismo problema. El índice de producción industrial manufacturero cayó 2,8% interanual en abril y acumuló una baja de 2,4% en el año. El dato general ya marca debilidad, pero la apertura por ramas muestra golpes más profundos en sectores con fuerte impacto laboral.

La producción textil cayó 22,2% frente a abril de 2025 y acumuló una baja de 25,5% en el año. Prendas de vestir, cuero y calzado retrocedió 15,9% interanual. Maquinaria y equipo bajó 20,2%. Otros equipos, aparatos e instrumentos cayó 11,4%. Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes retrocedió 10,7%. Industrias metálicas básicas bajó 11,2%.

No todas las ramas cayeron. Sustancias y productos químicos creció 16,7%, refinación de petróleo subió 5,6%, madera, papel, edición e impresión avanzó 4,1% y productos de tabaco aumentó 6,5%. Pero esa heterogeneidad no borra el problema: varias ramas vinculadas al consumo interno, a bienes durables y a cadenas industriales con empleo asalariado siguen en rojo.

El dato de capacidad instalada también ayuda a medir la temperatura. La utilización general de la industria llegó a 59,9% en abril, pero algunos bloques operaron muy por debajo de ese nivel: productos textiles usó 42,4% de su capacidad, productos de caucho y plástico 42,4%, industria automotriz 46,5% y metalmecánica excluida automotriz 42,7%. Menos producción y capacidad ociosa no son conceptos abstractos: implican turnos que no se abren, horas que no se trabajan, proveedores con menos pedidos y trabajadores con menor poder de negociación.

Ahí se conecta el consumo con la actividad productiva. Cuando los hogares compran menos, las empresas venden menos. Cuando venden menos, producen menos. Y cuando producen menos, el empleo se vuelve más frágil. Esa cadena no funciona de manera mecánica ni inmediata, pero sí marca el terreno sobre el que se mueven los trabajadores: menos demanda, más incertidumbre y más presión para aceptar peores condiciones.

El capítulo laboral del mismo informe completa esa fotografía. En el primer trimestre de 2026, la desocupación abierta fue de 7,8%, con una tasa de empleo de 44,8% y una tasa de actividad de 48,6%. El desempleo no explotó, pero mirar sólo ese número deja afuera una parte importante del problema.

La presión sobre el mercado de trabajo alcanzó al 29,6% de la población económicamente activa. Ese indicador incluye a los desocupados, a los ocupados que buscan otro empleo y a quienes no buscan activamente otro puesto pero están disponibles para trabajar más horas. En otras palabras: casi tres de cada diez personas activas no están plenamente resueltas en su situación laboral.

El informe también muestra que el 15,8% de la PEA corresponde a ocupados demandantes de empleo y que la subocupación llegó al 11,1%. Son trabajadores que tienen una ocupación, pero necesitan otra, más horas o mejores ingresos. Esa es una de las claves del momento laboral: el problema no se agota en conseguir trabajo, sino en conseguir un empleo que alcance para vivir.

La informalidad agrega otra capa. El informe de mercado laboral del INDEC mostró que el 44,2% de los ocupados trabaja en condiciones informales. Esa estructura vuelve más débil cualquier recuperación porque una parte enorme del empleo queda sin protección plena, con ingresos más inestables y menor capacidad de negociar salarios.

La suma de los datos deja una conclusión menos optimista que el relato oficial. La inflación desaceleró, pero eso no implica automáticamente una mejora del poder de compra. El consumo real sigue flojo en canales básicos y comerciales. La industria cae en sectores sensibles. El mercado laboral no muestra una crisis abierta de desempleo masivo, pero sí una presión persistente de trabajadores que buscan más o mejor empleo.

La recuperación, si existe, todavía no ordena la vida material de quienes viven de su trabajo. Para un hogar asalariado, la economía no se mide sólo por la variación mensual del IPC o por un promedio general de actividad. Se mide en la compra del supermercado, en la posibilidad de pagar deudas, en las horas de trabajo disponibles, en la estabilidad del empleo y en el margen que queda después de cubrir gastos básicos.

El INDEC Informa de junio permite ver esa trama completa. No muestra una economía paralizada, pero tampoco una recuperación sólida para los trabajadores. Muestra un país donde se factura más porque los precios subieron, pero se compra menos en términos reales; donde algunas ramas industriales crecen, pero varias intensivas en empleo siguen golpeadas; y donde millones de personas tienen trabajo, aunque no siempre el trabajo que necesitan.

JJD

Hace un año viajar a Brasil parecía un negocio redondo para miles de argentinos. Las redes sociales comparaban el precio de un departamento en Florianópolis con una semana en la Costa Atlántica, los vuelos salían llenos y los pasos fronterizos registraban un movimiento que confirmaba una idea repetida hasta el cansancio: con este dólar convenía más salir del país que vacacionar en Argentina.

Doce meses después, esa postal empezó a cambiar. El atraso cambiario sigue funcionando como incentivo para mirar hacia afuera, pero el último informe de Estadísticas de Turismo Internacional del Indec mostró un dato nuevo: el déficit turístico empezó a moderarse. No porque se haya revertido el saldo negativo, sino porque entraron más extranjeros y, sobre todo, porque salieron menos argentinos.

En mayo de 2026 ingresaron al país 379.900 turistas no residentes, un 20,4% más que en el mismo mes del año anterior. En sentido inverso, 661.900 turistas residentes viajaron al exterior, una caída interanual de 12,1%. El resultado siguió siendo deficitario: hubo 282.000 turistas más saliendo de la Argentina que entrando. Pero la comparación con mayo de 2025 muestra un cambio importante. Un año antes habían llegado 315.400 turistas extranjeros y habían viajado al exterior 752.800 argentinos. El saldo negativo había sido de 437.400 turistas.

La diferencia es clara: el rojo turístico se achicó en alrededor de 155.000 turistas en un año. El dato no alcanza para hablar de equilibrio, pero sí muestra una corrección del desequilibrio que marcó buena parte de 2024 y comienzos de 2025.

El cambio más fuerte aparece en el turismo emisivo. En mayo de 2025, las salidas de argentinos al exterior crecían 48,9% interanual. En mayo de 2026, cayeron 12,1%. Pasar de una expansión cercana al 50% a una baja de dos dígitos indica que el boom de viajes al exterior encontró un freno.

Durante varios meses, el precio relativo de muchos destinos externos, especialmente Brasil y Chile, pesó fuerte en las decisiones de consumo de hogares con alguna capacidad de gasto. Viajar afuera aparecía como una oportunidad frente a precios locales muy altos. Pero el tipo de cambio es sólo una parte de la decisión. Para viajar también hacen falta ingresos disponibles, ahorro o crédito.

Ese punto conecta el informe de turismo con otros datos recientes sobre la economía de los hogares. El salario formal todavía no recuperó plenamente poder de compra, la informalidad alcanza a una parte muy amplia del mercado laboral y el crédito empezó a funcionar, para muchos trabajadores, como una extensión del ingreso mensual. En ese contexto, financiar un viaje ya no compite sólo contra otros consumos de ocio: compite contra alquiler, comida, servicios, transporte, deudas previas y cuotas de tarjeta.

Ahí aparece el límite. El dólar todavía puede invitar a viajar; el salario ya no siempre alcanza para hacerlo. Esa tensión ayuda a leer la moderación del déficit turístico: no necesariamente porque el exterior haya dejado de ser conveniente en términos relativos, sino porque una parte de los hogares ya no puede sostener ese consumo con la misma facilidad.

La serie mensual refuerza esa idea. El saldo turístico siguió negativo durante todo 2026, pero fue menos rojo que un año atrás. En enero de 2025 el déficit había sido de alrededor de 1,25 millones de turistas; en enero de 2026 fue de 1,08 millones. En febrero pasó de 1,33 millones a 1,09 millones. En marzo, de 846.000 a 552.000. En abril, de 462.000 a 301.000. Y en mayo, de 437.000 a 282.000.

La tendencia muestra una reducción sostenida del déficit, aunque no por un solo canal. Por un lado, llegan más turistas extranjeros. Por otro, salen menos residentes argentinos. El primer dato puede leerse como una mejora del turismo receptivo. El segundo, en cambio, abre una pregunta más sensible: qué está pasando con la capacidad de consumo de los hogares que hasta hace poco seguían eligiendo el exterior.

Brasil volvió a ocupar un lugar central en esa fotografía. En mayo de 2026 fue el principal origen de turistas extranjeros que llegaron a la Argentina, con 87.200 personas y una participación de 22,9% sobre el total. Le siguieron Uruguay, con 59.600 turistas, y Chile, con 55.100. El turismo receptivo desde países limítrofes explicó el 64,2% de las llegadas.

Del lado de los argentinos que viajaron al exterior, Brasil también fue el destino más elegido, con 137.300 turistas, aunque con una caída interanual de 7,8%. El bloque Resto de América recibió 111.100 turistas residentes argentinos y Chile quedó tercero, con 102.300, pero allí la baja fue mucho más fuerte: 38% menos que en mayo de 2025.

Ese dato ayuda a entender que la corrección no fue pareja. Los argentinos siguieron viajando sobre todo a países de la región, pero el volumen bajó en varios destinos. El turismo emisivo a Chile, que había sido uno de los grandes protagonistas del fenómeno de compras y escapadas por precios relativos, mostró una contracción marcada.

El cambio no borra lo ocurrido durante los meses previos. El atraso cambiario, combinado con precios internos altos, sostuvo durante un tiempo una escena particular: hogares que todavía conservaban margen de consumo encontraban más conveniente cruzar la frontera o tomar un vuelo regional que pagar unas vacaciones locales. El problema es que una ventaja cambiaria no alcanza si el ingreso disponible se achica.

Cuando el salario pierde poder de compra, incluso un viaje relativamente barato deja de ser accesible. No alcanza con que Brasil, Chile o Uruguay parezcan convenientes frente a la Costa Atlántica. Hace falta llegar a fin de mes con margen para pagar pasajes, alojamiento, comida, traslados, compras, seguro, cuotas de tarjeta o gastos en dólares. Si ese margen se estrecha, la decisión cambia.

La caída de las salidas al exterior no prueba por sí sola que todos esos viajes se hayan frustrado por falta de ingresos. Pero en una economía donde los trabajadores recurren cada vez más al financiamiento para sostener gastos corrientes, el turismo es una señal difícil de ignorar. Cuando el crédito ya se usa para completar el mes, endeudarse para viajar se vuelve una decisión mucho más estudiada y menos impulsiva.

El desequilibrio turístico empezó a corregirse. No necesariamente porque la Argentina se haya vuelto más competitiva para sus propios residentes, ni porque el tipo de cambio haya dejado de incentivar viajes al exterior. La novedad parece ser que cada vez más hogares parecen encontrar un límite en sus ingresos para sostener ese consumo.

JJD

Los salarios subieron 3,7% en abril y quedaron por encima de la inflación de 2,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Pero esa mejora no alcanzó por igual al empleo formal: en el acumulado del año, los trabajadores privados registrados y los estatales siguieron detrás de los precios.

El dato general parece positivo. Entre enero y abril, el índice de salarios acumuló una suba de 12,7%, apenas por encima del 12,3% que acumuló la inflación en el mismo período. La diferencia es mínima: cuatro décimas. El problema aparece cuando se abre el promedio y se mira qué pasó con cada sector.

El sector privado registrado, que reúne a los asalariados formales de empresas, acumuló una suba de 10,1% en los primeros cuatro meses del año. Es decir, quedó 2,2 puntos por debajo de la inflación acumulada. El sector público avanzó 12%, casi empatado con los precios, pero también por debajo del IPC. La mejora total quedó explicada, en buena medida, por el salto del sector privado no registrado, que acumuló 19,7%.

Si se mira sólo el índice general, los salarios parecen haberle ganado por poco a la inflación. Si se mira el empleo formal, el resultado cambia: los trabajadores con empleo registrado todavía no lograron recuperar poder de compra en el primer cuatrimestre.

En abril, el movimiento mensual también mostró diferencias. El sector privado registrado subió 4%, el sector público aumentó 2,3% y el sector privado no registrado avanzó 4,7%. El índice total quedó en 3,7%. Frente a una inflación mensual de 2,6%, el sector público volvió a quedar rezagado incluso en el mes en que el promedio salarial general mostró una mejora.

El informe del Indec también permite mirar la comparación interanual. El índice de salarios total subió 36,9% frente a abril de 2025. Pero, otra vez, el promedio escondió una brecha fuerte: el sector privado registrado aumentó 29,3%, el sector público 29,6% y el privado no registrado 69,6%. Frente a una inflación interanual de 32,4% en abril, los asalariados formales privados y estatales quedaron por debajo.

La diferencia con el segmento no registrado debe leerse con cuidado. No se trata de un universo más protegido ni necesariamente mejor remunerado. Al contrario: es el sector más precario del mercado laboral, sin garantías plenas de estabilidad, aportes, cobertura o negociación colectiva. Además, el propio Indec aclara que ese componente se construye con información de la Encuesta Permanente de Hogares y tiene un rezago metodológico de cinco meses.

Eso vuelve más delicada cualquier lectura triunfalista. El dato que empuja hacia arriba el promedio salarial surge del segmento más frágil del mercado laboral, mientras el empleo formal, que debería marcar la zona más estable y protegida, sigue corriendo desde atrás.

La foto dialoga con otro informe reciente del Indec sobre el mercado de trabajo. En el primer trimestre de 2026, la informalidad laboral llegó al 44,2% de los ocupados y alcanzó a casi 6 millones de personas. Ese dato ayuda a entender por qué el promedio salarial puede ser insuficiente para describir la realidad laboral: una parte enorme del empleo argentino se mueve en zonas de menor protección, ingresos inestables y derechos incompletos.

El Gobierno suele presentar la desaceleración de la inflación como la antesala de una recomposición de ingresos. Pero el índice de salarios muestra que esa recuperación todavía no se consolidó para quienes tienen empleo formal. En el sector privado registrado, el avance acumulado de 10,1% quedó lejos del costo de vida. En el sector público, el 12% apenas rozó el IPC, sin revertir el deterioro previo.

La comparación es especialmente sensible para los estatales. El informe desagrega el sector público entre nacional y provincial: en abril, los salarios del subsector público nacional subieron sólo 1,6% mensual, mientras que los provinciales aumentaron 2,5%. En el acumulado del año, el nacional avanzó 10,3% y el provincial 12,5%. También ahí aparece una diferencia interna: los trabajadores del Estado nacional quedaron más atrás que el promedio del sector público.

Ese dato se publica en medio de una ofensiva oficial sobre el empleo estatal: retiros voluntarios, pases a disponibilidad, reestructuraciones y nuevos conflictos con los gremios. El problema no es sólo la cantidad de puestos. También es el valor de esos salarios después de meses de ajuste, paritarias contenidas y pérdida de poder adquisitivo.

La lectura de fondo no pasa por negar la mejora de abril. Los salarios subieron más que los precios en el promedio mensual y el índice total quedó apenas por encima de la inflación acumulada. Pero trabajAR no mira sólo el promedio: mira qué trabajadores ganan, cuáles pierden, qué sectores quedan rezagados y qué parte del mercado laboral sostiene la mejora estadística.

En esa lectura, abril dejó una conclusión precisa: la recuperación salarial existe en el número general, pero no alcanza todavía al núcleo formal del empleo. Privados registrados y estatales siguieron por debajo de la inflación acumulada, mientras el segmento no registrado empujó el promedio desde una zona laboral más precaria.

La discusión, entonces, no es si los salarios subieron. Subieron. La pregunta es si esa suba recompone poder de compra y si llega a los trabajadores con empleo formal, aportes y derechos. El informe del Indec muestra que, en los primeros cuatro meses de 2026, esa respuesta todavía es insuficiente.

JJD

El mercado laboral argentino no mostró una explosión del desempleo abierto en el primer trimestre de 2026, pero sí dejó —otra vez— una señal de época: en esta Argentina libertaria tener trabajo no alcanza necesariamente para tener estabilidad, derechos ni ingresos suficientes. La desocupación se ubicó en 7,8%, sin cambios estadísticamente significativos frente al mismo período del año anterior, pero la informalidad, la subocupación y la búsqueda de otro empleo expusieron un deterioro más silencioso.

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), mostró que en los 31 aglomerados urbanos hubo 13,5 millones de personas ocupadas y 1,1 millones desocupadas durante el primer trimestre del año. La tasa de empleo fue de 44,8% y la tasa de actividad llegó a 48,6%.

El dato que mejor muestra la fragilidad del mercado laboral no está sólo en la desocupación. Está en la presión sobre el empleo. Según el Indec, el 29,6% de la población económicamente activa estuvo desocupada, tuvo trabajo pero buscó otro, o no buscó activamente pero estuvo disponible para trabajar más horas. En números, eso equivale a unos 4,3 millones de personas.

Es decir que el ingreso laboral no alcanza, el empleo disponible no siempre es suficiente y una parte importante de quienes trabajan sigue presionando sobre el mercado porque necesita otra ocupación o más horas pagas.

La desocupación abierta alcanzó al 7,8% de la población económicamente activa. Son personas que no tenían ocupación, buscaban trabajo activamente y estaban disponibles para trabajar. En términos absolutos, el informe estimó 1.145.000 desocupados en los 31 aglomerados relevados.

A ese universo se suman 2.316.000 ocupados demandantes de empleo. Son trabajadores que ya tienen un puesto, pero buscan otro. El dato es clave porque rompe una lectura demasiado simple del mercado laboral: estar ocupado no significa necesariamente estar conforme con el ingreso, la jornada, la estabilidad o las condiciones de trabajo.

El informe también registró 1.629.000 subocupados. Se trata de personas que trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestas a trabajar más. Dentro de ese grupo, la subocupación total llegó al 11,1% y tuvo una suba interanual estadísticamente significativa de 1,1 puntos porcentuales. No es desempleo abierto, pero sí una forma concreta de insuficiencia laboral: personas que tienen empleo, aunque no la cantidad de trabajo que necesitan.

Sube el trabajo en negro

La informalidad fue otro de los puntos más fuertes del informe. El Indec estimó que el 44,2% de los ocupados tuvo un empleo informal durante el primer trimestre. La suba fue de 2,2 puntos frente al mismo período del año anterior y también resultó estadísticamente significativa. En números, casi 6 millones de trabajadores se desempeñaron en condiciones de informalidad.

La diferencia con el empleo formal no es menor. Un empleo informal suele implicar falta de aportes jubilatorios, menor protección frente al despido, más dificultad para acceder a obra social, crédito o licencias, y menos herramientas para negociar salarios. En una economía con precios todavía en alza y salarios que venían perdiendo poder adquisitivo, esa precariedad vuelve más difícil sostener gastos básicos.

El informe muestra que, dentro de la población ocupada, el 71,8% fue asalariado y el 28,2% no asalariado. Entre los asalariados, el 37,9% no tuvo descuento jubilatorio. Ese dato permite ver una parte de la informalidad más extendida: trabajadores bajo relación salarial de hecho, pero sin los derechos que deberían acompañar esa relación.

JJD

China decidió mirar la inteligencia artificial desde el lugar que más incomoda al discurso tecnológico: el empleo. El Consejo de Estado, el Ejecutivo chino, anunció que hará un seguimiento específico del impacto de la IA sobre el mercado laboral durante los próximos cinco años, dentro de las directrices que marcarán la política nacional de empleo entre 2026 y 2030.

La decisión no frena la carrera tecnológica. China quiere avanzar en inteligencia artificial, competir con Estados Unidos, apuntalar a empresas como DeepSeek, ByteDance, Alibaba o Tencent y reforzar su autosuficiencia en sectores estratégicos. Pero el Gobierno chino también parece asumir algo que muchas compañías prefieren dejar en segundo plano: la IA puede crear empleos, pero también destruirlos, cambiar perfiles laborales, acelerar tareas y dejar trabajadores afuera.

Según informó la agencia EFE, el documento oficial llama a llevar adelante “una investigación en profundidad” para afrontar de manera proactiva el impacto de la IA sobre el empleo. La misma lógica aparece frente a otros factores sensibles para Pekín, como el envejecimiento de la población o los cambios en el “entorno exterior”, una fórmula diplomática que alude a las tensiones geopolíticas, especialmente con Estados Unidos.

El punto más relevante es la creación de un mecanismo de seguimiento y evaluación del impacto de la IA sobre el empleo. Ese dispositivo deberá desarrollar un sistema de encuestas para analizar cómo influye la tecnología en el mercado laboral: no sólo cuántos puestos puede destruir, sino también qué nuevos empleos puede crear, qué perfiles empiezan a buscar las empresas y cuánto penetran estas herramientas en los lugares de trabajo.

La diferencia de enfoque importa porque, en buena parte del debate global, la inteligencia artificial aparece presentada como innovación, productividad o ventaja competitiva. China decidió ubicarla también como un riesgo laboral que debe medirse. El mensaje político del gigante asiático es que el impacto de la IA no puede quedar librado únicamente a las empresas que la incorporan, la venden o la usan para reorganizar su personal.

Las directrices chinas también plantean mejorar la capacidad oficial para seguir y advertir riesgos relacionados con el empleo. Pekín quiere establecer un sistema de alerta temprana para regiones, industrias, empresas, grupos de población o períodos considerados clave. La idea es detectar dónde puede aparecer una presión laboral antes de que se transforme en desempleo abierto, conflicto social o deterioro de ingresos.

El tamaño del problema explica la cautela. La tasa oficial de desempleo urbano cerró mayo en 5,1%, dentro del límite máximo de 5,5% fijado para este año. Pero China tiene una fuerza laboral de más de 767 millones de personas. En una economía de esa escala, un salto en el desempleo puede convertirse en un factor de desestabilización social y afectar la base de legitimidad del Partido Comunista, construida durante décadas sobre crecimiento, empleo y mejora material.

Las estadísticas oficiales chinas fueron cuestionadas en distintas ocasiones por su confiabilidad. Tal vez por eso, las autoridades también prevén utilizar métricas alternativas, como pagos móviles o consumo industrial de electricidad, para analizar la evolución del mercado laboral mediante macrodatos, lo más próximo a un monitoreo en tiempo real.

El plan no presenta la inteligencia artificial solamente como una amenaza sino que también habla de aprovecharla para promover el empleo, explorar nuevas formas de colaboración entre humanos y máquinas y aplicar esas herramientas en políticas y servicios laborales. La formulación oficial apunta a aprovechar los “dividendos” del desarrollo de la IA para garantizar empleo y mejorar el sustento de la población.

China no quiere elegir entre IA y empleo: quiere las dos cosas

El país asiático se propone acelerar la tecnología y evitar que la automatización golpee el mercado laboral con fuerza suficiente como para erosionar ingresos, expectativas y estabilidad social. El desafío es enorme porque los sectores más expuestos no son únicamente los industriales sino que quedan alcanzados servicios, comercio, tareas administrativas, atención al cliente, logística, programación, diseño, educación y funciones de oficina.

La decisión china llega en una semana en la que el debate global volvió a mostrar sus dos caras. Jeff Bezos dijo en VivaTech, la feria tecnológica de París, que la inteligencia artificial no volverá redundantes a los humanos y que incluso puede generar escasez laboral. Esa mirada optimista es habitual entre los dueños de la tecnología: cada revolución destruye ciertos trabajos, pero crea otros nuevos; cada herramienta aumenta la productividad y abre oportunidades.

Los datos que circulan en Estados Unidos muestran un cuadro menos lineal. En mayo, los empleadores estadounidenses anunciaron 97.006 recortes de puestos y el 40% de esos despidos estuvo vinculado a la inteligencia artificial, según datos de Challenger, Gray & Christmas citados por Reuters. Gartner, además, advirtió que cerca del 80% de las grandes organizaciones que prueban o despliegan capacidades autónomas reportó reducciones de personal, pero que esos recortes no necesariamente se traducen en mejores resultados.

Ese contraste no convierte a China en un modelo laboral ideal. El país mantiene fuertes restricciones políticas, limita la organización sindical independiente y administra la información pública bajo control estatal. Pero el movimiento sí muestra otra forma de encarar la discusión: la IA no aparece sólo como una apuesta de innovación empresarial, sino como una variable que puede afectar empleo, ingresos, capacitación, perfiles laborales y estabilidad social.

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Jeff Bezos eligió el tono optimista: la inteligencia artificial no va a dejar a los humanos sin trabajo, dijo, sino que puede crear una escasez de trabajadores. El problema es que, mientras los dueños de la tecnología prometen abundancia futura, muchas empresas vienen usando la IA para justificar despidos presentes.

El fundador de Amazon habló este miércoles en VivaTech, la feria tecnológica de París, y presentó una mirada casi inversa a la que temen millones de trabajadores: según él, la IA no hará redundantes a las personas, sino que bajará barreras, permitirá crear más, construir más y multiplicar las tareas disponibles. En su lectura, el problema no será la falta de empleo, sino la falta de trabajadores.

La frase encaja bien en el discurso de Silicon Valley: cada revolución tecnológica destruye ciertos puestos, pero crea otros nuevos; cada herramienta libera tiempo, aumenta productividad y abre oportunidades. Sin embargo, el mercado laboral ya muestra una zona bastante menos luminosa. En mayo, los empleadores de Estados Unidos anunciaron 97.006 recortes de puestos y el 40% de esos despidos estuvo vinculado a la inteligencia artificial, según datos de Challenger, Gray & Christmas citados por la agencia Reuters.

Los dueños de la IA prometen trabajo futuro, pero las empresas ya contabilizan trabajadores presentes como costo reemplazable. La discusión no es si la tecnología puede aumentar la productividad. Puede hacerlo. La pregunta laboral es quién captura esa productividad, quién pierde el puesto en nombre de la eficiencia y qué pasa con quienes quedan dentro de organizaciones cada vez más automatizadas.

El propio caso de Amazon muestra el contraste. Reuters recordó que la empresa recortó unos 30.000 puestos corporativos desde fines del año pasado, en parte por ganancias de eficiencia asociadas a la IA. Andy Jassy, su CEO, ya había advertido que la mayor automatización mediante herramientas de inteligencia artificial derivaría en pérdidas de empleo corporativo. Bezos habla de escasez de trabajadores; la empresa que fundó viene achicando personal.

Un informe reciente de Gartner ayuda a ordenar esa discusión. La consultora relevó a 350 ejecutivos globales de empresas con ingresos anuales de al menos US$1.000 millones que ya estaban probando o desplegando capacidades autónomas, como agentes de IA, automatización inteligente u otras tecnologías similares. Cerca del 80% reportó reducciones de personal. Pero Gartner marcó un punto incómodo para los propios empresarios: esos recortes no parecen traducirse necesariamente en retorno de inversión.

La advertencia es fuerte porque discute el reflejo más elemental de muchas compañías: despedir para demostrar que la IA “rinde”. Gartner lo dijo en términos empresariales, no sindicales: las reducciones de personal pueden liberar presupuesto, pero no crean retorno por sí solas. Las organizaciones que mejoran sus resultados no son necesariamente las que eliminan personas, sino las que invierten en habilidades, roles y modelos operativos para que los humanos guíen, gobiernen y escalen los sistemas autónomos. Es decir que cortar cabezas puede mejorar un Excel en el corto plazo, pero no prueba que la inteligencia artificial esté creando valor real. Puede ser apenas una forma nueva de nombrar un ajuste viejo.

El debate público sobre la IA está en un brete

Ese punto importa porque buena parte del debate público sobre IA quedó atrapado en dos extremos. De un lado, el entusiasmo empresario que imagina una productividad sin límites. Del otro, la idea de un reemplazo total e inmediato de trabajadores por máquinas. La evidencia empieza a mostrar algo más complejo: no todos los puestos desaparecen, pero muchas tareas se reorganizan; no todos los trabajadores son despedidos, pero muchos empleos cambian; no toda búsqueda laboral se cancela, pero algunas contrataciones se enfrían o se rediseñan.

Ahí entra otro estudio reciente, Generative AI and the Reorganization of Labor Demand, elaborado por Fangyan Wang, Zaiyan Wei y Yang Wang. El trabajo analizó ofertas de empleo en Estados Unidos y buscó medir cómo las empresas reorganizan la demanda laboral a medida que se difunde la inteligencia artificial generativa. Su conclusión no es simplemente que la IA destruye empleos. Es más precisa: las firmas están modificando dónde contratan, qué puestos buscan y qué tareas incluyen dentro de cada empleo.

El estudio identificó dos movimientos principales. Por un lado, la reasignación de demanda entre puestos: las empresas cambian qué perfiles buscan y cuáles dejan de priorizar. Por otro lado, el rediseño interno de los trabajos: las tareas que antes formaban parte de un puesto pueden desaparecer, mezclarse con otras o quedar absorbidas por herramientas de IA.

Los autores calcularon que la reasignación de demanda entre empleos explicó en promedio el 52% del ajuste, mientras que el rediseño de tareas dentro de los puestos representó el 39,5%. La IA no sólo amenaza con eliminar trabajos: también cambia la arquitectura interna del empleo, altera qué se espera de cada trabajador y reordena las puertas de entrada al mercado laboral.

Ese matiz es central para mirar el impacto sobre jóvenes y perfiles iniciales. El estudio encontró que los puestos senior tienden a ajustarse antes, sobre todo mediante cambios en la demanda entre empleos, mientras que los puestos junior enfrentan una combinación más amplia de reasignación, rediseño de tareas e interacción entre ambos procesos. En otras palabras: quienes recién ingresan al mercado laboral pueden encontrarse con menos tareas de aprendizaje, menos posiciones de entrada o puestos que exigen desde el primer día habilidades antes reservadas para perfiles con más experiencia.

La pregunta no es sólo cuántos empleos destruye la IA sino qué tipo de empleo deja en pie. Si las tareas más repetitivas, administrativas o iniciales pasan a herramientas automatizadas, una parte del aprendizaje laboral puede desaparecer del recorrido. Lo que para una empresa aparece como eficiencia puede significar para un trabajador joven menos oportunidades para entrar, equivocarse, aprender y acumular experiencia.

Cuando una compañía incorpora IA y reduce personal, las tareas no siempre desaparecen: muchas veces se redistribuyen entre menos trabajadores, se aceleran los tiempos, se amplían responsabilidades y se espera que cada persona produzca más con herramientas nuevas. La productividad prometida puede convertirse en sobrecarga real si no se discuten jornada, salarios, capacitación, control humano y participación sindical.

El dato de Gartner vuelve ahí con fuerza. Si las empresas que recortan no obtienen necesariamente mejores retornos, entonces el despido no aparece como una consecuencia inevitable de la tecnología, sino como una decisión de gestión. La IA no firma telegramas. Los firman empresas que eligen convertir una herramienta de productividad en una poda de personal.

Bezos no es el único empresario que presenta una mirada optimista. Buena parte del sector tecnológico insiste en que la IA creará empleos nuevos, abrirá mercados y permitirá a las personas dedicarse a tareas de mayor valor. Puede ocurrir en algunos casos. La historia del trabajo muestra que las innovaciones no sólo destruyen ocupaciones: también crean otras. Pero esa transición nunca fue automática, neutral ni indolora. Siempre tuvo ganadores, perdedores, conflictos y reglas.

La diferencia es que esta vez la promesa llega en un contexto de empresas que ya usan la IA para achicar estructuras, justificar congelamientos de contratación o exigir más producción con menos personal. En ese marco, hablar de “trabajos del futuro” sin mirar los despidos del presente sirve más a la estrategia comunicacional de las compañías que a la experiencia concreta de los trabajadores.

También hay una disputa por el relato. Si una empresa despide y dice que lo hace por IA, coloca el recorte bajo una apariencia de inevitabilidad técnica. Parece una consecuencia del progreso, no una decisión empresarial. Pero los estudios disponibles empiezan a mostrar que la relación entre inteligencia artificial, productividad y empleo es más política y organizacional que automática. Depende de cómo se implementa, quién decide, qué tareas se automatizan, qué trabajadores se capacitan y qué derechos se protegen.

Para trabajadoras y trabajadores, el punto no es rechazar la tecnología. Es impedir que la tecnología sea usada como una excusa para precarizar. La IA puede asistir tareas, reducir cargas repetitivas, mejorar procesos y abrir funciones nuevas. Pero también puede concentrar poder empresario, debilitar puestos de entrada, acelerar ritmos, justificar despidos y trasladar a los trabajadores el costo de una transición que beneficia a accionistas y ejecutivos.

El discurso de Bezos resume la promesa. Los datos de despidos muestran la práctica. Gartner agrega una advertencia empresaria: despedir no garantiza resultados. Y el estudio sobre demanda laboral muestra el cambio más profundo: el mercado de trabajo no sólo pierde o gana puestos, sino que se reorganiza desde adentro.

La discusión, entonces, no debería quedar en si la IA “crea” o “destruye” empleo en abstracto. La pregunta es quién gobierna esa transformación. Si la deciden sólo las empresas, la productividad puede terminar convertida en menos puestos, más presión y menos poder de negociación. Si intervienen sindicatos, Estados, regulaciones y trabajadores, la tecnología puede distribuir de otra manera sus beneficios.

JJD

Un solo hijo o hija de entre 6 y 12 años demandó en mayo $665.950 por mes en la Argentina, es decir casi 460 dólares al tipo de cambio minorista del Banco Nación de este martes. En el mismo mes, el salario mínimo fue de $363.000, menos de 250 dólares. Es decir que para cubrir la canasta de crianza más alta hizo falta casi 1,8 salario mínimo, sin contar alquiler, servicios, transporte, comida, salud y el resto de los gastos de un hogar.

El dato surge del último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre la valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. El indicador mide cuánto cuesta sostener a niños y niñas de hasta 12 años y combina dos componentes: el valor de los bienes y servicios necesarios para la vida cotidiana y el costo del tiempo de cuidado.

La canasta más alta correspondió al tramo de 6 a 12 años, con $665.950 mensuales. Le siguieron los niños y niñas de 1 a 3 años, con $620.125. Para el grupo de 4 a 5 años, el valor fue de $529.756, mientras que criar a un bebé menor de un año demandó $520.569.

La cifra cambia según la edad, pero el problema se repite en todos los casos: ningún tramo de crianza queda cerca de los ingresos más bajos del mercado laboral. El salario mínimo de mayo alcanzó apenas para cubrir el 54,5% de la canasta más cara. Dicho de otro modo: un trabajador que cobró el mínimo no llegó ni siquiera a cubrir el costo mensual estimado por el Indec para criar a un solo hijo de 6 a 12 años.

El desfasaje también aparece cuando se mira la Asignación Universal por Hijo (AUH), uno de los principales programas de transferencia de ingresos para hogares con niños y niñas. En mayo, la AUH fue de $141.286 por hijo. Incluso si se toma el monto total, cubrió apenas el 21% de la canasta más alta. Como el pago mensual efectivo es del 80% y el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la libreta, el ingreso directo fue todavía menor: alrededor del 17% de ese costo.

El informe vuelve a mostrar que criar no es sólo comprar alimentos, ropa, útiles, medicamentos o pagar transporte. También implica tiempo. Y ese tiempo tiene un valor económico, aunque en la mayoría de los hogares no aparezca en ningún recibo de sueldo.

En mayo, el costo del cuidado fue de $350.809 para menores de 1 año y de $400.925 para niños y niñas de 1 a 3 años. En esos primeros años de vida, el cuidado representó casi dos tercios del costo total de la crianza. Para el grupo de 4 a 5 años, el costo del cuidado fue de $250.578, y para el tramo de 6 a 12 años, de $319.628.

Ese componente se calcula a partir de las horas mensuales de cuidado requeridas para cada edad y de la remuneración del personal de casas particulares en la categoría “asistencia y cuidado de personas”. Según el Indec, un bebé menor de un año requiere 147 horas mensuales de cuidado; un niño o niña de 1 a 3 años, 168 horas; el grupo de 4 a 5 años, 105 horas; y el tramo de 6 a 12 años, 84 horas.

La estructura de la canasta muestra una tensión central para las familias trabajadoras. En los primeros años, el costo más alto no está en los bienes y servicios, sino en el tiempo humano necesario para cuidar. En el tramo de 1 a 3 años, por ejemplo, los bienes y servicios costaron $219.200, pero el cuidado ascendió a $400.925. El trabajo que sostiene la crianza vale más que el consumo, pero sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres y continúa mal reconocido por el mercado y por el Estado.

La situación cambia parcialmente en edades escolares. Para niños y niñas de 6 a 12 años, los bienes y servicios tuvieron un peso mayor: $346.321 frente a $319.628 de cuidado. Aun así, el costo total fue el más alto de todos los tramos, porque la canasta básica total aplicada a esa edad aumenta y porque la crianza sigue demandando acompañamiento, traslados, alimentación, controles de salud, escolaridad, actividades y tiempo adulto.

Respecto de abril, todos los tramos volvieron a subir. La canasta de menores de 1 año pasó de $511.763 a $520.569. La de 1 a 3 años subió de $609.574 a $620.125. La de 4 a 5 años pasó de $520.413 a $529.756. Y la de 6 a 12 años trepó de $654.221 a $665.950. Las subas mensuales rondaron entre 1,7% y 1,8%, por debajo de la inflación general de mayo, pero sobre valores que ya estaban muy lejos de los ingresos de buena parte de los hogares.

La comparación interanual también muestra una escalada sostenida. En mayo de 2025, criar a un niño o niña de 6 a 12 años costaba $516.113. Un año después, la misma canasta llegó a $665.950. El aumento fue de 29% nominal en doce meses, una carga adicional para familias que ya venían arrastrando pérdida de poder adquisitivo, endeudamiento y dificultad para cubrir gastos básicos.

La canasta de crianza se convirtió en un indicador especialmente sensible porque permite ver una zona del costo de vida que suele quedar diluida en otros índices. El IPC mide precios. La canasta básica mide pobreza e indigencia. Pero la canasta de crianza pone número a una pregunta concreta: cuánto cuesta sostener la vida cotidiana de un niño o una niña cuando se incorporan bienes, servicios y tiempo de cuidado.

Esa medición tiene impacto directo sobre la vida laboral. Muchas madres reducen horas pagas, rechazan empleos, aceptan tareas informales o dependen de redes familiares porque el costo de cuidar supera los ingresos disponibles. En hogares monomarentales, esa presión se multiplica: un solo ingreso debe cubrir alquiler, comida, transporte, escuela, salud y crianza, mientras el tiempo de cuidado limita la posibilidad de trabajar más horas o acceder a mejores empleos.

El informe del Indec no mide sólo un gasto privado. Muestra una transferencia silenciosa de costos hacia las familias y, dentro de ellas, hacia las mujeres. Cuando no hay jardines suficientes, licencias extendidas, horarios compatibles, políticas de cuidado, salarios adecuados o transferencias estatales proporcionales, la crianza se resuelve con sobrecarga, endeudamiento o renuncia a ingresos.

Por eso la discusión excede la administración doméstica. La canasta de crianza vuelve a poner sobre la mesa el vínculo entre salarios, cuidados y desigualdad. Si criar a un solo hijo cuesta hasta $665.950 y el salario mínimo queda en $363.000, el problema no es sólo cuánto suben los precios. También es cuánto vale el trabajo, cuánto acompaña el Estado y quién paga, con dinero y con tiempo, el costo real de sostener la vida.

El Indec puso otra vez la cifra. Criar a un hijo en la Argentina ya puede costar casi dos salarios mínimos por mes.

JJD

La Organización Internacional del Trabajo avanzó en Ginebra con una norma internacional para ordenar uno de los territorios laborales más precarizados de la economía digital: el trabajo en plataformas. La 114ª Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el texto final del Convenio sobre el trabajo decente en la economía de plataformas, una norma que fija obligaciones para los Estados y apunta directamente al poder de las aplicaciones, los algoritmos y las empresas que organizan trabajo sin reconocer, muchas veces, una relación laboral tradicional.

La señal política del convenio es que la economía de plataformas deja de aparecer como un territorio excepcional, gobernado sólo por términos y condiciones privados, decisiones algorítmicas y contratos de adhesión. La OIT plantea que los Estados deben regular ese universo: definir responsabilidades, controlar la clasificación laboral, garantizar derechos mínimos, abrir vías de reclamo y poner límites a las decisiones automatizadas.

El convenio no se limita a repartidores o conductores. La definición de plataforma digital de trabajo abarca a toda persona jurídica —o física, cuando corresponda según la legislación nacional— que, mediante tecnologías digitales y sistemas automatizados de toma de decisiones, organiza o facilita trabajo remunerado para prestar un servicio. Ese trabajo puede hacerse en línea o en una ubicación geográfica específica. En otras palabras: alcanza tanto a quienes pedalean, manejan o reparten en la calle como a quienes realizan tareas digitales organizadas por plataformas.

La definición de trabajador de plataformas también es amplia. El texto incluye a toda persona empleada o contratada para prestar servicios organizados o facilitados por una plataforma digital de trabajo, a cambio de remuneración o pago, independientemente de la clasificación de su situación en el empleo. Ese punto es clave: la OIT no acepta que la etiqueta contractual colocada por la empresa cierre por sí sola la discusión sobre derechos.

Mientras el gobierno de Javier Milei impulsa una agenda laboral de flexibilización y reconocimiento de figuras autónomas para el trabajo en plataformas, la OIT acaba de fijar un criterio internacional que empuja en otra dirección: la clasificación de los trabajadores debe basarse en los hechos reales del trabajo, la ejecución de tareas y la forma de pago, no sólo en el nombre del contrato.

El abogado laboralista Juan Ottaviano, asesor de la Asociación Gremial de Computación, participó de la conferencia en Ginebra y vinculó el alcance del convenio con la situación argentina. “La mayoría de los trabajadores de plataformas están subclasificados como independientes y no gozan de derechos laborales básicos. El convenio de la OIT busca revertir esa situación”, le dijo por teléfono desde Suiza a trabajAR.

Ottaviano también apuntó contra la Ley de Modernización Laboral aprobada durante el gobierno de Milei. “Por esa ley, la Argentina es uno de los pocos países que excluye expresamente a los trabajadores de plataformas de la protección laboral. Con este convenio, la Argentina debería modificar esa previsión incluso antes de ratificarlo”, sostuvo.

El convenio no declara automáticamente que todos los trabajadores de plataformas sean empleados en relación de dependencia. Pero obliga a los Estados a adoptar medidas para asegurar una clasificación correcta, vinculada a la existencia o inexistencia de una relación de trabajo. Esa definición debe mirar cómo se realiza el trabajo, cómo se remunera, qué control ejerce la plataforma y cuáles son las condiciones concretas de prestación del servicio.

El texto, de hecho, mantiene abierta la existencia de trabajadores de plataformas clasificados como independientes. La diferencia es que ya no deja esa definición sólo en manos de la empresa: exige que la clasificación sea correcta, basada en los hechos reales del trabajo, y que no funcione como una vía para dejar a quienes trabajan fuera de derechos básicos.

Ese criterio golpea el corazón del modelo de muchas aplicaciones. Empresas de reparto, transporte y servicios digitales suelen presentar a quienes trabajan para ellas como autónomos, colaboradores, prestadores independientes o usuarios de una tecnología. La OIT, en cambio, pone el foco en la realidad material: si una plataforma organiza el trabajo, fija reglas, controla el acceso a tareas, evalúa desempeño, define pagos o puede desactivar cuentas, la discusión sobre derechos laborales no puede cerrarse con una cláusula contractual.

El texto incorpora además los principios y derechos fundamentales en el trabajo dentro de la economía de plataformas: libertad sindical, reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil, no discriminación y derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Para un sector marcado por la fragmentación, la dispersión y la gestión individualizada por aplicaciones, el reconocimiento de la organización colectiva es uno de los puntos más relevantes.

En Argentina, repartidores, conductores y trabajadores organizados por plataformas enfrentan dificultades para sindicalizarse, negociar condiciones colectivas o reclamar frente a cambios unilaterales en tarifas, bloqueos de cuentas, modificaciones de recorridos o exigencias de disponibilidad. El convenio de la OIT introduce un principio: la economía digital no queda fuera de la libertad sindical ni de la negociación colectiva.

La norma también avanza sobre seguridad y salud en el trabajo. Los Estados deberán adoptar medidas para prevenir accidentes, enfermedades profesionales y cualquier otro daño para la salud que sea consecuencia del trabajo, guarde relación con él o sobrevenga durante su realización. En el caso de plataformas de reparto o transporte, esa obligación toca problemas concretos: siniestros viales, exposición climática, jornadas extensas, presión por tiempos de entrega y riesgos asumidos muchas veces por el propio trabajador.

El convenio reconoce incluso el derecho a alejarse de una situación de trabajo cuando existan motivos razonables para considerar que presenta un peligro grave e inminente para la vida o la salud, sin sufrir consecuencias injustificadas. Para un repartidor que circula bajo tormenta, para un conductor expuesto a situaciones violentas o para una trabajadora que recibe una tarea insegura, esa cláusula introduce un límite al mandato permanente de aceptar pedidos para no perder ingresos o reputación dentro de la app.

Otro capítulo aborda la violencia y el acoso, incluidos los casos que ocurran en línea o que involucren a terceros, como clientes. La economía de plataformas suele desplazar parte del riesgo hacia el trabajador: el cliente califica, denuncia, cancela, insulta o agrede; la plataforma intermedia, pero muchas veces decide con poca transparencia. El convenio obliga a los Estados a adoptar medidas para proteger de manera eficaz a los trabajadores frente a esas situaciones.

La remuneración es otro punto central. El texto exige que el pago adeudado se realice de manera puntual y completa. Para quienes estén vinculados por una relación de trabajo, la remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo aplicable, excluidas propinas u otras gratificaciones. Además, esos trabajadores deberán ser compensados por los gastos o costos incurridos para realizar su tarea, de acuerdo con la legislación y la práctica nacionales.

Ese punto es decisivo en las plataformas. Bicicleta, moto, combustible, celular, datos móviles, mantenimiento, seguro, elementos de seguridad o tiempo de espera suelen quedar a cargo del trabajador. La OIT establece una línea: la remuneración no incluye la compensación por gastos; el pago por trabajar no debe confundirse con el reintegro de los costos necesarios para poder trabajar.

La seguridad social también entra en el convenio. Los Estados deberán asegurar que los trabajadores de plataformas tengan acceso a protección en condiciones no menos favorables que las aplicables a otros trabajadores con la misma clasificación de empleo. El objetivo es impedir que el formato digital de organización del trabajo funcione como una vía para excluir a millones de personas de cobertura previsional, salud laboral, licencias o prestaciones básicas.

La parte más novedosa aparece en la gestión algorítmica. Las plataformas deberán informar a trabajadores, representantes u organizaciones sobre el uso de sistemas automatizados, algoritmos o métodos similares para seguimiento, evaluación del trabajo o generación de decisiones laborales. También deberán informar en qué medida esos sistemas impactan en las condiciones de trabajo o en el acceso a tareas.

Ese punto traduce al lenguaje laboral una experiencia cotidiana de quienes trabajan con aplicaciones: no siempre saben por qué reciben menos pedidos, por qué bajó su calificación, por qué cambió su tarifa, por qué fueron suspendidos o por qué la cuenta quedó desactivada. El convenio exige transparencia sobre esos sistemas y reconoce que el algoritmo puede funcionar como jefe, supervisor, evaluador y sancionador al mismo tiempo.

La norma va más allá de la información. Cuando una decisión sea generada por un sistema automatizado y afecte negativamente las modalidades de trabajo o el acceso al trabajo, el trabajador deberá poder solicitar una explicación por escrito. También deberá tener acceso a una revisión cuando la decisión implique falta de pago, suspensión, desactivación de la cuenta o terminación del empleo o contratación. Esa revisión deberá contar con intervención humana apropiada.

Es decir que una plataforma no debería poder bloquear, suspender o dejar sin ingresos a una persona sólo por una decisión opaca de un sistema automatizado. La OIT reconoce así uno de los problemas laborales centrales del presente: trabajadores que dependen de una aplicación para generar ingresos, pero no tienen a quién reclamar cuando una decisión algorítmica los expulsa o les reduce el acceso al trabajo.

El convenio también incorpora protección de datos personales y privacidad. Los trabajadores tendrán derecho a solicitar acceso a sus datos personales procesados por las plataformas, así como su rectificación y supresión, según la legislación aplicable. En un modelo empresarial que acumula datos sobre ubicación, tiempos, aceptación de pedidos, desempeño, calificaciones y disponibilidad, esa protección se vuelve parte de la disputa laboral.

La norma prohíbe además la suspensión o desactivación de cuentas, o la terminación del empleo o contratación, cuando se base en motivos discriminatorios u otros motivos ilegales. Y exige que los trabajadores reciban información oportuna, verificable y fácilmente comprensible sobre sus condiciones de empleo o contratación. La opacidad contractual, frecuente en términos y condiciones extensos o modificables por la propia app, queda así bajo cuestionamiento.

Para los trabajadores migrantes y refugiados, el convenio ordena adoptar medidas para prevenir abusos en la contratación y el trabajo en plataformas. Ese punto también dialoga con la realidad argentina y regional: una parte importante del reparto urbano y de los trabajos de plataformas se apoya en población migrante, muchas veces con menor capacidad de reclamo, mayor urgencia económica y más exposición a condiciones informales.

El texto también establece mecanismos de solución de conflictos, vías de recurso y reparación, y control de cumplimiento de la legislación nacional y los convenios colectivos pertinentes. La economía de plataformas no queda planteada como un espacio autorregulado por empresas tecnológicas, sino como un campo laboral sujeto a normas, inspección, derechos y obligaciones.

La dimensión política del convenio es inocultable: la OIT no niega que las plataformas hayan creado oportunidades de ingresos, desarrollo empresarial y formalización. El propio texto lo reconoce. Pero también reconoce déficits de trabajo decente y la necesidad de normas específicas para una modalidad que transformó el mundo del trabajo. La novedad no está en demonizar la tecnología, sino en impedir que la tecnología sea usada para degradar derechos.

En la Argentina, esa decisión de la OIT llega en un momento sensible. El gobierno de Milei presenta la flexibilización laboral como modernización y promueve esquemas que separan a trabajadores de plataformas de la relación laboral tradicional. La OIT acaba de aprobar un convenio que coloca otra vara: modernizar no puede significar dejar a quienes trabajan bajo control algorítmico sin salario mínimo, seguridad social, organización colectiva, protección frente a accidentes o revisión humana de sanciones.

La diferencia de enfoque es nítida. Para las plataformas y los gobiernos que priorizan desregulación, el trabajador aparece como prestador independiente conectado a una aplicación. Para la OIT, la pregunta no se agota ahí: importa quién organiza el trabajo, quién controla el acceso a los pedidos, quién fija las condiciones, quién decide el pago, quién evalúa el desempeño y quién puede cortar la cuenta.

El convenio deberá ser ratificado por los Estados para entrar en vigor en cada país. Según el texto final, obligará únicamente a los miembros de la OIT cuyas ratificaciones registre el Director General y entrará en vigor doce meses después de que dos países lo ratifiquen. Para cada Estado que lo ratifique después, regirá doce meses después de su propio registro.

Ese camino puede ser largo, pero la señal internacional ya quedó marcada. La OIT fijó un piso global para una discusión que las plataformas intentaron mantener durante años en el terreno de la innovación, la flexibilidad y la autonomía individual. El nuevo convenio devuelve el conflicto a su lugar original: si hay trabajo organizado por empresas, hay derechos que no pueden quedar escondidos detrás de una app.

JJD

La inflación de mayo bajó a 2,1% y marcó el segundo mes consecutivo de desaceleración, pero está aún lejos de permitir hablar de un alivio al bolsillo de los trabajadores. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 14,7% en los primeros cinco meses de 2026 y registró una suba interanual de 33,2%, según informó este miércoles el Indec.

El Gobierno consiguió el número mensual más bajo del año, después del 3,4% de marzo y el 2,6% de abril. Pero Javier Milei sigue sin cumplir la promesa con la que llegó a la presidencia: terminar con la inflación. En mayo, los precios volvieron a subir más de 2% en un solo mes, una velocidad que se suma al deterioro previo de los ingresos y al encarecimiento acumulado de alimentos, servicios, alquileres, transporte, salud y educación.

La desaceleración recorta la velocidad del aumento, pero no devuelve poder de compra por sí sola. Para los hogares que viven de un salario, el problema es qué precios siguen aumentando y cuánto pesan esos consumos dentro del presupuesto familiar. Un trabajador no paga el promedio sino la comida, el alquiler, la luz, el gas, el transporte, internet, la telefonía celular, los remedios y la cuota de la escuela. Y todo esto es lo que más sube.

En mayo, la división con mayor aumento mensual fue comunicación, con 3,4%, impulsada por los servicios de telefonía. Le siguieron educación, con 2,9%; recreación y cultura, con 2,8%; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 2,6%; salud, también con 2,6%; y alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2,5%. Todos esos rubros quedaron por encima del nivel general o muy cerca de él.

El dato alimentario vuelve a ser central. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,5% en mayo y fue la división de mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones del país. El Indec atribuyó ese impacto a los aumentos en pan y cereales y en productos lácteos.

El acumulado del año muestra mejor esa presión. Entre enero y mayo, alimentos y bebidas no alcohólicas subió 16,2%, por encima del 14,7% del nivel general. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 21,1%; educación, 22,5%; comunicación, 16,9%; transporte, 15,1%; y salud, 13,2%.

El nivel general subió 33,2% frente a mayo de 2025, pero varios rubros esenciales quedaron por encima de esa marca: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 48%; educación, 42,7%; transporte, 42,1%; comunicación, 37,4%; restaurantes y hoteles, 37,3%; y alimentos, 33,4%. Los números explican por qué la inflación, aunque “baja”, como dice el Gobierno, sigue siendo un ataque feroz a los hogares: el promedio baja pero los gastos fijos y los consumos básicos siguen corriendo a una velocidad que erosiona el salario.

Este último informe del Indec también muestra una presión mayor de los servicios. El mes pasado, los bienes subieron 2% y los servicios, 2,5%. La diferencia se agranda al mirar el acumulado: los bienes aumentaron 13,3% en los primeros cinco meses del año, mientras los servicios avanzaron 17,5%. En la comparación interanual, la distancia es todavía más fuerte: los bienes subieron 28,8% y los servicios, 42,8%.

Una inflación del Indec que es menor a la real

Ese dato tiene una lectura adicional: el IPC vigente todavía se calcula con una estructura de consumo vieja, basada en los hábitos relevados en 2004-2005. La actualización que el Indec tenía previsto aplicar desde enero de 2026, postergada tras la salida de Marco Lavagna del organismo, iba a tomar una canasta más reciente y a darle más peso a rubros como vivienda, servicios y transporte. Justamente esos gastos fijos —luz, gas, agua, alquileres, combustibles, telefonía, internet y transporte— son los que más condicionan el presupuesto de los hogares trabajadores y los que menos margen dejan para ajustar cuando el salario no acompaña.

Los precios regulados también volvieron a quedar por encima del nivel general. En mayo aumentaron 2,4%, por debajo del salto de abril, pero todavía más que el IPC. El Indec explicó esa suba por aumentos en combustibles, electricidad y agua. Los estacionales subieron 3,5%, por el aumento de verduras compensado parcialmente por la caída de frutas. El IPC núcleo, que excluye regulados y estacionales, avanzó 1,9%, con subas vinculadas a restaurantes, bares, casas de comida y productos farmacéuticos.

La inflación de mayo también debe leerse junto con los datos salariales disponibles. El último índice de salarios publicado por el Indec mostró que en marzo los ingresos aumentaron 3,4% y acumularon 8,6% en el primer trimestre, por debajo del 9,4% de inflación del mismo período. Dentro de ese promedio, el sector registrado subió 3% en marzo, menos que el IPC de ese mes, y encadenó otra caída real.

Esa brecha es la que define el poder de compra. Si los salarios llegan tarde o aumentan menos que los precios, una inflación mensual más baja no implica recuperación automática sino que el deterioro avanza a menor velocidad. Para que haya alivio real, los ingresos tienen que ganarle a los precios durante varios meses, además de recuperar lo perdido desde el salto inflacionario que siguió a la devaluación inicial del gobierno de Milei.

JJD

Desde que Javier Milei asumió la Presidencia pasaron 21.864 horas. En ese mismo período, la industria textil perdió 22.156 empleos registrados. Es decir que por cada hora de gobierno de La Libertad Avanza hay un puesto de trabajo menos en la fabricación de tela, la confección, el cuero y el calzado. El sector se convirtió en el que más empleo destruye de toda la economía argentina.

El dato surge del último Boletín Económico Sectorial de la Fundación Pro Tejer, correspondiente a mayo. Según el informe, el empleo registrado privado en la actividad textil, confecciones, cuero y calzado cayó un 18% respecto de diciembre de 2023 —cuando La Libertad Avanza llegó al poder—, lo que equivale a 22.156 puestos de trabajo menos.

La contracción supera incluso a la de la construcción, otro de los sectores más golpeados por la recesión. La pérdida en la industria textil asciende a 20.727 empleos en el relevamiento de enero y a 21.339 en el de febrero, una secuencia que da cuenta de que la sangría laboral continuó profundizándose durante los primeros meses del año.

La magnitud del deterioro se aprecia mejor al compararla con el resto de la economía. Según Pro Tejer, la cadena textil, de confecciones, cuero y calzado encabeza la destrucción de empleo privado registrado desde diciembre de 2023. Ninguna otra actividad perdió una proporción tan alta de puestos de trabajo formales durante el mismo período.

En septiembre de 2025 la producción ya había registrado una caída interanual del 20%. Y la situación empeoró en el inicio de 2026, el tercer año de Milei en la Casa Rosada: en enero la actividad se desplomó 23,9%; en febrero, un 33,2%; y en marzo, un 23,3%.

La sucesión de caídas tan pronunciadas, de dos dígitos, evidencia la profundidad de la crisis textil. El derrumbe de febrero, superior al 33%, fue uno de los más pronunciados de toda la industria manufacturera.

La crisis no golpea solamente a las fábricas que producen telas. También alcanza a quienes transforman esas telas en prendas que llegan a las vidrieras. Pro Tejer distingue entre los “productos textiles” —fibras, hilados, tejidos y telas— y la fabricación de indumentaria, cuero y calzado. Ambos eslabones muestran números en rojo.

En el primer caso, la actividad se ubicó en marzo un 31,3% por debajo de los niveles de dos años atrás. En el segundo, la producción cayó 8,9% frente al mismo mes de 2025 y acumuló una baja del 15,2% en el primer trimestre.

La comparación con 2023 permite dimensionar mejor la debacle: desde entonces, desapareció casi un tercio de la producción argentina de fibras, hilados, tejidos y telas, es decir, de los insumos que abastecen a buena parte de la industria de la indumentaria y el calzado.

Mirando directamente al interior de las fábricas, la consecuencia de esa caída productiva es el aumento de la capacidad ociosa: máquinas instaladas que permanecen apagadas porque no hay suficiente actividad para utilizarlas.

La Fundación Pro Tejer destacó que enero de 2026 fue el peor enero de la serie histórica para la industria textil en materia de utilización de capacidad instalada. Las fábricas trabajaron apenas al 23,7% de su potencial. O sea que casi tres de cada cuatro máquinas estuvieron paradas.

En febrero la situación mejoró, aunque continuó en niveles extremadamente bajos: el uso de la capacidad instalada alcanzó el 39,9%, el peor febrero de la serie histórica. En marzo llegó al 40,2%, lo que implica que el sector siguió operando con cerca de seis de cada diez máquinas sin utilizar.

El deterioro productivo coincide además con un fuerte crecimiento de las importaciones textiles e indumentarias. Según los relevamientos de Pro Tejer, las cantidades importadas llegaron a crecer cerca de un 90% interanual durante 2025, una tendencia que la entidad identifica como uno de los factores que presionan sobre la producción local.

La pérdida de 22.156 puestos de trabajo equivale al 18% del empleo registrado que tenía la cadena textil, de confecciones, cuero y calzado a fines de 2023. Casi uno de cada cinco trabajadores formales del sector perdió su empleo durante los primeros dos años y medio del gobierno de Milei.

JJD

La OIT llevó a su conferencia anual una advertencia dirigida a gobiernos, empresas y sindicatos: las ganancias de productividad generadas por la inteligencia artificial deben llegar también a los trabajadores. El mensaje fue planteado por el director general del organismo, Gilbert F. Houngbo, en la apertura de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se realiza en Ginebra del 1 al 12 de junio con delegaciones de gobiernos, empleadores y trabajadores de los 187 Estados miembros.

Houngbo pidió que esas mejoras se distribuyan mediante mejores salarios, protecciones laborales más fuertes y crecimiento inclusivo. También reclamó una gobernanza de la IA basada en transparencia, rendición de cuentas y supervisión humana, con la negociación colectiva como herramienta central para ordenar la incorporación de estas tecnologías en los lugares de trabajo.

La intervención fue difundida por la OIT esta semana y tomó como base el informe del Director General, A moment of choice: Harnessing artificial intelligence for decent work, presentado el 4 de mayo para esta conferencia. El documento coloca en la agenda de la principal institución laboral internacional una discusión que ya circula en sindicatos, universidades y oficinas: cómo evitar que la IA aumente la productividad de las empresas sin mejorar salarios, condiciones ni derechos.

El informe organiza la respuesta en cuatro ejes: derechos, empleo y habilidades, protección social y diálogo social. Esa estructura deja afuera una lectura puramente técnica de la IA. Capacitar trabajadores importa, pero no alcanza. También hacen falta reglas sobre datos, vigilancia, decisiones automatizadas, estabilidad laboral, reparto de productividad y poder sindical dentro de las empresas.

La advertencia apunta a una zona que muchas compañías prefieren presentar como eficiencia. Si una herramienta permite procesar más reclamos, redactar más documentos, resolver más consultas o analizar más datos con menos tiempo humano, la mejora puede terminar en salarios más altos, menos carga laboral o jornadas más razonables. También puede convertirse en reducción de personal, ritmos más intensos y ahorro empresario. La diferencia no sale del software: sale de la regulación, los convenios, la inspección laboral y la capacidad de negociación.

La OIT distingue dos usos laborales de la inteligencia artificial. El primero apunta a automatizar tareas que realizan trabajadores. El segundo usa analítica y algoritmos para automatizar funciones de gestión: asignar, monitorear, supervisar y evaluar el trabajo. El organismo señala que la automatización de una tarea no produce necesariamente despidos, porque también puede complementar el trabajo humano, según cómo se integre la tecnología y qué decisión tome la empresa sobre el rol de las personas.

El segundo uso abre un problema distinto. La gestión algorítmica permite organizar turnos, asignar pedidos, medir desempeño, recomendar sanciones, ordenar prioridades o evaluar productividad con sistemas que el trabajador muchas veces no conoce ni puede impugnar. La OIT la define como el uso de datos y sistemas algorítmicos para organizar, asignar, monitorear, supervisar y evaluar trabajo, y advierte que ya aparece en atención al cliente, transporte, logística, banca y salud, además de las plataformas digitales.

Ese punto explica por qué la conferencia también discute nuevos estándares internacionales para el trabajo en plataformas digitales. La ronda de negociación incluye transparencia en la gestión automatizada: cómo los algoritmos definen pagos, asignan tareas y evalúan desempeño. Reuters informó que el debate enfrenta posiciones distintas entre gobiernos, empresas y sindicatos sobre el alcance de las protecciones laborales, el salario mínimo, la seguridad social y los derechos de quienes trabajan para plataformas.

La IA generativa ya mostró dónde aparece primero la exposición laboral. Un índice global refinado de la OIT, publicado en 2025, midió el impacto potencial sobre ocupaciones a partir de datos de tareas, aportes de expertos y predicciones de modelos de IA. El trabajo usó una muestra representativa de 29.753 tareas de la clasificación ocupacional polaca, una encuesta a 1.640 personas ocupadas y 52.558 datos sobre potencial de automatización para 2.861 tareas.

La medición previa de la OIT ya había marcado a los empleos administrativos como los más expuestos: el 24% de las tareas de apoyo administrativo tenía alta exposición a automatización por IA generativa y otro 58% mostraba exposición media. En otros grandes grupos ocupacionales, la proporción de tareas con alta exposición se movía entre 1% y 4%. El dato no anticipa una desaparición automática de puestos, pero sí muestra una reorganización probable de tareas, ritmos y controles.

Ese cambio puede sentirse en bancos, aseguradoras, estudios jurídicos, áreas de recursos humanos, administración pública, comercios, plataformas, atención al cliente y medios. La IA puede clasificar reclamos, resumir expedientes, ordenar currículums, redactar respuestas, detectar supuestos incumplimientos, asignar turnos o evaluar desempeño. En muchos casos, la persona sigue trabajando, pero con una herramienta que le marca prioridades, mide tiempos o condiciona decisiones.

La pregunta salarial queda en el centro. Una empresa que produce más con la misma dotación, o con menos personal, no convierte automáticamente esa mejora en ingresos para quienes trabajan. Sin reglas, la productividad puede quedar como rentabilidad empresaria. Con negociación colectiva, puede traducirse en mejores sueldos, capacitación dentro de la jornada, límites a la vigilancia, garantías frente a reemplazos y derecho a revisar decisiones automatizadas.

La agenda de la OIT también alcanza a la protección social. Si la IA reduce horas, desplaza tareas o empuja a parte de la fuerza laboral hacia ocupaciones más inestables, la respuesta no puede limitarse a cursos de adaptación. El costo de la transición no puede caer sólo sobre cada trabajador. Por eso el organismo incluyó protección social entre los pilares de su informe: los cambios tecnológicos también producen pérdida de ingresos, períodos de reconversión y desplazamientos entre sectores.

Para países como la Argentina, la discusión llega en un momento de presión empresaria y oficial sobre costos laborales, productividad y reforma laboral. La IA puede entrar en ese debate como una herramienta para modernizar procesos, pero también como un instrumento para abaratar planteles, fragmentar tareas, intensificar ritmos y reforzar el control patronal. La advertencia de la OIT obliga a mirar el reparto: quién decide, quién gana, quién queda expuesto y quién puede discutir las reglas.

La conferencia de Ginebra no resolverá esa pelea, pero fijó un criterio: la inteligencia artificial en el trabajo debe discutirse con salarios, derechos, datos personales, vigilancia, negociación colectiva y supervisión humana sobre la mesa. La máquina puede acelerar procesos. El reparto de sus beneficios seguirá dependiendo de leyes, sindicatos y relaciones de poder.

JJD

Probablemente sea la primera medida del gobierno de Javier Milei que supone apiadarse de los trabajadores después de tanto ajuste, que al final recayó todo sobre ellos, no en “la casta”. El Banco Nación lanzó un paquete de herramientas para clientes con dificultades para afrontar sus compromisos económicos, justo después de que los datos de marzo del Banco Central mostraran un salto fuerte en la morosidad de los hogares.

El programa fue presentado como un “kit de soluciones”, un nombre simpático para una herramienta que pretende subsanar un estado de calamidad, que es que la gente no tiene plata (y cada vez menos). Este kit viene a reorganizar obligaciones financieras, reducir el monto de las cuotas mensuales y extender plazos de cancelación.

El paquete incluye consolidación de deudas, refinanciación de saldos vencidos de tarjetas de crédito y alternativas especiales para clientes con atrasos superiores a 90 días. Cada caso será evaluado según el perfil crediticio, la situación financiera y el tipo de compromiso que el usuario necesite reordenar.

La medida llega después de un deterioro acelerado de la capacidad de pago de las familias. Según los datos del Banco Central, la morosidad de los hogares pasó de 3,3% en marzo de 2025 a 11,5% en marzo de 2026. En el mismo período, la mora total del sistema financiero subió de 2% a 7%. Es el mayor deterioro interanual de la cartera crediticia desde la salida de la convertibilidad. O sea, la peor situación en un cuarto de siglo se sufre ahora, con Javier Milei de presidente de la Nación.

El problema se concentró en los instrumentos más usados para financiar gastos cotidianos. Los préstamos personales alcanzaron una irregularidad de 14,2%, más del triple que el 4,1% registrado un año antes. Las tarjetas de crédito llegaron a 11,7%, frente al 2,8% de marzo de 2025. El crédito que muchas familias usaron para llegar a fin de mes empezó a transformarse en una deuda cada vez más difícil de pagar.

La línea de consolidación del Banco Nación estará dirigida a personas que perciben sus haberes en la entidad. Permitirá reunir deudas tomadas dentro del banco y también en otras entidades, con tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual del 65% y montos de hasta $100 millones. El objetivo oficial es simplificar la administración de pagos y reemplazar varias obligaciones dispersas por una sola cuota.

Para las tarjetas de crédito, el banco habilitó una refinanciación destinada a clientes con hasta 90 días de atraso. Esa opción permitirá reestructurar saldos pendientes de hasta $10 millones, con planes de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35%. La operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago de cuotas en el resumen siguiente y adecuaciones temporales en los límites de compra.

El esquema también prevé alternativas para quienes superen los 90 días de atraso. En esos casos, el Banco Nación informó que habrá opciones de financiación de hasta 96 meses, aunque sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones vigentes al momento de la solicitud. La entidad sostuvo que busca acompañar a sus clientes en la reorganización de compromisos financieros y ofrecer soluciones para una administración más ordenada de la economía personal.

El lenguaje bancario habla de refinanciación, consolidación y sostenibilidad de pagos. En criollo, una parte creciente de los ingresos familiares ya no alcanza para cancelar deudas tomadas en el período anterior. Durante 2025, el crédito funcionó como un ingreso complementario para sostener consumos, pagar gastos corrientes o cubrir emergencias. Ese mecanismo tiene un límite: cuando la cuota crece más rápido que el salario, la deuda deja de aliviar y empieza a asfixiar.

El deterioro de la mora no apareció de golpe en marzo. trabajAR ya había mostrado que, en febrero, la mora en créditos a familias había llegado a 10,6%, el nivel más alto en casi dos décadas. En ese mismo corte, los préstamos personales marcaban 13,2% y las tarjetas de crédito 11%. Las entidades no bancarias y billeteras virtuales mostraban un cuadro todavía más abrupto, con irregularidad cercana al 25%.

El salto también había aparecido en Mercado Pago. Según datos públicos de la Central de Deudores, la mora de la billetera virtual subió de 5,5% en enero de 2025 a 14,7% en enero de 2026. El dato mostró que el problema no quedaba encerrado en los bancos tradicionales: también alcanzaba a las plataformas digitales que expandieron el negocio del crédito al consumo sobre millones de usuarios.

Las billeteras y entidades no financieras exhibieron uno de los síntomas más duros. En febrero, el 29,9% de los saldos familiares en ese segmento tenía más de 90 días de atraso. Además, el 10,4% ya llevaba más de un año impago y era considerado irrecuperable por el sistema. Cuando la mora cruza de los bancos a las plataformas de uso cotidiano, el problema deja de ser financiero y se vuelve social.

La explicación está en la brecha entre deuda e ingresos. Los salarios privados registrados acumulan una caída real de 4,8% frente a noviembre de 2023, el total de salarios registrados cede 9,2% y los salarios públicos registran un desplome de 17%, según el análisis citado por Ámbito a partir de datos de RIPTE. Ese deterioro redujo la capacidad de pago de hogares que, al mismo tiempo, tomaron más crédito para sostener consumos básicos.

El endeudamiento familiar también cambió de escala. Una nota previa de trabajAR, basada en datos del Banco Provincia y del Banco Central, mostró que el financiamiento promedio pasó de representar 1,5 salarios hacia fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025. En un año, los hogares sumaron deuda equivalente a un salario adicional. Con ingresos rezagados y tasas todavía altas, esa carga empezó a romper el equilibrio mensual.

La diferencia entre familias y empresas muestra quién absorbió con más fuerza el costo del ajuste. En marzo, la mora de los hogares llegó a 11,5%, mientras la de las empresas fue de 3,1%. El sector empresario también triplicó su incumplimiento interanual desde 0,9%, pero la magnitud del deterioro quedó mucho más concentrada en las familias. Los hogares tomaron deuda para sostener gastos y ahora enfrentan más dificultades para devolverla.

El deterioro también golpea a las pymes. TrabajAR ya había mostrado que, en enero de 2026, la cartera pyme en situación irregular alcanzó al 8,2% del total de empresas. En comparación con enero de 2025, la cantidad de pymes con incumplimientos bancarios de más de tres meses aumentó 93,5%. Entre las firmas con atrasos superiores a 180 días, el salto fue de 84,9%.

Ese cuadro se superpone con una economía de menor actividad y menos empresas. El monitor mensual de Fundar registró que, desde noviembre de 2023, se perdieron 24.437 empresas en la Argentina, el 4,8% del total. La cantidad de firmas activas acumula 17 meses consecutivos de caída y 24 bajas interanuales seguidas. Menos empresas, salarios rezagados y más deuda impaga forman una misma secuencia: menos ingresos disponibles, menos consumo y más riesgo laboral.

El Banco Nación intenta ahora contener una parte de ese deterioro con cuotas más bajas y plazos más largos. Para muchos clientes, la refinanciación puede dar aire en el corto plazo. Pero también implica estirar hacia adelante una deuda que nació porque el ingreso mensual no alcanzó. La solución bancaria ordena el calendario de pagos; no corrige por sí sola la pérdida de poder adquisitivo que empujó a las familias a endeudarse.

El problema para los hogares es que una deuda refinanciada no desaparece. Cambia de forma, se extiende en el tiempo y puede reducir la presión mensual, pero sigue ocupando una parte del salario futuro. Si los ingresos no recuperan terreno, el alivio puede convertirse en una pausa antes de una nueva ronda de atraso.

JJD

El 87% de los trabajadores argentinos afirma que su salario es insuficiente para cubrir las necesidades básicas y 7 de cada 10 sostiene que el ingreso no dura más de dos semanas, según reveló un informe del portal de empleo Bumeran.

La elevada proporción de argentinos que consideran que no es suficiente su sueldo para afrontar los gastos diarios, ubica al país en uno de los niveles más críticos de la región, siendo superado únicamente por Panamá (92%) y Ecuador (90%).

En este marco, el estudio puntualizó sobre la velocidad con la que se esfuman los ingresos. El 73% de los empleados argentinos admite que su sueldo no sobrevive más de 14 días.

En cuánto tiempo se consumen los salarios:

La estructura del gasto mensual refleja dónde está el mayor foco de presión financiera. El alquiler se consolidó como el gasto principal para el 44% de los trabajadores, seguido por la alimentación (27%) y el pago de deudas (16%). Esta tendencia se repite en países vecinos como Chile, donde el alquiler domina los gastos con un 57%.

La imposibilidad de ahorro es prácticamente total, ya que 9 de cada 10 trabajadores no pueden guardar dinero, principalmente porque el salario resulta insuficiente (54%) o por el peso de deudas previas (19%).

En este contexto, el informe advierte que el endeudamiento sigue creciendo, al precisar que el 77% de los argentinos reconoce tener algún tipo de deuda, cinco puntos porcentuales más que en 2025.

Federico Barni, CEO de Bumeran, sostuvo que “la desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real” al afirmar que “hoy el desafío ya no pasa solamente por ‘ganarle a la inflación’, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad”.

Para los trabajadores, la prioridad ante un eventual aumento salarial es mayoritariamente para pagar deudas (46%), mientras que un 22% podría considerar el ahorro como destino prioritario, un 15% priorizaría alimentación y recreación, y apenas un 13% lo destinaría a inversiones.

Con información de NA.