China decidió mirar la inteligencia artificial desde el lugar que más incomoda al discurso tecnológico: el empleo. El Consejo de Estado, el Ejecutivo chino, anunció que hará un seguimiento específico del impacto de la IA sobre el mercado laboral durante los próximos cinco años, dentro de las directrices que marcarán la política nacional de empleo entre 2026 y 2030.

La decisión no frena la carrera tecnológica. China quiere avanzar en inteligencia artificial, competir con Estados Unidos, apuntalar a empresas como DeepSeek, ByteDance, Alibaba o Tencent y reforzar su autosuficiencia en sectores estratégicos. Pero el Gobierno chino también parece asumir algo que muchas compañías prefieren dejar en segundo plano: la IA puede crear empleos, pero también destruirlos, cambiar perfiles laborales, acelerar tareas y dejar trabajadores afuera.

Según informó la agencia EFE, el documento oficial llama a llevar adelante “una investigación en profundidad” para afrontar de manera proactiva el impacto de la IA sobre el empleo. La misma lógica aparece frente a otros factores sensibles para Pekín, como el envejecimiento de la población o los cambios en el “entorno exterior”, una fórmula diplomática que alude a las tensiones geopolíticas, especialmente con Estados Unidos.

El punto más relevante es la creación de un mecanismo de seguimiento y evaluación del impacto de la IA sobre el empleo. Ese dispositivo deberá desarrollar un sistema de encuestas para analizar cómo influye la tecnología en el mercado laboral: no sólo cuántos puestos puede destruir, sino también qué nuevos empleos puede crear, qué perfiles empiezan a buscar las empresas y cuánto penetran estas herramientas en los lugares de trabajo.

La diferencia de enfoque importa porque, en buena parte del debate global, la inteligencia artificial aparece presentada como innovación, productividad o ventaja competitiva. China decidió ubicarla también como un riesgo laboral que debe medirse. El mensaje político del gigante asiático es que el impacto de la IA no puede quedar librado únicamente a las empresas que la incorporan, la venden o la usan para reorganizar su personal.

Las directrices chinas también plantean mejorar la capacidad oficial para seguir y advertir riesgos relacionados con el empleo. Pekín quiere establecer un sistema de alerta temprana para regiones, industrias, empresas, grupos de población o períodos considerados clave. La idea es detectar dónde puede aparecer una presión laboral antes de que se transforme en desempleo abierto, conflicto social o deterioro de ingresos.

El tamaño del problema explica la cautela. La tasa oficial de desempleo urbano cerró mayo en 5,1%, dentro del límite máximo de 5,5% fijado para este año. Pero China tiene una fuerza laboral de más de 767 millones de personas. En una economía de esa escala, un salto en el desempleo puede convertirse en un factor de desestabilización social y afectar la base de legitimidad del Partido Comunista, construida durante décadas sobre crecimiento, empleo y mejora material.

Las estadísticas oficiales chinas fueron cuestionadas en distintas ocasiones por su confiabilidad. Tal vez por eso, las autoridades también prevén utilizar métricas alternativas, como pagos móviles o consumo industrial de electricidad, para analizar la evolución del mercado laboral mediante macrodatos, lo más próximo a un monitoreo en tiempo real.

El plan no presenta la inteligencia artificial solamente como una amenaza sino que también habla de aprovecharla para promover el empleo, explorar nuevas formas de colaboración entre humanos y máquinas y aplicar esas herramientas en políticas y servicios laborales. La formulación oficial apunta a aprovechar los “dividendos” del desarrollo de la IA para garantizar empleo y mejorar el sustento de la población.

China no quiere elegir entre IA y empleo: quiere las dos cosas

El país asiático se propone acelerar la tecnología y evitar que la automatización golpee el mercado laboral con fuerza suficiente como para erosionar ingresos, expectativas y estabilidad social. El desafío es enorme porque los sectores más expuestos no son únicamente los industriales sino que quedan alcanzados servicios, comercio, tareas administrativas, atención al cliente, logística, programación, diseño, educación y funciones de oficina.

La decisión china llega en una semana en la que el debate global volvió a mostrar sus dos caras. Jeff Bezos dijo en VivaTech, la feria tecnológica de París, que la inteligencia artificial no volverá redundantes a los humanos y que incluso puede generar escasez laboral. Esa mirada optimista es habitual entre los dueños de la tecnología: cada revolución destruye ciertos trabajos, pero crea otros nuevos; cada herramienta aumenta la productividad y abre oportunidades.

Los datos que circulan en Estados Unidos muestran un cuadro menos lineal. En mayo, los empleadores estadounidenses anunciaron 97.006 recortes de puestos y el 40% de esos despidos estuvo vinculado a la inteligencia artificial, según datos de Challenger, Gray & Christmas citados por Reuters. Gartner, además, advirtió que cerca del 80% de las grandes organizaciones que prueban o despliegan capacidades autónomas reportó reducciones de personal, pero que esos recortes no necesariamente se traducen en mejores resultados.

Ese contraste no convierte a China en un modelo laboral ideal. El país mantiene fuertes restricciones políticas, limita la organización sindical independiente y administra la información pública bajo control estatal. Pero el movimiento sí muestra otra forma de encarar la discusión: la IA no aparece sólo como una apuesta de innovación empresarial, sino como una variable que puede afectar empleo, ingresos, capacitación, perfiles laborales y estabilidad social.

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Jeff Bezos eligió el tono optimista: la inteligencia artificial no va a dejar a los humanos sin trabajo, dijo, sino que puede crear una escasez de trabajadores. El problema es que, mientras los dueños de la tecnología prometen abundancia futura, muchas empresas vienen usando la IA para justificar despidos presentes.

El fundador de Amazon habló este miércoles en VivaTech, la feria tecnológica de París, y presentó una mirada casi inversa a la que temen millones de trabajadores: según él, la IA no hará redundantes a las personas, sino que bajará barreras, permitirá crear más, construir más y multiplicar las tareas disponibles. En su lectura, el problema no será la falta de empleo, sino la falta de trabajadores.

La frase encaja bien en el discurso de Silicon Valley: cada revolución tecnológica destruye ciertos puestos, pero crea otros nuevos; cada herramienta libera tiempo, aumenta productividad y abre oportunidades. Sin embargo, el mercado laboral ya muestra una zona bastante menos luminosa. En mayo, los empleadores de Estados Unidos anunciaron 97.006 recortes de puestos y el 40% de esos despidos estuvo vinculado a la inteligencia artificial, según datos de Challenger, Gray & Christmas citados por la agencia Reuters.

Los dueños de la IA prometen trabajo futuro, pero las empresas ya contabilizan trabajadores presentes como costo reemplazable. La discusión no es si la tecnología puede aumentar la productividad. Puede hacerlo. La pregunta laboral es quién captura esa productividad, quién pierde el puesto en nombre de la eficiencia y qué pasa con quienes quedan dentro de organizaciones cada vez más automatizadas.

El propio caso de Amazon muestra el contraste. Reuters recordó que la empresa recortó unos 30.000 puestos corporativos desde fines del año pasado, en parte por ganancias de eficiencia asociadas a la IA. Andy Jassy, su CEO, ya había advertido que la mayor automatización mediante herramientas de inteligencia artificial derivaría en pérdidas de empleo corporativo. Bezos habla de escasez de trabajadores; la empresa que fundó viene achicando personal.

Un informe reciente de Gartner ayuda a ordenar esa discusión. La consultora relevó a 350 ejecutivos globales de empresas con ingresos anuales de al menos US$1.000 millones que ya estaban probando o desplegando capacidades autónomas, como agentes de IA, automatización inteligente u otras tecnologías similares. Cerca del 80% reportó reducciones de personal. Pero Gartner marcó un punto incómodo para los propios empresarios: esos recortes no parecen traducirse necesariamente en retorno de inversión.

La advertencia es fuerte porque discute el reflejo más elemental de muchas compañías: despedir para demostrar que la IA “rinde”. Gartner lo dijo en términos empresariales, no sindicales: las reducciones de personal pueden liberar presupuesto, pero no crean retorno por sí solas. Las organizaciones que mejoran sus resultados no son necesariamente las que eliminan personas, sino las que invierten en habilidades, roles y modelos operativos para que los humanos guíen, gobiernen y escalen los sistemas autónomos. Es decir que cortar cabezas puede mejorar un Excel en el corto plazo, pero no prueba que la inteligencia artificial esté creando valor real. Puede ser apenas una forma nueva de nombrar un ajuste viejo.

El debate público sobre la IA está en un brete

Ese punto importa porque buena parte del debate público sobre IA quedó atrapado en dos extremos. De un lado, el entusiasmo empresario que imagina una productividad sin límites. Del otro, la idea de un reemplazo total e inmediato de trabajadores por máquinas. La evidencia empieza a mostrar algo más complejo: no todos los puestos desaparecen, pero muchas tareas se reorganizan; no todos los trabajadores son despedidos, pero muchos empleos cambian; no toda búsqueda laboral se cancela, pero algunas contrataciones se enfrían o se rediseñan.

Ahí entra otro estudio reciente, Generative AI and the Reorganization of Labor Demand, elaborado por Fangyan Wang, Zaiyan Wei y Yang Wang. El trabajo analizó ofertas de empleo en Estados Unidos y buscó medir cómo las empresas reorganizan la demanda laboral a medida que se difunde la inteligencia artificial generativa. Su conclusión no es simplemente que la IA destruye empleos. Es más precisa: las firmas están modificando dónde contratan, qué puestos buscan y qué tareas incluyen dentro de cada empleo.

El estudio identificó dos movimientos principales. Por un lado, la reasignación de demanda entre puestos: las empresas cambian qué perfiles buscan y cuáles dejan de priorizar. Por otro lado, el rediseño interno de los trabajos: las tareas que antes formaban parte de un puesto pueden desaparecer, mezclarse con otras o quedar absorbidas por herramientas de IA.

Los autores calcularon que la reasignación de demanda entre empleos explicó en promedio el 52% del ajuste, mientras que el rediseño de tareas dentro de los puestos representó el 39,5%. La IA no sólo amenaza con eliminar trabajos: también cambia la arquitectura interna del empleo, altera qué se espera de cada trabajador y reordena las puertas de entrada al mercado laboral.

Ese matiz es central para mirar el impacto sobre jóvenes y perfiles iniciales. El estudio encontró que los puestos senior tienden a ajustarse antes, sobre todo mediante cambios en la demanda entre empleos, mientras que los puestos junior enfrentan una combinación más amplia de reasignación, rediseño de tareas e interacción entre ambos procesos. En otras palabras: quienes recién ingresan al mercado laboral pueden encontrarse con menos tareas de aprendizaje, menos posiciones de entrada o puestos que exigen desde el primer día habilidades antes reservadas para perfiles con más experiencia.

La pregunta no es sólo cuántos empleos destruye la IA sino qué tipo de empleo deja en pie. Si las tareas más repetitivas, administrativas o iniciales pasan a herramientas automatizadas, una parte del aprendizaje laboral puede desaparecer del recorrido. Lo que para una empresa aparece como eficiencia puede significar para un trabajador joven menos oportunidades para entrar, equivocarse, aprender y acumular experiencia.

Cuando una compañía incorpora IA y reduce personal, las tareas no siempre desaparecen: muchas veces se redistribuyen entre menos trabajadores, se aceleran los tiempos, se amplían responsabilidades y se espera que cada persona produzca más con herramientas nuevas. La productividad prometida puede convertirse en sobrecarga real si no se discuten jornada, salarios, capacitación, control humano y participación sindical.

El dato de Gartner vuelve ahí con fuerza. Si las empresas que recortan no obtienen necesariamente mejores retornos, entonces el despido no aparece como una consecuencia inevitable de la tecnología, sino como una decisión de gestión. La IA no firma telegramas. Los firman empresas que eligen convertir una herramienta de productividad en una poda de personal.

Bezos no es el único empresario que presenta una mirada optimista. Buena parte del sector tecnológico insiste en que la IA creará empleos nuevos, abrirá mercados y permitirá a las personas dedicarse a tareas de mayor valor. Puede ocurrir en algunos casos. La historia del trabajo muestra que las innovaciones no sólo destruyen ocupaciones: también crean otras. Pero esa transición nunca fue automática, neutral ni indolora. Siempre tuvo ganadores, perdedores, conflictos y reglas.

La diferencia es que esta vez la promesa llega en un contexto de empresas que ya usan la IA para achicar estructuras, justificar congelamientos de contratación o exigir más producción con menos personal. En ese marco, hablar de “trabajos del futuro” sin mirar los despidos del presente sirve más a la estrategia comunicacional de las compañías que a la experiencia concreta de los trabajadores.

También hay una disputa por el relato. Si una empresa despide y dice que lo hace por IA, coloca el recorte bajo una apariencia de inevitabilidad técnica. Parece una consecuencia del progreso, no una decisión empresarial. Pero los estudios disponibles empiezan a mostrar que la relación entre inteligencia artificial, productividad y empleo es más política y organizacional que automática. Depende de cómo se implementa, quién decide, qué tareas se automatizan, qué trabajadores se capacitan y qué derechos se protegen.

Para trabajadoras y trabajadores, el punto no es rechazar la tecnología. Es impedir que la tecnología sea usada como una excusa para precarizar. La IA puede asistir tareas, reducir cargas repetitivas, mejorar procesos y abrir funciones nuevas. Pero también puede concentrar poder empresario, debilitar puestos de entrada, acelerar ritmos, justificar despidos y trasladar a los trabajadores el costo de una transición que beneficia a accionistas y ejecutivos.

El discurso de Bezos resume la promesa. Los datos de despidos muestran la práctica. Gartner agrega una advertencia empresaria: despedir no garantiza resultados. Y el estudio sobre demanda laboral muestra el cambio más profundo: el mercado de trabajo no sólo pierde o gana puestos, sino que se reorganiza desde adentro.

La discusión, entonces, no debería quedar en si la IA “crea” o “destruye” empleo en abstracto. La pregunta es quién gobierna esa transformación. Si la deciden sólo las empresas, la productividad puede terminar convertida en menos puestos, más presión y menos poder de negociación. Si intervienen sindicatos, Estados, regulaciones y trabajadores, la tecnología puede distribuir de otra manera sus beneficios.

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Un solo hijo o hija de entre 6 y 12 años demandó en mayo $665.950 por mes en la Argentina, es decir casi 460 dólares al tipo de cambio minorista del Banco Nación de este martes. En el mismo mes, el salario mínimo fue de $363.000, menos de 250 dólares. Es decir que para cubrir la canasta de crianza más alta hizo falta casi 1,8 salario mínimo, sin contar alquiler, servicios, transporte, comida, salud y el resto de los gastos de un hogar.

El dato surge del último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre la valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. El indicador mide cuánto cuesta sostener a niños y niñas de hasta 12 años y combina dos componentes: el valor de los bienes y servicios necesarios para la vida cotidiana y el costo del tiempo de cuidado.

La canasta más alta correspondió al tramo de 6 a 12 años, con $665.950 mensuales. Le siguieron los niños y niñas de 1 a 3 años, con $620.125. Para el grupo de 4 a 5 años, el valor fue de $529.756, mientras que criar a un bebé menor de un año demandó $520.569.

La cifra cambia según la edad, pero el problema se repite en todos los casos: ningún tramo de crianza queda cerca de los ingresos más bajos del mercado laboral. El salario mínimo de mayo alcanzó apenas para cubrir el 54,5% de la canasta más cara. Dicho de otro modo: un trabajador que cobró el mínimo no llegó ni siquiera a cubrir el costo mensual estimado por el Indec para criar a un solo hijo de 6 a 12 años.

El desfasaje también aparece cuando se mira la Asignación Universal por Hijo (AUH), uno de los principales programas de transferencia de ingresos para hogares con niños y niñas. En mayo, la AUH fue de $141.286 por hijo. Incluso si se toma el monto total, cubrió apenas el 21% de la canasta más alta. Como el pago mensual efectivo es del 80% y el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la libreta, el ingreso directo fue todavía menor: alrededor del 17% de ese costo.

El informe vuelve a mostrar que criar no es sólo comprar alimentos, ropa, útiles, medicamentos o pagar transporte. También implica tiempo. Y ese tiempo tiene un valor económico, aunque en la mayoría de los hogares no aparezca en ningún recibo de sueldo.

En mayo, el costo del cuidado fue de $350.809 para menores de 1 año y de $400.925 para niños y niñas de 1 a 3 años. En esos primeros años de vida, el cuidado representó casi dos tercios del costo total de la crianza. Para el grupo de 4 a 5 años, el costo del cuidado fue de $250.578, y para el tramo de 6 a 12 años, de $319.628.

Ese componente se calcula a partir de las horas mensuales de cuidado requeridas para cada edad y de la remuneración del personal de casas particulares en la categoría “asistencia y cuidado de personas”. Según el Indec, un bebé menor de un año requiere 147 horas mensuales de cuidado; un niño o niña de 1 a 3 años, 168 horas; el grupo de 4 a 5 años, 105 horas; y el tramo de 6 a 12 años, 84 horas.

La estructura de la canasta muestra una tensión central para las familias trabajadoras. En los primeros años, el costo más alto no está en los bienes y servicios, sino en el tiempo humano necesario para cuidar. En el tramo de 1 a 3 años, por ejemplo, los bienes y servicios costaron $219.200, pero el cuidado ascendió a $400.925. El trabajo que sostiene la crianza vale más que el consumo, pero sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres y continúa mal reconocido por el mercado y por el Estado.

La situación cambia parcialmente en edades escolares. Para niños y niñas de 6 a 12 años, los bienes y servicios tuvieron un peso mayor: $346.321 frente a $319.628 de cuidado. Aun así, el costo total fue el más alto de todos los tramos, porque la canasta básica total aplicada a esa edad aumenta y porque la crianza sigue demandando acompañamiento, traslados, alimentación, controles de salud, escolaridad, actividades y tiempo adulto.

Respecto de abril, todos los tramos volvieron a subir. La canasta de menores de 1 año pasó de $511.763 a $520.569. La de 1 a 3 años subió de $609.574 a $620.125. La de 4 a 5 años pasó de $520.413 a $529.756. Y la de 6 a 12 años trepó de $654.221 a $665.950. Las subas mensuales rondaron entre 1,7% y 1,8%, por debajo de la inflación general de mayo, pero sobre valores que ya estaban muy lejos de los ingresos de buena parte de los hogares.

La comparación interanual también muestra una escalada sostenida. En mayo de 2025, criar a un niño o niña de 6 a 12 años costaba $516.113. Un año después, la misma canasta llegó a $665.950. El aumento fue de 29% nominal en doce meses, una carga adicional para familias que ya venían arrastrando pérdida de poder adquisitivo, endeudamiento y dificultad para cubrir gastos básicos.

La canasta de crianza se convirtió en un indicador especialmente sensible porque permite ver una zona del costo de vida que suele quedar diluida en otros índices. El IPC mide precios. La canasta básica mide pobreza e indigencia. Pero la canasta de crianza pone número a una pregunta concreta: cuánto cuesta sostener la vida cotidiana de un niño o una niña cuando se incorporan bienes, servicios y tiempo de cuidado.

Esa medición tiene impacto directo sobre la vida laboral. Muchas madres reducen horas pagas, rechazan empleos, aceptan tareas informales o dependen de redes familiares porque el costo de cuidar supera los ingresos disponibles. En hogares monomarentales, esa presión se multiplica: un solo ingreso debe cubrir alquiler, comida, transporte, escuela, salud y crianza, mientras el tiempo de cuidado limita la posibilidad de trabajar más horas o acceder a mejores empleos.

El informe del Indec no mide sólo un gasto privado. Muestra una transferencia silenciosa de costos hacia las familias y, dentro de ellas, hacia las mujeres. Cuando no hay jardines suficientes, licencias extendidas, horarios compatibles, políticas de cuidado, salarios adecuados o transferencias estatales proporcionales, la crianza se resuelve con sobrecarga, endeudamiento o renuncia a ingresos.

Por eso la discusión excede la administración doméstica. La canasta de crianza vuelve a poner sobre la mesa el vínculo entre salarios, cuidados y desigualdad. Si criar a un solo hijo cuesta hasta $665.950 y el salario mínimo queda en $363.000, el problema no es sólo cuánto suben los precios. También es cuánto vale el trabajo, cuánto acompaña el Estado y quién paga, con dinero y con tiempo, el costo real de sostener la vida.

El Indec puso otra vez la cifra. Criar a un hijo en la Argentina ya puede costar casi dos salarios mínimos por mes.

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La Organización Internacional del Trabajo avanzó en Ginebra con una norma internacional para ordenar uno de los territorios laborales más precarizados de la economía digital: el trabajo en plataformas. La 114ª Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el texto final del Convenio sobre el trabajo decente en la economía de plataformas, una norma que fija obligaciones para los Estados y apunta directamente al poder de las aplicaciones, los algoritmos y las empresas que organizan trabajo sin reconocer, muchas veces, una relación laboral tradicional.

La señal política del convenio es que la economía de plataformas deja de aparecer como un territorio excepcional, gobernado sólo por términos y condiciones privados, decisiones algorítmicas y contratos de adhesión. La OIT plantea que los Estados deben regular ese universo: definir responsabilidades, controlar la clasificación laboral, garantizar derechos mínimos, abrir vías de reclamo y poner límites a las decisiones automatizadas.

El convenio no se limita a repartidores o conductores. La definición de plataforma digital de trabajo abarca a toda persona jurídica —o física, cuando corresponda según la legislación nacional— que, mediante tecnologías digitales y sistemas automatizados de toma de decisiones, organiza o facilita trabajo remunerado para prestar un servicio. Ese trabajo puede hacerse en línea o en una ubicación geográfica específica. En otras palabras: alcanza tanto a quienes pedalean, manejan o reparten en la calle como a quienes realizan tareas digitales organizadas por plataformas.

La definición de trabajador de plataformas también es amplia. El texto incluye a toda persona empleada o contratada para prestar servicios organizados o facilitados por una plataforma digital de trabajo, a cambio de remuneración o pago, independientemente de la clasificación de su situación en el empleo. Ese punto es clave: la OIT no acepta que la etiqueta contractual colocada por la empresa cierre por sí sola la discusión sobre derechos.

Mientras el gobierno de Javier Milei impulsa una agenda laboral de flexibilización y reconocimiento de figuras autónomas para el trabajo en plataformas, la OIT acaba de fijar un criterio internacional que empuja en otra dirección: la clasificación de los trabajadores debe basarse en los hechos reales del trabajo, la ejecución de tareas y la forma de pago, no sólo en el nombre del contrato.

El abogado laboralista Juan Ottaviano, asesor de la Asociación Gremial de Computación, participó de la conferencia en Ginebra y vinculó el alcance del convenio con la situación argentina. “La mayoría de los trabajadores de plataformas están subclasificados como independientes y no gozan de derechos laborales básicos. El convenio de la OIT busca revertir esa situación”, le dijo por teléfono desde Suiza a trabajAR.

Ottaviano también apuntó contra la Ley de Modernización Laboral aprobada durante el gobierno de Milei. “Por esa ley, la Argentina es uno de los pocos países que excluye expresamente a los trabajadores de plataformas de la protección laboral. Con este convenio, la Argentina debería modificar esa previsión incluso antes de ratificarlo”, sostuvo.

El convenio no declara automáticamente que todos los trabajadores de plataformas sean empleados en relación de dependencia. Pero obliga a los Estados a adoptar medidas para asegurar una clasificación correcta, vinculada a la existencia o inexistencia de una relación de trabajo. Esa definición debe mirar cómo se realiza el trabajo, cómo se remunera, qué control ejerce la plataforma y cuáles son las condiciones concretas de prestación del servicio.

El texto, de hecho, mantiene abierta la existencia de trabajadores de plataformas clasificados como independientes. La diferencia es que ya no deja esa definición sólo en manos de la empresa: exige que la clasificación sea correcta, basada en los hechos reales del trabajo, y que no funcione como una vía para dejar a quienes trabajan fuera de derechos básicos.

Ese criterio golpea el corazón del modelo de muchas aplicaciones. Empresas de reparto, transporte y servicios digitales suelen presentar a quienes trabajan para ellas como autónomos, colaboradores, prestadores independientes o usuarios de una tecnología. La OIT, en cambio, pone el foco en la realidad material: si una plataforma organiza el trabajo, fija reglas, controla el acceso a tareas, evalúa desempeño, define pagos o puede desactivar cuentas, la discusión sobre derechos laborales no puede cerrarse con una cláusula contractual.

El texto incorpora además los principios y derechos fundamentales en el trabajo dentro de la economía de plataformas: libertad sindical, reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil, no discriminación y derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Para un sector marcado por la fragmentación, la dispersión y la gestión individualizada por aplicaciones, el reconocimiento de la organización colectiva es uno de los puntos más relevantes.

En Argentina, repartidores, conductores y trabajadores organizados por plataformas enfrentan dificultades para sindicalizarse, negociar condiciones colectivas o reclamar frente a cambios unilaterales en tarifas, bloqueos de cuentas, modificaciones de recorridos o exigencias de disponibilidad. El convenio de la OIT introduce un principio: la economía digital no queda fuera de la libertad sindical ni de la negociación colectiva.

La norma también avanza sobre seguridad y salud en el trabajo. Los Estados deberán adoptar medidas para prevenir accidentes, enfermedades profesionales y cualquier otro daño para la salud que sea consecuencia del trabajo, guarde relación con él o sobrevenga durante su realización. En el caso de plataformas de reparto o transporte, esa obligación toca problemas concretos: siniestros viales, exposición climática, jornadas extensas, presión por tiempos de entrega y riesgos asumidos muchas veces por el propio trabajador.

El convenio reconoce incluso el derecho a alejarse de una situación de trabajo cuando existan motivos razonables para considerar que presenta un peligro grave e inminente para la vida o la salud, sin sufrir consecuencias injustificadas. Para un repartidor que circula bajo tormenta, para un conductor expuesto a situaciones violentas o para una trabajadora que recibe una tarea insegura, esa cláusula introduce un límite al mandato permanente de aceptar pedidos para no perder ingresos o reputación dentro de la app.

Otro capítulo aborda la violencia y el acoso, incluidos los casos que ocurran en línea o que involucren a terceros, como clientes. La economía de plataformas suele desplazar parte del riesgo hacia el trabajador: el cliente califica, denuncia, cancela, insulta o agrede; la plataforma intermedia, pero muchas veces decide con poca transparencia. El convenio obliga a los Estados a adoptar medidas para proteger de manera eficaz a los trabajadores frente a esas situaciones.

La remuneración es otro punto central. El texto exige que el pago adeudado se realice de manera puntual y completa. Para quienes estén vinculados por una relación de trabajo, la remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo aplicable, excluidas propinas u otras gratificaciones. Además, esos trabajadores deberán ser compensados por los gastos o costos incurridos para realizar su tarea, de acuerdo con la legislación y la práctica nacionales.

Ese punto es decisivo en las plataformas. Bicicleta, moto, combustible, celular, datos móviles, mantenimiento, seguro, elementos de seguridad o tiempo de espera suelen quedar a cargo del trabajador. La OIT establece una línea: la remuneración no incluye la compensación por gastos; el pago por trabajar no debe confundirse con el reintegro de los costos necesarios para poder trabajar.

La seguridad social también entra en el convenio. Los Estados deberán asegurar que los trabajadores de plataformas tengan acceso a protección en condiciones no menos favorables que las aplicables a otros trabajadores con la misma clasificación de empleo. El objetivo es impedir que el formato digital de organización del trabajo funcione como una vía para excluir a millones de personas de cobertura previsional, salud laboral, licencias o prestaciones básicas.

La parte más novedosa aparece en la gestión algorítmica. Las plataformas deberán informar a trabajadores, representantes u organizaciones sobre el uso de sistemas automatizados, algoritmos o métodos similares para seguimiento, evaluación del trabajo o generación de decisiones laborales. También deberán informar en qué medida esos sistemas impactan en las condiciones de trabajo o en el acceso a tareas.

Ese punto traduce al lenguaje laboral una experiencia cotidiana de quienes trabajan con aplicaciones: no siempre saben por qué reciben menos pedidos, por qué bajó su calificación, por qué cambió su tarifa, por qué fueron suspendidos o por qué la cuenta quedó desactivada. El convenio exige transparencia sobre esos sistemas y reconoce que el algoritmo puede funcionar como jefe, supervisor, evaluador y sancionador al mismo tiempo.

La norma va más allá de la información. Cuando una decisión sea generada por un sistema automatizado y afecte negativamente las modalidades de trabajo o el acceso al trabajo, el trabajador deberá poder solicitar una explicación por escrito. También deberá tener acceso a una revisión cuando la decisión implique falta de pago, suspensión, desactivación de la cuenta o terminación del empleo o contratación. Esa revisión deberá contar con intervención humana apropiada.

Es decir que una plataforma no debería poder bloquear, suspender o dejar sin ingresos a una persona sólo por una decisión opaca de un sistema automatizado. La OIT reconoce así uno de los problemas laborales centrales del presente: trabajadores que dependen de una aplicación para generar ingresos, pero no tienen a quién reclamar cuando una decisión algorítmica los expulsa o les reduce el acceso al trabajo.

El convenio también incorpora protección de datos personales y privacidad. Los trabajadores tendrán derecho a solicitar acceso a sus datos personales procesados por las plataformas, así como su rectificación y supresión, según la legislación aplicable. En un modelo empresarial que acumula datos sobre ubicación, tiempos, aceptación de pedidos, desempeño, calificaciones y disponibilidad, esa protección se vuelve parte de la disputa laboral.

La norma prohíbe además la suspensión o desactivación de cuentas, o la terminación del empleo o contratación, cuando se base en motivos discriminatorios u otros motivos ilegales. Y exige que los trabajadores reciban información oportuna, verificable y fácilmente comprensible sobre sus condiciones de empleo o contratación. La opacidad contractual, frecuente en términos y condiciones extensos o modificables por la propia app, queda así bajo cuestionamiento.

Para los trabajadores migrantes y refugiados, el convenio ordena adoptar medidas para prevenir abusos en la contratación y el trabajo en plataformas. Ese punto también dialoga con la realidad argentina y regional: una parte importante del reparto urbano y de los trabajos de plataformas se apoya en población migrante, muchas veces con menor capacidad de reclamo, mayor urgencia económica y más exposición a condiciones informales.

El texto también establece mecanismos de solución de conflictos, vías de recurso y reparación, y control de cumplimiento de la legislación nacional y los convenios colectivos pertinentes. La economía de plataformas no queda planteada como un espacio autorregulado por empresas tecnológicas, sino como un campo laboral sujeto a normas, inspección, derechos y obligaciones.

La dimensión política del convenio es inocultable: la OIT no niega que las plataformas hayan creado oportunidades de ingresos, desarrollo empresarial y formalización. El propio texto lo reconoce. Pero también reconoce déficits de trabajo decente y la necesidad de normas específicas para una modalidad que transformó el mundo del trabajo. La novedad no está en demonizar la tecnología, sino en impedir que la tecnología sea usada para degradar derechos.

En la Argentina, esa decisión de la OIT llega en un momento sensible. El gobierno de Milei presenta la flexibilización laboral como modernización y promueve esquemas que separan a trabajadores de plataformas de la relación laboral tradicional. La OIT acaba de aprobar un convenio que coloca otra vara: modernizar no puede significar dejar a quienes trabajan bajo control algorítmico sin salario mínimo, seguridad social, organización colectiva, protección frente a accidentes o revisión humana de sanciones.

La diferencia de enfoque es nítida. Para las plataformas y los gobiernos que priorizan desregulación, el trabajador aparece como prestador independiente conectado a una aplicación. Para la OIT, la pregunta no se agota ahí: importa quién organiza el trabajo, quién controla el acceso a los pedidos, quién fija las condiciones, quién decide el pago, quién evalúa el desempeño y quién puede cortar la cuenta.

El convenio deberá ser ratificado por los Estados para entrar en vigor en cada país. Según el texto final, obligará únicamente a los miembros de la OIT cuyas ratificaciones registre el Director General y entrará en vigor doce meses después de que dos países lo ratifiquen. Para cada Estado que lo ratifique después, regirá doce meses después de su propio registro.

Ese camino puede ser largo, pero la señal internacional ya quedó marcada. La OIT fijó un piso global para una discusión que las plataformas intentaron mantener durante años en el terreno de la innovación, la flexibilidad y la autonomía individual. El nuevo convenio devuelve el conflicto a su lugar original: si hay trabajo organizado por empresas, hay derechos que no pueden quedar escondidos detrás de una app.

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La inflación de mayo bajó a 2,1% y marcó el segundo mes consecutivo de desaceleración, pero está aún lejos de permitir hablar de un alivio al bolsillo de los trabajadores. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 14,7% en los primeros cinco meses de 2026 y registró una suba interanual de 33,2%, según informó este miércoles el Indec.

El Gobierno consiguió el número mensual más bajo del año, después del 3,4% de marzo y el 2,6% de abril. Pero Javier Milei sigue sin cumplir la promesa con la que llegó a la presidencia: terminar con la inflación. En mayo, los precios volvieron a subir más de 2% en un solo mes, una velocidad que se suma al deterioro previo de los ingresos y al encarecimiento acumulado de alimentos, servicios, alquileres, transporte, salud y educación.

La desaceleración recorta la velocidad del aumento, pero no devuelve poder de compra por sí sola. Para los hogares que viven de un salario, el problema es qué precios siguen aumentando y cuánto pesan esos consumos dentro del presupuesto familiar. Un trabajador no paga el promedio sino la comida, el alquiler, la luz, el gas, el transporte, internet, la telefonía celular, los remedios y la cuota de la escuela. Y todo esto es lo que más sube.

En mayo, la división con mayor aumento mensual fue comunicación, con 3,4%, impulsada por los servicios de telefonía. Le siguieron educación, con 2,9%; recreación y cultura, con 2,8%; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 2,6%; salud, también con 2,6%; y alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2,5%. Todos esos rubros quedaron por encima del nivel general o muy cerca de él.

El dato alimentario vuelve a ser central. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,5% en mayo y fue la división de mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones del país. El Indec atribuyó ese impacto a los aumentos en pan y cereales y en productos lácteos.

El acumulado del año muestra mejor esa presión. Entre enero y mayo, alimentos y bebidas no alcohólicas subió 16,2%, por encima del 14,7% del nivel general. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 21,1%; educación, 22,5%; comunicación, 16,9%; transporte, 15,1%; y salud, 13,2%.

El nivel general subió 33,2% frente a mayo de 2025, pero varios rubros esenciales quedaron por encima de esa marca: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 48%; educación, 42,7%; transporte, 42,1%; comunicación, 37,4%; restaurantes y hoteles, 37,3%; y alimentos, 33,4%. Los números explican por qué la inflación, aunque “baja”, como dice el Gobierno, sigue siendo un ataque feroz a los hogares: el promedio baja pero los gastos fijos y los consumos básicos siguen corriendo a una velocidad que erosiona el salario.

Este último informe del Indec también muestra una presión mayor de los servicios. El mes pasado, los bienes subieron 2% y los servicios, 2,5%. La diferencia se agranda al mirar el acumulado: los bienes aumentaron 13,3% en los primeros cinco meses del año, mientras los servicios avanzaron 17,5%. En la comparación interanual, la distancia es todavía más fuerte: los bienes subieron 28,8% y los servicios, 42,8%.

Una inflación del Indec que es menor a la real

Ese dato tiene una lectura adicional: el IPC vigente todavía se calcula con una estructura de consumo vieja, basada en los hábitos relevados en 2004-2005. La actualización que el Indec tenía previsto aplicar desde enero de 2026, postergada tras la salida de Marco Lavagna del organismo, iba a tomar una canasta más reciente y a darle más peso a rubros como vivienda, servicios y transporte. Justamente esos gastos fijos —luz, gas, agua, alquileres, combustibles, telefonía, internet y transporte— son los que más condicionan el presupuesto de los hogares trabajadores y los que menos margen dejan para ajustar cuando el salario no acompaña.

Los precios regulados también volvieron a quedar por encima del nivel general. En mayo aumentaron 2,4%, por debajo del salto de abril, pero todavía más que el IPC. El Indec explicó esa suba por aumentos en combustibles, electricidad y agua. Los estacionales subieron 3,5%, por el aumento de verduras compensado parcialmente por la caída de frutas. El IPC núcleo, que excluye regulados y estacionales, avanzó 1,9%, con subas vinculadas a restaurantes, bares, casas de comida y productos farmacéuticos.

La inflación de mayo también debe leerse junto con los datos salariales disponibles. El último índice de salarios publicado por el Indec mostró que en marzo los ingresos aumentaron 3,4% y acumularon 8,6% en el primer trimestre, por debajo del 9,4% de inflación del mismo período. Dentro de ese promedio, el sector registrado subió 3% en marzo, menos que el IPC de ese mes, y encadenó otra caída real.

Esa brecha es la que define el poder de compra. Si los salarios llegan tarde o aumentan menos que los precios, una inflación mensual más baja no implica recuperación automática sino que el deterioro avanza a menor velocidad. Para que haya alivio real, los ingresos tienen que ganarle a los precios durante varios meses, además de recuperar lo perdido desde el salto inflacionario que siguió a la devaluación inicial del gobierno de Milei.

JJD

Desde que Javier Milei asumió la Presidencia pasaron 21.864 horas. En ese mismo período, la industria textil perdió 22.156 empleos registrados. Es decir que por cada hora de gobierno de La Libertad Avanza hay un puesto de trabajo menos en la fabricación de tela, la confección, el cuero y el calzado. El sector se convirtió en el que más empleo destruye de toda la economía argentina.

El dato surge del último Boletín Económico Sectorial de la Fundación Pro Tejer, correspondiente a mayo. Según el informe, el empleo registrado privado en la actividad textil, confecciones, cuero y calzado cayó un 18% respecto de diciembre de 2023 —cuando La Libertad Avanza llegó al poder—, lo que equivale a 22.156 puestos de trabajo menos.

La contracción supera incluso a la de la construcción, otro de los sectores más golpeados por la recesión. La pérdida en la industria textil asciende a 20.727 empleos en el relevamiento de enero y a 21.339 en el de febrero, una secuencia que da cuenta de que la sangría laboral continuó profundizándose durante los primeros meses del año.

La magnitud del deterioro se aprecia mejor al compararla con el resto de la economía. Según Pro Tejer, la cadena textil, de confecciones, cuero y calzado encabeza la destrucción de empleo privado registrado desde diciembre de 2023. Ninguna otra actividad perdió una proporción tan alta de puestos de trabajo formales durante el mismo período.

En septiembre de 2025 la producción ya había registrado una caída interanual del 20%. Y la situación empeoró en el inicio de 2026, el tercer año de Milei en la Casa Rosada: en enero la actividad se desplomó 23,9%; en febrero, un 33,2%; y en marzo, un 23,3%.

La sucesión de caídas tan pronunciadas, de dos dígitos, evidencia la profundidad de la crisis textil. El derrumbe de febrero, superior al 33%, fue uno de los más pronunciados de toda la industria manufacturera.

La crisis no golpea solamente a las fábricas que producen telas. También alcanza a quienes transforman esas telas en prendas que llegan a las vidrieras. Pro Tejer distingue entre los “productos textiles” —fibras, hilados, tejidos y telas— y la fabricación de indumentaria, cuero y calzado. Ambos eslabones muestran números en rojo.

En el primer caso, la actividad se ubicó en marzo un 31,3% por debajo de los niveles de dos años atrás. En el segundo, la producción cayó 8,9% frente al mismo mes de 2025 y acumuló una baja del 15,2% en el primer trimestre.

La comparación con 2023 permite dimensionar mejor la debacle: desde entonces, desapareció casi un tercio de la producción argentina de fibras, hilados, tejidos y telas, es decir, de los insumos que abastecen a buena parte de la industria de la indumentaria y el calzado.

Mirando directamente al interior de las fábricas, la consecuencia de esa caída productiva es el aumento de la capacidad ociosa: máquinas instaladas que permanecen apagadas porque no hay suficiente actividad para utilizarlas.

La Fundación Pro Tejer destacó que enero de 2026 fue el peor enero de la serie histórica para la industria textil en materia de utilización de capacidad instalada. Las fábricas trabajaron apenas al 23,7% de su potencial. O sea que casi tres de cada cuatro máquinas estuvieron paradas.

En febrero la situación mejoró, aunque continuó en niveles extremadamente bajos: el uso de la capacidad instalada alcanzó el 39,9%, el peor febrero de la serie histórica. En marzo llegó al 40,2%, lo que implica que el sector siguió operando con cerca de seis de cada diez máquinas sin utilizar.

El deterioro productivo coincide además con un fuerte crecimiento de las importaciones textiles e indumentarias. Según los relevamientos de Pro Tejer, las cantidades importadas llegaron a crecer cerca de un 90% interanual durante 2025, una tendencia que la entidad identifica como uno de los factores que presionan sobre la producción local.

La pérdida de 22.156 puestos de trabajo equivale al 18% del empleo registrado que tenía la cadena textil, de confecciones, cuero y calzado a fines de 2023. Casi uno de cada cinco trabajadores formales del sector perdió su empleo durante los primeros dos años y medio del gobierno de Milei.

JJD

La OIT llevó a su conferencia anual una advertencia dirigida a gobiernos, empresas y sindicatos: las ganancias de productividad generadas por la inteligencia artificial deben llegar también a los trabajadores. El mensaje fue planteado por el director general del organismo, Gilbert F. Houngbo, en la apertura de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se realiza en Ginebra del 1 al 12 de junio con delegaciones de gobiernos, empleadores y trabajadores de los 187 Estados miembros.

Houngbo pidió que esas mejoras se distribuyan mediante mejores salarios, protecciones laborales más fuertes y crecimiento inclusivo. También reclamó una gobernanza de la IA basada en transparencia, rendición de cuentas y supervisión humana, con la negociación colectiva como herramienta central para ordenar la incorporación de estas tecnologías en los lugares de trabajo.

La intervención fue difundida por la OIT esta semana y tomó como base el informe del Director General, A moment of choice: Harnessing artificial intelligence for decent work, presentado el 4 de mayo para esta conferencia. El documento coloca en la agenda de la principal institución laboral internacional una discusión que ya circula en sindicatos, universidades y oficinas: cómo evitar que la IA aumente la productividad de las empresas sin mejorar salarios, condiciones ni derechos.

El informe organiza la respuesta en cuatro ejes: derechos, empleo y habilidades, protección social y diálogo social. Esa estructura deja afuera una lectura puramente técnica de la IA. Capacitar trabajadores importa, pero no alcanza. También hacen falta reglas sobre datos, vigilancia, decisiones automatizadas, estabilidad laboral, reparto de productividad y poder sindical dentro de las empresas.

La advertencia apunta a una zona que muchas compañías prefieren presentar como eficiencia. Si una herramienta permite procesar más reclamos, redactar más documentos, resolver más consultas o analizar más datos con menos tiempo humano, la mejora puede terminar en salarios más altos, menos carga laboral o jornadas más razonables. También puede convertirse en reducción de personal, ritmos más intensos y ahorro empresario. La diferencia no sale del software: sale de la regulación, los convenios, la inspección laboral y la capacidad de negociación.

La OIT distingue dos usos laborales de la inteligencia artificial. El primero apunta a automatizar tareas que realizan trabajadores. El segundo usa analítica y algoritmos para automatizar funciones de gestión: asignar, monitorear, supervisar y evaluar el trabajo. El organismo señala que la automatización de una tarea no produce necesariamente despidos, porque también puede complementar el trabajo humano, según cómo se integre la tecnología y qué decisión tome la empresa sobre el rol de las personas.

El segundo uso abre un problema distinto. La gestión algorítmica permite organizar turnos, asignar pedidos, medir desempeño, recomendar sanciones, ordenar prioridades o evaluar productividad con sistemas que el trabajador muchas veces no conoce ni puede impugnar. La OIT la define como el uso de datos y sistemas algorítmicos para organizar, asignar, monitorear, supervisar y evaluar trabajo, y advierte que ya aparece en atención al cliente, transporte, logística, banca y salud, además de las plataformas digitales.

Ese punto explica por qué la conferencia también discute nuevos estándares internacionales para el trabajo en plataformas digitales. La ronda de negociación incluye transparencia en la gestión automatizada: cómo los algoritmos definen pagos, asignan tareas y evalúan desempeño. Reuters informó que el debate enfrenta posiciones distintas entre gobiernos, empresas y sindicatos sobre el alcance de las protecciones laborales, el salario mínimo, la seguridad social y los derechos de quienes trabajan para plataformas.

La IA generativa ya mostró dónde aparece primero la exposición laboral. Un índice global refinado de la OIT, publicado en 2025, midió el impacto potencial sobre ocupaciones a partir de datos de tareas, aportes de expertos y predicciones de modelos de IA. El trabajo usó una muestra representativa de 29.753 tareas de la clasificación ocupacional polaca, una encuesta a 1.640 personas ocupadas y 52.558 datos sobre potencial de automatización para 2.861 tareas.

La medición previa de la OIT ya había marcado a los empleos administrativos como los más expuestos: el 24% de las tareas de apoyo administrativo tenía alta exposición a automatización por IA generativa y otro 58% mostraba exposición media. En otros grandes grupos ocupacionales, la proporción de tareas con alta exposición se movía entre 1% y 4%. El dato no anticipa una desaparición automática de puestos, pero sí muestra una reorganización probable de tareas, ritmos y controles.

Ese cambio puede sentirse en bancos, aseguradoras, estudios jurídicos, áreas de recursos humanos, administración pública, comercios, plataformas, atención al cliente y medios. La IA puede clasificar reclamos, resumir expedientes, ordenar currículums, redactar respuestas, detectar supuestos incumplimientos, asignar turnos o evaluar desempeño. En muchos casos, la persona sigue trabajando, pero con una herramienta que le marca prioridades, mide tiempos o condiciona decisiones.

La pregunta salarial queda en el centro. Una empresa que produce más con la misma dotación, o con menos personal, no convierte automáticamente esa mejora en ingresos para quienes trabajan. Sin reglas, la productividad puede quedar como rentabilidad empresaria. Con negociación colectiva, puede traducirse en mejores sueldos, capacitación dentro de la jornada, límites a la vigilancia, garantías frente a reemplazos y derecho a revisar decisiones automatizadas.

La agenda de la OIT también alcanza a la protección social. Si la IA reduce horas, desplaza tareas o empuja a parte de la fuerza laboral hacia ocupaciones más inestables, la respuesta no puede limitarse a cursos de adaptación. El costo de la transición no puede caer sólo sobre cada trabajador. Por eso el organismo incluyó protección social entre los pilares de su informe: los cambios tecnológicos también producen pérdida de ingresos, períodos de reconversión y desplazamientos entre sectores.

Para países como la Argentina, la discusión llega en un momento de presión empresaria y oficial sobre costos laborales, productividad y reforma laboral. La IA puede entrar en ese debate como una herramienta para modernizar procesos, pero también como un instrumento para abaratar planteles, fragmentar tareas, intensificar ritmos y reforzar el control patronal. La advertencia de la OIT obliga a mirar el reparto: quién decide, quién gana, quién queda expuesto y quién puede discutir las reglas.

La conferencia de Ginebra no resolverá esa pelea, pero fijó un criterio: la inteligencia artificial en el trabajo debe discutirse con salarios, derechos, datos personales, vigilancia, negociación colectiva y supervisión humana sobre la mesa. La máquina puede acelerar procesos. El reparto de sus beneficios seguirá dependiendo de leyes, sindicatos y relaciones de poder.

JJD

Probablemente sea la primera medida del gobierno de Javier Milei que supone apiadarse de los trabajadores después de tanto ajuste, que al final recayó todo sobre ellos, no en “la casta”. El Banco Nación lanzó un paquete de herramientas para clientes con dificultades para afrontar sus compromisos económicos, justo después de que los datos de marzo del Banco Central mostraran un salto fuerte en la morosidad de los hogares.

El programa fue presentado como un “kit de soluciones”, un nombre simpático para una herramienta que pretende subsanar un estado de calamidad, que es que la gente no tiene plata (y cada vez menos). Este kit viene a reorganizar obligaciones financieras, reducir el monto de las cuotas mensuales y extender plazos de cancelación.

El paquete incluye consolidación de deudas, refinanciación de saldos vencidos de tarjetas de crédito y alternativas especiales para clientes con atrasos superiores a 90 días. Cada caso será evaluado según el perfil crediticio, la situación financiera y el tipo de compromiso que el usuario necesite reordenar.

La medida llega después de un deterioro acelerado de la capacidad de pago de las familias. Según los datos del Banco Central, la morosidad de los hogares pasó de 3,3% en marzo de 2025 a 11,5% en marzo de 2026. En el mismo período, la mora total del sistema financiero subió de 2% a 7%. Es el mayor deterioro interanual de la cartera crediticia desde la salida de la convertibilidad. O sea, la peor situación en un cuarto de siglo se sufre ahora, con Javier Milei de presidente de la Nación.

El problema se concentró en los instrumentos más usados para financiar gastos cotidianos. Los préstamos personales alcanzaron una irregularidad de 14,2%, más del triple que el 4,1% registrado un año antes. Las tarjetas de crédito llegaron a 11,7%, frente al 2,8% de marzo de 2025. El crédito que muchas familias usaron para llegar a fin de mes empezó a transformarse en una deuda cada vez más difícil de pagar.

La línea de consolidación del Banco Nación estará dirigida a personas que perciben sus haberes en la entidad. Permitirá reunir deudas tomadas dentro del banco y también en otras entidades, con tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual del 65% y montos de hasta $100 millones. El objetivo oficial es simplificar la administración de pagos y reemplazar varias obligaciones dispersas por una sola cuota.

Para las tarjetas de crédito, el banco habilitó una refinanciación destinada a clientes con hasta 90 días de atraso. Esa opción permitirá reestructurar saldos pendientes de hasta $10 millones, con planes de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35%. La operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago de cuotas en el resumen siguiente y adecuaciones temporales en los límites de compra.

El esquema también prevé alternativas para quienes superen los 90 días de atraso. En esos casos, el Banco Nación informó que habrá opciones de financiación de hasta 96 meses, aunque sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones vigentes al momento de la solicitud. La entidad sostuvo que busca acompañar a sus clientes en la reorganización de compromisos financieros y ofrecer soluciones para una administración más ordenada de la economía personal.

El lenguaje bancario habla de refinanciación, consolidación y sostenibilidad de pagos. En criollo, una parte creciente de los ingresos familiares ya no alcanza para cancelar deudas tomadas en el período anterior. Durante 2025, el crédito funcionó como un ingreso complementario para sostener consumos, pagar gastos corrientes o cubrir emergencias. Ese mecanismo tiene un límite: cuando la cuota crece más rápido que el salario, la deuda deja de aliviar y empieza a asfixiar.

El deterioro de la mora no apareció de golpe en marzo. trabajAR ya había mostrado que, en febrero, la mora en créditos a familias había llegado a 10,6%, el nivel más alto en casi dos décadas. En ese mismo corte, los préstamos personales marcaban 13,2% y las tarjetas de crédito 11%. Las entidades no bancarias y billeteras virtuales mostraban un cuadro todavía más abrupto, con irregularidad cercana al 25%.

El salto también había aparecido en Mercado Pago. Según datos públicos de la Central de Deudores, la mora de la billetera virtual subió de 5,5% en enero de 2025 a 14,7% en enero de 2026. El dato mostró que el problema no quedaba encerrado en los bancos tradicionales: también alcanzaba a las plataformas digitales que expandieron el negocio del crédito al consumo sobre millones de usuarios.

Las billeteras y entidades no financieras exhibieron uno de los síntomas más duros. En febrero, el 29,9% de los saldos familiares en ese segmento tenía más de 90 días de atraso. Además, el 10,4% ya llevaba más de un año impago y era considerado irrecuperable por el sistema. Cuando la mora cruza de los bancos a las plataformas de uso cotidiano, el problema deja de ser financiero y se vuelve social.

La explicación está en la brecha entre deuda e ingresos. Los salarios privados registrados acumulan una caída real de 4,8% frente a noviembre de 2023, el total de salarios registrados cede 9,2% y los salarios públicos registran un desplome de 17%, según el análisis citado por Ámbito a partir de datos de RIPTE. Ese deterioro redujo la capacidad de pago de hogares que, al mismo tiempo, tomaron más crédito para sostener consumos básicos.

El endeudamiento familiar también cambió de escala. Una nota previa de trabajAR, basada en datos del Banco Provincia y del Banco Central, mostró que el financiamiento promedio pasó de representar 1,5 salarios hacia fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025. En un año, los hogares sumaron deuda equivalente a un salario adicional. Con ingresos rezagados y tasas todavía altas, esa carga empezó a romper el equilibrio mensual.

La diferencia entre familias y empresas muestra quién absorbió con más fuerza el costo del ajuste. En marzo, la mora de los hogares llegó a 11,5%, mientras la de las empresas fue de 3,1%. El sector empresario también triplicó su incumplimiento interanual desde 0,9%, pero la magnitud del deterioro quedó mucho más concentrada en las familias. Los hogares tomaron deuda para sostener gastos y ahora enfrentan más dificultades para devolverla.

El deterioro también golpea a las pymes. TrabajAR ya había mostrado que, en enero de 2026, la cartera pyme en situación irregular alcanzó al 8,2% del total de empresas. En comparación con enero de 2025, la cantidad de pymes con incumplimientos bancarios de más de tres meses aumentó 93,5%. Entre las firmas con atrasos superiores a 180 días, el salto fue de 84,9%.

Ese cuadro se superpone con una economía de menor actividad y menos empresas. El monitor mensual de Fundar registró que, desde noviembre de 2023, se perdieron 24.437 empresas en la Argentina, el 4,8% del total. La cantidad de firmas activas acumula 17 meses consecutivos de caída y 24 bajas interanuales seguidas. Menos empresas, salarios rezagados y más deuda impaga forman una misma secuencia: menos ingresos disponibles, menos consumo y más riesgo laboral.

El Banco Nación intenta ahora contener una parte de ese deterioro con cuotas más bajas y plazos más largos. Para muchos clientes, la refinanciación puede dar aire en el corto plazo. Pero también implica estirar hacia adelante una deuda que nació porque el ingreso mensual no alcanzó. La solución bancaria ordena el calendario de pagos; no corrige por sí sola la pérdida de poder adquisitivo que empujó a las familias a endeudarse.

El problema para los hogares es que una deuda refinanciada no desaparece. Cambia de forma, se extiende en el tiempo y puede reducir la presión mensual, pero sigue ocupando una parte del salario futuro. Si los ingresos no recuperan terreno, el alivio puede convertirse en una pausa antes de una nueva ronda de atraso.

JJD

El 87% de los trabajadores argentinos afirma que su salario es insuficiente para cubrir las necesidades básicas y 7 de cada 10 sostiene que el ingreso no dura más de dos semanas, según reveló un informe del portal de empleo Bumeran.

La elevada proporción de argentinos que consideran que no es suficiente su sueldo para afrontar los gastos diarios, ubica al país en uno de los niveles más críticos de la región, siendo superado únicamente por Panamá (92%) y Ecuador (90%).

En este marco, el estudio puntualizó sobre la velocidad con la que se esfuman los ingresos. El 73% de los empleados argentinos admite que su sueldo no sobrevive más de 14 días.

En cuánto tiempo se consumen los salarios:

La estructura del gasto mensual refleja dónde está el mayor foco de presión financiera. El alquiler se consolidó como el gasto principal para el 44% de los trabajadores, seguido por la alimentación (27%) y el pago de deudas (16%). Esta tendencia se repite en países vecinos como Chile, donde el alquiler domina los gastos con un 57%.

La imposibilidad de ahorro es prácticamente total, ya que 9 de cada 10 trabajadores no pueden guardar dinero, principalmente porque el salario resulta insuficiente (54%) o por el peso de deudas previas (19%).

En este contexto, el informe advierte que el endeudamiento sigue creciendo, al precisar que el 77% de los argentinos reconoce tener algún tipo de deuda, cinco puntos porcentuales más que en 2025.

Federico Barni, CEO de Bumeran, sostuvo que “la desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real” al afirmar que “hoy el desafío ya no pasa solamente por ‘ganarle a la inflación’, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad”.

Para los trabajadores, la prioridad ante un eventual aumento salarial es mayoritariamente para pagar deudas (46%), mientras que un 22% podría considerar el ahorro como destino prioritario, un 15% priorizaría alimentación y recreación, y apenas un 13% lo destinaría a inversiones.

Con información de NA.

Los trabajadores de la salud salen este miércoles a la calle contra el ajuste en hospitales, centros de atención, farmacias y consultorios, y también en los hogares que dependen de la atención pública para conseguir turnos, medicamentos o tratamientos. Desde las 13, organizaciones sociales, sindicatos y personal sanitario marchan al Ministerio de Salud de la Nación en la Marcha Federal en defensa de la salud pública, con movilizaciones también en Rosario, Chaco y Tucumán.

La convocatoria fue promovida por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y plantea que el sistema público atraviesa una situación crítica. El reclamo apunta contra el ajuste del gobierno de Javier Milei, la reducción de programas nacionales, el cierre del Plan Remediar, la caída del presupuesto de PAMI y el encarecimiento de los medicamentos.

El 80% de las obras sociales no cubre, con su recaudación, el Plan Médico Obligatorio y recorta prestaciones, indicaron los organizadores de la movilización. También advirtieron que la mitad de las personas que atiende el sistema público tiene obra social o prepaga.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que la situación del sistema de salud es “muy grave y crítica”. Según declaró, la provincia registra 35% más de internaciones en hospitales públicos y el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva en el conurbano llega al 90%. También sostuvo que más de la mitad de las personas internadas en hospitales tiene obra social, pero utiliza el hospital público por cierres de clínicas o falta de capacidad de atención.

El aumento de la demanda ocurre mientras crece la dificultad para acceder a medicamentos. A través del ahora cerrado Plan Remediar se entregaban medicamentos esenciales a centros de salud. Kreplak, ministro del gobernador peronista Axel Kicillof, sostuvo que la interrupción del programa provoca que uno de cada cuatro jubilados no pueda acceder a tratamientos, con lo cual aparecen más complicaciones, lo que es no solamente contraproducente para el propio paciente sino para el sistema de salud.

El reclamo también apunta al PAMI. Las organizaciones denuncian una caída presupuestaria que afecta prestaciones, tiempos de atención y acceso a medicamentos. En Rosario, gremios nucleados en la CTA Autónoma y la CGT local se suman a la Marcha Nacional por la Salud, con concentración a las 11.30 en Plaza 25 de Mayo y marcha desde las 12 hacia el Nodo de Salud y el PAMI I. Desde SUTEPA alertaron por la caída de transferencias, el impacto en las prestaciones y el agravamiento de las condiciones laborales del sector.

La movilización rosarina también denuncia un recorte de $63.000 millones en partidas destinadas al sistema público de salud. Los gremios señalan el vaciamiento del Remediar, las restricciones en discapacidad, la salida de la OMS, los cambios en residencias nacionales, la medicación de alto costo, el vaciamiento del PAMI y los intentos de modificar la ley de salud mental. A ese listado suman la situación salarial de los trabajadores de la salud y el cuadro crítico del sistema de obras sociales.

Los trabajadores sanitarios llegan a la marcha con salarios presionados por la inflación y jornadas más cargadas por el aumento de pacientes. Médicos, enfermeros, administrativos, residentes, técnicos y personal de apoyo sostienen una demanda que crece por la caída de ingresos de los hogares, la pérdida de empleo formal, el encarecimiento de las prepagas y la pérdida de cobertura real en obras sociales. El hospital público absorbe la crisis social, pero sus trabajadores no reciben más recursos por cada paciente nuevo que llega.

La salud mental también forma parte del reclamo. Según el material de la convocatoria, el presupuesto nacional en salud mental fue de $48 millones anuales.

El Gobierno nacional difundió un comunicado conjunto con ministros de Salud de las jurisdicciones y afirmó su compromiso con el sistema sanitario. El material aportado muestra la publicación del Ministerio de Salud de la Nación, pero no permite leer el contenido completo del comunicado. La convocatoria a la marcha, en cambio, sostiene que los recortes ya afectan programas, hospitales, PAMI, medicamentos y cobertura de obras sociales.

JJD

Los trabajadores cerraron marzo con una nueva señal de deterioro en sus ingresos. El índice de salarios que mide el Indec aumentó 3,4% respecto de febrero y acumuló una suba de 8,6% en el primer trimestre, pero la inflación del mismo período fue de 9,4%. La comparación deja otra vez a los ingresos por debajo de los precios y confirma que el poder adquisitivo sigue en retroceso durante el tercer año de gobierno de Javier Milei.

El dato mensual parece empatar con el IPC de marzo, que también fue de 3,4%, pero el promedio oculta diferencias fuertes entre trabajadores. El índice de salarios combina el sector registrado —público y privado— con el sector privado no registrado, medido a través de una encuesta que llega con rezago. Esa composición empuja el indicador total hacia arriba, aunque el núcleo del empleo formal volvió a quedar por debajo de la inflación.

El sector registrado subió 3% en marzo. Dentro de ese grupo, los salarios del sector privado registrado aumentaron apenas 2,1%, contra una inflación mensual de 3,4%. Para los trabajadores del sector privado formal, marzo implicó una caída real de 1,3%, según el cálculo difundido por el economista Hernán Letcher a partir de los datos del Indec. Ese desempeño extendió una racha de siete meses consecutivos de pérdida real de los salarios registrados.

El sector público tuvo una mejora nominal de 5% en marzo y le ganó al IPC del mes. Esa suba permitió recortar parte del deterioro reciente, pero no modificó el cuadro acumulado. Luis Campos, especialista de la CTA, remarcó que los salarios públicos todavía están 17% por debajo de noviembre de 2023. El repunte mensual de los estatales parte de un piso salarial muy deteriorado, luego de más de dos años de ajuste sobre los ingresos del empleo público.

La foto del sector formal muestra el impacto con más claridad. Según Campos, el salario real del sector privado registrado ya está casi 5% por debajo de noviembre de 2023, mientras que el sector público acumula una pérdida de 17%. En promedio, los salarios registrados —públicos y privados— están 9,2% abajo de aquel mes. Esa caída alcanza a trabajadores con recibo de sueldo, aportes y paritarias, el segmento que suele tener más herramientas para defender ingresos.

En el primer trimestre, el índice total de salarios aumentó 8,6%, 0,8 punto por debajo de la inflación acumulada. El sector privado registrado subió 5,9%, el sector público 9,4% y el total registrado 7%. El sector privado no registrado mostró un alza acumulada de 14,3%, pero ese componente surge de información relevada con demora y no permite leer en tiempo real la situación de los trabajadores informales. El dato que no tiene rezago, el del empleo registrado, volvió a perder contra los precios.

La pérdida salarial convive con una canasta de gastos básicos cada vez más pesada. En marzo, una familia tipo necesitó $1.434.464 para no caer bajo la línea de pobreza y $658.011 para cubrir la canasta alimentaria. La canasta básica total acumuló una suba de 9,6% en el primer trimestre, también por encima del índice salarial general. Para quienes dependen de un sueldo, esa diferencia se traduce en menos margen para pagar alimentos, transporte, servicios, alquileres, educación o medicamentos.

El IPC de marzo tuvo subas en rubros que pesan en la vida cotidiana. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 3,4% y tuvieron la mayor incidencia en el índice general. Transporte subió 4,1%, los precios regulados avanzaron 5,1% y Educación trepó 12,1%. El problema salarial se agrava porque muchos de esos gastos no se pueden postergar. La comida, el boleto, las tarifas y la escuela absorben una parte creciente del ingreso mensual.

La comparación con noviembre de 2023 resume el recorrido del poder adquisitivo bajo Milei. Los privados registrados están casi 5% abajo, los públicos 17% abajo y el promedio formal 9,2% abajo. La mejora parcial de algunos sectores en marzo no alcanza para revertir el recorte acumulado. El salario público del mes mejora frente al IPC, pero sigue lejos del nivel previo al cambio de gobierno; el privado registrado pierde en el mes y agranda su caída real.

El Gobierno suele presentar la desaceleración de la inflación como una mejora para los hogares, pero los datos salariales muestran otra cosa: cuando los precios suben menos pero los ingresos suben todavía menos, el resultado sigue siendo pérdida de poder de compra. En marzo, el salario privado registrado volvió a quedar atrás del IPC y el promedio trimestral del índice salarial quedó por debajo de la inflación. La baja de la velocidad de los precios no recompone por sí sola los ingresos perdidos.

El saldo para los trabajadores es concreto. El salario promedio del Indec no recuperó lo que perdió en el trimestre, el empleo registrado acumuló otra caída real y los trabajadores formales siguen por debajo del nivel que tenían al inicio del gobierno de Javier Milei. Marzo dejó una mejora estadística para algunos componentes, pero no una recomposición del poder adquisitivo. El dato de cierre es el más directo: los salarios registrados están 9,2% por debajo de noviembre de 2023 y la inflación del trimestre volvió a ganarle al índice salarial total.

JJD

Para quienes viven de su salario, viajar al trabajo cuesta más desde hoy y consume más tiempo desde hace semanas. El boleto de colectivo en las líneas nacionales del AMBA sube desde este lunes y el ajuste llega cuando los usuarios ya enfrentan menos unidades, esperas más largas y viajes más cargados. La suba alcanza a las líneas que unen la Ciudad de Buenos Aires con municipios bonaerenses y forma parte de un esquema escalonado que también incluye incrementos en trenes metropolitanos. La Resolución 26/2026 abrió el procedimiento de participación ciudadana para modificar los cuadros tarifarios y la Resolución 27/2026 aprobó los nuevos valores, con vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

El aumento del colectivo es de 2% para los servicios automotores de jurisdicción nacional. El boleto mínimo pasa a $714 para usuarios con SUBE registrada, mientras que la tarifa social queda en $321,30 y el pasaje para quienes no tengan la SUBE nominalizada asciende a $1.428. El esquema prevé nuevas actualizaciones en junio y julio: el mínimo pasa a $728,28 y luego a $742,81, según el anexo tarifario oficial.

En trenes metropolitanos, la suba llega hasta 18%. El cuadro tarifario oficial ubica la tarifa plana con SUBE nominalizada en $330 para las líneas metropolitanas, mientras que el pago en efectivo figura en $1.100. La resolución aprobada este lunes establece cinco etapas mensuales consecutivas para el transporte ferroviario y tres para el automotor. El Gobierno traslada una parte de los costos del sistema al usuario en el mismo momento en que el servicio se volvió menos previsible para quienes lo usan todos los días.

La consulta pública que precedió a la aprobación de los cuadros tarifarios duró tres días hábiles administrativos, permitió presentar opiniones o propuestas una sola vez por persona. Los aportes no son vinculantes. La propia Resolución 26/2026 señaló que el procedimiento buscaba recibir comentarios sobre la modificación de tarifas de colectivos y trenes de jurisdicción nacional. La participación existió, pero el poder de decisión quedó en manos del Ejecutivo.

En una nota publicada en elDiarioAR, León Nicanoff mostró el malestar de usuarios en Plaza Constitución tras la reducción de frecuencias de colectivos en el AMBA. Empresas del sector redujeron hasta 30% la cantidad de unidades en circulación, en medio de la disputa por subsidios, costos y salarios. Trabajadores que salían de sus empleos y quedaban atrapados en filas que se mezclaban entre líneas, con dudas sobre qué colectivo llegaba y con viajes cada vez más inciertos.

Uno de los testimonios resume el costo oculto del ajuste sobre la vida cotidiana. Jorge Ramírez, de 41 años, contó que trabaja en una obra en Capital y después maneja Uber en Lomas de Zamora. Las demoras le quitan horas de su segunda actividad. “Ya no aguanto, es como tener un tercer trabajo”, dijo. La frase condensa una forma concreta de pérdida de ingresos: cuando el colectivo tarda más, el trabajador llega después, descansa menos o pierde tiempo que usa para completar el salario con otra ocupación.

La espera también aparece sobre cuerpos cansados. Una cajera viaja hasta Lanús después de trabajar todo el día de pie. El trayecto que en días normales le llevaba entre media hora y cuarenta minutos se extiene ahora mucho más. Otro usuario, empleado en un local de ropa, ya salía de la fila con la certeza de que iba a llegar tarde y cansado a Lomas de Zamora. El problema se repite al día siguiente, con la misma rutina laboral y la misma dependencia del transporte público.

Si sube el pasaje o se estira el viaje, queda menos ingreso disponible y menos tiempo de descanso. Ese vínculo pesa más sobre los hogares que no tienen auto, que viven lejos de los centros de empleo o que combinan más de una ocupación. En el AMBA, el colectivo y el tren no son consumos optativos sino más bien lo contrario: son la condición para llegar al empleo, volver a casa, retirar a un hijo, hacer una changa o sostener otra jornada.

El deterioro del servicio llegó con una escalada previa del boleto. En enero de 2024, el mínimo rondaba los $76,92; en diciembre de 2025 estaba cerca de $495; y en 2026 se ubicaba entre $700 y $870 según jurisdicción. En dos años, el pasaje se multiplicó por más de nueve, dentro de una política de recorte de subsidios y traslado de costos al usuario del presidente Javier Milei quien, sin embargo, llegó al poder asegurando en campaña que a los trabajadores “no se los toca” y que el costo del ajuste recaería indudablemente “sobre la casta”. Desde hoy, las líneas nacionales suman otro tramo de ese aumento.

Para un trabajador que toma dos colectivos por día, cada aumento impacta de manera acumulada a lo largo del mes. Para quien combina colectivo y tren, el ajuste se suma en cada tramo. Para quienes tienen SUBE sin registrar, el salto es todavía mayor. La diferencia entre pagar $714 y $1.428 por el tramo mínimo no es administrativa: duplica el costo de un viaje cotidiano. En hogares con ingresos ajustados, esa diferencia sale de comida, servicios, medicamentos o deuda.

El Gobierno fundamenta la actualización en la necesidad de sostener la ecuación económico-financiera del sistema y de mantener condiciones de calidad y eficiencia. La Resolución 27/2026 también sostiene que el cronograma gradual busca atenuar el impacto sobre el presupuesto de los pasajeros. Pero el aumento llega después de semanas en las que la experiencia de viaje fue peor para usuarios que no tienen alternativa real de traslado. El boleto sube antes de que mejore la frecuencia.

JJD

Los trabajadores tuvieron en abril un alivio estadístico, pero no necesariamente un alivio en el bolsillo. La inflación mensual bajó a 2,6%, según el Indec, aunque los precios que más condicionan la vida cotidiana volvieron a moverse por encima del promedio: transporte aumentó 4,4%, educación 4,2%, comunicación 4,1% y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 3,5%. El dato central aparece en la composición de los aumentos: los gastos fijos y los servicios regulados siguieron presionando sobre ingresos que vienen rezagados.

El Índice de Precios al Consumidor acumuló 12,3% en los primeros cuatro meses de 2026 y registró una suba interanual de 32,4%. La desaceleración frente al 3,4% de marzo recorta la velocidad del aumento general, pero no alcanza para traducirse de manera automática en una mejora del poder de compra.

Los precios regulados fueron el grupo que más subió en abril: 4,7%, casi el doble que el nivel general. El Indec atribuyó esa suba al aumento de transporte y electricidad. Detrás quedó el IPC núcleo (indicador que reúne el resto de los precios del IPC, sin los regulados ni los bienes y servicios con comportamiento estacional), con 2,3%, impulsado por alquiler de la vivienda y gastos conexos y por restaurantes y comidas fuera del hogar. Los estacionales no tuvieron variación: las subas de indumentaria por el cambio de temporada fueron compensadas por caídas en turismo y frutas.

La división con mayor aumento mensual fue transporte, con 4,4%, por la suba de combustibles. Le siguió educación, con 4,2%. Comunicación, que incluye servicios de telefonía e internet, aumentó 4,1%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 3,5%, por encima del nivel general. En el otro extremo quedaron alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,5%, y recreación y cultura, con 1%.

La diferencia importa para los trabajadores porque transporte, vivienda, comunicación y educación son gastos que no se ajustan con la misma facilidad que otros consumos. El boleto, el combustible, el alquiler, la luz, el gas, internet o las cuotas educativas no funcionan como consumos postergables para millones de hogares. Cuando esos precios suben más que el promedio, el salario pierde margen aunque la inflación general muestre una baja mensual.

El informe también muestra una presión mayor de los servicios sobre los hogares. En abril, bienes y servicios subieron 2,5% y 2,6%, respectivamente, pero la diferencia se amplía al mirar períodos más largos. En los primeros cuatro meses del año, los bienes acumularon un aumento de 11,1%, mientras los servicios llegaron a 14,6%. En la comparación interanual, los bienes aumentaron 27,4% y los servicios 43,1%. La inflación de servicios corre por encima de la de bienes y golpea sobre gastos que forman parte de la vida cotidiana de los hogares asalariados.

Ese recorrido aparece también en las divisiones acumuladas del año. Educación subió 19% entre diciembre y abril; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 18,1%; alimentos y bebidas no alcohólicas, 13,5%; comunicación, 13%; y transporte, 12,9%. Todos esos rubros quedaron por encima del 12,3% acumulado por el nivel general o muy cerca de ese umbral. Para una familia trabajadora, esa combinación implica que la baja del índice mensual convive con aumentos persistentes en gastos que ordenan el presupuesto.

El impacto tuvo diferencias regionales. El Gran Buenos Aires registró la inflación mensual más alta, con 2,8%. Le siguieron Noreste, con 2,7%, y Patagonia, con 2,6%. El Indec señaló que las divisiones con mayor incidencia mensual fueron alimentos y bebidas no alcohólicas en Noreste, Noroeste y Pampeana; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en GBA, por el aumento de alquileres y electricidad; y transporte en Cuyo y Patagonia.

La presión sobre vivienda retoma una tendencia que ya venía deteriorando los ingresos. Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que la inflación acumulada de ese período, cercana al 209%. El mismo relevamiento indicó que el gas natural subió 766%, la electricidad 370% y el agua 366%. El gasto habitacional se convirtió en uno de los principales canales de pérdida de poder adquisitivo para los hogares trabajadores.

La misma investigación ubicó a comunicaciones, educación y transporte entre los rubros que más crecieron desde el inicio del gobierno de Javier Milei: comunicación acumuló una suba de 321%, educación 279% y transporte 255%. Abril vuelve a mostrar esos mismos rubros por encima del promedio mensual. La baja del IPC general no modifica, por sí misma, el peso que tienen esos precios dentro del ingreso de quienes alquilan, viajan para trabajar, pagan servicios públicos o sostienen conectividad para estudiar y trabajar.

JJD

Los hogares trabajadores siguieron recortando compras en febrero y el dato más nítido volvió a aparecer en los supermercados, uno de los canales más sensibles del consumo cotidiano. Las ventas a precios constantes cayeron 3,1% frente al mismo mes del año pasado y acumularon una baja de 2,1% en el primer bimestre de 2026. El retroceso se apoyó sobre una secuencia previa de meses flojos: el INDEC había registrado una caída de 2,8% en noviembre de 2025, una suba de apenas 0,5% en diciembre y otra baja de 1,2% en enero.

Ese recorrido vuelve más difícil leer febrero como un tropiezo puntual. Lo que muestran los números es otra cosa: un consumo básico que no logra afirmarse aun después de varios meses sin saltos inflacionarios como los que marcaron el arranque del gobierno. Con la inflación recargada de 2026, el panorama es aún más incierto.

En la vida diaria, eso se traduce en changos más chicos, compras más medidas y una administración más estricta del ingreso. El informe oficial lo registra en cantidades vendidas y también en el empleo del sector: en supermercados, el personal ocupado fue de 97.839 personas, 2% menos que un año atrás.

En plata corriente, las ventas subieron; en volumen, no. Los supermercados facturaron en febrero $2,214 billones, un alza interanual de 23,5%, pero esa mejora nominal no alcanzó para revertir la caída en términos reales. El ticket promedio fue de $35.058, con una suba de 27,9% frente a febrero de 2025. Dicho de otro modo, los hogares dejaron más pesos en la caja, pero eso no se tradujo en una recuperación del consumo.

La composición de las ventas ayuda a ver dónde siguió concentrado el gasto. En supermercados, el rubro Almacén explicó el 25,3% del total facturado; Carnes, el 14,4%; Artículos de limpieza y perfumería, el 13,8%; Bebidas, el 11,9%; y Lácteos, el 11%. Son categorías muy pegadas a la canasta cotidiana. En varias de ellas hubo subas nominales fuertes, como Carnes, con 46,9%, y Verdulería y frutería, con 37%, mientras el volumen general vendido siguió retrocediendo.

El mismo cuadro apareció en los autoservicios mayoristas, otro canal al que muchos hogares van cuando buscan bajar el costo por unidad. En febrero, las ventas a precios constantes cayeron 1,2% interanual. El acumulado enero-febrero mostró un alza mínima de 0,1%, pero el dato mensual volvió a moverse para abajo. En este caso también hubo un deterioro del empleo más fuerte que en supermercados: el personal ocupado fue de 13.111 personas, con una baja interanual de 8%. El ticket promedio llegó a $44.110, un 23,7% más que un año antes.

Mayoristas no reemplazó la debilidad de supermercados; la acompañó. Ese dato es relevante porque habla de hogares que ajustan incluso en los canales donde suelen buscar precios más convenientes. En este segmento, Almacén representó el 42,6% de la facturación y Artículos de limpieza y perfumería, el 26,4%. También aquí el gasto se concentró en bienes de uso corriente, no en compras prescindibles.

Los medios de pago agregan otra capa a esa foto. En supermercados, la tarjeta de crédito explicó el 43,6% de las ventas de febrero, con operaciones por $966.076 millones. La tarjeta de débito concentró el 25%, el efectivo el 16,8% y los otros medios de pago —como billeteras virtuales o QR— el 14,6%, con un salto interanual de 54,9%. En mayoristas, en cambio, el efectivo tuvo un peso mayor: representó el 26,4% de las ventas y creció 57%, mientras las operaciones con débito cayeron 13,6%. Más allá de la mezcla de instrumentos, el punto central es otro: el consumo siguió sostenido con más pesos y distintas formas de pago, pero sin mejorar en términos reales.

El tercer informe publicado por el INDEC, el de centros de compras, funcionó más como confirmación del clima general que como eje de la historia. En febrero, las ventas a precios constantes en shoppings cayeron 2,1% interanual y acumularon una baja de 1,1% en el primer bimestre. El dato muestra que la flojedad del consumo no quedó limitada a los alimentos o a la reposición del hogar, aunque para leer el bolsillo trabajador el termómetro principal siga estando en supermercados y mayoristas.

La suma de los tres informes difundidos este jueves por el INDEC deja una escena conocida para millones de trabajadores: compras más caras, ventas débiles y empleo comercial en retroceso. En supermercados, febrero cerró con una caída real de 3,1%; en mayoristas, con una baja de 1,2%; en centros de compras, con otra de 2,1%. Los tickets promedio subieron en valores nominales y el volumen no acompañó. Los puestos de trabajo en los canales relevados tampoco mostraron mejora. Cuando el consumo masivo no levanta en supermercados ni en mayoristas, el dato remite directamente a los ingresos con los que los hogares llegan [o no] a fin de mes.

JJD

Los trabajadores llegaron a febrero de este año, dos años y dos meses después de la asunción presidencial de Javier Milei, con Luis Caputo al frente del Palacio de Hacienda, con una economía que vuelve a achicarse en dos de las actividades que ordenan buena parte de la vida laboral cotidiana: la industria y el comercio.

El Estimador Mensual de Actividad Económica mostró una caída de 2,1% interanual y una baja de 2,6% respecto de enero en la serie desestacionalizada. En el acumulado del primer bimestre, la actividad quedó 0,2% por debajo de igual período de 2025.

El dato tiene una traducción directa sobre el mundo del trabajo porque la caída no aparece repartida de manera uniforme. Industria manufacturera y comercio mayorista, minorista y reparaciones fueron las ramas que más empujaron hacia abajo al indicador general. La industria cayó 8,7% interanual y el comercio 7%, y entre ambas le restaron 2,2 puntos porcentuales a la variación del EMAE de febrero.

Ahí está el núcleo del resultado. El informe del INDEC muestra que hubo ocho sectores con subas y siete con caídas, pero las mejoras no alcanzaron para compensar el peso de los rubros en baja. Eso explica por qué una economía con varias actividades en alza termina igual con resultado negativo: no todas las ramas pesan lo mismo en el nivel general.

Del lado de las subas, el rebote vino sobre todo de actividades primarias y extractivas. Pesca creció 14,8% interanual, Explotación de minas y canteras avanzó 9,9% y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura subió 8,4%. La minería fue la actividad de mayor incidencia positiva y, junto con el agro, aportó 0,8 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

La foto sectorial del gráfico de incidencias muestra mejor el problema. En febrero, además de la baja de industria y comercio, también cayeron construcción (-6%), hoteles y restaurantes (-4,2%), intermediación financiera (-0,3%), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,5%) y administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,5%).

En cambio, subieron electricidad, gas y agua (1%), transporte y comunicaciones (1%), enseñanza (0,9%), servicios sociales y de salud (0,1%) y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (6%).

La caída de febrero corta el arranque de año que había mostrado enero, cuando el EMAE había registrado una suba interanual de 1,7%. Con el dato nuevo, el acumulado del primer bimestre pasa a terreno negativo, con -0,2% frente al mismo tramo de 2025. En la serie desestacionalizada, además, el salto entre diciembre y enero había sido de 0,4%, pero febrero borró esa mejora con una contracción de 2,6%.

La comparación con los últimos meses también marca un cambio de ritmo. Entre marzo y octubre de 2025, el EMAE había mostrado variaciones interanuales positivas mes tras mes, con picos de 7,8% en abril, 6,3% en junio y 4,8% en septiembre. Luego llegó un -0,2% en noviembre, una recuperación a 3,3% en diciembre, el 1,7% de enero y ahora el retroceso de febrero. El movimiento deja una secuencia más inestable y con menos sostén en las ramas ligadas al mercado interno.

Para los trabajadores, la señal de febrero es menos una discusión estadística que una foto de dónde se enfría la actividad. La caída se concentra en fábricas, talleres, comercios y servicios asociados a la circulación de bienes. El repunte, en cambio, aparece en ramas que no alcanzan por sí solas para compensar el peso de esos sectores en el total. El propio INDEC subraya en su gráfico final que las mayores incidencias positivas fueron minería y agro, mientras las mayores incidencias negativas fueron industria y comercio.

El informe no incluye datos de empleo, salarios ni ingresos de los hogares. Eso limita cualquier lectura cerrada sobre puestos de trabajo o poder adquisitivo. Pero sí deja un dato concreto: en febrero la economía retrocedió y lo hizo por el lado de dos actividades centrales para el movimiento diario del trabajo. Con un primer bimestre en rojo y una baja mensual fuerte en la serie desestacionalizada, la actividad vuelve a dar una señal de enfriamiento sobre ramas donde se juega una parte sustancial de la vida material de quienes viven de su trabajo.

Datos clave

JJD

Los trabajadores que llegan a fin de mes usando billeteras virtuales, tarjetas o préstamos personales enfrentan en estos meses una dificultad cada vez mayor: la de poder pagar. Los atrasos crecen, la mora alcanza niveles récord en varios segmentos y el deterioro no se ciñe a los hogares; también afecta a las pequeñas empresas, en particular a las pymes.

Las familias no consiguen pagar a tiempo el 30% de la deuda que toman con billeteras virtuales y más del 11% de sus créditos con bancos tradicionales. La información surge de datos del Banco Central correspondientes a febrero. Para los hogares, la irregularidad en créditos bancarios ya es la más alta desde 2004, durante la normalización de la economía tras la debacle de 2001.

El dato de las billeteras virtuales es todavía más abrupto. La demora mayor a 90 días en entidades no financieras llegó al 29,9% en febrero, subió 2 puntos respecto de enero y triplicó el nivel de hace un año y medio. En ese grupo entran billeteras, cadenas comerciales, cooperativas y préstamos rápidos. Además, el 10,4% de los saldos familiares en ese segmento ya tiene más de un año de atraso y el sistema los considera “irrecuperables”.

Mirando a las empresas, en enero de 2026 la cartera PyME en situación irregular —las clasificaciones 3, 4 y 5 del BCRA, que implican atrasos mayores a 90 días— alcanzó al 8,2% del total de las empresas. En comparación con enero de 2025, la cantidad de pymes con incumplimientos bancarios de más de tres meses aumentó 93,5%. Entre las firmas con atrasos superiores a 180 días, el salto fue de 84,9% en doce meses.

Los datos también muestran qué hay detrás de esos atrasos. En las familias, los préstamos personales bancarios mantienen tasas cercanas al 70% nominal anual y un costo financiero total que ronda el 100%, mientras que en entidades no financieras el costo puede superar el 500% anual. En las pymes, se reducen los plazos de financiamiento y se mantiene un diferencial de tasas en contra de las empresas más chicas.

JP Morgan registró que los impagos a 90 días en los préstamos de Mercado Pago en Argentina subieron de 1,8% en diciembre de 2024 a 8,7% en diciembre de 2025. En el mismo período, la morosidad medida sobre saldos recientes pasó de 3,3% a 10,1%.

Ese aumento ocurre sobre una base cada vez más grande. Las líneas de crédito de Mercado Pago alcanzan a 6,3 millones de personas, con 21 millones de préstamos pendientes y un promedio de 3,3 créditos por usuario. De ese total, 205.000 corresponden a pymes.

Otra medición sobre el sistema en general muestra que la morosidad en créditos a familias pasó de 2,67% a 10,6% en un año, mientras que los préstamos personales alcanzan 13,2% y las tarjetas de crédito, 11%.

Las fuentes coinciden en el diagnóstico: un informe del Banco Provincia señala que 1 de cada 4 argentinos endeudados con billeteras virtuales no paga, y vincula ese dato con la caída del poder adquisitivo. En la medición por cantidad de personas, la proporción de deudores en mora llega al 24%.

Entre las pymes, los atrasos se extienden a distintos sectores: servicios, comercio, agro, construcción, industria y minería. En el sistema de garantías, la morosidad alcanza al 3,1% en las Sociedades de Garantía Recíproca y al 5,2% en los fondos públicos.

Las familias deben más y pagan peor. Las pymes venden menos, acceden a crédito más caro y también pagan peor. Esa combinación impacta en el mismo punto: el trabajo.

JJD

Criar a un hijo en la Argentina demandó en marzo de 2026 entre $515.236 y $676.431 por mes, según la edad, de acuerdo con el último informe del Indec. La cifra consolidó una tendencia de aumento sostenido del costo de vida para las familias trabajadoras, en un contexto donde los salarios formales siguen quedando por debajo de los precios.

El valor más alto correspondió al grupo de niños y niñas de 6 a 12 años, con una canasta de $676.431 mensuales, mientras que el tramo de 1 a 3 años alcanzó los $616.046. En los extremos, el costo fue de $515.236 para menores de un año y de $538.587 para el grupo de 4 a 5 años.

Una parte sustancial del costo correspondió al trabajo de cuidado. En el caso de niños de 1 a 3 años, por ejemplo, el Indec estimó $379.300 mensuales en cuidado frente a $236.746 en bienes y servicios. La estructura se repitió en todos los tramos etarios, con mayor peso del cuidado en los primeros años de vida.

El informe oficial definió la canasta de crianza como la suma de bienes, servicios y tiempo de cuidado valorizado económicamente. Este último componente se calcula en función de las horas necesarias para cada edad y del salario del personal de casas particulares.

El Indec estimó que un bebé menor de un año requirió 147 horas mensuales de cuidado, mientras que un niño de 1 a 3 años demandó 168 horas. Ese tiempo explica una parte decisiva del costo total. Criar no es solo consumir, sino trabajar. Y ese trabajo, en la mayoría de los casos, no está remunerado ni distribuido de manera equitativa.

El mismo indicador ya venía mostrando esta tendencia en los meses previos. En diciembre de 2025, por ejemplo, más del 60% del costo total en los primeros años correspondió al cuidado. En marzo de 2026, esa proporción se ubicó en el 64,4% para menores de un año y en el 61,6% para el tramo de 1 a 3 años, lo que confirmó su peso estructural dentro de la canasta.

Una escalada sostenida mes a mes

Según la tabla de evolución del propio Indec, el tramo de 6 a 12 años pasó de $513.720 en marzo de 2025 a $676.431 en marzo de 2026, lo que implicó un incremento nominal del 31,7% en un año.

El mismo patrón se repitió en el resto de las edades. En el grupo de 1 a 3 años, la canasta subió de $486.393 a $616.046 en el mismo período, con un aumento del 26,7% interanual.

El aumento del costo no encontró un correlato equivalente en los ingresos. Las notas previas sobre salarios ya habían registrado ese desfasaje: entre enero y noviembre de 2025, los salarios registrados crecieron 25,6% frente a una inflación de 27,9%, lo que implicó una caída real.

La combinación entre costos en alza y salarios rezagados es un problema que sufren las familias trabajadoras ya desde hace varios años, acentuado durante el gobierno de Javier Milei, y que mes a mes se confirma tomando distintos índices. Y el costo de la crianza es uno de ellos. En los informes previos del Indec, ningún tramo de edad figuraba por debajo de los $460.000 mensuales a fines de 2025, lo que colocaba el piso de la crianza muy por encima de muchas remuneraciones formales e informales.

El problema se profundiza en hogares con más de un niño o niña. Aunque el tiempo de cuidado no se suma de forma lineal, el gasto en bienes y servicios sí lo hace, lo que incrementa el peso total sobre los ingresos familiares.

El informe del Indec volvió a poner en evidencia que el componente más costoso de la crianza es el tiempo humano. Es decir que no se trata únicamente de alimentos, transporte o educación, sino de horas de trabajo necesarias para sostener la vida cotidiana. Y ese tiempo recae mayoritariamente sobre mujeres y condiciona su inserción laboral: les limita el acceso al empleo formal o bien las empuja a condiciones más precarias.

La valorización económica del cuidado no implicó su remuneración efectiva, sino su visibilización estadística. El costo existe, pero no está cubierto ni por el mercado ni por políticas públicas proporcionales.

JJD

El consumo de los hogares volvió a mostrar en marzo las señales de fragilidad que caracterizan a la política económica del tándem Javier Milei-Luis Caputo. El Índice de Consumo Privado (ICP-UP) registró una caída interanual del 2,6%, pese a una leve recuperación mensual del 0,7%, en un contexto marcado por el deterioro del ingreso real de los trabajadores.

El dato confirmó que la mejora mensual no alcanzó para revertir la tendencia de fondo: en el primer trimestre del año, el consumo acumuló una contracción del 2% respecto del mismo período de 2025. La evolución del indicador reflejó un escenario en el que los hogares ajustaron gastos ante la pérdida de poder adquisitivo, incluso en segmentos con empleo formal.

El ICP-UP, elaborado por la Universidad de Palermo como indicador anticipado del consumo, mostró además que el nivel de marzo se ubicó por debajo del registrado un año atrás, aunque todavía por encima de los valores observados entre 2018 y 2024. Esta combinación evidenció una recuperación incompleta, con un piso más alto que en crisis previas pero sin capacidad de sostener el consumo frente a la inflación.

El comportamiento de los salarios formales durante 2025 ya había anticipado este deterioro. Según datos del Indec, el índice de salarios del sector privado registrado aumentó 25,6% entre enero y noviembre, mientras que la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales, incluso en el segmento con mayor cobertura sindical.

La pérdida de poder adquisitivo limitó la capacidad de consumo cotidiano y obligó a ajustar gastos básicos, una tendencia de la que el ICP-UP dio cuenta, por su caída interanual. La desaceleración de los aumentos salariales y el rezago de las paritarias profundizaron ese escenario.

Carne, motos y restaurantes: el consumo se movió a distintas velocidades

Los datos sectoriales mostraron además una evolución desigual dentro del consumo. Según el informe, distintos rubros avanzaron a velocidades diferentes, lo que evidenció una recomposición fragmentada y sin tracción generalizada.

Esa heterogeneidad aparece con claridad al desagregar los rubros de consumo. Mientras algunos indicadores mostraron leves mejoras, otros continuaron en caída o estancados. En los bienes durables, el comportamiento fue dispar: el patentamiento de autos se mantuvo prácticamente sin variación interanual en marzo (0,3%), luego de meses en baja, mientras que las ventas de motos crecieron 55,4% en el mismo período.

En el consumo masivo, en cambio, predominó la caída. El ajuste impactó directamente en alimentos básicos, con una baja interanual del 9,8% en el consumo de carne vacuna y del 4,6% en carne aviar en febrero, mientras que la venta de combustible se mantuvo sin cambios respecto del año anterior. Estos datos reflejaron un recorte en gastos esenciales de los hogares.

Los servicios vinculados al esparcimiento también mostraron comportamientos divergentes. La recuperación fue parcial y segmentada: los restaurantes tradicionales registraron una suba interanual de 1,4% en febrero, pero las ventas asociadas a espectáculos y entretenimiento en centros de compra cayeron 10,6% interanual.

En los bienes semidurables, el comportamiento volvió a ser mixto. Las ventas de indumentaria en shoppings crecieron 4% interanual y las de jugueterías 5,4%, mientras que los artículos deportivos no lograron sostener la recuperación y registraron una leve caída del 0,5%.

En paralelo, el indicador mensual mostró que la suba del 0,7% en marzo permitió recuperar niveles similares a los de octubre de 2025, luego de varios meses de caídas desde mediados del año anterior. Sin embargo, ese rebote no alcanzó para modificar la tendencia descendente en la comparación anual.

El deterioro del consumo también se vinculó con conflictos laborales y pérdida de ingresos en sectores específicos. En el transporte, por ejemplo, los choferes de la línea 60 denunciaron una pérdida del 61,87% del poder adquisitivo en dos años, con salarios que quedaron congelados frente a una inflación acumulada del 259,34%. Este tipo de situaciones mostró cómo la caída del ingreso impactó de manera directa en la capacidad de gasto de los trabajadores.

La relación entre salario y consumo volvió a quedar expuesta como el principal factor de la dinámica económica cotidiana. Sin recomposición sostenida de ingresos, la recuperación mensual del consumo quedó limitada a movimientos puntuales, sin consolidarse en una tendencia estable.

El informe de la Universidad de Palermo señaló que el ICP-UP se construyó a partir de múltiples indicadores de alta frecuencia, lo que permitió captar de manera anticipada los cambios en el comportamiento de los hogares. En ese marco, la persistencia de variaciones interanuales negativas reforzó la idea de un consumo condicionado por restricciones estructurales.

La evolución reciente mostró que la mejora mensual no respondió a una expansión del ingreso real, sino a ajustes puntuales tras meses de caída, lo que limitó su sostenibilidad. Sin cambios en la capacidad de compra de los salarios, el consumo continua atado a un escenario de recuperación débil o, al menos por ahora, impalpable.

JJD

Como ya lo anticipaban las consultoras privadas, la inflación de marzo se sostuvo en niveles altos de enero y febrero y consolidó un ritmo que sigue hundiendo el poder de compra, pero ahora más aceleradamente. El Índice de Precios al Consumidor subió 3,4% en marzo y acumuló 9,4% en lo que va de 2026, según el INDEC.

El índice mostró una secuencia de diez meses consecutivos en alza, desde el piso de 1,5% en mayo de 2025 hasta el nivel actual, sin interrupciones. Ya se puede decir con todas las letras: con Javier Milei la inflación no está bajando; está subiendo.

La suba de la inflación, el “peor impuesto”, porque es el que pagan los pobres —como lo definen los economistas ortodoxos—, condiciona sobre todo la vida de los asalariados.

La referencia más concreta volvió a estar en las canastas. Para no ser pobre, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en marzo $1.434.464, mientras que la canasta alimentaria —la línea de indigencia— se ubicó en $658.011 para ese mismo hogar.

Estos valores marcan el ingreso mínimo necesario para sostener condiciones básicas de vida en un esquema de medición que el propio Estado define únicamente en términos monetarios, y no en términos multidimensionales donde la pobreza incluiría otras privaciones y probablemente sería mayor.

En paralelo, la canasta básica alimentaria subió 2,2% en el mes y acumuló 11,6% en el año, mientras que la canasta básica total aumentó 2,6% en marzo y 9,6% en el primer trimestre.

El aumento de los precios se concentró otra vez en los gastos que estructuran la vida cotidiana. Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 3,4% y tuvieron la mayor incidencia en el índice general, con aumentos destacados en carnes.

También se registraron subas en transporte (4,1%) y en precios regulados (5,1%), que incluyen tarifas y servicios. La división Educación encabezó el mes con un incremento de 12,1%, en línea con el inicio del ciclo lectivo.

La dinámica de esos rubros tiene un efecto directo: son gastos que no se pueden ajustar ni postergar, y por eso erosionan más rápido cualquier ingreso.

El 9,4% acumulado en apenas tres meses plantea un problema de fondo: el ritmo de la inflación sigue lejos de cualquier escenario de estabilidad.

Para quienes dependen de un salario, esa velocidad no es un dato técnico sino una condición concreta de vida: cada mes redefine cuánto se necesita para comer, viajar, pagar servicios y sostener un hogar.

En el debate presidencial, Javier Milei afirmó que era “experto en bajar la inflación” y convirtió ese punto en uno de los ejes de su programa económico. Tres meses alcanzaron para que los precios se acercaran nuevamente a los dos dígitos acumulados, mientras las referencias básicas del costo de vida —las canastas— siguieron subiendo. Los bolsillos, cada vez más flacos, en el gobierno libertario, que prometió protegerlos y castigar a solament a “la casta”.

JJD

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y creador de su billetera digital Mercado Pago, es uno de los empresarios argentinos que más afinidad ha mostrado con la agenda económica del presidente Javier Milei. Pero a juzgar por los niveles de morosidad que presenta su compañía, no le estaría yendo muy bien.

Mercado Pago registró un salto en su nivel de morosidad y mostró una señal del deterioro de la capacidad de pago de trabajadores y familias en la Argentina.

Según datos públicos de la Central de Deudores (CENDEU), el ratio de irregularidad de la billetera virtual subió de 5,5% en enero de 2025 a 14,7% en enero de 2026. El movimiento siguió la tendencia general del sistema financiero, pero mostró con claridad que el problema ya no quedó limitado a los bancos tradicionales: también alcanzó a las plataformas digitales que en los últimos años expandieron su negocio de crédito al consumo.

El dato de Mercado Pago apareció en un escenario más amplio de fuerte empeoramiento del endeudamiento de los hogares. El último Informe sobre Bancos del Banco Central mostró que la mora en créditos a familias pasó de 2,67% a 10,6% en un año, el nivel más alto en casi dos décadas.

En el mismo corte, la morosidad general del financiamiento al sector privado llegó a 6,4%. Dentro de las líneas más sensibles para el consumo cotidiano, los préstamos personales marcaron 13,2% y las tarjetas de crédito, 11%. En las entidades no bancarias y billeteras virtuales, la irregularidad se acercó al 25%, por encima del nivel informado para Mercado Pago.

El impacto de ese deterioro recayó sobre quienes viven de su ingreso mensual y debieron sostener gastos corrientes con financiamiento. La propia cobertura sobre el salto de la mora de Mercado Pago señaló que el deterioro de la capacidad de pago golpeó “con fuerza sobre las familias”.

La empresa sostuvo ante Infobae que su cartera estuvo concentrada en personas físicas y defendió que su tasa de irregularidad quedó “en línea con la de los principales bancos privados del país” y por debajo del promedio de las entidades no bancarias, al que ubicó en 23,9%. Pero incluso en esa comparación favorable, el 14,7% mostró un empeoramiento fuerte en apenas doce meses.

La suba de la mora no se explicó sólo por el crecimiento del crédito, sino también por el retroceso del ingreso real. En una nota publicada por trabajAR a fines de enero, se mostró que el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación para ese mismo período alcanzó 27,9%. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales en los trabajadores formales. El mismo artículo advirtió que más del 80% de la masa salarial relevada por el Indec quedó por debajo de la inflación acumulada hasta noviembre.

Ese cruce entre deuda más cara y salarios debilitados apareció también en las explicaciones de economistas y bancos. Según una cobertura de marzo sobre el endeudamiento de los hogares, la consultora LCG vinculó el aumento de la morosidad con tasas de interés activas elevadas y con un contexto de “salarios estancados o en retroceso”. En ese informe, la tasa nominal anual promedio de los préstamos personales en febrero se ubicó en 69%. Otra nota de abril sobre la preocupación bancaria resumió el diagnóstico en dos motores: “tasas altas y salarios golpeados”.

La mora expresó que una parte creciente de los hogares no logró sostener el pago de cuotas de préstamos, tarjetas o financiamiento de consumo con ingresos corrientes. En un mercado laboral con salarios formales rezagados y con expansión del pluriempleo, el crédito funciona cada vez más como un recurso para cubrir gastos y no como una herramienta excepcional. En ese marco, que Mercado Pago —una de las puertas de entrada más extendidas al financiamiento digital— mostrara una irregularidad de 14,7% resultó menos una anomalía empresaria que un síntoma del ajuste sobre los ingresos laborales.

El Gobierno reconoció las dificultades, aunque buscó relativizarlas. En marzo, Luis Caputo afirmó que era fundamental “seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando”. En esa misma intervención, sostuvo que las dificultades “se va[n] a ir acomodando” y que no era un asunto “problemático a futuro”. Hasta ahora, sin embargo, los datos públicos del Banco Central mostraron un empeoramiento persistente de la mora de los hogares y un traslado directo de esa presión a bancos, fintech y billeteras virtuales.

Lo que expuso Mercado Pago fue el límite del relato de normalización financiera cuando el salario no alcanza. La mora de su cartera casi se triplicó en un año, mientras la de los hogares se cuadruplicó y los salarios registrados volvieron a perder contra los precios.

Galperín, que durante más de dos décadas fue CEO de la compañía y hoy mantiene un rol de conducción estratégica, ha expresado en distintas ocasiones su respaldo a las ideas de liberalización económica impulsadas por el gobierno de La Libertad Avanza, e inclusive manifestó coincidencias con el enfoque confrontativo de Milei frente a sectores políticos y mediáticos. Su posición lo ubica entre los referentes del empresariado tecnológico que miran con buenos ojos el rumbo económico del Gobierno, en contraste con el vínculo más tenso que la compañía mantuvo en otros períodos con administraciones de perfil más intervencionista.

Pero los números de su propia billetera virtual sugieren que, más allá de las afinidades ideológicas, la economía real, la de la clase trabajadora, está bajo una presión cada vez más tenaz: si el crédito se usa para sobrevivir y no para consumir, ¿hasta dónde puede crecer el negocio?

JJD