La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó hoy una denuncia formal contra el ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti relacionada al caso Santiago Maldonado.

Los delitos que Bullrich le adjudica al ex funcionario son: traición a la Patria, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, por haber realizado una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la familia Maldonado había iniciado contra la Argentina por supuesta responsabilidad en la muerte del joven.

En la denuncia, la ministra afirmó que Pietragalla “aseveró hechos falsos y ocultó hechos auténticos, debidamente acreditados en la investigación judicial”, con intención de involucrarla por su desempeño como ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri.

Asimismo, Bullrich aseveró que el ex secretario de Derechos Humanos pretendió instalar que hubo “conductas ilícitas” tanto en la búsqueda como en la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado.

En su momento, Pietragalla declaró que la ministra “ocultó pruebas” y “sembró pistas falsas” además de impedir que “los familiares tengan acceso a la información relevante” en la causa y no los dejara “participar de las principales medidas de búsqueda”.

Por su parte, y tal como consta en la denuncia, Bullirch determinó que todo fue “absolutamente falso”, debido a que la familia Maldonado tuvo participación en la búsqueda, en el posterior hallazgo del cuerpo e incluso participó en la autopsia junto con otras cincuenta y cuatro personas, que afirmaron que el fallecimiento de la víctima fue por ahogamiento “sin la intervención de terceras personas”.

Según Bullrich, Pietragalla estaría incurriendo en una “violación de sus deberes públicos” y “traicionando a la Patria”, ya que compromete a la República Argentina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

CRM con información de la agencia NA

Las designaciones de funcionarios que ocuparán cargos clave en la Secretaría de Derechos Humanos han generado dudas entre sus trabajadores en relación a la continuidad de las querellas que sigue el organismo en los juicios de lesa humanidad y el mantenimiento de las políticas reparatorias con las víctimas del terrorismo de Estado.

La llegada de Siro de Martini a la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional --un antiguo asesor del exministro de Justicia Germán Garavano— y el regreso de Ramiro Badía en la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales, cargo que desempeñó durante la gestión de Claudio Avruj en la Secretaría, despiertan algunas inquietudes al respecto.     

La transición en la Secretaría de Derechos Humanos se inició el pasado 12 de dicembre con una reunión que mantuvieron el titular saliente de la dependencia, Horacio Pietragalla Corti y su sucesor, el exjuez Alberto Baños, quien asumió en el cargo “ad honorem”, según se confirmó días después en el Boletín Oficial. 

La reunión, según pudo reconstruir elDiario.AR transcurrió en un clima cordial, pese a que la gestión de Pietragalla había recusado al magistrado cuando instruía la investigación por la desaparición del policía de la Ciudad de Buenos Aires Arshak Karhanyan, cuyo paradero es desconocido desde febrero de 2019.

La Secretaría querelló en esa causa y consideró que el juez no tomó medidas concretas para que la investigación avanzara. Por ejemplo, una de las acciones reclamadas al juez era la apartar a la Policía de la Ciudad de la investigación, algo que reclamaban los familiares de Arshak, quienes siempre tuvieron sospechas sobre la participación de esa fuerza en la desaparición del joven efectivo.

Baños no aportó hipótesis para que la instrucción avanzara y nunca puso la mira en la Policía porteña. A fines del año pasado, Baños logró jubilarse y ponerle fin a una trayectoria como magistrado que se inició en 1993, cuando fue designado en el cargo por el gobierno de Carlos Saúl Menem. 

Durante años, Baños tuvo a su cargo la causa del robo de las manos de Juan Domingo Perón. En julio de 2008, Baños se llevó el expediente a su casa de Adrogué, donde pensaba elaborar un oficio para pedirle al Gobierno que levantara el secreto de inteligencia que existía sobre el tema. Pero desconocidos le robaron la totalidad de la causa, que meses después logró reconstruir, sin que se identificaran a los autores del hecho.

Fuentes de la Secretaría indicaron que Baños y sus colaboradores se mostraron sorprendidos por el nivel de organización que había en la Secretaría en las primeras reuniones que mantuvo con el personal. No obstante, los funcionarios de la nueva gestión se mostraron alarmados con la cantidad de abogados que el organismo tiene en el interior del país (cerca de 45), que se ocupan de querellar en causas de lesa humanidad. 

Fue un primer indicador que generó alarma en relación a la continuidad de una política activa que la Secretaría había tenido en los procesos sobre crímenes del terrorismo de Estado en los últimos cuatro años. “Los juicios van a seguir, pero Hay que ver qué pasa con las políticas de Memoria Verdad y Justicia y las querellas del Estado. Ese es el gran interrogante”, le confió a elDiarioAR un funcionario saliente de la Secretaría.

Sin embargo, esa no fue la única señal de alarma. Las designaciones de De Martini y Badía, generaron más preocupación entre los trabajadores del organismo.

De Martini se encargó, como asesor de Garavano, de acercar los reclamos de los familiares de los represores condenados por delitos de lesa humanidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los cuales se llevaron a cabo durante la gestión de Claudio Avruj al frente de la Secretaría. Una postura que está en línea con los reclamos de “memoria completa que desde hace años pregona la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Desde su cargo, De Martini tendrá además la misión de fijar la postura de Argentina en materia de Derechos Humanos. En tanto, Badía defendió ante la CIDH, como funcionario de Avruj, la postura que el Gobierno de Macri mantuvo en el caso de Milagro Sala.

Trabajadores de la Secretaría que hablaron con este medio señalaron que aún no hay definiciones claras sobre la continuidad del programa Verdad y Justicia, que actualmente depende de la Dirección de Asuntos Jurídicos Nacionales. Se trata de una iniciativa creada en 2007 para acompañar a las víctimas y los testigos con el propósito de garantizar el acceso a la justica y brindar reparación.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona explicó en declaraciones periodísticas que, en materia de derechos humanos, se propondrá un nuevo paradigma, orientado a la atención de las demandas de delitos comunes. Algo que difiere de la línea que mantenía la gestión de Pietragalla Corti, que se orientaba a darle visibilidad a las demandas de los grupos sociales vulnerables –como los pacientes de la salud mental—y las víctimas de la violencia institucional.

La preservación del Museo Sitio Memoria Esma es otra de las incógnitas de las políticas que aplicará el gobierno del presidente Javier Milei. En campaña, Villarruel, en línea con sus posturas negacionistas, propuso que el predio donde funcionó el centro clandestino de detención ilegal más grande de la ciudad de Buenos Aires, debía recrearse con fines educativos. No obstante, Baños reconoció que las antiguas instalaciones de la exEsma deben ser preservadas, en función de medidas cautelares de la justicia y por haber sido declarado patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco.

Autoridades del Museo Sitio Memoria ESMA consultados por elDiarioAR consideraron que “aún es muy pronto para definir expectativas” en relación a la dirección que las autoridades de la Secretaría y el Gobierno le darán a esta institución, creada para preservar la memoria sobre el terrorismo de Estado en Argentina. “Esperemos hasta marzo, ahí vamos a tener un panorama más claro”, indicaron desde el Museo.

Durante 2023, hubo 24 veredictos en juicios de lesa humanidad y se dictaron 316 condenas desde que los procesos se reanudaron en 2006. 

La reanudación de la actividad judicial en febrero, tras el receso judicial de verano, será un momento clave para analizar cuál es la política que la gestión de Baños tendrá en relación a las querellas que se siguen desde el Estado en los procesos de lesa humanidad.

LC/MG

Referentes de derechos humanos y políticos advirtieron hoy que la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, busca “borrar la historia” por sus recientes dichos sobre la ESMA. Este lunes, en una entrevista para el canal Todo Noticias, la compañera de fórmula de Javier Milei había expresado su voluntad de convertir el ex centro clandestino de detención en un espacio de “disfrute” para todos los argentinos.

“Villarruel quiere borrar la historia, pero no va a poder porque para eso estamos los organismos de Derechos Humanos y el pueblo argentino. La exEsma es una imagen mundial de lo que fue el horror de la Argentina”, sostuvo Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en diálogo con radio FutuRöck. En este marco, también trató a la candidata vicepresidencial de “desquiciada” por haber propuesto que se revisaran las indemnizaciones a víctimas de terrorismo de Estado que, según expresó durante la entrevista, en realidad “murieron por una pastilla de cianuro ordenada por Montoneros o poniendo una bomba que les explotó”.

Villarruel también había pedido que las 17 hectáreas que componen el predio de la ESMA se utilizaran como un espacio verde abierto a todo el público. “Habría que tener una visión amplia de los derechos humanos, que nos incluya a todos y nos permita, con el paso del tiempo y con mucho respeto, cerrar las heridas que nos duelen como sociedad”, dijo al periodista Diego Sehinkman.

Sobre este punto volvió el ex secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien subrayó la confusión de la candidata de La Libertad Avanza dado que el actual Museo Sitio ESMA ─declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO─ es “un espacio de 17 hectáreas que pueden ser recorridos por todos los argentinos y visitantes de otros países”.

“Hay un concepto erróneo en lo que dice la candidata a vicepresidenta porque este predio está abierto a todos los argentinos y argentinas que al visitarlo pueden disfrutar de la entereza que tuvo nuestra sociedad para saber, juzgar, condenar y promover las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y visibilizar las violaciones sistemáticas de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad”, explicó el funcionario a Télam.

En tanto, los trabajadores de la cartera de Derechos Humanos expresaron su rechazo a los dichos de Villarruel, a los cuales enmarcaron en una narrativa negacionista de “los principios fundamentales de los derechos humanos, la democracia y la convivencia pacífica”. “Sólo a través del compromiso con la verdad y la justicia podremos construir un futuro donde los derechos humanos sean respetados y protegidos”, señalaron en un comunicado.

De igual modo, el coordinador del equipo de Investigación y Archivo del Espacio de Memoria y Derechos Humanos de la exESMA, subrayó la relevancia del predio en el que “no sólo se hace memoria, sino que se promueven derechos y se educan derechos”, para “prevenir la violencia institucional”.

Por su lado, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, indicó que la exESMA “es un orgullo y parte central de las políticas de derechos humanos de la Argentina, que son reconocidas como un ejemplo en todo el mundo”. En la misma línea, Pietragalla destacó que “memoria, verdad y justicia” es una política de Estado que trasciende la ideología de un determinado espacio.

“No es un partido político el que reconoce que en Argentina hubo delitos de lesa humanidad sino que es el Estado en sus tres poderes. El Poder Legislativo, con leyes para profundizar la agenda en materia de derechos humanos; el Poder Judicial, a partir de sus fallos por delitos de lesa humanidad y también el Poder Ejecutivo a partir de fomentar políticas públicas con las heridas del pasado, pero también con las problemáticas del presente”, argumentó el funcionario del gobierno de Alberto Fernández.

Las declaraciones de Villarruel también fueron repudiadas por la ex diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, quien la calificó como “perversa”, “mentirosa” y “cínica”. Según expresó la ex legisladora vía X (ex Twitter), la propuesta de la compañera de fórmula de Javier Milei “es parte de su estrategia prodictadura en defensa de genocidas”.

Elsa Lombardo, sobreviviente de los centros clandestinos “Banco” y “Olimpo” que recorre los subtes contando su historia, coincidió con Vallejos y se preguntó si la propuesta de Villarruel es “hacerle un monumento” al ex presidente de facto y represor Jorge Rafael Videla. “El lenguaje de ella, por más que lo quiera edulcorar, es de cerrar espacios. Van a venir a avasallar todo. Lo que me sacó de casa y de la comodidad de la militancia anónima y me llevó al subte no fue tanto Milei, fue ella. Esos mensajes cuasi demoníacos, malignos, es algo espantoso esta mujer. Villarruel habla de respeto encubriendo otras ideas mucho más tremendas que es borrar la Memoria, la Verdad y la Justicia”, indicó por Radio Nacional.

ACM con información de agencias.

El fiscal Rodrigo Gabriel Fernández Ríos rechazó hoy la presentación de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) como querellante de la causa que investiga la represión policial ejercida contra las protestas por la reforma constitucional de Jujuy. El magistrado consideró que “no se visualizan violaciones a los derechos humanos y la causa debe quedar enmarcada en las instituciones de la provincia de Jujuy”.

“Una vez más la Justicia jujeña demuestra la falta de división de poderes y el encubrimiento permanente a las acciones del gobierno de Gerardo Morales”, afirmó la cartera encabezada por Horacio Pietragalla Corti. “Lo único que quería hacer la SDH, como hacemos en otras provincias, era colaborar e instar a que se haga una investigación seria para determinar los responsables de los hechos que hemos verificado durante los días de represión”, explicó el funcionario.

La secretaría había solicitado ser querellante aduciendo que “se encontraba en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino” dado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Nacionales Unidas habían emitido comunicados de advertencia por violaciones de derechos.

Ante las detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y lesiones graves provocadas por el estado jujeño, la CIDH exhortó, el pasado 20 de junio, al estado a “respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.

Con información de agencias.

En el marco de las denuncias recibidas durante las visitas realizadas a la provincia de Jujuy la semana pasada, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió este martes a la Justicia Federal que inicie “una investigación penal de forma urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión contra manifestantes”.

La presentación del organismo nacional incluyó testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy que fueron recogidas en los últimos días por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragalla Corti en la provincia.

Las víctimas relataron haber recibido golpes y malos tratos al momento de las detenciones, disparos de balas de goma en el rostro, detenciones arbitrarias, incluso lejos del lugar donde se realizaban las manifestaciones. También señalaron la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes.

“Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que –más allá de las responsabilidades de los autores directos- dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”, señaló la presentación.

El escrito también menciona que el gobernador Gerardo Morales publicó en sus redes sociales los antecedentes judiciales de supuestos manifestantes, “información que sólo debería manejar el Poder Judicial”.

La denuncia se suma al habeas corpus presentado ante la justicia local este lunes por la Secretaría “para frenar la violenta represión y para que se garantice el derecho a la protesta”. A partir de ese pedido, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y llamó al gobierno de Morales a iniciar una instancia de mediación, que hasta el momento no fue cumplida.

Según informa la Secretaría, Pietragalla Corti viajó a la provincia en dos ocasiones en los últimos diez días para monitorear las denuncias de violencia institucional y el recrudecimiento de la represión en las protestas que se generaron en rechazo a la sanción de una reforma de la Constitución local.

Pietragalla Corti recorrió junto a funcionarios de la Secretaría, del Instituto Nacional de Asuntos Indígena (INAI) y de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) los lugares de las protestas y cortes de ruta, donde se entrevistó con manifestantes, y visitó a todos los detenidos y detenidas para recoger testimonios, corroborar su estado integral y de detención. También se acercó al hospital local “Pablo Soria” donde se encontraban los heridos y detenidos con estado de salud más grave por las agresiones, pero se le impidió el ingreso. De todas formas, pudo comunicarse con familiares y allegados de las personas internadas y constatar que, a raíz de la represión, dos personas se encontraban en terapia intensiva y tres sufrían pérdida de visión, aseguran desde Derechos Humanos.

Durante su viaje a la provincia, el secretario mantuvo una reunión virtual con el Representante Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, y estuvo en conversación con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “para informar la gravedad de la situación”. Ambas organizaciones manifestaron en los últimos días su preocupación por la represión contra manifestantes en Jujuy y reclamaron al gobierno provincial el respeto por los derechos humanos.

La denuncia completa

La delegación de la Secretaría de Derechos Humanos estuvo integrada por el jefe de Gabinete Nicolás Rapetti; Alejandro Marmoni, presidente del INAI; Mariano Przybylski, director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional; Adelqui Del Do, director del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”; Paula Álvarez Carrera, directora del cuerpo de abogados de la Secretaría, y Eugenia Ferrero, enlace entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Secretaria General de Presidencia.

Con información de la Secretaría de DDHH.

IG

La República Argentina denunció hoy ante las Naciones Unidas la “pérdida de legitimidad del Poder Judicial”, a partir de la práctica del 'lawfare' o guerra jurídica, y pidió el “acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos (de la ONU) en el impulso de iniciativas y reformas normativas que procuran fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho” en el país.

Así fue expresado ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización multilateral, en Ginebra, Suiza, por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, al presentar el Examen Periódico Universal, una instancia en la que cada nación repasa la implementación de los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos.

“Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurría a los golpes de Estado militares, hoy utiliza el derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública”, planteó en su exposición ante el organismo de las Naciones Unidas.

Las recomendaciones de la ONU

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomendó este lunes a la Argentina que asegure la “plena independencia” del Poder Judicial y de los fiscales, mejore las condiciones en las prisiones, garantice la legalidad en el uso de la fuerza e investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales“, afirmó en un tuit.

También le aconsejó que “prosiga sus esfuerzos para erradicar la pobreza”, que “garantice el acceso a una educación de calidad para todos”, que “aborde las disparidades en el sistema de salud” y que “armonice su legislación sobre personas con discapacidad”.

Por último, le pidió que “continúe sus esfuerzos para combatir la violencia de género”, “proporcione representación legal gratuita para víctimas de violencia de género” y “asegure implementación del acceso al aborto legal, especialmente en zonas rurales”.

DA

El Gobierno argentino acordó con Twitter impulsar “acciones conjuntas” que eviten la proliferación de los discursos de odio en las redes sociales, debido al “recrudecimiento” de estas prácticas desde la pandemia por coronavirus, informaron este lunes fuentes oficiales.

El secretario argentino de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, mantuvo un encuentro virtual con las autoridades de Twitter en América Latina para abrir “una instancia de diálogo” que permita generar acciones vinculadas a frenar la propagación de comportamientos abusivos en las redes, según destacó la Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado.

Durante el encuentro, el funcionario ofreció la “colaboración técnica” de su secretaría para “mejorar la calidad del debate público en redes sociales y prevenir situaciones de violencia”.

“En esta línea, el secretario manifestó su intención de trabajar en la realización de campañas de concientización destinadas a la población en general con la finalidad de trabajar esta temática y problematizar sus consecuencias para la sociedad”, detalló el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos.

Los responsables de Twitter presentes en la reunión, entre ellos Hugo Rodríguez Nicolat, director de Políticas Públicas de Twitter América Latina, “coincidieron en la importancia de emprender acciones conjuntas” para limitar estas prácticas y subrayaron la relevancia de la “alfabetización digital” en el uso de las redes sociales, según el texto difundido.

El Gobierno argentino sostiene que el “recrudecimiento” de los discursos de odio en internet fue uno de los factores que motivaron el intento de asesinato a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, ocurrido el pasado 1 de septiembre, cuando Fernando Sabag Montiel disparó dos veces contra el rostro de la expresidenta sin que saliera ninguna bala.

Con información de EFE.

IG

El 11 de julio pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) levantó las medidas cautelares concedidas tres meses antes a favor de 7 indígenas formoseñas que cursaban embarazos y, según la denuncia, temían ser encerradas en un centro de aislamiento y separadas de sus bebés en el marco de las restricciones dispuestas por el Gobierno provincial de Gildo Insfrán durante la pandemia. El dictamen consideró que la situación descripta en la denuncia por el dirigente de la comunidad qom Félix Díaz y el exsecretario ejecutivo de la CIDH Santiago Cantón había cesado e, incluso, dejó entrever que tenía dudas de que siquiera hubo existido. El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), presidido por la jurista chilena Antonia Urrejola Noguera y secundado por la peruana Julissa Mantilla Falcón y la brasileña Flávia Piovesan, valoró la respuesta del Estado argentino y critico la dilación y las “contradicciones” de los peticionantes a la hora de colaboración con la investigación.

El caso cobró notoriedad internacional en marzo pasado a raíz de un informe del noticiero de Canal 13, que dijo haber encontrado a las 7 mujeres escondidas en el paraje El Potrillo, oeste de Formosa. Según la emisora del Grupo Clarín, algunas de las embarazadas habían permanecido los 6 meses previos en el bosque de El impenetrable y constituían apenas una muestra del calvario vivido por decenas de mujeres formoseñas. Días después, la Procuración General de Formosa denunció que, al intentar constatar la situación, encontró que los casos difundidos por la televisión habían sido fraguados y que las mujeres habían recibido dinero a cambio de su testimonio.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, celebró el levantamiento de las cautelares, afirmó que la CIDH había descartado la denuncia por “falsa” y cuestionó a Díaz y Cantón, a quienes les atribuyó intencionalidad política, ya que el primero fue funcionario de Mauricio Macri y el segundo, de María Eugenia Vidal.

Cantón es una rara avis en la galaxia Cambiemos. Fue designado secretario de Derechos Humanos de la Provincia en diciembre de 2015, producto del acuerdo político entre Vidal y Sergio Massa. Entre 2001 y 2012, se había desempeñado como secretario ejecutivo de la CIDH. Su ámbito de relaciones comprendía a casi todo el movimiento de derechos humanos argentino, de Estela de Carlotto a Horacio Verbitsky, entonces titular del Centro de Estudios Legales y Sociales. Desde su puesto en Provincia, Cantón cuestionó el arresto de Milagro Sala y la reacción del Gobierno de Mauricio Macri ante la muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y el homicidio cometido por el policía Luis Chocobar. En paralelo, el funcionario encabezó un informe de Naciones Unidas en el que acusó al Estado israelí de cometer crímenes de lesa humanidad contra palestinos, en el marco de la Gran Marcha del Retorno de 2018, separándose también en ese punto de la línea oficial del macrismo. En resumen, entre Cantón y el ala dura de Cambiemos parece haber un mundo.

El exfuncionario de Vidal —con quien mantiene diálogo—acaba de asumir como director del programa de Estado de Derecho de la organización estadounidense Inter-American Dialogue. En entrevista con ElDiarioAR, Cantón apuntó contra la política exterior de Alberto Fernández y abordó el conflicto desatado por la denuncia de violencia obstétrica.

Pietragalla afirmó que la CIDH concluyó que la denuncia formulada por vos y Félix Díaz había sido “falsa”. ¿Qué opinión te merece?

Esa afirmación equivale a usar políticamente los derechos humanos, que es algo que yo siempre he criticado. La denuncia no sólo no es falsa sino que, independientemente de las cautelares que otorgó la CIDH, los hechos descriptos fueron reconocidos por Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el mismo CELS, la revista especializada en un enfoque de género Latfem, numerosos científicos del Conicet y antropólogos en temas indígenas. Todos reconocieron que existían y probablemente existan situaciones como las planteadas. El levantamiento no significa que los hechos no existieron. Una medida cautelar no analiza un tema de fondo, sino que es únicamente para una situación de urgencia, gravedad e irreparalibilidad. La CIDH vio eso y es innegable. A lo largo de las décadas, fue siendo mucho más rigurosa con las cautelares; en 2020, otorgó sólo entre tres y cuatro por ciento de las medidas solicitadas. En este caso, las otorgó después de recibir la información que le enviamos y de hablar con mujeres indígenas. Uno tiene que tener en cuenta la interculturalidad y el consentimiento previo de los pueblos indígenas (a presentar la denuncia), que no es fácil, y menos en época de pandemia. En otras épocas, las cautelares no tenían plazo y eso generaba críticas porque podían durar 15 años. Aquí había un plazo razonable para que la situación de gravedad, urgencia e irreparabilidad no existiera más, que era el lapso de embarazo. Gracias a la cautelar, el Estado nacional les dio atención médica a 7 mujeres, y se evitó que les quitaran los hijos al nacer, que era una de las preocupaciones de las mujeres. Es muy incorrecto decir que no era cierto (lo denunciado). Todo lo contrario. Al momento de levantar las medidas, la relatora de la CIDH aclara que no implica que el Gobierno nacional no siga controlando la situación.

Varios párrafos del dictamen parecen no corroborar que los hechos descriptos en la denuncia fueron tales. Por ejemplo, en el punto 57, dice entender “que el marco fáctico presentado no es equiparable a aquel respecto del cual la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de 7 mujeres indígenas embarazadas en abril de 2021”.

 La situación cambió radicalmente gracias a la actuación del Estado nacional. Los peticionarios queríamos que no actuara el Estado provincial y lo hiciera el nacional sí o sí, en coordinación con nosotros. Eso no se pudo hacer. Temíamos que el Estado nacional acudiera —o peor aún, el Estado provincial— sin que tuvieran conocimiento las mujeres. La CIDH dice que los peticionarios no habíamos dado la información necesaria, lo cual motivó que el Estado nacional saliera a buscar a las mujeres por su cuenta. Eso era lo que queríamos evitar. En ese momento, recibíamos mensajes de mujeres en Formosa preocupadas porque las andaban persiguiendo. Posiblemente era el Estado nacional tratando de ayudarlas, pero la lectura que hicieron era: “nos están persiguiendo”.

Gracias a la cautelar, el Estado nacional les dio atención médica a 7 mujeres

No queda claro que la CIDH considere que la situación dejó de ser urgente y grave, sino que parece que no pudo constatar los hechos. Específicamente dice que el Estado nacional mostró comprobantes de que las mujeres fueron atendidas durante todo el proceso de embarazo, incluso antes de la denuncia.

Puede ser que algunas hayan sido atendidas; otras no. La realidad es que, a través de las medidas cautelares, el Estado salió a tratar de ayudarlas. Nosotros queríamos hacerlo con participación de representantes de los pueblos indígenas, porque nos parecía la manera correcta de hacerlo. Para ello era necesario coordinar con el Estado. He atendido medidas cautelares en las que los peticionarios en Colombia pedían cautelares de protección, pero también requerían que no los protegiera el mismo policía que los quería matar. El Estado pudo ubicar a algunas mujeres y a otras no, y les brindó atención médica. Estamos hablando de un contexto, el de Formosa, con un señor feudal que gobierna hace 26 años.

Más allá del contexto de Formosa, que tiene aspectos cuestionables en el plano de derechos humanos, no muy distintos a provincias como Corrientes, Misiones o muchas otras, llamó la atención la escala de la denuncia de “decenas” de mujeres embarazadas escondidas en el monte por temor a que les robaran a sus hijos.

El tema es la escala. Se nos plantea que había 80 mujeres. En ese momento no teníamos conocimiento fáctico de la situación. Mi respuesta fue que teníamos que tener un número determinado de mujeres, sean 80 o cinco. Pudimos conseguir 7 (testimonios). Había otras identificables, pero que no querían dar sus datos por temor a la Policía de la provincia. Dijimos que, si nos daban garantías de que podíamos coordinar el apoyo, les damos los nombres. Les dimos los nombres asumiendo que se iba a poder hacer esa coordinación con el Estado, y no se hizo. En algunos casos, las mujeres denunciaron que les habían hecho firmar documentos (de haber sido correctamente atendidas) por parte de la Policía. Lo tenemos por video y lo hicimos llegar a la CIDH.

El dictamen de la CIDH recorre el argumento de que faltaron pruebas en la denuncia, incluidas las amenazas.

Si faltaban pruebas, la comisión no habría dado las medidas cautelares. Asumió que existía esa posibilidad en el contexto de la información que dimos nosotros, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

El hecho de que un denunciante haya sido Félix Díaz, quien además de ser un dirigente indígena, fue funcionario durante el Gobierno de Mauricio Macri y mostró evidente afinidad con Cambiemos ¿pudo haber sido un obstáculo para que el caso no pareciera envuelto en una sospecha de interés partidario?

Pudo haber sido un obstáculo para que el Gobierno colaborara con los peticionarios, y es un grave error de su parte. Lo lógico habría sido una reunión de coordinación, pero también es cierto que el proceso coincidió con la reapertura de la fase I de la pandemia, y ello complicaba muchísimo los encuentros personales y coordinación con una delegación indígena.

Si Fernández no sabe lo que pasa en Cuba, tiene que ver a quién tiene de canciller porque hay un problema de información grave.

¿Cómo evaluás el respaldo casi irrestricto del Gobierno de Alberto Fernández a Insfrán?

La reacción inicial del Ejecutivo fue una defensa cerrada a una persona que lleva 26 años en el poder, por todos reconocidos como un gobierno feudal, en lugar de admitir que existe una discriminación estructural contra los pueblos indígenas y que lo que estaba pasando era factible y tenía que rápidamente investigar. Si no hubiese sido por las cautelares, no habría pasado nada. Defender a una persona a la que la palabra dictador le queda demasiado grande es defender a un señor feudal que no cree en los derechos humanos. Lo primero que hice cuando fui secretario de Derechos Humanos de la Provincia fue pedir una disculpa histórica ante los indígenas por lo que había hecho el Estado durante siglos, y acá se vanaglorian de lo que está pasando. Es una vergüenza.

La violencia policial es endémica en la Argentina y atraviesa a gobiernos de las diferentes ramas del peronismo, partidos provinciales y Cambiemos. ¿Cómo se puede modificar esa amenaza constante para los derechos humanos?

La transición a la democrática del 83 nunca llegó a las policías. Llegó al Ejército, militares fueron llevados a juicio, no fueron ascendidas personas relacionadas con la dictadura. Entre paréntesis, Insfrán estuvo allí (se refiere a que el programa de Jorge Lanata informó que el gobernador de Formosa pidió un empleo en el Ministerio de Asuntos Agrarios en 1978). A las policías nunca las reformaron. Hay una deuda pendiente de la democracia argentina que nos ha costado muchas vidas, que es una reforma profunda del sistema de seguridad.

Se suma la demagogia punitivista mediática, que parece estar en auge.

Quizás como un reflejo de mi carácter como exrelator de libertad de expresión de la OEA, no me gusta echar la culpa a los medios. Hay una opinión de un gran sector de la sociedad argentina y los medios la reflejan. También existía apenas comenzamos la democracia, pero ahí hubo un trabajo fuerte de una parte de la sociedad, organismos de derechos humanos y medios de comunicación que permitieron avanzar. Eso no se hizo con las fuerzas policiales. Insfrán asume en 1995 tras haber ocupado un cargo en la dictadura (ndr, fue un empleado en un puesto no jerárquico), pero también ocurre en otras provincias. En su momento intentó una reforma (el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con Felipe Solá, León) Arslanián y se dio marcha atrás. A eso se suma la corrupción y el narcotráfico, que entran fácil en donde los filtros son débiles, y las policías son débiles.

Mauricio Macri no ahorra ningún calificativo sobre Venezuela o Cuba, pero se lleva muy bien con los gobernantes de derecha de Colombia, el país sudamericano en el que más matanzas se vienen produciendo hace décadas, o apoya un golpe de Estado en Bolivia. Por su parte, Alberto Fernández hace exactamente lo contrario. Denuncia el golpe contra Evo, denuncia la represión en Colombia, pero aprieta el freno con Venezuela y Nicaragua, y dice no saber qué pasa en Cuba. ¿Se agravó el sesgo por afinidad ideológica en relación a los derechos humanos?

Si dice que no sabe lo que pasa en Cuba, no le creo, pero si es cierto, tiene que ver a quién tiene de canciller porque hay un problema de información grave. Hay situaciones en las que hay que sancionar lo que pasa en países, como puede ser Colombia, o inclusive como fue Chile, y lamentablemente por afinidad ideológica no lo hacen, como puede ser en el caso de Macri. Y sí se concentra en Cuba o Nicaragua. Lo mismo hace Fernández del otro lado, y eso es muy grave en un momento en que el estado de derecho y la democracia en América Latina se nos están yendo de las manos. La democracia que nació en 1983 (Raúl) Alfonsín, (José) Sarney, (Julio María) Sanguinetti y (Patricio) Aylwin era una democracia en la que se escuchaba al otro y las diferencias eran para producir mejores resultados, no para polarizar. Eso hoy no existe. En los ochenta se logró el acuerdo de dejar atrás las dictaduras y tener un estado de derecho en serio, hoy la lógica responde a alineamientos ideológicos que están destruyendo la democracia en toda la región. Está pasando en El Salvador, en Nicaragua, en Cuba; hay hechos graves en Colombia, habría que esperar a ver qué pasa en Perú, Chile está en una situación complicada. Nuestra democracia no es lo que fue, está más débil. Siempre se habla de tres olas democráticas en América Latina, lo que implica que hay tres olas antidemocráticas, y puede estar empezando otra de ellas. 

SL

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró hoy que en Formosa “no hay centros clandestinos de detención ni violación de los derechos humanos”, en respuesta a los cuestionamientos al Gobierno de Gildo Insfrán por las condiciones de los centros de aislamiento de coronavirus en esa provincia.

En declaraciones a Radio Nacional y Radio La Red Cafiero señaló, de todos modos, que “hay casos de violencia institucional de la policía (de la provincia) que se están estudiando”.

“No necesitamos que nos digan a los argentinos, mucho menos a nuestro espacio político (por el Frente de Todos), que tiene siempre una especial sensibilidad en el respeto de los derechos humanos, que somos hijos de las Madres y de las Abuelas (de Plaza de Mayo), qué tenemos que hacer con los derechos humanos”, respondió el jefe de Gabinete al ser consultado por la discusión en torno a la estrategia sanitaria en Formosa.

Las declaraciones de Cafiero se dan después de que Amnistía Internacional reclamara la intervención del Estado ante las denuncias de violaciones de derechos humanos en esa provincia. Paola García Rey, directora adjunta del organismo en Argentina, dijo el domingo a la radio La Once Diez que si el Gobierno no responde a las demandas acudirán a “la instancia internacional”.

“¿Hoy en Formosa se están violando los derechos humanos? Absolutamente sí. Hay detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas de aislamiento, maltratos a niños detenidos en las mismas condiciones que los adultos, mujeres y varones en los mismos lugares violando la intimidad”, aseguró García Rey.

“Es tan variopinto el esquema o el escenario de violaciones a los derechos humanos que estamos incluso pensando en ir a distintos relatores y procedimientos especiales de Naciones Unidas”, añadió.

Después de que las concejalas de Formosa Gabriela Neme, peronista disidente, y Celeste Ruíz Díaz, radical, fueran arrestadas por manifestarse en contra de las condiciones de aislamiento de personas con probabilidad de infectarse de coronavirus, la directora ejecutiva de AI, Mariela Belski, había reclamado la intervención de la Casa Rosada.

“Pedimos que las autoridades provinciales y nacionales trabajen para garantizar que todas las medidas contra la pandemia sean respetuosas de los derechos humanos. Conforme al derecho internacional, el Estado Nacional es responsable y debe actuar cuando se violan los derechos humanos de los ciudadanos. Escudarse en la estructura federal del país no deslinda al gobierno Nacional ni de su responsabilidad ni de su obligación y compromiso con los derechos humanos de todas las personas”, señaló Belski a elDiarioAR.

En las declaraciones de este lunes, Cafiero recordó que “el secretario de Derechos Humanos (Horacio Pietragalla) se entrevistó con toda la comunidad y visitó algunos centros de aislamiento” en Formosa.

La semana pasada, la concejala Gabriela Neme se reunió con Pietragalla para hablar sobre la situación en la provincia. Según la dirigente formoseña, en los centros de aislamiento por coronavirus son moneda corriente el hacinamiento, la violencia y la arbitrariedad, y responsabilizó por ello al gobernador Insfrán. 

“Según nos prometió, Pietragalla le va a hacer una serie de recomendaciones al Gobierno de Insfrán. Eso nos da tranquilidad”, manifestó Neme tras el encuentro.

Después de la reunión con Neme, Pietragalla dio una conferencia de prensa en la que declaró: “No hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa, decir eso sería un chiste. No se violan sistemáticamente los derechos humanos en Formosa y no hay delitos de lesa humanidad en la provincia de Formosa”.

Lo dijo después de haber recorrido durante dos días la provincia en la que políticos de la oposición, referentes locales y organizaciones internacionales como AI denunciaron violaciones a los derechos humanos para restringir la circulación.

CB con información de agencias

La concejala de la ciudad de Formosa Gabriela Neme, detenida la semana pasada al cabo de una protesta en las afueras de un centro de aislamiento en la capital provincial, quedó “esperanzada” tras una reunión con el secretario de Derechos Humanos nacional, Horacio Pietragalla.

El encuentro, solicitado por la edil peronista disidente, se concretó este jueves en una sala del Hotel Howard Johnson de Formosa capital. Según la dirigente formoseña, en los centros de aislamiento por coronavirus son moneda corriente el hacinamiento, la violencia y la arbitrariedad, y responsabilizó por ello al gobernador Gildo Insfrán. 

Si bien no tenía grandes expectativas respecto al cara a cara con el funcionario cristinista, Pietragalla la “sorprendió”, dijo Neme.

“Pensé que lo iba a tomar como un mero trámite, hecho a las apuradas. Pero hubo empatía de su parte. Me disculpé porque antes yo había dado una información falsa sobre él. No era mi intención. Trato de ser transparente y lo prejuzgué”, concedió Neme ante elDiarioAR. 

La cita duró una hora y cuarto. Pietragalla escuchó de primera mano la versión de Neme, de Silvana Quevedo —quien estuvo aislada en los centros que montó Insfrán—, y del abogado Daniel Suizer, representante de quienes demandaron a la provincia por las restricciones a la circulación.

“Supuse que iba a ir sólo a los centros marcados por Insfrán. Pero fue a varios. Eso me sorprendió. Me dijo que el Gobierno se comprometió a no tener más gente hacinada en el Estado Cincuentenario, donde se registraron las principales denuncias. La situación en las escuelas es distinta. Ahí hay aulas con 4 o 5 personas. Pietragalla me comentó que el gobierno se comprometió a no llevar más de personas al estadio”, relató la peronista opositora al eterno gobernador. 

“Según nos prometió, Pietragalla le va a hacer una serie de recomendaciones al Gobierno de Insfrán. Eso nos da tranquilidad y esperanza”, se ilusionó la concejala detenida durante un par de horas.

Pero agregó: “Más que recomendaciones, quiero una intimación. Lo cierto es que en 10 meses nunca nos recibió un funcionario provincial y esta actitud es distinta. Hablamos sobre mi detención. Le llevé fotos de mis lesiones y le conté que el Gobierno me hizo una denuncia por cuatro delitos. Él me dijo que vio las imágenes y se puso en contacto de inmediato con el superministro provincial Jorge González”. 

El encuentro entre Neme y Pietragalla se realizó antes de la conferencia de prensa que dio este jueves a la tarde el secretario de Derechos Humanos. “No hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa, decir eso sería un chiste. No se violan sistemáticamente los derechos humanos en Formosa y no hay delitos de lesa humanidad en la provincia de Formosa”, afirmó Horacio Pietragalla Corti. 

Lo dijo después de haber recorrido durante dos días la provincia en la que políticos de la oposición, referentes locales y organizaciones internacionales como Amnesty denunciaron violaciones a los derechos humanos para restringir la circulación.

El secretario de DDHH aseguró que hay “intencionalidad política” en las denuncias y respaldó al gobierno formoseño, al cual le hará recomendaciones a través de un informe. Pietragalla recibió las denuncias de dirigentes opositores y de organismos que lo habían convocado para exponer la contracara de la versión oficial.

“Veremos qué hace, pero la verdad es que me recibió muy bien. Silvana Quevedo también se sintió con mucha empatía con Pietragalla. Hubo un ida y vuelta interesante. Como sea yo no me voy a callar”, aclaró Neme.

Neme tuvo un momento de cierta cercanía con el “gildismo”, tal como le dicen a la corriente que hegemoniza la política local. Con 70 años, Insfrán gobierna Formosa desde 1995. La concejala militaba en el sector de Floro Bogado, el vicegobernador que acompañó a Insfrán desde 1995 hasta su muerte, en diciembre de 2017. Ante cada elección en ese período, el esquema de la ley de lemas terminaba consolidando al gobernador.

Tras la muerte de Floro Bogado, su hijo Adrián continuó el legado. Con un detalle disruptivo: lo hizo plantándose en contra de Insfrán. En 2019 Adrián Bogado selló una alianza con Juntos por el Cambio con el único objetivo de sumar músculo para desbancar al gobernador peronista, que suele ganar por los mayores márgenes entre todas las provincias argentinas. El acuerdo por conveniencia fracasó. Ahora, Bogado y Neme representan la oposición al oficialismo provincial sin referencias nacionales.  

“Insfrán es fruto de la falta de alternancia en el poder. Él se la creyó. Además el 70 por ciento de la masa trabajadora depende del Estado. Acá te siguen en las redes, te controlan hasta los me gusta que ponés. Tampoco pido la intervención federal de la provincia, como hacen algunos opositores. La oposición también es culpable de esta situación”, concluyó la concejala peronista. 

AF

Horacio Rodríguez Larreta ya tiene lista la nueva demanda contra el recorte en la coparticipación. Apenas Alberto Fernández promulgue la ley que aumenta la quita (unos 13 mil millones de pesos más que los que ya había dispuesto el decreto presidencial), el gobierno porteño volverá a judicializar su reclamo. El planteo por la supuesta inconstitucionalidad de la ley podría entrar mañana a la Corte Suprema. 

El alcalde asume que el cristinismo ya lo eligió como adversario favorito. Porque, tal como machacaba un jingle de campaña del Frente de Todos, Mauricio Macri ya fue. Larreta también concluyó que esa fricción ya no tiene vuelta atrás. Al contrario, piensa que se multiplicará en cada debate y cada controversia que roce a la Ciudad. Paradójicamente, la posible suspensión de las PASO funcionaría como un contra-ejemplo de esa tendencia. Porque ni siquiera Máximo Kirchner está muy entusiasmado con la idea de congelar las primarias del 2021. Rodríguez Larreta, tampoco. El cordobés Mario Negri, menos. El radical considera que las primarias son un método eficaz para zanjar sin sangre las internas convulsionadas de algunas provincias, como las de Córdoba. Por las dudas, Juntos por el Cambio se muestra dispuesto a obturar la chance de dar de baja las PASO provinciales en la legislatura porteña y la bonaerense.

Por fuera de esa circunstancia excepcional, la pulseada con el gobierno nacional pone al alcalde a la defensiva, en un papel de víctima con el que tampoco se siente incómodo. Ese rol le permite, por ejemplo, sancionar un proyecto ajustado, sin obras públicas nuevas y con un impuesto al consumo con tarjeta de crédito. Porque el único y absoluto culpable , según esa mirada, es el gobierno de los Fernández.

Como desventaja, la puja lo ubica en una situación de soledad porteña frente al resto de los gobernadores y el sistema político. Pero a la vez le reporta un beneficio indirecto: le trae alivio en el frente interno, justo cuando el macrismo hard lo acusaba de tibio y demasiado dialoguista. 

La foto del viernes a la tarde en el Centro Asturiano de Vicente López, junto a Mauricio Macri, Patricia Bullrich y el resto de la cúpula amarilla, buscó sellar esa pax romana: estabilidad intra-muros y firmeza exterior. “Con Mauricio estamos mucho mejor que en hace un par de meses”, confirma un funcionario del núcleo larreteano. La semana pasada se reunieron a solas. “Fue un buen mano a mano”, califica el ministro. 

En la cita del viernes también estuvo el vicealcalde Diego Santilli; la exgobernadora María Eugenia Vidal -por zoom, tras haber estado en contacto con un enfermo de Covid-; el intendente anfitrión Jorge Macri; y el de Lanús, Néstor Grindetti.

Al final del encuentro, Jorge Macri opinó que después de un año fuera del poder “Juntos por el Cambio está sólido” y que el Pro “está creciendo”. El intendente de Vicente López se entusiasmó: “Queremos darle a la Argentina una alternativa nueva. Ver a Mauricio, Horacio, Patricia, Néstor, María Eugenia, todos juntos, con ganas de seguir sosteniendo una alternativa en el país nos da muchas ganas”.

Ese fue el objetivo principal del encuentro: reforzar la unidad y dar la imagen de una familia ensamblada pero feliz.

Respecto a la queja judicial inminente contra la Nación, el autor intelectual fue el procurador de la Ciudad, Gabriel Astarloa, un abogado de perfil corporativo que se ganó la confianza del alcalde. Astarloa fue gerente de Legales del Banco Citi y socio en dos estudios influyentes durante más de dos décadas: los bufetes Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y el de Allende & Brea. Hasta que en 2012 probó suerte en el gobierno porteño, ascendiendo a jefe de los fiscales en 2016. 

El lunes 30 de noviembre, Astarloa ya había incursionado en el barro grietero: el procurador denunció al secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla. El dirigente cristinista había calificado a la Policía de la Ciudad como una fuerza “coimera al mango” y hasta había presentado una demanda penal contra Rodríguez Larreta por la supuesta represión porteña en el velorio de Diego Maradona. 

Astarloa contraatacó: argumentó que, en caso de tener información sobre algún delito, Pietragalla debería “haberlo denunciado ante la Justicia y no lo hizo”. Tanto el planteo del secretario de DDHH como el del Procurador de Larreta se inscriben en una tradición instaladísima: la de la política judicializada. Se trata de un recurso efectista, pero completamente esteril para resolver conflictos reales.

Antes de darle las puntadas finales al texto que la Ciudad llevará a la Corte, existió una ronda de consulta con una figura ubicada a mitad de camino entre la política y la justicia. Frente a los supremos, el larretismo buscará toda la asistencia y capacidad de lobby que esté a su alcance. La presentación repetirá el argumento que la Capital ya le había llevado a la Corte, a raíz del decreto presidencial: el ajuste es unilateral y abusivo. 

Respecto a los tiempos y el ánimo de la Corte para meterse en ese brete, no existen garantías. O quizás sí: la voluntad ideológica permanente del presidente de los supremos Carlos Rosenkrantz. Con ese voto no alcanza, pero es un piso necesario. El misil epistolar de Cristina Kirchner contra los cinco jueces también fue celebrado en el edificio de la jefatura de gobierno.

Días atrás, el jefe de la Corte le tomó juramento a un nuevo integrante en el Consejo de la Magistratura nacional, en representación de los abogados. ¿De quién se trata? El exlegislador larretista Diego Marías. Así, el alcalde dio un pequeño avance en el TEG de su proyecto nacional. 

AF