Los trabajadores de la fábrica de neumáticos Fate se movilizan este miércoles a la Secretaría de Trabajo en una jornada que puede definir el futuro de la planta y de los puestos laborales. La protesta acompaña una audiencia entre la empresa, el sindicato del neumático y funcionarios del Gobierno en medio de un conflicto por el cierre de la fábrica y los despidos.

La convocatoria se realizó para las 11 en la sede laboral ubicada en Alem 650, en la Ciudad de Buenos Aires. Participan los trabajadores junto al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), con apoyo de organizaciones sindicales de la CGT y de las dos CTA.

El eje de la movilización es el reclamo de “reincorporación inmediata” y la defensa de la continuidad productiva de la planta, que permanece paralizada tras la decisión empresaria de frenar la producción. En esa audiencia podría resolverse una prórroga de la conciliación obligatoria o cerrarse definitivamente la posibilidad de reactivar la fábrica.

Los trabajadores buscan evitar ese escenario. En la convocatoria pública afirmaron: “Defender la mano de obra argentina es defender a nuestras familias”, y llamaron a organizaciones sindicales y sociales a sumarse a la protesta frente a la Secretaría de Trabajo.

El conflicto escaló en los últimos días después de que el gremio resolviera profundizar el plan de lucha. La asamblea de trabajadores definió convocar a un paro nacional de 24 horas en todas las fábricas de neumáticos y realizar una presentación judicial para exigir la puesta en marcha de la planta con todo el personal.

Entre los puntos de esa acción judicial, el sindicato planteó que la empresa incumplió un acuerdo firmado en mayo de 2025 con la Secretaría de Trabajo y el gremio, que le otorgaba beneficios de no pago de aportes hasta julio de 2026 a cambio de mantener los puestos laborales.

Además, la organización sindical evalúa solicitar la figura de “ocupación temporánea” para que el Estado intervenga la empresa en caso de que el accionista decida abandonar la producción. El objetivo del reclamo es sostener la continuidad industrial y evitar la pérdida de empleos en el sector.

En paralelo a la audiencia, los trabajadores organizan actividades en la calle durante la jornada de protesta. Entre ellas se anunció un festival frente al edificio laboral con la participación de músicos y organizaciones que acompañan el conflicto.

Empresas en crisis y cierres

Mientras el conflicto de Fate continúa abierto, otras empresas atraviesan situaciones críticas que impactan en el empleo.

La compañía Goldmund S.A., responsable de la marca de electrodomésticos Peabody, inició un proceso de concurso preventivo de acreedores para reestructurar sus pasivos. La empresa comunicó a clientes y proveedores que atraviesa una “etapa de reestructuración” orientada a ordenar sus compromisos financieros y sostener su continuidad operativa.

La decisión se produce en un contexto de dificultades para varias firmas del sector de electrodomésticos. Según la comunicación enviada por la compañía, el proceso judicial busca reorganizar su situación económica y fortalecer la estructura empresarial para continuar operando.

En el sector cárnico, el frigorífico Ganadera San Roque cerró su planta ubicada en Morón y despidió a 140 trabajadores. La empresa atribuyó la decisión a la caída del consumo interno y al aumento de importaciones de carne para el mercado local.

El establecimiento dejó de operar el 27 de febrero y las desvinculaciones se encuadraron en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla despidos por causas económicas. Mientras tanto, los trabajadores participan de audiencias en el Ministerio de Trabajo para discutir las condiciones de las indemnizaciones.

La crisis también alcanzó al sector textil en Tierra del Fuego. La empresa Sueño Fueguino, fabricante de marcas de ropa de cama como Danubio y Cannon, suspendió a 70 trabajadores de su planta de Río Grande durante tres meses.

El acuerdo alcanzado con sindicatos prevé que los trabajadores cobren el 70% del salario bruto y el 100% de los conceptos no remunerativos, lo que representa aproximadamente el 90% del ingreso neto durante el período de suspensión.

La empresa ya había despedido previamente a 35 trabajadores en octubre en la misma planta.

JJD

El cierre total de la planta de Fate en San Fernando dejó a 1.500 trabajadores en la calle y marcó un punto de inflexión en la crisis industrial. Los operarios encontraron los portones con cadenas y un operativo policial, sin aviso previo, según denunció el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). La paritaria del sector llevaba 13 meses sin actualización salarial en la empresa.

La histórica fabricante nacional anunció el cese definitivo de actividades tras 70 años de producción. La dotación había sido de alrededor de 3.000 trabajadores dos años atrás y quedó reducida a más de 1.500 al momento del cierre. La empresa informó que se trató de una clausura total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente, aunque no comunicó públicamente un cronograma detallado.

En paralelo al conflicto paritario, los trabajadores ya enfrentaban una pérdida de poder adquisitivo. Mientras otras empresas del sector habían adelantado aumentos a cuenta, Fate no había ofrecido anticipos y acumulaba 14 meses sin incrementos, según denunció el gremio.

El caso Fate no quedó aislado. En La Pampa, el frigorífico General Pico —creador de la hamburguesa Paty y propiedad de Ernesto “Tito” Lowenstein— despidió a 194 empleados y paralizó sus tres plantas ubicadas en Trenel, General Pico y Arata. Semanas antes había suspendido a sus 450 trabajadores.

La firma acumuló deudas por $34.000 millones, de los cuales $22.000 millones correspondieron a bancos públicos, y más de 1.000 cheques rechazados por más de $12.000 millones. También había informado que pasó de faenar 600 cabezas diarias a menos de 50, en un contexto de caída de ventas y retracción de exportaciones.

En Trenel, una localidad de 7.000 habitantes, 79 familias reclamaron el pago de indemnizaciones que, según denunciaron, no se abonaron en la fecha prevista.

El sector textil sumó otro capítulo. Hilado S.A., una de las principales compañías del grupo TN Platex, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores para afrontar compromisos financieros y preservar la continuidad operativa. La empresa, perteneciente a la familia Karagozian, atravesó un proceso de reestructuración en un contexto de caída del consumo, aumento de importaciones y elevado costo financiero.

Hilado S.A. contó con alrededor de 800 trabajadores distribuidos en La Rioja, Monte Caseros y Tucumán. En los meses previos, el grupo acumuló cierres y despidos: 190 trabajadores en la planta de Los Gutiérrez, 100 en Las Piedritas, 50 despidos y 12 contratos no renovados en La Rioja, además de 300 reducciones en Monte Caseros durante 2025.

Los casos individuales se inscribieron en una contracción más amplia del entramado productivo. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en noviembre de 2023 el sistema registraba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En noviembre de 2025, las cifras descendieron a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.

En ese período se produjo una caída neta de 21.938 empleadores y 290.602 trabajadores registrados. En noviembre de 2025, el cierre neto mensual fue de 892 empleadores.

La reducción del empleo formal se combinó con pérdida salarial. El índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período. La diferencia implicó una caída real de más de dos puntos.

En ese marco, ir a trabajar también se encareció. El Poder Ejecutivo dispuso una nueva suba en los colectivos que unen la Ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires: el boleto mínimo pasó de $494 a $650 en febrero y se anunció otro incremento de 10% para marzo.

El cierre de Fate dejó 1.500 trabajadores sin empleo en un día. En La Pampa, 194 empleados fueron despedidos y las plantas quedaron paralizadas. En el sector textil, 800 trabajadores quedaron bajo la incertidumbre de un concurso preventivo. En dos años, el sistema perdió 290.602 puestos registrados.

Hasta el momento, ni Fate ni el frigorífico General Pico informaron públicamente fechas concretas de pago de indemnizaciones ni abrieron instancias de negociación con intervención efectiva del Estado nacional.

JJD

El frigorífico General Pico, creador de la hamburguesa Paty y referente de la industria cárnica argentina desde los años 60, suspendió a los 450 trabajadores de su planta ubicada en la localidad pampeana de Trenel. La decisión se tomó en medio de una crisis financiera que puso en riesgo la continuidad operativa de la firma.

La empresa atribuyó la medida a la caída de las ventas internas y a una fuerte retracción del negocio exportador. Según datos oficiales del Indec, las exportaciones cárnicas argentinas se redujeron 7,3% en volumen durante 2025, con un derrumbe del 12,3% en los envíos a China, principal comprador del país.

La planta —controlada por la familia Lowenstein, fundadora también del complejo turístico Las Leñas— redujo su faena diaria de 600 a solo 50 cabezas de ganado, lo que refleja la gravedad de la situación productiva. La interrupción de actividades impactó de forma directa en los operarios y de manera indirecta en transportistas, comerciantes y productores ganaderos de la región.

En Trenel, una localidad que depende en gran parte del frigorífico como fuente de empleo, la preocupación crece por un eventual cierre definitivo. El intendente Horacio Lorenzo informó que la empresa adeuda varios meses de pagos a productores de esa zona y de la vecina Eduardo Castex, lo que genera un efecto dominó en la economía local.

La crisis financiera del frigorífico incluye una deuda acumulada superior a los $30.000 millones, con un pasivo de $9.000 millones solo con el Banco de La Pampa. Además, el Banco Central registró más de mil cheques rechazados, evidencia de la falta de liquidez y de la incapacidad de la firma para cumplir con compromisos corrientes.

Como única respuesta hasta el momento, la empresa ofreció a sus trabajadores el pago de $500.000 por el mes en curso y la entrega semanal de carne, en un intento por contener la situación social entre el personal suspendido.

La historia de la hamburguesa Paty —producto que se convirtió en marca genérica en el país— está ligada a los orígenes de Quickfood, fundada en los años 60 por Ernesto “Tito” Lowenstein, Luis Juan Bameule y José Moché. La firma introdujo por primera vez la hamburguesa industrializada en Argentina y definió hábitos de consumo que perduran hasta hoy. Tras pasar por manos de las multinacionales Marfrig y BRF, la marca volvió a quedar bajo control de los dueños originales en 2018.

El conflicto de General Pico es parte de una seguidilla de crisis que atraviesa la industria cárnica nacional. En Santa Fe, los trabajadores del frigorífico Euro mantienen tomada la planta desde hace más de dos meses por sueldos adeudados. En Pilar, la avícola Granja Tres Arroyos enfrentó medidas de fuerza por parte de 300 empleados ante la falta de pagos. También hubo conflictos similares en Bernasconi.

Los gremios del sector advirtieron que los problemas se extienden a buena parte de la industria, impulsados por el alza de los costos, la caída del consumo y la escasa disponibilidad de financiamiento. En el caso de Pico, la situación ya se venía deteriorando: un año atrás comenzó un ajuste que recortó cerca de 100 puestos de trabajo, como preludio del colapso actual.

Hasta el momento, no se convocó a ninguna instancia de negociación paritaria ni se anunció un plan de rescate. Tampoco hubo intervención del Estado provincial o nacional. Los 450 trabajadores siguen suspendidos, sin certeza sobre el futuro de la planta.

JJD

Este martes a las 13.40 la Aduana envió una información por su canal de comunicación habitual en la que se notificaba el cierre de las exportaciones de carne por 15 días. Según se explicó, la decisión había sido tomada “a la espera de poder arribar a un acuerdo de precios con los consorcios frigoríficos”. “Sin acuerdo, no habrá permisos de exportación”, apuntó el organismo que conduce Guillermo Michel, quien desplazó al secretario de Comercio, Matías Tombolini, al frente de las negociaciones con empresarios e industrias para contener los precios.

Con esa medida el Gobierno intentaba evitar una suba en el precio de la carne luego de la devaluación -escaló 22% la cotización del dólar oficial- oficializada el lunes pasado luego de las elecciones primarias.

Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) y vicepresidente del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), le dijo a elDiarioAR que hasta ahora no recibieron ninguna notificación por parte del Gobierno. Se trata del principal consorcio exportador de carne del país.

Luego de reunirse con Ravettino y con Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Guillermo Michel, director general de Aduanas, afirmó: “Estamos trabajando con el sector en un acuerdo de volumen y precios para el abastecimiento en el mercado doméstico y sostener las exportaciones”.

A las 2.36 de la tarde, el secretario de Agroindustria, había dado marcha atrás sobre la información. “Desde el Ministerio de Economía estamos negociando los precios de carnes para el mercado interno y no hay suspensiones a la exportación de carnes”, aseguró en un tweet. “Nuestra responsabilidad como funcionarios públicos es llevar certidumbre a los sectores productivos y tranquilidad a la gente”.

AR/JJD

La Dirección General de Aduanas (DGA) multó en $40 millones a un frigorífico por subfacturación de exportaciones de carne.

La empresa en cuestión declaró de forma inexacta dos exportaciones de carne con el objetivo de “reducir el pago de aranceles de manera ilegal”, informó la dependencia oficial.

Desde la DGA reportaron que más de “52 toneladas de carne bovina pasaron a ser consideradas mercadería prohibida” debido a una maniobra fraudulenta por parte de un frigorífico que, listando mercaderías de menor valor que las que verdaderamente correspondían intentaba reducir de manera ilegal el pago de aranceles.

Durante un operativo de verificación en un depósito que el frigorífico posee en zona norte de la provincia de Buenos Aires, el personal aduanero “encontró que dos exportaciones con destino China que estaban declaradas bajo la posición arancelaria recortes de troceo en realidad eran carne bovina congelada, una mercancía de valor considerablemente más alto que aquélla, que por lo tanto, también tiene una base imponible mayor”, señalaron.

De esta manera, el organismo aplicó una multa de 40 millones de pesos, que la firma en cuestión canceló debidamente, según indicaron desde la Aduana.

Con información de Télam.

IG

El 1° de noviembre en las calles argentinas debería dejar de verse una postal típica: la del trabajador que, vestido de blanco, carga sobre su hombro una media res y la lleva desde el camión frigorífico a la carnicería. Ese día entra en vigencia la resolución que obliga a cambiar el formato y distribuir la carne en trozos de no más de 32 kilos, como una manera de mejorar las condiciones laborales del sector y también de hacer una asignación más eficiente de cortes entre comercios. 

Si bien la medida no es sorpresiva, sino que dispuso un tiempo de adaptación y una prórroga, en la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya) aseguran que es “totalmente inviable”. Su titular, Leonardo Rafael, pidió su “suspensión” hasta tanto se encuentren soluciones “viables y sustentables en el tiempo”. En cambio, oros sectores del rubro, como el consorcio exportador ABC, se manifestaron en total apoyo a la medida. 

Camya participó junto con distintas cámaras del sector en una reunión realizada este lunes en las instalaciones de la Sociedad Rural Argentina, donde unificaron posiciones y elevaron una carta al ministro de Economía, Sergio Massa; a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo. Como punto central, sugieren mantener el formato de la media res y establecer nuevos “medios mecánicos” para descargarla. ¿Qué tipo de medios mecánicos? “Un aparejo que baje la media res y la ponga en una camilla, un carro, o algo que la traslade”, explicó a elDiarioAR Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria de la Carne (CICCRA).

Tras la consulta de este medio, en la Secretaría de Agricultura señalaron que la medida se mantiene y que “Senasa empezará con los controles a partir del 1° de noviembre”, tal como lo establece la resolución.  “Tuvieron casi tres años para acomodar sus instalaciones y se fueron demorando, pensando que no iba a llevarse adelante la medida”, señalaron.

En abril de 2020 la Superintendencia de Riesgos del Trabajo estableció que toda manipulación, transporte y distribución de productos cárnicos, cuyo peso sea superior a los 25 kilos “se deberá realizar con la asistencia de medios mecánicos adecuados”. Una resolución de 2021 elevó ese parámetro a los 32 kilos. 

Si bien el argumento central fue mejorar las condiciones de trabajo de los “hombreadores”, también se consideró que una distribución por trozos de menor peso le permitiría a los abastecedores realizar una asignación más eficiente del producto de acuerdo a las necesidades de cada mercado minorista. Por ejemplo, podrían distribuir más cantidad de cortes baratos en las carnicerías de las zonas más humildes y más cortes de mayor valor en las zonas más acomodadas. Así, la oferta no sería uniforme ni estaría limitada a la integración de cada media res. 

Las medidas ya contemplaban que el nuevo sistema de comercialización requeriría de transformaciones para adecuar la infraestructura de varios de los frigoríficos existentes: agregar espacios de oreo, aumentar las instalaciones, incorporar algunas maquinarias y equipamientos de frío. Por eso disponía implementar programas de asistencia financiera para frigoríficos y faenadores y establecía la entrada en vigencia para el 1° de enero de 2022, fecha que luego fue postergada al 1° de noviembre. 

Schiariti, que participó de la reunión realizada ayer en la Rural, señaló que se trata de una decisión unilateral del Gobierno Nacional y que “no hubo tres años de diálogo sobre este tema”. “No hubo ni un minuto de diálogo”, señaló. 

Según dijo, todos están de acuerdo y hay predisposición para evitar que sea una persona la que cargue más de 100 kilos en su espalda, pero que la resolución del Gobierno o se queda a “mitad de camino”. “Lo que se tiene que hacer es obligar a salir de fábrica con cortes anatómicos, pero para eso hace falta una ley y un estudio muy importante en cuanto a la financiación necesaria para que la industria se adecue y también un estudio sobre la logística de distribución”. ¿Así es como se distribuye la carne en los países más desarrollados?, le preguntó este medio a Schiariti. “No en todos. Vengo de Inglaterra donde he visto bajar cerdo al hombro”. 

Por otro lado, cuestionó las “amenazas” que hay sobre quienes no cumplan, que incluyen clausuras de frigoríficos y la pérdida de matrículas para poder faenar y se preguntó si los gobernadores de las provincias “van a permitir que les cierren 370 fábricas”. Según anticipó, el 1° de noviembre “algunos saldrán [con la res] en tercios, algunos con medios mecánicos y muchos otros con ninguna de las dos cosas”. 

En un comunicado oficial, la Camya señaló que al día de hoy la mayor parte de las plantas faenadoras no cuentan con instalaciones adecuadas para realizar el corte de las medias reses. “Los plazos establecidos para su adecuación no han podido cumplirse debido al alto costo y la complejidad de las obras a realizar y por razones ajenas a la industria, tales como la financiación de las obras comprometida por el Gobierno no se ha hecho efectiva”, detalla.   

En la Secretaría señalan que de ninguna manera se oponen a los medios mecánicos para descargar, pero señalan que las carnicerías de barrio no cuentan con esos recursos, por lo que es de esperar que de suspenderse la medida los trabajadores deban seguir cargando la media res al hombro. Señalaron que buscarán coordinar una reunión, aunque no se las han solicitado formalmente.

La cámara de matarifes y abastecedores consideran que la medida propuesta “no ofrece ventajas sanitarias por tratarse de cuartos sin ningún tipo de protección o envase”. “Tampoco genera economías ni mejoras ambientales por mejor aprovechamiento de subproductos ya que los huesos y grasa seguirán siendo trasladados a las carnicerías y desde allí a las graderías del mismo modo en que se lo hace actualmente con las medias reses”. 

Camya  también buscó rebatir el argumento de la asignación más eficiente de la mercadería. “No responde al concepto de abastecer con cortes según demanda ya que los cuartos que integran cada media res se comercializarán en conjunto por falta de capacidad de la industria para organizar su trazabilidad y logística de acopio y distribución”, aseguró.

En la reunión realizada ayer en la Sociedad Rural Argentina estuvieron presentes, además de la Camya, Ciccra, CAF, representantes de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (Cafrisa), de la Cámara de Consignatarios de Hacienda, del Mercado Agroganadero, del Centro de Consignatarios de Productos del País y decenas de matarifes, dueños de frigoríficos y carniceros de todo el país.

DT

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, advirtió este miércoles a las empresas integrantes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) que de “no cumplir con los compromisos asumidos” en la provisión de carne para el programa Cortes Cuidados, no podrán continuar con sus exportaciones.

Así se lo manifestó Domínguez a los integrantes de la cámara empresaria tras una reunión que mantuvieron en la sede de la cartera agropecuaria, tras la decisión unilateral de ABC de discontinuar su participación en el programa pactado con el Gobierno.

“Acabo de terminar la reunión con el Consorcio ABC. Les informé que quienes no cumplan con los compromisos asumidos con las y los argentinos, no podrán continuar exportando carne”, indicó el funcionario nacional en su cuenta de Twitter.

En este sentido, agregó que tomó dicha decisión “en el marco del conflicto bélico que impulsó subas a nivel global en el precio de los alimentos, situación que se suma a la crisis que atraviesa nuestra ganadería por la sequía, los incendios en Corrientes y el faltante de 1 millón y medio de cabezas”.

La Secretaría de Comercio Interior intimó a ABC a mantener el “adecuado cumplimiento del abastecimiento” del plan Cortes Cuidados.

La intimación se produjo luego de que la entidad empresaria anunciara a diversas cadenas de supermercados un “inminente cese” en la provisión de los cortes que integran el programa.

En una nota firmada por el secretario de Comercio, Roberto Feletti, dirigida al presidente de ABC, Mario Ravettino, la dependencia oficial calificó a la decisión de “unilateral, intempestiva e irrazonable” y que “implica incurrir en las conductas previstas en el artículo 4 de Ley de Abastecimiento acarreando un impacto grave sobre el normal abastecimiento de los cortes de carne referidos en las bocas de expendio de consumo masivo minoritario”.

Es por esto que se las intimó a “mantener el adecuado cumplimiento del abastecimiento de los cortes de carnes referidos a los precios oportunamente establecidos bajo apercibimiento de aplicar las medidas pertinentes contempladas en dicho cuerpo normativo”.

En la nota, Comercio Interior fijó también un plazo de 48 horas para que los frigoríficos eleven un informe sobre “las ventas de los cortes del programa Cortes Cuidados realizadas por sus asociados a todos los miembros involucrados en el programa durante el mes de febrero”.

En febrero, el Gobierno nacional renovó el acuerdo con los frigoríficos exportadores y las grandes cadenas de supermercados la comercialización de 6.000 toneladas mensuales de siete cortes de carne vacuna en todo el país, a precios por debajo de los del mercado.

Dicho plan se estableció hasta fin de año, con revisiones a lo largo de este período, la cual la próxima se llevaría a cabo en abril.

A la fecha, los precios acordados eran para la tira de asado de $699; vacío a $749; matambre a $779; falda a $449; tapa de asado a $639; nalga a $799 y paleta a $649.

Con información de agencias.

IG

La titular de la Dirección General de Aduanas, Silvia Traverso, reveló en las últimas horas que entre los 19 frigoríficos denunciados por evasión fiscal hay “algunos frigoríficos importantes y otros no tan grandes; incluso algunos exportadores que no tienen establecimientos”.

En diálogo con FM La Patriada, Traverso afirmó: “Descubrimos que había 19 frigoríficos que exportan mercadería como no apta para el consumo humano cuando en realidad lo era”.

“Las exportaciones iban a China y Hong Kong y hacia algunos otros países, pero el volumen más grande iba hacia China, especialmente”, precisó.

“Había una evasión fiscal, pero además significaba facturar menos y evitar el ingreso de las divisas que correspondían por las exportaciones”, consignó la funcionaria, quien estimó que “las multas son de aproximadamente 6 millones de dólares”.

Por otra parte, recordó que “cuando asumimos nos pusimos como objetivo fortalecer el sistema de fiscalización y control, que estaba desmantelado de la gestión anterior”.

“Para eso, volvimos a fijar valores de referencia, que es un parámetro para fiscalizar; esto nos permite detectar subfacturaciones, una maniobra que termina afectando la producción local y el empleo”, indicó.

En ese sentido, remarcó que “durante la gestión anterior, al debilitar los controles, el fraude encontró un espacio propicio para crecer”.

En tanto, sobre la participación de la Aduana en la llegada de las vacunas contra el coronavirus, Traverso dijo “nuestros verificadores hacen su tarea lo más rápido posible para que las vacunas lleguen a destino a la brevedad”.

Según la funcionaria, “todas las tareas de control y fiscalización se hacen incluso dentro de los mismos aviones, en la pista, hasta que llegan a los camiones que las trasladan a destino”.

“Tratamos de hacerlo en el menor tiempo posible, siguiendo pautas de la Organización Mundial de Aduanas, de manera tal que sale de Aduana esa mercadería entre 90 y 120 minutos desde la hora de llegada”, concluyó.

La AFIP llevó adelante un operativo de fiscalización en los 150 frigoríficos más grandes del país y en el 90% detectó maniobras de subfacturación y/o no declaración de operaciones, según indicó en un comunicado la agencia impositiva, que explicó que los establecimientos investigados por la DGI representan el 72% de la faena total.

“Como parte de los operativos en marcha se detectaron matarifes (usuarios de servicio de faena) que recurrieron al uso de facturas apócrifas, sociedades sin sustancia y prestanombres, para comercializar más de 500.000 cabezas de ganado entre 2018 y 2020”, señaló el texto, que indicó que el monto de las multas se decidirá al terminar el procedimiento.

El anuncio se dio a conocer después de que el Gobierno decidiera el 17 de mayo suspender por 30 días las exportaciones de carne vacuna, una medida orientada a contener la presión sobre los precios que se viene registrando en los últimos meses.

“La industria frigorífica es un sector muy beneficiado por las condiciones internacionales. El Gobierno dispuso un conjunto de medidas para amortiguar el impacto sobre los precios de los principales cortes y garantizar el abastecimiento del mercado interno”, aseguró el comunicado oficial.

La operación de fiscalización involucró en total a 154 frigoríficos, que representan al 40% del país, y que registraron una facturación superior a los $250 millones anuales. Según explicaron las autoridades, las plantas relevadas se encuentran en distintos lugares del país, aunque la mayoría corresponde al AMBA, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

“Los procedimientos iniciados a finales de abril forman parte de las medidas desplegadas por el Gobierno nacional para detectar y desarticular prácticas irregulares que afectan al mercado interno como la subfacturación de operaciones y la utilización de matarifes insolventes”, apuntó la agencia impositiva.

“Los 'usuarios de servicios de faena', que carecen de una condición económica que permita explicar el movimiento de animales realizado, 'contratan' los servicios de frigoríficos. Una de las hipótesis de trabajo explorada por los inspectores de la DGI es que los matarifes sin capacidad económica que recurren al uso de facturas apócrifas constituyen una pantalla para algunos frigoríficos que les permite evadir impuestos y generar créditos fiscales ficticios”, añadió.

De acuerdo con la AFIP, las principales maniobras de evasión son subfacturación de compras, compras no declaradas, utilización de facturas apócrifas, subfacturación de ventas y empleo no registrado.

El conflicto por el precio de la carne

El Gobierno abrió el diálogo con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para buscar una solución a la suba de precios internos de la carne vacuna, en el marco de la discusión desatada tras la decisión de suspender por 30 días las exportaciones, mientras que las entidades que conforman la Mesa de Enlace pidieron una audiencia al presidente Alberto Fernández luego de llevar adelante un cese de comercialización durante 14 días.

A esto se suma que la industria frigorífica exportadora nucleada en el Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC) continúa negociando con la Casa Rosada, adonde elevó una propuesta inicial en la búsqueda de destrabar el conflicto.

La semana pasada, el CAA decidió meterse de lleno en la discusión por el cierre temporal de exportaciones de carne vacuna.

La decisión del Gobierno nacional de suspender las exportaciones se produjo luego de los fuertes aumentos registrados en el precio interno de la carne -que en el último año subió 65% promedio, sensiblemente por encima de la inflación- y por irregularidades detectadas en operaciones de venta al exterior.

El martes pasado la entidad que agrupa a más de 60 organizaciones, asociaciones y cámaras del sector brindó una conferencia de prensa en la que criticó, entre otras cuestiones, la decisión oficial de restringir los despachos al exterior. Allí también pidieron una audiencia con Alberto Fernández, que se concretó un día después, el miércoles, en la que se decidió armar una mesa de diálogo para destrabar la situación.

Según un relevamiento de comercios barriales hecho por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política (Isepci) en lo que va del año el rubro de las carnes continúa liderando los incrementos de precios. “Aún cuando hace pocos días la Secretaría de Comercio prorrogó los precios máximos para los cortes populares establecidos desde enero, estos siguen ausentes en los negocios de cercanía de los barrios populares”, señaló Isaac Rudnik, titular de ese centro de estudios. 

De acuerdo con el relevamiento de CEPA, basado en datos de la Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la variación de los precios nominales de la carne entre abril de 2020 y abril de 2021 fue 66,1%, lo que indica que se movió muy por encima de la variación de precios del período. A la cabeza de los aumentos sobresalen cortes de alto consumo popular como el asado (81,5%), matambre (76,6%) y vacío (74,9%).

CB con información de Télam

Una serie de 12 organizaciones cooperativas de trabajadores que gestionan frigoríficos recuperados propusieron una serie de medidas para bajar el precio de la carne, entre ellas dividir en dos el Mercado de Hacienda de Liniers e incrementar el stock de cabezas de ganado.

Miguel Saavedra, presidente de la Cooperativa de Trabajo Frigocarne, ubicada en Máximo Paz, provincia de Buenos Aires, explicó a Télam Radio diferentes propuestas al respecto, incluyendo la de dividir en dos al Mercado de Liniers para “que no haya puja de los exportadores” y “desacoplar” a estos del consumo interno.

Asimismo, el representante de la nueva organización consideró necesario que se derogue una resolución de 2017 “que suspendía a muchas cooperativas autogestionadas de no poder comprar ni vender” carne al quitarles la matrícula de matarife abastecedor, y avanzar hacia poder “ofrecerle al Estado, a los colegios, a los hospitales, a distintos organismos, carne más barata”.

“Nosotros estamos en posibilidades de poder tener otro precio de la carne teniendo la matrícula y pudiendo comercializarla nosotros mismos”, precisó Saavedra.

Por otro lado, evaluó que la industria necesita tener un incentivo para incrementar la oferta para que el precio sea más accesible: “lo que estamos viendo es que hace más de 30 años las cabezas de ganado siguen siendo las mismas y la población viene creciendo”.

El precio de la carne ha acumulado un crecimiento interanual de 66,1% promedio a abril según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La recientemente formada “Mesa de Frigoríficos Recuperados” representa “1.500 trabajadores y trabajadoras”, y produce alrededor del “5 al 7% de la carne que se faenó en el país el año pasado”, señaló Saavedra.

Las propuestas fueron incluidas en un documento que será elevado ante el gobierno y las cámaras empresariales.

Procuran lograr una representación en la mesa de organizaciones con diálogo continuo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que dirige Luis Basterra, con quién tendrán una reunión este miércoles para analizar la situación del sector y las herramientas disponibles para llegar con mejores precios de la carne a las familias argentinas.

A su vez, de acuerdo con declaraciones a Télam de Eduardo Murúa, titular de la Dirección de Empresas Recuperadas, la mesa también se reunirá con el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) a fin de abordar la agenda de trabajo del sector.

Con información de agencias.

IG

La Dirección General de Aduanas (DGA) informó este domingo que denunció a 19 frigoríficos que realizaron supuestas operaciones fraudulentas de exportación de carne.

En un comunicado, el organismo indicó que “las multas totales impuestas por el organismo de control y fiscalización que depende de la AFIP alcanzan un monto cercano a los US$ 6 millones”.

LA DGA, a cargo de Silvia Traverso, presentó “una denuncia por maniobras de evasión tributaria y por menor ingreso de divisas al mercado cambiario. Las irregularidades de los exportadores de carne bovina se enmarcan en lo que se conoce como declaración inexacta”.

La pesquisa aduanera permitió detectar que los 19 frigoríficos denunciados declararon mercadería en forma incorrecta con el objetivo de reducir la carga tributaria y subfacturar ventas.

Según detalló la DGA, “los frigoríficos denunciados declararon exportaciones de hueso y carne no apta para consumo humano, mercadería que paga un 5% de Derechos de Exportación”.

Al mismo tiempo, la fiscalización realizada por la DGA detectó que “se trataba de alimento apto para consumo humano, productos que tienen una alícuota del 9%”.

La DGA remarcó que “la maniobra fraudulenta implica un perjuicio fiscal para el Estado y también un menor ingreso de divisas”.

“Las multas acumuladas por las presuntas maniobras de evasión y subfacturación de las exportaciones alcanzan los USD 5,8 millones y las exportaciones de las firmas denunciadas tuvieron como destino más de 10 países diferentes, pero los embarques se despacharon fundamentalmente hacia China y Hong Kong”, puntualizó la DGA..

El organismo recordó que “la pesquisa comenzó a mediados de marzo de 2021 durante una verificación física de contenedores con carne para exportar realizada por el área de Investigaciones de la Aduana y los productos estaban declarados como mercadería no apta para el consumo”.

Durante la verificación física, los agentes aduaneros advirtieron que los productos tenían características que daban cuenta de que podría tratarse de carne para consumo humano. Con esa hipótesis, se realizó el control documental donde surgió que los permisos de embarques de las exportaciones de 5 frigoríficos contaban con la certificación del Senasa que avalaba que se trata de carne apta para el consumo humano.

Finalizada esta primera etapa de la investigación, se avanzó con corroborar todos los permisos de embarques de exportaciones que habían salido del país como si se trataran de mercadería no apta para el consumo desde marzo de 2020.

A través de estas maniobras, las firmas denunciadas exportaron mercadería como si se tratara de carne con hueso no apta para consumo humano, que tributa un 5% de derechos de exportación. Las verificaciones y fiscalizaciones de la Aduana hallaron que estos embarques se trataban de alimento apto para el consumo, razón por la que la alícuota es de 9% de derechos de exportación.

Además de la presunta maniobra de evasión impositiva, al declarar exportaciones de productos que tienen un menor valor en el mercado, las maniobras también implicaron un retaceo en el ingreso de divisas al mercado cambiario.

Las denuncias contra los frigoríficos se dan tanto por el perjuicio fiscal al Estado como por ingresar al país determinada cantidad de divisas menor a los que efectivamente correspondía.

En la misma línea, la DGA informó que actualizó la semana pasada los valores referenciales de exportación de carne bovina.

“La medida forma parte de los instrumentos desplegados por el Gobierno permite identificar operaciones de subfacturación en las exportaciones. La decisión coordinada junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura establece nuevos precios de referencia para distintos cortes en el marco del diálogo permanente con distintas cámaras representativas del sector privado”, subrayó el organismo.

La DGA aclaró que “los valores referenciales son una herramienta que permiten detectar operaciones de subfacturación en las exportaciones. De esta forma, la decisión del organismo que encabeza Traverso ofrece una herramienta para desarticular maniobras de evasión de impuestos y prácticas abusivas que afectan el ingreso de divisas al mercado cambiario. Asimismo, los valores de referencia permiten abordar la competencia desleal de aquellos operadores que no cumplen las normas”.

La Resolución General 4998, publicada en el Boletín Oficial, definió una actualización de los valores referenciales fijados en enero por la DGA para cortes como bola de lomo, asado, cuartos trasero y delantero, entre otros.

Los destinos de las exportaciones para los que rige la normativa son China, Japón, Hong Kong, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán.

Los valores referenciales ofrecen un primer control de las declaraciones en resguardo del interés fiscal y permiten detectar desvíos respecto de los valores usuales para mercaderías idénticas o similares.

CRM con información de la agencia Télam y la DGA

En el Gobierno vinculan el aumento de la carne bovina en el mercado interno con exportaciones al margen de la ley. “El diferencial del tipo de cambio oficial y el CCL (contado con liquidación) tentó a empresas a realizar maniobras para quedarse con el diferencial y, de esta manera, ganar mercado”, advierten fuentes oficiales.

“Una de las maniobras realizadas es la creación de empresas fantasmas a partir de la simplificación de trámites”, comentan. “Compañías insolventes realizaron operaciones de exportación de carnes a China, no liquidaban divisas y entraban los dólares vía CCL, obteniendo una gran diferencia, con la que salían a pagar más caras las vacas, compitiendo deslealmente con el resto de los exportadores. Cuando el Estado reclamaba la falta de liquidación de divisas, sólo aparecían personas insolventes”, continúan las fuentes gubernamentales.

“Otras de las operaciones que realizan para aprovecharse del diferencial en el tipo de cambio era subfacturar la mercadería que iba a China”, prosiguen en el Gobierno. “Creaban una empresa fantasma en Uruguay, a la que le vendían la carne subfacturada a China. Desde Uruguay le vendían a China al precio completo, quedando en Uruguay la diferencia, que ingresaba mediante el CCL o en billetes vía Cacciola [compañía de transporte fluvial]. La carne a China se vende a 4.400 dólares por tonelada. Mediante el mecanismo de triangulación vía Uruguay, se la facturaba a la empresa uruguaya a U$S3.400. La empresa fantasma uruguaya la facturaba a China al precio real. Por lo tanto, por cada tonelada exportada, estos operadores se quedaban con 1.000 dólares en Uruguay. Esto les reportaba una ganancia extra ilícita de 80.000 pesos por tonelada, o 2 millones por contenedor. A un exportador fantasma se le interdictaron más de 40 toneladas de carne congelada, lista para ser exportada a China. La mercadería está valuada en más de 150.000 dólares. Sin embargo, hace más de dos meses que nadie reclama por ella, la dejaron abandonada, porque quien reclame por la mercadería quedaría implicado en la denuncia penal por estafa al Estado.”

“La diferencia por hacer trampa les permite a estos exportadores truchos salir a comprar vacas a un mayor precio y recalentar el mercado doméstico”, continúan las fuentes oficiales “Aparecen en el Mercado de Liniers a pagar 40 pesos o más por kilo de vaca en pie. Recordemos que la ganancia por la operatoria ilegal es de 80 pesos por kilo. El aumento del precio de la vaca de menor calidad arrastra hacia arriba a otras categorías de bovinos que comemos los argentinos, como novillitos y vaquillonas, y esto explica en parte la suba tan fuerte que hubo en el precio, y es lo que se quiere ordenar.”

Algunas de las presuntas irregularidades detectadas por las autoridades fueron las siguientes:

* Huachana SRL: en 2021 exportó carne vacuna por 2.500 toneladas. Además, exportó carne de cerdo y carne aviar, lanas y cueros. No ingresó un solo dólar al país, según fuentes oficiales, que calculan unos US$ 50 millones de evasión. Ya había sido suspendida por el Banco Central en 2016 por no ingresar divisas. Tiene 30 toneladas de carne interdictada. Huachana es una empresa santiagueña propiedad de Jorge Karan, empresario de buenos contactos en su provincia. Está en el quinto puesto del ranking de exportadores de carne vacuna sin planta propia en 2021.

* Agrop Negocios SAS (sociedad anónima simplificada, figura legal creada en el gobierno de Mauricio Macri): fue formada el año pasado y envió cortes al exterior en 2021 por 1.800 toneladas. Está acusada de contar con domicilios falsos, según fuentes oficiales. Su gerenta está radicada oficialmente en la villa 1-11-14 y se encuentra bajo investigación. Hay otras tres sociedades más inscriptas en direcciones sospechosas. Las cuatro firmas fueron constituidas por la misma persona con un día de diferencia. Su administradora titular es Mara Alejandra Rojas, de 23 años, y el suplente, César Javier Díaz. Agrop Negocios está séptima en el ranking de exportadores sin planta.

* Grain Fed SAS: creada en 2019 que exportó el presente año unas 600 toneladas. También está acusada de domicilios falsos. Se encuentra 15º entre los exportadores sin frigorífico. Su administradora se llama Rodrigo Martinez y el suplente, Mariano Martinez, ambos de Cañuelas. En un comunicado enviado a elDiarioAR, la firma firma Grain Fed negó “rotundamente estar implicado en algunas de las irregularidades mencionadas”, ala vez que aclaró que “nunca tuvo problemas con su domicilio, ya que el mismo fue constatado el 7 de abril de 2021” y que dicha información consta en el acta n° C02012021 emitida por el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), que depende del Ministerio de Agricultura, Ganderia y Pesca.

* Alpha Estudio Aduanero SRL: está acusada de domicilios apócrifos y vendió al exterior este año 540 toneladas. Tiene 12 contenedores listos para exportar. No operaba desde 2019 y de repente empezó a exportar nuevamente, primero por unos US$ 500.000. Su gerente se llama Fiama Pía Arena, de 28 años, con domicilio a una cuadra de la villa 1-11-14.

* Mocho Pampa Premium SA: firma salteña que exportó en 2021 unas 320 toneladas. Subfacturó U$S 1.000 por toneladas, según fuentes oficiales, que calcula el supuesto ilícito en un total de US$ 320.000. Exporta carne a China, pero a través de una empresa desconocida en Uruguay. Los US$ 1.000 por tonelada entran vía Uruguay a través del CCL. El domicilio adonde factura Mocho Pampa en Uruguay se encuentra en Punta del Este, en la intersección Calderón de la Barca y Molière, no parece ser un domicilio comercial ni industrial. El presidente de Mocho Pampa Premium es Héctor Gustavo Sánchez y el director suplente, Emilio José Gallo.

AR

Este artículo fue modificado el 22 de julio de 2024 para incluir el descargo de Grain Fed.

Los frigoríficos exportadores están desesperados por reactivar el negocio que se les cortó el pasado jueves y por 30 días. Saben que si le presentan al Gobierno una propuesta para bajar los precios internos y para controlar que se cumpla, podrán volver a enviar carne vacuna al exterior antes de ese plazo. Por eso, este 25 de mayo están en permanente contacto y celebrarán una reunión virtual para acercar una oferta de acuerdo entre esta noche y mañana.

Los exportadores consideran que para que el acuerdo incluya más toneladas de carne bovina que el actual (8.000 toneladas mensuales, equivalentes al 5% del consumo local) deben involucrarse también los abastecedores y los matarifes, cuyo negocio está centrado en el mercado interno. Los grandes frigoríficos que venden al exterior tienen capacidad para hacer cumplir el acuerdo de precios en los supermercados, pero influyen poco en las carnicerías. “Es muy difícil controlar ahí”, afirmó uno de los máximos ejecutivos de las principales empresas exportadoras. Los abastecedores y los matarifes aseguran que están fundidos y no pueden proveer cortes de los frigoríficos pequeños y medianos que se dedican al consumo doméstico, por lo que sólo se comprometen a funcionar como canal de distribución de la carne rebajada por los exportadores.

Habrá que ver qué propone finalmente el sector y qué responde el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. “Se sigue negociando, pero no hay definiciones”, comentan en su cartera.

La Mesa de Enlace, mientras tanto, mira esas discusiones desde afuera y analiza prorrogar el cese de comercialización de carne bovina que comenzó el jueves y seguirá hasta el viernes inclusive. No todas las entidades ruralistas aguardan con la misma actitud. Mientras en la Sociedad Rural aclaran que no apoyan el acuerdo que negocian los frigoríficos y barajan la posibilidad de continuar con la protesta, en la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) desestiman la reciente amenaza de dejar de comercializar también los granos y esperan que pronto el Gobierno dé marcha atrás con el cierre de exportaciones.

AR

China, Israel, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Bahrein, Curazao. La carne argentina está en la mesa de cientos de países y en torno a ella se ha construido no solo un negocio que en 2020 generó US$2.977 millones, sino un mito. Sin embargo, las firmas que se encargan de repartir el producto local por todo el mundo —y que, desde este jueves, no podrán hacerlo por 30 días— son unas pocas. 

Según un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, los 10 principales exportadores concentran más del 75% de las ventas al exterior y exhiben algunas curiosidades. Por ejemplo, las dos principales firmas detrás del producto emblema de la Argentina no son argentinas, sino brasileñas. 

El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, o “Consorcio ABC”, es el principal interlocutor del Gobierno en lo que se refiere a carne. Con ellos selló y prorrogó el acuerdo de cortes económicos hasta el 31 de diciembre la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y a ellos les comunicó el lunes pasado el presidente Alberto Fernández la decisión de cerrar las ventas al exterior por 30 días, en un intento por estabilizar los precios internos. La explicación: entre abril de 2020 y el mismo mes de este año la carne aumentó 66% según datos del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), 20 puntos por encima de la inflación general.

Las firmas que integran el consorcio representan más del 90% de las exportaciones de carne. Su nómina de autoridades conduce directamente a ese puñado de empresas señaladas en el informe de la Comisión de Defensa de la Competencia, que fue encomendado en 2016 al economista Guillermo Sabbioni y actualizado por este medio con las últimas operaciones de compra y venta.

De acuerdo con el informe oficial, el proceso productivo de la carne vacuna consta de cinco etapas, pero es frecuente que un mismo actor realice más de una de estas actividades: cría, engorde, faena, depostado y venta minorista. En las etapas iniciales de cría y engorde los datos muestran que predominan los establecimientos de baja escala. Hay alrededor de 205.000 establecimientos, sin embargo el 5% (unos 10.000 establecimientos con más de 1.000 cabezas) concentra el 40% de la producción total.

En las etapas de faena y depostado intervienen los frigoríficos. Según el informe, que toma los registros de Senasa, hay alrededor de 450 en todo el país, con distintas habilitaciones. Solo el 30% está autorizado para exportar y concentra alrededor del 80% de la producción. Por último, en la etapa de venta minorista están las carnicerías y los supermercados.

El informe encuentra que tanto en la etapa de venta minorista como en las etapas de cría y engorde los actores se encuentran atomizados y no se vislumbra que ninguno de ellos pueda tener “poder de mercado”. Detalla que en la venta minorista el 25% del total es comercializado por supermercados y el 75% por carnicerías. El jugador más importante es, de acuerdo con el documento, Carrefour, con una participación de mercado menor al 6%. 

La situación es distinta en el mercado de exportación, donde las 10 firmas más grandes comercializan alrededor del 75% del volumen total. En el primer lugar aparecen dos empresas brasileñas, que lideran el mercado de carnes a nivel mundial: JBS (que toma su nombre de las siglas de su fundador, Jose Batista Sobrinho) y Marfrig, la mayor proveedora de hamburguesas del globo. Representan el 18% y el 13%, respectivamente, de las exportaciones anuales de carne argentina.

Dado que es de 2016, el registro no contempla que JBS vendió luego sus operaciones en la Argentina, Uruguay y Paraguay a la también brasileña Minerva, en una operación de US$300, según la Bolsa de San Pablo. 

Según detalla el portal especializado Bichos de Campos, JBS había consolidado su posición en el país comprando seis frigoríficos exportadores durante el gobierno de Néstor Kirchner. Entre ellos, la emblemática planta de Swift, en Gobernador Gálvez. Más tarde, durante el mandato de Cristina Kirchner, vendió una y cerró el resto, excepto la de Swift, que ahora está en manos de Minerva. 

Marfrig, por su parte, compró en 2020 por US$ 4,6 millones el 100% de las acciones de Campo del Tesoro, un frigorífico bonaerense que, según el registro de la Comisión de Competencia, tenía alrededor del 4% de las exportaciones y estaba dentro de los 10 principales exportadores. Marfrig es dueña en la Argentina también de Quickfood y produce las marcas Paty y Good Mark.

En tercer lugar aparece el frigorífico Gorina, con alrededor del 9% de las ventas totales. Conocida la noticia del cierre de las exportaciones de carne por 30 días, el intendente de La Plata, Julio Garro, manifestó su preocupación por ese frigorífico, que tiene 800 empleados y amenazó con suspender a un tercio de su personal. Los accionistas de la empresa son Carlos y Roberto Riusech, tercera generación de la familia fundadora. Carlos es, además, vicepresidente del Consorcio ABC. 

Con un porcentaje de venta parecido, en torno al 7%, sigue en la lista Arre Beef S.A, de Hugo Borrell —vocal del consorcio ABC— y Ecocarnes S.A, del tesorero de ABC, Omar Solassi, quien también tuvo su paso por el fútbol como vicepresidente segundo de River Plate. 

Si bien Borrell, Riusech y Solassi son titulares de tres firmas independientes en la Argentina, que entre todas representan alrededor del 20% de las exportaciones de carne, son socios en el extranjero. Comparten una firma offshore con radicación en Panamá denominada Mainland Properties Management SA, según se supo a partir de los  documentos filtrados conocidos como Panama Papers. Esta firma fue creada en el año 2010 y tiene domicilio de operaciones en un estudio jurídico contable de la ciudad de Montevideo: J.P. Damiani & Asociados.

Otro de los actores dentro de la grilla de principales exportadores es Friar S.A, que hasta el año pasado pertenecía al grupo Vicentín, de la familia Nardelli, pero fue vendido en septiembre a BAF Capital, uno de los principales acreedores de SanCor. 

La Anónima, empresa supermercadista de la familia Braun de gran expansión en la Patagonia, concentra alrededor del 5% del mercado. Según explicó Federico Braun en una entrevista con Infobae, la empresa empezó a vender su propia carne en los '90 y a exportar los cortes que no se vendían en las góndolas, lo que hoy representa el 20% de su facturación.

El mapa trazado por la Comisión de Defensa de la Competencia se completa con el frigorífico cordobés Logros, de la familia Grimaldi, y con Frigorífico Rioplatense, de Rodolfo Costantini (hermano de Eduardo Costantini, creador de Nordelta y presidente de Consultatio). La planta de Tigre de este último frigorífico recibió en diciembre pasado al gobernador boanerense Axel Kicillof y al ministro de Desarrollo Productivo, a los que se sumó vía zoom el presidente Alberto Fernández. En esa oportunidad  el Consorcio ABC anunció un plan de inversiones por US$187 millones para multiplicar las exportaciones en los próximos años algo que, por estos días, en pleno paro agropecuario, podrían revisar. 

DT

El acuerdo entre el Gobierno y los frigoríficos para ofrecer durante las fiestas de fin de año tres cortes de carne populares con precios subsidiados hasta en un 30 por ciento es apenas el aperitivo de la verdadera guerra por la formación de precios de la industria que llegará en enero, según coincidieron fuentes del gobierno y de la industria.

A partir del sábado 19 de diciembre, los frigoríficos exportadores de carnes ofrecerán hasta 1.300 toneladas en cortes de asado, vacío y matambre a través de 1.600 bocas de expendios en todo el país, detalló ante la agencia Telam el viernes 11 la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

“Anunciamos un programa de precios para tres cortes parrilleros, con baja de precios hasta un 30%”, dijo Español y precisó que la oferta alcanza al asado, que se podrá comprar a $349 el kilogramo; vacío a $459 y matambre a $479.

Pero el volumen de carne que los frigoríficos exportadores pondrá a disposición del mercado interno a precios subsidiados refleja que el acuerdo es apenas una tregua navideña. Y que la verdadera discusión –como desdolarizar el precio de la carne que está atado al precio internacional— sólo comenzará a tratarse el año próximo.

Para tener una idea comparativa del significado de la oferta, hay que considerar que, en noviembre, se produjeron 285 mil toneladas res con hueso de carne vacuna, de acuerdo a cifras oficiales de la industria. Y en octubre, las exportaciones de carne vacuna equivalieron a 59 mil toneladas, es decir, casi 60 veces más de lo que podrá adquirirse a valores inferiores en un 30 por ciento al precio de mercado.

De hecho, un día antes del anuncio hasta el presidente Alberto Fernández sugirió que el acuerdo era escaso en una entrevista con C5N el jueves 10 de diciembre.

“Le pedí a (Matías) Kulfas que por favor involucremos más cortes, no solamente tres,” dijo Fernández. “En el año 2007 hicimos un acuerdo con los productores de carne y logramos que alrededor de 11 o 14 cortes, no me acuerdo cuántos eran, entrarán en un sistema de precios cuidados”, dijo el mandatario. 

Fernández especificó en esa misma entrevista “cuál es el peor problema que tenemos hoy” para controlar la inflación. “Los precios internacionales de los alimentos están teniendo una suba importante,” dijo. “Y ese aumento de los precios internacionales de los alimentos termina repercutiendo en el mercado interno.”

Los datos de la industria de la carne son claros a la hora de revelar el diagnóstico. El precio del ternero de destete paso de 100 pesos el kilogramo en marzo hasta los 150 pesos en noviembre. Y el aumento del precio internacional de las commodities agropecuarias llevo, por ejemplo, a que el precio del maíz, que se utiliza para engordar el ganado, costara 8 pesos por kilo en marzo y 15 pesos en noviembre, casi el doble.

Con estas subas, no sorprendió que el precio promedio de la hacienda en pie subiera en noviembre 11% con relación a octubre, acumulando una suba de casi 50% en los últimos cinco meses. En Liniers, los productores se mantuvieron vendiendo sus animales en un valor constante dólares corrientes de alrededor de USD 1,40/kg, gracias a que el precio de exportación se ubicó en los últimos cuatro meses a un valor promedio de USD 3,40/kg

Por eso los aumentos de los precios en pesos no significaron una caída en el consumo. La oferta de los productores se mantuvo constante y en alza durante los primeros once meses apuntalada por una demanda sostenida de las exportaciones que vino a suplantar la caída en la demanda interna por el alza de los precios. Mientras que en marzo se exportó un 26% del total producido de carne, en octubre ese porcentaje fue de 30,6%.

“La presión de la demanda de exportación aumentó su importancia en 4,8 puntos porcentuales, con lo cual las exportaciones presionan sobre el precio de la hacienda, que normalmente va a el consumo,” según detalló el informe de noviembre de la cámara del sector (CICCRA). “La participación de los embarques al exterior en el total producido habría ascendido a 28,1%, convirtiéndose en la más alta de las últimas décadas”, dijo el texto.

El cambio histórico en la ecuación hizo que el consumo de carne vacuna por habitante llegará por primera vez en noviembre a un piso récord de 50,2 kg/año, cuando el promedio histórico de los últimos 20 años es de 60 kilos por habitante/año.

“Tenemos que hacer un acuerdo con los productores de alimentos,” dijo Fernández. “Los productores de alimentos producen en pesos, pagan sueldos en pesos, no tiene nada que ver cómo varía eso y cómo varía en términos de dólar. Tenemos que llegar a un acuerdo porque la inflación es un problema”, agregó.

Desde el Ministerio de Producción alertaron que ese acuerdo sólo comenzará a trabajarse en enero, cuando la secretaria Español aglutine un equipo multiministerial para comenzar a trabajar un acuerdo global.

Cuando la actual gestión asumió en diciembre de 2019, “la inflación era del 54% y vamos a cerrar el 2020 con 20 puntos menos,” dijo Español. “Eso es un trabajo que se hace en conjunto en el gabinete económico, en donde se trabaja con toda la cadena de valor, con la política monetaria y fiscal”, amplió.

PG