El CEO global de JP Morgan, Jamie Dimon, finaliza este viernes su vista a Buenos Aires con una cena con el presidente Javier Milei. Antes se reunió esta mañana con el ministro de Economía, Luis Caputo, que allá por los 90 trabajó cuatro años en el mayor banco norteamericano, semillero de altos funcionarios de la administración libertaria.

No por casualidad, JP Morgan eligió organizar en la Argentina una cumbre regional de negocios, con grandes empresarios de la Argentina, Brasil, Chile y ex altos funcionarios de EE.UU., la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice, y Reino Unido, el exprimer ministro Tony Blair, que ahora alterna entre lobbysta de gigantes tecnológicos como Oracle y eventual futuro interventor de paz en Palestina. Todos junto con el expresidente Mauricio Macri celebraron ayer una gala en el Teatro Colón. Milei puso de moda al país para la ultraderecha y el establishment en el mundo con su motosierra contra el Estado y su sed de desregular mercados, pero también justo este domingo se pone a prueba su popularidad entre los argentinos y, por tanto, su porvenir.

Para asegurar su continuidad en el poder, el presidente de EE.UU., Donald Trump, le dio a Milei varios apoyos. De la mano de su secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, otro hombre con pasado en Wall Street, vendió hasta US$2.000 millones en el mercado cambiario argentino para contener una devaluación que hubiese arruinado las perspectivas electorales de La Libertad Avanza (LLA). También firmó esta semana un swap (canje de monedas) de hasta US$20.000 millones que reforzará las alicaídas reservas del Banco Central cuando este quiera activarlo. Y, por último, garantizará un crédito de otros US$20.000 millones que preparan JP Morgan, Citi, Bank of America y otras entidades para que la Argentina, a su vez, use el dinero para pagarles a los bonistas en 2026.

EE.UU. tiene una línea de garantías para préstamos que se inviertan en educación. En este caso, no se usaría directamente en eso sino en pagar la deuda. Pero como el dinero es fungible, el gobierno de Milei podrá decir que lo usa en cuestiones educativas, quizás en cubrir el ajustado presupuesto universitario, mientras que utiliza lo que iba a ir a las casas de altos estudios para abonar a los bonistas. Además, podrá argumentar que si el Estado logra una ganancia financiera tomando este préstamo y recomprando su deuda, la destinará a la educación.

Pero con esa garantía de EE.UU. no basta. Dimon quiere otras dos. Una es que la Argentina le asegure que devolverá el dinero. Con Milei eso se da por descontado. Ha ajustado casi todo el gasto público en estos dos años de gestión, pero siempre dio prioridad de cobro a los acreedores. Pero la pregunta es qué pasará en 2027. Incluso qué sucedería si LLA sufre una dura derrota este domingo y tiembla la estabilidad del Gobierno. No por nada, Trump dijo que si perdían las elecciones, no sería generoso con la Argentina. Es decir, olvídense de la garantía al financiamiento.

Pero incluso si la hay, también se suelen pedir en estos casos garantías colaterales. Porque el gobierno de EE UU quiere asegurarse también de que el país deudor pague y así no tener que salir a cubrir gastos ajenos. Más en esta coyuntura en la que la oposición demócrata ha puesto en primera plana de la agenda pública norteamericana su cuestionamiento a la ayuda republicana a Milei.

El Tesoro de EE UU no suele prestar a otros países. Entre sus últimos rescates figuran el de Uruguay en su crisis de 2002 y el de México, en el efecto tequila en 1995. En aquel entonces, el gobierno del demócrata Bill Clinton le pidió al mexicano una garantía colateral: el dinero de las exportaciones de petróleo, donde la empresa estatal Pemex controla el mercado. Vaya a saber qué le pide a la Argentina, donde el campo viene reclamando que le saquen las retenciones de forma definitiva.

No como garantía, pero en paralelo, Bessent le viene reclamando a Caputo que barra con las inversiones chinas en la Argentina y ponga en su lugar a las estadounidenses. Por más que en público, el secretario sólo haya reclamado contra un eventual puerto chino en Tierra del Fuego y contra la estación de observación espacial de una empresa militar del gigante asiático en Neuquén. Pero Bessent quiere que las compañías de su país accedan al uranio argentino y provean de tecnología a las firmas de telecomunicaciones.

Hasta ahora Telecom, de los dueños de Clarín, vienen contratando a la china Huawei. En uranio, a su vez, tienen presencia la estatal Nucleoeléctrica Argentina (la de las centrales nucleares), que preside Demian Reidel, otro ex JP Morgan; Corporación América, de Eduardo Eurnekian, exempleador de Milei; la estadounidense UrAmerica y la canadiense Blue Sky Uranium.

AR/MG

La compañía de telecomunicaciones Claro Argentina, filial de la mexicana América Móvil, objetó la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom Argentina, confirmaron a EFE fuentes oficiales y de la empresa.

Claro Argentina hizo una presentación al respecto ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de Argentina, confirmaron a EFE fuentes de ese organismo regulador.

El pasado 24 de febrero, Telecom Argentina compró la filial del grupo español Telefónica por 1.245 millones de dólares (1.153 millones de euros), una operación que está bajo evaluación del Enacom y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que estudian la posible configuración de un monopolio en el sector.

Fuentes de Claro consultadas por EFE indicaron que la empresa pidió al Enacom deje sin efecto la ejecución de la compraventa hasta que el organismo regulador expida una autorización a la operación.

La filial de América Móvil, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, alega que las operaciones de compraventa de empresas de telecomunicaciones deben contar con una autorización previa del organismo regulador.

La ley Argentina Digital, sobre tecnologías de la información y las comunicaciones y aprobada en 2014, establece en su artículo 13 que cualquier transferencia o cesión de licencias y toda modificación de las participaciones accionariales deberán ser autorizadas de forma previa por la autoridad de aplicación de la norma, “bajo pena de nulidad”.

Claro también solicitó al Enacom que los permisos de uso de espectro de bandas para comunicaciones móviles sean excluidos de la compraventa dado que Telecom Argentina “ya cuenta con el máximo de acumulación de espectro de estas bandas”.

Asimismo, Claro alega que la licencia de servicio telefónico básico que posee Telefónica Móviles Argentina “requiere de autorización previa para su transferencia de control”.

Si bien Telecom Argentina ya concretó el pago por la compra de la filial de Telefónica, la integración de ambas empresas ha sido suspendida de forma preventiva, en principio por seis meses, a partir de una resolución adoptada el pasado 25 de marzo por la Secretaría de Industria y Comercio de Argentina.

Telecom tiene como principales accionistas a Cablevisión Holding (empresa controlada por el grupo de medios Clarín) y al fondo Fintech Telecom (controlado por el empresario mexicano David Martínez).

Telefónica y Telecom dominan el mercado argentino de las telecomunicaciones desde que en 1989 el entonces Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) privatizó la empresa estatal de telefonía y dividió en dos regiones al país para otorgar los servicios a estas dos empresas.

Según el Gobierno de Javier Milei, la participación resultante de la integración de las dos empresas implicaría una concentración del 61% en el mercado de telefonía móvil y del 69% en telefonía fija, mientras que en los servicios de internet residencial la concentración podría llegar al 80% en algunas zonas del país.

Claro compite en este mercado con servicios de telefonía móvil y de internet.

MM con información de la agencia EFE.

El gobierno de Javier Milei suspendió este viernes los efectos de la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom. El argumento oficial es la prevención de una concentración excesiva en el mercado de las telecomunicaciones. Sin embargo, el trasfondo es más complejo: el conglomerado que controla Telecom es el Grupo Clarín, y la operación convertía a su filial en el actor dominante en los principales servicios del sector, en un contexto de creciente tensión entre Milei y la mayor corporación mediática del país.

La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente y avalada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Según el comunicado, la fusión habría derivado en una participación de mercado del 61% en telefonía móvil, 69% en telefonía fija y hasta 80% en internet residencial en algunas regiones del país. La operación, valuada en US$1.245 millones, ya había sido cerrada por ambas compañías el 24 de febrero.

Para Clarín, la fusión era una estrategia defensiva frente al ingreso de grandes jugadores globales como Starlink (Elon Musk), Amazon o América Móvil, y apuntaba a consolidar infraestructura y ampliar la cobertura ante una competencia creciente. Pero para el Gobierno, la fusión generaba un “riesgo de monopolio” que habilitó una inusual intervención del Estado en un sector donde Milei había prometido desregulación y “libertad de mercado”.

Monopolio bajo sospecha

El conflicto no es nuevo. Desde hace meses, el Presidente viene mostrando hostilidad creciente hacia Clarín, con críticas explícitas a sus periodistas y medidas fiscales contra el sector. El caso de Telecom no es la excepción. A pesar de que el discurso libertario rechaza los controles estatales, esta vez Milei decidió marcarle el límite al holding de Héctor Magnetto, con quien la relación atraviesa su momento más tenso.

La decisión del Gobierno se da, además, tras la denuncia de Telecentro ante la CNDC, donde alertó que la fusión viola la Ley de Defensa de la Competencia (27.442) y ubica al grupo fusionado con participaciones dominantes: 79% en telefonía fija, 61% en móvil, 48% en banda ancha y 42% en TV paga.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) también deberá intervenir. Paradójicamente, fue intervenido por decreto por el propio Milei con el fin de “desburocratizar y liberalizar el sector”. Hoy, esas herramientas de control que el gobierno concentró en el Ejecutivo son las mismas con las que pone freno a la mayor operación empresarial del año.

Desde el Gobierno destacan que la medida “resguarda los derechos de los usuarios y consumidores” y preserva la “libre concurrencia en el mercado”. Pero en la práctica, se trata de un bloqueo directo a una nueva consolidación del Grupo Clarín, que venía de lograr históricas fusiones durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Mauricio Macri: primero con Multicanal-Cablevisión, luego con Telecom-Cablevisión.

Para Martín Becerra, especialista en medios y telecomunicaciones, la operación convertía al grupo en un “gigante sin precedentes” del sector infocomunicacional. Según el Global Media and Internet Research Project, sumando los ingresos de Telecom y Telefónica, el conglomerado controlaría más del 55% de la facturación total del sector, que en 2023 superó los US$8.100 millones.

El contraste con la prédica libertaria de Milei es notorio. “El monopolio es malo si lo impone el Estado”, dijo en el pasado, defendiendo la concentración privada. Pero en este caso, la línea se cruza. Clarín es Clarín. Y Milei parece dispuesto a dar la batalla.

JJD

Con la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom, controlada por los accionistas del Grupo Clarín, emerge un gigante sin precedentes en el sector infocomunicacional. Si bien hace meses había fuego cruzado entre el entorno de Javier Milei y el conglomerado de Héctor Magnetto, el hecho consumado sacudió a la Casa Rosada, que reaccionó en caliente con un comunicado que denuncia que la operación podría dejar “el 70% de los servicios de telecomunicaciones en un solo grupo económico, lo que generaría un monopolio”, que el Gobierno alega que quiere evitar. En este caso parece que el mercado no se regula solo.

Desde Madrid, Telefónica dio por cerrada la operación en US$1.245 millones: “La firma y cierre de la transacción ha tenido lugar simultáneamente en el día de hoy”, sentenció. La sucursal argentina integra Telefónica Hispanoamérica, división que la casa matriz intenta vender desde hace años para afrontar el pasivo del grupo y focalizar sus inversiones en activos más redituables.

Sería ilógico que Telecom haya avanzado con el pago por Telefónica sin garantías de validación oficial. Pero, en una nueva jornada de frenética actividad en X, el presidente Milei amplificó críticas a esta concentración y anunció una evaluación rigurosa por parte de dos oficinas estatales que deben intervenir: el ente de las comunicaciones ENaCom y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Para Clarín y Telefónica el asunto está concluido; para Milei, no.

Lo irónico es que Milei decretó una mayor relajación de las normas que autorizaban a controlar la distorsión del sector de las telecomunicaciones cuando se detecta que la concentración excesiva produce “poder significativo de mercado”. De todas formas, aún recortadas en sus objetivos, tanto la Ley 27.078 de Telecomunicaciones y TIC -sancionada en 2014 por el Congreso-, como la de Defensa de la Competencia, habilitan la injerencia de organismos estatales hoy dirigidos por delegados del Presidente.

La venta de Telefónica involucra los mercados de comunicaciones móviles, conectividad a Internet, telefonía fija y tv de pago. En total, esos sectores facturaron más de US$8.100 millones en 2023. Sumadas, Telecom y Telefónica controlan más del 55% de esos ingresos. Su principal competidor es Claro (América Móvil), que opera fundamentalmente en el segmento móvil, del que es líder en usuarios y en ventas. Sus servicios fijos de conectividad y tv paga, aunque en franca expansión, por ahora no le hacen sombra a la concentración de fuerzas de Telecom y Telefónica.

Tomando en cuenta el ejercicio de 2023 (los balances 2024 aún no están disponibles), la participación conjunta de Telecom y Telefónica oscila entre el 40% y el 80% de los mercados de telecomunicaciones y TIC en el país. Los datos reunidos por el equipo argentino del Global Media and Internet Research Project muestran que, a nivel nacional, Telecom y Telefónica superan el 60% de lo que recaudan las comunicaciones móviles, el 45,3% de la conectividad fija a Internet, el 79% del servicio básico de telefonía y el 41% de la tv de pago (donde Telefónica, a través de Movistar, cuenta con una participación de sólo el 4%). Por supuesto, hay provincias donde la incidencia de ambas compañías es mayor y hay casos donde puede hablarse, sin eufemismos, de monopolio.

A su vez, la adquisición de Telefónica de Argentina comprende recursos estratégicos, como las bandas de espectro asignadas para servicios móviles, una extensa red de infraestructura física, personal y hasta posesiones inmobiliarias. Fuentes cercanas a Claro, de Carlos Slim, insistían en que la capacidad operativa de su empresa quedará dañada, al tener atribución sobre una porción menor del espectro asignado a móviles, mientras que la suma de Telecom y Telefónica excede con creces los límites establecidos por la regulación vigente. Slim también estaba interesado en comprar Telefónica de Argentina y fue uno de los financiadores de la campaña electoral de Milei.

Los accionistas del Grupo Clarín acreditan una dilatada experiencia en materia de concentraciones, ya que han protagonizado los tres principales movimientos de consolidación del mercado infocomunicacional en este siglo con gobiernos de distinto signo. En 2007 lograron que el expresidente Néstor Kirchner autorice la fusión entre Multicanal y Cablevisión, del fondo Fintech propiedad de David Martínez, desde entonces socio minoritario de Magnetto. Eran tiempos de romance entre el kirchnerismo y el grupo, antes de la asunción de Cristina Fernández, en cuyos gobiernos se desataría un enfrentamiento todavía activo. Diez años más tarde de aquella fusión, Mauricio Macri facilitó la unión de Cablevisión con Telecom (cuyo control ejercía, curiosamente, Martínez), nuevamente en beneficio del Grupo Clarín.

Cada una de esas concentraciones fue, en su momento, la mayor de la historia argentina del sector. Hoy, con la obtención de Telefónica, revalidan su título de “campeones nacionales” capaces de aventajar en el modesto mercado local a potentes competidores de despliegue hemisférico, como lo fue en su momento Telefónica y como lo es América Móvil. Por supuesto, la expansión de Clarín no hubiese sido posible sin haber conquistado, previamente, el predominio de los medios de comunicación.

La concentración de poder de Clarín molesta a Milei. Aunque defiende a los monopolios privados en sus viajes internacionales a foros de la ultraderecha (“el monopolio es malo cuando es un monopolio impuesto por el Estado, no cuando hay un solo oferente. Cuando hay un solo oferente, de hecho, lo dice el propio Mises: enójense con el resto de los empresarios que no están ofreciendo el producto, no con el único que está ofreciéndolo”, dijo en julio pasado en la República Checa), desde hace meses que muestra fastidio con Clarín.

En octubre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, denunció que una auditoría del ENaCom (intervenido por Milei) detectó serias fallas en el cobro de aportes al Fondo de Servicio Universal (FSU) por parte de Telecom y Telefónica, mientras que anunciaba una licitación 5G con la idea de “desconcentrar” el mercado, donde sugirió que las principales operadoras tenían conductas anticompetitivas. También dijo que iban a eliminar la exención del IVA a empresas periodísticas. En simultáneo, Milei aprovechaba una de las amenas charlas con animadores del propio Grupo Clarín en TN para descargar su cólera contra Marcelo Bonelli, quien es la voz editorial en temas económicos de Magnetto.

Política y negocios vuelven a cruzarse en una nueva jugada osada del Grupo Clarín, que provoca a un presidente que parece excitado ante el desafío de bloquearla. Los titanes están en el ring.

Fuentes del Grupo Clarín, propietario de Telecom Argentina, que este lunes anunció la compra de Telefónica Argentina, dijeron a elDiarioAR que la operación servirá para que la empresa “pueda recuperar infraestructura, posicionamiento, tecnología y ser competitiva”; indicaron que Telecom y Telefónica en nuestro país “son complementarias en áreas geográficas, con lo cual en muchos casos ni va a cambiar el market share (la participación del mercado)”, y resaltaron que el conglomerado de medios, de esta manera, se “prepara para competir con los grandes que están desembarcando, o sea Elon Musk, que tiene pisada en toda la Argentina, y en realidad en todo el mundo, además de Amazon y DirecTV”.

“[La operación] tiene mucha racionalidad”, resaltaron, en diálogo con este medio. 

“De hecho, si uno observa el valor de capitalización de las dos compañías, esto se puede apreciar fácilmente: el de Telecom alcanza los US$7.300 millones y el de Telefónica es de alrededor de US$1.000 millones. Cuando uno mira algunos de los competidores que se mantienen o acaban de ingresar al mercado argentino, esos valores de capitalización son elecuentes: AMX, la dueña de Claro, alcanza los US$87.000 millones. Y Starlink, la promocionada oficialmente prestadora de servicios de banda ancha y comunicaciones móviles de Elon Musk, alcanza los US$350.000 millones”, remarcaron.

Telefónica de Argentina Sociedad Anónima (TASA), indicaron, “desde hace cinco años que está en venta y su casa matriz, con vocación de salir de la Argentina”. “Como expuso la semana pasada la publicación especializada regional DPL News, los 'planes de abandono de Telefónica de América Latina exponen la difícil sostenibilidad del sector'”.

En la Argentina, señaron las fuentes de Telecom a elDiarioAR, “ya hubo dos antecedentes de adquisiciones y fusiones en este sector que fueron parecidas y terminaron mejorando la infraestructura y los servicios”.

En relación con el comunicado del gobierno de Javier Milei, señalaron que “esta adquisición se va a presentar a los organismos reguladores, como indica la normativa” y que “lo que se busca es un proceso de capitalización, inversión y modernización de la compañía”.

Remarcaron que “el Gobierno se ha manifestado reiteradamente a favor del ingreso de operadores extranjeros de telecomunicaciones y también de la necesidad de inversión privada en infraestructura, por lo que una inversión directa de US$1300 millones, más inversiones anuales de cientos de millones en la misma moneda, para tener las redes de conectividad más modernas de la región, en beneficio de usuarios y empresas, sin duda es algo favorable”.

“Gran parte de la estrategia oficial es la atracción de compañías tecnológicas, de IA y de software para que inviertan en el país. Esta operación generará una externalidad positiva para el país sin gastar fondos públicos”, vaticinaron.

JJD

Telefónica Hispanoamérica anunció la venta de su filial en Argentina a Telecom, del Grupo Clarín, en una operación valuada en US$1.245 millones. La empresa española justificó la decisión como parte de su estrategia de reducir exposición en la región y generar valor para sus accionistas.

La transacción, que se firmó y cerró en el mismo día, deja a Telecom con un dominio significativo del mercado de telecomunicaciones en nuestro país. Ante esta situación, el gobierno de Javier Milei emitió un comunicado advirtiendo que investigará la operación a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

Desde la Casa Rosada alertaron que la compra podría generar una concentración del 70% del mercado en manos de una sola empresa, lo que “iría en contra de la libre competencia” y atentaría contra la lucha del Gobierno por reducir la inflación. Además, el Ejecutivo remarcó que Telecom creció gracias a “décadas de beneficios estatales”, una línea de argumentación que Milei ha usado recurrentemente contra empresas que, a su juicio, se vieron favorecidas por el intervencionismo estatal.

La composición accionaria de Telecom es en un 40% del Grupo Clarín; otro 40%, de Fintech Telecom LLC, y el restante 20%, de acciones públicas en la Bolsa.

La reacción del oficialismo marca un giro en su postura de desregulación del mercado, al menos en este sector. Mientras Milei eliminó regulaciones en múltiples áreas, el comunicado sugiere que en telecomunicaciones el Ejecutivo está dispuesto a intervenir. No es un dato menor que la inflación del rubro comunicaciones cayó en enero a 2,3%, luego de un 15,6% en diciembre de 2023, según el propio Gobierno.

La venta de Telefónica marca el fin de una era para la empresa española, que había llegado al país con la privatización de Entel en los años ‘90. La firma mantendrá presencia en otros mercados de la región, pero Argentina deja de ser parte de su portafolio.

El desenlace de la operación dependerá ahora de la evaluación de los organismos de control, en un contexto en el que la administración de Milei busca equilibrar su prédica ultraliberal con la necesidad de evitar que una mayor concentración derive en aumentos de precios y menor competencia en un servicio esencial.

Comunicación oficial a la CNV

Telecom Argentina le comunicó la operación formalmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV), confirmando la adquisición del 99,9996% de las acciones de Telefónica Móviles Argentina por US$1.245 millones. La empresa señala que esta operación le permitirá continuar con el desarrollo de la infraestructura digital en el país, potenciando la banda ancha fija y móvil, expandiendo la fibra óptica y acelerando el despliegue del 5G.  

Para financiar la compra, Telecom obtuvo dos préstamos por US$1.170 millones: uno sindicado otorgado por BBVA, Deutsche Bank y Banco Santander, y otro bilateral del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) en Argentina. La operación será revisada por las autoridades regulatorias, en línea con la advertencia del Gobierno sobre la posible conformación de un monopolio en el sector.

JJD

Es bien sabido que La Libertad Avanza hace de la prensa su blanco predilecto. “Pauteros”, “ensobrados”, “mentirosos” son solo algunos de los insultos utilizados en las filas libertarias a la hora de hacer referencia a los periodistas que osan delinear alguna crítica hacia el gobierno de Javier Milei. Dardos casi siempre dirigidos a personas, que en contadas ocasiones —como en el caso de la eliminación de la pauta oficial o, más simbólicamente, en el regocijo del Presidente ante la crisis de Perfil— llegaron a traducirse en acciones contra los intereses concretos de los grupos mediáticos. Sin embargo, algo de eso parece haber comenzado a cambiar esta semana.

Todo arrancó el domingo pasado, cuando Milei volvió a poner en tela de juicio el trabajo de los medios. Durante una entrevista con el canal TN, el mandatario cargó contra el periodista de esa misma señal Marcelo Bonelli, a quien acusó de mentiroso por haber aventurado en una de sus columnas del diario Clarín que la salida de Mario Russo del Ministerio de Salud no había tenido que ver con un tema de gestión, sino con una supuesta denuncia de corrupción. “Por cuestiones personales y de funcionamiento, él decidió renunciar. Es un profesional enorme, honesto, una buena persona, y Bonelli dijo que lo eché por chorro”, lanzó el Presidente, visiblemente enfurecido.

Pero lo que puede ser intepretado como un cruce más de Milei con un periodista, terminó yendo más allá. Al día siguiente, el Gobierno dio a conocer una medida que puso en la mira a los medios, entre ellos al Grupo Clarín: la eliminación de la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para diarios, revistas y medios digitales, con la pretensión oficial de aumentar la recaudación en aproximadamente $264 mil millones. En un principio, se especuló acerca de una pronta judicialización de la medida, ya que se trata de una potestad que corresponde al Congreso. Sin embargo, este viernes, el oficialismo confirmó que incluirá el tema en la discusión del Presupuesto 2025.

“Con esta modificación, los sujetos que realicen las actividades referidas pasarán a tributar el IVA, sin ninguna ventaja con respecto al resto de los actores económicos”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni el lunes pasado, durante la misma conferencia en que informó también la disolución de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la reducción de más de 3100 cargos públicos, a partir de la creación de la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Entre los críticos más duros de la movida del Gobierno contra los medios estuvo el legislador Juan Manuel López, de la Coalición Cívica. “Milei, el alumno de Néstor Kirchner, ataca a los medios y privilegia a los empresarios amigos”, escribió en su cuenta de X, en donde abrió un “hilo” en el que detalló otros sectores que tienen exenciones que podrían eliminarse. Entre ellos, mencionó al régimen de Tierra del Fuego y su “escandaloso” costo fiscal.

Pero la mojada de oreja de Milei a Clarín no se quedó ahí. Durante su conferencia del lunes pasado, Adorni también informó que se detectaron irregularidades en el cobro de aportes al Fondo de Servicio Universal (FSU), un mecanismo destinado a reducir las brechas de acceso a los servicios de telecomunicaciones e internet en el país. Sostuvo que las empresas Telecom (mayoritariamente propiedad del Grupo Clarín) y Telefónica deben más de $3.000 millones. Además, se derogaron varias regulaciones de obligatoriedad en la provisión de canales en la televisión paga, que exigía incluir todas las señales de noticias en la grilla de programación de la TV.

Así y todo, el gesto más simbólico fue otro: la designación en la nueva Dirección General de Impositiva (DGI) de Andrés Edgardo Vázquez, un controvertido funcionario que trabajó en la AFIP bajo el mando de Ricardo Echegaray y que es recordado por un megaoperativo que realizó el ente recaudador, ahora extinto, en 2009 frente a la sede central del Grupo. De fluidos lazos con el submundo de la inteligencia, Vázquez estuvo al frente de esa inspección, en plena pulseada del gobierno kirchnerista con Héctor Magnetto. Ahora, llegó a la cúspide de la flamante DGI con la venia del asesor presidencial Santiago Caputo. 

Arsat y 5G

El Gobierno tomó también esta semana una decisión vinculada al negocio de las telecomunicaciones: poner a disposición los 100 megahertz (MHz) de espectro que el Estado le había reservado a la empresa Arsat para comunicaciones móviles y que no se están utilizando, además de los 50 megahertz que pertenecían al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que serán destinados al servicio de telefonía 5G. Sin embargo, según explica desde el Gobierno, el procedimiento de licitación “todavía no está definido”.

“Tenemos habilitados el ingreso de capitales privados en ARSAT hasta el 49%. Tiene cuatro unidades de negocio: la fibra, el espectro, el data center y el satélite”, dijo el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, una figura clave en las pretenciones privatizadoras del gobierno de La Libertad Avanza. “Mientras más competencia, más vas a facilitar que haya jugadores, servicios, tarifas”, añadió.

Desde el comienzo de su gestión, el Presidente busca centralizar el control sobre las relaciones con las empresas del sector de telecomunicaciones y dirigir el proceso de licitación del 5G, un terreno en el que ya pisan fuerte Claro, Telecom y Telefónica. Para ello, fue fundamental una maniobra: la intervención del Enacom, encabezado desde enero por Juan Martín Ozores. Un mes más tarde, a través de un decreto, el oficialismo autorizó a empresas como Starlink, del magnate estadounidense Elon Musk, a prestar servicio de internet vía satélite en el país.

PL/DTC

Hace unos días circuló en TikTok un video con declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado en la reunión del Council de las Américas donde mencionó, una vez más, a la empresa del empresario sudafricano.

Federico Sturzenegger dijo, textual: “Starlink Argentina no podía proveer Internet satelital porque había un papelito que le prohibía proveerlo. Ese papelito decía que no se podía ofrecer servicios satelitales de internet si EE.UU. no generaba una reciprocidad en el acceso de nuestros satélites, que creo que no tenemos para el territorio americano”. 

Hace 64 años que Argentina cuenta con una cobertura masiva de satélites.

En los 70 la transmisión de eventos deportivos en otros países –las peleas de box de Nicolino Loche, las carreras del Lole Reuteman, los partidos de fútbol– se transmitían utilizando la legendaria “Estación Terrena de Balcarce”, que utilizaba una tecnología heredera de la transmisión de la llegada del hombre a luna.

El mundo era bipolar. Nuestro país no fue siempre democrático, pero siempre fue capitalista. Aunque pasamos el 60% del tiempo transcurrido entre 1930 y 1983 en dictaduras o gobiernos ilegítimos, Argentina siempre fue parte de occidente.

Esa pertenencia llevó a que nuestro país formara parte del consorcio International Telecommunications Satellite Organization (Intelsat), una organización intergubernamental del mundo libre fundada el 20 de agosto de 1964 que perduró hasta el 2001. Intelsat prestaba servicios de retransmisión internacional, de imágenes, voz y sonido cuando Internet aún no existía.

En 1989, hace 35 años, el comunismo desapareció y el mundo dejó de ser bipolar. Cayó el muro de Berlín, el símbolo que separaba las democracias de occidente de las dictaduras del proletariado. La inmensa mayoría del mundo adoptó al capitalismo (en alguna de sus formas) para organizar la economía y la democracia como forma política para ordenar la vida de los ciudadanos.

Hace 27 años hay cobertura de telecomunicaciones satelitales (Incluido Internet) en todo el territorio nacional de modo homogéneo, con la misma calidad.

El mercado satelital global se desreguló en los 90 como tantos otros mercados e Intelsat se privatizó. En ese contexto se creó en nuestro país Nahuelsat S.A. una empresa de capitales privados creada en para operar satélites artificiales de comunicaciones geostacionarios en el espacio.

El primero (y único) fue Nahuel 1A, que a partir de 1997 se ubicaba en la posición orbital de 72 grados oeste. Argentina, que hasta entonces había utilizado en sus telecomunicaciones la capacidad remanente de satélites diseñados para otros territorios, tuvo a disposición por primera vez en su historia un satélite desarrollado específicamente para cubrir todo el mapa argentino con una calidad homogénea.

Hace nueve años que también exportamos capacidad para Internet Satelital. 

En 2006 el Estado Argentino transfirió a ARSAT los activos de Nahuelsat. Su primer satélite geoestacionario (ARSAT-1), construido con recursos argentinos, fue lanzado en 2014. En 2015 fue lanzado el segundo satélite geoestacionario argentino (ARSAT-2) que, a diferencia del 1, no fue diseñado específicamente para el territorio argentino sino para vender telecomunicaciones satelitales en el continente americano. Argentina exporta y exportó capacidad satelital distintos países, entre ellos Estados Unidos. Eso sucedía y sucedió porque un papelito establecía la reciprocidad satelital entre países, es decir, si yo te autorizo a vender capacidad de un satélite de tu país en mi país, espero que vos hagas lo mismo. La razón por la cual Starlink no brindaba servicios en el país no era el papelito sino que era de naturaleza operativa: la cantidad de satélites de su constelación no eran suficientes para dar servicio todo el tiempo en toda la argentina. Asimismo no habían establecido la coordinación de frecuencias de transmisión con el resto de sistema espacial argentino, algo necesario para que no haya interferencias y que funcione todo. Esto se terminó durante el gobierno previo. Es decir, no había Starlink porque la empresa no estaba lista aún para lanzarse.

El New Space

Hace unos años, el mercado del espacio vive una nueva etapa de expansión, producto de la baja de costos de producción de los satélites, la estandarización, la mayor capacidad de procesamiento y la incubación de las agencias espaciales gubernamentales a startups del sector. Por ejemplo, se estima que la NASA ha dado contratos solo a SpaceX (la empresa madre de Starlink) por un valor de US$8.000 millones entre 2005 y 2014.

Pero no fue la única.

NASA tiene contratos con varias empresas espaciales además de SpaceX. Algunas de las más destacadas incluyen Boeing para desarrollar la nave CST Starliner, Sierra Nevada Corporation para desarrollar la nave Dream Chaser, Blue Origin, Northrop Grumman, Lockheed Martin, etc.

Toda esta movilización de ideas y recursos dio origen a nuevas tecnologías que nos asombran día a día. Satellogic fue un ejemplo de este modelo, incubada en Invap, llegó a cotizar en el Nasdaq. 

Sus satélites no son geoestacionarios. No se encuentran a 35.786 kilómetros de la superficie terrestre sobre el ecuador ni giran de modo sincrónico a la tierra de modo tal que vistos desde acá están fijos en el cielo.

Son equipos que orbitan la Tierra a altitudes relativamente bajas, generalmente entre 160 y 2.000 kilómetros. En lugar de depender de pocos satélites en órbitas altas, una constelación LEO utiliza numerosos satélites para proporcionar una cobertura para proveer comunicaciones o, como en el caso de Satellogic, imágenes de la tierra. 

Un ejemplo conocido de esta tecnología es la red de Musk, que cuenta con miles de satélites para ofrecer internet de alta velocidad y baja latencia. Pero existen más oferentes de estos mismo servicios. Ya operan en Argentina OneWeb, O3B, próximamente lo hará Amazon (Kuiper) y existen otras constelaciones en desarrollo en el mundo. 

Ne laissez pas faire, ne laissez pas passer

Imaginemos un gobierno cuyos funcionarios hacen reiteradas referencias públicas a un proveedor de cualquier producto, uno entre muchos de un mercado determinado. Agreguemos que el presidente de ese país imaginario mantiene una conversación con el dueño de la empresa que ofrece ese producto, un multimillonario con mucho interés en la política, en la que discuten temas generales sobre el plan de su gobierno. Pensemos que esa conversación genera expectativas sobre la expansión de ese proveedor en el país y que el gobierno confirma tal expansión como una prioridad para su administración. Finalmente agreguemos que un funcionario público de alto rango, un ministro, anuncia las ofertas comerciales B2C (empresa a consumidor) y B2B (empresa a empresa) de esa compañía para el año próximo.

Siendo esa empresa un jugador más de un mercado en competencia, donde distintos oferentes compiten por precio, calidad, tecnología, cobertura, valor agregado, resulta insólito que el Estado intervenga a favor de uno de los competidores reforzando su política comercial. No deberíamos preguntarnos cuánto gasta el Estado, sino cuánto debería cobrar por formar parte del plan marketing de un actor privado.

Lejos de la competencia perfecta, donde muchos oferentes y muchos demandantes confluyen en un equilibrio óptimo para el sistema, esta forma de actuar tiende a configurar un capitalismo de amigos o entenados. Ojo, estamos imaginando, aclaro, para no generar suspicacias. No se trata de Rusia, China o Bielorrusia. Ellos son comunistas.

GB/DTC

En un nuevo capítulo de su cruzada por desregular todos los aspectos de la economía, el gobierno, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) liberó a las empresas que prestan los servicios de internet, telefonía celular y TV por cable para que puedan fijar sus tarifas sin intervención del Estado.

Lo hizo por medio de la Resolución 13/2024 publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma del interventor del organismo, Juan Martín Ozores.

De esta manera el Gobierno eliminó todas las regulaciones establecidas en 2020 por la gestión de Alberto Fernández a partir de la pandemia de Coid-19, que les imponían un tope a las tarifas de internet, celulares y cable, con un límite para los aumentos de precios de entre un 5% y un 10% mensual.

Esta decisión responde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que anuló el anterior DNU 690/2020 que había declarado a los servicios TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como «servicios públicos esenciales y estratégicos», otorgando al ENACOM la facultad de regular sus tarifas.

Ahora, las empresas de telecomunicaciones podrán volver a fijar sus precios, algo que el organismo regulador justifica como necesario para “salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia”.

El Gobierno ya había modificado con el DNU 02/2024 el artículo 48 de la Ley 27.078 Argentina Digital-Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sancionada el 16 de diciembre de 2014, que establecía que los licenciatarios de Servicios de TIC “fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación. Las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia, las de los prestados en función del Servicio Universal y de aquellos que determine la Autoridad de Aplicación por razones de interés público, podrán ser reguladas por ésta”.

Esto ya no corre y ese artículo fue sustituido por este texto: “Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”. El Estado ya no puede regular las tarifas.

La resolución

Los argumentos

El texto oficial recordó que en los considerandos del DNU 302/2024 se expuso que “los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar sus precios libremente”.

En esa línea, también mencionaba que “el DNU N° 690/2020 establece una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de los precios de los servicios prestados”.

La desregulación de las telecomunicaciones se da en medio del impacto que atraviesa el sector por la recesión, lo que se reflejó en un informe de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), donde se revela que las familias argentinas están buscando reducir el impacto de los costos de la conectividad en sus presupuestos.

El estudio arrojó que el 67,5% de los hogares argentinos implementaron medidas para reducir los costos de su servicio de internet fijo, en respuesta al complejo contexto económico de los últimos meses. Mientras que el 65,3% de los hogares también ajustaron sus gastos en servicios de TV paga.

Qué había resuelto la Justicia

Hace días, un fallo de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó una sentencia anterior de noviembre de 2023 que declaraba la nulidad del DNU 690 del gobierno de Alberto Fernández, invalidado hace poco por el DNU 302 de la gestión de Javier Milei.

En el fallo que se conoció el pasado 27 de noviembre, la Justicia resolvió la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia que consideraba a las telecomunicaciones como servicio público esencial. La decisión fue tomada la jueza a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8, Cecilia De Negre, quien falló a favor de la empresa Telecom que había calificado como “inconstitucional” el DNU del año 2020 y pedía “fijar libremente los precios”.

Para la magistrada que tomó la resolución hace siete meses, el Poder Ejecutivo no puede determinar la calificación de un servicio como público por medio de un decreto y que en ese sentido se requiere la sanción de una ley del Congreso. “Al disponer que la actividad prestada sea sustraída del sector privado, se limitan derechos fundamentales, que solo puede ser dispuesta mediante la sanción de una ley; ya que tiene una naturaleza expropiatoria de derechos adquiridos protegidos por la garantía del art. 17 de la C.N.; es que la declaración de una actividad económica como servicio público, implica someterla a un régimen especial de sujeción jurídica, que exige el dictado de una ley formal emitida por el Congreso; técnica conocida como publicatio”, sostuvo De Negre.

Por medio del decreto 690/2020, del 22 de agosto de 2020, el gobierno de Alberto Fernández declaró como servicios públicos esenciales a los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC, reincorporando el carácter de servicio público de competencia como artículo 15 de la Ley N° 24.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La decisión fue tomada en medio de la pandemia por coronavirus como una medida para garantizar las comunicaciones durante el aislamiento y el acceso a la educación que en aquel momento era virtual. Así lo anunció el Presidente en su cuenta de X (entonces Twitter), quien además aseguró que las tarifas se mantendrían congeladas hasta el 31 de diciembre: “De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, había dicho Fernández.

Pero en abril de 2023, Telecom presentó una demanda contra el Ejecutivo Nacional y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para que se declare la nulidad del decreto y las resoluciones del organismo. El Estado contestó alegando que “los servicios Tics son servicio público esencial y estratégico del siglo XXI; debiendo satisfacer las notas típicas de continuidad, regularidad, igualdad, generalidad, obligatoriedad, universalidad y accesibilidad”.

En noviembre último, la jueza De Negre falló a favor de la empresa y cuestión el carácter permanente de la medida: “Fue la situación de emergencia sanitaria, en el marco de la pandemia del COVID-19, la que justificó otorgar medidas de protección y acceso a los servicios TIC y asegurar el derecho a la educación. Sin embargo, tal como ya se puso de resalto, no se estableció que su duración sería hasta la finalización de la pandemia, sino que las medidas se establecieron con carácter permanente. Ello afecta el principio de razonabilidad al establecer una discordancia entre el fin de la norma y los medios empleados”:

Para la jueza, el Estado contaba con otros medios para establecer tarifas que garantizaran el acceso a las telecomunicaciones durante la pandemia. “No deben olvidarse las facultades del Estado Nacional para intervenir frente a prácticas abusivas”, señaló y concluye que el “DNU incurre en una desviación de poder frente al fin declarado de garantizar la educación pública y la conectividad de los habitantes en el contexto de pandemia”.

Con información de agencias.

IG

Con la derogación del DNU 690/20 publicada hoy en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei cumple una demanda de los operadores de telecomunicaciones, televisión por cable y conectividad a Internet contra la regulación de precios en estos servicios. Tipificados como “servicios esenciales” por el gobierno de Alberto Fernández, en agosto de 2020, con la pandemia Covid-19 como escenario, el DNU 690/20 preveía un sistema de prestaciones obligatorias que debían ser cubiertas a precios básicos por las empresas.

En los hechos, la regulación de precios ahora abolida sólo había estado vigente algunos meses de 2020 y en enero de 2021 -cuando Fernández había comenzado a permitir incrementos (ese mes el alza fue del 15,1%)-, ya que a partir de febrero de 2021 numerosas medidas cautelares suspendieron el DNU 690/20 por vía judicial. 

Desde entonces, los aumentos de precios de las comunicaciones acompañaron –e impulsaron– la suba de la inflación general. Por eso, en los últimos tres años los precios de comunicaciones móviles, Internet al hogar y tv por cable suben continuamente sin que el DNU 690/20 haya alterado la situación más allá del paréntesis del último cuatrimestre de 2020.

Un DNU mata a otro DNU. El DNU 690/20 estaba inerte, pero con el DNU 302/24, Milei no sólo remató el decreto de su antecesor, sino que aprovechó para cambiar la Ley 27.078 “Argentina Digital” sancionada por el Congreso en 2014. Así, elimina toda potestad de la autoridad de aplicación, el ENaCom, para intervenir en las tarifas de proveedores mayoristas de servicios de comunicaciones “por razones de interés público”, como ordenaba la ley.

Intereses y doctrina

Milei ya había intervenido quirúrgicamente el sector de las comunicaciones con su DNU 70/23 a favor de algunos intereses pesados, como los grupos Claro (América Móvil, de Carlos Slim), DirecTV (Grupo Werthein) y Starlink, de su idolatrado Elon Musk. Aquella norma les permite ampliar sus negocios a nuevas actividades sin obstáculos regulatorios.

En la perspectiva de Milei, esa sería causa del malestar del Grupo Clarín/Telecom con su gobierno. Cebado en su narrativa, Milei rivaliza con el conglomerado liderado por Héctor Magnetto. Es curioso que los numerosos medios de Clarín casi no difunden información sobre Starlink a pesar de que, en el corto plazo, la conectividad satelital que comercializa Musk no compite de modo directo con los servicios de Telecom.

Resuelta la primera instancia de intervención gubernamental a favor de los sponsors de la campaña de La Libertad Avanza, ahora, con este DNU 302/24, el presidente da un paso más doctrinario y, en un guiño explícito al mercado, erradica la clasificación de las TIC como “servicios públicos en competencia”.

Los voceros de los principales operadores celebraron la decisión de Milei. Pero el “lastre” del DNU 690/20 contra el que batallaron intensamente era también, a pesar de su falta de aplicación, un pretexto para el estado precario de muchos servicios, la falta de cobertura territorial de redes fijas y móviles y la escasez de competencia. Los tiempos venideros despejarán algunas incógnitas estructurales sobre un sector que, aunque no sea ya reconocido normativamente como “esencial”, condiciona la vida de los 46 millones de habitantes.

El destino del DNU 690/20 brinda elementos que pintan la política pública en el país. A diferencia de la Ley Argentina Digital o de otras regulaciones en el amplio sector de las comunicaciones (como la ley audiovisual), fue concebido sin análisis de legislación comparada ni respaldo técnico, tuvo el inmediato rechazo de las cámaras y empresas del sector, careció de defensores en la discusión pública, debido a que tampoco construyó consensos en torno a sus objetivos, y el gobierno que lo impulsó en plena pandemia fue tan ambicioso en su redacción como displicente en su aplicación, además de necio en su eventual modificación cuando, a poco de andar, resultó evidente que el mismo sería objeto de suspensión judicial.

Sobre el conjunto de problemas técnicos y políticos inherentes al DNU 690/20, hoy Milei dirige el abandono de toda función estatal en el sector de las comunicaciones, también por decreto. La seguridad jurídica, siempre mentada como imprescindible para el crecimiento de las comunicaciones, brilla por ausente.

MB/DTC

El DNU 70/23 ordenado por el presidente Javier Milei es una re-regulación que puede alterar coordenadas y tocar intereses consolidados del ecosistema de servicios infocomunicacionales. Grupos nacionales que ostentan posiciones de dominio en telecomunicaciones y el sector audiovisual de pago pueden sufrir la incursión de conglomerados extranjeros que estaban inhabilitados a operar con servicios convergentes o en ciertos mercados delimitados, sobre todo por la apertura a la oferta cruzada de servicios que incluyan la tv satelital. En compensación, los negocios de grupos nacionales sacarán tajada de otros artículos del decreto si este queda vigente -lo que depende de su derrotero judicial, de la presión política que realice el Poder Legislativo y de la oposición social en ciernes-.

Integrado por miles de empresas y cooperativas de conectividad a Internet, telefonía fija y móvil, televisión de pago y servicios audiovisuales, el ecosistema infocomunicacional argentino es, sin embargo, altamente concentrado. Pocos grupos se disputan su primacía y capturan su renta a gran escala. La incidencia de cada actor de este conjunto variopinto en las políticas públicas suele ser directamente proporcional a su volumen.

El segmento más masivo y dinámico del ecosistema es el de las comunicaciones móviles. Con sus más de 60 millones de líneas activas en un país de 46 millones de habitantes, los ingresos del mercado móvil ($565 millones en junio último) superan la facturación sumada de la tv paga ($234 millones), acceso a Internet fija ($198 millones) y telefonía fija ($85 millones).

Los tres protagonistas corporativos de las comunicaciones móviles son Personal (Telecom), Claro (América Móvil) y Movistar (Telefónica). Estos proyectan su dominio a futuro gracias a la licitación 5G realizada en los últimos dos meses de gobierno de Alberto Fernández, lo que a su vez les impone obligaciones de despliegue de redes y colaboración entre ellos, dada la escala de inversiones que la tecnología 5G exige. De ellos, sólo Telecom tiene mayoría accionaria de empresarios argentinos (Grupo Clarín) y un socio minoritario mexicano (David Martínez). Telecom es, al mismo tiempo, el único conglomerado activo en todos los demás mercados de conectividad fija a Internet, tv paga, tv abierta, radio, medios online y prensa donde, además, ejerce posición dominante. Varios de estos segmentos son también alcanzados por el DNU de Milei, favoreciendo los intereses más concentrados.

Con la habilitación a la oferta cruzada decretada por Milei, y con una inversión menor que la del despliegue de redes físicas, grupos como Claro podrían retomar su proyecto de tv paga vía satelital

En comparación a Telecom, Claro y Movistar, de capitales mexicanos (Carlos Slim) y españoles (Telefónica) respectivamente, demoraron el desarrollo de redes fijas y robustas de conectividad, en parte por impedimentos regulatorios de los últimos 15 años. Milei, con su DNU, los despeja. Mientras Telefónica afronta desafíos financieros en su casa matriz -donde el Estado español reingresa como accionista- que restringen su proyección en la Argentina, Claro es el líder consolidado de las telecomunicaciones en toda América Latina y su apetencia expansiva es citada en rumores de la rosca política y empresarial que comprometen a la estatal ArSat.

La clasificación de la tv satelital como un servicio análogo al de la tv por cable dispuesta por el DNU 70/23 habilita a Claro y Movistar a operar en un mercado en el que reinaba en soledad DirecTV (Grupo Werthein, uno de cuyos miembros, Gerardo, fue designado por Milei como embajador en EEUU) lo que puede impactar sobre dos conglomerados de capitales mayormente argentinos: Telecom/Cablevisión/Flow y DirecTV. A su vez, Telecom/Clarín y Werthein son gratificados por varios artículos del DNU.

Telecom, controla más del 40% de los abonos a la tv paga de modo directo (sin contar asociadas). Este servicio, generalmente comercializado en forma paquetizada con la conexión fija a Internet y la telefonía, fue integrado por Telecom gracias a la fusión con Cablevisión/Flow lubricada por el expresidente Mauricio Macri. Y si bien Movistar y Claro han desplegado redes de cable y conectividad fija a Internet en el último lustro, su participación en estos mercados es reducida. Además, Claro y Movistar se quejan -al igual que otros operadores de menor tamaño- de obstáculos normativos a niveles municipales, pues hay gobiernos (como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que imponen obligaciones para el tendido de nuevas redes fijas que no exigen a los viejos operadores (como Telecom), en un caso distorsivo de lo que enseñan los manuales de defensa de la competencia.

Con la habilitación a la oferta cruzada decretada por Milei, y con una inversión menor que la del despliegue de redes físicas, grupos como Claro podrían retomar su proyecto de tv paga vía satelital, sorteando los obstáculos de municipios para nuevas redes fijas, y comercializar tv paga a través de las señales que ya gestionan servicios en países vecinos. Esta posibilidad expondría también el interés del Grupo Werthein, al introducir competidores en el mercado donde DirecTV opera en soledad. En compensación, con el DNU de Milei, el prestador de tv satelital de su embajador en los EEUU podrá expandir negocios a otras ramas que le estaban vedadas por la distinción que existía entre la licencia de tv satelital, que era exclusiva e incompatible con cualquier otra, y la de tv por cable, que podía ser explotada en forma convergente con las de otros servicios infocomunicacionales (de ahí la potencia del paquete Telecom/Cablevisión/Flow). De la mano de Milei, el proyecto de fibra de DirecTV recibe el espaldarazo estatal que necesitaba Werthein.

En cambio, la probabilidad de que la comercialización de servicios satelitales de órbita baja, como Starlink, muevan el amperímetro de las comunicaciones argentinas, es menor. Starlink, del multimillonario Elon Musk -evocado por Milei en la cadena nacional en la que difundió ejes del DNU-, vende conectividad que puede ser atractiva para empresas o sectores de altos ingresos en el medio rural, pero la velocidad de la conexión y su precio (100 dólares mensuales) no son variables competitivas en localidades donde ya hay operadores con propuestas de mejor calidad y precios más accesibles.

La letra chica de los negocios, cargas y beneficios del mercado infocomunicacional queda reservada a la discrecionalidad de la conducción estatal ejercida por el mandatario anarcocapitalista

El mega-decreto de Milei elude toda precisión sobre tasas y gravámenes de los operadores. En la norma no hay indicios de decisiones y debates regulatorios que ocupan la agenda en otros países, como el cobro a empresas “over the top” (OTT) como Netflix o Disney+ de las contribuciones que podrían colaborar con la infraestructura de conectividad, algo de loque se ocupa el Fondo de Servicio Universal (FSU) administrado por el ente gubernamental de comunicaciones (ENaCom).

Así, la letra chica de los negocios, cargas y beneficios del mercado infocomunicacional queda reservada a la discrecionalidad de la conducción estatal ejercida por el mandatario anarcocapitalista. El DNU 70/23 tampoco alude a los precios de telecomunicaciones y TIC que, tras la suspensión judicial del DNU 690/20 del expresidente Fernández que pretendía regular precios minoristas, aumentaron a un ritmo algo superior a la inflación.

Ironías de la regulación por decreto, el DNU de Milei rescata la calificación de “servicios esenciales” del denostado DNU de Fernández, pero lo hace para limitar eventuales reclamos y medidas de fuerza de los trabajadores de telecomunicaciones y TIC. En este rubro el saldo del decretazo de Milei no arroja perdedores entre los conglomerados que dominan el mercado: la reducción de los “costos laborales” los une en celebración.

MB

El DNU que desregula distintas actividades de la economía argentina y avanza sobre distintas leyes tiene un capítulo dedicado a la comunicación. En él, la desregulación avanza firmemente y sobre cuestiones importantes del negocio de la prestación de servicios. El capítulo XII del decreto trabaja sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sobre la Ley Argentina Digital de los años 2009 y 2014 respectivamente. Estas regulaciones ya habían sido drásticamente modificadas por el gobierno de Mauricio Macri en los primeros días de su gobierno a través de otro DNU (el 257/15).

En líneas generales, el gobierno beneficia en distinta medida a casi todas las principales empresas participantes del mercado y deja en una situación endeble a los actores medianos y pequeños, particularmente en la prestación de servicios de internet y televisión paga.

El megadecreto modifica el artículo 45 de la Ley Audiovisual y elimina cualquier tipo de limitación a la cantidad de licencias de radio y televisión a nivel nacional. Sólo se sostienen limitaciones en el ámbito local (un municipio, por ejemplo) donde se pueden tener hasta cuatro licencias en aquellas ciudades más grandes. Pero a nivel nacional, el límite pasó de 15 a infinitas. Por otro lado, también eliminó restricciones vigentes en materia de propiedad cruzada como la imposibilidad de tener canales y radios a empresas de televisión satelital (DirecTV). La derogación del artículo 46 de la Ley Audiovisual que sigue en el DNU trabaja sobre la misma idea de permitir que los prestadores satelitales ahora puedan dar absolutamente todos los servicios comunicacionales.

A continuación, el texto del DNU avanza en concretar la liberalización de los servicios satelitales al igualarlos al resto de los servicios TIC (telecomunicaciones y televisión paga) y quitarle los impedimentos de oferta cruzada con otros servicios. Esto implica, por ejemplo, que ahora empresas de telefonía como Movistar y Claro pueden dar televisión por vínculo satelital (como lo hace DirecTV) y que no están obligadas a invertir en tendido físico para prestar el servicio audiovisual. Ambas empresas ya utilizan esta tecnología para dar televisión en otros países de América Latina y reclaman esta habilitación desde los tiempos de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.

Por último, este capítulo flexibiliza las condiciones para que las empresas deseosas de brindar internet satelital lleguen al país. Es decir, esta posibilidad ya estaba vigente y de hecho en el país se puede acceder a internet a través de la tecnología satelital desde hace varios años. Pero hasta este momento, la necesidad de coordinación y aprobación de los planes junto a Arsat y las autoridades competentes ponía en suspenso el ingreso de la mencionada Starlink (quien había anunciado su llegada al país bajo la gestión de Alberto Fernández). Esta tecnología es útil para que la conectividad crezca y baje sus costos en zonas rurales y poco pobladas, algo bastante extendido en nuestro país.

Más allá de estas transformaciones al marco regulatorio de los servicios comunicacionales y de radiodifusión el DNU también avanza sobre otras regulaciones que afectan la actividad de los medios de comunicación. Deroga la ley 26.736 de 2011 que declaraba de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios. Esta ley tenía como objetivo el acceso equitativo al papel de diarios para todas las empresas de gráfica que le compraran a los fabricantes locales (Papel Prensa, del Grupo Clarín) y que éstos no realizaran tratamientos discriminatorios.

Un último apartado es el que transforma a las Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas en un plazo de 180 días. Esto afecta a Radio y Televisión Argentina S.E. que es la empresa encargada de gestionar Radio Nacional (y todas sus emisoras) y la Televisión Pública. También a Télam, la agencia de noticias estatal, y a Contenidos Públicos S.E. que tiene a su cargo las señales culturales y educativas de televisión Paka-Paka, Encuentro y DeporTv. Esta transformación abre la posibilidad de una privatización (total o parcial) de estas empresas además de una modificación en los convenios colectivos de trabajo de las sociedades anónimas emergentes. ARSAT no se ve afectado por este apartado porque nació como una sociedad anónima con participación mayoritaria estatal.

La desregulación de las comunicaciones, entonces, afecta a distintas aristas de la regulación vigente pero no realiza una transformación profunda del mercado. Clarín, Claro (del mexicano Carlos Slim), DirecTV (del Grupo Werthein, apellido del embajador designado por Milei en Estados Unidos), Starlink (de Elon Musk) y Movistar (de la española Telefónica) cuentan con motivos para festejar, al mismo tiempo que se abren algunas preocupaciones en materia de competencia futura al habilitar nuevos entrantes en cada uno de los segmentos. Por otro lado, en materia de radio y televisión, las decisiones con la Ley Audiovisual y los medios estatales parecen dirigir la política hacia un proceso de privatización y concentración del mercado.

AS/DTC

En un fallo que se conoció este lunes, la justicia resolvió la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia que consideraba a las telecomunicaciones como servicio público esencial. La decisión fue tomada la jueza a cargo del  Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8, Cecilia De Negre, quien falló a favor de la empresa Telecom que había calificado como “inconstitucional” el DNU del año 2020 y pedía “fijar libremente los precios”.

Para la jueza, el Poder Ejecutivo no puede determinar la calificación de un servicio como público por medio de un decreto y que en ese sentido se requiere la sanción de una ley del Congreso. “Al disponer que la actividad prestada sea sustraída del sector privado, se limitan derechos fundamentales, que solo puede ser dispuesta mediante la sanción de una ley; ya que tiene una naturaleza expropiatoria de derechos adquiridos protegidos por la garantía del art. 17 de la C.N.; es que la declaración de una actividad económica como servicio público, implica someterla a un régimen especial de sujeción jurídica, que exige el dictado de una ley formal emitida por el Congreso; técnica conocida como publicatio”, sostuvo De Negre.

Por medio del decreto 690/2020, del 22 de agosto de 2020, el gobierno de Alberto Fernández declaró como servicios públicos esenciales a los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC, reincorporando el carácter de servicio público de competencia como artículo 15 de la Ley N° 24.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La decisión fue tomada en medio de la pandemia por coronavirus como una medida para garantizar las comunicaciones durante el aislamiento y el acceso a la educación que en aquel momento era virtual. Así lo anunció el Presidente en su cuenta de X (entonces Twitter), quien además aseguró que las tarifas se mantendrían congeladas hasta el 31 de diciembre: “De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, había dicho Fernández.

Pero el 7 de abril, Telecom presentó una demanda contra el Ejecutivo Nacional y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para que se declare la nulidad del decreto y las resoluciones del organismo. El Estado contestó alegando que “los servicios Tics son servicio público esencial y estratégico del siglo XXI; debiendo satisfacer las notas típicas de continuidad, regularidad, igualdad, generalidad, obligatoriedad, universalidad y accesibilidad”.

Ahora, la jueza De Negre falló a favor de la empresa y cuestión el carácter permanente de la medida: “Fue la situación de emergencia sanitaria, en el marco de la pandemia del COVID-19, la que justificó otorgar medidas de protección y acceso a los servicios Tic y asegurar el derecho a la educación. Sin embargo, tal como ya se puso de resalto, no se estableció que su duración sería hasta la finalización de la pandemia, sino que las medidas se establecieron con carácter permanente. Ello afecta el principio de razonabilidad al establecer una discordancia entre el fin de la norma y los medios empleados”:

Para la jueza, el Estado contaba con otros medios para establecer tarifas que garantizaran el acceso a las telecomunicaciones durante la pandemia. “No deben olvidarse las facultades del Estado Nacional para intervenir frente a prácticas abusivas”, señaló y concluye que el “DNU incurre en una desviación de poder frente al fin declarado de garantizar la educación pública y la conectividad de los habitantes en el contexto de pandemia”.

La erupción del volcán Hunga Tonga el 15 de enero de 2022 en el océano Pacífico produjo el mayor ‘petardazo’ planetario en la historia reciente, provocando un tsunami y una onda expansiva que sacudió la atmósfera y fue registrada por los observatorios meteorológicos de todo el planeta. Ahora, en un nuevo trabajo publicado en la revista Science, un equipo de investigadores documenta lo que sucedió bajo el agua, una avalancha de escombros que cayó al fondo y avanzó 100 kilómetros destruyendo todo a su paso de forma similar a como lo hacen los flujos piroclásticos y seccionó los cables submarinos que comunicaban al archipiélago de Tonga con el resto del mundo.

En el trabajo, Michael Clare y su equipo analizaron los flujos volcánicos submarinos desencadenados durante la erupción y documentaron la destrucción de casi 200 kilómetros de cables de telecomunicaciones, que se encontraban a más de 15 kilómetros del volcán (uno de ellos se desplazó otros 5 km extra por las corrientes). Combinando datos de la extensión de las roturas de estos cables con estudios batimétricos, observaciones de erupciones y muestreos de núcleos de roca, los autores calcularon que se produjo un flujo de escombros submarinos de movimiento extremadamente rápido y altamente destructivo, que viajó más de 100 kilómetros a través del fondo marino a velocidades de hasta 122 kilómetros por hora. 

“La erupción arrojó rocas volcánicas, cenizas y gas a decenas de kilómetros al aire, que luego se desplomaron y se sumergieron en el océano, creando poderosos flujos que viajaron más de 100 kilómetros a través del fondo marino”, explica Clare a elDiario.es. “Hemos descubierto que estos flujos fueron los más rápidos jamás registrados en el océano, según el momento y la ubicación de los daños a los cables de telecomunicaciones submarinos”. Cuando los flujos piroclásticos que viajan a través de la tierra llegan al océano, pueden crear tsunamis, explosiones y también pueden viajar sobre la superficie del mar, recuerda el autor principal. En el caso del volcán Hunga Tonga, el material piroclástico denso y caliente también entró en el océano, pero en lugar de viajar por tierra, estos restos volcánicos cayeron verticalmente, directamente al mar.

“Debido a una falta real de seguimiento de los volcanes sumergidos, nunca se demostró qué sucede cuando una erupción como la del volcán Hunga Tonga entra directamente en el océano, por lo que esto es realmente una novedad para la ciencia”, señala Clare. Y se consiguió reconstruir gracias al daño que produjo en las comunicaciones, que dejó el lecho oceánico sembrado de pistas asociadas a su destrucción. “Cuando el único cable que conectaba internacionalmente al Reino de Tonga resultó dañado por estos flujos, las comunicaciones de toda la nación quedaron efectivamente cortadas del resto del mundo, en medio de una crisis volcánica”.

Cuando el único cable que conectaba Tonga resultó dañado, las comunicaciones de toda la nación quedaron efectivamente cortadas del resto del mundo

Michael Clare — National Oceanography Centre

Los autores utilizaron el mapeo del fondo marino, que utiliza sonares para determinar la profundidad y la forma del lecho oceánico, para determinar los cambios de elevación antes y después de la erupción. “Nuestros colegas en Nueva Zelanda pudieron llevar un barco de investigación al volcán dentro de los tres meses posteriores a la erupción, para mapear los cambios en el fondo marino y tomar muestras de los depósitos dejados por los flujos”, indica Clare. “Descubrimos que los poderosos flujos creados por el colapso de la erupción volcánica habían excavado canales de más de 100 metros de profundidad”. En resumen, afirma, la fuerza del impacto fue tan enorme que remodeló el fondo marino alrededor del volcán Hunga Tonga.

Socavones de 100 metros

El hallazgo de estos socavones y canales de más de 100 metros de profundidad, como señalan los especialistas Rebecca Williams y Pete Rowley en un artículo de análisis en la misma revista, tiene implicaciones sobre cómo los vulcanólogos interpretan el registro de rocas volcánicas. Estudios recientes documentaron socavones similares en el fondo marino que rodea a los volcanes submarinos en todo el mundo, quizá debidas a erupciones que formaron estas erosiones hace miles de años. 

“Por lo tanto, eventos de la magnitud de la erupción de Hunga pueden no ser infrecuentes”, escriben. “Esto pone de relieve que las grandes erupciones volcánicas submarinas son un riesgo global subestimado. Se deben invertir esfuerzos en cuantificar los peligros asociados con estas erupciones y explorar los requisitos de ingeniería para remediarlas”.

Proteger los cables submarinos

A Raúl Pérez, portavoz de los investigadores del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), le pareció un trabajo muy interesante, que le sorprendió mucho. “Todos vemos lo que sucede cuando se produce una de estas enormes erupciones y se proyecta material hacia la estratósfera, pero de lo que pasa hacia abajo se sabía poco o nada”, asegura. “Esto nos permite estudiar otras islas para sacar super-erupciones que antes solo podías inferir por las cenizas que encontrabas en tierra”.

El IGME trabaja en una base de datos de deslizamientos submarinos, para saber qué cantidad de tierra se puede mover y dañar las infrastructuras

Raúl Pérez — IGME

Este resultado también servirá, en opinión de Pérez, para estudiar mejor en el futuro el riesgo de las infraestructuras submarinas. En la erupción submarina de El Hierro de 2011, recuerda, ya hubo problemas con la red de telefonía. “Hubo comunicaciones que dejaron de funcionar y tuvieron que enviar un barco para ver qué había pasado. Aquella fue una erupción pequeña, en comparación con el Hunga Tonga, y ya hubo este tipo de fenómenos asociados que desconocíamos por completo”, asegura. En este momento, informa, el IGME trabaja en una base de datos de deslizamientos submarinos, para saber qué cantidad de tierra se puede mover, en unas zonas y otras. “Una información muy valiosa para casos como Canarias que está ahí y, sabiendo lo que sabemos ahora, podría utilizarse”. 

Conocer los flujos

Desde el punto de vista científico, la parte más relevante es la que se refiere al comportamiento de estos flujos bajo el océano. Del trabajo teórico surgió que las corrientes de densidad piroclástica pueden propagarse a distancias sustanciales bajo el agua pero, hasta ahora, falta evidencia de esto en las profundidades del mar, recalcan los autores. “Las erupciones submarinas y sus consecuencias son uno de los fenómenos más difíciles de estudiar debido a que ocurren bajo el agua”, coincide en señalar el geólogo y divulgador Nahúm S. Chazarra. 

¿Funcionan igual las corrientes de densidad, tales como flujos piroclásticos, igual fuera del agua que cuando se adentran en ella? “Es una de las grandes preguntas a responder a la hora de hacer y verificar modelos, ya que las escasas observaciones de detalle que hay sobre estos fenómenos complica mucho esa verificación”, señala Chazarra. “Este trabajo es un primer paso en la dirección de abrir la puerta a la creación de nuevos modelos matemáticos que nos ayuden a comprender el funcionamiento de las erupciones submarinas y cómo pueden afectarnos”.

“Ahora sabemos por primera vez cómo se ve la huella deposicional de grandes erupciones como la del volcán Hunga”, concluye Clare. “Podemos utilizar este nuevo conocimiento para determinar qué volcanes submarinos pueden representar una amenaza similar, lo cual es importante para evaluar los riesgos para las comunidades costeras y la infraestructura del fondo marino”.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) lanzó la subasta para el otorgamiento de la banda más lucrativa del espectro 5G, uno de los objetivos centrales para el año fijados por Sergio Massa, pero incluyó en el pliego una posibilidad reclamada por las empresas líderes del sector. El pago podrá ser efectuado en pesos; es decir, no acumulará dólares a las reservas, de acuerdo con la resolución publicada en el boletín oficial el martes.

Tras una discusión extenuante con los principales actores de las telecomunicaciones —Telecom, Movistar, Claro y Telecentro— y entre diferentes áreas del Ejecutivo, ENACOM anunció el lanzamiento de la subasta de 300 MHz en la banda comprendida entre 3.300 MHz y 3.600 MHz, en tres lotes de 100 MHz cada uno. El precio base para cada lote fue establecido en US$350 millones, por lo que la suma de los tres redundaría en US$1.050 millones.

La citada es la banda más apetecible en función del alcance técnico y la población objetivo, indicó una fuente al tanto de las negociaciones. Otras bandas brindan posibilidades de máxima precisión, pero menor mercado potencial, y a la inversa.

5G es una tecnología que permite altas prestaciones para determinadas industrias, ya sea para el manejo a distancia de instrumentos sofisticados en tiempo real, con una reducción al mínimo de la “latencia” —por ejemplo, una intervención quirúrgica— o para la transmisión masiva de datos —por ejemplo, de medidores de consumo de gas—, indicó a elDiarioAR el consultor en telecomunicaciones Enrique Carrier.

La Argentina llega tarde al negocio de 5G. Estados Unidos, Europa, China, Corea del Sur, Brasil, Chile y, recientemente, Uruguay ya tienen la tecnología en funcionamiento

Industrias como la minería, Vaca Muerta y el agronegocio podrías valerse de la tecnología y expandir sus fronteras. En cuanto al público masivo, los usuarios podrían constatar los beneficios del 5G en lugares de alta concentración, como recitales, espectáculos deportivos y artísticos, o centros comerciales. Hoy, las muchedumbres tornan insuficientes las antenas de 4G, mientras que la nueva escala solucionaría el colapso, indicó Carrier.

El 10 de diciembre a la vista

La Argentina llega tarde al negocio de 5G. Estados Unidos, Europa, China, Corea del Sur, Brasil, Chile y, recientemente, Uruguay ya tienen la tecnología en funcionamiento.

Massa, con incidencia directa en ENACOM a través del presidente del organismo, su allegado Claudio Ambrosini, aceleró la subasta pese a las turbulencias financieras y la incertidumbre política y económica que genera el proceso electoral. La coincidencia en la industria y en las oficinas del Gobierno involucradas era que ya no quedaba margen para postergaciones si el objetivo era conceder el espectro por 20 años antes del 10 de diciembre.

Con el antecedente de la licitación del espectro 4G en 2014, que le valió al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la recaudación de US$2.200 millones y resultó en una sustancial mejora en la calidad de las comunicaciones móviles, el Ejecutivo de Alberto Fernández aspiraba a un resultado similar, de menor monto y otro tipo de prestaciones.

Uno de los núcleos del debate fue que Telecom Argentina, empresa hermana del Grupo Clarín, y Movistar Argentina, subsidiaria de la multinacional homónima, manifestaron no estar dispuestas a entregar dólares a cambio del espectro. En ese punto, Claro, tercer gran actor de las telecomunicaciones en Argentina, propiedad del mexicano Carlos Slim, se mostró más permeable a ingresar moneda dura al país, en el marco de una política comercial que en la industria consideran agresiva y ante la posibilidad de ganar espacio en TV paga y banda ancha, expresó una fuente al tanto de las negociaciones.  

Uno de los núcleos del debate fue que Telecom Argentina, empresa hermana del Grupo Clarín, y Movistar Argentina, subsidiaria de la multinacional homónima, manifestaron no estar dispuestas a entregar dólares a cambio del espectro

Las empresas mencionadas facturan sus servicios a casi la totalidad de la población argentina y enfrentan restricciones parciales para acceder a dólares a la cotización oficial, por lo que Telecom y Movistar consideraban inadmisible la obligación de erogar dólares, tal como había planteado el Gobierno antes y después de la llegada de Massa al Ministerio de Economía, hace 13 meses.

El propio titular del Palacio de Hacienda computó en febrero pasado que ENACOM podría recaudar US$1.500 millones con la subasta en cuestión, y que ello iría a fortalecer reservas. Alberto Fernández también se había manifestado en similar sentido.

En dólares, pero en pesos

La resolución de ENACOM publicada el martes en el boletín oficial establece que la cotización de la oferta debe ser formulada en dólares, pero el inciso 2 del artículo 37 aclara que, “de conformidad con lo establecido en el Código Civil y Comercial”, la erogación podrá ser en “moneda de curso legal” con el “tipo de cambio vendedor” fijado en el Banco Nación “el día hábil inmediato anterior a efectuar el pago”.

Las empresas, que desde la privatización de ENTEL en 1990 demostraron conservar alta rentabilidad tanto en escenarios intervencionistas como de libre mercado, ahora quedan habilitadas para utilizar sus depósitos, bonos y otros instrumentos en pesos, pese a que, por el volumen de su facturación y sus reservas internacionales, también cuentan con acceso a dólares en el exterior. En particular, Movistar podría apelar a un giro de su casa matriz, pero en todo el transcurso de la negociación dejó en claro que no lo haría, indicaron una fuente del Gobierno y otra de la industria.  

La habilitación del pago en pesos atiende una de las principales demandas de los potenciales ofertantes, pero no fue la única decisión que benefició al trío de jugadores en el mercado móvil. Otros aspectos de la convocatoria de ENACOM generan resistencias y llevan a que las Telecom, Movistar y Claro, por ahora, no se hayan expresado en público al respecto.

Un dato elocuente es que los representantes de Juntos por el Cambio en ENACOM, José Corral y Silvana Giudice, votaron en contra del llamado a licitación. Giudice en particular lleva dos décadas de actuación pública con posturas que inexorablemente son coincidentes con las del grupo Telecom/Clarín.

El cuarto en discordia

Durante los meses de discusiones se barajó la posibilidad de que se habilitara a un cuarto operador. Esa hipótesis tenía nombre: Telecentro, la empresa de TV paga y banda ancha del duhaldista expresidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri. Su eventual presencia en la compulsa generó un forcejeo entre Massa y Alberto Fernández, en la que se impuso el criterio del primero. El Presidente veía con buenos ojos la apertura de un cuarto operador, pero la resolución de ENACOM estableció requisitos de capital y licencias previas que cerraron el círculo en Telecom, Movistar y Claro.

Otras miradas dentro del Ejecutivo pugnaron por una apertura mayor, que sacara la puja de las manos exclusivas de firmas que son largamente cuestionadas tanto por su reparto estanco del mercado como por la calidad del servicio que prestan. Una licitación más segmentada, no integral, que exigiera contraprestaciones para acceder al negocio más lucrativo, habría dado espacio para nuevos jugadores o habría condicionado a los grandes, indicó otra voz al tanto de las idas y vueltas de la subasta.

El Presidente veía con buenos ojos la apertura de un cuarto operador, pero la resolución de ENACOM estableció requisitos de capital y licencias previas que cerraron el círculo en Telecom, Movistar y Claro

De todas formas, ni el uso de pesos para acceder al 5G ni la reserva de mercado para actores conocidos agotan el debate. Las empresas cuestionan el monto base de la oferta (US$350 millones) y el otorgamiento de 100 MHz a la estatal ARSAT, dispuesto también por ENACOM.

La aparición de ARSAT como “cuarto operador” por ahora es meramente formal. La empresa estatal no tiene infraestructura ni capacidad de financiarse para desarrollarla. Los 100 MHz que le asignó ENACOM, además, no están “limpios”, es decir, hay operaciones piloto o puntuales en ese segmento que deberían ser reasignadas.

El papel de ARSAT genera aprehensión en las grandes porque entienden que podría ser una vía para que entre un competidor que alquile el espectro de la firma estatal o que se asocie a ella sin haber pagado el equivalente en pesos a US$350 millones, indicó una fuente de la industria citada por la agencia de noticias estadounidense REDD Intelligence. Los nombres que sobrevuelan la aprehensión de los grandes son el citado Pierri y el grupo Vila-Manzano, que participó de la licitación del 4G, pero abandonó el intento.

Red “neutral”

El precio base de US5350 millones también genera quejas en la industria. “Aunque sean al cambio oficial, son muchos pesos y hay que tenerlos”, dijo la fuente de la industria.

Carrier coincide en que el precio es alto en relación a las experiencias ya consumadas en Brasil y Chile.

En el Gobierno responden que se establecieron requisitos más bajos para el denominado “despliegue” en infraestructura. Un precio de licitación más bajo y exigencias más altas en tiempos y montos de inversión habrían sido un factor desalentador para un negocio que requiere insumos importados, es decir, bienes a ser pagados en dólares, indicó una fuente citada por REDD.

A la presencia de ARSAT y el precio base, Carrier suma otro aspecto que podría generar reticencia en las tres grandes de las telecomunicaciones: la tarifa social. Si bien restan aspectos por definir, el pliego exige prestaciones a precios bajos que podrían llegar a beneficiar a un tercio de la población.

El negocio de las telecomunicaciones encuentra múltiples aristas, que se entienden a la luz del volumen de facturación y la incidencia en la vida cotidiana de la población.

Otra de las aristas que quedó resuelta en la resolución de ENACOM es la “neutralidad” de la red. Ello quiere decir que el regulador no exige un tipo particular de tecnología, sino que habilita a cada prestador a contratar proveedores según su criterio. Ese mercado encuentra actores como Nokia, Ericsson, Cisco, Samsung, pero una firma sobresale por participación de mercado, la china Huawei, que facturó US$96.000 millones en 2022.

Ese mercado de tecnología 5G encuentra actores como Nokia, Ericsson, Cisco, Samsung, pero uno sobresale por participación global de mercado, la china Huawei, que facturó US$ 96.000 millones en 2022

Estados Unidos puso toda su capacidad de lobby en contra de Huawei, pero el Gobierno argentino se ancló en la “neutralidad”. Esa decisión no fue objetada por Telecom, que ya contrató a la firma china para el desarrollo piloto de la red 5G.

Otro punto que estuvo presente durante los dos años de negociación fue el decreto 690 de 2020, que definió a la industria de las telecomunicaciones como servicio público esencial en competencia. Esa decisión de Alberto Fernández otorgó al Estado una amplia potestad regulatoria sobre tarifas y prestaciones de la TV paga, la banda ancha y las comunicaciones móviles. Toda la industria reaccionó en contra y las grandes del sector obtuvieron cautelares que, tres años más tarde, siguen vigentes, ante la inacción de la Corte Suprema.

Así las cosas, no habría que descartar que los tribunales federales se presten a otorgar nuevas cautelares si es que alguien busca postergar la licitación hasta más allá del 10 de diciembre. 

JJD

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó las condiciones necesarias para el desarrollo de tecnología 5G en el país. De esta manera, el Gobierno Nacional lanzó el llamado a licitación pública para la adjudicación de las bandas radioeléctricas de frecuencias comprendida entre 3300 y 3600 MHz al servicio móvil terrestre con categoría primaria.

Según precisó Diego Leiva, coordinador general de Asuntos Técnicos del ENACOM, “no se trata de un mero cambio tecnológico, sino de una transformación digital” que posibilitará desarrollar “capacidad remota en tiempo real”.

Se espera que con el desarrollo del 5G en la Argentina se registren conexiones en tiempo real ultrarrápidas, comunicaciones de mejor calidad y expansión a nuevos servicios.

Leiva precisó que se subastarán los 300 MHz en tres lotes de 100 MHz cada uno, a través de un concurso público que tiene el precio base en US$350 millones. El valor real de cada lote será estipulado por el mercado, a través de la puja que protagonizarán los licenciatarios habilitados.

En los pliegos ya elaborados, se estableció como requisitos fundamentales que podrán formar parte de la subasta aquellos licenciatarios que cuenten con presencia en, al menos, 10 localidades de Argentina y que registren un mínimo de 50.000 accesos declarados.

Además, los licenciatarios deberán acreditar un patrimonio neto superior a los $10 mil millones al último ejercicio para obtener las frecuencias que serán otorgadas por 20 años. 

El ingreso que genere la licitación van a ingresar al Tesoro Nacional, con el objetivo de robustecer las reservas del Banco Central.

La fecha clave será el 29 de septiembre, cuando inicie la subasta y se conozcan las ofertas que darán paso a una segunda instancia de precalificación. Un mes después, saldrá la adjudicación una vez comprobados los requisitos. 

Los beneficios del 5G

Se denomina 5G a las redes móviles que utilizan tecnología de quinta generación, las cuales son capaces de conectar varios dispositivos inalámbricos a la vez para brindarles acceso a servicios de Internet y telefonía con características de velocidad y latencia muy superiores a las utilizadas en generaciones anteriores.

Con esta nueva tecnología, se podrá asegurar la conectividad de numerosos dispositivos en tiempo real. Leiva sostuvo además que los sistemas 5G generan “mejores posibilidades técnicas que permiten un servicio con mayor velocidad de transferencia de datos y descargas, conexiones simultáneas y capacidad de respuesta casi en tiempo real”.

Desde el ENACOM, aseguran que el despliegue de 5G requerirá “de la colaboración entre el el sector público y el sector privado”, lo que significa que las empresas deberán realizar inversiones para la renovación de la infraestructura de redes, mientras que los gobiernos permitir la comercialización a precios accesibles y certidumbre para la competencia justa.

“Es un avance que se licitó en todo el mundo, incluso con bases más elevadas, por lo que no peligra su desarrollo”, respondió Leiva ante la consulta del futuro del 5G.

Desde un punto de vista técnico y tecnológico, la transformación digital implicará un mayor ancho de banda y capacidad de datos como también un importante flujo de información, que llega a velocidades de 10 Gbps, lo que permitirá que las comunicaciones sean casi en tiempo real.

En la actualidad, países como Estados Unidos, Canadá, Taiwán, China y Brasil, entre otros, cuentan con tecnología 5G.

LC con información de agencia NA

Movistar es la empresa de telecomunicaciones con mejor desempeño en materia de protección de la información de sus usuarios. Así lo indica la tercera edición del informe “¿Quién defiende tus datos? Argentina” de la Asociación por los Derechos Civiles, que evalúa la manera en que 7 grandes compañías de este rubro ─Personal, Telecentro, Movistar, Arlink, DirecTV, IPLAN y Claro─ protegen la privacidad y datos personales de sus clientes.

Las obligaciones legales de estas empresas respecto del tratamiento de la información de sus usuarios están determinadas, entre otras normativas, por la Ley Nacional de Datos Personales. Esta regulación data del año 2000 y, con el avance de la big data y las telecomunicaciones en las últimas décadas, ha quedado desactualizada ante nuevos parámetros internacionales. En septiembre de 2022, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) promovió la discusión de un anteproyecto que enfatiza el deber de las compañías en la recolección y tratamiento de estos datos. Hasta su aprobación, continuará existiendo cierta laxitud y opacidad respecto a las obligaciones de las empresas.

De conformidad con el artículo 6 de la ley actual, las 7 compañías estudiadas informan al usuario sobre la finalidad para la que son recolectados sus datos. Sólo 4 empresas, sin embargo, especifican de forma detallada y clara para el titular de la información los fines de su recopilación y se comprometen a no exceder dichos usos: Movistar, DirecTV, IPLAN y Claro. Personal y Telecentro, las dos compañías con mayor participación en la provisión de internet fijo en el primer semestre de 2021, según la Cámara Argentina de Internet (CABASE), proveen esta información de manera más vaga y ambigua. Arlink, que concentra el 1.67% de este servicio, los explica de manera detallada, pero no se compromete de forma explícita a limitarse a dichos fines.

“Como se masificó mucho el uso de datos, eso debería haber venido de la mano de informar la finalidad de la recolección de manera más precisa, informar los cambios en la política de manera más precisa y salir un poco de lo que la ley te obliga a hacer, es decir, tomar la ley como piso mínimo, pero mejorar a partir de ahí”, explicó Victoria Penas, autora del informe y abogada especialista en Derecho Internacional Público y Penal, a elDiarioAR.

El aumento del volumen de datos recolectados y utilizados surge, en parte, de la ampliación de la conectividad en el país. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante el cuarto trimestre de 2022, los accesos a internet fijos ascendieron a 7.946.140, mientras que los móviles alcanzaron 36.616.187. Esto representó un incremento interanual de 1.3% y 6.8%, respectivamente. En este contexto, como destaca la especialista, las empresas podrían haber avanzado más allá de los requerimientos mínimos de la ley para ajustarse a las nuevas circunstancias.

Las compañías, sin embargo, continúan aprovechando la laxitud de la norma y suelen atenerse únicamente a los parámetros establecidos a principios de siglo. Esto se da, por ejemplo, en lo referente a la calidad de los datos. Si bien todas las empresas relevadas tienen su base de datos inscripta en la AAIP, Arlink, DirecTV y Claro no presentan otra expresión clara de compromiso con la veracidad y precisión de los datos recolectados. En estos casos, garantizar la calidad de los datos ─deber establecido en el artículo 4 de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales─ es responsabilidad exclusiva de los usuarios. Las empresas podrían solicitar periódicamente una actualización de la información para compartir con su clientela el deber en cuestión y evitar que el titular de los datos tenga que solicitar, por su cuenta, la rectificación correspondiente ante cambios de domicilio, correo electrónico u otro dato personal.

En cuanto a la seguridad de los datos, sucede algo similar. Aunque las 7 empresas estudiadas se comprometen a adoptar las medidas necesarias para cumplir con este deber, contemplado en el artículo 9 de la ley, sólo Movistar aclara qué tipo de sistema utiliza para proteger los datos y evitar su uso desautorizado, lo que brinda mayor transparencia a su clientela. Las compañías restantes no explicitan qué herramientas concretas usan o, en el caso de DirecTV e IPLAN, exhiben un compromiso muy laxo que deja margen para un manejo poco cuidadoso de los datos.

Para cumplir con su deber de proteger la información de sus usuarios, las compañías de telecomunicaciones, además, están obligadas por ley a mantener la confidencialidad. El Estado es el único agente que puede solicitarles datos, metadatos o intervenciones de comunicaciones a las empresas para llevar adelante investigaciones penales.

En virtud del artículo 10 de la ley, las empresas deben entregar esta información a las autoridades gubernamentales cuando haya una orden judicial de por medio y/o cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, defensa nacional y salud pública. “Lo que debería ser habilitante de una solicitud de datos, en principio, debería ser una orden judicial. Puede haber un caso concreto de datos no tan identificables que no comprometan tanto al sujeto que puedan ir por la vía administrativa”, detalló Penas a elDiarioAR.

De conformidad con la norma, la política de Telecentro contempla la entrega de datos al Estado ante estas circunstancias, pero no especifica qué implican todas aquellas situaciones en las que no es necesaria una orden judicial. Movistar presenta una política igualmente ambigua: pide resolución judicial, pero no aclara los requisitos para aquellos pedidos que se hacen por vía administrativa ni con qué frecuencia se entrega información sin autorización legal previa. Arlink, DirecTV e IPLAN, a su vez, no mencionan una orden judicial o resolución equiparable como requisito para la cesión de datos al gobierno. América Móvil, empresa dueña de Claro, expone la necesidad de presentar una orden judicial en su página web, pero no figura en el sitio local de la sucursal argentina.

La evaluación de las solicitudes de datos para determinar si son pertinentes, a pesar de constituir un aspecto central para preservar el derecho a la privacidad de los usuarios, es poco común entre las empresas estudiadas: sólo los departamentos legales de IPLAN y Claro examinan el pedido gubernamental. Esta falta de rigurosidad a la hora de responder a los pedidos gubernamentales deja amplio margen de discrecionalidad al accionar del Estado y, tal como establece la especialista, es central que las empresas comiencen a fijar requisitos claros. “Cuanto más alto se le pone la vara al Estado, más transparente se vuelve el ejercicio de sus funciones”, señaló.

Tal como explicó a elDiarioAR la autora del informe, las empresas de telecomunicaciones podrían adoptar medidas que excedan los deberes mínimos estipulados en la Ley Nacional de Protección de Datos Personales vigente actualmente. En relación a las solicitudes gubernamentales de información, las compañías podrían notificar a los titulares antes pedidos de información y publicar estadísticas sobre estos pedidos en informes de transparencia en sus páginas web. Se trata de documentos periódicos en las que debería figurar la cantidad de solicitudes recibidas por parte de fuerzas de seguridad y organismos estatales, cuántas se aceptan o rechazan y quiénes son los agentes solicitantes en cada caso.

Del total de empresas analizadas, sólo 3 empresas comunican a sus usuarios sobre este tipo de pedidos: Movistar lo hace a través del Informe anual de Transparencia de las Telecomunicaciones que publica en su página web, Claro mediante un apartado en los Informes de sustentabilidad de América Móvil, mientras que IPLAN las publica por fuera de estos documentos. “Los informes le permiten a la gente saber, primero, que las empresas reciben solicitudes de datos, que es algo que no toda persona usuaria conoce, y, segundo, el volumen de solicitudes, qué tipos de datos se requieren, si son intervenciones de comunicaciones, datos de tráfico de internet, etc”, detalló Penas a este medio.

Movistar e IPLAN también han avanzado con la adopción de políticas para responder ante violaciones de los derechos de su clientela. Ambas compañías crearon canales de denuncia específicos para casos de vulneración de la privacidad. Estos canales deben ser de rápido acceso para los clientes para que sean eficientes. “Estamos hablando de temas por los que, en general, la gente no reclama y si, además, el canal de denuncia tenés que encontrarlo en el último rincón de la página, probablemente las personas menos lo hagan”, agregó la autora en comunicación con elDiarioAR.

ACM

Alberto Fernández no fue el primer presidente en visitar las instalaciones del gigante tecnológico Huawei en Beijing. Antes que él, ya lo había hecho Mauricio Macri en 2016, durante una recorrida en la que estuvo acompañado por su primer ministro de Economía Alfonso Prat Gay y su secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo. También Cristina Fernández de Kirchner fue invitada durante su último viaje en 2015 pero la entonces presidenta -que ya había tenido varios contactos con las autoridades máximas de la empresa- decidió enviar a su ex ministro de Economía Axel Kicillof en su lugar. La compañía de capitales chinos tiene la costumbre de invitar a cada uno de los mandatarios argentinos que viaja a su país. Sin embargo, Fernández lo hizo en un momento especial, cuando el gobierno nacional se apresta a lanzar la licitación para el espectro del 5G y la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos vuelve a calentar motores. 

Huawei es líder en un rubro en el que no tiene competencia de gigantes de origen norteamericano. Sólo los finlandeses de Nokia y los suecos de Ericsson están en capacidad de disputarle el podio. Mientras la firma que recibe acusaciones de demócratas y republicanos por igual corre con ventaja, las grandes operadoras que actúan en Argentina -Telecom, Telefónica y Claro- están pendientes de la decisión que hoy se amasa entre la jefatura de Gabinete, el Enacom y la secretaría de Innovación Pública. 

Escoltado por la mayor parte de la comitiva que lo acompañó, incluidos Kicillof y la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras, el presidente argentino recorrió el Centro Tecnológico de la firma en Beijing. Se reunió de manera presencial con el CEO de Argentina, Steven Chen Shiqing, y con el director regional de la empresa. Pero además tuvo un largo contacto por videoconferencia con el presidente y fundador del emporio, Ren Zhengfei, del que poco trascendió. El magnate chino estaba acompañado por su actual esposa, Su Wei, que hoy también oficia como ceo de la empresa. Según pudo saber elDiarioAR de fuentes del gobierno nacional, Fernández le pidió a Zhengfei que la incorporara a la conversación. Huawei, por su parte, se dedicó a mostrarle sus avances a la misión argentina: data centers, inteligencia artificial, energías alternativas y la potencialidad del 5G en otros lugares del mundo: realidad aumentada, realidad virtual y coches inteligentes que tienen en su interior equipamiento electrónico de los chinos.

Debilidad por Argentina

Quienes lo trataron en alguno de sus viajes al país sostienen que Zhengfei, el ingeniero de 77 años que hoy conduce la compañía número 1 a nivel global en el desarrollo de 5G, tiene una debilidad por Argentina. Vino en más de una oportunidad y estuvo en Casa Rosada por lo menos dos veces: en 2013 con CFK y en 2017 con Macri. Sin embargo, la última de sus excursiones, a finales de 2018, no terminó bien. Había desembarcado en Bariloche para participar de una reunión anual de la empresa y se enteró de la noticia que marcó un viraje radical en su vida y en el de su compañía: la detención de su hija Meng Wanzhou en Canadá acusada de fraude bancario en medio de una batalla política y diplomática a escala global.

Directora financiera de la compañía y con el cargo de vicepresidenta, Meng estaba por esas horas a punto de viajar a la Argentina. Con su detención, la frágil tregua que Donald Trump y Xi Jinping pretendieron actuar en Buenos Aires durante la cumbre del G20 organizada por Macri se esfumó en cuestión de segundos. 

Ex soldado del Ejército de Liberación Nacional reconvertido en líder de una firma global, Zhengfei se vio obligado a hacer un viraje fenomenal y abandonar el perfil bajo para salir a defender sus intereses. Conocido por haber dado apenas dos entrevistas a lo largo de tres décadas, decidió dar 1.500 en los últimos dos años. Aunque la exposición política no le sirve, dicen quienes entienden su juego, menos le rinde hacer silencio ante las acusaciones de Estados Unidos. 

Huawei está instalada en Argentina desde 2001, tiene alrededor de 500 empleados y es líder absoluto en la carrera global por el 5G. Cuenta con el mayor número de patentes aprobadas y es proveedora de infraestructura y hardware de la mayor parte de las empresas del sector instaladas en Argentina. Su director de Relaciones Institucionales es Juan Bonora.

Magnetto habla en mandarin

Según admiten en el Gobierno, Enacom apuesta a lanzar este año la licitación de las frecuencias para el 5G. Aunque los optimistas hablan de un plazo de seis meses, los escépticos dicen que todo depende del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y del rumbo de la economía. Nada es inminente. En diciembre pasado, Enacom, Jefatura de Gabinete y la secretaría de Innovación definieron cuáles son las bandas y diseñaron un reglamento, pero antes de licitar deben liberar las bandas que hoy están ocupadas y no tienen un uso específico. En un plazo todavía de lo más incierto, las empresas e instituciones que las utilizan en la actualidad deberán migrar hacia otras frecuencias. Después, el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, tiene que establecer un valor para las frecuencias de acuerdo a los precios internacionales y a un modelo de negocios, que puede seguir los criterios de Chile o de Brasil, dos de los países que licitaron el 5G el año pasado en base a distintos objetivos: en el primero de los casos, sin grandes obligaciones de despliegue y con el propósito de recaudar en dólares lo máximo posible por el espectro; en el segundo, con un costo más bajo por la frecuencia y la condición de fijar mayores obligaciones de despliegue para los operadores. 

Recién entonces, las telcos que dominan el mercado local entrarán a la licitación para comprar frecuencias y deberán decidir a quién comprarle los equipos en función de la experiencia, los servicios y los precios de los proveedores como Huawei. La compañía que visitó Fernández hace dos semanas creció en parte gracias a una campaña agresiva de precios baratos pero en los últimos tiempos, confiada por su preeminencia en la carrera tecnológica, decidió ir elevando la cotización de sus diseños: tecnologías inalámbricas móviles, radioenlaces, centrales. Lleva dos décadas de relación con las firmas del sector: empezó vendiendo equipos de redes y en 2014 se asoció con Telecom y Telefónica para entrar en la carrera del 4G. 

Los dos grandes jugadores que nacieron de las privatizaciones de los años noventa tienen tecnología Huawei. Nadie, sin embargo, cuenta con el nivel de afinidad que tiene el holding que domina Héctor Magnetto en asociación con el mexicano David Martínez. Obligado y en función de sus propios intereses, el Grupo Clarín no puede, al menos en este punto, acompañar la cruzada de sinofobia en la que están empeñados los tanques de la comunicación con los que suele coincidir en asuntos domésticos. Al contrario. 

Aunque eligieron como principal proveedor a los suecos de Ericsson, los españoles de Telefónica también tienen equipamiento de los chinos. Tanto que en la visita de Fernández los directivos de Huawei mostraron imágenes de la radiobase que instaló Telefónica en el Aconcagua, con tecnología de la casa. A la inversa, Telecom contrató a Nokia en el noreste del país. Claro es el único que no le compra a Huawei en Argentina porque America Mobile definió que en el sur de Latinoamérica trabaja con Nokia. En el norte, lo hace con Ericsson y en el centro del continente, desde Brasil a Colombia, lo hace con Huawei.

La pelea global y el Presidente

Fernández todavía no había asumido la presidencia cuando se topó por primera vez con el disgusto de Estados Unidos con respecto a Huawei. En noviembre de 2019, el presidente electo viajó a México y se reunió con el entonces encargado de asuntos del Hemisferio Occidental Maurice Claver Carone, el viejo halcón republicano Elliot Abrams y el empresario argentino Gustavo Cinosi, actual asesor de Luis Almagro en la OEA. En plena tensión entre Trump y China, el secretario de Estado republicano Mike Pompeo denunciaba las “prácticas depredadoras” de Beijing. 

Uno de los enviados de Trump le pidió a Fernández que no permita que Huawei se apodere del mercado del 5G en la Argentina. La respuesta del futuro presidente, según dicen, fue algo irónica. “Ok ¿y qué empresa de Estados Unidos puede encargarse del tema?”, preguntó. La tecnología 5G es uno de los aspectos más desiguales de la carrera entre las dos superpotencias. En la industria sostienen que la quinta generación de telefonía móvil no fue un invento de China sino una estandarización global única en la que participaron países, fabricantes del mundo y los más grande operadores a nivel mundial. 

Sin embargo, Estados Unidos no cuenta con un fabricante de este tipo de tecnología, viene muy retrasado con respecto al desarrollo de equipos de Huawei y suele contratar a Nokia y a Ericsson como proveedores. Los defensores de la compañía china -los hay en el Gobierno y también en la calle Tacuarí- coinciden en que esa es la razón principal por la que se instaló el debate sobre el 5G. Nada de eso había sucedido, afirman, cuando se patentaron el 3G y el 4G. 

Con roles invertidos, los habituales defensores del libre mercado le piden al Estado que intervenga y los chinos profesan la libre competencia. Fuentes de la industria le dijeron a elDiarioAR que la estrategia de Huawei es esperar a que el Gobierno licite las frecuencias para imponer su peso en la carrera de mercado. En la compañía de capitales chinos solo esperan que el Presidente no haga caso a las tempranas e insistentes recomendaciones de Estados Unidos en la materia. Los detractores de la firma denunciada por Washington sostienen que, si el gobierno no pone objeciones de ningún tipo, “está jugando para Huawei”. Al contrario, quienes suelen contratar sus servicios afirman que lo irregular sería que el Estado le impida competir a la empresa del magnate Zhengfei o dicte una norma que bloquee su ingreso al mercado. Falta poco para saber quién tiene razón.

DG

Sobre el cierre del año, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó un aumento del 9,8% a partir de enero para los prestadores de internet, telefonía fija y televisión por cable o satélite que tengan hasta 100.000 accesos totales o conexiones. Esto quiere decir que aplica a las empresas medianas y deja fuera a los grandes exponentes del sector, como Claro, Telecom o Telefónica, en conflicto judicial con el Gobierno por el decreto que lo habilita a intervenir en la definición de sus tarifas. 

La resolución 2187/2021 fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y refleja el cuarto incremento que el Enacom habilita desde que se implementó el decreto 690/2020, que declaró servicio público a las telecomunicaciones y le dio un mayor rol al Estado en las definiciones del sector. 

De acuerdo con el texto, los incrementos autorizados solo podrán ser aplicados por aquellas empresas licenciatarias que hubiesen cumplido con las disposiciones previas de Enacom. Específicamente, que no hayan ajustado precios por fuera de lo autorizado oficialmente. “Cualquier incremento sobre los precios minoristas que hubiese sido aplicado y que supere los valores expresamente autorizados, deberá ser reintegrado a sus usuarios y usuarias en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican a sus clientes por mora en el pago de facturas”, suma la norma. 

El aumento deja fuera a las grandes compañías que están en conflicto con el Gobierno por el tema tarifas. La mayoría de ellas se escudan en cautelares otorgadas por la Justicia para no cumplir con el marco regulatorio del decreto 690 y determinar sus propios precios. La última de ellas fue Telefónica, que consiguió un fallo favorable pocos días atrás. 

El vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, se reunió con ejecutivos de Telecom, Telefónica, Claro y Arsat para intentar acercar posiciones. Según informó el Gobierno, hubo un intercambió de opiniones y se acordó que las compañías presentarían una propuesta para iniciar la negociación. Se estableció que la misma debería girar alrededor de tres ejes: definición de servicio público esencial, qué prestaciones incluiría; modos de actualización de tarifas y línea de base de niveles de inversión para acompañar el desarrollo tecnológico y mejorar el servicio. Se espera una próxima reunión para los primeros días del año 2022.

Desde la entrada en vigencia del decreto hasta julio pasado el Enacom autorizó aumentos de entre el 15% y 20%, dependiendo el servicio, mientras que las empresas informaron a sus clientes subas que en el acumulado se acercan al 50% en 2021, en línea con la inflación interanual. 

MT

La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal falló a favor de la empresa Telefónica —que opera comercialmente bajo la marca Movistar— y le otorgó una medida cautelar que la exime de cumplir con el decreto 690/20, que declaró servicio público a las telecomunicaciones y estableció que el Gobierno nacional es quien regula las tarifas del sector.  

El pedido de la empresa había sido rechazado en primera instancia por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5. Con este fallo de segunda instancia Telefónica se suma a la lista de compañías que disponen de herramientas legales para no respetar las subas de precios determinadas por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y ejecutar los aumentos que consideran necesarios en sus facturas.

Ya se encontraban al margen del decreto 690, publicado en agosto de 2020, los alrededor de 500 operadores integrados en la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) —dentro de la que Telefónica se daba por incluida—, Telecom, Telecentro y DirectTV. Entre los grandes jugadores del sector, Claro es el único que todavía no tiene una cautelar con su propio nombre. 

Los jueces determinaron que la disposición oficial afecta la “libre competencia” al modificar las condiciones bajo las cuales los servicios fueron originalmente regulados, autorizados y habilitados. Asimismo, consideraron que no puede dejarse de lado el “efecto adverso” que podría provocarle a la empresa la imposición de un régimen tarifario en el marco de la actual coyuntura económica, financiera y cambiaria del país, “caracterizada, entre otros factores, por una alta inflación y un deterioro de la valuación del peso frente a las monedas extranjeras”.

De acuerdo con el fallo —en el que votaron a favor los jueces Liliana María Heiland y Rodolfo Eduardo Facio y en disidencia, Clara María do Pico— la compañía quedará fuera del alcance de la norma por el plazo de seis meses o hasta el dictado de la sentencia definitiva.

Desde la entrada en vigencia del decreto hasta julio pasado el Enacom autorizó aumentos de entre el 15% y 20%, dependiendo el servicio, mientras que las empresas informaron a sus clientes subas que en el acumulado se acercan al 50% en 2021, en línea con la inflación interanual. 

DT