La escena podría confundirse con una postal del pasado: la bandera de “Clarín Miente” flameando en la tribuna de la cancha de River, rescatada ahora desde el archivo por “John”, el alter ego del asesor Santiago Caputo en X. Pero no estamos en los tiempos de Cristina Kirchner, sino en pleno mandato libertario de Javier Milei, que decidió hacer del Grupo Clarín su nuevo blanco predilecto. “Clarín tuvo su Ley de Medios para que no quiebre, ahí le robaron a los argentinos 30.000 millones de dólares”, lanzó explícitamente el Presidente durante la cadena nacional del pasado 1° de marzo, en medio de su discurso ante la Asamblea Legislativa.

La ofensiva oficial quedó expuesta como nunca en ese preciso instante. Y siguió al día siguiente, cuando, entrevistado por Luis Majul en LN+, Milei relativizó el cruce entre Santiago Caputo y Facundo Manes calificándolo como “chimentos de peluquería” y desestimando la denuncia por amenazas que realizó el propio diputado radical. Además, aprovechó el episodio para volver a la carga contra el grupo mediático: “Clarín me la tiene jurada porque estoy en contra del monopolio de las telecomunicaciones y he anunciado la intervención de la Enacom y de Defensa de la Competencia. Es un vuelto”, disparó desde el Salón Blanco de Casa Rosada, en un reportaje que, a diferencia del que había tenido con Jonatan Viale en TN, fue transmitido en vivo y sin cortes.

La novela había comenzado el 24 de febrero pasado, cuando Telecom anunció la compra de la filial argentina de Telefónica por US$ 1.245 millones, tras la decisión de la española de reducir su presencia regional. Desde el Gobierno instruyeron a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para analizar la legalidad de la operación, advirtiendo que podría concentrar cerca del 70% del mercado móvil.

Aunque parte de la oposición celebró la intervención estatal, sorprendió que fuera el propio Presidente quien pidiera ir a fondo contra la venta, dejando de lado sus principios. No hace mucho, Milei decía que “los monopolios no sólo no son malos, sino que pueden llegar a ser maravillosos”. Pero la política, como siempre, mueve placas.

En el mundo empresario, en tanto, resultó llamativo que Milei haya iniciado esta embestida contra Clarín recién una vez concretada la compra de Telefónica, cuando difícilmente una operación de tal magnitud podría haberse cerrado sin algún tipo de venia previa del propio Gobierno. Para muchos, las críticas públicas parecen más un gesto discursivo que una verdadera intención de frenar la expansión del grupo. ¿Un ardir para sacar del foco el escándalo de la criptoestafa, que ya comenzó a complicar judicialmente a Karina Milei?

Lo cierto es que desde Clarín minimizan su peso en la jugada. Comparan los US$ 7.300 millones de Telecom y los US$ 1.000 millones de Telefónica con gigantes como AMX (Claro, US$ 87.000 millones) o Starlink, de Elon Musk (US$ 350.000 millones). El mensaje apunta a que el verdadero riesgo de concentración vendría en realidad por otro lado. Curiosamente, Musk es uno de los empresarios más elogiados por Milei.

Desde el comienzo de su gestión, Milei busca centralizar el control sobre las relaciones con las empresas del sector de telecomunicaciones y dirigir el proceso de licitación del 5G. Para ello, fue fundamental una maniobra: la intervención Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), encabezado desde enero de 2024 por Juan Martín Ozores. Un mes más tarde, a través de un decreto, el oficialismo autorizó a empresas como Starlink a prestar servicio de internet vía satélite en el país.

Recientemente, el Gobierno tomó la decisión de poner a disposición los 100 megahertz (MHz) de espectro que el Estado le había reservado a la empresa Arsat para comunicaciones móviles y que no se están utilizando —además de los 50 megahertz que pertenecían al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)—, con el fin de destinarlos al servicio de telefonía 5G. Sin embargo, según explicaron fuentes oficiales a elDiarioAR, el procedimiento de licitación “todavía no está definido”.

Anti-clarinismo reloaded

El conflicto con Clarín se mantuvo latente a lo largo de todo el primer año de gobierno libertario. En octubre pasado, Milei avanzó con la eliminación de la exención del IVA a los diarios, medida que impacta directamente en las finanzas del grupo. También denunció deudas millonarias de Telecom con el Fondo de Servicio Universal y derogó normas que garantizaban la presencia de todas las señales de noticias en las grillas de TV paga. Además, se peleó públicamente con Marcelo Bonelli, a quien acusó de “mentiroso”, y designó al frente de la Dirección General Impositiva (DGI) a Andrés Vázquez, un funcionario recordado por haber encabezado operativos contra Clarín en 2009, durante la gestión de Ricardo Echegaray en la AFIP, en plena disputa del kirchnerismo con el multimedios.

Ahora, la venta de Telefónica a Telecom le dio un nuevo impulso al enfrentamiento que Milei mantiene no solo con el grupo, sino con la prensa en su conjunto. Aunque no sin paradojas. Al soliticar que se investigue si la operación configura un monopolio, el Presidente recibió el inesperado elogio de Víctor Hugo Morales, eterno enemigo de Clarín. “Se animó a meterse con el grupo mafia. Tuvo el tupé de enfrentarse a ellos”, reconoció el periodista. Al menos por un momento, el proverbio árabe se hizo carne: “El enemigo de mi enemigo, es mi amigo”.

Tras su discurso en el Congreso, Milei no tuvo reparos en salir a redoblar la apuesta. “CLARÍN: LA GRAN ESTAFA ARGENTINA” títuló una publicación en X, en la que denunció que el grupo busca quedarse con el 70% del mercado de telecomunicaciones, para después advertir: “No vamos a dejar que eso suceda. No vamos a dejar que sigan robándole a los argentinos. Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país. Pero en el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos. Yo solo estoy en el medio”.

Tanto en su entrevista televisiva como en redes sociales, Milei aprovechó la ocasión para reflotar la historia de la supuesta salvación financiera de Clarín durante la crisis de 2002: “A mediados del 2003 sale una ley que es de la preservación de los bienes culturales... Dentro de esa ley había una modificación a la Ley de Concursos y Quiebras que decía que entonces no podían avanzar los acreedores sobre esos bienes”, le explicó el Presidente a Majul. “¿Qué pasó con esos títulos de deuda? Prácticamente se derrumbaron porque no tenían poder de negociación. A los deudores los favoreció”, agregó, apuntando directamente contra el grupo mediático.

Esa versión señala que existió una reunión en una casa de la localidad bonaerense de Banfield entre el CEO Héctor Magnetto, el por entonces presidente Eduardo Duhalde y su ministro de Economía, Remes Lenicov, para acordar la pesificación asimétrica y la Ley de Bienes Culturales. Sin embargo, varios protagonistas de aquellos años niegan que Magnetto haya estado presente y afirman que fue Jorge Rendo, entonces director de Legales y Relaciones Institucionales, quien participó de las gestiones, como se relata en los libros del periodista Martín Sivak sobre la historia de “el gran diario argentino”.

Pero Clarín no fue él único beneficiado por aquella legislación. La norma fue respaldada también por medios como Perfil y La Nación, que temían quedar en manos de fondos extranjeros tras el colapso de la convertibilidad. Además, Telefónica traspasó Canal 9 a Daniel Hadad, que de inmediato presentó su canal en concurso de acreedores, lo mismo que América TV y otros medios gráficos. En ese sentido, lejos de ser un traje a medida para Magnetto, la ley resultó una salida de emergencia para sostener a todo el ecosistema mediático nacional.

A Milei suele causarle regocijo la situación material de ciertos medios de comunicación, que no se encontrarían pasando por su mejor momento. Quizás el ejemplo más descarnados de ese tipo de actitud tuvo lugar el año pasado, cuando llegó a expresar en público la satisfacción que le generaba una virtual quiebra del Diario Perfil, propiedad de Jorge Fontevecchia. “Ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos y ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra”, lanzó el Presidente durante una entrevista en Neura.

Por su parte, Clarín juega su partida habitual: acompaña, negocia y luego critica. Así fue con Menem, los Kirchner, Macri y Alberto Fernández. Milei conoce ese historial. Y, por ahora, agita la bandera de “Clarín Miente”, aunque nadie descarta que, como tantas otras veces, termine sellando un pacto. La novela recién empieza. Se escribe en X, en comunicados oficiales y en las negociaciones discretas donde, lejos de los micrófonos, se definen los negocios reales.

PL/JJD

Los argentinos que viajen a países del Mercosur dejarán de pagar por el servicio de roaming internacional a partir de este domingo 29 de diciembre, informó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). 

De este modo, a los usuarios de telefonía móvil que viajen a Brasil, Uruguay y Paraguay ya no se les cobrarán cargos extra al momento de acceder a Internet, enviar mensajes de voz y texto o realizar llamadas.

La decisión surge de un acuerdo llevado a cabo entre los Estados Parte del Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- firmado en julio de 2019 y ratificado en nuestro país en mayo de este año a través de la Ley 27740, la cual aprobó el Acuerdo para la Eliminación del Cobro de Cargos de Roaming Internacional a los Usuarios Finales del Mercosur.

Este acuerdo establece, entre otras cosas, que los prestadores de servicios móviles deberán aplicar a sus usuarios finales los mismos precios que cobren en su propio país, según la modalidad y al plan contratado por cada uno. 

Esto quiere decir que los usuarios de telefonía móvil que viajen a los países que integran el Mercosur podrán seguir utilizando los servicios como si estuviesen en Argentina.

Una vez implementado el Acuerdo, un Comité de Coordinación Técnica, compuesto por representantes de los Estados Parte, deberá posibilitar su implementación, además de supervisar su ejecución y cumplimiento.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología junto al Enacom conformarán el Comité en representación de Argentina.

El servicio de roaming permite que los usuarios que se encuentran en zona de cobertura de una red móvil diferente a la que le presta el servicio, puedan recibir las llamadas hechas hacia su número de móvil, sin necesidad de realizar ningún tipo de procedimiento extra; y, en muchos casos, también permite efectuar llamadas hacia la zona donde se contrató originalmente el servicio sin necesidad de hacer una marcación especial.

MM con información de la agencia NA.

En un nuevo capítulo de su cruzada por desregular todos los aspectos de la economía, el gobierno, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) liberó a las empresas que prestan los servicios de internet, telefonía celular y TV por cable para que puedan fijar sus tarifas sin intervención del Estado.

Lo hizo por medio de la Resolución 13/2024 publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma del interventor del organismo, Juan Martín Ozores.

De esta manera el Gobierno eliminó todas las regulaciones establecidas en 2020 por la gestión de Alberto Fernández a partir de la pandemia de Coid-19, que les imponían un tope a las tarifas de internet, celulares y cable, con un límite para los aumentos de precios de entre un 5% y un 10% mensual.

Esta decisión responde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que anuló el anterior DNU 690/2020 que había declarado a los servicios TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como «servicios públicos esenciales y estratégicos», otorgando al ENACOM la facultad de regular sus tarifas.

Ahora, las empresas de telecomunicaciones podrán volver a fijar sus precios, algo que el organismo regulador justifica como necesario para “salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia”.

El Gobierno ya había modificado con el DNU 02/2024 el artículo 48 de la Ley 27.078 Argentina Digital-Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sancionada el 16 de diciembre de 2014, que establecía que los licenciatarios de Servicios de TIC “fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación. Las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia, las de los prestados en función del Servicio Universal y de aquellos que determine la Autoridad de Aplicación por razones de interés público, podrán ser reguladas por ésta”.

Esto ya no corre y ese artículo fue sustituido por este texto: “Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”. El Estado ya no puede regular las tarifas.

La resolución

Los argumentos

El texto oficial recordó que en los considerandos del DNU 302/2024 se expuso que “los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar sus precios libremente”.

En esa línea, también mencionaba que “el DNU N° 690/2020 establece una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de los precios de los servicios prestados”.

La desregulación de las telecomunicaciones se da en medio del impacto que atraviesa el sector por la recesión, lo que se reflejó en un informe de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), donde se revela que las familias argentinas están buscando reducir el impacto de los costos de la conectividad en sus presupuestos.

El estudio arrojó que el 67,5% de los hogares argentinos implementaron medidas para reducir los costos de su servicio de internet fijo, en respuesta al complejo contexto económico de los últimos meses. Mientras que el 65,3% de los hogares también ajustaron sus gastos en servicios de TV paga.

Qué había resuelto la Justicia

Hace días, un fallo de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó una sentencia anterior de noviembre de 2023 que declaraba la nulidad del DNU 690 del gobierno de Alberto Fernández, invalidado hace poco por el DNU 302 de la gestión de Javier Milei.

En el fallo que se conoció el pasado 27 de noviembre, la Justicia resolvió la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia que consideraba a las telecomunicaciones como servicio público esencial. La decisión fue tomada la jueza a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8, Cecilia De Negre, quien falló a favor de la empresa Telecom que había calificado como “inconstitucional” el DNU del año 2020 y pedía “fijar libremente los precios”.

Para la magistrada que tomó la resolución hace siete meses, el Poder Ejecutivo no puede determinar la calificación de un servicio como público por medio de un decreto y que en ese sentido se requiere la sanción de una ley del Congreso. “Al disponer que la actividad prestada sea sustraída del sector privado, se limitan derechos fundamentales, que solo puede ser dispuesta mediante la sanción de una ley; ya que tiene una naturaleza expropiatoria de derechos adquiridos protegidos por la garantía del art. 17 de la C.N.; es que la declaración de una actividad económica como servicio público, implica someterla a un régimen especial de sujeción jurídica, que exige el dictado de una ley formal emitida por el Congreso; técnica conocida como publicatio”, sostuvo De Negre.

Por medio del decreto 690/2020, del 22 de agosto de 2020, el gobierno de Alberto Fernández declaró como servicios públicos esenciales a los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC, reincorporando el carácter de servicio público de competencia como artículo 15 de la Ley N° 24.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La decisión fue tomada en medio de la pandemia por coronavirus como una medida para garantizar las comunicaciones durante el aislamiento y el acceso a la educación que en aquel momento era virtual. Así lo anunció el Presidente en su cuenta de X (entonces Twitter), quien además aseguró que las tarifas se mantendrían congeladas hasta el 31 de diciembre: “De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, había dicho Fernández.

Pero en abril de 2023, Telecom presentó una demanda contra el Ejecutivo Nacional y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para que se declare la nulidad del decreto y las resoluciones del organismo. El Estado contestó alegando que “los servicios Tics son servicio público esencial y estratégico del siglo XXI; debiendo satisfacer las notas típicas de continuidad, regularidad, igualdad, generalidad, obligatoriedad, universalidad y accesibilidad”.

En noviembre último, la jueza De Negre falló a favor de la empresa y cuestión el carácter permanente de la medida: “Fue la situación de emergencia sanitaria, en el marco de la pandemia del COVID-19, la que justificó otorgar medidas de protección y acceso a los servicios TIC y asegurar el derecho a la educación. Sin embargo, tal como ya se puso de resalto, no se estableció que su duración sería hasta la finalización de la pandemia, sino que las medidas se establecieron con carácter permanente. Ello afecta el principio de razonabilidad al establecer una discordancia entre el fin de la norma y los medios empleados”:

Para la jueza, el Estado contaba con otros medios para establecer tarifas que garantizaran el acceso a las telecomunicaciones durante la pandemia. “No deben olvidarse las facultades del Estado Nacional para intervenir frente a prácticas abusivas”, señaló y concluye que el “DNU incurre en una desviación de poder frente al fin declarado de garantizar la educación pública y la conectividad de los habitantes en el contexto de pandemia”.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno nacional dispuso el cierre de las delegaciones provinciales del Ente Nacional De Comunicaciones (Enacom), por o que se estiman que se sumarán unos 500 despidos al recorte que la administración del presidente Javier Milei viene haciendo en el estado. 

De acuerdo a la resolución, los cierres se darán a partir de próximo 1 de abril y se establecerá un “período de transición de 60 días, a fin de atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales”.

En tanto, se definió que habrá “una dotación mínima de trabajadores para garantizar las tareas que conlleven el cierre de las delegaciones y la realización de un inventario patrimonial de todo”.

La resolución también estableció que se debe “difundir en las vías de comunicación pertinentes por el plazo de 30 días, a contar desde la publicación de la presente, los medios de atención, ingreso de denuncias y demás trámites administrativos de Ente, en reemplazo de la atención presencial dispensada en las citadas sedes”.

Además, se deberá “instruir a la Dirección Nacional de Atención a Usuarios y Delegaciones, a la Dirección General de Administración y a la Dirección General de Recursos Humanos para que en el marco de sus competencias procedan a llevar adelante las tareas tendientes a dar cumplimiento al artículo 1° de la presente”.

De acuerdo a la resolución, se iniciará con un recorte de unos 400 empleados y para cuando se terminen las tareas de cierre, los despidos llegarían a los 500. En tanto, el Gobierno prepara otro decreto para que el Estado no pueda interferir en los precios de Internet, cable y celulares. Enacom es un organismo que depende de la Jefatura de Gabinete y fue creado en 2015 para regular las telecomunicaciones en Argentina.

MM con información de la agencia NA.

El Gobierno oficializó este lunes la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por 180 días y designó al frente de esa tarea a Juan Martín Ozores.

La medida, adelantada el fin de semana, fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 89/24 y adoptada, según se explica en los considerandos, “en consonancia con los lineamientos” del DNU 70/23, dictado por la actual administración “para afianzar el proceso de desregulación iniciado en el sector”.

En el texto de la disposición se argumenta “que a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones” adoptadas por el Enacom “que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”, y que esas medidas “han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas”.

“En virtud de ello, y a los efectos de llevar a cabo una ordenada y completa investigación de su actuación, resulta necesario disponer la intervención” del organismo, concluye el decreto publicado este lunes, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Junto a Ozores, consultor y exempleado de Movistar, el Ejecutivo designó dos interventores adjuntos: Patricia Zulema Roldán y Alejandro Fabio Pereyra, quien fuera interventor del organismo durante el Gobierno de Mauricio Macri.

De acuerdo a lo detallado en el decreto, tendrán que “evaluar e informar sobre la situación actual” del Enacom “en referencia al cumplimiento de sus competencias”.

En ese marco, añade el texto del articulado, “deberán analizarse muy especialmente las implicancias devenidas en el mercado de las TIC a partir del dictado del citado decreto de necesidad y urgencia N° 690/20 y los actos administrativos de aplicación surgidos como consecuencia de ello”.

“Asimismo, deberá informarse sobre las medidas cautelares judiciales vigentes, así como sentencias judiciales contra actos administrativos sobre materias que son competencia” del Ente, se agrega entre las tareas asignadas a los interventores.

También, deberán realizar “un relevamiento y evaluación de la estructura organizativa” del Enacom “a efectos de propiciar su reorganización funcional y operativa”, “procurando fomentar su profesionalización y eficiencia”.

“En pos de esa eficiencia, dicha reorganización funcional deberá procurar la simplificación de los procesos administrativos” del Ente, “así como la reducción de trámites excesivos”, remarca el texto.

Además, “deberán determinarse y redefinirse los programas y el alcance de los proyectos sobre el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), y el estado de otorgamiento y cumplimiento de los Aportes No Reembolsables”.

Asimismo, se dispone en el marco de la intervención que “las tramitaciones pendientes relacionadas con las asignaciones de recursos, autorizaciones radioeléctricas, licencias y registros deberán ser puestas al día, proponiéndose mecanismos informáticos tendientes a agilizar dichos trámites”.

En otro punto, se indica que “corresponderá efectuar un exhaustivo análisis de las regulaciones vigentes, evaluando si las mismas devinieron obsoletas o si, por su contenido, demoran y dificultan el avance tecnológico, proponiendo, en su caso, las acciones necesarias para su actualización”.

Qué es el Enacom

El Enacom es un ente autárquico y descentralizado que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Su objetivo es conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión.

Enacom fue creado en diciembre del 2015 a través del Decreto 267 en el cual se establece su rol como regulador de las comunicaciones con el fin de asegurar que todos los usuarios del país cuenten con servicios de calidad.

Misión

Promover la plena inclusión digital, facilitando a toda la población el acceso a las oportunidades que brindan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, generando un mayor balance y competencia entre los distintos actores del mercado, agilizando su desarrollo, resguardando la debida defensa de los usuarios y fomentando la prestación de servicios con altos estándares de calidad, en el contexto de un regulador activo que refuerce el marco normativo e institucional, garantizando que la pluralidad de voces y los beneficios de la sociedad de la información estén disponibles para todos los que habitan el territorio nacional, en especial a los que viven en zonas rurales, extremas y de bajos ingresos.  

Visión

Posicionarse como un referente internacional en regulaciones y control de las comunicaciones, habiendo logrado altos estándares de calidad de servicios a precios competitivos, generando espacios de inclusión digital y defensa de los usuarios, e impulsando una política pública e institucional para el correcto desarrollo del mercado.

Lineamientos

Organismos vinculados

Enacom mantiene vínculos con distintos organismos e instituciones con los que trabaja de manera conjunta. Algunos de ellos son:

Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER)

Es la institución pública de formación académica encargada de promover una sólida formación teórica y técnica en el marco de las carreras relacionadas con las prácticas radiales y audiovisuales.

Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI)

Es el Consejo multidisciplinario, pluralista y federal integrado por el Estado nacional que tiene como objetivo elaborar propuestas para mejorar la calidad de la programación de la radio y la televisión de nuestro país dirigida a niñas, niños y adolescentes.

Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual

Es una comisión permanente que funciona en el ámbito del Congreso de la Nación y que debe velar por el cumplimiento de las disposiciones referidas a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.

Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

Es un espacio para que los oyentes y televidentes puedan presentar sus consultas, reclamos y denuncias en lo referido a contenidos en los servicios de comunicación audiovisual.

Observatorio de la Discriminación en Radio y TV 

Un espacio de cooperación institucional en el que se trabaja conjuntamente con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM).

Con información de agencias.

IG

La intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) decretada hoy por el presidente Javier Milei complementa medidas estructurales con las que el gobierno re-regula los sectores audiovisual, de telecomunicaciones y conectividad. Para tomar el mando del estratégico organismo que funciona simultáneamente como regulador, controlador, financiador de políticas y autoridad de aplicación de una maraña de normas que son en muchos casos contradictorias entre sí, Milei designó como interventores a personas muy familiarizadas con el propio ENaCom y con sus predecesores, AFSCA y COMFER.

El decreto encomienda a los interventores relevar el estado de situación del ENaCom, su estructura, proponer modificaciones, analizar el DNU 690/20 del expresidente Alberto Fernández (que designó servicios esenciales a las telecomunicaciones y las TIC), reorganizar operativamente el organismo, evaluar la ejecución de los fondos del servicio universal (que financia obras de conectividad a operadores grandes, medianos y pequeños, comerciales, cooperativos y de estados provinciales) y de fomento concursable (que promueve contenidos en medios comunitarios y que el proyecto de “ley ómnibus” que tramita el Congreso busca eliminar).

Todos estos objetivos pueden realizarse sin intervenir el ente diseñado expresamente para estar subordinado al Poder Ejecutivo. En efecto, desde su creación por DNU 267/15 del expresidente Mauricio Macri, el directorio del ENaCom tiene siete integrantes, cuatro de ellos designados por el presidente y tres por el Congreso (de distintos partidos). La mayoría automática fijada en la conducción del organismo rige desde hace 8 años, ¿por qué, entonces, Milei ordena intervenirlo?

Las contorsiones que hacen los considerandos del decreto –y que reproducen consultores del mercado- para justificar objetivos que podrían alcanzarse sin intervención, intentan desviar su único efecto real: elimina el contralor minoritario de fuerzas políticas opositoras con representación parlamentaria en el directorio del ente.

El decreto, firmado también por el jefe de gabinete, Nicolás Posse, sentencia que “a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones adoptadas por el ENaCom que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”. Los abogados Juan Martín Ozores (designado interventor), Patricia Roldán y Alejandro Pereyra (interventores adjuntos) tienen un mandato fiscalizador que, por el lapso citado, se circunscribe sólo a la última presidencia del organismo, a cargo de Claudio Ambrosini.

Sin embargo, la familiaridad de los nuevos funcionarios con numerosas gestiones previas del ente abre interrogantes sobre su aptitud para encarar una auditoría sin sesgos. Ozores es un ex empleado de Movistar (empresa de Telefónica que ahora debe controlar), mientras que Roldán y Pereyra han ocupado altos cargos en el organismo (Pereyra llegó a integrar el Directorio del ENaCom con Macri) en la dirección y subdirección de áreas jurídicas sensibles, siendo partícipes de la ejecución de políticas. Ambos están relacionados (de modo directo e indirecto) con la tramitación de expedientes que deberían juzgar.

La intervención del ENaCom es parte de la re-regulación del mercado de comunicaciones con la que la conducción estatal dirigida por Milei acompaña el profundo reseteo de la vida económica, social y política del país. Su DNU 70/23 eliminó los límites a la multiplicidad de licencias audiovisuales a nivel nacional (sólo los conserva a niveles locales), asimila como servicio de telecomunicaciones y TIC a la tv satelital, quedando en las mismas condiciones que la tv por cable, relaja el registro para prestadores de servicios satelitales (Milei mencionó a Elon Musk en su discurso), deroga normas sobre fabricación, comercialización y distribución de papel, limita medidas de fuerzas de trabajadores de los servicios de comunicaciones, convierte en sociedades anónimas a las sociedades del Estado, entre otras modificaciones. A su vez, el proyecto de “ley ómnibus” negociado con formaciones dialoguistas en el Congreso introdujo la posible eliminación de la Defensoría del Público Audiovisual, organismo que tutela los derechos de las audiencias y que no posee poder sancionatorio, y del fondo de fomento concursable para medios comunitarios (FOMECA) cuyo estado de situación, curiosamente, la intervención del ENaCom ahora debe evaluar.

Este sumario listado de políticas sería incompleto si no citara las periódicas agresiones de Milei y de funcionarios de su gabinete a periodistas (mayormente mujeres, algunas de nítida filiación derechista), para disciplinar la acción informativa sobre su desempeño. La anunciada suspensión de publicidad oficial del gobierno nacional, cuyos alcances concretos no son públicos y que afecta el derecho ciudadano a conocer la labor de sus gobernantes, se suma a las novedades de la actual gestión. Las políticas de comunicación y la libertad de expresión no están disociadas.

Antecedentes “intervencionistas”

Ahora bien, sería injusto achacar exclusivamente a Milei la voluntad de colonizar el ENaCom con su intervención sin examinar los antecedentes que, con matices, muestran que todos los gobiernos nacionales han tentado (y logrado) concentrar el poder decisorio, incluso con políticas audiovisuales y de telecomunicaciones muy diferentes –u opuestas- a la actual.

El ENaCom creado por Macri, que asegura al oficialismo la mayoría automática, permite –sin intervención- que las fuerzas políticas con representación parlamentaria tengan voz y voto en el directorio. Estas pueden, entonces, conocer las resoluciones del ente, presentar propuestas e interrogar sobre el funcionamiento de las distintas áreas. La intervención consume los restos del velo republicano que cubría la formalidad democrática en la dirección del organismo.

Antes del ENaCom, las políticas de comunicaciones se dividían entre la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la ex Autoridad Federal de Telecomunicaciones y TIC (AFTIC), cuyas estructuras habían sido votadas por sendas leyes tramitadas en el Congreso en 2009 (26522, de servicios de comunicación audiovisual) y 2014 (27078, de telecomunicaciones y TIC). Sin embargo, aunque esas normas no sostenían en los papeles la sujeción de los citados organismos al Ejecutivo (que proponía a dos miembros de un directorio de siete), en los hechos todas las decisiones mayoritarias de sus directorios fueron alineadas con la Casa Rosada, a veces a contramano de lo que estipulan las leyes mencionadas.

Previamente, el COMFER estuvo intervenido desde 1983 hasta 2009, puesto que la ley de radiodifusión de entonces (decretada por la dictadura en 1980) incluía en su directorio a las fuerzas armadas y a los servicios de inteligencia, lo que resultaba incompatible con los estándares democráticos. En esas décadas también fue intervenida la Comisión Nacional de Comunicaciones, mientras que la Secretaría de Comunicaciones reportaba, como es lógico, a la presidencia.

La historia del diseño institucional de los organismos estatales encargados de las comunicaciones es reveladora de la vocación de control -que Milei potencia con la intervención- de un área que carece de propuestas relevantes en la agenda de las principales formaciones partidarias en la Argentina, pero que es esencial en la vida cotidiana de la población y en el tejido productivo, educativo e informativo del país. Además, es un nicho de negocios intrasectoriales y de otras áreas económicas (5G) y opera, a la vez, como plataforma de proyección de figuras de la política, como el propio Milei, quien acaba de tomar el control absoluto del ente regulador.

MB/CRM

La Jefatura de Gabinete confirmó que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) será intervenido, decisión que se plasmará formalmente este lunes con la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial.

“La intervención del Enacom es una etapa transitoria pero necesaria para el reordenamiento del organismo”, indicó la Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete, al difundir la decisión y los nombres de quienes conducirán la intervención.

El interventor designado es el consultor y exempleado de Movistar, Juan Martín Ozores; y los interventores adjuntos son la abogada con 30 años de carrera en organismos estatales, Patricia Roldán; y el ex director del Enacom en la gestión del presidente Mauricio Macri, Alejandro Pereyra.

En un comunicado que acompaña el anuncio de la decisión, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, conducida por Alejandro Cosentino, señaló que la intervención realizará “una auditoría del destino de los fondos públicos para promoción y fomento de la actividad en la búsqueda de un uso racional y transparente”.

Desde la Secretaría indicaron que se revisará toda la regulación vigente, y los diferentes procesos judiciales en los que está involucrados el organismo.

También adelantaron que “luego de la intervención, el Enacom continuará con la misma misión para la que fue creado: promover comunicaciones de calidad entre todos los usuarios del país, generando un mayor balance y competencia entre los distintos actores del mercado”.

Desde la oposición, el exvicepresidente del Enacom Gustavo López cuestionó la decisión de la intervención al considerar que “no era necesaria”, y porque “evita la participación del Parlamento en el directorio”.

Días atras la Unión Argentina de Proveedores de Internet (UAPI) apoyó públicamente las políticas del Gobierno y pidió que se produzca una “profunda verificación de criterios de asignación y destino de los Aportes No reembolsables otorgados -por el Enacom- en el período 2019-2023, dadas las múltiples denuncias de manejos poco claros y de tergiversación evidente en el uso discrecional del Fondo de Servicio Universal”.

Consultadas las grandes empresas del sector, coincidieron en que “no tenemos aún un comentario”; mientras que entre las pymes la reacción varía entre las que anhelan que no se recorten los programas que asisten a las más chicas del mercado, y las que esperan tener una mayor participación en la mesa de discusión de las políticas para el sector.

Entre las funciones del Enacom figura la gestión del Fondo de Servicio Universal, que se integra con un porcentaje que aportan todas las empresas del sector y que, entre otros casos, permitió la distribución de tarjetas de datos a los grupos sociales más vulnerables en la pandemia.

También financió la mejora en la cobertura y calidad del servicio de internet a una variedad de proveedores de esta red en todo el país, así como sostuvo el programa de internet en barrios vulnerables y financió la conectividad de centros de salud primario y escuelas de todo el territorio.

CRM con información de la agencia Télam

El Ente Nacional de Comunicaciones anunció que espera recaudar US$1.050 millones en la subasta de frecuencias de espectro radioeléctrico para dar servicios de 5G, que se realizará el 24 de octubre en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

La confirmación de la fecha de la subasta y de los recursos que generará para el Estado nacional ocurre a horas de la apertura del mercado financiero después de una jornada de alta tensión cambiaria.

“El próximo martes 24 de octubre, el Gobierno nacional, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), concretará en el Centro Cultural Kirchner (CCK) la subasta de las bandas de frecuencias para el despliegue, desarrollo y prestación del servicio de quinta generación (5G), a partir de la cual se esperan recaudar alrededor de 1.050 millones de dólares”, difundió este miércoles el organismo.

Las tres empresas de servicios de comunicaciones móviles con red propia (Claro, Movistar y Telecom) participarán de la subasta después de haber presentado las garantías de ofertas y ya fueron precalificadas como oferentes.

El procedimiento licitatorio y “el valor base” de los lotes de frecuencia a subastar “se encuentran alineados con experiencias internacionales de licitaciones de espectro que han resultado exitosas para los Estados nacionales y guardan relación con procedimientos anteriores establecidos en el país para adjudicaciones de espectro radioeléctrico”, indicaron desde el Enacom.

El proceso licitatorio fija la atribución de la banda de frecuencias comprendida entre 3.300 y 3.600 MHz al servicio móvil terrestre con categoría primaria, que se utilizarán para comunicaciones con tecnología 5G.

En este llamado, se someterán al procedimiento de subasta un total de 300 MHz, en tres lotes de 100 MHz cada uno, precisaron desde el Enacom.

El despliegue de 5G constituye una política de Estado de mediano y largo plazo que “requiere la colaboración virtuosa entre el sector público y el sector privado, entre inversiones para la renovación de la infraestructura de redes que realizarán las empresas y el Gobierno para permitir su comercialización con una competencia justa y precios accesibles para las y los usuarios”, indicó el organismo.

Los detalles del comunicado de ENACOM

Con información de agencias.

IG

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) lanzó la subasta para el otorgamiento de la banda más lucrativa del espectro 5G, uno de los objetivos centrales para el año fijados por Sergio Massa, pero incluyó en el pliego una posibilidad reclamada por las empresas líderes del sector. El pago podrá ser efectuado en pesos; es decir, no acumulará dólares a las reservas, de acuerdo con la resolución publicada en el boletín oficial el martes.

Tras una discusión extenuante con los principales actores de las telecomunicaciones —Telecom, Movistar, Claro y Telecentro— y entre diferentes áreas del Ejecutivo, ENACOM anunció el lanzamiento de la subasta de 300 MHz en la banda comprendida entre 3.300 MHz y 3.600 MHz, en tres lotes de 100 MHz cada uno. El precio base para cada lote fue establecido en US$350 millones, por lo que la suma de los tres redundaría en US$1.050 millones.

La citada es la banda más apetecible en función del alcance técnico y la población objetivo, indicó una fuente al tanto de las negociaciones. Otras bandas brindan posibilidades de máxima precisión, pero menor mercado potencial, y a la inversa.

5G es una tecnología que permite altas prestaciones para determinadas industrias, ya sea para el manejo a distancia de instrumentos sofisticados en tiempo real, con una reducción al mínimo de la “latencia” —por ejemplo, una intervención quirúrgica— o para la transmisión masiva de datos —por ejemplo, de medidores de consumo de gas—, indicó a elDiarioAR el consultor en telecomunicaciones Enrique Carrier.

La Argentina llega tarde al negocio de 5G. Estados Unidos, Europa, China, Corea del Sur, Brasil, Chile y, recientemente, Uruguay ya tienen la tecnología en funcionamiento

Industrias como la minería, Vaca Muerta y el agronegocio podrías valerse de la tecnología y expandir sus fronteras. En cuanto al público masivo, los usuarios podrían constatar los beneficios del 5G en lugares de alta concentración, como recitales, espectáculos deportivos y artísticos, o centros comerciales. Hoy, las muchedumbres tornan insuficientes las antenas de 4G, mientras que la nueva escala solucionaría el colapso, indicó Carrier.

El 10 de diciembre a la vista

La Argentina llega tarde al negocio de 5G. Estados Unidos, Europa, China, Corea del Sur, Brasil, Chile y, recientemente, Uruguay ya tienen la tecnología en funcionamiento.

Massa, con incidencia directa en ENACOM a través del presidente del organismo, su allegado Claudio Ambrosini, aceleró la subasta pese a las turbulencias financieras y la incertidumbre política y económica que genera el proceso electoral. La coincidencia en la industria y en las oficinas del Gobierno involucradas era que ya no quedaba margen para postergaciones si el objetivo era conceder el espectro por 20 años antes del 10 de diciembre.

Con el antecedente de la licitación del espectro 4G en 2014, que le valió al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la recaudación de US$2.200 millones y resultó en una sustancial mejora en la calidad de las comunicaciones móviles, el Ejecutivo de Alberto Fernández aspiraba a un resultado similar, de menor monto y otro tipo de prestaciones.

Uno de los núcleos del debate fue que Telecom Argentina, empresa hermana del Grupo Clarín, y Movistar Argentina, subsidiaria de la multinacional homónima, manifestaron no estar dispuestas a entregar dólares a cambio del espectro. En ese punto, Claro, tercer gran actor de las telecomunicaciones en Argentina, propiedad del mexicano Carlos Slim, se mostró más permeable a ingresar moneda dura al país, en el marco de una política comercial que en la industria consideran agresiva y ante la posibilidad de ganar espacio en TV paga y banda ancha, expresó una fuente al tanto de las negociaciones.  

Uno de los núcleos del debate fue que Telecom Argentina, empresa hermana del Grupo Clarín, y Movistar Argentina, subsidiaria de la multinacional homónima, manifestaron no estar dispuestas a entregar dólares a cambio del espectro

Las empresas mencionadas facturan sus servicios a casi la totalidad de la población argentina y enfrentan restricciones parciales para acceder a dólares a la cotización oficial, por lo que Telecom y Movistar consideraban inadmisible la obligación de erogar dólares, tal como había planteado el Gobierno antes y después de la llegada de Massa al Ministerio de Economía, hace 13 meses.

El propio titular del Palacio de Hacienda computó en febrero pasado que ENACOM podría recaudar US$1.500 millones con la subasta en cuestión, y que ello iría a fortalecer reservas. Alberto Fernández también se había manifestado en similar sentido.

En dólares, pero en pesos

La resolución de ENACOM publicada el martes en el boletín oficial establece que la cotización de la oferta debe ser formulada en dólares, pero el inciso 2 del artículo 37 aclara que, “de conformidad con lo establecido en el Código Civil y Comercial”, la erogación podrá ser en “moneda de curso legal” con el “tipo de cambio vendedor” fijado en el Banco Nación “el día hábil inmediato anterior a efectuar el pago”.

Las empresas, que desde la privatización de ENTEL en 1990 demostraron conservar alta rentabilidad tanto en escenarios intervencionistas como de libre mercado, ahora quedan habilitadas para utilizar sus depósitos, bonos y otros instrumentos en pesos, pese a que, por el volumen de su facturación y sus reservas internacionales, también cuentan con acceso a dólares en el exterior. En particular, Movistar podría apelar a un giro de su casa matriz, pero en todo el transcurso de la negociación dejó en claro que no lo haría, indicaron una fuente del Gobierno y otra de la industria.  

La habilitación del pago en pesos atiende una de las principales demandas de los potenciales ofertantes, pero no fue la única decisión que benefició al trío de jugadores en el mercado móvil. Otros aspectos de la convocatoria de ENACOM generan resistencias y llevan a que las Telecom, Movistar y Claro, por ahora, no se hayan expresado en público al respecto.

Un dato elocuente es que los representantes de Juntos por el Cambio en ENACOM, José Corral y Silvana Giudice, votaron en contra del llamado a licitación. Giudice en particular lleva dos décadas de actuación pública con posturas que inexorablemente son coincidentes con las del grupo Telecom/Clarín.

El cuarto en discordia

Durante los meses de discusiones se barajó la posibilidad de que se habilitara a un cuarto operador. Esa hipótesis tenía nombre: Telecentro, la empresa de TV paga y banda ancha del duhaldista expresidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri. Su eventual presencia en la compulsa generó un forcejeo entre Massa y Alberto Fernández, en la que se impuso el criterio del primero. El Presidente veía con buenos ojos la apertura de un cuarto operador, pero la resolución de ENACOM estableció requisitos de capital y licencias previas que cerraron el círculo en Telecom, Movistar y Claro.

Otras miradas dentro del Ejecutivo pugnaron por una apertura mayor, que sacara la puja de las manos exclusivas de firmas que son largamente cuestionadas tanto por su reparto estanco del mercado como por la calidad del servicio que prestan. Una licitación más segmentada, no integral, que exigiera contraprestaciones para acceder al negocio más lucrativo, habría dado espacio para nuevos jugadores o habría condicionado a los grandes, indicó otra voz al tanto de las idas y vueltas de la subasta.

El Presidente veía con buenos ojos la apertura de un cuarto operador, pero la resolución de ENACOM estableció requisitos de capital y licencias previas que cerraron el círculo en Telecom, Movistar y Claro

De todas formas, ni el uso de pesos para acceder al 5G ni la reserva de mercado para actores conocidos agotan el debate. Las empresas cuestionan el monto base de la oferta (US$350 millones) y el otorgamiento de 100 MHz a la estatal ARSAT, dispuesto también por ENACOM.

La aparición de ARSAT como “cuarto operador” por ahora es meramente formal. La empresa estatal no tiene infraestructura ni capacidad de financiarse para desarrollarla. Los 100 MHz que le asignó ENACOM, además, no están “limpios”, es decir, hay operaciones piloto o puntuales en ese segmento que deberían ser reasignadas.

El papel de ARSAT genera aprehensión en las grandes porque entienden que podría ser una vía para que entre un competidor que alquile el espectro de la firma estatal o que se asocie a ella sin haber pagado el equivalente en pesos a US$350 millones, indicó una fuente de la industria citada por la agencia de noticias estadounidense REDD Intelligence. Los nombres que sobrevuelan la aprehensión de los grandes son el citado Pierri y el grupo Vila-Manzano, que participó de la licitación del 4G, pero abandonó el intento.

Red “neutral”

El precio base de US5350 millones también genera quejas en la industria. “Aunque sean al cambio oficial, son muchos pesos y hay que tenerlos”, dijo la fuente de la industria.

Carrier coincide en que el precio es alto en relación a las experiencias ya consumadas en Brasil y Chile.

En el Gobierno responden que se establecieron requisitos más bajos para el denominado “despliegue” en infraestructura. Un precio de licitación más bajo y exigencias más altas en tiempos y montos de inversión habrían sido un factor desalentador para un negocio que requiere insumos importados, es decir, bienes a ser pagados en dólares, indicó una fuente citada por REDD.

A la presencia de ARSAT y el precio base, Carrier suma otro aspecto que podría generar reticencia en las tres grandes de las telecomunicaciones: la tarifa social. Si bien restan aspectos por definir, el pliego exige prestaciones a precios bajos que podrían llegar a beneficiar a un tercio de la población.

El negocio de las telecomunicaciones encuentra múltiples aristas, que se entienden a la luz del volumen de facturación y la incidencia en la vida cotidiana de la población.

Otra de las aristas que quedó resuelta en la resolución de ENACOM es la “neutralidad” de la red. Ello quiere decir que el regulador no exige un tipo particular de tecnología, sino que habilita a cada prestador a contratar proveedores según su criterio. Ese mercado encuentra actores como Nokia, Ericsson, Cisco, Samsung, pero una firma sobresale por participación de mercado, la china Huawei, que facturó US$96.000 millones en 2022.

Ese mercado de tecnología 5G encuentra actores como Nokia, Ericsson, Cisco, Samsung, pero uno sobresale por participación global de mercado, la china Huawei, que facturó US$ 96.000 millones en 2022

Estados Unidos puso toda su capacidad de lobby en contra de Huawei, pero el Gobierno argentino se ancló en la “neutralidad”. Esa decisión no fue objetada por Telecom, que ya contrató a la firma china para el desarrollo piloto de la red 5G.

Otro punto que estuvo presente durante los dos años de negociación fue el decreto 690 de 2020, que definió a la industria de las telecomunicaciones como servicio público esencial en competencia. Esa decisión de Alberto Fernández otorgó al Estado una amplia potestad regulatoria sobre tarifas y prestaciones de la TV paga, la banda ancha y las comunicaciones móviles. Toda la industria reaccionó en contra y las grandes del sector obtuvieron cautelares que, tres años más tarde, siguen vigentes, ante la inacción de la Corte Suprema.

Así las cosas, no habría que descartar que los tribunales federales se presten a otorgar nuevas cautelares si es que alguien busca postergar la licitación hasta más allá del 10 de diciembre. 

JJD

El Poder Ejecutivo Nacional reglamentó este jueves la Ley 27.635, la cual promueve la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación de gestión pública y privada, con o sin fines de lucro.

A través del decreto 304/2023, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Agustín Rossi y los ministros Raquel “Kelly” Olmos de Trabajo y Jaime Perczyk de Educación, se reglamentaron varios artículos de la Ley sancionada el 10 de junio de 2021.

Gabriela Cerruti, portavoz de la Presidencia consideró que la normativa reglamentada es “una Ley pionera en el mundo que busca romper con las estructuras machistas de las empresas de comunicación que hacen periodismo desde un paradigma sesgadamente masculino”.

“La Ley tiene como fin promover, en los servicios de comunicación tanto públicos como privados, la igualdad real de derechos y oportunidades, sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión”, expresó Cerruti a través de Twitter y agregó que “de esta manera, fija la obligatoriedad de garantizar un cupo de no menor al 1% para personas travestis, transexuales, transgéneros e intersex en la totalidad del personal de medios gestionados por el Estado”.

“No estamos hablando solamente de cupo, estamos hablando de cambiar la perspectiva de los medios de comunicación. Ahí se construye parte del sentido común colectivo y no puede quedar en manos de lógicas machistas”, manifestó la portavoz presidencial.

La Ley de “Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación de la República Argentina” pretende promover “medidas de acción positiva que impulsen la igualdad real de derechos y oportunidades, la no discriminación por género y por la orientación sexual, para garantizar políticas de inclusión en el mundo del trabajo y promover espacios libres de violencia y acoso”.

En el decreto de reglamentación, se crea una Unidad de Coordinación Interjurisdiccional para garantizar los mecanismos y procedimientos para el cumplimiento de la Ley. Estará integrada por representantes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y de la entía de Medios y Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete.

Además, se estipula que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sea la autoridad encargada para la aplicación de la Ley 27.635.

“La Autoridad de Aplicación deberá crear y poner en funcionamiento el Registro de Servicios de Comunicación operados por Prestadores de Gestión Privada en un plazo de 90 días, debiendo en el mismo plazo establecer el procedimiento para su inscripción, la vigencia de la misma y todo otro elemento necesario para la operatividad del referido Registro”, dice el artículo 6 de la Ley hoy reglamentada por el PEN.

El artículo 9, también reglamentado, indica que “la Autoridad de Aplicación establecerá un ámbito de participación de expertas, expertos y representantes de sectores de la sociedad civil y de los Poderes del Estado Nacional, Provincial, Municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con injerencia en la materia”.

LC con información de agencia Télam

El Programa Conectividad del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) ofrece servicio de internet de forma gratuita para grupos que perciben haberes o prestaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). El beneficio busca mitigar la brecha digital entre grupos vulnerables y se inserta en el marco de una iniciativa del Gobierno Nacional para garantizar el acceso a telefonía fija, móvil, televisión por cable e internet para aquellos que no puedan afrontar el costo total de los servicios.

Esta propuesta complementa al programa “Conectar con vos” que permite que beneficiarios de la ANSES puedan obtener tablets de forma gratuita. Este plan de inclusión digital estará vigente hasta abril del 2023 o hasta que se acaben los 140.000 dispositivos disponibles.

Quiénes pueden acceder al Programa Conectividad

Los beneficiarios de la ANSES que deseen solicitar este beneficio deberán tramitar la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) y formar parte de alguno de los siguientes grupos:

1. Jubilados y pensionados con ingresos inferiores o iguales a dos salarios mínimos, así como también sus hijos de entre 16 y 18 años.

 2. Trabajadores en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos. También alcanza a sus hijos de entre 16 y 18 años.

3. Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y sus hijos de entre 16 y 18 años.

4. Beneficiarios de la Asignación Universal por Embarazo y sus hijos de entre 16 y 18 años.

5. Beneficiarios de pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, y sus hijos de 16 y 18 años.

6. Inscriptos en el Monotributo Social y sus hijos de entre 16 y 18 años.

7. Trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos vitales y móviles. También aplica a sus hijos de entre 16 y 18 años.

8. Beneficiarios del seguro de desempleo y sus hijos de entre 16 y 18 años.

9. Beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley 26.844) y sus hijos de entre 16 y 18 años.

10. Usuarios que reciban la beca del Programa Progresar.

11. Personas desocupadas o que se desempeñen en la economía informal y sus hijos de entre 16 y 18 años.

12. Beneficiarios de programas sociales y sus hijos de entre 16 y 18 años.

13. Clubes de Barrio y de Pueblo que se encuentren registrados conforme a las disposiciones de la Ley 27.098.

14. Asociaciones de Bomberos Voluntarios definidas por la Ley 25.054 como entes de primer grado y que se encuentren registrados en los términos de dicha normativa.

15. Entidades de Bien Público definidas por la Ley 27.218 como asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro de forma directa o indirecta y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal que lleven adelante programas de promoción y protección de derechos o desarrollan actividades de ayuda social directa sin cargo, debiendo estar inscripta ante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC).

Cómo solicitar la PBU

El trámite para obtener la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) e inscribirse al Programa Conectividad es gratuito. Paso a paso, cómo realizarlo:

1. Descargar la declaración jurada solicitada por el Gobierno Nacional y completar el documento.

2. Enviarla a los prestadores de servicios necesarios a través de los canales de atención habilitados.

En caso de que la empresa no garantice la PBU, los solicitantes podrán iniciar un reclamo ante la prestadora de servicio. En caso de que el incumplimiento de la normativa nacional persista, los beneficiarios podrán enviar un formulario online informativo al ENACOM para realizar un seguimiento de su trámite.

MF

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó a las empresas prestadoras de servicios a aplicar aumentos de hasta 9,80% en febrero y de hasta 7,80% para el mes de abril en los servicios de telefonía, internet y televisión.

Mediante la resolución 2393/2022 publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Enacom estableció que las licenciatarias podrán aplicar a partir del 1° de febrero del año próximo un incremento en el valor de los precios minoristas de cualquiera de sus planes en las modalidades pospagas y mixtas de hasta 9,80%, y una nueva suba a partir del 1° de abril de hasta 7,80%.

Para los aumentos se tuvieron en cuenta “el contexto económico” y las “dificultades que se atraviesan para todos los actores involucrados, prestadoras y público usuario”, según se señala en los considerandos de la resolución.

La actualización se fundamenta en función de “los mayores costos y el impacto de las oscilaciones de las principales variables económicas en la operatoria de las licenciatarias”, como, por ejemplo, los costos de personal, de conectividad y de programación; y las inversiones de infraestructura en moneda extranjera.

Del mismo modo, se tuvo en cuenta “la evolución de distintos índices que permiten demostrar la capacidad adquisitiva de un universo amplio de usuarios y usuarias que posee menores recursos con relación a otros”.

Previamente para octubre pasado y para este mes de diciembre, el ente regulador autorizó aumentos de hasta 19,8% y de hasta 9,8%, respectivamente, que se sumaron a otros dos incrementos de 9,5% que fueron aplicados en las facturas desde el 1° de mayo y el 1° de julio, respectivamente.

La normativa indicó que cualquier incremento aplicado por las Licenciatarias de Servicios de TIC o DTH (TV Satelital) que supere dichos topes deberá ser reintegrado a sus usuarios en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican a sus clientes por mora en el pago.

En el caso de que el usuario elija no abonar su factura con incrementos superiores a los autorizados, las prestadoras no podrán suspender el servicio ni computar mora sobre esas facturas.

Por otra parte, las modificaciones que las empresas realicen sobre sus planes, precios y condiciones comerciales a partir de esta autorización para incrementar los precios, deberán ser comunicadas a Enacom al momento de su aplicación.

La aplicación de aumentos sólo se permitirá a los prestadores que hayan cumplido, hasta el momento, con la reglamentación sobre precios minoristas dispuesta anteriormente.

Para la modalidad prepaga, se establecieron a partir del 1° de febrero valores máximos para la recarga de 50 megabits (MB) de datos móviles por día de $ 43,40 (anteriormente $ 39,50); segundo de voz $ 0,66 ($ 0,60) y mensajes de texto (SMS) $ 8,70 ($ 7,90); en todos los casos con impuestos incluidos.

A partir del 1° de abril la recarga de 50 MB podrá cobrarse $ 46,80; el segundo de voz $ 0,72 y SMS $ 9,40.

Los topes de aumentos aplican mayormente para pymes, cooperativas y empresas menores, ya que algunas de las grandes firmas, como es el caso de Telecom, recurrieron a amparos y medidas cautelares para no cumplir con los mismos pudiendo así incrementar sus facturas por encima de estos límites.

Con información de agencias.

IG

Conectando con vos es un programa creado por el Gobierno Nacional con el fin de reducir la brecha tecnológica. En una época en la que el acceso a Internet es considerado un derecho humano, el programa busca promover la inclusión tecnológica de un sector de la población vulnerado tanto social como económicamente.

Las 140.000 tablets que se entregarán en conjunto con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) servirán para acceder a trabajos, trámites, educación y cultura.

El programa tiene una duración de dos años, a contar desde el día 22 de abril de 202. Se entregarán dispositivos hasta acabar el número predestinado.

Los beneficiarios de ANSES que podrán acceder al plan Conectando con Vos serán:

También podrán solicitarlo::

MGF

Conectando con vos es un programa del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) que permite que algunos beneficiarios de planes sociales -como jubilados, pensionados y personas que reciben la Asignación Universal por Hijo- puedan recibir una tablet de manera gratuita. El propósito es promover la integración social de los sectores más vulnerables de la población a través del acceso a la tecnología.

El ENACOM se encargará de evaluar las postulaciones realizadas por cada jurisdicción (municipal o provincial), asociaciones civiles, redes comunitarias y otras instituciones intermedias con presencia en barrios populares. Las personas no pueden postularse al programa de manera individual.

Una vez realizados los convenios con las instituciones, se determinará cómo se distribuirán los dispositivos. El plan contempla la posibilidad de incrementar la cantidad de tablets en un 35% como máximo.

Quiénes pueden acceder

MGF

La Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) se tramita directamente con la empresa prestadora; se la puede solicitar para uno de los servicios o todos. Consiste en planes económicos de internet, televisión por cable, celular y telefonía fija. La prestación se lanzó en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia (690/20), y entró en vigencia en enero de 2021.

Los planes de telefonía móvil quedan en $150; hay paquetes de datos de 1GB con un costo de $200 por mes o $18 por día, telefonía fija a $380, internet entre $685 y $800 por mes y televisión con un 20%, 25% y 30% de descuento, en función de la categoría de la empresa. En la página de ENACOM se puede calcular el descuento exacto indicando cuál es la empresa proveedora.

Para gestionar la solicitud, solamente hay que completar una declaración jurada y enviarla a la empresa correspondiente a través de los canales de atención habilitados. Una vez realizado el trámite, se cobrará el costo final aprobado por ENACOM. 

En caso de que no se garantice la PBU, se puede iniciar un reclamo con la empresa. Si la situación no se resuelve, el solicitante puede completar un formulario.

Quiénes pueden acceder

Para preguntas sobre la prestación, es posible comunicarse con ENACOM a través de sus redes sociales, por Twitter, Facebook e Instagram, de lunes a viernes entre 9 y 17h. También se puede recibir atención presencial, los martes y jueves de 9 a 13 horas, en todas las Delegaciones del país y en el Centro de Atención al Usuario (Perú 598, CABA).

MGF

En mayo del 2021, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) junto con la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Banco de la Nación Argentina (BNA) rubricaron un convenio para la bonificación de la tasa de interés de créditos destinados a financiar proyectos que tengan por finalidad la adquisición de capital de trabajo para micros, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) y cooperativas prestadoras del servicio fijo de acceso a Internet de banda ancha.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el presidente de ENACOM, Claudio Ambrosini, y el titular del BNA, Eduardo Hecker, formalizaron el acuerdo por el cual el ENACOM bonificará 12 puntos porcentuales anuales de la tasa de interés de 24% de los créditos otorgados a los destinatarios, quienes podrán solicitar un préstamo de hasta 15 millones de pesos.

El objetivo de este Programa es facilitar el acceso a instrumentos de financiación para estimular las inversiones en infraestructura necesaria para la prestación del servicio fijo de acceso a Internet de banda ancha y de esta forma, aportar a la democratización del acceso a los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). A su vez, busca promover el desarrollo de las distintas regiones y su integración social, reduciendo la brecha digital e impulsando el acceso equitativo, asequible y de calidad a los servicios TIC a todas y todos los habitantes para favorecer los procesos de formación digital de las y los ciudadanos.

Para inscribirse es necesario contar con:

¿Cómo inscribirse?

Antes de comenzar, es necesario descargarse, desde la página del ENACOM, la “carpeta técnica” y la “información administrativa” haciendo click en los botones así denominados. Una vez descargados los formularios, hay que imprimirlos y completarlos. Luego se presentan a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).Una vez allí, se selecciona AFIP y se ingresa con número de CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior. El sitio requerirá confirmación de datos y pedirá adjuntar los documentos anteriormente completados. Una vez completada la información solicitada, se confirma el trámite para que ENACOM inicie el análisis técnico. Aquí aparecerá el número de expediente generado. Es importante que este número se guarde para poder hacer el seguimiento del trámite y las comunicaciones correspondientes con ENACOM. Finalmente, el Ente brindará un Certificado de Elegibilidad que debe ser presentado en el Banco Nación para que realice el análisis financiero y dar continuidad al trámite.

La iniciativa se enmarca dentro del “Programa de Subsidio de Tasas de Créditos para Capital de Trabajo para Licenciatarios de Servicios de TIC”, cuyo objetivo es propiciar la inversión en proyectos cuya finalidad sea la adquisición de bienes de uso y bienes de capital nuevos para operar redes físicas cableadas que cumplan con la definición de redes Next Generation Network (NGN), y/o que contemplen la red de acceso, denominada red de última milla.

El proyecto cuenta con el aval del Fondo de Garantías Argentino (FoGar),un fideicomiso público a través del cual el Gobierno facilita el acceso al crédito para las MiPyMES mediante la entrega de garantías totales o parciales en respaldo de créditos otorgados por entidades financieras. Hasta 50% del capital es prestado por el BNA a micros y pequeñas empresas y hasta el 25% del capital es prestado a empresas medianas, para la creación de una línea crediticia de dicha entidad bancaria, entendiendo que el aval del FoGar permite, por un lado, facilitar el acceso al crédito para el segmento mencionado de empresas y, por otro, acotar el riesgo para el acreedor, contribuyendo al objetivo propuesto por ENACOM.

Cafiero aseguró que “se trata de dar un paso adelante en relación a la inversión en la conectividad, en achicar la brecha digital” y destacó “la importancia de tener una línea de crédito que fomente y apuntale a las cooperativas y las Pymes, que son las que llegan siempre a lugares donde el mercado a gran escala no llega”.

MGF

A través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se decretó que desde enero de este año, la Prestación Básica Universal (PBU) comenzará a ser obligatoria. Su objetivo es permitir que toda la población pueda acceder a los servicios de telefonía celular, telefonía fija, Internet y televisión paga.

Este beneficio determina que los servicios alcanzados son esenciales y estratégicos en competencia, y por lo tanto se deben establecer precios accesibles para que toda la población pueda acceder a ese derecho.

Beneficios para el Servicio Básico Telefónico:

-Tarifa fija mensual para el servicio

-Llamadas locales y de larga distancia nacional a destinos fijos de la República Argentina por 300 minutos

-Llamadas a números 0800 y números cortos de emergencia Libres sin límite

-Llamadas entrantes

Beneficios para los Servicios de Comunicaciones Móviles:

-Tarifa fija mensual para el servicio

-500 minutos de llamada a teléfonos de la misma compañía

-50 minutos de llamada a teléfonos de otras compañías

-500 SMS

-Urls y 0800 libres: Hasta 30 sitios diferentes con las urls gob.ar, gov.ar, edu.ar, educ.ar, uba.ar

-Plataforma de Mensajería instantánea (similar a Whatsapp), solo para texto, los 30 días del mes.

Para el uso de paquetes de datos en telefonía móvil, la Prestación Básica Universal Obligatoria incluye dos opciones:

-Prepago por 30 días: incluye 1 GB de Datos.

-Prepago por día: incluye 50 MB por día.

Beneficios  para el Servicio de Acceso a Internet:

-Una prestación de acceso a internet por domicilio del beneficiario y grupo familiar

-Los precios y modalidades varían según la cantidad de abonados de la empresa que presta el servicio.

La Prestación Básica Universal Obligatoria para los servicios de televisión paga por suscripción propone descuentos sobre los precios vigentes. Por último, la Prestación Básica Universal Obligatoria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de Televisión por suscripción satelital es el plan de menor valor que las empresas que prestan ese servicio ofrecieron al 31 de julio de 2020 o un plan con prestaciones y características parecidas a ese plan de menor valor.

Las tarifas de cada uno de estos estos beneficios pueden consultarse en este link.

Quiénes pueden acceder

La prestación está destinada a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo. También, sus hijos de entre 16 y 18 años y miembros del grupo familiar; beneficiarios y beneficiarias de Pensiones No Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos (2) salarios mínimos vitales y móviles;  personas inscriptas en el Régimen de Monotributo Social y monotributistas inscriptos en una categoría con un ingreso mensual que no supere 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles; jubilados y jubiladas, pensionadas y pensionados, y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles, desocupados, y beneficiarios y beneficiarias de planes sociales.

El beneficio se extendió a clubes de barrio, asociaciones de bomberos voluntarios y entidades del bien público. 

Cómo inscribirse

La gestión de contratación de la Prestación Básica Universal (PBU) debe realizarse con la empresa prestadora. Los beneficiarios y beneficiarias alcanzados por la medida podrán acceder directamente a la PBU haciendo una declaración jurada (DDJJ) que ENACOM pone a disposición haciendo click aquí.

MGF

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó a los licenciatarios de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que presten acceso a internet; radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico, radioeléctrico o satelital; telefonía fija y comunicaciones móviles, a incrementar el valor de sus precios minoristas, sólo hasta un 5%, a partir del 1 de julio último.

Lo hizo a través de la Resolución 862/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, que precisó que estos aumentos sólo podrán aplicarlos aquellos prestadores que hayan cumplido con las resoluciones anteriores que autorizaron aumentos desde enero de este año.

Asimismo, la normativa puntualizó que estos incrementos no alcanzan a los precios de las prestaciones básicas universales obligatorias.

La resolución indicó que los Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) podrán aplicar el incremento en el valor de los precios minoristas de cualquiera de sus planes en las modalidades pospagas y mixtas.

Además, estableció en $ 25 el valor máximo del precio de recarga de 50 MB de datos móviles por día; en $ 0,38 el del segundo de voz; y en $ 5 el del precio del SMS, todos con impuestos incluidos, para servicios móviles en la modalidad “prepaga pura”.

También, remarcó que “los próximos valores máximos de los precios minoristas de los servicios prestados por los licenciatarios y las licenciatarias de SCM en la modalidad -prepaga pura- serán definidos por el Enacom”.

Por otra parte, la normativa determinó que “cualquier incremento sobre los precios minoristas que hubiese sido aplicado por los licenciatarios y las licenciatarias de Servicios de TIC o DTH (TV Satelital) y que supere los valores expresamente autorizados por las resoluciones anteriores, deberá ser reintegrado a sus usuarios y usuarias en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican a sus clientes por mora en el pago de facturas”.

También, remarcó que “en aquellos casos en los que algún usuario o usuaria no abonare su factura con incrementos superiores a los autorizados, las prestadoras deberán abstenerse de computar los plazos legales vigentes para proceder a la suspensión del servicio ni aplicar, con causa en dichas facturas, las demás disposiciones vigentes”.

En este punto, advirtió que “el apartamiento de lo dispuesto, se entiende violatorio de los derechos de los clientes e incumplimiento de las obligaciones de los prestadores y dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas”.

NB con información de agencia Télam.

El Ente Nacional de Telecomunicaciones presentará un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de revertir la medida cautelar dictada a favor de Telecom y que suspende para esa empresa la aplicación del DNU 690/2020, que declaró servicio público a las telecomunicaciones. “Hace un daño en el mercado porque otras empresas aceptaron las normativas vigentes”, declaró Gonzalo Quilodrán director del Enacom en diálogo con Radio Nacional.

Mientras, hay un proceso sancionatorio administrativo que es competencia de la entidad por la cual Telecom está pagando una multa diaria por no adherir al DNU.

“Los argentinos tenemos un nuevo derecho que es a la conectividad”, dijo el director del Enacom y agregó: “Nosotros lo defendemos y es un único grupo que desconoce la ley y hace su juego”.

En cuanto a la conferencia de prensa que realizaron para dar a conocer la estrategia judicial que realizarán para continuar con normalidad el funcionamiento del DNU 690, Quilodrán expresó que recibieron el apoyo de 17 organizaciones de derechos al consumidor.

NB

“Todos creemos que las telecomunicaciones son un servicio esencial. El estado nacional, provincial, municipal te dice estudie desde su casa, trabaje desde su casa. La Sala II te dice hágalo desde su casa, pero lo va a pagar de su bolsillo al precio que la empresa quiera”, dijo hoy el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, en una conferencia de prensa en la que el organismo explicó su estrategia frente a un fallo favorable al Grupo Telecom, que le permite aumentar sus tarifas sin la autorización del Gobierno. 

El episodio parece reeditar un conflicto ya conocido: el gobierno kirchnerista versus el Grupo Clarín, que vía su empresa hermana opera las marcas Telecom (telefonía fija), Personal (telefonía móvil), Fibertel (internet) y Cablevisión (TV paga).

El fallo en cuestión fue dictado el viernes 30 de abril por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, con el voto de la mayoría, y eximió a Telecom Argentina S.A. del cumplimiento del DNU 690 por el plazo de 6 meses. Ese decreto, que se anunció en agosto pasado y entró en vigencia en enero, declaró “servicio público esencial en competencia” a la industria de las telecomunicaciones y estableció la intervención del Estado en la definición de sus tarifas.

Según explicó Diego Leiva, director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de Enacom, el organismo presentará mañana un recurso extraordinario federal ante la Cámara para poder llegar a la Corte Suprema. El argumento oficial para solicitar la intervención de la Corte es que el fallo “trasciende el mero interés de la parte”. “Está en cuestionamiento un DNU que fue ratificado en el Congreso, que es ley, y regula un servicio para todos los habitantes”, señaló Leiva. Según dijo, están en juego derechos constitucionales como la salud, la educación, la información y la libertad de prensa, más allá de la afectación de la empresa en particular. 

Por otro lado, los funcionarios de Enacom aseguraron que el perjuicio económico que el fallo da por hecho y establece como principal argumento a favor del grupo no está debidamente acreditado. “El quebranto no sólo no está demostrado sino que según los balances que presentamos, el Grupo Telecom tuvo una ganancia en el primer trimestre de 2020 de $2.774 millones y en el mismo trimestre de este año de $9.009 millones. Es un argumento falaz”, dijo López. 

Más allá de este fallo, Enacom tiene problemas para hacer cumplir el decreto desde su entrada en vigencia, en enero pasado. De hecho, Telecom viene desoyendo el régimen de aumentos (es decir, notificando subas por encima de las autorizadas) desde entonces, del mismo modo que otras operadoras. “El Grupo Telecom aumentó 20% en el primer trimestre y ahora les dice a sus clientes que va a aumentar 15% más. Esto da un acumulado de 37% en el trimestre. ¿A los jueces esto les parece lógico y razonable? No sé en qué mundo viven”, dijo López, que resaltó el contexto de pandemia y la baja de ingresos de muchas familias argentinas.

Hasta el momento el Gobierno autorizó un 5% de aumento general en enero, sumó en febrero hasta un 7,5% para telefonía móvil y hasta un 5% para telefonía fija. Ese mes también otorgó aumentos segmentados por tamaño de las prestadoras de entre 5% y 7,5% para internet, TV por cable y TV satelital. Luego en marzo agregó un 2,5% para telefonía móvil. Pese a que las empresas que cobraron de más recibieron la intimación de Enacom de devolver lo cobrado demás, eso todavía no ocurrió. 

Telecom no es la única gran empresa que solicitó una cautelar en la Justicia, pero es la única que la obtuvo hasta el momento. Según informó Enacom, el resto de los pedidos fueron rechazados en primera instancia y recurridos a la instancia de la Cámara, por lo que la cuestión de fondo no se ha resuelto todavía. Así las cosas, no se descarta un mayor vaciamiento de la norma al aumentar la cantidad de usuarios que quedarían fuera del paraguas del decreto. 

Por otro lado, las autoridades de Enacom aseguraron que la oferta que las empresas hicieron hasta ahora de la Prestación Básica Universal (PBU), también creada por el decreto 690, ha sido “muy insatisfactoria”. Por este motivo se decidió intimar a las empresas para que en el próximo mes se otorguen tres millones de estas prestaciones, que están destinadas a beneficiarios de prestaciones sociales, jubilados que cobran hasta dos salarios mínimos y empleadas de casas particulares, entre otros beneficiarios. 

Claudio Ambrosini, presidente de Enacom, aseguró que más allá de los avances Judiciales Enacom continúa dialogando con las empresas y anticipó que todavía no se definió el aumento que se autorizará en junio. Hasta el momento el organismo no logró llegar a un acuerdo con la Jefatura de Gabinete, que debe dar el ok final. El presidente del ente anticipó que hoy tendrán una nueva reunión en la Casa Rosada y que se comunicará el aumento “en las próximas horas”. 

Para mayo, en cambio, ya está definido que no se autorizará ningún ajuste. “Quien aumente en mayo lo va a tener que devolver, y así hasta que se acostumbren al DNU”, completó López. 

DT