El Banco de la Nación Argentina (BNA) subió la tasa de interés de sus créditos hipotecarios UVA, pasando de un 4,5% a un 6%.

Así lo informó el analista Andrés Salinas en su cuenta de X (ex Twitter), acompañado de un cuadro comparativo de las ofertas de créditos hipotecarios de distintos bancos.

Según Salinas, este es el primer aumento de tasa por parte del BNA desde el relanzamiento de los créditos UVA, aunque aclaró que, a pesar de la suba, la tasa del 6% sigue siendo la más baja del mercado.

La noticia genera preocupación en el sector y en los potenciales tomadores de créditos, ya que se anticipa que el resto de las entidades bancarias podrían seguir el camino del Banco Nación e incrementar sus propias tasas de interés en el corto plazo.

Panorama actual de tasas UVA (cobrando sueldo):

Según el cuadro compartido en X, las tasas actuales de los créditos hipotecarios UVA (para clientes que cobran sueldo en el banco) son las siguientes:

El incremento de la tasa del Banco Nación, considerado un referente en el mercado, podría marcar el inicio de una tendencia al alza que afectaría el acceso a la vivienda para miles de argentinos. El estatal es el banco que captó la mayor parte de la demanda hasta ahora, con más del 40% del total de solicitudes totales.

De acuerdo a la información oficial, hasta octubre de 2025, 4.400 de los préstamos otorgados se registraron en la ciudad de Buenos Aires, 5.000 en el conurbano bonaerense, 1.500 en Córdoba, 1.400 en Mendoza y 1.000 en Santa Fe. Su tasa del 4,5% lo había convertido en el banco más competitivo del sistema a nivel nacional, frente a los valores de entre 10% y 17% que aplican las entidades privadas luego de sus aumentos. Ahora subió un poco, para ubicarse en un 6%.

Banco Comafi ofrece préstamos hipotecarios UVA para compra de vivienda o proyectos de refacción o ampliación de hogar. La línea crediticia, qué está dirigida a clientes actuales y nuevos clientes de la entidad, otorga un monto máximo de $250.000.000 por cotitular, en cuotas ajustables pro UVA (unidad de valor adquisitivo) y con un plazo de hasta 20 años. Los dueños de PyMEs, emprendedores, profesionales independientes que operen con Comafi y los clientes que acrediten sus haberes en el banco accederán a tasas preferenciales.

“Con esta nueva línea de préstamos hipotecarios, desde Banco Comafi queremos dar accesibilidad al crédito y así mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. Asimismo, queremos ofrecer oportunidades significativas para aquellas personas que lideran sus empresas o emprendimientos comerciales o profesionales. Entendemos que será una herramienta muy valorada por quienes quieren cumplir sus sueños de comprar una primera o segunda casa o para financiar una refacción o ampliación”, afirmó Hernán Sehringer, Head de Banca Retail. “Vemos un crecimiento en el stock de préstamos para viviendas y queremos ofrecer una alternativa más, novedosa para nuestra entidad”, comentó.

Los préstamos hipotecarios UVA Comafi contemplan la opción de financiar hasta el 75% del valor de la vivienda -primera o segunda- o el 50% de la refacción o ampliación de una casa. La tasa nominal anual es de 7% y los clientes que canalicen su operatoria PyME o de su emprendimiento en nuestra entidad o acrediten haberes en el banco, obtendrán una tasa promocional de 5% TNA.

Para acceder, tanto clientes como no clientes de todo el país deben tener un ingreso mínimo neto de $900.000 y una antigüedad como responsables inscriptos o monotributistas de 24 meses o contar con empleo en relación de dependencia por un plazo mínimo de 12 meses. Para ampliar el monto del préstamo, se permite sumar ingresos del grupo familiar directo hasta cuatro personas.

Ingresando aquí se podrán simular las cuotas, el monto máximo a otorgar y solicitar asesoramiento especializado.

Diez bancos públicos y privados presentaron en el último mes distintas líneas de créditos hipotecarios para la compra de viviendas, entre otras operaciones inmobiliarias, con una tasa que rondará entre 3,5% y 7% y que se ajustarán por medio de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), un registro que evolucionará en función del índice de inflación.

Esta situación, considerada “espectacular” por el ministro de Economía, Luis Caputo, revive de algún modo lo ocurrido en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, que sin embargo resultó en una experiencia traumática para miles de familias que tomaron aquellos créditos y hoy padecen serios problemas para pagar la deuda, ajustada a una inflación de 554% en los últimos siete años. 

En un escenario de suba desmesurada del valor de los alquileres y de dificultades habitacionales, los nuevos créditos hipotecarios aparecen como una oportunidad para revitalizar el sector inmobiliario porque permitirán no sólo la compra de una primera vivienda sino la construcción, refacción y ampliación y hasta la adquisición de una segunda casa o departamento.

“El crédito hipotecario es uno de los pilares de este gobierno. Que a apenas 5 meses de haber asumido, y considerando (que) estábamos más cerca de un híper que otra cosa, los bancos ya estén impulsando fuertemente estos créditos es una noticia ESPECTACULAR!!”, escribió días atrás el ministro Caputo en su cuenta de la red social X para referirse al lanzamiento de las propuestas hipotecarias.

Hasta el momento las entidades que anunciaron las líneas crediticias son los bancos Nación, Hipotecario, Ciudad, Supervielle, Santander, ICBC, Macro y los provinciales de Córdoba, Corrientes y Neuquén. Esta decena de entidades presentó diversos tipos de tasas, beneficios, montos, requisitos y condiciones para atraer a los interesados. Por ejemplo, el Macro se enfocó en un ofrecimiento específico para personas de hasta 30 años, a quienes propuso una línea de crédito sin monto máximo y con un plazo de pago que puede llegar hasta los 20 años. Otros bancos, sin embargo, no fijaron un tope de monto para el crédito, aunque por el momento solo el Banco de Córdoba propuso una financiación de hasta 100% de la operación. Las tasas de interés ofrecidas, en tanto, varían entre 5,5% y 7,5% del valor escriturable del inmueble.

“La señal del lanzamiento de los créditos UVA es muy buena y es el primer paso importante para que exista posibilidad de comprar con algún tipo de herramienta crediticia. Después deben darse otras condiciones para que esto se convierta en operaciones concretas, entre ellas la estabilidad cambiaria, mejoras en el salario real y una inflación moderada”, dijo a elDiarioAR María Soledad Balayan, licenciada en Economía Empresaria y titular de Maure Inmobiliaria. 

Balayan indicó que para las personas que tienen ahorros pero no llegan a adquirir un inmueble “por poca diferencia, esta herramienta se lo puede permitir en lugar de seguir destinando el dinero a un alquiler”. Sin embargo, consideró que “por el momento, el segmento de la sociedad que pueda acceder a los créditos no va a ser muy amplio” porque “como mínimo se necesita sumar $2 millones como ingreso neto y una situación financiera y crediticia impecable”.

“Para mí ese es un condicionante importantísimo para poder aplicar a un crédito de ese tipo, además de la inestabilidad laboral de mi profesión”, contó a elDarioAR Damián, que alquila un departamento de tres ambientes en el barrio porteño de Villa Crespo y es diseñador gráfico. En una situación similar se encuentra Brenda, que alquila una vivienda de dos ambientes en el barrio de Flores y que “ni siquiera juntando” su salario y el de su pareja alcanzan a sumar el ingreso salarial que es condición para acceder a los créditos. Las propuestas, entonces, “no resultan muy accesibles” hasta el momento, “pero a medida que se vaya acomodando la economía, los precios relativos, mejoren los salarios, será cada vez más accesible. Es un buen primer paso”, consideró Balayan.

El jueves 23 de marzo de 2017 el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, encabezó en el Palacio de Hacienda un encuentro para anunciar, junto a los presidentes de los tres bancos públicos (Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad) las características de las líneas crediticias para el acceso a la vivienda de las personas con ingresos medios. “Este proceso de recuperación del crédito va a tener un impulso enorme con estos créditos hipotecarios y vamos a desarrollar un mercado aún más grande en la medida que se sume la banca privada”, dijo Caputo en aquella ocasión.

–¿Encuentra alguna diferencia con relación a la primera versión de los créditos UVA? –le preguntó elDiarioAR a Balayán. 

–En aquel momento el monto máximo de financiación era menor, pero con precios de inmuebles muchos más caros. En el último tiempo los valores cayeron un 40% en dólares y en términos reales, por lo tanto hoy se puede acceder con una financiación a una mayor proporción de inmuebles. Actualmente hay más oferta que en aquel momento, pero estuvimos viviendo meses de altísima inflación y eso debe ser una alarma para quien tome el crédito, porque más allá de lo que pase en la economía en los próximos dos o tres años, el plazo del crédito elegido, si es mayor a diez años, implica mucha incertidumbre.

–La primera versión de los créditos dejó a varios miles de personas con hipotecas cuyo pago, según afirman, son imposible de cumplir. ¿Esta nueva herramienta podría tener una consecuencia similar? ¿Cómo podría evitarse en todo caso?

–Todo sistema de crédito tiene siempre un porcentaje mínimo de personas que quedan descalzadas de los pagos, en algunos casos por circunstancias personales que cambian la economía del grupo familiar o por malas decisiones. Se sabe que los créditos UVA no escaparon del porcentaje estadísticamente lógico de deudores; incluso, dicen que fue menor al que se da en créditos personales.Quien conoce de historia económica argentina y entiende de probabilidades debía haber incluido en las posibilidades una disparada inflacionaria en algún momento que podía complicar la situación de pago durante la vigencia del crédito y contar con un plan de acción para esos casos. Para evitar esto, o al menos minimizar los problemas en el futuro, es muy importante tener clara la estabilidad laboral e ingresos que pueden recibirse de acá en adelante y un resguardo de capital o reserva de al menos seis meses para caso de emergencia.

“Nadie les puso una pistola en la cabeza”

“Usted tomó una decisión en términos de renta-riesgo y ahora, como el resultado es adverso, quieren que lo pague otro. Si tomó una decisión incorrecta, se tiene que hacer cargo. Nadie les puso una pistola en la cabeza para que saquen el crédito UVA”. En noviembre pasado, solo 20 días antes de asumir la presidencia, Javier Milei expuso en una entrevista televisiva con el canal Todo Noticias (TN) su posición frente al pedido de quienes clamaban por una ayuda del Estado para pagar sus deudas hipotecarias. La situación de esas personas, estimadas en 100.000, fue empeorando desde ese momento porque la inflación trepó en el último semestre a 91%. En esa misma entrevista, Milei opinó que los tenedores de créditos UVA tomaron esa herramienta en función de un diferencial de tasa de interés. “Si yo decido tener una vida temeraria y, como consecuencia de ello, tengo una lesión, ¿es correcto que les pase las cuentas a ustedes?”, se preguntó el entonces mandatario electo. 

“Milei está mal informado. No se está pidiendo que el Estado ponga plata. Los créditos UVA constituyeron una política de acceso a la vivienda y el Estado nos tiene que garantizar poder pagar”, respondió en aquel momento Paola Gutierrez, referente del Colectivo Nacional de Hipotecados UVA. La agrupación nació hace algo más de un lustro y representa a miles de familias que se encuentran ahogadas financieramente por los créditos. “Tenemos gente que hace un año que no paga o que ya no puede pagar más porque perdieron su empleo. Esta situación puede empeorar porque la tasa de desempleo, según distintas estadísticas, se está incrementando”, dijo Gutiérrez a elDiarioAR.

La consultora Opina Argentina difundió días atrás un estudio, elaborado entre el 30 de abril y el 4 de mayo, en el que destacó que cada vez más las personas tienen miedo de perder su trabajo. El relevamiento indicó que el 55% de los encuestados le teme al desempleo y que quienes habitaban en el Área Metropolitana de Buenos Aires son quienes más están preocupados en ese sentido (59%). A nivel nacional, Opina Argentina mencionó que por primera vez desde que lleva adelante estas encuestas, la desocupación se encuentra en el mismo nivel que la inflación (29%) como uno de los principales problemas de la población. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa de desocupación llegó al 5,7% en los últimos tres meses de 2023 y en esa situación se encuentran 820.000 trabajadores situados en la población económicamente activa. La cifra no alcanzó a tomar en cuenta los varios miles de despidos llevados a cabo por el Gobierno en la Administración Pública Nacional (APN) y otros organismos estatales, como también en empresas.

“Nosotros estamos pidiendo que una persona que sacó un crédito a 30 años tenga seis meses de gracia para pagar la cuota si perdió su trabajo. No solicitamos que le perdonen la deuda, sino que se contemple esa situación de inestabilidad laboral. Y en este contexto, las familias tienen que tener muy en claro cuánto van a pedir y, en lo posible, que la cuota no supere el 18% o el 20% de tu salario mínimo”, comentó Gutiérrez. 

Para la referente Hipotecados UVA es “una irresponsabilidad bastante grande” por parte del gobierno nacional lanzar por segunda vez una herramienta como los actuales créditos hipotecarios cuando todavía “no se pudo solucionar nuestra situación”, evaluó. Además, hizo una comparación con la primera versión de la medida: “En 2007 la tasa de interés era de 3,5% y ahora puede superar el 7% más una inflación interanual en abril de 289%”. Gutiérrez también alertó que si una persona interesada en tomar un crédito no cuenta con un monto salarial suficiente para alcanzarlo puede incorporar hasta dos codeudores. “Un codeudor no es un garante. Esa persona va a estar atada a tu hipoteca con sus ingresos durante 30 años”, indicó.

Los créditos UVA se denominan de ese modo por las siglas de “Unidad de Valor Adquisitivo”, una medida establecida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuyo valor se actualiza según la inflación por medio del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los Hipotecados UVA proponen, en cambio, que en lugar de tomar como referencia el nivel de inflación se haga por medio del índice Casa Propia, un coeficiente tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el de la inflación del mismo período.

En julio de 2023, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado, donde todavía fue tratado en el recinto, un proyecto de ley que atiende la situación de los tomadores créditos hipotecarios UVA. La iniciativa, llamada Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios UVA, establece límites a las cuotas de los deudores hipotecarios -no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores-, fija que la actualización mensual del saldo del capital se calculará sobre la base de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y suspende por un año los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares sobre aquellas viviendas adquiridas por medio de este tipo de créditos. Un grupo de los Hipotecados UVA marchó semanas atrás hacia el Senado para reclamar el tratamiento de la iniciativa. Algunos legisladores del PRO y la UCR les aseguraron que en poco tiempo plantearán el tema en la Comisión de Presupuesto para luego llevarlo al recinto. El debate del proyecto parece complicado porque la prioridad en el Senado es la discusión de la Ley Bases. Si no es tratado antes de noviembre próximo, perderá estado parlamentario.

“Nosotros pretendíamos que la ley no tomara como indicador el RIPTE, sino el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que se estima a partir de la comparación de meses sucesivos las variaciones de los salarios tanto del sector público como del privado. Pero, ante la nada, preferimos que avance la ley y luego pedir los cambios que consideremos”, dijo Gutiérrez.

Los dueños de la viviendas en la Ciudad

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) relevó en un informe que el 96,5% de los propietarios de viviendas en la ciudad de Buenos Aires son personas físicas y apenas el 3,5% son personas jurídicas. Sin embargo, estas últimas entidades poseen el 11,9% de las propiedades porteñas, indicó el estudio titulado “Los dueños de la Ciudad”, que aporta datos sobre las características de las personas propietarias en la capital del país.

Según el documento, en la ciudad de Buenos Aires el 40,3% de los hogares está compuesto por personas que viven en una vivienda de su propiedad, un porcentaje que viene en descenso sostenido desde 2003, cuando representaba un 65,5% de los hogares. Por el contrario, la cifra de quienes alquilan es 38,9%, “la más alta en décadas”, afirma ACIJ. 

“Esta dinámica se da en un período en el cual la población de la Ciudad permaneció relativamente estable y la construcción de viviendas creció de forma continuada”, agrega. A partir de datos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), el 10% de las personas propietarias físicas y jurídicas de la CABA con más inmuebles concentra el 33% del total de las propiedades de la ciudad, mientras que el 1% concentra el 12% del total. En tanto, el 10% de las personas físicas y jurídicas que más valuación fiscal acumula concentra el 60% del valor fiscal total del territorio porteño y el 1% de los que mayor valor posee concentra el 35%.

GT/DTC

El sueño de la casa propia es esquivo para quien carece de una herencia o de altos ingresos como para desembolsar dólar por dólar para comprarse una vivienda. En los años 90, con la convertibilidad que equiparó al dólar con el peso se doblegó la inflación por 11 años, y surgió el crédito hipotecario. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner revivió con el plan Procrear. En el la gestión de Mauricio Macri hubo nuevo intento con los préstamos UVA, que ajustan por inflación, pero se pincharon cuando estallaron el dólar y los precios en 2018. Entonces algunos, no todos, los deudores UVA comenzaron a protestar y lo siguen haciendo, pidiendo un rescate porque las cuotas suben por inflación y no por salario. El gobierno de Alberto Fernández les puso un tope a a las cuotas: no pueden superar un tercio del sueldo. A cada rato, los deudores deben recurrir a los bancos para acomodarla. Claro que peor estarían siendo inquilinos. En la anterior gestión apenas revivió el Procrear y ahora con Javier Milei, con la previsión de que su plan de déficit fiscal cero, o como sea, llevará a un descenso del índice de precios, los bancos –que ya perdieron el negocio de prestar al Estado– ahora ofrecen nuevos hipotecarios UVA a la población.

Pero arranquemos con los requisitos de ingresos, porque no es para todos.

El economista Andrés Salinas elaboró una comparación de los préstamos que lanzaron los bancos Hipotecario (mitad estatal, mitad de IRSA, el grupo de Eduardo Elsztain, amigo del Presidente), Ciudad (que depende del gobierno de Jorge Macri), el chino ICBC, el Bancor (Banco de Córdoba, que depende de la gestión de Martín Llaryora), de Corrientes (que responde al gobernador Gustavo Valdés), el Nación, el español Santander y el Macro (de la familia Brito). Aquí está la tabla con las principales variables de cada línea de financiamiento:

El ICBC, el Nación, el Banco de Corrientes y el Macro no informan que exijan un ingreso mínimo, ya sea como asalariado o trabajador independiente. Pero estos tres banco al igual que los otros que ofrecen hipotecarios UVA establecen que la cuota debe equivaler al 25% de los ingresos mensuales.

El Bancor pide un sueldo de $702.000 si es soltero y $937.000 para el casado; menos que los $850.000 que exigen el Santander y el Supervielle; los $1,4 millones del Ciudad para quien solicita un crédito de hasta $50 millones y $2,8 millones para los que quieran hasta 100 millones. El Hipotecario es el más exigente en este aspecto: sólo para los que ganan más de $1,6 millones si se pretenden $50 millones y más de $3,2 millones para quienes deseen hasta $100 millones.

Claro que los que más prestan son el Hipotecario y el Ciudad, hasta el equivalente en pesos de US$247.000 –la cifra en moneda norteamericana es clave porque los inmuebles en general se venden en esa moneda–. El Nación y el Bancor prestan, siempre en moneda nacional, el equivalente a US$90.000. El Supervielle, el ICBC, el Macro y el Santander no ponen límite. El de Corrientes no lo informa.

Los plazos más largos son los del Hipotecario, Supervielle y Nación, hasta 30 años; seguidos por el Ciudad, el Bancor, el Macro y el de Corrientes, hasta 20 y el ICBC, hasta 15. El banco cordobés es el único que financia el 100% de la vivienda. Claro que siempre y cuando valga menos de US$90.000. El Hipotecario, el Supervielle y el de Corrientes, hasta el 80% y el resto hasta el 75%.

Los créditos se actualizan por la inflación. Por eso, aparecen cuando el índice baja y dejan de colocarse y son un dolor de cabeza para el deudor cuando los precios suben más que los salarios, por más que la vivienda adquirida se valorice porque es en dólares o el consuelo de que a los inquilinos les va peor.

Pero además de subir por inflación también tienen tasa de interés. Empecemos con las líneas destinadas a quienes cobran el sueldo en cada banco. Y la más baja es la que lanzó el Ciudad para comprar en el Microcentro porteño, de modo de fomentar esta zona en decadencia: el 3,5%. El Supervielle pide el 4% el primer año, pero desde el segundo pide 5%. El Hipotecario arranca en 4,25%, pero al segundo año salta al 8,5%.

El Nación pide 4,5%, pero ofrece un seguro antiinflación que eleva en la práctica la tasa al 6%, según calcula el economista Federico González Rouco, de la consultora Empiria. Esta cobertura evita que la cuota crezca por inflación cuando esta supera el coeficiente de variación salarial. Después está el Bancor, que exige un 4,9%; el banco chino y el correntino, 5% y el porteño, 5,5% si se apunta fuera del Microcentro. El Santander y el Macro también cobran el 5,5%, es decir, la tasa más alta.

AR/MG

En la Argentina no hay crédito hipotecario desde hace seis años. La última vez que se otorgaron de forma regular y masiva fue en 2018, antes de la crisis cambiaria que duró dos años y a la que sobrevino, posteriormente, la pandemia y una inflación sin control hasta el día de hoy, que imposibilitó el funcionamiento de cualquier mecanismo. Pero en las últimas semanas volvió a aparecer la oferta bancaria de préstamos para vivienda, en la modalidad UVA, que en la Argentina, a diferencia de otros países, tienen muy mala fama.

Federico González Rouco, economista y experto en vivienda y mercado inmobiliario, sostiene que el regreso de este tipo de préstamos “es una oportunidad” después de más de un lustro sin crédito. En una conversación con los periodistas Hernán Cappiello, Ariel Cohen y Juanjo Domínguez en Gambito de Datos (Radio Con Vos) sostuvo que la inflación es una variable a tener en cuenta a la hora de decidir si tomar o no un crédito de estas características pero aún más importante es qué perspectiva de ingresos personales tiene uno.

—¿Es confiable meterse hoy en un crédito UVA de estas líneas que están apareciendo ofertadas por los bancos?

—Como primer punto hay que decir que hay oferta. Hay bancos queriendo ofrecer créditos hipotecarios. Eso me parece ya una primera gran noticia que no pasaba desde hace años y muestra que están cambiando algunas cosas. Es una señal de apuesta del sistema financiero al plan económico. Porque si fuera algo tan de corto plazo, sólo un movimiento de tasas, esto no pasaría. bviamente después puede salir mal.

—Puede fallar.

—Como todo. Pero es una apuesta. Los bancos tomaron la señal del Gobierno de que el instrumento UVA no se va a romper, una posibilidad que durante los últimos cuatro años estuvo latente. Eso es el lado de la oferta...

—Claro, pero del otro lado hay temor de los tomadores de crédito UVA, sobre todo porque la inflación sigue siendo alta.

—Los créditos UVA tienen la mora más baja del sistema financiero argentino. No hay un problema en el sistema de créditos hipotecarios UVA. Es un sistema que la verdad es que se bancó de manera bastante robusta todo lo que pasó en los últimos años. Obviamente, este tipo de créditos sí están expuestos como cualquier otra cosa que esté ajustada a la inflación.

—Es que uno no deja de pagar el crédito. Es lo primero que va a pagar, igual que el alquiler, la luz, el gas, el teléfono. Son cosas que uno no deja de pagar, por eso también registra bajos niveles de morosidad. Pero como los UVA están atados a la inflación y uno no se puede cambiar, como cambia de Movistar a Personal o a Claro, supongamos, el crédito se come gran parte del ingreso, y eso sí es un problema.

—Sí, totalmente, es verdad lo que decís, a lo que voy es en esta Argentina y en la Argentina que viene por algunos años al menos los UVA son los créditos que tenemos y vamos a tener. Es el contexto económico que hay, es el que nos toca. Yo tengo una propuesta hecha en los libros que escribí para mejorarlos. Es cierto que la mora más baja del sistema significa que el pago de estos créditos ha costado un montón de sacrificios. Totalmente. La pregunta es cuál es la alternativa para comprar una vivienda.

—Si vos estuvieras delante de una familia que tuviera que tomar una decisión, ¿le dirías sí, empezá y arriesgate ahora, o esperá un poquito porque por ahí viene otro producto que puede mejorar este?

—La primera respuesta es que para mí no importa tanto la inflación, lo que importa es la perspectiva de salario real que tenga cada uno. Y eso va a cambiar mucho según el sector en el que uno trabaje, según el momento de la vida en que esté, etcétera. La cuota se puede volver impagable con una inflación de 5% anual o con una de 75% o con una de 200% anual, entonces no me interesa tanto la inflación, miraría más la perspectiva de salario real que uno tiene. Eso como primer punto. Como segundo punto, las tasas de interés de los créditos que están saliendo, que salieron cuatro o cinco bancos con condiciones ya detalladas, van del 4% al 8%, más o menos, y yo no creo que vaya a haber mucha más reducción que eso; no me imagino tasas más bajas de 4% porque uno ve Uruguay y Colombia, que tienen créditos similares, y tienen tasas entre 4% y 7%. Recordemos que en estos créditos la tasa es el costo financiero del crédito que uno lo adquiere en UVAs, que es como sacarlos en pesos uruguayos o dólares. Como el UVA está atado a la inflación, eso es lo que hace que se encarezca la cuota, además de la tasa.

—¿Pero cómo se puede mejorar al sistema para alejar el fantasma de la cuota impagable?

—Al sistema de créditos hipotecarios en Argentina, y al sistema financiero en general, le falta una modernización y que creo que este es el momento para hacerlo. Una de las puntas que creo que se podría hacer, y que ya hubo hasta anuncios en otros gobiernos de diferentes partidos políticos, es avanzar en lo que se llama un fondo de compensación, que básicamente es un instrumento que lo que hace es que el acreedor, o sea el banco, cobre una cuota que ajusta por inflación, la UVA, y el deudor paga una cuota que ajusta por salarios. Y las diferencias, cuando el salario suba más o cuando la inflación suba más, bueno las va absorbiendo y cubriendo el fondo. Y aparte el deudor pagaría un 1% o un 1,5% más todos los meses como si fuera un seguro.

—Una especie de red, digamos.

—Exacto. Es como una cobertura, una compensación. Si uno mide inflación y salarios van más o menos de la mano. Pero el largo plazo no importa acá, acá lo que importa son los cortos plazos, que te sacan del juego. Con este fondo eso quedaría más o menos contenido.

—Entonces, a una familia que tiene un ingreso garantizado usted le puede afirmar que este es un buen momento para sacar un crédito UVA.

—Ni siquiera digo que este es un buen momento, digo que este es un momento. En la Argentina, lamentablemente, estamos expuestos. Este es un momento en el que hay oferta de crédito hipotecario, y ojalá esto deje de ser un momento y sea una realidad, como en cualquier país normal. Yo creo que uno tiene una perspectiva de salario con cierta estabilidad, es una oportunidad. Además, hoy el valor de los inmuebles está muy deprimido.

—¿Cómo ve la perspectiva hacia adelante?

—No creo que este año veamos un boom de crédito hipotecario, pero si la cosa más o menos se ordena, en un año o dos años, sí lo vamos a ver, porque la demanda de crédito es infinita, porque las necesidades habitacionales son infinitas en la Argentina, porque estamos en una muy mala situación habitacional. El impacto en el valor de los inmuebles y en el valor de los activos en general de una normalización económica va a llegar. Y el valor del metro cuadrado es uno de esos. Creo que va a haber una oportunidad ahí.

JJD

Organizaciones sociales, de Inquilinos agrupados, personas en situación de calle e Hipotecados UVA realizaron este martes un “colchonazo de protesta” e instalaron ollas populares en la Plaza del Congreso, en “rechazo del ajuste contra el pueblo” y al decreto de necesidad y urgencia (DNU) dictado por el Poder Ejecutivo, que apunta a desregular la economía, entre otras medidas. La protesta se desarrolló a partir de las 18, frente al histórico edificio del Congreso Nacional, confirmaron los voceros de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

“Vamos a estar nuevamente en la calle con un colchonazo y olla popular en el Congreso bajo las consignas que ajusten a la casta, no nos dejen sin casa”, dijeron previamente los organizadores.

Con golpes de cacerolas y una mesa dispuesta en Plaza Congreso, los manifestantes realizaron una olla popular para cenar en un “colchonazo de protesta” que incluyó a personas en situación de calle e inquilinos que expresaron su temor de perder la vivienda.

“Yo hace cuatro días quedé en la calle, me hicieron una renovación de contrato donde me aumentaron 40 mil pesos de golpe, no puedo pagar eso porque se me va a 150 mil pesos de alquiler y yo cobro 160 mil pesos por mes. Estamos en situación de calle con mi hija”, contó una de las manifestantes en diálogo con C5N.

La mujer rechazó las “medidas” del Gobierno de Milei y cuestionó que “el alquiler esté en dólares”.

Los organizadores habían convocado al colchonazo porque “el decreto de Milei, es un decretazo sin necesidad ni urgencia que deroga más de 300 leyes hecho a la medida del lobby empresarial, donde el único perjudicado es el pueblo”.

“Un claro ejemplo -agregaron- es el de la Ley de Alquileres, que llevó muchos años de trabajo hasta su aprobación y que este mismo año se intentó modificar y no se logró”.

Gervasio Muñoz, referente de inquilinos agrupados, sostuvo que “cuando (el presidente Javier) Milei nombra como primer punto del decreto la derogación de la ley de alquileres queda claro que hemos tocado intereses muy sensibles del poder económico de la Argentina”.

“La regulación del alquiler en Argentina es central para el desarrollo igualitario de la sociedad. La vivienda no es un sueño, es un derecho que se conquista y defiende en la calle”, remarcó Muñoz en un comunicado.

En ese sentido, indicaron que “la devaluación de la moneda de un 120% trae consigo una inflación sin control de casi un 40% semanal en alimentos”.

Horacio Ávila, coordinador nacional de Proyecto 7 - una organización que representa a personas en situación de calle- dijo a Télam que “las personas en situación de calle son el mayor exponente de la población”.

“Dada la falta de políticas públicas para esta problemática, desde el sector organizado junto a las organizaciones sociales, nos tomamos el trabajo de armar leyes que hoy están vigentes, pero que están vacías de contenido y de presupuestos reales. Imagínate ahora con el aumento de la tasa de pobreza que tenemos por delante”, subrayó.

Con información de agencias.

IG

La Cámara de Diputados aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de ley que promueve atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA, en el que se plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores y se suspenden por un año los desalojos.

La iniciativa fue aprobada con 134 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Interbloque Federal, y Provincias y la UCR, mientras que fue rechazado por 40 diputados del Pro, los libertarios, y la izquierda, mientras que 18 se abstuvieron, del Interbloque Federal y diputados de la UCR, Evolución Radical y Coalición Cívica.

Uno de los principales puntos del proyecto es que modifica el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el gobierno de Mauricio Macri, que establece a la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas.

Además establece la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito.

El proyecto contempla que, al momento de ejercer la opción, la cuota a abonar por los tomadores de ese tipo de crédito no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores.

Asimismo, quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente.

Además, el proyecto prevé en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo se hará cargo de hasta tres cuotas.

La presidenta de la comisión de Finanzas, Alicia Aparicio, explicó los detalles del dictamen de mayoría sobre el nuevo sistema de actualización de los créditos UVA que tendrán los tomadores de esos préstamos.

En ese sentido detalló que “el valor de la cuota a pagar por el deudor será determinado en función de la actualización mensual del saldo de capital por el índice actualizable por remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (IAR) determinado en la presente ley, u otra variante que se establezca en función de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE)”.

Agregó que “la diferencia contemporánea entre la cuota pagada por el deudor y la que debiera percibir la entidad financiera según las condiciones originales del crédito dará lugar a una compensación monetaria que será cubierta por el Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)”.

En el cierre del debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller aseguró que “los créditos UVA se hubiesen otorgado con la fórmula que hoy estamos aprobando no tendríamos el problema que existe” y dijo que “esto no lo resuelve pero lo morigera y una expectativa positivo hacia adelante”.

El diputado de Evolución Radical Martin Tetaz justificó el rechazo al proyecto al afirmar que “el UVA es un muy buen mecanismo para permitir la existencia de créditos de largo plazo en países de alta inflación” y “por eso el planteo nuestro fue no crear un problema donde no donde no existe” y por eso “la preocupación es que cuidemos mucho el sistema de créditos UVA, pero podemos trabajar para mejorarlo”.

“Si nosotros rompemos el mecanismo UVA ahora, lo que vamos a hacer es condicionar el futuro de millones de familias argentinas, que tienen la única herramienta de acceso a la vivienda como lo es el crédito hipotecario”, agregó.

El radical Julio Cobos dijo que “cuando escuchamos que el problema no está porque no hay morosidad, pero no existe porque tuvimos mucho tiempo la cuota congelada y porque lo último que deja de pagar una persona es su vivienda”.

Defendió el dictamen de mayoría al afirmar que “lo construimos en base a once proyectos donde todos tuvimos que ceder algo” para alcanzar un acuerdo y dijo que “La magnitud del problema son 95 mil créditos, donde se pasa a la cuota hogar y se crea un fondo compensador con recursos de la secretaria de Vivienda, acá no está poniendo dinero el estado sino lo está poniendo el sistema bancario”.

La diputada del Frente de Todos Paula Penacca señaló que “estamos aquí intentando resolver un gran problema que nuestra gestión no generó, que se creó en el 2016 cuando el macrismo decidió romper el acceso a la vivienda que se implementaba desde el 2012 que fue el Procrear” y dijo que en el 2015 “dejamos una política con bajo nivel de endeudamiento”.

El diputado de Republicanos Ricardo López Murphy señaló que “Los créditos UVA no funcionan en el país, no por la inflación, sino porque el nivel de vida en la Argentina está bajando, fomentando así actividades que nos empobrecen e informalizando el mercado de trabajo”.

El legislador de izquierda Nicolás del Caño dijo que la cuota “ya se hace impagable para los trabajadores y este gobierno no resolvió absolutamente nada de este problema que afecta a más de 100 mil familias” y destacó que “claramente los bancos están haciendo un enorme negocio” y dijo que “esta ley no va resolver y vamos a seguir en la pelea”.

Por su parte, el diputado de Avanza La Libertad y precandidato de JXC, José Luis Espert, criticó el dictamen de mayoría al afirmar que “sería más cristalino de cara a la sociedad asignar una partida presupuestaria que diga: 'vamos a subsidiar por este monto con los pagadores de impuestos', para que los préstamos UVA tengan menos problemas de irregularidad”.

Claves del proyecto

Las personas que deban pagar el impuesto a las Ganancias tendrán la posibilidad de deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. Y, en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo se hará cargo de hasta tres cuotas.

La norma ofrecerá a los deudores con hipotecas otorgadas con cláusula de ajuste por Unidad de Valor Adquisitivo (U.V.A.) y Unidades de Vivienda (UVI), destinadas a vivienda única familiar y de ocupación permanente un Sistema de Cobertura, mediante la implementación del cálculo de los saldos adeudados con ajuste mediante un Índice actualizable por Ripte.

En los meses que el Ripte se encuentre por arriba del IPC, pagarán siempre el Índice más bajo, en tanto que el cómputo será retroactivo al 1 de enero del corriente.

Modifica el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el gobierno de Mauricio Macri, que establece a la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas. En este caso, la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores.

También establece la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito.

Con información de agencias.

IG

La Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto que elimina el trámite de actualización de “Fe de Vida” que deben presentar jubilados y pensionados que integran el Sistema Integrado Previsional Argentino y de Pensiones No Contributivas para el cobro de sus haberes mensuales.

La iniciativa fue aprobada por 170 a 3 votos en una votación a libro cerrado donde se sancionaron otros proyectos referidos a acuerdos internacionales, entre otros dictámenes, en el último tramo de una sesión que se extendió por más de trece horas.

De los aproximadamente 7,3 millones de pasivos del sistema previsional, más de 3,2 millones no deben presentar su fe de vida a partir de acuerdos entre el Estado y algunas entidades bancarias, en su mayoría, del sector público.

El artículo establece que “en ningún caso podrán requerirse trámites adicionales a cargo del beneficiario y/o apoderado de la prestación” jubilatoria “más allá de las verificaciones realizadas al momento del cobro presencial que eventualmente se realice”.

La fe de vida era un trámite que los jubilados debían realizar periódicamente para que Anses certifique la supervivencia del jubilado o pensionado.

Uno de los despachos aprobados es el Acuerdo para la Eliminación del Cobro de Cargos de Roaming Internacional a los Usuarios Finales del Mercosur, celebrado el 17 de julio de 2019 en la ciudad capital de la provincia de Santa Fe.

También se votó declarar Día Nacional de la Comunidad Empresarial al día 27 de agosto de cada año.

Además se aprobó la creación de la Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias de la República Argentina, con sede en el área parlamentaria de la Biblioteca del Congreso de la Nación.

El plenario legislativo sancionó también un proyecto para modificar la ley de tránsito sobre los requisitos que deben cumplir los conductores.

El paquete aprobado sin debate incluyó un dictamen para declarar el 19 de Agosto el Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle y el 22 de Noviembre el Día Nacional del Kimchi en la Argentina.

Otra iniciativa aprobar fue declarar el 18 de Julio de cada año como Día de Duelo Nacional en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la Amia.

Y se aprobó declarar de interés de la cámara el proyecto “Alta en el Cielo” del artista Abel Pintos junto a la Orquesta Académica del Teatro Colón.

Posteriormente se aprobaron los dictámenes de cargos de cónsules y vicecónsules honorarios a ciudadanos/as argentinos/as propuestos por gobiernos extranjeros; y la ratificación de acuerdo sobre Transporte Aéreo entre la República Argentina y la República Portuguesa, suscripto en la ciudad de Lisboa el 25 de junio de 2007.

Créditos UVA, “violencia digital” y otros proyectos aprobados

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles y envió al Senado un proyecto de protección contra la “violencia digital” a las mujeres y una iniciativa sobre créditos UVA, en el marco de una sesión en la que la oposición consiguió la convocatoria para que el plenario debata el 23 de agosto la Ley de Alquileres.

Además, el plenario del cuerpo dio el visto bueno a un proyecto que crea la figura del acompañante terapeútico y a otro que declara monumento histórico nacional al Parque de la Constitución en la capital de la provincia de Santa Fe.

En la continuidad de la agenda de la sesión, el plenario debate el de beneficio a la producción orgánica de alimentos y el que regulariza deudas de municipios con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa).

En el inicio de la sesión de hoy, que se puso en marcha a las 12,30 con la presencia de 130 diputados, se le aceptó la renuncia a dos diputados y se le tomó juramento a sus dos reemplazantes.

El radical Atilio Benedetti asumió una banca de diputado nacional, en reemplazo de Rogelio Frigerio, que renunció para dedicarse a la campaña como precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio de Entre Ríos.

También, en el bloque de Juntos por el Cambio, asumió Santiago Espil de la Coalición Cívica, en reemplazo de Gabriel Mraida, que había asumido en la sesión del 28 de febrero pasado, en reemplazo de Waldo Wolff, que fue designado en el gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Benedetti tendrá mandato hasta 2025 y Espil hasta diciembre de este año.

Antes de que se abordaran los proyectos de ley, se sucedieron una serie de planteos relacionados con la coyuntura actual con preponderancia de los acontecimientos sucedidos en las provincias de Chaco y Jujuy.

En ese sentido, diputados nacionales jujeños del oficialismo cuestionaron la represión del gobierno de Gerardo Morales a manifestantes que rechazan la reforma constitucional en Jujuy, mientras que representantes del radicalismo defendieron la actuación del mandatario provincial, uno de los precandidatos a vicepresidente de Juntos por el Cambio y titular de la Unión Cívica Radical (UCR).

A continuación, la diputada nacional del Frente de Todos por Chaco Lucila Masin cuestionó hoy “la mediatización” y “politización” del 'Caso Cecilia' y coincidió con su comprovinciana Marilú Quiroz (Juntos por el Cambio) en manifestar “solidaridad” con la familia de Cecilia Strzyzowski, a un mes de su desaparición y femicidio.

En esa etapa de la sesión se dio una de las principales polémicas de la jornada: Diputados del Frente de Izquierda y el libertario José Luis Espert protagonizaron un cruce, con fuertes acusaciones por la situación en Jujuy, luego de que el ahora integrante de Juntos por el Cambio (JxC) pidiera la expulsión de los legisladores de Izquierda por haber visitado esa provincia durante las protestas y represión policial, y los apuntó por haber participado de los incidentes ocurridos, tras la reforma de la Constitución local.

Por otra parte, la mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados formalizaron hoy un pedido de sesión especial para debatir una Ley de Alquileres el próximo 23 de agosto, luego de que fracasara un intento de Juntos por el Cambio para que se avanzara en la derogación de la legislación vigente al pedir un tratamiento sobre tablas.

Ocho de los once bloques que forman JxC (encabezados por el PRO, la Coalición Cívica y los dos radicalismos); el interbloque Federal; Provincias Unidas y liberales y libertarios firmaron la nota en la que se pide a Cecilia Moreau, la titular de la Cámara baja, que se sesione ese día desde las 12.

Por lo pronto la nota no fue acompañada por la bancada del Frente de Todos, si bien no se descarta que ese día den quórum para facilitar el debate, con el objetivo de que en los próximos 48 días que restan para la potencial sesión se pueda llegar a un texto de consenso que permita contar con una nueva norma.

En cuanto a los proyectos de la agenda de hoy, la Cámara aprobó por amplia mayoría, y giró al Senado, el texto consensuado para modificar la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres, con el fin de incorporar la figura de la “violencia digital”, conocida como “Ley Olimpia”, que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y sanciona la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.

La iniciativa se aprobó con 191 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Provincias Unidas, la izquierda, y dos en contra de los libertarios y una abstención del diputado Carlos Zapata (JXC).

Además, la Cámara aprobó por amplia mayoría, y envió al Senado, el proyecto de ley que regula la actividad del acompañante terapéutico, en una votación con 197 votos afirmativos y tres negativos.

A continuación, y sin debate, se aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley por el cual se propone declarar monumentos histórico nacional al Parque de la Constitución Nacional, situado en la ciudad de Santa Fe.

En el tratamiento más extenso -casi cuatro horas- la Cámara debatió el proyecto que buscar atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA, en el que se plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores y busca modificar el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el gobierno de Mauricio Macri, que establece a la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas.

La votación arrojó 134 votos afirmativos; 40 negativos y 18 abstenciones.

El cuerpo inició el análisis del dictamen de producción orgánica, que tuvo un amplio consenso -aunque fue rechazado por el PRO-, y que busca dar estabilidad y previsibilidad al sector por un plazo de 10 años, y contempla diversos beneficios fiscales para emprendimientos de empresas pequeñas y medianas.

Con información de agencias.

IG

La Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió otorgar una medida cautelar innovativa solicitada por una tenedora de crédito hipotecario UVA, en la que ordenó al BBVA Argentina-Banco Francés cobrar una cuota equivalente al 16% de los ingresos de la parte reclamante.

En el expediente 23.150/2022, con fecha 21 de marzo de 2023, consta el fallo que retrotrae la misma relación cuota/ingreso que la parte reclamante percibía al momento de tomar el crédito.

“Como en todos estos créditos, la parte afectada sufrió un notorio incremento en la cuantía de las cuotas de amortización del crédito bancario, al tiempo que el capital adeudado se iba incrementando en forma geométrica, producto del llamado 'sistema UVA'”, indicó la asociación Hipotecados UVA en un comunicado.

En la fundamentación, la Cámara expresó que la parte demandante inició la acción “a fin de obtener la adecuación del monto del crédito con garantía hipotecaria bajo el sistema UVA, que según refiere, afectan sus ingresos en forma desproporcionada y progresiva, poniendo en riesgo perder la vivienda única (de sólo 36 m2; un mono ambiente)”.

Asimismo, señaló que el aumento de las cuotas hace “ver amenazado el exiguo patrimonio por el crecimiento desmedido de la deuda y cuotas de amortización del crédito, ya que ni vendiendo la vivienda hipotecada se podría cancelar el compromiso contractual asumido”.

Hipotecados UVA agregó que “resta para la sentencia definitiva el establecer qué adecuación se dispondrá en sede judicial respecto al monto amortizado hasta aquí por la demandante y el saldo de capital adeudado”.

En este contexto, señaló que “el Congreso de la Nación, que en reiteradas oportunidades viene dilatando una solución global para todos los Hipotecados UVA, debe tomar en cuenta el pronunciamiento judicial, emanado del superior tribunal de la causa, y dictar una legislación que ampare a todas las familias víctimas este sistema”.

Esto es necesario “a fin que no tengan que transitar largos y costosos procesos judiciales para poner término a su incertidumbre y riesgos, tanto de perder sus viviendas como de permanecer deudores si las mismas son subastadas”, agregó.

La demanda que dio lugar a la medida cautelar hizo hincapié en la naturaleza jurídica como derecho humano el acceso a la vivienda, reconocido tanto por el art. 14 bis de la Constitución Nacional como por los tratados internacionales de derechos humanos que invisten jerarquía de cláusulas constitucionales (art. 75, inc. 22º CN), y en los pronunciamientos del organismo tutelar de la ONU sobre el acceso a la vivienda digna.

“Es urgente que nuestros legisladores reflexionen de una vez por todas y se llegue a una solución de fondo y definitiva que nos permita pagar sin usura, hipotecas justas, predecibles y sostenibles en el tiempo”, concluyó el comunicado de Hipotecados UVA.

DA

El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, dijo hoy que cualquier solución al problema de los tomadores de los créditos hipotecarios UVA “debe ser cuidadosa para no afectar el patrimonio de las entidades públicas”.

Pesce destacó que de los 105 mil préstamos hipotecarios UVA, unos 97.000 corresponden a viviendas familiares únicas y en su mayoría fueron otorgados por la banca pública.

“El 47 por ciento fueron otorgados por el Banco Nación, el 13 por el Banco Provincia y 9 por ciento por el Banco Ciudad”, precisó el funcionario, quien remarcó que la mora es “muy baja”.

Dijo que “para perfeccionar este sistema deberíamos encontrar un mecanismo permanente para salvar estas situaciones excepcionales y críticas cuando el salario real cae abruptamente y los procesos de paritarias no pueden compensar con la velocidad que necesitan las familias para pagar una cuota de un crédito que se ajusta con la inflación”.

“Allí debería intervenir el Estado, y deberíamos encontrar una manera que fuera un seguro o un fondo donde pudiera haber asistencia tanto del propio deudor que contribuyera a este fondo como del Estado para tener esta herramienta en forma permanente”, agregó.

Pesce expresó estos conceptos al exponer sobre proyectos de ley que buscan dar una solución al problema que afrontan los tomadores de créditos hipotecarios UVA, debido al fuerte incremento que tuvieron esas cuotas que se ajustan de acuerdo a la inflación.

El sistema comenzó a ser implementado durante la administración de Mauricio Macri y es objeto de discusión por parte de los tomadores de los mismos que ahora enfrentan dificultades para abonar las respectivas cuotas.

Al abrir la reunión, la presidenta de la comisión de Finanzas de la Cámara baja, Alicia Aparicio, señaló que “convocamos a esta informativa conjunta, en cumplimiento del acuerdo parlamentario, para tratar y abordar la problemática generada por los créditos UVA. Esperamos poder arribar en la próxima reunión a un dictamen en consenso.

El titular del BCRA dijo que “no tenemos ningún registro de ejecución de hipotecas” y señaló que “cuando se otorgaron los préstamos afectaban el 27,5 por ciento de los ingresos y hoy llegan al 33 por ciento de los sueldos, y en los momentos picos de caída de salario afectaban el 35 por cinto de los salarios”

Pesce agregó que el “41% de los saldos de créditos que han entregado a las familias que tienen las entidades públicas corresponde a los préstamos hipotecarios UVA. La solución que encontremos al problema debe ser cuidadosa para no afectar el patrimonio de las entidades públicas.

“El 85 por ciento pertenece a los deudores, a los dos deciles de ingresos más altos de la escala de ingresos y el 80 por ciento corresponde a salarios registrados”, agregó el titular del Central, para luego precisar que la mora “es del 1.4 por ciento”.

“Hubo casos anteriores donde la mora se disparó en los años 80 cuando se buscó una solución fallida”, advirtió el funcionario.

Por su parte, la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, dijo que el sistema de créditos UVA “tenía previsto un descenso de la inflación, lo cual no sucedió, y entendemos también que hay varias propuestas presentadas en este Congreso para dar algún tipo de solución y estamos dispuestos a escucharlas”.

A su turno, el gerente de Estudios Económicos del Bapro, Mariano Beltrani dijo que “la morosidad en el caso del Banco Provincia es bastante reducida: la irregularidad está cerca del 2,7% con datos a julio y esta morosidad se mantuvo relativamente estable desde el levantamiento de las normas COVID del Banco Central.

En tanto, el director del Banco Ciudad, Gastón Rossi, dijo que “para los 200 préstamos que están en condición irregular, el Banco Ciudad tiene un abordaje individual, es decir, ofrecemos refinanciamiento extendiendo el plazo y bajando la tasa de interés.

Desde el sector privado, el presidente de la Asociación de Bancos de Argentina, Claudio Cesario, advirtió que “cualquier pérdida patrimonial de los bancos afecta la solvencia y liquidez del sistema financiero, y el 70% o más de los créditos fueron desembolsados por la banca pública, por tanto, es responsabilidad de ustedes velar por este patrimonio”.

Por el lado de los senadores, el autor de uno de los proyectos existentes sobre el tema, el radical Julio Cobos dijo que “acá queremos encontrar una solución para el pasado que sirva para adelante y como retomamos y conviviendo con una inflación del 100 por ciento y los que hoy deben 10 millones el año que viene será 20 millones” y si hablamos del tema patrimonial “todos los debemos cuidar” pero tenemos que “hacer algo porque se rompió la relación contractual”.

Por su parte, la diputada del FDT, Victoria Tolosa Paz, sostuvo que la creación de un Fondo Compensador “puede ser una buena medida que no perjudica a la banca pública que tiene la mayor cantidad de créditos” y dijo que se debería saber el perfil de los deudores, ya que “acá se dijo que pertenecen al grupo de ingresos más altos” por lo cual “debemos saber cuantos son los trabajadores que tenían ingresos registrados y hoy no los tienen, cuantos son jefa de hogar y cuantos son jubilados y pensionados”.

DA

La diputada Alicia Aparicio (Frente de Todos) mencionó: “Hemos llegado a este momento con la buena voluntad del Presidente de la Cámara (Sergio Massa) que ha firmado un acuerdo para tratar el tema, es decir nuestra preocupación es genuina de escuchar a todos los damnificados por esta situación”.

Por su parte, el diputado Julio Cobos (UCR Mendoza), precisó: “Necesitamos ya avanzar en un dictamen, en lo posible unificado, y si hay alguna diferencia que sea muy puntual en el punto de corte donde tomamos en cómo constituimos el fondo compensador, pero en el resto vamos a tener muchas coincidencias”. 

Los créditos UVA están destinados a personas en actividad laboral (en relación de dependencia o contratados, autónomos y monotributistas), jubilados y/o pensionados y ex combatientes de las Islas Malvinas beneficiarios de la pensión vitalicia de guerra.

El destino del crédito puede ser para: adquisición de vivienda única y de ocupación permanente; cambio de vivienda única y de ocupación permanente; construcción de vivienda única y de ocupación permanente, en terreno propio, libre de ocupación, la que deberá cumplir como mínimo con los estándares previstos por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; y para ampliación, refacción o terminación de vivienda única y de ocupación permanente.

Del encuentro participaron Sebastián Saúl (representante de los hipotecados UVA Necochea), Ernesto Domingo Páez (portavoz de hipotecados UVA Mendoza), Daniela Funez (representante de tomadores prendarios UVA), María Fernanda Bandiera (en representación de los tomadores crédito UVA prendarios y personales de Mendoza), José Luis Ramón (diputado nacional mandato cumplido), Mariela González y Luz D'angelo (abogadas del caso Marcos Azulay, donde la jueza Cecilia Landaburu dictó un fallo que dispuso la eliminación del UVA, en Mendoza), Rosana Beatriz Rodríguez y Gabriela Ottini (representando a tomadores de créditos hipotecarios de Catamarca), Malvina Vilte (represéntate de tomadores de créditos de La Rioja), Gabriela Spatari (en representación de hipotecarios de La Plata), entre otros.

La Justicia Federal de Córdoba admitió la primera demanda colectiva de los tomadores de créditos hipotecarios UVA, resolución que impactará en la renegociación del capital adeudado, no sólo de la cuota a pagar, y que beneficiará a unos 80 mil clientes del Banco de la Nación Argentina.

La demanda colectiva fue interpuesta en junio de 2019 por las abogadas Julia Irazqoqui y Lorena Fernández Millicay con el aval de la Fundación Club de Derecho Argentino y fue rechazada en septiembre del mismo año por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes.

Las abogadas de los clientes volvieron a reclamar ante los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Graciela Montesi, Ignacio Vélez Funes y Eduardo Avalos, quienes en las últimas horas fallaron a favor de los tomadores de créditos, solicitaron que se realice una actualización del capital solicitado y le ordenan al juez Sánchez Freytes que los fallos sean favorables a los clientes hipotecados. 

“El fallo de la Cámara dice, para que lo entienda la gente, que lo que se resolvió en la Justicia federal de Córdoba abarca a todo el universo de clientes UVA del Banco Nación desde La Quiaca a Ushuaia, por tratarse de una entidad federal; es que lo que se va a hacer de ahora en más es rediscutir el monto del capital, no sólo la cuota indexada; vamos al fondo de la cuestión. Por ejemplo, si una familia solicitó un crédito de $ 1 millón de capital y en mayo de 2019, antes de la devaluación post PASO, esa familia debía $ 2 millones y ahora debe $ 5 millones sólo de capital, sin contar los intereses; lo que la Justicia ordenó es volver a discutir ese monto a la fecha de la interposición de esta demanda, o sea a los valores de junio de 2019 y recalcular lo que la entidad cobró leoninamente de capital e intereses”, explicó la abogada Irazoqui a elDiarioAR.

La representante del Colectivo de Hipotecados UVA agregó que “estas acciones no configuran medidas cautelares que difieran cuotas, sino que lo que se busca es una solución definitiva, una salida definitiva del sistema frente a la inacción política de todos los gobiernos que se han sucedido desde que el sistema dio inicio y hasta hoy. Sabemos que el camino hasta aquí transitado ha sido muy duro. La crisis económica, la inflación incesante y finalmente la pandemia ha hecho que muchos pierdan sus hogares. Muchos siguen en la lucha, pagando como pueden o poniendo en venta su inmueble para no terminar de perder la totalidad de lo aportado. Ante la indiferencia de todo el arco político, tuvimos que apelar a la organización colectiva y la vía judicial para obtener un pronunciamiento que ponga fin a este desquicio financiero en el que nos vemos envueltos y que nos aporte una solución definitiva, para que dejemos de hablar del ”sueño de la casa propia“ y comencemos a hablar del derecho constitucional a la vivienda digna”.

Irazoqui aclaró que por ser acciones de carácter colectivo, sus efectos se extenderán a los hipotecados cuya cuota hubiera superado el 10% del valor de la cuota inicial que ya hubieran solicitado la extensión de plazo de pago, o que el banco los hubiere intimado para hacerlo o que se encontraren en situación de solicitarla, conforme el art. 7 de la Ley 27.271 sin necesidad que interpongan ninguna demanda ni que se presenten en esos procesos, siempre y cuando no se hubieran excluido de manera expresa y voluntaria. O sea, los beneficios son para todos los tomadores de créditos UVA del Banco de la Nación Argentina, no hace falta que planteen demandas individuales“.

El fallo de 44 páginas a favor de los clientes hipotecarios del Banco Nación fue aprobado por los jueces Avalos y Vélez Funes, mientras que la camarista Montesi falló en contra. 

Vélez Funes opinó: “No puedo dejar de reconocer que jurisprudencial y normativamente los procesos colectivos son una realidad imperante, cuyos aspectos y requisitos si bien aún no han sido reglamentados, fueron delineados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de sus fallos, resultando el caso ”Halabi“ emblemático al respecto. La temática planteada en los procesos colectivos sin duda alguna genera una necesidad de cambio en los paradigmas tradicionales de los procedimientos judiciales, por cuanto fueron concebidos como instrumentos que ofrecían solución a los conflictos individuales, no resultando ahora una respuesta a las nuevas realidades y por ello no es una herramienta adecuada a la problemática de problemas colectivos y su desarrollo procesal”.

En otro párrafo, Vélez Funes destaca: “Trasladando los elementos desarrollados en el caso ”Halabi“ como necesarios para la configuración de una acción de incidencia colectiva referida a intereses individuales homogéneos, vemos que el objeto de la acción iniciada, identifica claramente a los tomadores de créditos hipotecarios, que especialmente sean de la línea de créditos hipotecarios en UVA – Reglamentación N° 538- y a los fines de precisas aún más los contornos de la causa fáctica y a los afectados se especifica que tiene que haber sido para vivienda única familiar de ocupación permanente y agrega otro requisito más, que la cuota haya superado el 10% del valor de la cuota inicial, que ya hubieren solicitado la extensión del plazo de pago, o que el banco los hubiera intimado para hacerlo o que se encontraren en situación de solicitarla. Es decir, se delimita específicamente la causa común que afecta a un grupo o clase determinada, no mencionándola de manera genérica sino a través de la enumeración de varios elementos que la tornan identificable con precisión y la traducen como común a un grupo de individuos incluidos como sujetos activos de la relación jurídica sustancial de esa causa”.

Y el camarista finaliza s voto, asegurando que “me resulta clara la prevalencia de lo colectivo sobre lo individual en atención de que los individuos que conforman este colectivo han solicitado un crédito para poder adquirir su vivienda única (por carecer de ella) y luego se han encontrado en la necesidad de reclamar el cambio de las condiciones del contrato por imposibilidad de poder cumplirlo económicamente, con lo cual concluyo que en principio no están en condiciones -económicas- de entablar individualmente una acción legal. Sin embargo pueden ser beneficiados con los alcances de una sentencia erga omnes que modifique favorablemente la actual situación, y que de resultar adversa, sus efectos no llegarán a tener la entidad negativa que resultaría de un proceso individual”.

Julia Irazoqui explicó que “el fallo establece la prohibición a cada institución bancaria de continuar indexando el capital de los créditos de los deudores del Banco Nación más allá de la fecha de interposición de las demandas; como lo señala Vélez Funes, la nulidad parcial con efectos ”erga omnes“, que significa ”frente a todos“ de los contratos hipotecarios en las cláusulas impugnadas, que son perjudiciales para los consumidores financieros; además de la aplicación de una multa por daño punitivo a la institución bancaria; y proteger a aquellos deudores hipotecados UVA cuya cuota hubiera superado el 10% del valor de la cuota inicial que ya hubieran solicitado la extensión de plazo de pago, o que el banco los hubiere intimado para hacerlo o que se encontraren en situación de solicitarla, conforme el art. 7 de la Ley 27.271”.

GM

Los intereses de los plazos fijos en UVA, las obligaciones negociables (ON), los fondos comunes de inversión (FCI), los fideicomisos financieros y otros instrumentos financieros en pesos destinados a fomentar la inversión productiva quedaron desde este miércoles exentos de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

El Gobierno formalizó las modificaciones introducidas en Ganancias y Bienes Personales a través de la Ley 27.638 aprobada a mediados de julio último en el Congreso, con su publicación en el Boletín Oficial, y a partir de este miércoles comenzaron a regir las nuevas exenciones impositivas a las inversiones en pesos para el periodo fiscal 2021.

La iniciativa fue un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en octubre de 2020 al Congreso, que finalmente fue aprobado el 2 de julio último por la Cámara de Diputados y el 15 de julio tuvo la sanción definitiva del Senado.

Durante su paso por Diputados, se eliminó uno de los puntos polémicos, el artículo tercero, que permitía gravar con Bienes Personales los plazos fijos que no se depositen por un plazo menor a 275 días.

Finalmente, la normativa se fijó como propósito incentivar mediante la política fiscal las inversiones en moneda nacional.

La nueva legislación dispuso, en el caso de Ganancias, la exención a los intereses o la denominación que tuviere el rendimiento producto de la colocación de capital en los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva, que establezca el Poder Ejecutivo nacional.

En este conjunto se incluyen los intereses de plazos fijos UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) que se ajustan por inflación -y cuyo capital ya estaba exento-, y otros depósitos con cláusulas de ajuste.

Además, la normativa exime de Bienes Personales a las obligaciones negociables emitidas en moneda nacional, que son básicamente colocaciones de deuda de las empresas privadas; los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva; las cuotapartes de fondos comunes de inversión y los certificados de participación y valores representativos de deuda fiduciaria de fideicomisos financieros, que hubiesen sido colocados por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Acá se contemplan los fondos comunes de inversión y los fideicomisos financieros que inviertan mayormente en títulos, bonos y demás valores emitidos por la Nación, las provincias, las municipalidades y la ciudad de Buenos Aires; como también depósitos en moneda argentina y extranjera efectuados en el país, y a plazo fijo o en caja de ahorro.

En cuanto a este punto, la ley deja aún por establecer por la reglamentación de la misma, el porcentaje mínimo de depósitos y bienes que como activo subyacente principal deberán tener los fondos comunes de inversión y los fideicomisos financieros para acceder a las exenciones impositivas establecidas.

En ese sentido, la normativa subraya que “no se tendrá por cumplido el porcentaje, si se produjera una modificación en la composición de los depósitos y bienes que los disminuyera por debajo de ese mínimo, durante un período continuo o discontinuo de, como mínimo, 30 días en un año calendario o el equivalente a la proporción de días considerando el momento de ingreso al patrimonio de las cuotapartes o certificados de participación o valores representativos de deuda fiduciaria hasta el 31 de diciembre” de cada año.

En este caso, las exenciones de las cuotapartes de fondos comunes de inversión e inversiones en fideicomisos financieros no se encuentran limitadas a que los activos subyacentes principales sean en moneda nacional, con lo cual abre la posibilidad a incluir también colocaciones en dólares.

Con información de Télam.

IG

El Banco Provincia de Buenos Aires es el cuarto del país por cantidad de activos, sólo por detrás del Nación, el Santander y el Galicia. Y su presidente, Juan Cattromo, integra el pelotón de economistas que su colega y gobernador Axel Kicillof puso al frente de la administración bonaerense.  

¿Cómo está reaccionando el banco ante la segunda ola de Covid-19?

Estamos construyendo sobre lo que vimos que funcionó el año pasado en la pandemia, que tuvo mucho que ver con opciones de financiamiento al sector productivo. Fue particularmente complicado en los primeros meses de la pandemia. La asistencia a las empresas tenía una fuerte impronta presencial y hoy uno está trabajando con turnos, equipos que rotan en una atención acotada. Además, con una priorización grande a lo que es el pago de servicios de ANSES y el Instituto de Previsión Social de la provincia. En mayo del año pasado vimos que la asistencia al sector productivo había tenido problemas y entonces trabajamos fuerte para la disponibilidad del financiamiento productivo a través del home banking, a través del eCheq. Ahora estamos avanzando con los préstamos de capital de trabajo. Estamos en pruebas piloto para que las empresas puedan financiarse con factura de crédito electrónico, que es una política que está impulsando el gobierno nacional. Todo además con tasas que estamos empezando a recortar en la medida de nuestras posibilidades: la de capital de trabajo empieza en 28,5%; las de descuento de eCheq, 25%. Con estos niveles de inflación, entendemos que son una asistencia importante al sector productivo. Hemos lanzado el financiamiento a la cosecha fina. Siempre estamos presentes en el financiamiento de la compra de maquinaria. En breve también vamos a terminar de firmar un convenio con Augusto Costa, ministerio Desarrollo Productivo de la provincia. ¿Viste que está la línea de inversión productiva del Banco Central al 30%? Nosotros vamos a firmar un convenio para unas líneas de Provincia Marcha para tener un subsidio de tasa de 8 puntos, o sea que va a ser financiamiento al 22%, y para agrupamientos de parques industriales el subsidio de tasa va a ser de 10%. Eso financiado por la provincia.

¿Y qué hizo el banco mejorar para la atención de las personas?

La pandemia generó dos demandas: una demanda de atención presencial y de abastecimiento de efectivo muy grande, fundamentalmente en las zonas de alta concentración. Llevar la atención bancaria a lugares de la provincia donde no había presencia de ningún banco, ni siquiera del Provincia. Pero a la par de eso también relanzamos la cuenta DNI, que era un producto que el banco ya tenía pero con otras características. Lo convertimos en una billetera integral y ya supera los 3,1 millones de usuarios. Te permite una verdadera política de inclusión. Donde podemos, lo complementamos con una política de descuentos en comercios de barrio. Tenemos, como siempre, campañas con grandes cadenas, pero también queríamos llegar al comercio de barrio con promociones para acompañar de este modo en este tiempo. Este año también vamos a lanzar pronto una nueva aplicación para que los comercios puedan cobrar y vincularse a toda esta nueva agenda de medios de pago.

La Cuenta DNI creció mucho con la gente no bancarizada que debía cobrar el IFE, ¿no?

Sí, totalmente. Hubo un crecimiento inicial muy fuerte vinculado al Ingreso Familiar de Emergencia. A medida que el IFE no siguió, todo el crecimiento que vino después fue más de la mano de clientes del banco como nuevos clientes que tampoco estaban bancarizados. Por más que la bajaron por el IFE, luego la siguen utilizando porque ven que sirve, resuelve cosas y es muy sencilla de usar. Nuestro desafío era generar una billetera que permita una rápida inclusión: casi 1,4 millones de IFE en la provincia de Buenos Aires. De otro modo habría que haber buscado alguna atención presencial. La gente pudo bajarse la aplicación y darse de alta desde su celular en un proceso que podía parecer engorroso. Implicaba poner el documento, sacarse la foto. Pero funcionó muy bien. Hemos trabajado mucho para minimizar los errores. Ya sin IFE, con niveles más bajos de fondos en las cuentas, pero el uso se mantiene en el tiempo. Por eso, la transaccionalidad de Cuenta DNI va creciendo mes a mes, sea por transferencia en comercios o la recarga de celulares.

Los bancos reaccionaron ante Mercado Pago creando la app Modo, pero no parece muy exitosa.

Nosotros estuvimos siempre en diálogo y lo seguimos estando con todos los bancos. Y fuimos parte de las conversaciones preliminares de Modo. Pero entendíamos que nuestra billetera tenía un nivel de desarrollo consolidado. Modo era una experiencia novedosa que no nos generaba un valor agregado. La decisión fue no sumarnos. Pero seguimos en diálogo. Todo lo que es medios de pago es dinámico. También hay una agenda del Banco Central con las transferencias 3.0, en la cual estamos participando, apuntamos al mayor nivel de transacción de calidad posible. Vamos a seguir apostando a las billeteras integradas para que en un comercio que venda con Modo se puede pagar con Cuenta DNI y viceversa.

¿Cómo piensan resolver la situación de los deudores hipotecarios UVA?

El banco ya instrumentó hace un tiempo un tope de 35% en la relación cuota-ingreso para familias con vivienda única. O sea, si la cuota supera el 35% del ingreso familiar demostrable, el banco subsidia la diferencia. Esto lo quiero aclarar: el subsidio lo pone el banco, no recibimos nada del Gobierno. Es parte del principio de esfuerzo compartido.

En los últimos tiempos hubo bancos que perdieron plata y otros que cerraron sucursales. ¿Cómo le fue al Provincia?

Es importante contextualizar: el Banco Provincia desde la crisis de 2001 está en un plan de encuadramiento con el Banco Central porque tenía déficit de capitales y problemas de liquidez estructurales y de largo tiempo. A partir del año pasado, a los fines normativos, estamos excedidos en todos los requisitos de capital. Los niveles de liquidez del banco hoy son acordes a los que tiene todo el sistema. El año pasado cerramos el año con un balance positivo. O sea que en un año de muchos desafíos y con una inversión muy grande, tanto en tecnología como en presencia territorial, pudimos alcanzar un balance opuesto a la situación. Hay que ir monitoreando todos los meses. Eso nos da margen para para seguir esta coyuntura y seguir redoblando esfuerzos. En muchísimos distritos de la provincia somos la única presencia bancaria. Entendemos que hay un valor y un servicio en esa presencia. Somos un banco público y, por lo tanto no, no tenemos ninguna agenda de cierre de sucursales. Sí estamos permanentemente pensando cómo podemos seguir manteniendo nuestro oferta y ampliando nuestros servicios sin perder la esencia de ser un banco de cercanía.

¿Cómo ve la situación económica del país?

Desde fin del año pasado, la pandemia empezó a dar algún respiro y se ve una perspectiva de recuperación, con una heterogeneidad muy grande. Hoy el nivel de actividad agregado probablemente esté en los niveles prepandemia. Hay sectores que están evidentemente operando en niveles de muy alta actividad y otros que están sufriendo mucho. Y eso tiene que ver con las particularidades de la pandemia y su impacto epidemiológico. En la provincia hay impactos regionales distintos. Hoy las fases epidemiológicas no son las mismas dentro del territorio provincial. Hay actividades que quizás en un municipio se puedan desarrollar con protocolos, pero en otros lugares de la provincia están más afectadas. A medida que la vacunación se vaya consolidando, hay condiciones de crecimiento.

¿Y el problema de la inflación?

Lo importante es contextualizarlo. En el último año, el indicador de materias primas del Banco Central aumentó casi un 75% y está en nivel récord. Estamos en un proceso de shock, una perturbación muy grande de precios relativos que tiene que ver con tendencias en el mercado global, las respuestas que se fueron dando a la pandemia a nivel de liquidez y cómo eso fue repercutiendo en la demanda de alimentos. Si bien en toda la región pasamos a un escenario de aceleración en la inflación, hay una discusión mucho más profunda sobre Argentina y por qué a nosotros nos pega en niveles más elevados. Fundamentalmente, en el primer cuatrimestre el nivel de inflación fue más elevado de lo que esperábamos. Entendemos que a lo largo del año, a medida que que se vayan desarrollando las políticas del gobierno nacional, debería ir descendiendo la tasa de inflación mensual.

¿Cómo califica la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán?

Entendemos que el ministro está llevando adelante una agenda muy compleja, tiene desafíos muy grandes, tanto en términos de administración de deuda, de la cuestión fiscal, todo lo que tiene que ver con las políticas productivas y la actividad. Martín está haciendo un trabajo sobre los temas que implica la gestión de la deuda y de reconstruir los equilibrios macroeconómicos. Por supuesto que esto no está exento de discusiones y de algunas expresiones que son públicas, ¿no? Pero me parece que son naturales para una realidad que es muy compleja. Y como dijo Axel hace un tiempo, no hay manuales de administración macroeconómica en pandemia. Entonces tampoco podemos pretender que no se van a generar algunas fricciones en las discusiones económicas cuando estamos ante un evento de naturaleza inusual. Me parece que Martín junto al Presidente están haciendo una tarea muy comprometida en administrar todas las tensiones propias de esta pandemia.

Justamente se mencionan visiones distintas entre Guzmán y Kicillof…

Intento ser cuidadoso con las palabras porque a veces el exceso de exégesis produce resultados no deseados. Lo hablaba con Augusto (Costa) hace poco. Él, hablando de tarifas, dijo: “Nuestra política tarifaria no puede ser la del macrismo”. Seguramente estamos de acuerdo con el Presidente y Martín. No podemos hacer una política como la del macrismo porque básicamente somos otra cosa. Lo que pasa es que después sobre eso se hace una serie de exégesis, como que eso era una crítica velada a la política de Martín, pero yo no he visto que el ministro en ningún momento haya reivindicado el macrismo. Todo lo que se dice aparentemente posee una doble lectura. Nosotros entendemos que los objetivos son los mismos. Apuntamos a estabilizar. Veníamos de cuatro años del macrismo que habían sido particularmente duros, con el país endeudado y en crisis. Y sobre eso vino la pandemia. Y me parece que el objetivo de todos apunta en el mismo sentido: tener una Argentina productiva, con un desarrollo del mercado interno que tenga una plataforma de exportación y que permita sostener un proceso de crecimiento en el tiempo. En eso no veo ninguna diferencia.

¿Debería impulsar el gasto con los ingresos extra de la soja y del aporte solidario?

No tengo todos los números ni toda la botonera. Hay ingresos extra vinculados a ciclos de precios altos, el impuesto solidario. Nuestra preocupación, y lo dijo el Presidente el otro día, es que una parte importante de nuestro pueblo y en la provincia Buenos Aires está pasando una situación realmente difícil en una situación socioeconómica complicada, veníamos de años de un ajuste duro sobre las condiciones de vida y sobre eso la pandemia evidentemente genera una disrupción. Entiendo que el objetivo de todos es apuntalar a los que peor la estén pasando, que tengan todas las herramientas para transitar este tiempo y al mismo tiempo cumplir los objetivos epidemiológicos. En ese sentido, el otro día el Presidente anunció una batería de medidas (en referencia al aumento de la tarjeta Alimentar).

AR

La comisión de Economía Nacional e Inversión del Senado debatirá mañana dos proyectos de ley que establecen la renegociación de los contratos para créditos hipotecarios de vivienda única otorgados en Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y regulan las operaciones en esos sistemas de préstamos.

En una sesión virtual, los miembros de la comisión que conduce la senadora radical Silvia Elías de Pérez discutirán, desde las 14, sendas iniciativas presentadas por sus pares Julio Cobos y Mario Fiad, del interbloque de Juntos por el Cambio.

El primero de los textos prevé que las entidades financieras ofrezcan la posibilidad de renegociación de contratos de créditos para la adquisición, construcción y/o ampliación de vivienda única en la República Argentina con cláusula de ajuste en UVA.

En el articulado que será analizado por los senadores se establece que el deudor de un préstamo hipotecario de vivienda única con UVA podrá acceder a la renegociación del contrato por una única vez y podrán optar por cambiar la cláusula de ajuste por otra, en las mismas condiciones, pero, nominadas en UVI conservando la tasa de interés pactada, con una tasa máxima del 5%.

También sostiene que los desembolsos pactados serán realizados en pesos al valor de la cotización del día de acreditación del mismo en la cuenta del solicitante, y los intereses se devengarán desde la acreditación del préstamo. En caso de aprobarse la propuesta, el Fondo de Estabilización de Deudores Hipotecarias deberá estabilizar el monto de las cuotas hipotecarias nominadas en UVA o UVI y no reportará cargo adicional para el solicitante.

También propone que se suspendan las ejecuciones hipotecarias y los desalojos para los créditos hipotecarios en UVA para vivienda única familiar por el término de un año.

El segundo de los proyectos, de autoría del senador Fiad, busca la regulación de las operaciones enmarcadas en los sistemas de créditos con capital ajustable UVA y UVI previstas en las leyes 25.827 y 27.271 y propone que las actualizaciones se realicen mediante la aplicación del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) suministrado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

También indica que la cuota mensual resultante no debe exceder el 35% del ingreso del grupo familiar del deudor y dispone la suspensión por seis meses de las ejecuciones hipotecarias de viviendas adquiridas bajo la modalidad contemplada en la presente ley.

Con información de Télam

MT

Los miembros del gabinete económico, con el agregado del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, trabajan por estos días en la definición de una medida que asista a dos grandes grupos de personas con problemas habitacionales urgentes. Por un lado, los inquilinos, que a partir del levantamiento del decreto antidesalojos y la disparada de los precios de los alquileres aumentaron su riesgo de quedarse sin un lugar adecuado para vivir. Por otro, quienes tienen un crédito hipotecario UVA, que por la suba de las cuotas al ritmo de la inflación se encuentran, en muchos casos, en una situación de mucha dificultad para hacerle frente con sus ingresos. 

Si bien el presidente Alberto Fernández había anticipado que habría novedades sobre este tema en la semana en curso, la discusión se postergó y todavía no hay definiciones. En los distintos ministerios que intervienen anticiparon que la acción que finalmente se decida será anunciada en “las próximas semanas”. Mientras tanto, las líneas de trabajo se llevan adelante bajo estricta reserva para mantener a raya las expectativas. La posibilidad de una reestructuración de la deuda de los hipotecados UVA está sobre la mesa, pero depende en última instancia del aval del Presidente. 

En la Argentina 8 millones de personas alquilan y le destinan aproximadamente el 40% de sus ingresos a ese concepto, según una estimación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Durante el período de aislamiento obligatorio las situación para estas familias se complejizó. Una encuesta que realizaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín (IDAES) en diciembre de 2020 reveló que el 66,6% de los inquilinos tuvo menos ingresos y el 42,3% acumuló deudas de alquiler. 

El decreto 320/2020 congeló el precio de los alquileres, extendió los contratos que vencían durante su vigencia y suspendió los desalojos por falta de pago desde el comienzo de la pandemia, medida que protegió a las familias inquilinas hasta el 31 de marzo pasado. A partir de entonces, muchas familias se vieron en la necesidad de buscar una nueva vivienda para alquilar, en un marco de aumentos exorbitantes. 

Según un informe de Reporte Inmobiliario, los alquileres en el Gran Buenos Aires tuvieron en marzo un aumento interanual de 59,11% en el caso de los dos ambientes y de 61% en los de tres ambientes, porcentajes muy por encima de la inflación oficial del mismo período (42,6 %). 

Si bien en junio de 2020 se aprobó una nueva ley nacional de alquileres que establece un índice oficial para actualizar anualmente el precio de los alquileres (que pondera inflación y salarios), no hay ninguna norma que regule el monto que puede exigir el propietario a la hora de firmar un nuevo contrato de ingreso a su propiedad o de renovar un contrato vencido al inquilino que ya vive en el lugar. Por ese motivo, ese es el momento que aprovechan para aplicar un aumento marcado y blindarse por los tres años siguientes, que es el plazo que estableció la nueva ley. 

Hasta el momento, la única solución que dio el Ministerio de Hábitat fue la creación de un “alerta temprana de desalojo”, pero que rige sólo para los contratos formales. Es decir, deja fuera a “al 40% más vulnerable que alquila en la informalidad”, según la organización Inquilinos Agrupados. 

Por otro lado, la situación de los hipotecados UVA comenzó a ocupar más lugar en la agenda pública algunas semanas atrás, cuando se dio a conocer el primer caso de ejecución inminente de una propiedad por falta de pago. El problema de quienes conforman el colectivo “hipotecados UVA” es que la suba de las cuotas, ajustadas por inflación, no fue acompañada por un aumento de la misma magnitud en sus salarios y hoy tienen un porcentaje mucho mayor de sus ingresos comprometidos por este concepto. 

De todos modos, esta semana el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, buscó “llevar tranquilidad” a esas familias y afirmó que la entidad no ejecutó ni ejecutará esas deudas. Además, en declaraciones a FM Concepto aclaró que “la morosidad es extraordinariamente baja” y que “en los casos en los que la cuota supera el 35% de los ingresos, hay mecanismos de negociación para la solución”.

En tanto este martes, al anunciar los créditos para refacción y construcción, el presidente Fernández se refirió al tema, y anticipó que tomará una decisión al respecto. “Sabemos que nos queda pendiente resolver el problema de los que han entrado en créditos y que tienen muchos problemas para pagarlos, no nos olvidamos de ellos y estamos trabajando para ver que solución podemos dar para todos ellos”, dijo. 

DT

El mendocino Marcelo Macaluso acordó con la gerencia regional de Mendoza del Banco Nación solicitar a la justicia la suspensión durante 180 días de la ejecución de su vivienda por falta de pago de cuotas desde abril de 2019, dijeron dos personas con conocimiento directo de la reunión que mantuvo el primer hipotecado en UVAS en recibir una notificación formal de remate y funcionarios del banco más grande del país. En ese período, las partes buscaran una solución consensuada para el repago del crédito UVA que el empleado del banco ICBC tomó en 2017 y dejó de pagar luego de abonar 20 cuotas, dijo una de las personas que pidió no ser nombrado revelando detalles de una reunión privada.

Macaluso, quien asistió al banco junto con su esposa y sus dos abogados, expresó voluntad de pago de la deuda que dejó de abonar en 2019. La autoridad regional del Banco Nación le expresó que no era interés del Banco rematar su vivienda. Las dos partes quedaron en mantener una segunda reunión mañana para formalizar la presentación. El apoyo del banco, presidido por Eduardo Hecker, al pedido de diferimiento de la ejecución a la justicia será clave para lograr una ventana de seis meses para encontrar una solución consensuada que evite la ejecución de la propiedad que le fue notificada el 30 de marzo luego de que Macaluso acudiera a la Justicia.

El Nación, que concentra alrededor de 46.000 de los 115.000 créditos UVA que existen en el sistema, analizará junto al deudor durante el período de suspensión el caso particular como hizo con otros 129 deudores que expresaron su incapacidad de pago ante la institución, dijo un funcionario del Nación. El crédito de Macaluso se renegociará atendiendo su capacidad de repago como se hizo en cada caso particular en los que se nos expresó imposibilidades para el pago total de las cuotas, dijo el funcionario que pidió reserva de su nombre. El número de reclamos formales para la renegociación es claramente inferior al 0.5% de la totalidad de los créditos otorgados, lo que muestra por un lado una baja morosidad y por el otro una baja complejidad a la hora de resolver el conflicto heredado de la administración de Mauricio Macri, cuando se inventó el índice de actualización UVA y se otorgaron los créditos, dijo el funcionario. Algunos de los 129 casos presentados optaron por la cancelación adelantada del crédito, dijo el funcionario.

Macaluso, de 45 años, sacó un crédito hipotecario UVA a 30 años en 2017 para comprar una vivienda en San Rafael, Mendoza. Empleado del banco ICBC, pidió un crédito un crédito por $2.000.000 en el Banco Nación -que en el momento ofrecía la tasa más baja- por el que inicialmente tenía que pagar $9.000 mensuales. Luego de pagar 20 cuotas, en abril de 2019, cuando por la inflación -que ese año terminaría en 54% anual- el valor se disparó a $21.000, Macaluso decidió dejar de pagar la totalidad de la cuota, entrar en mora y judicializar el caso. Presentó un recurso de amparo ante la Justicia federal de San Rafael, que fue rechazado. El argumento del juez fue que la cuota y el capital se incrementaban en la misma proporción en que se incrementaba el valor de la casa, relató el propio Macaluso.

Al haber sido el propio Mancaluso quien decidió judicializar el caso en forma temprana, fue el primero en recibir una orden de ejecución que ahora tendrá un pedido de suspensión de seis meses. La casa que compró la familia Macaluso está situada en el Barrio Unimev de San Rafael.

Macaluso es uno de los miembros del grupo “Hipotecados UVA”, que agrupa a los cerca de 115.000 tomadores de créditos UVAs, un invento del entonces presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, quien copió el sistema chileno de UFIs, que ajusta el saldo de la deuda de acuerdo a la inflación y el índice de construcción sin considerar el salario. En el inicio de la cuarentena el gobierno de Alberto Fernández decidió congelar las cuotas de los créditos UVA. Pero el pasado 31 de marzo empezó a regir el descongelamiento de las cuotas, que de acuerdo a un sistema de convergencia, acumuló los intereses suspendidos en UVAs que serán pagadas al final del crédito. Si bien hasta ahora el número de casos judicializados es mínimo, la aparición de casos particulares puede convertirse en un tema mediático sensible por su incidencia en la clase media en un año electoral en el que la inflación se mantiene por encima del 35% anualizada. Los seis meses que tomaron las partes en este caso particular vencen justo antes de la primera prueba electoral que asumirá el presidente Alberto Fernández, quien en campaña había prometido una solución a quienes tomaron estos créditos.

PRG

El Gobierno Nacional avanza con la decisión de descongelar a partir de febrero las cuotas de los créditos UVA. El próximo enero vence el congelamiento, por eso comenzaron a analizar la posibilidad de extender la medida. Es decir que a partir del mes que viene para aquellos que tomaron crédito por menos de 120 mil UVA (aproximadamente unos $7.800.000 pesos), el ajuste será de 6%, mientras que para los demás será de 9%.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, dijo en diálogo con radio AM 750: “Es un tema complejo que parte de un acuerdo entre privados, el gobierno tomó el anuncio en función del DNU 766/2020 y ahí hay un montón de consideraciones, tienen que ver con definir los universos. Por supuesto hay vulnerables y los vamos a atender, ningún crédito podrá superar el 35% del ingreso familiar”. Aclaró que a partir de junio la fórmula UVA instaurada durante el gobierno de Mauricio Macri “no existirá más sino que se ajustará por crecimiento salarial”. Y confirmó que este martes mantendrán una reunión con el Banco Central y los bancos más importantes que más créditos UVA tienen.

Hay dos grupos de “deudores UVA”. Los primeros son los que obtuvieron créditos para vivienda única hasta 120.000 UVA, que percibieron congelamiento de la cuota desde agosto de 2019 y hasta enero de 2020. Luego entre marzo de 2020 y enero de 2021. Es decir que es cerca del 80% de las financiaciones hipotecarias UVA. Mientras que los demás, son para vivienda única de más de 120.000 UVA y prendarios, que solo se beneficiaron del segundo congelamiento.

De esta manera, desde Desarrollo Territorial y Hábitat apuntan a generar 120 mil viviendas nuevas, de las cuales entre marzo y abril se construirían las primeras 70 mil. El objetivo es que “en 15 o 20 años” no exista el problema habitacional. Esto ayudará a que los precios de los alquileres bajen frente a tan poco demanda.

“El universo es muy heterogéneo, el 35% de los que tienen créditos UVA compran dólares todos los meses, otros son empleados bancarios que han tenido salarios superiores, nosotros tenemos un mecanismo que consiste en salvaguardar a los más vulnerables”, agregó.

“No es un tema financiero, nosotros ponemos voluntad, hay un DNU que firmamos todos los ministros pero no es un tema que esté en jurisdicción de resolver en este ministerio. Fue un sistema donde había una cantidad de argentinos que tenían propiedades para vender y otros sacaron un crédito para comprar”, finalizó.

NB

Mauricio Macri había prometido un millón de créditos hipotecarios, implementó el sistema UVA (unidad de valor adquisitivo) para actualizar las cuotas por inflación, terminó entregando sólo el 13% de los préstamos previstos (133.000) y los deudores naufragaron ante un índice de precios que en 2018 y 2019 batió todas las marcas desde 1991. En agosto de 2019, tras la derrota en las primarias, el entonces presidente, en búsqueda de la reelección, congeló las cuotas de cara a la elección general. Tras asumir en la Casa Rosada, Alberto Fernández sacó los pagos hipotecarios del freezer en febrero pasado con un esquema gradual, pero en abril volvió a meter mano en el asunto a raíz de la pandemia.

El actual gobierno dio la opción de diferir los pagos hasta el final del crédito o de abonar la cuota congelada, primero por seis meses, hasta septiembre, con la posibilidad de desembolsar el diferencial respecto del valor actualizado a partir de octubre y en tres veces. Pero después, ante la continuidad de la crisis del coronavirus, el congelamiento se extendió hasta enero de 2021 inclusive, y la alternativa de pagar la diferencia en 18 cuotas desde febrero o al terminar el préstamo. Sin embargo, algunos deudores se quejan de que los bancos les reclaman por supuestos impagos o no adecuan las cuotas al tope del 35% de sus salarios, tal como estableció el Banco Central en mayo pasado.

Guillermo Castaño es un ingeniero en sistemas de 49 años que compró una vivienda en Villa Devoto para vivir con su esposa y sus dos hijos. A través del home banking, le informó a su banco, el Santander, que diferiría los pagos desde abril. A los pocos días le llegó un mensaje con la aprobación de la postergación. Sin embargo, 24 horas después, en la sección de avisos de la banca electrónica le apareció la leyenda “tienes un producto en mora”. A continuación, el banco de origen español le bloqueó las tarjetas de crédito, aunque más tarde un empleado le aclaró que había sido por error. En el home banking sólo aparecía hasta hace poco la opción de diferir hasta la cuota de diciembre, no la de enero, algo que se repitió en otras entidades y que motivó una reciente aclaración del Central. Además, en la sucursal online le quisieron cobrar desde octubre las cuotas adeudadas, pese a que él las había diferido, y por eso decidió dejar la cuenta en cero para evitar el débito automático. 

Diego Pizzo, docente de 32 años, recurrió al Santander para comprar un departamento en Caballito. En mayo optó por diferir las cuotas, pero también se encontró con que el banco no lo dejaba postergar la de enero. Además, en noviembre, el banco comenzó a cobrarle en tres cuotas el diferencial entre lo abonado con congelamiento en abril y lo que realmente correspondía, en lugar de hacerlo desde febrero. “Me respondieron por Twitter de manera informal que si quería, no pagase, que lo cobrarían al final del crédito”, contó Pizzo.

Franco Bearzi, empleado de 46 años, accedió en 2017 a la casa propia en Montecastro con su pareja y sus dos hijos gracias a un hipotecario de $ 2 millones del Santander. Ahora debe 6 millones. Hace tres años abonaba 13.000 de cuota. Ahora, paga 39.000 como cuota congelada, mientras la real sería 57.000. Decidió diferir los pagos. “Cuando lo sacamos, lo podíamos pagar sin ningún problema, pero los aumentos de sueldo fueron muy por debajo del costo de vida y del crédito”, cuenta Franco. Pese al diferimiento, cada mes la app del banco le manda un mensaje para que abone la cuota sin congelamiento y desde octubre le llega otro advirtiéndole de que, si quiere mantener su tarjeta, debe ponerse al día con el hipotecario. “Me la bloquearon, no la usé más”, relató Bearzi.

En el Santander negaron las acusaciones de los clientes: “El banco no reclama los pagos de UVA; da la opción adicional de que, voluntariamente, si algún cliente quiere cancelar las cuotas antes para evitar la capitalización (de lo impago), pueda hacerlo. Pero el Central prohibió a fines de noviembre esta opción. Así que ya no la ofrecemos más”, agregó un vocero del banco.

Las quejas se extienden a bancos estatales y privados de origen nacional. 

Silvina Basile, diseñadora de comunicación visual y docente universitaria de 43 años, compró casa en Gonnet, Gran La Plata. Allí reside con su pareja y sus dos hijos. Difirió los pagos desde abril y pidió al Banco Provincia de Buenos Aires que la cuota no superara el 35% de su salario. En la actualidad, supone el 55%. “Si me hubieran aplicado el tope, hubiera podido pagar sin problema. Luego de varios reclamos telefónicos y de haber presentado la solicitud por escrito, sigo sin respuesta. Me dijeron que todavía no tienen reglamentación interna”, contó Silvina, que llevó su queja a la Defensoría del Pueblo bonaerense.

Silvia Serrichio y su hija adquirieron una vivienda familiar en La Plata en 2017 con un crédito del Provincia. Silvia es licenciada en obstetricia, pero está jubilada a sus 66 años. El préstamo inicial era de 1 millón de pesos. Ahora debe 2,7 millones. La cuota pasó de 10.000 a 34.000. Desde abril comenzó a pagarla congelada en 22.000 y en agosto consiguió diferirla. “El banco me venía poniendo trabas para diferir, pero lo logré”, relató Silvia. Ella también reclama que la cuota no supere el 35% de su jubilación, que asciende a 47.000. Es decir, el monto congelado representa en la actualidad el 46% de su haber. 

Estela Moreta, enfermera de 64 años, compró en Adrogué para vivir con su esposo. También es deudora del Provincia. Difirió los pagos desde mayo y pidió en octubre que le ajustaran la cuota a sus nuevos ingresos porque acababa de jubilarse. “Me contestaron que continuaría con la misma modalidad con la que había iniciado el préstamo”, señaló Estela. “De lo contrario, que cancelara el crédito. También me intimaron a pagar las cuotas que ellos llaman ‘atrasadas’ con los intereses que aplicaron. Aboné algunas cuotas hasta agosto”, continuó la enfermera jubilada. El pasado 20 de noviembre fue al banco y un empleado le comentó que le resultaba “inexplicable” que la intimaran y le recomendó que no pagara lo reclamado hasta el final del crédito.

En el banco que preside Juan Cuattromo, del equipo de Axel Kicillof, aseguraron que están “cumpliendo la normativa, que establece diferentes opciones para el congelamiento y el diferimiento”. Aclararon que por estos días están definiendo la normativa interna para ponerle tope a los préstamos hipotecarios.

Sandra Zabala, ama de casa de 50 años, sacó el crédito en el Macro para comprar su casa en Capitán Sarmiento (156 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires). Allí vive con su esposo, operario de la avícola Granja Tres Arroyos, y sus dos hijos. Pagaron primero dos cuotas congeladas y después difirieron. En octubre, el banco de los Brito y los Carballo les exigió saldar en tres cuotas el diferencial de aquellos dos pagos. No abonó y le apareció un mensaje de que entraba en mora, ante lo que desembolsó los 27.000 que le reclamaban. “En el banco no me supieron explicar”, se quejó. Pero en noviembre les anunció que difería la segunda cuota “bajo protesta”. “No pago hasta que me corresponda pagar”, enfatizó Sandra. Había obtenido un préstamos de 1,2 millones y ahora debe 2,8 millones. La cuota congelada está en 19.000, pero debería saltar a casi 50.000.

En el banco responden exhibiendo un comunicado enviado a los clientes en el que les cuentan las alternativas legales que tienen para congelar o diferir las mensualidades. Allí reconocen que piden el pago en tres cuotas desde octubre, pero aclaran a los deudores: “En caso de que prefieras refinanciar conforme lo establecido por el decreto 767/20, podrás solicitar el stop debit o la reversa del pago, contactándote con nuestro centro de atención telefónica o acercándote a tu sucursal”. 

Débora Villalba, profesora de comunicación desempleada de 30 años, compró vivienda en Berisso para residir con su pareja y sus dos hijos. Difirieron las cuotas, pero el BBVA los comenzó a intimar a abonar las tres mensualidades entre octubre y diciembre. “Nos han cobrado la cuota. Cuando revertimos el pago, nos la volvieron a cobrar y tuvimos que volver a pedir la reversión”, apuntó Débora. “Además, nos llaman constantemente del sector de cobranzas para que regularicemos la situación ya que, según ellos, estamos en mora”, agregó la clienta. Voceros del banco de origen también español contestaron que operan “conforme” a los decretos 319 y 767“ y que el descongelamiento ocurrirá el 31 de de enero próximo.

AR / SL