Sabemos muy poco sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres mapuche, en términos de datos y etnoepidemiología mapuche. Para dar cuenta de las brechas de acceso y desigualdad a las prácticas de IVE/ILE que las mujeres mapuche tenemos respecto a las mujeres blancas no hay dato, no hay estadística, no hay información epidemiológica. La invisibilización estadística en salud del pueblo mapuche, específicamente en estadísticas vitales como en epidemiología, es una política estatal (nacional y provincial) asentada sobre el racismo institucional desde la transición democrática.

Silencio estadístico. Desde la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en 2020, los ministerios de Salud de la Nación y los siete provinciales que se yuxtaponen (Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Pampa, sur de San Luis y Buenos Aires debajo del Río Salado) al Puelmapu ( territorio mapuche ) no han incorporado la variable étnica.

La naturalización del silencio estadístico por parte del feminismo blanco, es un pendiente a trabajar. Las prácticas feministas por sí mismas no dejan de ser racistas cuando se asume la gestión estatal, por lo cual, sería conveniente practicar la desracialización antes de volver a gobernar en pos de políticas de acción afirmativa para las mujeres mapuche.

En términos de derechos, la decisión voluntaria de interrumpir un embarazo por la biomedicina en el sistema público de salud para las mujeres mapuche está contemplada en la ley. Con su falta de pertinencia cultural y adaptación sociolingüística funciona. Mal pero funciona. Sin embargo, existen abortos provocados (no deseados por las mujeres) por la exposición a mega minería y agrotóxicos en el territorio mapuche. 

Vivo en la pampa húmeda y conozco el modelo sojero no solo en términos productivos sino del monocultivo de ideas que genera . ¿Cómo se registran, quienes documentan los abortos provocados por el agronegocio y la extracción minera ? Por ahora , es un enigma . Sin embargo, los estándares de calidad de información en salud establecidos por la CEPAL (Comisión Económica y la OPS (Organización Panamericana de la Salud) indican que la población indígena, también debe y puede ser medida.

De ejecutarlos, tendríamos data. “Tenía 18 semanas de embarazo. El domingo habíamos ido al tío Caliva a un asado... había manso olor a veneno. Ahí nomás se amuchamos pa ´ dormir. A la tardecita me agarraron unos achaques así, muy raro... vomitaba y no sabía que pasaba, el asado estaba bien, no estaba yarco. Me llevaron al hospital y me dieron unas gotitas, me mandaron pa ´ la casa. Más noche empecé a sangrar y sangrar. Lo perdí”.

Este narrar en primera persona de una mujer diaguita kapayan, de 28 años de Jachal en San Juan en 2024 ¿Dónde quedó registrado?

Aborto no deseado

La megaminería funciona provocando voladuras masivas para la remoción de roca. Luego es triturada, y se le aplica cianuro y otros productos químicos para separar los metales y para ello, se usa toneladas y toneladas de agua. La huella hídrica define el volumen total de agua utilizada en la elaboración de productos o servicios. Los metales pesados llegan al cuerpo humano por inhalación de polvo tóxico, por beber agua y por ingesta de alimentos producidos con agua contaminada con cianuro y otros químicos. También se puede dar por absorción dérmica pero en menor medida. ¿Sabemos cuál es la huella hídrica para el territorio mapuche ocupado por la provincia de Río Negro? Los metales pesados como plomo, cadmio, mercurio, arsénico, afectan el sistema endocrinológico de la mujer, generan una disrupción en las hormonas que afecta n su producción, metabolismo y señalización. La afección recae sobre la función normal del eje hipotálamo –hipófiso– ovárico que regula la producción de estrógenos, progesterona, FSH (Hormona Folículo Estimulante) y LH (Hormona Luteinizante) , el proceso ovulatorio y laa preparación del útero para engendrar. El plomo (Pb) puede alterar los niveles de FSH y LH y disminuir estrógenos.

Las mujeres mapuche que viven en las comunidades de Lipetren Chico, Putren Tuli Mahuida, Lipetren Grande, Newen Peñy, Rio Chico abajo, Nepuncura, Mamuel Choique y las mujeres desterritoralizadas que viven en Jacobacci, Maquinchao y toda la Línea Sur están expuestas a los efectos de la megaminería, tendrán  problemas de salud reproductiva y tendrán abortos sino se detiene la necro política. ¿Cuántas mujeres mapuche son, quienes son, de qué se enferman? Estos, son daños colaterales según el gobierno rio negrino quien autorizó sin legitimidad social la megaminería la cual, tuvo grandes falencias político-administrativa.

Existen varios desafíos en términos de defensa territorial y soberanía energética . Uno de los principales es construir un horizonte común, que permita conformar un poder político amplio, basado en alianzas sólidas, capaz de frenar proyectos extractivos como Calcatreu (oro y plata ) impulsado por la empresa Patagonian Gold y Amarillo Grande (uranio) a cargo de Blue Sky Uranium Corp. ¿Alguien puede considerar inocua para la salud humana y la integridad del territorio la instalación de una planta destinada a almacenar 120 toneladas de químicos(cianuro)?

Horizontes compartidos o fragmentados

El segundo horizonte compartido del movimiento mapuche con el ambientalismo y feminismo es incidir en el Ministerio de Salud rionegrino para que elabore un protocolo de atención para mujeres mapuche y no mapuche en edad fértil (la salud reproductiva será afectada) en contextos megamineros.

Nosotras, ya sabemos realizar sinergia entre los feminismos (apoyo a las presas políticas mapuche - 2021) y ambientalismo (Ley Glaciares -2010). El objetivo de la incidencia será registrar en las historias clínicas, la evolución del estado de salud reproductiva según la biomedicina, ya que hasta el momento , el cianuro no va direccionado solo a las mujeres mapuche sino a todos los cuerpos humanos. Los abortos no deseados vendrán y las disfunciones endocrinológicas también.

Todas las mujeres podemos ser inmoladas por la megaminería, pero el punto de inicio es diferente. Ya lo sabe bien María Kona, abuela mapuche de Wawel Niyew. Registrar los abortos provocados por la injusticia ambiental es evidencia epidemiológica.

Desde nuestra etnoepidemiología mapuche sabemos que el padecimiento del cuerpo físico, mental, emocional y ancestral tiene origen y causa fuera de nuestra matriz cultural y se vincula con el quiebre de la reproducción del modo de vida. De eso trata la etnoepidemiología mapuche: del vínculo entre historicidad, territorio y padecimientos comunes para contar desde nuestra propia episteme de qué nos enfermamos y de qué morimos. Construir evidencia en salud en clave mapuche , será herramienta de salud colectiva para la reorganización territorial. Algo sabemos: rümel yaful piwke zomogekeyiñ, fuimos mujeres poderosas del arco iris y estamos volviendo.

*La autora es politóloga mapuche.

El artículo completo puede leerse en Mink’a Comunicación

El domingo 20 de julio arrancó semi nublado, calmo, sin el tráfico de la semana en la esquina de Roca y La Rioja, en Neuquén. Era el sexto día que las comunidades mapuche permanecían en las afueras de la Casa de Gobierno, acompañando a las autoridades comunitarias que se encadenaron en las barandas de ingreso. En el grupo de 50 personas se mezclaban una decena de niños.

Mapuches y no mapuches que se acercaron para acompañar el reclamo conservaban el ánimo y hacían frente al cansancio de estar en la calle después de tantos días. Había incertidumbre por la falta de respuesta del gobierno y la denuncia penal que recibieron la noche anterior. Mates calentitos para afrontar el frío invernal y conversaciones alrededor del fogonero que mantuvo firme su llama, como el reclamo por las personerías jurídicas de cuatro comunidades del Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén asentado en la región de Vaca Muerta.

Pero la permanencia mapuche en la Casa de Gobierno terminó con una violenta represión ordenada por el gobernador Rolando Figueroa. “A trabajar”, ordenó la ronda de comisarios que dieron el ultimátum tras cumplirse el plazo de 2 horas desde el aviso de desalojo que las comunidades rechazaron. Dos cuadras de perímetro policial, ambulancia, bomberos, 120 agentes a pie y en motos, y un cordón de escudos que avanzó bruscamente sobre la gente en cuestión de segundos.

Cuando la policía avanzó, las autoridades comunitarias encadenadas empezaron a cantar “el Pueblo Mapuche vive, la lucha sigue y sigue”.

El resultado fueron 18 detenidos: un menor de edad, cinco mujeres mapuche, una mujer de ADUNC, y once varones, dos de ellos de organizaciones y un transeúnte que sacaba fotos. Entre los apresados hubo heridos, y muchas personas de la permanencia, incluidos niños, resultaron con lesiones por el procedimiento violento de la policía.

Un reclamo que comenzó en 2016

Durante seis días reclamaron las personerías jurídicas para cuatro comunidades –Lof Newen Kura, Fvta Xayen, Lof Kelv Kura y Lof Ragilew Cárdenas–, un trámite que en algunos casos había comenzado en 2016 y que había cumplido con todos los requisitos. Habían pasado, ademas, 290 días desde una mesa de diálogo con el Ministro de Gobierno, Jorge Tobares. Estaba claro que se trataba de una obstrucción política, más que de procedimiento.

El registro de personerías jurídicas de las comunidades es importante para adquirir derechos indígenas legislados amparados por leyes nacionales y tratados internacionales. Con la personería no sólo se reconoce la preexistencia de las comunidades asentadas tradicionalmente en los territorios que ocupan, sino también se asegura “la participación en la gestión de los recursos naturales y demás intereses que los afecten”, tal como establece el artículo 75 de la Constitución Nacional. En Vaca Muerta, el crecimiento de la explotación hidrocarburífera durante los últimos diez años incrementó también la conflictividad con las comunidades mapuche, ya que en la región se ubican los principales yacimientos, como Loma Campana y Puesto Hernández, que pueden provocar graves impactos ambientales por el uso del fracking.

A la permanencia frente a la Casa de Gobierno, las comunidades también llevaron caballos y chivos para mostrar en la ciudad como es la convivencia con los animales. Fue, además, una forma de protesta, ya que no tener la personería jurídica también trae consecuencias en la provisión de agua y de alimento en los campos. El discurso oficial difundió que los animales alteraban el orden, generaban olor, que los vecinos se quejaban, y que era peligroso. Un comentario de una publicación en redes de una transeúnte confrontó ese discurso: “nosotros nos acercamos con mi bebé a ver los caballitos y un señor muy amable nos invitó a acercarnos más y a ver los chivitos, era una manifestación pacífica.”

Eli Dumigual recuerda ese momento en el que los agentes avanzaron “sin importar que había niños, que había mayores, sin importarle nada. Entre el medio del caos yo quedé a un costado con mi hijo. Había policías por todos lados, nos tenían rodeados por todos lados. Tratábamos de salir de alguna forma, de salir, de ayudar. Había una ñañita (hermana mapuche) que estaba queriendo resguardar a su pequeño, alcanzó a meter a su nene a un vehículo y la sacaron de los pelos, una golpiza. Había tres, cuatro policías hombres que la estaban golpeando”.

Yoha de Fvta Xayen, quien había conseguido subir a la camioneta con su hijo luego de que su pareja no pudo protegerlo más bajo su makuñ (prenda tejida que usan los hombres), agregó que ese niño vió cómo golpeaban a su mamá.

Esa mamá se llama Noemi Olivera y tiene 27 años. Su hijo tiene 3. Noemi había regesado esa mañana del domingo a la gobernación porque había olvidado la tapa del termo el día anterior. Ella es nieta de Felicinda Maripan, prima de quien fue Ñizol Logko, autoridad máxima de la Confederación Mapuche de Neuquén durante tres mandatos, Elías Maripan. Hoy no vive en comunidad, pero es una mujer mapuche y ciudadana neuquina que se solidariza con su pueblo y que estuvo acompañando la permanencia.

–“Nos empezaron a empujar, a correr, y yo no me dejé empujar y pegar –cuenta–. Y fue ahí cuando me empezaron a agredir, me pellizcaban el brazo para reducirme. Y mi preocupación es que mi lamgen Unelen había quedado sola con los niños adentro del auto y entonces dije yo, si le están pegando a las ñañas, gente grande, no tienen respeto por el adulto mayor, menos van a tener piedad por los niños. Ahí yo traté de llegar a la camioneta, unos segundos eternos, y no me dejaron. Me quisieron poner precintos en las manos, me patearon los tobillos, me cagaron a palos, me quisieron reducir y yo ahí decidí agarrarme de la puerta de la camioneta y no me moví. Me tenían incluso agachada.”

Unelen Cayul, del Lof Newen Mapu, cuenta que resguardaron en un vehículo a cinco picikece, niños y niñas, lo más rápido que pudieron. Eso los protegió físicamente, aunque previamente una de las niñas del Lof Fvta Xayen, Aime Paynemil de 6 años, resultó con quemaduras cuando la policía pateó violentamente el fogonero esparciendo las brazas encendidas.

Los niños y niñas mapuche fueron espectadores de toda la escena de represión hacia sus madres, abuelas, padres, hermanos, tíos, y de cómo se los llevaban.

–“Eso les causó muchísimo daño psicológico porque hasta el día de hoy no se borran esa imagen. Hay niños que aún no pueden volver a la escuela, por miedo. Fueron momentos muy tensos, todos los niños llorando, todos los niños gritando. Era imposible brindarles tranquilidad, por todo lo que estaban viendo, porque querían ver todo lo que pasaba, no querían estar sentados, y eso era imposible de impedírselo. Mientras yo luchaba para que la policía no nos abra las puertas del vehículo, no podía encargarme de todos los niños que estaban adentro, hasta que se subió otra mamá”, dice Unelen.

“Parecía un cordero tirado en el piso”

Una vez pasada la represión, la policía dejó que la camioneta saliera del lugar. Unelen manejó con todos los picikece en busca de su hijo Meliantv, el menor que se llevaron detenido, casi sin tomar noción de que era la primera vez que estaba manejando en la ciudad.

En medio de la represión, cuando el cordón policial de escudos avanzó contra la gente, Meliantv, de 15 años, tomó la xuxuka –un instrumento de viento característico de la música mapuche– y tocó. Luego, con sus propias manos intentó evitar que cortaran las cadenas de las autoridades encadenadas a las barandas de ingreso de la Casa de Gobierno. Meliantv vio cuando se estaban llevando a su tío Awka de las patas. Vio también que a su kuku –abuela–, le estaban pegando e intentó ayudarla.

– “Un policía me quiso agarrar del cogote –dice Meliantv– y quise llegar a donde estaba la kuku. Parecía que no llegaba más. Iba por la mitad del camino y me vino el escopetazo (golpe con la culata del rifle) y se me nublo la vista. Yo estaba en el piso, y cuando me quiero levantar me quedé de rodillas, y viene otro y me pega con la cachiporra en la cara. Y eran como siete los que me tenían. Me pisaron, me empezaron a pegar en la espalda, en las piernas, parecía un cordero tirado en el piso, porque me tenían los pies para arriba. Cuando estaba en el piso yo le decía ‘soy menor, sueltenme’, pero me decían, ‘ya estás en el piso, no seas maricon. Maricón, puto’, y me seguian pegando. Y no me dejaron de pegar hasta que me llevaron hasta la camioneta”.

Lo subieron al móvil de traslado a la comisaría de menores. Meliantv lloraba con desconsuelo. Se le caían las lágrimas. Además de sufrir por los golpes –le dejaron la cara partida–, tenía miedo por sus hermanitos. A Newen Antv de 14 años también le pegó la policía. Mientras estaba agarrado de la vkvja de su mamá Eli –un rebozo que usan las mujeres para abrigo y protección espiritual–, recibió un golpe con un escudo y un bastonazo en las piernas. A Eli también le pegaron con el bastón en la espalda. En la guardia del hospital confirmaron que tenía fisurada la costilla izquierda. “Reprimieron con bronca”, dice Eli entre llanto.

“Lo que duele es cuando te tocan a la mamá”, cuenta Pagi sobre el momento en que terminó tirado en el piso, ahorcado por la policía con su propio makuñ. Veía con impotencia, sin poder movilizarse, cómo le pegaban a su madre María Piciñam, Pijan Kuse, autoridad ceremonial de la zonal. Ella sostuvo su kulxug, una caja de resonancia mapuche, el mayor tiempo que pudo mientras la atacaban intentando sacarselo. Por lo traumático de la golpiza que le dieron. Solo recuerda que en el forcejeo casi pierde su xariwe, la faja tejida a telar que se ajusta en la cintura, y que pertenecía a su hija Celinda Ayme, quien falleció hace 11 años.

La werken Karen, vocera del Lof Newen Kura, intentó defenderla.

–“Tenían a la lamgen María en el piso, golpeándola entre varios policías, arrastrándola, haciéndose que se pegue en su cabeza, y me quiebro ante todo esto porque es una mujer mayor, la cual no tiene la fuerza para golpear a nadie. Traté de defenderla hasta donde más pude. Le arrancaron a su hijo de los brazos, golpeándolo los policías, y no eran mujeres, eran hombres, todos los que nos golpearon eran hombres. Uno para tratar de sacarme de arriba de la lamgen, me agarra de los pelos, otro me agarra del cuello, y entre tres me tiran contra la pared, entre tres policías hombres, para que no defienda más a la lamgen María”.

Karen fue una de los 18 detenidos durante ese operativo. Cuando la esposaron lo hicieron con brutalidad y le provocaron un traumatismo en la muñeca por apretamiento. Como distinguió Melina Schierloh, secretaria de prensa de Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue que fue detenida por estar dando apoyo, al igual que referentes de la Asamblea Por los Derechos Humanos y del Partido de los Trabajadores Socialistas, que sólo a los y las mapuche esposaron. Karen y Melina fueron las primeras de seis mujeres en ser encerradas en una celda. .

Cuando Melina llegó al lugar se sumó a la barrera para proteger a las autoridades encadenadas. Para entonces, la polícía comenzaba a desmantelar los corrales de animales hechos con palets mientras el comisario arengaba a sus subordinados diciéndoles “¡peguen, peguen!”.

Volaban reposeras por todos lados, el gas lacrimógeno era insoportable. El comisario que la arrastró –como muestra un video que se hizo viral– la ahorcó y mirándola a los ojos le dijo: “raja de acá porque vas a cobrar, te pensás que no te voy a pegar porque sos mujer.”

Los policías que les pegaron a los y las mapuche fueron en su mayoría varones, aunque unas pocas mujeres también fueron parte de la represión. Pewtun Nawel, recientemente recibida de arquitecta y a cargo de filmar el operativo, fue otra de las detenidas y atacada por oficiales mujeres y varones mientras intentaba defender a sus hermanos. Su papá, el reconocido referente Jorge Nawel, quiso evitar que se la llevaran pero un policía lo amenazó con volarle la cabeza.

“Ya nos intentaron desaparecer una vez, lo están intentando de nuevo, no van a poder”, expresó el werken Diego de Fvta Xayen cuando lo llevaban a la comisaría segunda. Tanto él como Awka alcanzaron a darle Melina Schierloh sus xarilogko, la vincha tejida que usan en la cabeza, por temor a que se los sacaran.

El operativo de desalojo y la feroz represión ordenada por el gobernador de la Provincia de Neuquén Rolando Figueroa no resolvió el conflicto de fondo. El jueves, unas 10 mil personas se movilizaron por el centro neuquino en apoyo a la Confederación Mapuche de la provincia. Mientras tanto, continúa la exigencia de respuesta por parte del gobierno.

MCD/MG

Las comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén denunciaron una “feroz represión” por parte de las fuerzas policiales y responsabilizaron al gobernador Rolando Figueroa y a la “mafia petrolera”. La protesta, que reclamaba el reconocimiento de sus personerías jurídicas frente a la Casa de Gobierno, terminó con 21 personas heridas y detenidas, entre ellas dos adolescentes mapuche de 15 y 13 años, quienes sufrieron fisuras de costillas y golpes de escopeta en el rostro, según informó Anred.

Las comunidades mapuche que llevan adelante el reclamo son Ragilew Cárdenas, Kelv Kura, Fvta Xayen y Newen Kura.

La movilización contó con el apoyo de organizaciones de izquierda, docentes y la APDH, que bajo la consigna “Salvemos al Mari Menuco” se concentraron frente a la comisaría hasta lograr la liberación de los detenidos.

El reclamo comenzó el miércoles pasado cuando el gobierno de Rolando Figueroa, después de haberse comprometido a cederles la personería jurídica se las negó, aún habiendo cumplimentado todos los trámites y requisitos necesarios que se solicitan legalmente. El gobierno de Neuquén denunció a las comunidades mapuches por “alteración del orden público, ocupación indebida y coacción”, tras recibir supuestas denuncias de vecinos y comerciantes por el acampe instalado frente a la Casa de Gobierno.

“”Fue una feroz represión, hay heridos, hubo violencia extrema, un procedimiento desproporcionado, hacemos responsable al gobernador Rolando Figueroa, y a los CEO de las petroleras que son las que realmente gobiernan la provincia de Neuquén. No estamos exigiendo territorio, no estamos exigiendo derecho a la consulta, pedimos el DNI de la comunidad, es un trámite administrativo. Y si nos cagan a palo porque estamos pidiendo una personalidad jurídica, imagínate cuando tengamos que pararnos en los territorios. Ese es el mensaje que Figueroa quiere dar, ese farsante que cuando canta el himno se emociona, dice él, que se cree el primer neuquino. Bueno, esta es la neuquinidad que quieren construir: una neuquinidad al servicio de las petroleras, y que todo aquel que reclame lo van a moler a palo como hicieron con nosotros. Tienen que saber que esta es la respuesta que va a dar esta farsa de democracia que estamos viviendo“, declaró a Anred y a La Izquierda Diario Lefxaru Nawel, referente de la Confederación Mapuche de Neuquén, tras ser liberado de la Comisaría Segunda.

La Confederación se reunirá con otras organizaciones el martes 22, sin embargo, en las próximas horas informarán la decisión que se tome, luego de la represión desatada este domingo en Casa de Gobierno.

I.

- Hay un muerto. 

Baja el grito de múltiples voces juntas, fuerte pero pausado, las sílabas bien espaciadas, para que el mensaje viaje casi un kilómetro hasta donde estamos seis personas mirando hacia la montaña. No podemos llegar hasta el lugar donde está el caído. Es 21 de noviembre de 2021. Hace dos meses las fuerzas policiales bloquean el único camino que recorre el valle para que nadie pueda asistir a la gente que resiste en un territorio en conflicto. Pero ahora hay un muerto y nos lo tienen que contar desde lejos. 

*

Al Piojo lo conozco en septiembre de aquel año, el día que sale de un calabozo. Es un hombre robusto de barba negra y mandíbula firme, que hace poco alcanzó los cuarenta años que yo estoy por pisar. Lo acompaña un joven de veinte años menos y pelo largo que cae sobre sienes rapadas. Soraya Maicoño, referente de la lucha mapuche en El Bolsón, me pidió ir a buscarlos a Bariloche, adonde los llevó la policía. Les doy mi nombre y no les pregunto los suyos. Recién después de unos meses me enteraré del apodo del Piojo, y de que normalmente es de sonrisa fácil, con el humor a flor de piel, pero ahora está serio.

-¿Cómo andan? -les pregunto.

-Y, nunca es lindo caer preso, pero bueno, no es para tanto -contesta el Piojo-. Ayer sí fue duro. Cuando me agarraron tuve que mirar cómo lo tiraron al piso a mi hijo. Uno de los milicos lo tenía con la rodilla en la espalda. Hijo de puta, tiene ocho años. 

Al llegar a El Bolsón hay gente reunida frente a la fiscalía bajo los ciruelos en flor, esperando novedades. Ni bien bajamos viene un niño corriendo y el Piojo se arrodilla para recibir el abrazo de su hijo. 

Soraya se nos acerca y dice que hubo disparos en Cuesta del Ternero. En ese paraje hace una semana recuperó territorio una comunidad mapuche: el Lof Quemquemtrew. Ayer, 24 de septiembre, la policía intentó desalojarla. Detuvieron al Piojo y a cinco personas más pero otras pudieron refugiarse en el extenso bosque del valle que recorre desde la cordillera de los Andes al oeste hacia la inmensa estepa patagónica al este. De mi casa al territorio recuperado son catorce kilómetros en línea recta, pero aquí las líneas nunca son rectas. Hasta el famoso vuelo de pájaro sería más largo, ya que el ave trazaría un arco de un kilómetro y medio de altura por encima del Cerro Piltriquitrón. Para ir en vehículo, primero tengo que bajar a El Bolsón, luego dar la vuelta de la montaña por el norte. Del lado del pueblo hay ferreterías y salas de yoga, señal 4G y cerveza artesanal tirada. Al otro lado del cerro hay muchos más chivos que personas. Y en este momento allá se disparan armas. No pensaba ir pero este primer viaje llega imprevisto, anunciado por los tiros.

-¿Tenés auto? Comparto la nafta -me dice Roxana Sposaro, amiga y colega fotógrafa. Salimos primero hacia el norte, pero a los pocos minutos doblamos hacia el este por un camino de ripio que asciende rápidamente entre vastas plantaciones de pino. Casi todo está carbonizado. Cuesta del Ternero ardió durante cuarenta días en enero, cuando un asado mal apagado al lado de un pinar terminó consumiendo 8000 hectáreas de pinos y bosque nativo por igual. Pasamos algunas casas aisladas, un destacamento policial y una escuela primaria que lleva el nombre de Lucinda Quintupuray, una abuela mapuche asesinada para quitarle su tierra hace treinta años. Una larga pendiente ofrece una vista panorámica del valle y ahora vemos un tranquerón de alambre con pancartas flameando: Wewaíñ Lof Quemquemtrew. Amulepe Taíñ Weichan. Territorio Mapuche. Al bajar nos sorprende la tranquilidad. Entre los árboles quemados aparecen tres jóvenes de cara tapada. Cuando ven quienes somos, relajan su postura defensiva y se acercan.

-¿Están bien? -pregunto.

-Sí, pero pueden haber matado a alguien -contesta uno, aún encapuchado, su pelo largo, sus ojos oscuros y su cuerpo larguirucho son inconfundibles. Con leves movimientos de cabeza, señalamos que nos reconocemos mutuamente. A Maxi (a quien llamaré así para preservar su identidad) lo conozco hace unos cinco años, de otra recuperación más al sur.

-Apareció un patrullero por allá, bajaron cuatro y cuando nos vieron empezaron a disparar.

-¿Goma o plomo?

-Los dos -dice y nos muestra lo que juntaron: una granada de gas lacrimógeno, veinte cartuchos de plástico azules y verdes que portaban postas de goma, nueve vainas de bronce 9 mm. 

Otro joven, llamémoslo Fito, graba un testimonio para difundir cuando tengamos señal. Volvemos con la imagen de los proyectiles y la voz de quienes han sido sus blancos, sin saber que seremos los últimos en entrar libremente a Cuesta del Ternero por los próximos cinco meses.

II. 

Allá arriba, en el territorio, el frío azota de afuera y el hambre carcome de adentro. Cuando vino a desalojar hace tres días, la policía se llevó las carpas, las bolsas de dormir, las frazadas, los víveres y ahora cortaron todo el tránsito en el paraje. A pocos días de terminar el invierno, las noches en la Patagonia siguen heladas. Convergemos desde todas partes de la cordillera para llevar provisiones a la Lof Quemquemtrew. Docentes, panaderas, agricultores, bibliotecarios, enfermeras, padres, abuelas, nos juntamos en la banquina de la Ruta 40 donde nace el camino de la Cuesta. A algunos los conozco hace casi veinte años, desde que vivo en la zona, y hay otros que nunca vi hasta hoy. Allí mismo bajo las miradas curiosas del tránsito, llenamos los baúles de verduras, fideos, arroz, lentejas, jabón, camperas, frazadas y carpas. Luego cargamos pasajeros. Conmigo vienen la representante del sindicato docente, un pibe que parece tener más tatuajes que años, y el Piojo.

Sale la caravana y levanta polvo como una estampida de guanacos. Mi Volkswagen rural de más de dos décadas avanza entre camionetas gruñonas que no superarían los 80 kilómetros por hora. Ladas fabricados en la URSS y viejos Renault 12 con neumáticos más pelados que Gorbachov. Nuestra cofradía variopinta compensa con convicción lo que no tenemos de prestigio automotor. 

A los quince minutos de viaje, el Piojo me toca el hombro. 

-Dejame acá. 

Se baja, dice un breve “gracias” y desaparece en el bosque. No lo veré por un mes, y pasarán dos hasta que vuelva a hablar con él. En el destacamento, la policía nos espera en el medio del camino. Frenamos y quienes van adelante avisan a los efectivos pertrechados que sólo queremos entregar comida. Otros ya bajaron de los autos y avanzan sin decir nada, entre los uniformados, por los arbustos al lado de la ruta, por todos lados. Una mujer sesentona se cruza con un agente medio metro más alto que ella, con armadura completa, y lo empuja fuerte por el pecho al pasar. El policía recula trastabillando dos o tres pasos. El escuadrón, abrumado, retrocede ante la multitud que lo supera. Quienes seguimos al volante nos movemos a paso de hombre o, más precisamente, a paso de policía caminando hacia atrás.

Rápidamente deciden cambiar la inferioridad numérica por la superioridad de armamento. De repente la policía parece una pochoclera de postas de goma. Vuelan piedras también, en ambas direcciones. Un policía rompe de un piedrazo la ventana de un auto. Minutos después, se reemplazan las piedras por puteadas, y cuando ya no se lanza ni goma ni piedra, todo el mundo se amontona de nuevo en un scrum furioso, al centro del cual se discute a los gritos mientras alrededor hierven los ánimos y rebalsan torrentes de rabia hacia los armados. A la lluvia de insultos se suman golpes de kultrunes, bramidos de trutrukas, y aullidos de “iai-iai-iai-iai”, el afafán.

De a poco se calman las aguas, aparece el comisario y el griterío pasa a ser una negociación hablada. Avanza la tarde. Los gritos a la policía se intercalan cada vez más con charlas nerviosas, especulaciones acerca de qué pasará ahora. Se presentan peticiones formales. Suele ser la policía la que viene a despejar un camino frente a una protesta que lo corta. No queda claro en qué marco legal lo bloquean ellos ahora. Cae la noche. Hemos ocupado un playón de ripio entre el destacamento y el lugar donde se plantó la policía cien metros más allá. Juntamos leña y piedras para un fogón. Llega la respuesta oficial del juez: no podemos entregar la comida. Alrededor del fuego, se entremezclan las voces y opiniones con el humo.

-Nos tenemos que quedar.

-Nadie vino preparado para pasar la noche.

-Quien necesite irse, todo bien, pero quien pueda quedarse, mejor.

-Todos recordamos a Rafael Nahuel -dice mi viejo amigo Mauro Millán, incansable referente de la lucha mapuche por el territorio y la autonomía. Invoca al joven que fue asesinado por la espalda por el Grupo Albatros de Prefectura Naval en el 2017, durante un operativo de desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi-. De nuevo andan persiguiendo a nuestra gente. Andan a caballo por el monte. Si nosotros estamos acá, van a estar más seguros allá.

Al decir allá, Mauro señala la ladera detrás de los cascos de la policía. Son cuatro kilómetros, pero el camino traza una Z larguísima para subir. Desde acá el pájaro volaría 600 metros, no más. Sin duda en Lof Quemquemtrew ven nuestro fuego y les dice que no están solos. Vinimos, y nos quedamos. Ahora nosotros también vemos el fogón de ellos, un pequeño resplandor en el bosque oscuro. Mientras en otras partes del mundo hacen videoconferencias, nosotros nos comunicamos con fuegos.

Unos cuarenta pasamos la noche estirados en el piso rocoso o acurrucados en los autos. La policía también prende una fogata para resistir el frío y la vemos brillar a través de sus escudos transparentes. Pasan la noche por turnos, parados con cascos y chalecos antibalas como si esperaran la invasión de un ejército hostil. Si ese ejército somos nosotros, nuestras municiones son papas, y nuestras generalas son María Luisa y Rosa, abuelas septuagenarias dormitando en reposeras de camping.

Amanecemos en la escarcha. Después de reavivar el fuego, largamos un grito de afafán. Que sepan que seguimos aquí. Responden con otro. Al rato, mientras nos calentamos con los primeros mates, alguien dice “¡Callense! Nos están diciendo algo”. Nos quedamos quietos e intentamos aguzar el oído para escuchar el canto que viene desde la montaña:

-¡Las tierras robadas/ serán recuperadas!

Los días que siguen son una amalgama de solidaridad espontánea e injusticia surrealista. El fogón improvisado se convierte en un acampe completo. Se levantan toldos de plástico, se tallan bancos de troncos, se cava una letrina en el bosque. Flamean banderas y pancartas de todo tipo. Nos cansamos de traer y picar leña. Este viaje que no llega a su destino implica muchos viajes más. Como tantos otros, me la paso yendo y viniendo, trayendo provisiones, llevando mensajes, turnándonos para mantener el acampe. Hace quince años que ando cerca de las recuperaciones territoriales y sé que hay que enfrentar al desgaste. No soy mapuche y nací muy lejos de la Patagonia, pero entiendo que si estoy en este lugar, corresponde defenderlo y defender a la gente que me precede. Hoy quienes están al filo de esa defensa son las comunidades. Por suerte no están solas. Va llegando gente mapuche y no mapuche desde más lejos: Madryn, Comodoro, Trelew, Neuquén. Hay largas horas de trawún, de parlamento.

Un día se habla de la campaña instalada en algunos medios, que “los mapuche vienen a tomar tu terreno, a sacarte tu casa”. 

-El pueblo mapuche no recupera tierras pobladas -responde un peñi de Bolsón-. Más allá de que el poblador sea mapuche o no. Fíjense que por acá vive Néstor, Don Orlando, los Pichún, los Soto, un montón más. No se le saca tierra a ninguno de ellos. Se recupera tierra fiscal deshabitada. El tema es que viene este Rocco y dice que este territorio es suyo, pero nunca vivió aquí ni es dueño del lugar. Le dieron una concesión para plantar pino no más, y miren: está lleno de plantaciones descuidadas, quemadas.

Los vecinos que nombra son antiguos pobladores del paraje, algunos originarios y otros no. En muchos casos son familias que habitan el lugar antes de la creación de la Provincia, y el pueblo mapuche antecede la existencia de Argentina misma. Al decir “Rocco” se refiere al Sr. Rolando Rocco, el empresario local que según registros de la Secretaría Provincial de Bosques, consiguió concesiones forestales en terrenos fiscales en los ‘80. Luego el Estado le subsidió la implantación de pinos exóticos a través de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados. A quien quiere talar el bosque nativo y plantar especies invasivas (acto que según la ley constituye “enriquecimiento del bosque nativo”), el Estado le cede el uso de la tierra y le financia su proyecto de lucro privado. Pero cuando una comunidad quiere habitar el bosque, se saca hasta los niños esposados a punta de arma. Ahora es Rocco quien impulsa los cargos contra la comunidad.

Mientras tanto, en ese espacio difuso del Poder Judicial, se hacen audiencias que hoy son más irreales aún por ser virtuales. En la pantalla se ve un juez, fiscales, abogados, peticionantes. 

-A nadie se lo ha condenado por ningún delito, sin embargo los están privando de comer y de abrigarse -plantea Mauro Millán que como longko de otra comunidad pide al juez que libere el tránsito-. Hasta los presos tienen derecho a comer.

-Pero nadie está privado de su libertad -retruca la fiscal Betiana Cendón-. Cuando quieran, pueden salir, volver a sus casas y comer. Esto de los derechos humanos es un eufemismo.

Irse significa no poder volver. Significa renunciar al territorio; en esta disputa, la única carta que tiene Lof Quemquemtrew es su presencia física. El gobierno insiste tanto en el imperio de la ley, pero en vez de discutir los méritos de su postura con el debido proceso, su estrategia es obligar a sus contrincantes a que elijan entre renunciar a su reclamo o pasar hambre. Parece que nuestros fuegos nocturnos señalan bien este nuevo medievalismo. En pleno siglo XXI, la política oficial es un asedio.

El juez Ricardo Calcagno falla que entrar provisiones sería consolidar el delito y, por lo tanto, no lo permite. Evidentemente, la presunción de inocencia no rige. Antes de que haya investigación, ni mucho menos un juicio, sostiene que hay un delito. 

-Estos derechos de los que siguen hablando -dice el juez- no los pueden reclamar de facto. Quienes vemos la transmisión en las pantallas nos preguntamos entonces, si no se permite actuar de facto, ¿qué hizo Julio Argentino Roca en la campaña militar de 1878 que le arrebató la Patagonia al pueblo mapuche? Además, el juez dice que no se puede reclamar derechos de facto y en la misma audiencia los niega de jure. Esto no deja ningún canal abierto. Parece ser el objetivo; todos los canales están siempre congestionados. Mauro, de nuevo, en otra de tantas audiencias inútiles: “Modificaron la Constitución en el '94 y nos dijeron que llegarían títulos comunitarios”. Se refiere a la reforma constitucional del 1994 en que se sanciona el artículo 75 inciso 17 que reza: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, reconocer... la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Sigue Mauro, “Pero seguimos esperando. Esto no es un capricho; cuando se agotan las palabras a veces hay que actuar”.

III. 

Habrá que buscar cauces alternativos. Un cartón clavado en un tronco cuenta los días que la policía lleva prohibiendo entrar al territorio. Cuando marca 25, lo visito a Néstor Anticura, antiguo poblador mapuche de la Cuesta, en su casa, la más cercana al bloqueo del lado accesible. Néstor es una presencia constante en el acampe, pero necesito hablar en privado con él. Quiero juntar un equipo, calzarnos las mochilas como quien sale de trekking y entrar al territorio a pie, por atrás. Sé bien, aunque nunca lo dice nadie, que desde el principio, hubo gente entrando víveres así casi todas las noches. Es una vuelta de cinco kilómetros subiendo por el otro lado del valle. Salen de la casa de Néstor y él conoce el camino mejor que nadie. Lo que propongo tiene dos aspectos nuevos: que entremos personas no mapuche, y de día. Si llegamos, perfecto. Pero si nos para la policía, tendríamos las cámaras prendidas y preguntaríamos por qué no permiten que la gente camine por la montaña. Intentaríamos poner en evidencia lo ridículo e ilegal de su accionar. Nos pueden llegar a parar, demorar, hacernos volver y hasta detenernos. Pero dudo mucho que nos disparen, simplemente por no ser mapuche. Néstor habla poco y escucha mucho. Dice que cuando suba al territorio mañana preguntará qué les parece. Me voy y espero noticias. Dos días después, me encuentro con Roxana: “Néstor te espera el viernes”, dice sin saber lo que significa, y me da un sobre cerrado con detalles.

Armar un equipo es difícil. Del grupo en el que había pensado, uno está recién operado y otra anda de viaje, pero varios más simplemente no se suman. Más de uno lo menciona a Rafael Nahuel. Al final sólo se prende Ada Augello, amiga y ex-colega de mis años en la radio, hábil como periodista y como caminante por igual. 

El viernes a las 5:30, todavía bajo las estrellas, estaciono al lado de la alameda en la entrada de Néstor. Nos rodea una manada de perros sórdidos, uno cubierto de proto-rastas de grueso calibre, otro con un tumor o bocio colgando del cuello casi como una segunda cabeza. Néstor abre con cierto esfuerzo la puerta de madera gris y descascarada que se arrastra en el piso por las bisagras vencidas. En el cuarto del fondo, convertido en depósito, hay bolsas de verduras, latas apiladas y paquetes de yerba, harina, azúcar, fideos, arroz. Cargo mi mochila con alimentos, además de la cámara y el grabador. Arriba de todo, por fuera, ato un zapallo. En una zona sitiada, cada caloría vale.

Cuando salimos, es más de día que de noche. Néstor dice que mantengamos un buen ritmo hasta llegar al bosque por si la policía anda vigilando. Serpenteamos entre árboles dispersos hasta llegar a un imponente paredón de piedra y nos metemos en un cipresal. Bajamos una pendiente empinada en zigzag hacia el río, donde lupinos florecidos cubren la orilla. Descansamos mientras nos sacamos las botas y subimos los pantalones hasta la rodilla. Sumerjo la cara en el agua cristalina y trago sorbos gélidos. La Lof Quemquemtrew tomó su nombre de este río, que aguas abajo atraviesa El Bolsón. Aquí es todavía pequeño; apenas nos moja las rodillas. Si bien son sólo unos veinte metros de ancho, cuando llegamos al otro lado me duelen los dedos por el frío. Es agua de deshielo que lleva poco tiempo en estado líquido. Al otro lado, calzados de nuevo, cruzamos un camino rústico con ancho suficiente para un auto, pero no para cualquiera. En la base de una subida hay un cartel de madera pintado a mano: Poné primera y no aflojes, hermano!

Ahora ya estamos más allá de la línea policial y tal vez haya patrullas. “No usamos siempre el mismo camino,” nos cuenta Néstor. “Lo vamos variando, así no nos pueden seguir las huellas ni quedarse esperándonos”. Cruzamos una pampa ancha y verde donde pastan unos caballos, y en una parte mallinosa hundimos las botas en el barro a cada paso. Vamos ganando altura, y la última subida es seca y polvorienta. No queda otra que rozar el camino principal, el que está prohibido transitar.

-Si escuchás un motor, tirate entre las plantas -advierte Néstor, pero el único sonido es el viento, cada vez más fuerte. 

Llegamos a una planicie sin follaje. Después de semejante huracán de fuego, todavía no vuelve ni el pasto y por todos lados vemos huellas en el polvo. No importa por qué ruta subas en el bosque, no hay alternativa a esta recta final por el llano incendiado. Todos los caminos terminan aquí, en esta tierra sin color. El suelo es pálido; la tierra, ya de por sí pobre y arenosa, se mezcla con ceniza, y de ese gris sólo salen los ganchos negros que fueron árboles. El cielo está cargado de nubes a la altura de las cumbres nevadas. La última etapa del viaje es una carrera de un kilómetro en medio de una foto en sepia. 

Néstor tiene la estatura de un oso, pero camina con ritmo ágil. El viento corre con furia, y su poncho flamea como bandera de lana. Pasamos entre los esqueletos de madera, primero lauras y ñires retorcidos, luego filas prolijas de pino. Todos rectos como plomadas, todos de la misma edad, la misma altura, la misma especie. Todos carbonizados. Vamos en paralelo al camino de autos, a unos cincuenta metros como mucho. Los escondites posibles son tan escasos como los colores en este paisaje desgraciado. Ada baja su gorra de lana todo lo que puede, pero su pelo rubio es mejor protección que un chaleco antibalas. Por encima de su hombro, Néstor dice “si viene un patrullero, hay que hacerse invisible nomás”. 

De eso se trata. Yo, que no soy mapuche ni nací en este lugar, recorro este camino y lo puedo contar por haberlo vivido. Pero por más que uno vive inevitablemente en el centro de su propia historia, ésta no es mía. Que me toca ser invisible, y que eso a su vez es imposible.

Cruzamos el camino casi corriendo y saltamos el alambre al lado de la tranquera donde hace un mes nos mostraban las vainas servidas. Ese día no imaginé lo que tendría que hacer para volver. Nos saludan dos jóvenes abrigadísimos. La única piel visible es la franja alrededor de los ojos, pero de nuevo, los conozco. Uno, con la cabeza envuelta en una remera negra, es Fito, quien grabó el mensaje aquel primer día. El otro, de pasamontaña al mejor estilo Subcomandante Marcos, es Gonzalo Cabrera, a quien también conozco hace años. Aquí el viento es un compañero constante, pero hoy sorprende su ferocidad. Todo está en movimiento. El cielo parece una sábana que alguien corre por arriba de esta cama de piedra y madera y cinco personas agachadas en un rudimentario refugio. Hay tres paredes de troncos negros apilados; el cuarto costado está abierto. Arriba unos palos imitan cabios de un techo, pero sólo hay un plástico negro, roto al medio, que se sacude violentamente. Bajo ese aleteo intentamos hablar de la vida en estado de sitio. El bloqueo lleva un mes y es la primera vez que saldrán las voces del territorio hacia afuera.

Fito cuenta: 

-Tenemos que vivir escondidos en el monte, continuamente recorriendo el territorio, viendo que no haya ningún movimiento raro. Muchas veces hemos tenido que dormir a la intemperie, terminás mojado. A veces tenemos que acomodarnos entre todos lo que somos, juntarnos para darnos un poco de calor.

Pero no le interesa pasar mucho tiempo con estos detalles.

-Hay días que estamos bien y días que estamos mal. Hay días que tenemos ganas de llorar, de gritar, porque es así. Pero eso tratamos de contenerlo, de saberlo sobrellevar. Estamos conviviendo acá en el territorio. Estamos siendo una familia.

Llega el Piojo, ve que estamos grabando y saluda con un puño levantado sin decir nada. Sigue su recorrido. Gonzalo arma un fueguito en el costado abierto del galpón. Fito sigue hablando. 

-Hoy en día se está volviendo a reconstruir esto de lo antiguo, de volver a hacer lo que hacían nuestros abuelos. Es una conversa muy larga hasta que uno entra al territorio, no fue de un día para otro que se decidió recuperar este lugar porque era bonito. No, antes de poder instalarse, se hicieron varios trabajos, con el territorio, con los newenes del lugar.

Larga un mes de palabras en un saque. En contraste, casi podría contar con los dedos las palabras por hora de Gonzalo. De un morral saca una lata vieja con el borde doblado como pico vertedor. La llena de agua y la apoya entre las llamas. Ensilla un mate, levanta la lata-pava con un trapo y sube su pasamontañas un poco para meter la bombilla por debajo. Fito habla de la gobernadora Arabela Carreras. 

-¿Qué diálogo quieren si tienen a toda la policía acá abajo? ¿Entonces qué clase de respeto quieren de nuestra parte si viven hostigándonos?

Fito habla. Ada y yo escuchamos. Gonzalo ceba mate. El viento aúlla. En un mundo complejo, este momento es así de sencillo.

A las dos horas, emprendemos la vuelta. El vendaval levanta ráfagas de ceniza y arena que nos vapulean los ojos. Con Néstor y Ada no hablamos casi nada durante la hora y media de caminata. Al llegar al acampe, vemos todo amarrado para pasar el temporal. Hace años que no se registran vientos tan fuertes. Caen árboles gigantes en El Bolsón y líneas eléctricas en Esquel. Vuelan techos en Bariloche. 

IV. 

Después de meses de ir y venir del acampe seguido, este domingo 21 de noviembre, me quedo en casa. Pasamos la tarde entre tareas de chacra. Los chicos ayudan hasta que salen a andar en bici. Como llegó el calor y ya no prendemos más la estufa, con mi compañera vamos acomodando el leñero.

Chilla mi bolsillo. Me quito un guante y saco el celular. 

AHORA LOF QUEMQUEMTREW

disparan balas de plomo contra comuneros

HAY DOS HERIDOS DE BALA

Lo leo en voz alta porque ya estoy desviando mi rumbo hacia la casa. Mientras junto lo básico -cámara, cuaderno, agua, abrigo y una manzana- las campanas digitales suenan como una máquina de flíper. Tiro una bolsa de dormir y una linterna en el auto por si acaso. En quince minutos llego a una esquina céntrica de Bolsón. Somos unos diez y nos vamos organizando con apuro. ¿Qué autos hay? ¿Quién sube al territorio? ¿Quién va a la comisaría? En el medio de esto, me llega un audio de cinco segundos.

Acaba de llegar la ambulancia al hospital. Hay uno sin vida.

El tiempo se estrecha por un canal angosto y acelera aún más. Son seis cuadras hasta el hospital, donde un cirujano intenta heróicamente repararle a Gonzalo los intestinos perforados por dos balazos. En la puerta de la guardia está Néstor, con cara de ceniza. Normalmente es un hombre callado, pero ahora su silencio se ha vuelto un vacío, un retiro hacia un quietud cavernosa. Dice poco, sin nombres ni detalles pero con todo lo que debemos saber. 

-Allá hay uno muerto. La ambulancia sólo trae a los vivos. 

Hay un frenesí de preguntas, llamadas y mensajes, intentando saber qué pasa y coordinar acciones. A la vez, la cacofonía habitual de la vida se esfuma ante la muerte. Ocurren tantas cosas a la vez pero no es un caos sino una atención multipresente, prismática. Hay tanto para atender, tantos puntos de luz dispersos pero que se originan todos en un sólo rayo.

Me dirijo a la fuente de la luz. Por el medio de la tormenta nos miramos con Paula, otra ex-voluntaria de la radio.

-¿Vamos? 

-Vamos.

Atravesamos la Cuesta a velocidades más altas que lo recomendable. Vamos directo a lo de Néstor, porque hace pocos días se trasladó el acampe allí. Pero no hay nadie. En breve llega otro auto. Ahora somos cinco. Volvemos a la línea policial, al predio con vista al territorio. Está todo bajo un extraño manto de calma. Hay cuatro policías en el retén, como siempre, pero no hay movimientos en el destacamento.

Entonces el grito que baja de la montana:

-¡Hay un muerto!

Ya lo sabemos, pero es otra cosa escucharlo rebotar entre las montañas con la última luz del día. El sol que hoy nunca se mostró se escabulle tras el manto gris y nos hundimos en el crepúsculo largo. Encendemos un fuego. Esperamos. Llega otro auto, y ahora somos diez. Hablamos despacito. Suposiciones, conjeturas, teorías. Miramos como suben las chispas intentando volverse estrellas. Sobre todo, esperamos. La policía no se mueve, el bosque está quieto, el aire también. En algún lugar del bosque adonde no podemos llegar, hay personas que mantienen la vigilia al lado del caído, sentadas como nosotros en este silencio largo, el frío que se espesa, la oscura vastedad alrededor.

A las 11 llega una ambulancia con Soraya y una médica. También un patrullero con un agente de criminalística. En la puerta del destacamento, iluminados por los autos y los destellos verdes de la ambulancia se negocia el procedimiento. Subirán para constatar el deceso y el detective sacará fotos para asegurar que siga todo igual mañana cuando llegue el equipo forense completo. La ambulancia sube con sus luces verdes inusitadas en el bosque de noche. En la ciudad, son para despejar el tránsito en el apuro de salvar una vida. Aquí no hay tránsito (está prohibido hace dos meses, ni hablar de la hora) y no hay ninguna vida que salvar. Pero titilan igual.

La noche avanza en esta tranquilidad incongruente, al contrario del día que viene. Vuelve la ambulancia y Soraya se baja en el fogón:

-Una vez más han matado a un peñi nuestro. Elías.

Elías Garay Cañicol. No conozco este nombre. Pero aquí conozco a muchas personas sin saber sus nombres.

A las siete ya es de día. La policía mantiene el camino cortado. No pueden subir dolientes a velar el muerto, tampoco la prensa. Pero hace falta investigar, bajar un cuerpo, hacer una ceremonia. El fiscal deja pasar a los familiares y a un equipo de negociación. Al rato vuelven Andrea Reile, abogada de la comunidad, y Mauro Millán con la postura de la lof: que entren los forenses, pero también que pueda pasar toda la gente para la ceremonia de eluwún. El fiscal acuerda pero necesita el visto bueno del juez, así que salen hacia el pueblo para armar el andamiaje legal para todo lo que vendrá.

Los demás seguimos esperando. El sol trepa alto; el frío nocturno ya se disipó. Sigue llegando gente. Moira Millán, hermana de Mauro, llega desde Pillán Mahuiza, el territorio recuperado donde vive, 300 kilómetros al sur. Betiana Colhuán Nahuel, única machi en lo que hoy se denomina Argentina, llega para conducir la ceremonia. Maxi, que me mostró las vainas aquel primer día trae banderas negras flameando en ramas de sauce. El sol del mediodía funde la tristeza, la rabia, el hambre y el cansancio en una aleación tediosa y desconcertada que nadie sabe manejar. Buscamos la escasa sombra sentados de a dos o tres bajo un pino ralo o del lado sur de algún auto. El sol y el polvo y la impotencia muelen la paciencia. Para algunos está desgastada por estas largas horas de espera o las semanas de aguante frente al retén, pero para otros se viene erosionando hace 140 años. 

Como todos los días, la gente se junta delante de la línea de efectivos, quienes siempre mantienen caras de piedra. Durante dos meses se repitió tantas veces esta escena -la gente los putea, apela a su humanidad, golpea tambores frente a sus caras- y nunca reaccionaron. Pero esta vez es diferente. Ayer se murió alguien y todos presumimos que lo mató una bala policial. Los centímetros de aire entre las caras de los soldados y las de la multitud se vuelven tan sensibles como la nitroglicerina. En algún lado, algo lo detona y sin mediar palabras, la línea policial erupciona. Vuelan municiones de goma y salimos desperdigados como pelotas de billar. 

La madre de Betiana, María, les arrima puteadas por el costado y a uno le pincha el hombro con el dedo. Moira los encara de frente. Ninguna de las dos supera el metro y medio. Los policías, con escopetas y escudos levantados, se ven fastidiados por estas abuelas rabiosas.

-¿Qué mierda se creen ustedes? -grita Moira, que en sus largos años como referente de su pueblo se volvió una oradora potente- Ayer mataron a un hombre y hoy ni siquiera dejan pasar a la gente para un funeral? Si alguno de ustedes cayera tendría todo el derecho a un entierro con dignidad. Si su familia quiere a un cura, pues habría un cura. Allá hay una familia que llora y no dejan pasar a la machi. ¿Ni pueden darle a un muerto su dignidad?.

Terminan los disparos y los piedrazos. Aparece frente a la policía una joven de catorce años. A esta altura sólo algunos pocos sabemos que en realidad este territorio se recuperó porque aquí Lilén se levantará como machi. De repente está sola frente a los uniformados, cuyos ojos apenas se ven por arriba los escudos. La postura de los policías sería buena para enfrentar a un maníaco con machete pero adelante tienen a una adolescente de cara redonda y un pañuelo floreado en la cabeza.

-¿Creen que nos pueden matar y esto se va a terminar? ¡Nos vamos a levantar una y otra vez por este territorio, nunca vamos a dejar de defenderlo, hijos de puta! -dice y clava un puñetazo en un escudo. El que lo sostiene recula y toda la línea se sacude y se reacomoda. 

Justo en este momento vuelve la comitiva del pueblo con todo autorizado. Ni diez minutos después de repelernos a los tiros, la policía se corre del camino que ocupó durante dos meses y deja pasar a la caravana fúnebre. Una vez más, me encuentro frente a la tranquera de ramas y alambres, y aquí el grupo se divide. La gente mapuche entra para buscarlo a Elías y los no mapuche esperamos en la entrada durante la ceremonia.

Cuando salen con Elías una hora más tarde, primero escucho los kultrunes y el afafán como un trueno lejano que se acerca. Después a lo lejos veo las banderas negras en alto, luego entre el polvillo iluminado por el sol rasante aparece la muchedumbre de a pie. Brazos, cabezas, piernas y el centelleo de plata en las frentes y los pechos, y el trueno que crece, la cascada de afafán incesante. Las personas se vuelven un cuerpo unido, un cardumen que fluye entre los árboles quemados portando al que se va de este mundo. Nos absorben a quienes esperábamos y volvemos a ser uno solo. Apoyan la camilla con Elías, envuelto en tela blanca y cubierto de ramas de maqui, a tres pasos al lado mío. Lo rodean hombres con palos de sauce que golpean contra el suelo para luego levantarlos sin perder el ritmo y se percuten entre sí al centro de la ronda y la pulsación sube con los gritos y el golpeteo seco de la madera y apuntan al cielo. Una y otra vez los levantan y de algún modo el afafán sigue creciendo, brotando de un profundo reservorio de rabia y tristeza y gritamos como si Elías saliera de este universo a pura fuerza de sonido y nos tocara a nosotros darle el empujón suficiente para que llegue a esa costa desconocida que espera del otro lado.

Se abre un espacio alrededor de Elías y dos trabajadores fúnebres lo levantan y lo cargan y sólo cuando el vehículo desaparece por el camino empieza a menguar el afafán, como la estela de un barco que lame la orilla cuando pasa y luego vuelve la calma. En inglés la palabra wake es estela y también velorio; ¿hay algo en eso de la última chance de sentir las ondas que levanta una persona en su pasar por el mundo?

El Piojo levanta una mano y pide nuestra atención. Se apoya en un palo firme, y su cara está envuelta en un pañuelo negro como siempre. 

-Es la primera y la última vez que saco a un peñi así del territorio.

V. Epílogo

En este día invernal del 2024 convergemos de nuevo para pensar un nuevo desafío: Lof Quemquemtrew enfrenta un juicio por usurpación. Cuando arrebataron la vida de Elías todavía no sabíamos que sus asesinos no fueron policías sino empleados del empresario Rocco, Martín Cruz Feilberg y Diego Ravasio, que la policía dejó pasar el retén armados. No sabíamos que serían condenados ambos, pero que al tiempo Feilberg lograría dar vuelta la condena por no haber apretado el gatillo él. Y ahora está la comunidad en el banquillo de los acusados.

Afuera el frío es moderado pero se hace sentir. Adentro la salamandra arde con ganas y dejamos tirada una pila importante de abrigos delante del poncho en proceso que se estira sobre el telar de Romina. Circula la palabra, circulan mates, facturas, pizza, choripán. Se comparte otro rato en este lugar al que costó tanto llegar. En un momento se levanta Romina y dice, “Vamos a hacer purrún”. A danzar, entonces.

En el rewe, el lugar de ceremonia, damos vueltas en ronda al ritmo del kultrún. Somos unos veinte, entre familiares y amigos. La mitad son mapuche, la otra mitad no. En un momento dado Romina, sin explicación ni nada grandilocuente, nos indica a los no mapuche que nos quedemos por un costado. “Tranquilos nomás, que ahora trabaja Lilu”. Y ella, que a sus diecisiete años aún no es machi pero lleva muchos años en ese camino, se va metiendo en ese pliegue entre este mundo y otro. No corresponde hablar de lo que allí sucede por lo íntimo de un delicado trabajo espiritual. Pero además, transmitir una serie de acciones o elementos sería como describir una sinfonía explicando cómo se mueven los arcos de los violines.

Todavía no sabemos que la jueza Romina Martini le dará la razón a Rolando Rocco y ordenará el desalojo de la comunidad. Que ésta es una de las últimas ceremonias aquí, por lo menos por ahora. En esas vueltas que damos al rewe, en ese viaje sin cambiar de lugar, en el viaje de Lilén a otro plano, en el que nos hayan abrazado a quienes llegamos de otros lugares para que también tengamos un vínculo con éste, se siente que a veces los viajes son invisibles y que el más potente puede ser la permanencia. Que por lo mucho que costó llegar hasta aquí, habrá que seguir luchando para volver.

Lilén vuelve de donde haya estado con la cara enrojecida. Compartimos un vaso de muday. Y arriba nuestro pasan tres cóndores. Vemos sus cabezas blancas, sus plumas extendidas en silueta contra el cielo azul. Pasan, dan unas vueltas lentas y siguen viaje.

El Concurso de Crónica Patagónica es uno de los programas más ambiciosos de la Fundación de Periodismo Patagónico. Durante sus primeras seis ediciones han enviado sus textos más de 500 cronistas y fueron jurado periodistas y escritores como María Moreno, Cristian Alarcón, Roberto Herrscher, Sonia Budassi, entre otros y otras.

Desde su puesta en marcha ha sido clave en la construcción de la red de #CronistasDelSur, que narra la Patagonia desde los territorios.

El Gobierno anunció que designará como “organización terrorista” al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que cuenta con un solo miembro reconocido y cuya existencia como colectivo organizado es puesta en duda por investigadores, políticos y portavoces de distintas comunidades mapuches consultados por EFE.

El anuncio del pasado miércoles llegó tras una declaración de Facundo Jones Huala, presunto líder de la RAM, quien hace una semana reivindicó “los sabotajes y los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista, de las transnacionales, de los terratenientes” en el contexto del conflicto mapuche.

El pueblo mapuche, que habita el sur de Argentina y Chile desde antes de la colonización europea, lleva adelante una lucha histórica por el reconocimiento y la restitución de territorios ancestrales, en parte cedidos para su explotación a importantes empresarios locales e internacionales.

Aún así, diversos actores dentro de la comunidad rechazan los métodos atribuidos a la RAM y la vinculación del pueblo mapuche con actos violentos.

“Los planteamientos mediáticos que ha hecho Jones Huala difieren de los mecanismos o metodología de lucha que viene realizando desde hace casi 40 años el Parlamento Mapuche en Río Negro”, afirmó Mirta Ñancunao, werken (vocera) de la Coordinadora del Parlamento, que insiste en que al interior de la comunidad no conocen a más miembros del grupo que Jones Huala.

Acusaciones contra la RAM

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ha descrito a la RAM como “un movimiento etnonacionalista violento dependiente del Movimiento Autónomo del PUEL MAPU” y su departamento denunció esta semana a Jones Huala por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal, a raíz de sus recientes declaraciones.

Huala, de 38 años, había sido denunciado en el pasado por distintas autoridades e incluso estuvo preso en Chile entre 2018 y 2022 por porte ilegal de armas y provocar incendios. En 2023 volvió a ser encarcelado y, tras ser liberado, regresó a Argentina en agosto de 2024.

Gustavo Franquet, uno de los abogados que defendió a Jones Huala, explicó a EFE que las declaraciones del controvertido mapuche “no son prueba definitiva de la existencia de la RAM” y que “no existe ninguna resolución judicial que la avale”, por lo que el Gobierno argentino no tiene base jurídica para designarla “organización terrorista”.

Si bien desde 2017 se han atribuido a la RAM decenas de hechos delictivos, incluidos incendios provocados y toma de tierras, hasta la fecha ninguna sentencia judicial ha podido confirmar la participación del grupo en hechos de esa naturaleza, insiste Franquet.

Un informe publicado en 2017 por el Ministerio de Seguridad, también comandado entonces por Bullrich —bajo el Gobierno conservador de Mauricio Macri—, señaló como vocera de la organización a la activista mapuche Moira Moillán, quién aseveró a EFE: “La RAM no existe, por más que dos o tres mapuches encapuchados digan que sí”.

Moillán aprovechó para denunciar persecución política contra el pueblo mapuche y la construcción de un enemigo interno para justificar medidas represivas contra la comunidad.

¿Problema de seguridad o construcción política?

“En mi gestión no hubo ni un hecho de vandalismo que se le haya atribuido la RAM”, dijo Sabina Frederic, ministra de Seguridad durante el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023).

En declaraciones a EFE, Frederic explicó que la RAM “no es un problema de seguridad pública ni representa un poder terrorista”, sino que se trata de “una ínfima minoría radicalizada de mapuches que en algún momento realizó actos de vandalismo”.

El gobernador de la provincia patagónica de Chubut, Ignacio Torres, vinculó esta semana a la RAM con los incendios que han arrasado con más de 25.000 hectáreas en esa zona y acusó a Jones Huala de instigarlos, una hipótesis que fue tajantemente rechazada por el mapuche.

“Jamás lo hemos hecho ni lo haríamos”, argumentó Huala.

“En algún momento [Jones Huala] fue una referencia, pero ahora está muy desacreditado”, dijo, también a EFE, Hernán Schiaffeti, antropólogo e investigador de pueblos indígenas.

Concluyó que “la identificación del mundo mapuche con el terrorismo le viene bien al Gobierno para eludir su responsabilidad en la gestión de recursos naturales y la prevención de incendios”.

EM. Florencia Pessarini para EFE.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, relacionó el desalojo de un grupo autoproclamado mapuche, que desde 2020 ocupaba ilegalmente áreas protegidas del Parque Nacional Los Alerces, con el inicio de incendios.

“Hace pocos días, desalojamos a un grupo de delincuentes que, bajo falsas banderas, decidieron usurpar tierras en el Parque Nacional ´Los Alerces´, poniendo en riesgo el patrimonio de todos los argentinos. A las pocas horas del desalojo tuvimos tres focos de incendio simultáneos”, afirmó Torres hoy en su cuenta de X.

Según el gobernador, ayer también “intentaron incendiar también la 'Estancia Amancay', en la Cordillera, atacando con bombas molotov y prendiendo fuego toda la maquinaria y los vehículos del lugar”.

Fuerzas federales y provinciales habían desalojado el 9 de enero pasado a la formación Lof Pailako, tras agotarse las instancias judiciales previas.

Torres aseguró que “este tipo de atentados no son casuales, sino que obedecen a la planificación de los mismos delincuentes de siempre, que se amparan en un sector garantista de la Justicia que les asegura impunidad, con causas que demoran años en ser resueltas”. Y dio un mensaje a los chubutenses: “No nos vamos a dejar intimidar por ningún violento, y que no vamos a descansar tampoco hasta que estos delincuentes estén presos y los ciudadanos de bien puedan vivir tranquilos”.

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, adhirió a la denuncia de “brutal atentado” del gobernador de Chubut y lo relacionó con el desalojo en el parque nacional e informó que se inició “una cooperación histórica para enfrentar el terrorismo”, según publicó en su cuenta de X.

“Activamos de manera inmediata los convenios firmados desde el Ministerio de Seguridad con Neuquén, Río Negro y Chubut, sus Ministerios de Seguridad y sus Ministerios Públicos Fiscales para combatir los hechos como este, que están vinculados a grupos terroristas que buscan imponer sus ideas y cumplir sus objetivos a través de la violencia y el terror”, afirmó Bullrich.

EM con información de EFE.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, en colaboración con la Vicejefatura de Gabinete del Interior y la Administración de Parques Nacionales, procedió este jueves al desalojo del grupo mapuche encabezado por Cruz Cárdenas, que desde 2020, de acuerdo a lo que dictaminó el Juez Federal de Esquel, Guido Otranto, “ocupa ilegalmente áreas protegidas del Parque Nacional Los Alerces”, en la provincia de Chubut.

De acuerdo a los medios locales, el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, estuvieron presentes en el lugar y el juzgado federal informó que no había ninguna persona de la comunidad mapuche “Lof Pailako” en el predio a desalojar en el Parque Los Alerces cuando se presentaron con las fuerzas policiales.

“Acabamos de recuperar la seccional El Maitenal del Parque Nacional Los Alerces que Cruz Cárdenas y su séquito autoproclamado mapuche usurpaban desde 2020. Continúa el operativo. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, publicó en su cuenta de X el director de parques nacionales, Cristian Larsen.

El funcionario aludió de ese modo a la ocupación que mantenía la comunidad mapuche “Lof Paillako”, encabezada por Cruz Cárdenas, y cuyo desalojo fue ordenado por el Juez Federal de Esquel, Guido Otranto, quien interviene en la causa por tratarse de un parque nacional cuyas tierras son federales.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó que el predio fue desalojado por las fuerzas federales manera pacífica y cuestionó a los ocupantes ilegales, de quienes dijo se “autoperciben originarios”.

Desde la gobernación se señaló que “la ocupación de estas tierras generó múltiples inconvenientes, entre ellos ataques físicos al personal de la Administración de Parques Nacionales y un grave perjuicio al derecho de la propiedad del Estado Nacional”.

Desde Parques Nacionales, Larsen, destacó en su cuenta de X que “cuando asumimos nuestra gestión dijimos que ninguna otra bandera más que la argentina iba a flamear en los Parques Nacionales. Hoy lo cumplimos”.

Qué decía el comunicado de Parques Nacionales

Según indicaba el comunicado que anunciaba la medida, el operativo se llevaba a cabo por las Fuerzas Federales con el objetivo de “restablecer el orden y garantizar el cumplimiento irrestricto de la ley”. El comunicado detalla que la “ocupación incluye una seccional de Guardaparques y ha generado conflictos en la zona, con ataques verbales y físicos al personal de la Administración de Parques Nacionales, además de un grave perjuicio al derecho de propiedad del Estado Nacional”.

“El Gobierno Nacional ha decidido no prorrogar la Ley N.º 26.160 de emergencia territorial indígena, una legislación impulsada y respaldada por administraciones anteriores, que suspendía la ejecución de desalojos en territorios reclamados por determinados grupos”, sostuvo el texto oficial.

A partir de esta decisión, el Gobierno retoma la facultad de actuar en defensa de la propiedad y el orden legal, siempre que existan sentencias firmes dictadas por la Justicia. El operativo se realizará bajo estrictos protocolos de seguridad, con el fin de proteger tanto la integridad de las personas como la preservación del entorno natural.

“Este procedimiento tiene como objetivo poner fin a una situación que ha alterado la tranquilidad de la comunidad local y perjudicado, de manera directa o indirecta, los intereses de todos los argentinos”, agregaba el comunicado.

Qué habían dicho los abogados de Cruz Cárdenas

Los integrantes de la Asociación Gremial de Abogados que representan a la comunidad mapuche “Lof Pailako” que se encuentra instalada en la seccional de guardaparques El Maitenal del Parque Nacional Los Alerces, denunciaron días atrás una “cacería interminable contra los pueblos originarios” por parte de la Administración de Parques Nacionales, organismo al que calificaron como “Parques Nacionales SA”, de acuerdo a lo que informó El Cordillerano el pasado 30 de diciembre.

Al referirse al caso, los letrados explicaron que la causa “llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación tratando de parar el arbitrario desalojo que ordenó el juez Otranto, de Esquel, y que los jueces Aldo Suárez y Javier Leal de Ibarra, de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, convalidaron sin ningún miramiento”.

Según los abogados, “cuando se recurre en queja a la Corte, en principio las sentencias deben ejecutarse igual, pero existen varios antecedentes en los que la Corte suspendió la ejecución por considerar que se podía producir un daño irreparable, como lo sería en este caso”, al tiempo que recordaron que el juez Otranto, “en un rapto de lucidez, entonces, suspendió el desalojo hasta que la Corte decidiera”, pero que, ante la intervención de Parques, los jueces de la Cámara “revocaron la resolución”.

De acuerdo a la recopilación de las instancias que hicieron los letrados, “luego desde Parques Nacionales se presentaron ante Otranto para solicitar que el desalojo se concretara, ante lo que el magistrado dio la orden para que la medida se efectivice en en cinco días hábiles, habilitando la feria para que se pueda llevar a cabo”, algo que finalmente ocurrió este jueves 9 de enero con intervención de fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y locales.

Para los representantes legales, “ni este ni otros conflictos territoriales son temas exclusivamente jurídicos. De jurídico tienen poco o nada. Son causas y temas esencialmente políticos y por ende la solución también es política”, sostuvieron.

El decreto que abrió la puerta para los desalojos de las comunidades indígenas y la llegada de los negocios mineros

Mediante el Decreto 1083/24, publicado a comienzos de diciembre pasado en Boletín Oficial, quedó sin efecto la ley 26.160. Esta norma, vigente desde hace 18 años, declaraba la emergencia territorial, ordenaba el relevamiento de comunidades indígenas y prohibía los desalojos hasta que completarse el relevamiento de las tierras ancestrales.

Como informara elDiarioAR en su momento, en una nota de la periodista Jazmín Bazán, el decreto dio por “finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”. Entre los argumentos utilizados por el Ejecutivo para derogar la norma, aparence las sucesivas prórrogas a la situación de emergencia que terminaron generando “inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios”, “un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión, por parte de las comunidades indígenas”.

“Desde 1492, los pueblos originarios, sujetos preexistentes a los Estados, venimos sufriendo un atropello sistemático de genocidio y etnocidio por parte de la empresa colonizadora e imperialista. Hoy, el Gobierno retoma ese camino de persecución, odio y racismo”, aseguran desde el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO).

“Derogar derechos por decreto es propio de un gobierno autoritario. Negar la registración comunitaria y la delimitación territorial es violentar los derechos adquiridos, contradiciendo la Constitución Nacional y los derechos internacionales”, agregan.

La Constitución reconoce en su artículo 75 “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”. Asimismo, establece la obligación de garantizar “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan” y “regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. 

El Convenio 169 de la OIT, incorporado mediante la ley 24.071, es considerado el marco más completo para el reconocimiento de los derechos indígenas. Argentina, además, ha adherido a múltiples declaraciones de la ONU y la Organización de Estados Americanos en esta materia.

ENOTPO denuncia que el país busca “congraciarse con las élites del poder concentrado mundial, poniendo al país en un estado de inseguridad jurídica muy peligrosa”. Y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se ha convertido en “una oficina libertaria que convalida los atropellos, saqueos y usurpaciones”. 

Uno de los conflictos más resonantes fue el que la comunidad mapuche Paicil Antriao de Bariloche mantuvo con el ex basquetbolista Emanuel Ginóbil por 12 hectáreas de las 625 que el Estado nacional le reconoció a esa comunidad a principios del siglo XX. Ginóbili había denuniciado por usurpación a la comunidad, pero la justicia acabó dándole la razón a los mapuches cuyas tierras habían sido relevadas en el marco de la ley 26.160.

Impacto en los derechos indígenas

María José Venancio, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explica que la ley 26.160, de 2006, venía siendo “vaciada en su contenido y vulnerada en sus principios de protección de los territorios indígenas”. Muchos relevamientos territoriales habían sido suspendidos y se emitieron decenas de órdenes de desalojo, incluso contra comunidades con relevamientos concluidos y aprobados.

El CELS va a informar de la reciente derogación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatoría de pueblos indígenas y al Alto Comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas.

La letrada destaca que la mayoría de las disputas actuales se concentran en la Patagonia –con fuerte presencia mapuche– y en el norte. Ambas regiones fueron las primeras en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que favorece las industrias extractivas.

En estas provincias se vulnera el derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas. Se han promovido protocolos y modificaciones legislativas, como en Jujuy, para simular procesos de consulta, sin respetar los órganos de representación histórica. Esto ocurre especialmente en territorios vinculados a la minería, hidrocarburos, litio y negocios inmobiliarios“, señaló la letrada. Además, afirma: ”Los derechos humanos se convierten en un obstáculo para el desarrollo de estos modelos productivos, sustentados en discursos racistas y discriminatorios“.

Sin ir más lejos, en 2023, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo afirmó que “no hay ni hubo mapuches en Mendoza”. En enero de este año, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, apuntó, sin pruebas, contra el pueblo mapuche por un incendio en el Parque Nacional “Los Alerces”, cuestionando su identidad. Al enfrentamiento contra el pueblo mapuche se suma la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, responsable de frases como “basta de terroristas disfrazados de mapuches en Argentina”.

Una ¿segunda “campaña al desierto”?

Gabriel Jofre, profesor de historia y autoridad de la organización Identidad Territorial Malalweche (perteneciente al pueblo mapuche en la provincia de Mendoza), enfatiza que no se debe hablar de “retroceso” como un hecho consumado. En cambio, sugiere que se vive un momento de enfrentamiento de modelos, con lugar para la resistencia.

Jofre señala que la sanción de la ahora derogada ley 26.160 había representado un punto cúlmine en el derecho indígena en Argentina. “El proceso de relevamiento visibilizó disputas en áreas donde las comunidades luchaban por permanecer en sus territorios ancestrales o recuperar aquellos de donde habían sido desplazadas. También mostró los intereses económicos en zonas ricas en bienes naturales”.

“El actual gobierno nacional ha profundizado esta tensión, avanzando en políticas que priorizan los intereses corporativos”, alega Jofre. En este contexto, enmarca la cada vez mayor convergencia de las demandas indígenas y ambientalistas. 

Para Jofre, el modelo impulsado por el gobierno nacional de desarrollo perpetúa las lógicas de “neocolonialismo”; una nueva “campaña al desierto”. “Históricamente, los pueblos indígenas han sido acusados de fragmentar los Estados nacionales o promover el separatismo. Sin embargo, no buscan dividir, sino replantear la relación entre las comunidades y los territorios, considerando una cosmovisión donde el vínculo espiritual y cultural con la tierra trasciende las divisiones geopolíticas modernas”, concluye.

La posición de La Libertad Avanza quedó evidenciada en noviembre, cuando Argentina votó en contra de una resolución de la ONU para fortalecer el marco normativo internacional de protección a los derechos humanos de los pueblos indígenas. “Hay una campaña de estigmatización y persecución del gobierno, y tiene que ver con los recursos naturales. Solo en Mendoza, hay 34 proyectos mineros que no han sido consultados”, indica Sandra Silva. Ella es werkén del Lof mapuche Pewel Katuwe, de San Rafael Mendoza, y referente de la Organización Nacional Mujeres Originarias en Lucha por el Territorio (MOEL).

De acuerdo con MOEL, los derechos conquistados peligran, de la mano del “cambio climático, la situación económica, el avasallamiento a los pueblos”. La cuestión de género se mezcla con la ambiental e indígena. “Creemos en la dualidad, pero nuestra cultura es matriarcal”. Insiste en que la presencia de las mujeres originarias es fundamental para defender el territorio. 

Derechos de la naturaleza y comunidades originarias

Diversos tratados vinculados a la protección del medioambiente también resguardan los derechos de los pueblos originarios. Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), detalla que el rol de los pueblos originarios como custodios de la biodiversidad fue reconocido hace más de dos décadas, en el texto del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, ratificado en el país mediante la ley 24.375. 

Este año, durante la Conferencia sobre Biodiversidad (COP16) en Cali, se creó un órgano subsidiario para proteger los conocimiento tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales asociados a la biodiversidad. Sin embargo, hay una gran brecha entre el texto y la implementación.

Pía Marchegiani, también directora ejecutiva adjunta de FARN, destacó que el Acuerdo de Escazú exige proteger a quienes defienden el ecosistema. “El gobierno está ignorando estas obligaciones”, advirtió. La especialista enfatizó que el modelo extractivista actual promueve una explotación de recursos sin criterios responsables ni evaluaciones de impacto ambiental, lo que pone en riesgo tanto el medio ambiente como el diálogo democrático e intercultural que el país debería consolidar.

Con información de agencias y de El Cordillerano.

IG

Mediante el Decreto 1083/24, publicado el martes pasado en Boletín Oficial, quedó sin efecto la ley 26.160. Esta norma, vigente desde hace 18 años, declaraba la emergencia territorial, ordenaba el relevamiento de comunidades indígenas y prohibía los desalojos hasta que completarse el relevamiento de las tierras ancestrales.

El decreto dio por “finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”. Entre los argumentos utilizados por el Ejecutivo para derogar la norma, aparence las sucesivas prórrogas a la situación de emergencia que terminaron generando “inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios”, “un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión, por parte de las comunidades indígenas”.

El decreto refiere a empresas y particulares como “legítimos propietarios”. Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, celebró la medida, aludiendo a una supuesta lesión al “derecho a la propiedad” (privada). Sin embargo, para organizaciones, activistas y expertos, esta decisión representa un triunfo del modelo extractivista a través de la confiscación a los pueblos originarios. Se espera que al menos 250 causas judiciales puedan reactivarse, lo cual afectaría la permanencia y subsistencia de comunidades, a lo largo y ancho del país. 

“Desde 1492, los pueblos originarios, sujetos preexistentes a los Estados, venimos sufriendo un atropello sistemático de genocidio y etnocidio por parte de la empresa colonizadora e imperialista. Hoy, el Gobierno retoma ese camino de persecución, odio y racismo”, aseguran desde el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO).

“Derogar derechos por decreto es propio de un gobierno autoritario. Negar la registración comunitaria y la delimitación territorial es violentar los derechos adquiridos, contradiciendo la Constitución Nacional y los derechos internacionales”, agregan.

La Constitución reconoce en su artículo 75 “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”. Asimismo, establece la obligación de garantizar “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan” y “regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. 

El Convenio 169 de la OIT, incorporado mediante la ley 24.071, es considerado el marco más completo para el reconocimiento de los derechos indígenas. Argentina, además, ha adherido a múltiples declaraciones de la ONU y la Organización de Estados Americanos en esta materia.

ENOTPO denuncia que el país busca “congraciarse con las élites del poder concentrado mundial, poniendo al país en un estado de inseguridad jurídica muy peligrosa”. Y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se ha convertido en “una oficina libertaria que convalida los atropellos, saqueos y usurpaciones”. 

Uno de los conflictos más resonantes fue el que la comunidad mapuche Paicil Antriao de Bariloche mantuvo con el ex basquetbolista Emanuel Ginóbil por 12 hectáreas de las 625 que el Estado nacional le reconoció a esa comunidad a principios del siglo XX. Ginóbili había denuniciado por usurpación a la comunidad, pero la justicia acabó dándole la razón a los mapuches cuyas tierras habían sido relevadas en el marco de la ley 26.160.

Impacto en los derechos indígenas

María José Venancio, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explica que la ley 26.160, de 2006, venía siendo “vaciada en su contenido y vulnerada en sus principios de protección de los territorios indígenas”. Muchos relevamientos territoriales habían sido suspendidos y se emitieron decenas de órdenes de desalojo, incluso contra comunidades con relevamientos concluidos y aprobados.

El CELS va a informar de la reciente derogación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatoría de pueblos indígenas y al Alto Comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas.

La letrada destaca que la mayoría de las disputas actuales se concentran en la Patagonia –con fuerte presencia mapuche– y en el norte. Ambas regiones fueron las primeras en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que favorece las industrias extractivas.

En estas provincias se vulnera el derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas. Se han promovido protocolos y modificaciones legislativas, como en Jujuy, para simular procesos de consulta, sin respetar los órganos de representación histórica. Esto ocurre especialmente en territorios vinculados a la minería, hidrocarburos, litio y negocios inmobiliarios“, señaló la letrada. Además, afirma: ”Los derechos humanos se convierten en un obstáculo para el desarrollo de estos modelos productivos, sustentados en discursos racistas y discriminatorios“.

Sin ir más lejos, en 2023, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo afirmó que “no hay ni hubo mapuches en Mendoza”. En enero de este año, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, apuntó, sin pruebas, contra el pueblo mapuche por un incendio en el Parque Nacional “Los Alerces”, cuestionando su identidad. Al enfrentamiento contra el pueblo mapuche se suma la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, responsable de frases como “basta de terroristas disfrazados de mapuches en Argentina”.

Una ¿segunda “campaña al desierto”?

Gabriel Jofre, profesor de historia y autoridad de la organización Identidad Territorial Malalweche (perteneciente al pueblo mapuche en la provincia de Mendoza), enfatiza que no se debe hablar de “retroceso” como un hecho consumado. En cambio, sugiere que se vive un momento de enfrentamiento de modelos, con lugar para la resistencia.

Jofre señala que la sanción de la ahora derogada ley 26.160 había representado un punto cúlmine en el derecho indígena en Argentina. “El proceso de relevamiento visibilizó disputas en áreas donde las comunidades luchaban por permanecer en sus territorios ancestrales o recuperar aquellos de donde habían sido desplazadas. También mostró los intereses económicos en zonas ricas en bienes naturales”.

“El actual gobierno nacional ha profundizado esta tensión, avanzando en políticas que priorizan los intereses corporativos”, alega Jofre. En este contexto, enmarca la cada vez mayor convergencia de las demandas indígenas y ambientalistas. 

Para Jofre, el modelo impulsado por el gobierno nacional de desarrollo perpetúa las lógicas de “neocolonialismo”; una nueva “campaña al desierto”. “Históricamente, los pueblos indígenas han sido acusados de fragmentar los Estados nacionales o promover el separatismo. Sin embargo, no buscan dividir, sino replantear la relación entre las comunidades y los territorios, considerando una cosmovisión donde el vínculo espiritual y cultural con la tierra trasciende las divisiones geopolíticas modernas”, concluye.

La posición de La Libertad Avanza quedó evidenciada en noviembre, cuando Argentina votó en contra de una resolución de la ONU para fortalecer el marco normativo internacional de protección a los derechos humanos de los pueblos indígenas. “Hay una campaña de estigmatización y persecución del gobierno, y tiene que ver con los recursos naturales. Solo en Mendoza, hay 34 proyectos mineros que no han sido consultados”, indica Sandra Silva. Ella es werkén del Lof mapuche Pewel Katuwe, de San Rafael Mendoza, y referente de la Organización Nacional Mujeres Originarias en Lucha por el Territorio (MOEL).

De acuerdo con MOEL, los derechos conquistados peligran, de la mano del “cambio climático, la situación económica, el avasallamiento a los pueblos”. La cuestión de género se mezcla con la ambiental e indígena. “Creemos en la dualidad, pero nuestra cultura es matriarcal”. Insiste en que la presencia de las mujeres originarias es fundamental para defender el territorio. 

Derechos de la naturaleza y comunidades originarias

Diversos tratados vinculados a la protección del medioambiente también resguardan los derechos de los pueblos originarios. Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), detalla que el rol de los pueblos originarios como custodios de la biodiversidad fue reconocido hace más de dos décadas, en el texto del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, ratificado en el país mediante la ley 24.375. 

Este año, durante la Conferencia sobre Biodiversidad (COP16) en Cali, se creó un órgano subsidiario para proteger los conocimiento tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales asociados a la biodiversidad. Sin embargo, hay una gran brecha entre el texto y la implementación.

Pía Marchegiani, también directora ejecutiva adjunta de FARN, destacó que el Acuerdo de Escazú exige proteger a quienes defienden el ecosistema. “El gobierno está ignorando estas obligaciones”, advirtió. La especialista enfatizó que el modelo extractivista actual promueve una explotación de recursos sin criterios responsables ni evaluaciones de impacto ambiental, lo que pone en riesgo tanto el medio ambiente como el diálogo democrático e intercultural que el país debería consolidar.

JB/MG

Este artículo contó con el apoyo de la Fellowship impulsada por Earth Journalism Network en el marco de la COP16.

“Nunca me gustó esa idea de que mi trabajo consiste en ‘darles voz a los que no tienen voz’. Prefiero pensarme como un traductor, alguien que trata de entender para narrar después”, dice el fotógrafo Pablo Piovano sentado en un café de Bariloche, adonde llegó el jueves para presentar la exposición Mapuche, el retorno de las voces antiguas en el marco del festival NAVE de No ficción. Que las imágenes de esta serie, premiada en el último concurso de World Press Photo, puedan verse en el Puerto San Carlos, enclave principal de la tercera edición del encuentro de periodismo narrativo que organiza la Fundación de Periodismo Patagónico, tiene sentido por múltiples razones. El primero: Piovano es ante todo un fotorreportero, alguien con su libido profesional y su ojo siempre puestos en documentar historias de personas en sus entornos. No menos importante: hasta ahora, las fotos de este proyecto de largo aliento no se habían mostrado en el lado argentino del Wallmapu, este extenso territorio que la nación mapuche considera su tierra ancestral. En julio de este año, Piovano había organizado una exposición junto a gran parte de las comunidades de  la zona de Valdivia, Chile. Pero de este lado de la cordillera su trabajo se había visto, hasta ahora, solamente en Buenos Aires. 

La exposición reúne una treintena de fotos, apenas una pequeña fracción de un proyecto que incluye cientos de imágenes tomadas a lo largo de más de seis años. En ellas, Piovano documenta la vida de habitantes originarios en tres regiones clave, donde hoy disputan el acceso a sus tierras para protegerlas de la explotación empresarial: La Araucanía (Chile), zona que la industria forestal está dejando sin bosques nativos; Río Bueno, donde un grupo de mapuches lucha por preservar el Río Pilmaiquén frente a proyectos hidroeléctricos; y Añelo, en Neuquén, donde funciona Vaca Muerta. “De un lado y del otro de la Cordillera, los mapuches son la primera línea de resistencia frente a las grandes corporaciones, que explotan los recursos naturales de manera indiscriminada. Me gusta pensarlos como los grandes cuidadores del agua y de la tierra, que en muchos casos ponen su cuerpo y su vida por eso”, reflexiona Piovano.

La primera vez que el fotógrafo reparó en el pueblo mapuche fue en 2017, a partir de la muerte de Santiago Maldonado. Se preguntó quiénes eran aquellas personas por las que había dado la vida ese chico cuya desaparición había movilizado a gran parte del país. Esa curiosidad inicial se intensificó en noviembre del mismo año, cuando, durante el velorio de Maldonado, un integrante del grupo Albatros de la Prefectura Naval asesinó por la espalda a Rafael Nahuel, joven mapuche de 22 años de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Río Negro. Cuando un año después, el 14 de noviembre de 2018, un carabinero chileno disparó y mató al comunero mapuche Camilo Catrillanca en La Araucanía, su interés se transformó en necesidad de entender más y acudir. 

Por aquel entonces, Piovano había ganado una beca de Greenpeace y acababa de comprar un pasaje a Santa Cruz con la intención de fotografiar las minas de carbón de Río Turbio, como parte de un proyecto sobre zonas de sacrificio ambiental que también incluía Vaca Muerta, las salmoneras y las empresas forestales en Chile. Pero la noticia de la muerte de Catrillanca cambió su rumbo y sus planes. Piovano llamó a Maxi Goldschmidt, un periodista de la zona, para armar equipo con él. Un día después habían llegado a La Araucanía, donde la comunidad de Catrillanca estaba comenzando el tercer día de su funeral. Fue un viaje en el tiempo que los conmovió: “Se sintió como estar en un ritual de hace 400 años”. Goldschmidt y Piovano hablaron con la familia de Catrillanca, su padre les dio el visto bueno para documentar sus historias. “Tienen libertad de acción, digan la verdad”, pidió. Desde entonces Piovano volvió una y otra vez a distintas zonas del Wallmapu y estableció con la comunidad un vínculo de aprendizaje mutuo y admiración. “Para mí, los mapuches son de una inspiración inmensa”, dice. “En tiempos como este, en el que estamos viviendo una derrota atrás de otra, me resulta increíble ver esta lucha, que suceda tan cerca nuestro, acá, en Latinoamérica. Es una revolución silenciosa y poco estudiada”.  

La exposición Mapuche, el retorno de las voces antiguas se puede ver durante todo el día en el Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 71, Bariloche), con entrada libre y gratuita. 

En un giro inesperado para muchos de quienes vienen siguiente el caso, siete integrantes de la comunidad mapuche Paicil Antriao fueron sobreseídos de la acusación de usurpación de terrenos en Villa La Angostura, que había sido planteada por el exjugador de básquet Manu Ginóbili, propietario de las tierras en cuestión.

En una audiencia que tuvo lugar este jueves por la mañana, la fiscalía no logró convencer al juez Ignacio Pombo de la necesidad de continuar con el proceso penal. En cambio, Pombo avaló el pedido de sobreseimiento presentado por el abogado defensor, Luis Virgilio Sánchez, argumentando que la acción penal estaba extinguida y sugiriendo que las partes buscaran una solución a través de la justicia civil.

El Juez detalló que el delito de usurpación prescribe a los 3 años, y el plazo de este caso se halla excedido, ya que el delito de usurpación fue cometido en 2018.

“Comprendo que esta decisión no les brinda respuesta satisfactoria a los querellantes, que llevan más de 5 años esperando respuesta de la justicia penal, pero debo aclarar que esto es lo que la ley manda. Si se vencen los plazos, debe adoptarse la desvinculación”, afirmó el juez Pombo en la fundamentación de su decisión.

La acusación inicial del Ministerio Público Fiscal (MPF) sostenía que los integrantes de la comunidad mapuche habían ocupado terrenos de manera ilegal, y que debían ser juzgados por usurpación. El juicio estaba programado para comenzar el próximo 16 de diciembre. Sin embargo, la defensa argumentó que los plazos del proceso penal habían vencido y que la acción penal estaba prescripta.

“No se puede usurpar lo que nos pertenece”, había afirmado hace poco más de un mes el lof Paicil Anciao, en un artículo de elDiarioAr, donde afirmpo que Ginóbili había sido “estafado en su buena fe”.

Doce hectáreas de las 625 que el Estado nacional le reconoció a esa comunidad a principios del siglo XX, son las que están en el centro de la polémica: el ex basquetbolista Emanuel Ginóbili presentó una denuncia por usurpación y amenazas contra siete personas, y cerró así una instancia de diálogo que buscaba una salida negociada al conflicto originado en 2004. 

Aquel año Ginóbili compró el lote de la ladera del cerro Belvedere, en Villa La Angostura, Neuquén, desconociendo la presencia ancestral de la Paicil Antriao, lof que utilizaba el territorio para el pastaje de vacas y ovejas. “Es parte de la veranada, donde las familias llevan sus animales. Eso demuestra la ocupación tradicional del lugar por parte de nuestra comunidad, y así fue reconocido por la provincia de Neuquén en el relevamiento realizado”, explicó a elDiarioAR Tino Nawel, werkwen (vocero) de la comunidad.

La comunidad Paicil Antriao reúne a unas 70 familias y casi 200 personas, que se encuentran dispersas en “diferentes porciones” a los que “nos fue arrinconando el avance inmobiliario”, plantea el werken. Así, de las 625 hectáreas originales, hoy las familias se asientan en un total de 125 hectáreas. En la década del ’90, con la presión ejercida por la migración interna en Villa La Angostura, la venta indiscriminada de lotes y el desarrollo de obras de infraestructura como el pavimento, la situación “nos fue corriendo” y se generaron numerosos conflictos.

DM

El sol tibio del invierno sale por detrás del cerro Belvedere, ilumina los coihues, cipreses y arrayanes que nutren el bosque en pendiente. Siete arroyos cargados de agua en esta época del año, bajan hacia el lago Correntoso. Durante la primavera menguarán su caudal, y se secarán en verano, para renacer con las lluvias del otoño. De ese ciclo, así como de la presencia de plantas medicinales y del ñiemg, las fuerzas protectoras del lugar, saben desde hace cientos de años los integrantes de la comunidad mapuche Paicil Antriao.

Doce hectáreas de las 625 que el Estado nacional le reconoció a esa comunidad a principios del siglo XX, hoy están en el centro de la polémica: el ex basquetbolista Emanuel Ginóbili presentó una denuncia por usurpación y amenazas contra siete personas, y cerró así una instancia de diálogo que buscaba una salida negociada al conflicto originado en 2004. Ese año Ginóbili compró el lote de la ladera del cerro Belvedere, en Villa La Angostura, Neuquén, desconociendo la presencia ancestral de la Paicil Antriao, lof que utilizaba el territorio para el pastaje de vacas y ovejas. “Es parte de la veranada, donde las familias llevan sus animales. Eso demuestra la ocupación tradicional del lugar por parte de nuestra comunidad, y así fue reconocido por la provincia de Neuquén en el relevamiento realizado”, explica a elDiarioAR Tino Nawel, werkwen (vocero) de la comunidad.

Nos pone en una situación incómoda. Que nos inicien un juicio por usurpación es terrible. No cabe en nuestra cabeza. Nosotros vivimos en el territorio, no podemos usurpar lo que es nuestro. Nos molesta mucho

Tino Nawe — Werkwen (vocero) de la comunidad

Dicho relevamiento se realizó en el marco de la aplicación de la Ley 26.160 (sancionada en 2006) que –de acuerdo al Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y el Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT– declaró la “emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias”; suspendió la “ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas”; y ordenó “realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual”.

Desde 2006 la Ley ha sido prorrogada sistemáticamente, debido al incumplimiento de realización de los relevamientos por parte del Estado nacional y las provincias.

La carpeta con el relevamiento de la comunidad Paicil Antriao ya cuenta con el aporte técnico del Estado de la provincia de Neuquén, y espera por la firma de los representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). La semana pasada la comunidad se reunió en la localidad neuquina de Zapala con las nuevas autoridades del organismo. Esa documentación será aportada ante el juzgado que canalice la denuncia de Ginóbili, luego que su abogado, Jorge Ernesto Mena, presentara la denuncia en la Oficina Judicial de Villa La Angostura.

Las comunidades mapuches, en general, poco esperan del actual Gobierno nacional. Por caso, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ocupaba ese mismo cargo cuando, en 2017, el avance represivo de Gendarmería provocó la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, mientras que el ataque de integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina derivó en el asesinato estatal de Rafael Nahuel, también ese mismo año. “Todo nuestro apoyo a Manu en su disputa con los criminales pseudomapuches”, escribió Bullrich en la red social X.

En sintonía, el titular de Parques Nacionales, Cristian Larsen, publicó: “No podemos permitir que pseudo-mapuches se apropien de lo ajeno. En este caso le tocó a Manu Ginóbili. Trabajamos para terminar con el abuso y la criminalidad de la usurpación de tierras que son de todos los argentinos. El que las hace, las va a pagar”.

Desde la compra del lote a un privado por parte del ex basquetbolista, hace 20 años, se sucedieron espacios de mediación y negociación, pero ninguno llegó a buen puerto.

“La negociación la acaba de romper Ginóbili”, dice Nawel, “nos pone en una situación incómoda. Que nos inicien un juicio por usurpación es terrible. No cabe en nuestra cabeza. Nosotros vivimos en el territorio, no podemos usurpar lo que es nuestro. Nos molesta mucho”, agrega.

–¿Cuándo realizó la recuperación territorial la comunidad?– consultó este diario.

– Nosotros no hablamos de recuperación, porque siempre estuvimos aquí. Hablamos de resguardo del territorio.

Nawel guarda junto con la documentación que acredita esa presencia ancestral en la zona, una copia del decreto de 1902 firmado por el ex Presidente Julio Argentino Roca que otorgó, bajo la denominación de Lote Pastoril N°9, 625 hectáreas a Juan Ignacio Antreau y Jose Maria Paisil, como retribución por sus servicios como baqueanos en el lugar, durante el trabajo de la Comisión de Límites y Fronteras.

– Es una forma de confirmar que este territorio siempre fue habitado por Paicil y Antriao.

Para Nawel “Ginóbili fue estafado en su buena fe, compró sin saber que ese territorio es de la comunidad”.

Tres causas

El que lo enfrenta al ex basquetbolista no es el único conflicto que mantiene la Paicil Antriao. De hecho, en las últimas horas la Justicia neuquina fijó fecha entre el 1 y el 10 de octubre para el juicio oral y público contra los siete integrantes de la comunidad en tres causas: la de Ginóbili, una promovida por Néstor Martín Bianchini, y una tercera impulsada por otro privado, Fabián Converti.

“Acá hay muchos conflictos. El de Ginóbili uno de los tantos. Tiene más trascendencia por este personaje, sino no tendría tanta. Son muchos los intrusos que nos denuncian”, explica Nawel. Además de algunos privados, la propia Municipalidad de Villa La Angostura mantiene un litigio judicial por el manejo del camping del lago Correntoso; mientras que el Estado nacional está en conflicto con 18 familias de la comunidad que impiden el avance de la obra de construcción de la ruta de Circunvalación, ya que, argumentan, “pasa por el territorio”.

La comunidad Paicil Antriao reúne a unas 70 familias y casi 200 personas, que se encuentran dispersas en “diferentes porciones” a los que “nos fue arrinconando el avance inmobiliario”, plantea el werken. Así, de las 625 hectáreas originales, hoy las familias se asientan en un total de 125 hectáreas. En la década del ’90, con la presión ejercida por la migración interna en Villa La Angostura, la venta indiscriminada de lotes y el desarrollo de obras de infraestructura como el pavimento, la situación “nos fue corriendo” y se generaron numerosos conflictos.

La reducción de 625 a 125 hectáreas “fue posible por la complicidad del Gobierno de la Provincia de Neuquén, la Dirección de Tierras, el Juzgado de Paz, la Justicia, los diferentes Intendentes. Nos significó que hayamos quedado reducido a porciones”, como la zona del camping Correntoso, Puerto Elma sobre el lago Nahuel Huapi, o Pichi Mahuiza, en cercanías de las 12 hectáreas reclamadas por Ginóbili.

La comunidad insiste en que el tema no puede ser abordado únicamente desde la perspectiva del desarrollo inmobiliario o el valor privado de la tierra. “Para nosotros tiene un valor espiritual y cultural. Queremos que el lugar se declare ‘espacio biocultural’ y que se resguarde su diversidad natural”, explica Nawel. “Nosotros somos parte de la naturaleza, no la miramos desde afuera, según nuestra cosmovisión este territorio biocultural se relaciona con nuestros planes de vida”, agrega, y enumera: “los coihues, cipreses, el bosque, los coirones o reservas de agua son importantes para nosotros”. Lo mismo que el cerro Berlvedere. Por donde sale el sol.

SR/MG

La Corte Suprema de Justicia declaró hoy la nulidad de la resolución de primera instancia que había ordenado la transferencia a título gratuito del dominio de tierras en disputa a favor de la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue en San Carlos de Bariloche, Río Negro.

Se trata de un predio de 180 hectáreas a nombre del Ejército Argentino sobre la ladera oeste del cerro Otto, que fue reclamado por la comunidad mapuche a través de una demanda judicial contra el Estado nacional por considerar que son tierras que poseen en forma “actual, tradicional y pública”.

La propiedad comunitaria de este predio fue reconocido por la resolución en el año 2012 por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de conformidad con el resultado del relevamiento técnico, jurídico y catastral realizado por dicho organismo.

En su sentencia de este martes, el Máximo Tribunal tomó la decisión de dar marcha atrás con todo lo actuado al sostener que en el caso se omitió dar intervención a la provincia de Río Negro, cuya citación resultaba necesaria para que pudiera ejercer su derecho de defensa en juicio.

El fallo de primera instancia había hecho lugar a la acción de amparo interpuesta por la comunidad mapuche, instruyendo al Poder Ejecutivo Nacional que en un plazo de 60 días (a partir de que la resolución quedara firme), el Estado nacional efectuara la transferencia de la propiedad de las tierras en disputa.

El Ejército Argentino apeló esa decisión y la Cámara Federal de General Roca rechazó el planteo por considerar que había sido presentado fuera del plazo procesal previsto.

La Corte fundó la declaración de la nulidad del trámite de la causa judicial en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que establece que en materia de adjudicación de tierras a las comunidades aborígenes, la Nación tiene competencias concurrentes con las provincias en las que se encuentran ubicadas esas tierras, por lo que se debía dar intervención a estas últimas.

El alto tribunal consideró a su vez que en el caso concreto de las tierras en el cerro Otto, el INAI había decidido excluir a la Provincia de Río Negro a petición de la comunidad mapuche, sin que luego se le diera intervención en la causa judicial para que pudiera ejercer sus derechos.

MM con información de la agencia NA.

Hace dos años que el presidente chileno, Gabriel Boric, decretó el estado de excepción y ordenó el despliegue militar en varias localidades del sur de Chile en un intento de contener el aumento de sabotajes y acciones violentas en territorio indígena causadas por el conflicto entre el Estado chileno, el pueblo mapuche y grandes empresarios y latifundistas. Desde el 16 de mayo de 2022, la polémica medida se prorrogó en el Congreso chileno decenas de veces y, paradójicamente, Boric se convirtió en el mandatario progresista que más tiempo mantuvo a los militares en la zona en disputa.

“La militarización en el territorio, en realidad, se vive desde hace mucho más de dos años, desde que una tiene memoria”, dice la rapera mapuche Millaray Jara Collio o MC Millaray, como se hace llamar. A pesar de que desde su escaño en la Cámara de Diputados, entonces como diputado, Boric había criticado duramente el despliegue de soldados en la zona ordenado por su antecesor, el fallecido Sebastián Piñera, solo dos meses después de llegar al poder reculó en su estrategia para abordar el conflicto.

“Es muy chocante, para mí, visitar los territorios (mapuche) y ver tanques y militares en la entrada, pero se está normalizando, sobre todo las nuevas generaciones, los más pequeños”, dice MC Millaray. “En ocasiones nos apuntaron, no sé con qué intención, pero apuntaron hacia el auto (coche)”, añade.

Con 18 años recién cumplidos y oriunda de la Pincoya, un barrio popular de la periferia santiaguina, la artista se convirtió en una de las voces más prometedoras del rap en Chile, cantando en castellano y en mapudungún, lengua mapuche que aprendió de su bisabuela materna, una anciana casi centenaria que todavía vive en Wallmapu, el territorio mapuche. “Con la música podemos inculcar a los jóvenes valores de respeto a nuestra historia; a nuestra lengua, para que no muera; y a nuestra lucha por la tierra a la que pertenecemos”, dice la joven, que sacará su primer disco el segundo semestre de 2024. 

“Se nos hace ver como terroristas”

Según cifras del Gobierno, los actos de “violencia rural” en las regiones sureñas de La Araucanía y BioBío disminuyeron en un 35% respecto a 2023 y un 51% respecto a 2021; mientras que los “ataques incendiarios” se redujeron en un 44% respecto al año pasado. Sin embargo, la zona centro-sur atraviesa ahora un complejo escenario porque a los ataques asociados a reivindicaciones políticas y ancestrales, se suman otro tipo de fenómenos como el narcotráfico, el crimen organizado o el robo de madera. Una mezcla que resienten, sobre todo, las comunidades locales. “A nosotros se nos impone la Ley Antiterrorista, se nos inculpa de cosas que no son y se nos hace ver como terroristas”, lamenta MC Millaray. 

En las últimas semanas las alertas y sospechas en el territorio mapuche se dispararon a raíz del triple asesinato policial ocurrido hace menos de un mes en la zona. Se trata del atentado más grave de la historia reciente del país perpetrado contra el cuerpo de Carabineros, tanto por tratarse de un asesinato múltiple simultáneo como por la forma como fueron muertos los agentes: un grupo disparó a la patrulla policial y quemó su vehículo con ellos dentro.

Nadie reivindicó el ataque, hasta ahora no hay detenidos y las investigaciones siguen su curso, pero las autoridades coinciden en que el “modus operandi no corresponde con la violencia rural” en las localidades afectadas por el conflicto. “Se nos tacha de muchas formas, cuando en realidad hemos sufrido varios montajes; se habla de las supuestas zonas rojas y violentas, pero jamás se habla de los traumas que deja la violencia en los niños y ancianos mapuche”, critica la cantante, que también es portavoz de la Red de la Infancia Mapuche.

Para MC Millaray quedan lejos las movilizaciones históricas de 2019 en las que la sociedad chilena, en una suerte de reconciliación histórica, se volcó con el pueblo mapuche, que representa el 9% de los casi 20 millones de habitantes de Chile. Ondeaban sus banderas y sus símbolos y lemas eran omnipresentes en todas las marchas. La joven participó en las protestas, rapeó, cantó y gritó en la plaza principal de Santiago mientras creía en la posibilidad real de enterrar la Constitución actual, heredera de la dictadura, y sustituirla por otra que reconocía la plurinacionalidad del Estado chileno y entregaba mayor autonomía a los pueblos originarios. 

Todo quedó en un sueño que se evadió cuando el texto fue rechazado por una amplia mayoría: “Fue como alzarse en una unión que no se había visto antes, como si de repente existiera una empatía hacia nosotros; después, pero, fue todo muy decepcionante, un gran retroceso”. De la sociedad chilena, pensó: “Habrían podido hacer algo importante por nuestros derechos, pero antes que eso prefirieron quedarse con una Constitución que arrastraba tanto dolor”. 

“Avanzar sin olvidar”

Millaray, que significa “flor de oro” en mapudungún, canta a la tierra, a la naturaleza y reivindica los derechos de su pueblo a recuperar sus tierras ancestrales: “Existe una deuda histórica que nunca se ha cumplido con la tierra”, dice. Para intentar avanzar en esta dirección, determinar la demanda de terrenos mapuche y fijar un plazo para devolverlos, el Gobierno de Boric puso en marcha hace un año la Comisión para la Paz y el Entendimiento que elabora un catastro en varias regiones del sur de Chile. “Jamás van a poder saldar esta deuda porque es muy grande, es demasiado el territorio y mucho ya ni siquiera pertenece al Estado chileno”, apunta la compositora y activista medioambiental. “Las transnacionales se instalaron en el lugar y se habla de devolver una tierra que fue vendida a quien la está devastando”, añade.

Escéptica con los acuerdos que puedan dejar los diálogos de la Comisión para la Paz ante un conflicto centenario y enquistado por décadas, MC Millaray “no espera nada del Estado” porque –dice– “jamás se han cumplido las leyes, ni siquiera los tratados internacionales firmados (por Chile) voluntariamente”. Vivió desde pequeña el racismo y la discriminación, incluso “por parte de personas cercanas y de profesores”, y en sus redes, donde acumula más de 37.000 seguidores, sufrió acoso y amenazas. “Como mujer mapuche, como mujer indígena, esto a mí no me quita la esperanza”, recalca. Su hoja de ruta para el conflicto propone “seguir adelante, sin olvidar jamás el pasado” y, sin una solución de fondo a la vista, concluye: “No podemos perdonar, pero sí podemos avanzar”.

SD/CRM

Un miembro de la comunidad mapuche, Matías Daniel Santana -que se encontraba prófugo desde 2022- fue detenido hoy en Bariloche, tras ser acusado de intervenir en una causa de incendio y atentado contra la autoridad.

“El hombre de los binoculares. Cayó Matías Daniel Santana, uno de los líderes de las usurpaciones en Villa Mascardi. Estaba prófugo y con pedido de captura desde el año 2022. Excelente trabajo de la PFA que, tras una larga investigación, lo detuvo en Bariloche. ¡El que las hace, las paga!”, publicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta de la plataforma X.

Santana era conocido como el “mapuche de los binoculares” por su participación como testigo en el caso de Santiago Maldonado, el joven artesano que murió ahogado en el marco de un operativo de represión de Gendarmería nacional el 1 de agosto de 2017.

Miembro de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, Santana fue testigo en ese juicio y declaró haber visto, con binoculares, cómo integrantes de la Gendarmería se llevaban a Maldonado y lo metían en un camión.

“Basta de terroristas disfrazados de mapuches en Argentina. Hoy la Policía Federal detuvo a Matías Santana, líder de la usurpación de Villa Mascardi. Se suma a la extradición de Facundo Jones Huala y a la detención de Gonzalo Fabian Coña. Se les terminó la joda”, posteó más tarde la ministra de Seguridad.

Según informó la Policía Federal en un comunicado, sobre Santana “pesaba una orden de captura vigente librada por el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche sospechado de ser responsable de incendio, atentado a la autoridad y usurpación con fecha octubre de 2022”.

Al momento de la detención, el joven mapuche se encontraba en un automóvil detenido en la vía pública, acompañado de una mujer y dos menores.

“El personal policial se acercó al mismo requiriendo documentación verificando su identidad, tras lo cual consultaron con el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, confirmando que sobre el individuo pesaba una orden de detención solicitada por el Juzgado Federal”, informó la fuerza.

También manifestaron que “frente a testigos se procedió a efectivizar la detención realizada la comunicación con el doctor Alejandro Iwanow, secretario del Juzgado, quien avaló el accionar policial, disponiendo la detención y traslado a la sede policial” y ordenó una “serie de diligencias de rigor legal”.

Desde el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, repudiaron la detención de Santana: “Queremos expresar nuestro profundo repudio a la detención del lamgen Matías Santana del pueblo mapuche efectuada hoy 17 de Febrero en San Carlos de Bariloche, RíoNegro. Este acto de total asedio al pueblo mapuche refleja una vez más la expresión malvada de la violencia racista contra los pueblos preexistentes al Estado Argentino. La cacería contra el pueblo mapuche se agudiza en este gobierno que no deja de demostrar su odio a la gente de la tierra”.

CRM con información de la agencia Télam

La vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel, su Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Claudia Rucci, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (PRO), reinstalaron en apenas tres semanas el relato que señala al pueblo mapuche como enemigo del Estado. Sucesivas declaraciones y gestos de estos funcionarios lograron poner el foco sobre un tema que en los últimos años había salido de la agenda pública nacional.

El denominado “conflicto mapuche” tuvo su cenit en 2017, cuando las sucesivas cargas represivas de las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich provocaron la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel.

Desde entonces, el cambio del signo político nacional y algunos fallos judiciales permitieron bajar los niveles de tensión, de un proceso que incluye reclamos espirituales, territoriales y culturales, y que el poder político de las provincias patagónicas y de la Nación no han logrado abordar integral y políticamente.

El caso más grave de acusación sobre los mapuche llegó desde Chubut, cuando esta semana el gobernador Ignacio Torres señaló a integrantes de ese pueblo de haber sido los responsables del inicio intencional del fuego que afecta al Parque Nacional Los Alerces y ya consumió mil hectáreas.

Torres –hombre del PRO ligado a Patricia Bullrich– se reunió este lunes con el juez federal Guido Otranto para pedirle celeridad en la investigación sobre la supuesta intencionalidad en el inicio del fuego. Fuentes del Gobierno provincial aseguraron que en la conversación no incluyó una acusación a ningún integrante del pueblo mapuche. Sin embargo, en declaraciones radiales el gobernador apuntó específicamente contra la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), de cuyos integrantes dijo “son delincuentes que tienen un negocio inmobiliario. ”El problema no son los pueblos originarios sino estos delincuentes que bajo falsas banderas toman tierras. Lo hacen en Neuquén, lo hacen en Río Negro, lo hacen en Chubut y creo que es momento de ponerle un parate definitivo“. Sin dar precisiones sobre la información con la que contaría para realizar esa acusación, Torres aseguró que ”lo hacen para tomar tierras“.

En realidad la Resistencia Ancestral Mapuche hace ya más de tres años que no se adjudica ninguna acción, y en su actividad nunca provocó un incendio forestal. En lo que denomina “acciones de autodefensa”, la RAM dijo haber sido responsable hasta 2021 del incendio de maquinaria de empresas extractivistas y forestales. El líder de la RAM, el lonko (jefe) Facundo Jones Huala, se encuentra detenido en Chile desde 2018.

Los dichos de Torres provocaron indignación entre referentes del pueblo originario. Mauro Millán, lonko de la comunidad Pillán Mawiza –en el noroeste de la provincia de Chubut–, dijo a elDiarioAR que “lo que está pasando en el país y las provincias cada vez se asemeja más a una dictadura. El incendio ha desatado una andanada de difamación, criminalizando al pueblo mapuche sin pruebas, simplemente con el objeto de desviar la atención sobre un hecho claro: el poder político está otorgando un beneficio extraordinario a multinacionales, como parte del negocio inmobiliario”.

Millán calificó a Torres como “un nuevo personaje que es la fusión del corrupto de (el ex Gobernador, Mario) Das Neves que empobreció la provincia, la Sociedad Rural y el discurso racista, violento y supremacista de Patricia Bullrich”. Para el referente mapuche, el Gobernador “no tiene idea de lo que significa el pueblo mapuche, su vínculo con el territorio que cuidamos permanentemente, su historia en estos territorios antes de la creación del Estado provincial”. Finalmente, Millán planteó que “se sabe de los negocios de Torres con el poder en relación a las tierras”, y adelantó que “se tomarán acciones legales” contra el Gobernador y se realizarán “acciones políticas”.

La situación creada por las declaraciones de Torres en relación al incendio, no fue el único hecho de esta reedición de la creación de un supuesto enemigo interno.

La visita del 6 de enero pasado de Villarruel a San Carlos de Bariloche –donde fue declarada Huésped de Honor por el Intendente Wálter Cortés–, y puntualmente a la Escuela Militar de Montaña del Ejército, sirvió como contexto para la primera referencia del nuevo Gobierno nacional al tema de la disputa de tierras con los mapuche. A través de su cuenta de X, Villarruel señaló que “una de las problemáticas que enfrentan en la Escuela (Militar de Montaña) son las usurpaciones de grupos autodenominados originarios. Los cuales usurpan, lotean y venden terrenos que no les pertenecen y lo han hecho bajo el aval del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Vergonzoso que el mismo Estado se socave a sí mismo”.

La referencia de la funcionaria apunta al conflicto que sostiene el Ejército con la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue por una fracción de tierras de 180 hectáreas ubicadas sobre la ladera oeste del cerro Otto, y a unos 8,5 kilómetros del centro de la ciudad. El relevamiento realizado en el marco de la Ley 26.160 de Emergencia de Comunidades Indígenas, validó la presencia ancestral de la comunidad en el lugar.

A pesar de esa presencia y con posterioridad a la denominada Conquista del Desierto, la zona fue anexada inicialmente a Parques Nacionales y en 1937 al Ejército. Pero la comunidad recuperó el territorio. El último desalojo se produjo en 2020, pero no terminó por consumarse ya que en 2022 una juez federal subrogante de Bariloche avaló la presencia de la comunidad en el lugar. En esa sentencia ordenó al Estado, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a entregar el título de propiedad comunitaria correspondiente.

Sin embargo, el caso sigue pendiente de resolución a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspendió la entrega del título hasta que se resuelva una causa penal iniciada por la falta de apelación en tiempo y forma por parte de los abogados del Estado. 

Fuentes empresariales ligadas al turismo y del Gobierno provincial que participaron de algunas de las reuniones con Villarruel en Bariloche, confirmaron a elDiarioAR que en cada uno de los encuentros la Vicepresidenta mencionó el tema mapuche, específicamente en lo relacionado con la comunidad Lafken Winkul Mapu desalojada el pasado 4 de octubre de 2022 del territorio en Villa Mascardi.

Ese caso también formó parte de la agenda de la Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Claudia Rucci, quien arribó a la ciudad unos pocos días después de la visita de su jefa Villarruel.

Rucci se reunió con “damnificados de la violencia del grupo RAM” (Resistencia Ancestral Mapuche), según informó a través de una gacetilla de prensa. La funcionaria aseguró que “es inconcebible que en los últimos años, quienes usurpaban, incendiaban y agredían con armas a vecinos, guardaparques y fuerzas de seguridad hayan recibido el apoyo explícito de funcionarios de distintos niveles del Estado nacional, provincial y municipal”.

Además, a través de su cuenta de X felicitó al gobernador Torres tras sus dichos sobre la responsabilidad del incendio. “Muy claro el Gobernador @NachoTorresCH!!! Y yo le agrego: .. y que violan permanentemente los derechos humanos de los ciudadanos que habitan las zonas que quieren capturar para ese negocio inmobiliario!!!”, señaló en relación a los mapuches.

Desde Bariloche, Rucci dijo que “los derechos a la vida, la propiedad, la seguridad están consagrados en nuestra Constitución y en tratados internacionales a los que nuestro país adhiere. Esos derechos fueron vulnerados en Villa Mascardi y es nuestra responsabilidad trabajar para que  situaciones similares no vuelvan a repetirse”.

En 2017, en Villa Mascardi, más precisamente en el territorio en disputa entre la comunidad Lafken Winkul Mapu y Parques Nacionales, fue asesinado por la espalda el joven mapuche Rafael Nahuel. El pasado 29 de noviembre, el Tribunal Oral Federal de General Roca condenó a cinco integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina por ese crimen.

SR/DTC

La machi Betiana Colhuan volvió a tocar el kultrun frente al Rewe, el espacio sagrado que la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu perdió el 4 de octubre de 2022, cuando el Estado la desalojó del territorio de Villa Mascardi. El sonido rítmico de este instrumento ancestral de percusión llenó el bosque donde hace seis años y medio fue asesinado el joven Rafael Nahuel.

Este domingo algunas integrantes de esa comunidad se trasladaron a la tierra en disputa con el Estado para realizar un ngellipun, una ceremonia espiritual durante la cual pidieron poder reinstalarse en el territorio que la comunidad había recuperado en 2017 y que sostuvo como propio durante cinco años.

El Rewe es un espacio sagrado, que incluye un área natural y un tótem donde los mapuches realizan ceremonias, de conexión con la naturaleza, la vida y los espíritus que las rigen.

El regreso definitivo al territorio hoy en custodia militarizada del Estado fue el pedido principal que hicieron las integrantes de la comunidad durante la ceremonia.

La irrupción en 2017 de la Lafken Winkul Mapu es un caso emblemático del proceso histórico del pueblo mapuche, entre cuyas reivindicaciones se incluye la recuperación territorial.

En noviembre de ese año la lof -comunidad- se instaló en siete hectáreas en posesión del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Villa Mascardi, argumentando que el lugar había sido señalado por machis -autoridades espirituales- como el sitio donde reconstruir una forma de vida mapuche. Pero las autoridades de Parques Nacionales realizaron una denuncia por usurpación, lo cual derivó en un desalojo parcial el 23 de noviembre de 2017 y en un operativo del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina el 25 del mismo mes, durante el cual Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda.

Desde entonces, la comunidad resistió en el lugar hasta que el trabajo de desalojo iniciado hacía más de seis años por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich -durante el gobierno de Mauricio Macri- lo concluyó el ex ministro Aníbal Fernández. Fue el 4 de octubre de 2022.

Pasaron un año y cuatro meses desde ese día, y este domingo un grupo de mujeres miembros de la comunidad -acompañados por otros mapuches y un puñado de vecinos de Bariloche y militantes-, desafió la militarización de la zona de Villa Mascardi y regresó al Rewe.

“Hoy estamos solo de visita. Nuestro territorio sigue maltratado, está cargado. Nosotros no estamos bien lejos de nuestro espacio sagrado. Venimos para que el Estado, las fuerzas de seguridad, no puedan derribar nuestro Rewe”, dijo al inicio de la jornada la machi Betiana Colhuan, integrante de la comunidad y guía espiritual del grupo.

Desde las 7 de la mañana, la machi encabezó las actividades que incluyeron una ceremonia, un purrún o danza, y un pequeño parlamento -trawun- durante el cual todos los presentes hablaron sobre la importancia del encuentro en el territorio que la comunidad sigue reclamando.

“Pedimos fuerzas para volver, para vivir en este espacio, volver para convivir y cuidar y proteger este territorio que ha sido violentado y pisoteado”, dijo Betiana.

Prácticamente la totalidad de los integrantes de la comunidad se encuentran judicializados, acusados por “usurpación”, en una causa que lleva más de seis años y que durante el próximo mes de marzo llegará a instancia de juicio oral.

El conflicto entre la Lafken Winkul Mapu y el Estado -en los sucesivos gobiernos de Macri y Alberto Fernández- derivó en la constitución de una mesa de diálogo y en la firma de un convenio, suscripto el 1 de junio de 2023, que rubricaron miembros de varias comunidades mapuches, el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalli Corti y otros funcionarios.

Entre los acuerdos arribados se incluye el reconocimiento del Rewe como “sitio sagrado para el pueblo mapuche a fin que la machi Betiana Colhuan pueda ejercer sus tareas espirituales y medicinales”. Incluso planteaba la construcción de tres viviendas en el lugar -una para la machi, otra para sus familiares y colaboradores y una tercera para los pacientes-, a partir de un permiso otorgado por Parques Nacionales. Establecía además la “reubicación” del resto de la comunidad en otras tierras del Estado, y la presentación ante la Justicia de un acuerdo de conciliación que cerraba el proceso de judicialización contra cuatro mujeres de la comunidad, iniciado durante el desalojo del 4 de octubre de 2022 y que las mantuvo con prisión domiciliaria durante siete meses.

Este último punto del convenio fue el único que se ejecutó, y las mujeres recuperaron la libertad.

Sin embargo, Gustavo Franquet integrante de la Gremial de Abogados y representante legal de la comunidad dijo a elDiarioAr que “el Estado no cumplió en nada con el acuerdo”. Se quejó principalmente de la negativa a la devolución del Rewe a la comunidad y la falta de “reconocimiento como lugar sagrado”, además de la ausencia de una propuesta concreta de territorio para la “reubicación” comunitaria. Franquet participó de la actividad ceremonial de este domingo.

La homologación judicial del acuerdo que otorgó a través de una resolución la Jueza Federal Silvina Domínguez, permitía que se detenga la causa penal por usurpación iniciada por Parques Nacionales. Sin embargo, esa decisión fue apelada por el fiscal Rafael Vehils Ruiz y ahora será la Cámara Federal de Casación la que deberá abocarse a resolver si confirma la homologación o hace caer el acuerdo.

Hasta que eso ocurra, la manda judicial ordena a Parques Nacionales permitir a la comunidad mantener y “sanar” el Rewe. En la práctica, la presencia policial y de fuerzas de seguridad federales entorpeció siempre ese vínculo.

Durante el parlamento realizado este domingo en el territorio de Villa Mascardi, otra de las integrantes de la comunidad, Luciana Jaramillo, dijo que “la fuerza mapuche es inmensa” y que “no podemos ser mapuches sin territorio”.

Por su parte, el lonko -autoridad política de una comunidad- de la lof Pillán Mahuiza, en el noroeste de Chubut, Mauro Millán, planteó que “nos han hecho creer que hay una sola forma de vivir”, pero “nos levantamos como pueblo” porque “nuestros valores son muy antagónicos a los de este sistema”.

Aseguró que “cuando el pueblo mapuche lucha toda la sociedad se beneficia”, y recordó en ese sentido la movilización contra la instalación de empresas mineras en la ciudad de Esquel.

SR

Comunidades del Pueblo Mapuche se movilizaron hoy a Viedma en rechazo a la actualización de la Ley de Tierras que propuso el bloque de legisladores del partido oficial Juntos Somos Río Negro (JSRN), para que sea aprobada en la octava sesión anual de mañana por la Legislatura de esa provincia.

JSRN consiguió en la última sesión, a mediados de noviembre, el acompañamiento de los bloques del Frente Renovador y Frente Grande, y el rechazo del Frente de Todos, Unidad Ciudadana y Kolina, para sancionar las modificaciones a la ley de tierras rionegrinas.

En ese sentido, el vocero de las comunidades mapuches rionegrinas, Orlando Carriqueo, dijo hoy a Télam que reclaman por el “tratamiento inconsulto de la ley de tierras y de los tres proyectos mineros extractivos que están ligados exclusivamente al acceso de la tierra”.

Para el vocero, las modificaciones a la ley son una “apertura hacia el negocio inmobiliario, la mercantilización de la tierra, hacia la extractiva minera, la petrolera, el turismo y las nuevas energías”.

Asimismo, aclaró que en Río Negro “son 180 comunidades que están dentro de los territorios que la provincia dice que son fiscales, pero para nosotros son de ocupación tradicional y pública, con lo cual hay una colisión de derechos que no quiere garantizar el Estado”.

En el marco del debate legislativo, el miembro informante Lucas Pica había dicho que la ley N° 279 de Tierras Fiscales fue sancionada hace 62 años y estableció el marco legal para el logro de los objetivos de esa época. “La necesidad de desarrollo actual requiere nuevas soluciones normativas”, remarcó.

“Aquel legislador de 1961 no podía contemplar desarrollos productivos que motorizan nuestra economía como, por ejemplo, emprendimientos turísticos, mineros, e incluso, proyectos de conservación de fauna y flora autóctona, que no tienen recepción normativa”, apuntó el legislador.

En esa línea, dijo que la norma requiere de una actualización, pero que “la mirada conceptual e ideológica de la ley, sigue siendo la de los constitucionalistas de 1957, quienes establecieron que la tierra debe ser para quien la trabaja”.

El proyecto propone como organismo de aplicación a la Dirección de Tierras de la provincia, “a la que se le va a dar mucha potencia y poder de policía articulada con los organismos que tienen competencias específicas sobre Áreas Naturales Protegidas y Bosques”, aclaró Pica.

Asimismo, aseguró que la iniciativa incluye “un artículo de autoexclusión normativa, es decir, que no podrá legislar sobre algunas cuestiones, como por ejemplo lo atinente a las comunidades originarias, que se seguirán rigiendo por la ley Integral del Indígena 2.287”.

A su vez, el presidente de la bancada, Facundo López, aseguró en ese momento que “no va a haber ninguna entrega de tierras fiscales en aquellas que haya algún reclamo de estas comunidades porque antes de eso, se aplica la ley 2.287, lo que establece la Constitución y las convenciones internacionales, que desde 1.994 tienen para nosotros raigambre constitucional”.

A su vez, defendió la propuesta y la calificó como “innovadora y transparente”, y resaltó que se adecúa a la realidad actual, que busca darle mayor protección y cuidado al medioambiente, y acotar el margen de discrecionalidad.

“Nosotros expresamos nuestro rechazo administrativamente, lo haremos judicialmente y lo hacemos público acá porque creemos que es un acto democrático poder expresarnos”, afirmó Carriqueo desde Viedma, donde varias comunidades llegaron en combis y colectivos provenientes de la Zona Andina, Zona Sur, Mamuel Choique, Laguna Blanca, Jacobacci, Colanconué, Fiske Menuco, Río Colorado y Catriel.

En ese marco, además, dijo que la participación al Pueblo Mapuche está cerrada y precisó que “el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), habla de que las comunidades tienen el derecho a la consulta en cualquier ley que las pueda afectar”.

MM

Con información de Agencia Télam

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, comenzó una huelga de hambre seca en la cárcel de Esquel donde está detenido para protestar por su orden de extradición a Chile. “Es en reclamo a nuestros derechos políticos y territoriales como pueblo nación mapuche, su no extradición a ngulumapu (Chile) y su libertad inmediata, teniendo e cuenta que se ajustó a derecho según la ley del Estado argentino y se encuentra a solo ocho meses del cumplimiento de su condena impuesta por el Estado chileno”, detallaron desde el Movimiento Mapuche Autónomo de Puelmapu.

Desde la entidad, se destacó el esfuerzo de Jones Huala, a quien consideran un “preso político”. “Por años ha sido perseguido, pero ha transado ni claudicado; desde muy joven se ha entregado a esta digna y justa causa”, señalaron.

Y agregaron: “Se hace un llamado a libertad de acción al conjunto de nuestro pueblo que posee conciencia ancestral revolucionaria. Todos los métodos de lucha son válidos”.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia había confirmado la extradición del referente mapuche a Chile para que termine que cumplir allí la pena determinada por un tribunal de la ciudad de Valdivia. Jones Huala había sido condenado en el país vecino el 21 de diciembre por los delitos de incendio y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal.

El Máximo Tribunal argentino ya había confirmado la extradición el 23 de agosto de 2018, pero nunca se concretó. Cuatro años más tarde, el 21 de enero de 2022, le concedieron la libertad condicional. Dicha decisión fue revocada a los pocos días, pero para entonces Jones Huala se había declarado en rebeldía. Se libró entonces una orden de detención y, recién un año más tarde, se lo logró detener nuevamente en El Bolsón, Río Negro.

ACM con información de agencias.

La Corte Suprema de Justicia confirmó, este martes, la extradición a Chile del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, para que cumpla con la pena que le impuso un tribunal penal de la ciudad de Valdivia. En 2018, el referente indígena fue condenado por delitos de incendio y tenencia ilegal de un arma de fuego de fabricación artesanal.

Dos años más tarde, el 21 de enero de 2022, fue beneficiado con libertad condicional. Sin embargo, el 15 de febrero de ese mismo año, tal decisión fue revocada, pero, para entonces, Jones Huala estaba prófugo. Recién un año más tarde se lo logró detener en El Bolsón, Río Negro, el 30 de enero de 2023.

Tras ser capturado, el magistrado a cargo del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche declaró procedente la extradición del líder mapuche, resolución que fue apelada por la defensa. Los abogados de Jones Huala cuestionaron la decisión del juez sobre la base de una serie de pruebas que no habían sido tenidas en cuenta en la causa.

Pese al reclamo de la defensa, la Procuración General de la Nación dictaminó a favor de la sentencia, lo cual fue ratificado ahora por el Máximo Tribunal. Según la Corte, “las críticas introducidas por el recurrente para privar de validez a lo resuelto en la instancia interior no resultan idóneas como para obtener ese resultado. Así pues, y más allá de las respuestas que ha ensayado el juez a quo para no admitir las fuentes de prueba propuestas y para rechazar el planteo de nulidad introducido al inicio del debate, lo que le cabía a la parte recurrente era demostrar (...) cuá fue el perjuicio concreto que la privación de esas pruebas le produjo”, lo que no ocurrió.

ACM con información de agencias.

Finalizó hoy el 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de Bariloche que tuvo como ejes centrales el avance de la ultraderecha en el país y los conflictos territoriales mapuches en Río Negro que afectan a mujeres y diversidades. Con la Cordillera de Los Andes y el Lago Nahuel Huapi como escenario natural, durante tres días se desarrolló el histórico encuentro que reunió a más de 100.000 personas de todo el país.

Este año, el evento estuvo fuertemente atravesado por el panorama electoral y los riesgos que implicaría una victoria del candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei. Fue un tema transversal, que estuvo presente en diversas actividades. No solo en el documento leído en el acto de apertura que se hizo en el Velódromo Municipal -en el que se afirmó: “Les decimos a las derechas más peligrosas que quieren gobernar que no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás”-, sino también en asambleas y actividades complementarias. “Como movimiento feminista estamos ante dos escenarios: uno es el de una disputa por los derechos posible, el otro es de resistencia”, reflexionó una de las oradoras en las asambleas.

La preocupación estuvo presente también en los talleres que se realizaron sábado y domingo. Uno de lo más concurridos fue el de “Antifacismo”, un espacio nuevo que se implementó este año por la coyuntura política. Por la gran convocatoria se dividió en cinco comisiones en las que se debatió sobre el origen de estas expresiones y las estrategias para contrarrestarlas: disputas en el territorio, en las redes sociales y también en el Congreso con proyectos de ley. Si bien Milei personifica el avance contra los derechos de las mujeres y diversidades, el feminismo entiende que se trata de una avanzada que excede la cuestión electoral inmediata.

El otro gran eje transversal del Encuentro fue el de las mujeres y diversidades mapuches de Río Negro que mantienen conflictos por sus tierras. En una provincia donde fueron asesinados los jóvenes mapuches Rafael Nahuel y Elias Garay por los conflictos territoriales, las originarias tomaron la palabra. “Ni las balas, ni la cárcel ni la muerte van a detener nuestra lucha”, afirmó la machi Betiana Colhuan Nahuel. Según informó la Comisión Organizadora, existen 167 comunidades en disputa por sus tierras ancestrales y, en varias de ellas, son las mujeres las que encabezan la resistencia. “Estamos acá por eso, por la lucha por la defensa de los territorios, por el agua, por los ríos, por las montañas para que no sean contaminados más de lo que están. Nos plantamos contra las petroleras y contra las mineras. Somos guerreras, hemos resistido tanto genocidio y estamos vivas. Acá vamos a seguir”, agregó la guía espiritual mapuche.

La elección de Bariloche como sede del Encuentro se dio como respuesta política al desalojo y represión a la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, en octubre de 2022. Allí fueron detenidas 7 mujeres (algunas con sus hijos) y trasladadas a Ezeiza. Un hecho que motivó la renuncia de la entonces ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Después de varios meses detenidas en prisión domiciliaria, todas fueron liberadas. Sin embargo, meses después fue encarcelada Yéssica Boneffoi por lesiones leves y resistencia a la autoridad en un operativo de desalojo a la misma comunidad en 2017. La joven continúa con prisión domiciliaria. “Nos roban la tierra, nos roban el agua. Nos han sacado todo, hasta el miedo nos han sacado, por eso vamos a seguir luchando”, afirmaron las referentas mapuches.

Una de las actividades con mayor participación fue la Asamblea Feminista del Abya Yala que se hizo el domingo en los alrededores del Centro Cívico. Duró más de cinco horas y expusieron cerca de 50 personas. Además de los problemas con las tierras, se debatió sobre el resto de las violencias que sufren mujeres y disidencias indígenas como el racismo, la discriminación y los abusos, incluso, dentro de las propias comunidades. “No queremos ser un objeto, que nos romanticen o nos folcloricen. Queremos que nuestras palabras, cuerpos y presencias tengan sentido”, expresó Melisa Cabrapan Duarte, de la Confederación Mapuche de Neuquén.

Como cada año, el domingo se realizó la marcha de cierre que convocó a alrededor de 70 mil personas que bajaron desde el Alto, la zona más pobre y marginal de Bariloche, hasta el Velódromo, a orillas del lago. Las pendientes dejaron ver la masividad de la movilización con columnas de organizaciones feministas, sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos que se extendieron por más de veinte cuadras. Durante ese recorrido a lo largo de la calle Beschtedt, vecinos y vecinas se asomaban para saludar a la marea feminista. En una de esas casas, dos hombres con lágrimas sostenían una bandera con la foto de un joven. Eran los familiares de Diego Bonefoi, un joven víctima de gatillo fácil asesinado por la policía en el año 2010, que se emocionaron cuando las manifestantes recordaron al joven con cánticos.

También fue relevante la Marcha contra los Transfemcidios y Travesticidios que se hizo el sábado por la tarde. Allí no solo se pidió justicia por los crímenes de odio por la identidad sexual sino que también se reclamó una ley de reparación histórica para las personas trans mayores de 40 años, que son consideradas sobrevivientes al promedio de vida de ese colectivo.

En el cierre se definió que la sede para el 2024 será Jujuy. La provincia norteña, que competía con la ciudad de Buenos Aires y La Pampa, fue elegida mediante un “aplausómetro” en el acto final. La propuesta fue impulsada por organizaciones feministas y por el Malón de la Paz, que resiste a la nueva Constitución Provincial impulsada por el gobernador Gerardo Morales. Las comunidades originarias de la Quebrada realizan un acampe frente a la Corte Suprema en la Ciudad de Buenos Aires desde el 1 de Agosto y una permanencia en las afueras del Congreso para pedir la intervención de la provincia ante el incumplimiento de las leyes internacionales y la propia Constitución Nacional que exige la consulta abierta a los pueblos indígenas cuando se trata de recursos naturales. Antes de llegar a la Capital Federal las comunidades realizaron cortes de rutas en Jujuy y sufrieron la represión de la policía provincial, con varios heridos, detenidos y tres personas perdieron un ojo.

La referente del Tercer Malón de la Paz Aurora Choque, que salió de su casa en junio y permaneció en los cortes hasta que viajó a Buenos Aires para acampar, indicó: “Luchamos contra la reforma que pretende quitarnos el agua, robarnos nuestros cerros y nuestros recursos naturales”. Durante la lectura de los argumentos se mencionó también a Milagro Sala, referenta de la Tupac Amaru, presa desde hace 8 años cuando el gobernador Morales llegó a la gobernación. “La pulseada por nuestras libertades son constantes. Seguimos enfrentando infames causas penales y contravencionales que pretenden frenarnos y desarticular el movimiento popular como lo hacen Milagro Sala”, leyeron desde el escenario.

Tras la designación hubo festejos en el Velódromo Municipal. “Sufrimos como una dictadura, una violación de derechos”, indicó Aldana, una de las jóvenes jujeñas  tras conocerse la noticia. “Padecemos causas armadas, contravenciones, persecuciones y hostigamiento”. 

CDB / MF