La vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel, su Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Claudia Rucci, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (PRO), reinstalaron en apenas tres semanas el relato que señala al pueblo mapuche como enemigo del Estado. Sucesivas declaraciones y gestos de estos funcionarios lograron poner el foco sobre un tema que en los últimos años había salido de la agenda pública nacional.

El denominado “conflicto mapuche” tuvo su cenit en 2017, cuando las sucesivas cargas represivas de las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich provocaron la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel.

Desde entonces, el cambio del signo político nacional y algunos fallos judiciales permitieron bajar los niveles de tensión, de un proceso que incluye reclamos espirituales, territoriales y culturales, y que el poder político de las provincias patagónicas y de la Nación no han logrado abordar integral y políticamente.

El caso más grave de acusación sobre los mapuche llegó desde Chubut, cuando esta semana el gobernador Ignacio Torres señaló a integrantes de ese pueblo de haber sido los responsables del inicio intencional del fuego que afecta al Parque Nacional Los Alerces y ya consumió mil hectáreas.

Torres –hombre del PRO ligado a Patricia Bullrich– se reunió este lunes con el juez federal Guido Otranto para pedirle celeridad en la investigación sobre la supuesta intencionalidad en el inicio del fuego. Fuentes del Gobierno provincial aseguraron que en la conversación no incluyó una acusación a ningún integrante del pueblo mapuche. Sin embargo, en declaraciones radiales el gobernador apuntó específicamente contra la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), de cuyos integrantes dijo “son delincuentes que tienen un negocio inmobiliario. ”El problema no son los pueblos originarios sino estos delincuentes que bajo falsas banderas toman tierras. Lo hacen en Neuquén, lo hacen en Río Negro, lo hacen en Chubut y creo que es momento de ponerle un parate definitivo“. Sin dar precisiones sobre la información con la que contaría para realizar esa acusación, Torres aseguró que ”lo hacen para tomar tierras“.

En realidad la Resistencia Ancestral Mapuche hace ya más de tres años que no se adjudica ninguna acción, y en su actividad nunca provocó un incendio forestal. En lo que denomina “acciones de autodefensa”, la RAM dijo haber sido responsable hasta 2021 del incendio de maquinaria de empresas extractivistas y forestales. El líder de la RAM, el lonko (jefe) Facundo Jones Huala, se encuentra detenido en Chile desde 2018.

Los dichos de Torres provocaron indignación entre referentes del pueblo originario. Mauro Millán, lonko de la comunidad Pillán Mawiza –en el noroeste de la provincia de Chubut–, dijo a elDiarioAR que “lo que está pasando en el país y las provincias cada vez se asemeja más a una dictadura. El incendio ha desatado una andanada de difamación, criminalizando al pueblo mapuche sin pruebas, simplemente con el objeto de desviar la atención sobre un hecho claro: el poder político está otorgando un beneficio extraordinario a multinacionales, como parte del negocio inmobiliario”.

Millán calificó a Torres como “un nuevo personaje que es la fusión del corrupto de (el ex Gobernador, Mario) Das Neves que empobreció la provincia, la Sociedad Rural y el discurso racista, violento y supremacista de Patricia Bullrich”. Para el referente mapuche, el Gobernador “no tiene idea de lo que significa el pueblo mapuche, su vínculo con el territorio que cuidamos permanentemente, su historia en estos territorios antes de la creación del Estado provincial”. Finalmente, Millán planteó que “se sabe de los negocios de Torres con el poder en relación a las tierras”, y adelantó que “se tomarán acciones legales” contra el Gobernador y se realizarán “acciones políticas”.

La situación creada por las declaraciones de Torres en relación al incendio, no fue el único hecho de esta reedición de la creación de un supuesto enemigo interno.

La visita del 6 de enero pasado de Villarruel a San Carlos de Bariloche –donde fue declarada Huésped de Honor por el Intendente Wálter Cortés–, y puntualmente a la Escuela Militar de Montaña del Ejército, sirvió como contexto para la primera referencia del nuevo Gobierno nacional al tema de la disputa de tierras con los mapuche. A través de su cuenta de X, Villarruel señaló que “una de las problemáticas que enfrentan en la Escuela (Militar de Montaña) son las usurpaciones de grupos autodenominados originarios. Los cuales usurpan, lotean y venden terrenos que no les pertenecen y lo han hecho bajo el aval del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Vergonzoso que el mismo Estado se socave a sí mismo”.

La referencia de la funcionaria apunta al conflicto que sostiene el Ejército con la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue por una fracción de tierras de 180 hectáreas ubicadas sobre la ladera oeste del cerro Otto, y a unos 8,5 kilómetros del centro de la ciudad. El relevamiento realizado en el marco de la Ley 26.160 de Emergencia de Comunidades Indígenas, validó la presencia ancestral de la comunidad en el lugar.

A pesar de esa presencia y con posterioridad a la denominada Conquista del Desierto, la zona fue anexada inicialmente a Parques Nacionales y en 1937 al Ejército. Pero la comunidad recuperó el territorio. El último desalojo se produjo en 2020, pero no terminó por consumarse ya que en 2022 una juez federal subrogante de Bariloche avaló la presencia de la comunidad en el lugar. En esa sentencia ordenó al Estado, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a entregar el título de propiedad comunitaria correspondiente.

Sin embargo, el caso sigue pendiente de resolución a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspendió la entrega del título hasta que se resuelva una causa penal iniciada por la falta de apelación en tiempo y forma por parte de los abogados del Estado. 

Fuentes empresariales ligadas al turismo y del Gobierno provincial que participaron de algunas de las reuniones con Villarruel en Bariloche, confirmaron a elDiarioAR que en cada uno de los encuentros la Vicepresidenta mencionó el tema mapuche, específicamente en lo relacionado con la comunidad Lafken Winkul Mapu desalojada el pasado 4 de octubre de 2022 del territorio en Villa Mascardi.

Ese caso también formó parte de la agenda de la Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Claudia Rucci, quien arribó a la ciudad unos pocos días después de la visita de su jefa Villarruel.

Rucci se reunió con “damnificados de la violencia del grupo RAM” (Resistencia Ancestral Mapuche), según informó a través de una gacetilla de prensa. La funcionaria aseguró que “es inconcebible que en los últimos años, quienes usurpaban, incendiaban y agredían con armas a vecinos, guardaparques y fuerzas de seguridad hayan recibido el apoyo explícito de funcionarios de distintos niveles del Estado nacional, provincial y municipal”.

Además, a través de su cuenta de X felicitó al gobernador Torres tras sus dichos sobre la responsabilidad del incendio. “Muy claro el Gobernador @NachoTorresCH!!! Y yo le agrego: .. y que violan permanentemente los derechos humanos de los ciudadanos que habitan las zonas que quieren capturar para ese negocio inmobiliario!!!”, señaló en relación a los mapuches.

Desde Bariloche, Rucci dijo que “los derechos a la vida, la propiedad, la seguridad están consagrados en nuestra Constitución y en tratados internacionales a los que nuestro país adhiere. Esos derechos fueron vulnerados en Villa Mascardi y es nuestra responsabilidad trabajar para que  situaciones similares no vuelvan a repetirse”.

En 2017, en Villa Mascardi, más precisamente en el territorio en disputa entre la comunidad Lafken Winkul Mapu y Parques Nacionales, fue asesinado por la espalda el joven mapuche Rafael Nahuel. El pasado 29 de noviembre, el Tribunal Oral Federal de General Roca condenó a cinco integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina por ese crimen.

SR/DTC

Finalizó hoy el 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de Bariloche que tuvo como ejes centrales el avance de la ultraderecha en el país y los conflictos territoriales mapuches en Río Negro que afectan a mujeres y diversidades. Con la Cordillera de Los Andes y el Lago Nahuel Huapi como escenario natural, durante tres días se desarrolló el histórico encuentro que reunió a más de 100.000 personas de todo el país.

Este año, el evento estuvo fuertemente atravesado por el panorama electoral y los riesgos que implicaría una victoria del candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei. Fue un tema transversal, que estuvo presente en diversas actividades. No solo en el documento leído en el acto de apertura que se hizo en el Velódromo Municipal -en el que se afirmó: “Les decimos a las derechas más peligrosas que quieren gobernar que no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás”-, sino también en asambleas y actividades complementarias. “Como movimiento feminista estamos ante dos escenarios: uno es el de una disputa por los derechos posible, el otro es de resistencia”, reflexionó una de las oradoras en las asambleas.

La preocupación estuvo presente también en los talleres que se realizaron sábado y domingo. Uno de lo más concurridos fue el de “Antifacismo”, un espacio nuevo que se implementó este año por la coyuntura política. Por la gran convocatoria se dividió en cinco comisiones en las que se debatió sobre el origen de estas expresiones y las estrategias para contrarrestarlas: disputas en el territorio, en las redes sociales y también en el Congreso con proyectos de ley. Si bien Milei personifica el avance contra los derechos de las mujeres y diversidades, el feminismo entiende que se trata de una avanzada que excede la cuestión electoral inmediata.

El otro gran eje transversal del Encuentro fue el de las mujeres y diversidades mapuches de Río Negro que mantienen conflictos por sus tierras. En una provincia donde fueron asesinados los jóvenes mapuches Rafael Nahuel y Elias Garay por los conflictos territoriales, las originarias tomaron la palabra. “Ni las balas, ni la cárcel ni la muerte van a detener nuestra lucha”, afirmó la machi Betiana Colhuan Nahuel. Según informó la Comisión Organizadora, existen 167 comunidades en disputa por sus tierras ancestrales y, en varias de ellas, son las mujeres las que encabezan la resistencia. “Estamos acá por eso, por la lucha por la defensa de los territorios, por el agua, por los ríos, por las montañas para que no sean contaminados más de lo que están. Nos plantamos contra las petroleras y contra las mineras. Somos guerreras, hemos resistido tanto genocidio y estamos vivas. Acá vamos a seguir”, agregó la guía espiritual mapuche.

La elección de Bariloche como sede del Encuentro se dio como respuesta política al desalojo y represión a la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, en octubre de 2022. Allí fueron detenidas 7 mujeres (algunas con sus hijos) y trasladadas a Ezeiza. Un hecho que motivó la renuncia de la entonces ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Después de varios meses detenidas en prisión domiciliaria, todas fueron liberadas. Sin embargo, meses después fue encarcelada Yéssica Boneffoi por lesiones leves y resistencia a la autoridad en un operativo de desalojo a la misma comunidad en 2017. La joven continúa con prisión domiciliaria. “Nos roban la tierra, nos roban el agua. Nos han sacado todo, hasta el miedo nos han sacado, por eso vamos a seguir luchando”, afirmaron las referentas mapuches.

Una de las actividades con mayor participación fue la Asamblea Feminista del Abya Yala que se hizo el domingo en los alrededores del Centro Cívico. Duró más de cinco horas y expusieron cerca de 50 personas. Además de los problemas con las tierras, se debatió sobre el resto de las violencias que sufren mujeres y disidencias indígenas como el racismo, la discriminación y los abusos, incluso, dentro de las propias comunidades. “No queremos ser un objeto, que nos romanticen o nos folcloricen. Queremos que nuestras palabras, cuerpos y presencias tengan sentido”, expresó Melisa Cabrapan Duarte, de la Confederación Mapuche de Neuquén.

Como cada año, el domingo se realizó la marcha de cierre que convocó a alrededor de 70 mil personas que bajaron desde el Alto, la zona más pobre y marginal de Bariloche, hasta el Velódromo, a orillas del lago. Las pendientes dejaron ver la masividad de la movilización con columnas de organizaciones feministas, sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos que se extendieron por más de veinte cuadras. Durante ese recorrido a lo largo de la calle Beschtedt, vecinos y vecinas se asomaban para saludar a la marea feminista. En una de esas casas, dos hombres con lágrimas sostenían una bandera con la foto de un joven. Eran los familiares de Diego Bonefoi, un joven víctima de gatillo fácil asesinado por la policía en el año 2010, que se emocionaron cuando las manifestantes recordaron al joven con cánticos.

También fue relevante la Marcha contra los Transfemcidios y Travesticidios que se hizo el sábado por la tarde. Allí no solo se pidió justicia por los crímenes de odio por la identidad sexual sino que también se reclamó una ley de reparación histórica para las personas trans mayores de 40 años, que son consideradas sobrevivientes al promedio de vida de ese colectivo.

En el cierre se definió que la sede para el 2024 será Jujuy. La provincia norteña, que competía con la ciudad de Buenos Aires y La Pampa, fue elegida mediante un “aplausómetro” en el acto final. La propuesta fue impulsada por organizaciones feministas y por el Malón de la Paz, que resiste a la nueva Constitución Provincial impulsada por el gobernador Gerardo Morales. Las comunidades originarias de la Quebrada realizan un acampe frente a la Corte Suprema en la Ciudad de Buenos Aires desde el 1 de Agosto y una permanencia en las afueras del Congreso para pedir la intervención de la provincia ante el incumplimiento de las leyes internacionales y la propia Constitución Nacional que exige la consulta abierta a los pueblos indígenas cuando se trata de recursos naturales. Antes de llegar a la Capital Federal las comunidades realizaron cortes de rutas en Jujuy y sufrieron la represión de la policía provincial, con varios heridos, detenidos y tres personas perdieron un ojo.

La referente del Tercer Malón de la Paz Aurora Choque, que salió de su casa en junio y permaneció en los cortes hasta que viajó a Buenos Aires para acampar, indicó: “Luchamos contra la reforma que pretende quitarnos el agua, robarnos nuestros cerros y nuestros recursos naturales”. Durante la lectura de los argumentos se mencionó también a Milagro Sala, referenta de la Tupac Amaru, presa desde hace 8 años cuando el gobernador Morales llegó a la gobernación. “La pulseada por nuestras libertades son constantes. Seguimos enfrentando infames causas penales y contravencionales que pretenden frenarnos y desarticular el movimiento popular como lo hacen Milagro Sala”, leyeron desde el escenario.

Tras la designación hubo festejos en el Velódromo Municipal. “Sufrimos como una dictadura, una violación de derechos”, indicó Aldana, una de las jóvenes jujeñas  tras conocerse la noticia. “Padecemos causas armadas, contravenciones, persecuciones y hostigamiento”. 

CDB / MF

Luego que la jueza federal Silvina Domínguez rechazara los pedidos de excarcelación, cuatro de las siete mujeres detenidas por el operativo de desalojo del Comando Conjunto de las fuerzas de seguridad fueron provistas con prisión domiciliaria por su condición de madres. Por otro lado, las restantes tres mujeres permanecen detenidas.

Las tres mujeres que siguen en la sede regional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) son Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera: en un primer momento, habían sido llevadas en avión a Buenos Aires para ser encarceladas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, pero ayer por la tarde fueron trasladadas de regreso a Bariloche, por decisión de la jueza.

Aquellas que recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria son Martha Luciana Jaramillo, Betiana Collhuan, Celeste Guenumil y Romina Rosas. En el caso de Rosas, está cursando un embarazo de 40 semanas. Luego de concedérseles la prisión domiciliaria, las cuatro fueron llevadas en un operativo que se prolongó desde las 3 hasta las 5 de la mañana de este domingo hasta un domicilio particular del barrio Lomas de Villaverde, en el oeste de Bariloche.

Los abogados defensores de las siete mujeres, entre otros reclamos procesales, cuestionaron la situación particular de Jaramillo, quien pese a ser madre de dos niños fue llevada a Ezeiza para ser alojada en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal (SPF) ubicado a 1600 kilómetros de su lugar de residencia. “Su situación era conocida desde el primer momento”, advirtió a Télam el abogado Ezequiel Palavecino, quien integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y señaló las “contradicciones” de la jueza por haber decidido en un primer lugar el traslado de Jaramillo a Ezeiza.

En ese sentido, Palavecino indicó que “lo que viene haciendo la jueza (Silvina Domínguez) nos genera toda esta situación de indefensión para ellas, porque es imprevisible lo que va a hacer”. El letrado mencionó también como una segunda “contradicción” de la magistrada que “dictamine el traslado hacia Bariloche de las cuatro mujeres detenidas en Buenos Aires y que, al mismo tiempo, decida otorgar la prisión domiciliaria” en un mismo día.

Ayer por la noche, Andrea Despo, quien había sido llevada a Ezeiza, grabó un video desde la unidad de la PSA de Bariloche. En el mensaje, expresó que “parte de nuestro reclamo de volver a Bariloche se cumplió”, y le exigió a la Justicia que le devuelva la libertad “porque es nuestro derecho”. En esa misma línea, manifestó: “Los procedimientos legales se pueden hacer con nosotras en libertad”.

Además, el defensor Palavecino señaló que “la jueza rechazó todos los pedidos” de excarcelación, y planteó que la magistrada tendrá que explicar “cuál es la urgencia de que se obstruya el proceso judicial” para validar las detenciones. En el traslado hacia Buenos Aires, el abogado denunció “vejaciones” hacia las mujeres porque fueron “revisadas estando desnudas cuatro veces mientras estaban con custodia”.

Por otra parte, dijo que en el caso de Romina Rosas, la mujer embarazada, “le denuncié a la jueza al momento de la indagatoria que estaba en una habitación de tres por dos y que a un metro y medio tenía dos oficiales de la PSA que todo el tiempo la estaban grabando con una cámara, sin intimidad”.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo que las autoridades están garantizando que se cumpla la ley de Parto Respetado en este caso. La cartera de Estado informó que “tomó conocimiento de un posible incumplimiento de la Ley 25.929 de Parto Respetado que involucra a una mujer de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu que cursaba un embarazo con fecha cercana de parto y fue detenida, siendo consecuencia de eso su traslado al hospital de Bariloche”.

“En efecto se trata de una gestante cursando la semana 39 que fue internada por razones de salud sin ningún signo de riesgo clínico ni de inicio de trabajo de parto”, añadió en un comunicado. “En atención a lo expuesto, el Equipo de referencia para la implementación de la ley de parto respetado tomó comunicación con integrantes de la comunidad mapuche para que se garantice una atención de la salud perinatal con pertinencia cultural”, explicó.

Y dijo que “en este sentido se solicitó al hospital que se respete el derecho a estar acompañada previsto en el artículo 2 de la Ley 25.929, petición que a su vez ya había sido presentada por las autoridades del hospital al juzgado interviniente, y que redundó en el efectivo ingreso de su püñeñelchefe, partera empírica y una autorización para permanecer acompañada”.

El ministerio que conduce Carla Vizotti reseñó que “desde entonces, el mencionado equipo técnico mantiene comunicación permanente con su par rionegrino y con la comunidad mapuche monitoreando la situación y el estado de la persona para que se dé pleno cumplimiento de la Ley N° 25.929 de Parto Respetado”.

Palavecino señaló que el viernes pasado desde la defensa presentaron una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “violación a los derechos humanos”, la cual ya fue consignada bajo el número MC-773-22.

Refiriéndose a la causa, el abogado se quejó: “Todavía desconozco lo que dice el expediente porque continúa con secreto de sumario”, y agregó que “objetivamente no existe ninguna prueba que vincule (a sus defendidas) a los hechos de la indagatoria”.

El martes pasado, las fuerzas federales y provinciales organizadas en un comando unificado desalojaron varios predios en las inmediaciones de la ruta 40, en la localidad rionegrina de Villa Mascardi, en un procedimiento que culminó con la detención de siete mujeres del asentamiento mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.

LC con información de agencia Télam

Aníbal Fernández usó su cuenta de Twitter para expresar su respaldo al operativo del Comando Conjunto de las fuerzas de seguridad. “Leo con estupor que se quiere comparar la acción de las fuerzas en Villa Mascardi con la cacería humana que realizó en el pasado el gobierno de Cambiemos”, expresó el funcionario, buscando marcar diferencias con hechos como el de Santiago Maldonado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Sin dar nombres, el ministro de Seguridad planteó hoy domingo que el Gobierno “no se vale de espías ni de operadores judiciales para consensuar con los tribunales”, respondiéndole a las críticas por el operativo de desalojo de Villa Mascardi, en donde fueron detenidas siete integrantes de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu. “No se instruye a realizar actos violentos y, si se les encomienda hacer uso racional de la fuerza, ello es así, tomando en consideración que el primer derecho humano fundamental es la vida”, aclaró.

“Quienes consideran que el cumplimiento de la ley y de las órdenes judiciales es un menú a la carta, no entienden lo que es vivir en un sistema republicano”, remarcó el titular de la cartera de Seguridad al final de su mensaje.

El martes pasado, fuerzas federales unificadas y con la participación de la Policía rionegrina detuvieron a siete mujeres en las inmediaciones de la ruta 40, en el marco de un desalojo de grupos autodenominados mapuches, lo cual generó una nueva interna en el Frente de Todos.

El hecho dio lugar a la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta a su cargo de ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, quien fuera abogada de Facundo Jones Huala. Fue por cuestionamientos a las detenciones de mujeres y niños durante el operativo, ya que cuatro de las detenidas fueron encarceladas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza. Ayer sábado, fueron trasladadas nuevamente a la ciudad de Bariloche, según dispuso la jueza Silvina Domínguez.

LC con información de agencias

“La jueza federal de Bariloche acaba de indicar que las cuatro mujeres mapuches alojadas en Ezeiza, sean trasladadas nuevamente a Bariloche”, publicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en Twitter este sábado al mediodía, y solicitó que el traslado de las mujeres detenidas sea “respetuoso de los derechos humanos”.

El CELS indicó que “después de 3 días, ahora resulta que el mejor lugar es ese, del que nunca deberían haber sido sacadas” y sentenció que “es urgente que las autoridades aseguren un traslado que esta vez sea respetuoso de los derechos humanos. Esto, teniendo en cuenta los tratos denigrantes que recibieron”.

“Todo este despliegue constituye un proceso de evidente disciplinamiento y desprecio por las mujeres mapuches”, apuntó el CELS en su publicación. Por otro lado, la organización le reclamó a la Justicia que “no se les realice requisas en sus cuerpos, bajo ninguna circunstancia, en tanto desde el 5 de octubre estuvieron bajo custodia”.

Además, la entidad solicitó que “no se les realice largos trámites de registro; no sean esposadas en el viaje; se les dé comida y abrigo; se les informe el destino, horario de llegada; y se extremen todos los recaudos para asegurar la dignidad de estas cuatro mujeres”.

El pasado martes, las fuerzas federales detuvieron a siete mujeres del asentamiento mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, de las cuales cuatro fueron trasladadas al penal de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires.

Las detenidas son Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Melo, todas ellas imputadas por la Justicia federal en una causa caratulada como “incendio u otro estrago, atentado contra la autoridad y usurpación”.

LC con información de agencia Télam

La jueza federal subrogante, Silvina Domínguez ordenó a las Fuerzas Federales que desalojen a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi. El operativo fue confirmado por la misma funcionaria a elDiarioAR. Es la primera acción del Comando Conjunto en el sur del país.

El operativo, que cuenta con más 250 efectivos y 25 vehículos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, comenzó durante la madrugada en el paraje situado a 35 kilómetros de Bariloche, Río Negro. El desalojo empezó minutos después de las 07.30.

“Se escuchan disparos. Fuerzas de Policía Federal ingresan a la comunidad. Utilizan gases lacrimógenos”, informó desde el lugar el periodista Santiago Rey. A metros del lugar de los hechos, las fuerzas cuentan con una tanqueta y un carro hidrante.

“Hay 7 mujeres con entre 4 y 5 niños, niñas y bebés a la vera de la ruta, esperando para ser trasladados a alguna dependencia, detenidos en el contexto del desalojo”, detalló Rey. “La jueza federal subrogante llegó hasta aquí pero dictó secreto de sumario y no habló con la prensa”, agregó.

Horas después del operativo, “son 7 las detenidas, ya fueron trasladadas al aeropuerto a la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, dijo Santiago Rey desde Bariloche. Agregó: “Habían estado antes en el Servicio de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, donde se constataron en qué estado estaban. Hay una que está embarazada y fue llevada también al hospital para chequear que esté bien de salud”. En cuanto a los menores, “cuatro fueron entregados a un tío. Hay una bebé de un mes que se ha quedado con su madre, que es una de las siete detenidas”.

Rey comentó que no hay información judicial oficial sobre heridos ni si hay un número de detenidos hombres. Al haber retirado a la prensa de las inmediaciones, no está claro si las fuerzas continúan buscando a los miembros de la comunidad: “Es llamativo porque entraron casi 150 efectivos al territorio”.

“En la puerta de la comunidad está esperando el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) que le permitan ingresar. Le dijeron que lo iban a dejar entrar como veedor, pero todavía no lo hicieron. Hace más de una hora y media que espera en el lugar”, añadió Rey.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, desde Buenos Aires había hablado del tema sin confirmar el operativo: “Estamos haciendo algunos movimientos pero hay que esperar, vamos a trabajar en función de decisiones judiciales y lo que nosotros entendemos que tenemos que regularizar esa situación porque no es la correcta”, explicó al canal de noticias TN, antes de que las fuerzas aparecieran en el lugar.

El conflicto de Villa Mascardi se inició en el año 2017 con la usurpación de dos predios que pertenecían a Parques Nacionales. Ese año, y durante una diligencia de desalojo ordenada por la Justicia Federal, fue asesinado Rafael Nahuel, un joven integrante de esa agrupación. La bala habría salido de uno de los integrantes de la fuerza especial Albatros, de la Prefectura Naval Argentina, a cargo del allanamiento.

Los integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu regresaron al territorio y no lo abandonaron. En los últimos meses el conflicto creció y las denuncias hacia la comunidad por actos de violencia contra las propiedades públicas y privadas de todo el paraje turístico se multiplicaron.

LC

La Justicia Federal realizó un diligencia en un destruido hotel de Parques Nacionales contiguo a la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Participaron casi 100 efectivos de fuerzas federales, con dos tanquetas militares y carros hidrantes. Hubo disparos, detonaciones y un principio de incendio. A las 10.45 los efectivos comenzaron a retirarse del lugar.

Una mañana se tensión se vivió en Villa Mascardi. Una diligencia dispuesta por el Juzgado Federal de Bariloche en un predio lindero a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu derivó en un enfrentamiento y represión de las fuerzas federales. El operativo comenzó pasadas las 7.30 y duró tres horas.

Se trata del mismo lugar donde hace tres años -el 25 de noviembre de 2017- un comando del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina asesinó al joven mapuche Rafael Nahuel; hecho que aún no fue esclarecido por la Justicia.

ElDiarioAr pudo determinar que la diligencia judicial de este miércoles estuvo relacionada con una causa paralela a la de “usurpación” que pesa contra la comunidad, y se desarrolló en un hotel y predio de Parques Nacionales, contiguo a la comunidad. Pasadas las 9,15 arribó la fiscal federal Sylvia Little, para encabezar la inspección ocular del lugar.

Este medio accedió a la orden judicial firmada el pasado 30 de noviembre por el Juez Federal subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Zapata, que establece la realización de una “constatación” en el predio, “con el objeto de conocer el estado actual del inmueble (el Hotel de Parques), establecer si resulta objeto de ocupación o si su posesión se encuentra siendo turbada, y -en consecuencia- analizar la posibilidad de custodiar el predio, restituirlo a su titular registral o disponer las medidas que resulten necesarias para hacer cesar el presunto delito investigado”.

Es decir que no se trató de una orden de desalojo, tal como se dejó trascender desde algunos sectores.

Desde primera hora de la mañana, efectivos de cuerpos especiales de la Policía Federal, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria interrumpieron el tránsito de la ruta 40 -Juan Herman- e impidieron el acceso al lugar. A las 8.10 se escucharon los primeros disparos, que continuaban tres horas después de iniciados. También se produjeron detonaciones y un principio de incendio en la zona del hotel, que fue rápidamente contenido por una dotación de bomberos.

La comunidad mapuche denunció la “militarización” y la “represión” en el lugar, y difundió un video en el que se observan a dos efectivos disparando e integrantes de la Lafken Winkul Mapu arrojando piedras a los uniformados. La comunicación de la comunidad se realiza a través de grupos de WhatsApp, en los que piden “colaboración” y que “se acerquen para garantizar la seguridad”.

Minutos antes de las 11 comenzaron a retirarse parte de los efectivos, aunque permanecían en el lugar los miembros de los grupos antitumulto, que continuaban arrojando bombas lacrimógenas.

Finalizado el operativo, desde el Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic se calificó como “exitosa” la inspección ocular en el lugar.

A través de un comunicado oficial se indicó que oficialmente que “en su rol de auxiliar de la Justicia, la Policía Federal Argentina, con el apoyo de la Gendarmería Nacional, posibilitó el cumplimiento de la medida tomada por el Juez Federal subrogante, Gustavo Javier Zapata, quien ordenó realizar la inspección de un predio ubicado en la localidad rionegrina de Villa Mascardi”.

“Las fuerzas federales realizaron el despliegue sobre la traza de la Ruta Nacional 40 mediante medios de disuasión, donde se registraron algunos incidentes, aunque no se registró ningún herido”, resumió el Ministerio.

Por su parte, una mujer integrante de la comunidad dijo a través de un audio difundido por WhatsApp que este miércoles “llegaron los efectivos a reprimir, con claras intenciones de amedrentar, asustar, hostigar, con tanquetas y todo el armamento que han traído”.

Aseguró que durante las tres horas que duró el operativo “estuvieron tirando 300 balas de plomo (el Ministerio de Seguridad rechazó esa acusación), de goma y tratando de avanzar hacia el territorio”.

“Todo esto es territorio mapuche, recuperado”, aclaró la mujer, “tiraron gas lacrimógeno. Claramente estaban tratando de entrar al territorio”.

Explicó que “la resistencia del lof (comunidad) frenó la pasada de los huincas (blancos) y los logró expulsar del territorio recuperado, con la fuerza del weichafe (guerrero) Rafael Nahuel”.

“Estas fuerzas siguen merodeando. La Policía de Río Negro prendió fuego una cabaña. Vimos el humo y una vivienda estaba consumida totalmente. Basta de montaje y de persecución”, dijo finalmente.

SR