El salario volvió a perder contra los precios en enero y el dato oficial confirmó que la mejora nominal no alcanzó para recomponer el poder de compra de quienes trabajan. Según el INDEC, el índice de salarios subió 2,5% respecto de diciembre de 2025, pero la inflación del mismo mes fue de 2,9%. Dentro del promedio general, el sector privado registrado aumentó 2,1%, el sector público 1,8% y el sector privado no registrado 4,4%. La foto mensual dejó así un nuevo retroceso para la mayor parte del empleo formal, en un contexto en el que los convenios corrieron detrás de los precios y el ingreso siguió sin recuperar lo perdido desde el cambio de gobierno.

La caída golpeó sobre todo a los trabajadores registrados, porque fueron justamente los dos segmentos formales los que quedaron por debajo del IPC. El dato del sector privado no registrado fue el único que superó la inflación de enero, pero esa mejora no puede leerse de manera lineal como una recuperación del empleo informal. En una nota previa de trabajAR, basada en la serie del INDEC, elDiarioAR ya había señalado que ese componente se calcula con promedios trimestrales móviles de la Encuesta Permanente de Hogares y con un rezago metodológico de cinco meses, por lo que no refleja de manera directa los ingresos corrientes del segundo semestre ni una mejora sostenida de las condiciones laborales.

El deterioro no quedó restringido a enero. Luis Campos sostuvo en X que “la caída promedio del sector formal contra noviembre de 2023 es del 8%”, con una baja de 2,4% en el sector privado registrado y de 17,8% en el empleo público. En el mismo hilo agregó que, excluidos los primeros meses de 2024, los salarios quedaron en los niveles más bajos de las últimas dos décadas, y que frente a los picos de fines de 2017 el retroceso fue de entre 21% en el sector privado y 35% en el público. Esos valores no forman parte del informe del INDEC sobre enero, pero sí aportaron una lectura de mediano plazo sobre la profundidad del ajuste salarial que atravesó el trabajo formal.

La pérdida arrastró una tendencia que ya se había consolidado en 2025. En otra cobertura reciente, trabajAR informó que el índice de salarios del sector privado registrado acumuló entre enero y noviembre del año pasado una suba de 25,6%, mientras la inflación del mismo período llegó a 27,9%. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales incluso en el segmento con mayor cobertura sindical y negociación colectiva. También allí se advirtió que el ajuste había sido todavía más severo en parte del empleo público y que trabajar en blanco ya no garantizó sostener el poder adquisitivo.

El impacto sobre la vida cotidiana de quienes trabajan ya apareció en conflictos concretos. A fines de enero, este medio contó que los choferes de la Línea 60 denunciaron una pérdida de casi 62% de su salario real y siguieron sin paritaria desde noviembre. En esa nota, los trabajadores advirtieron sobre la deserción de personal por los bajos ingresos y las condiciones de presión en el sector. El caso funcionó como una expresión extrema de un problema más extendido: cuando el salario corrió sistemáticamente por detrás de los precios, el deterioro dejó de ser una discusión estadística y pasó a traducirse en abandono de puestos, pluriempleo, endeudamiento y dificultad para sostener gastos básicos.

El informe de enero también mostró una brecha nítida entre el discurso oficial y la realidad del ingreso. Mientras el Gobierno empujó una agenda de reforma laboral y desregulación, los salarios formales siguieron sin recomposición. El dato oficial no mostró recuperación en el empleo privado registrado ni en el público, y volvió a ubicar a los asalariados ante una negociación desigual: paritarias con aumentos más bajos, Estado sin política general de recomposición y un sector público particularmente castigado. La suba de 2,1% en privados registrados y de 1,8% en estatales quedó por debajo del aumento del costo de vida, con alimentos encabezando la inflación de enero con 4,7%.

La discusión de fondo volvió a ser cómo se sostuvo el trabajo cuando el salario ya no alcanzó. El indicador general de enero dejó un promedio positivo en términos nominales, pero la lectura laboral fue otra: la mayoría de los trabajadores registrados volvió a perder. En el sector público, además, la contracción resultó más profunda en la comparación con noviembre de 2023, según el relevamiento de Campos. En el sector privado formal, la caída fue menor pero persistente. Y en el empleo no registrado, aun con una variación mensual superior al IPC, el propio modo de medición impidió presentar esa cifra como una mejora efectiva y actual de las condiciones de vida.

Hasta ahora no apareció ningún dato que mostrara una recomposición sostenida del salario formal. El INDEC informó otra vez una suba nominal inferior a la inflación para privados registrados y estatales, y el deterioro acumulado desde noviembre de 2023 siguió abierto.

JJD

A 24 horas de la apertura de sesiones, el relato presidencial sobre empleo y recuperación salarial convive con números oficiales que muestran otra escena: los sueldos registrados quedaron otra vez por debajo de los precios. En las palabras presidenciales, el trabajo apareció como herencia fallida y como promesa futura, pero no como deterioro presente del salario real.

La referencia más directa del mandatario en su discurso ante la Asamblea Legislativa fue la defensa de la Ley de Modernización Laboral, que el Presidente presentó como una norma que “viene a barrer con un delirio sancionado hace 50 años” y que, según afirmó, dejó “a la mitad de los trabajadores en el mercado informal”. Sin embargo, se trata de una ley proempresa, que fue rechazada por todo el arco sindical e inclusive cuestionada por parte del empresariado, el pyme, porque consideran que la letra choca contra principios constitucionales y podría provocar una mayor litigiosidad a la ya existente.

Milei sostuvo que los “campeones de los derechos de los trabajadores” dejaron “sin ningún tipo de derecho a la mitad de los trabajadores” y agregó que en el último gobierno anterior, el de los peronistas Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, del extinto Frente de Todos, “el 30 % de los trabajadores formales eran pobres”. El encuadre fue retrospectivo: informalidad y pobreza laboral como resultado del modelo previo y como justificación de la reforma.

En ese mismo tramo, el Presidente cerró con una afirmación categórica: “El desempleo bajó”. También sostuvo que durante su gestión “no aumentó el desempleo”. Sin embargo, según Chequeado, esa afirmación resultó falsa. De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec citados por el sitio de verificación de contenidos, la tasa de desocupación pasó del 5,7% en el tercer trimestre de 2023 al 6,6% en el tercer trimestre de 2025, último dato disponible.

El mismo análisis mostró que el desempleo subió durante el primer año de gestión (alcanzó 6,9% en 2024) y luego bajó levemente en 2025, pero el resultado global evidenció un incremento respecto del punto de partida. La afirmación presidencial, entonces, no coincidió con la evolución agregada de la tasa de desocupación.

La segunda afirmación fuerte fue sobre ingresos. “Hemos triplicado el salario en dólares”, dijo Milei en el recinto. La frase fue calificada como engañosa en otro chequeo publicado este lunes. Según ese informe, el salario promedio en dólares pasó de US$ 515 en noviembre de 2023 a US$ 1.245 en noviembre de 2025. El aumento nominal en dólares existió y fue significativo.

Sin embargo, los especialistas citados advirtieron que medir salarios en dólares no informa sobre el poder adquisitivo real frente a la inflación interna. Cuando se comparó el salario promedio con la canasta básica total —también medida en dólares— la capacidad de compra aumentó 17%, muy por debajo del incremento nominal del 141% en dólares que sugiere la frase presidencial. El salario en dólares creció; el poder de compra lo hizo en menor magnitud.

En paralelo a esa discusión, los propios datos oficiales mostraron que el salario real en pesos volvió a retroceder en 2025. Según el Indec, el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación del mismo período alcanzó 27,9%. La diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales.

En noviembre, los salarios privados registrados crecieron 2,1%, por debajo del 2,5% del IPC nacional de ese mes. El informe vinculó el retroceso con el “rezago de las negociaciones colectivas” y la falta de actualización de tramos acordados a comienzos del año.

El empleo público mostró una dinámica aún más restrictiva. El subsector público nacional registró un aumento acumulado de 19% entre enero y noviembre, claramente inferior a la inflación del período. Más del 80% de la masa salarial relevada por el Indec tuvo aumentos por debajo de los precios acumulados, según ese mismo informe.

Mientras el Presidente defendió la reforma laboral como modernización necesaria, el entramado productivo atravesó una contracción verificable. En noviembre de 2023 el sistema registraba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores; en noviembre de 2025 las cifras descendieron a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores. En ese período se perdieron 21.938 empleadores y 290.602 puestos registrados. El cierre definitivo de la planta de Fate en San Fernando dejó a 1.500 trabajadores sin empleo en un día; en La Pampa, el frigorífico General Pico despidió a 194 empleados y paralizó sus plantas; en el sector textil, Hilado S.A. avanzó en concurso preventivo con alrededor de 800 trabajadores bajo incertidumbre. En el conflicto del neumático, además, 920 operarios quedaron sin tareas efectivas pese a la conciliación obligatoria, según denunció el SUTNA.

La distancia no fue solo numérica, sino también en la forma de describir el problema. En el discurso de Milei el salario apareció como consecuencia futura de la estabilidad macroeconómica. Milei explicó que el equilibrio fiscal y la política monetaria restrictiva permitirán mayor productividad, “salarios más altos y menores niveles de pobreza”. La recomposición salarial fue presentada como resultado de un proceso estructural, no como lo urgente que verdaderamente es.

Lo que no dijo: paritarias y negociación colectiva

En las 28 páginas del discurso difundido oficialmente no apareció la palabra “paritaria”. Tampoco hubo referencias explícitas a reaperturas de negociación colectiva ni a la actualización salarial en el sector público. La omisión resultó significativa si se considera que el propio informe del Indec explicó parte de la caída real por el rezago de las negociaciones colectivas.

La reforma laboral sí ocupó un lugar destacado. El Presidente la presentó como instrumento para modernizar el mercado de trabajo y adaptarlo a “la mayor transformación de la historia”. Pero no detalló en el recinto los efectos concretos sobre indemnizaciones, jornada o derechos colectivos, dimensiones que forman parte del debate legislativo en curso.

El resultado fue un mensaje donde el empleo y el salario funcionaron como argumentos de validación del rumbo económico, más que como fotografía del presente. El desempleo fue presentado como resuelto; los datos mostraron un aumento respecto de 2023. El salario en dólares fue exhibido como símbolo de recuperación; el poder adquisitivo real creció menos y en 2025 volvió a caer frente a la inflación.

Los números oficiales disponibles mostraron que el mercado de trabajo no siguió una trayectoria lineal. La desocupación resultó mayor que al inicio del mandato y el salario real registrado volvió a perder contra los precios en 2025. En ese escenario, el empleo y el ingreso funcionaron en el discurso como promesa de largo plazo, mientras los datos mostraron las necesidades del presente.

JJD

El cierre total de la planta de Fate en San Fernando dejó a 1.500 trabajadores en la calle y marcó un punto de inflexión en la crisis industrial. Los operarios encontraron los portones con cadenas y un operativo policial, sin aviso previo, según denunció el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). La paritaria del sector llevaba 13 meses sin actualización salarial en la empresa.

La histórica fabricante nacional anunció el cese definitivo de actividades tras 70 años de producción. La dotación había sido de alrededor de 3.000 trabajadores dos años atrás y quedó reducida a más de 1.500 al momento del cierre. La empresa informó que se trató de una clausura total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente, aunque no comunicó públicamente un cronograma detallado.

En paralelo al conflicto paritario, los trabajadores ya enfrentaban una pérdida de poder adquisitivo. Mientras otras empresas del sector habían adelantado aumentos a cuenta, Fate no había ofrecido anticipos y acumulaba 14 meses sin incrementos, según denunció el gremio.

El caso Fate no quedó aislado. En La Pampa, el frigorífico General Pico —creador de la hamburguesa Paty y propiedad de Ernesto “Tito” Lowenstein— despidió a 194 empleados y paralizó sus tres plantas ubicadas en Trenel, General Pico y Arata. Semanas antes había suspendido a sus 450 trabajadores.

La firma acumuló deudas por $34.000 millones, de los cuales $22.000 millones correspondieron a bancos públicos, y más de 1.000 cheques rechazados por más de $12.000 millones. También había informado que pasó de faenar 600 cabezas diarias a menos de 50, en un contexto de caída de ventas y retracción de exportaciones.

En Trenel, una localidad de 7.000 habitantes, 79 familias reclamaron el pago de indemnizaciones que, según denunciaron, no se abonaron en la fecha prevista.

El sector textil sumó otro capítulo. Hilado S.A., una de las principales compañías del grupo TN Platex, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores para afrontar compromisos financieros y preservar la continuidad operativa. La empresa, perteneciente a la familia Karagozian, atravesó un proceso de reestructuración en un contexto de caída del consumo, aumento de importaciones y elevado costo financiero.

Hilado S.A. contó con alrededor de 800 trabajadores distribuidos en La Rioja, Monte Caseros y Tucumán. En los meses previos, el grupo acumuló cierres y despidos: 190 trabajadores en la planta de Los Gutiérrez, 100 en Las Piedritas, 50 despidos y 12 contratos no renovados en La Rioja, además de 300 reducciones en Monte Caseros durante 2025.

Los casos individuales se inscribieron en una contracción más amplia del entramado productivo. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en noviembre de 2023 el sistema registraba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En noviembre de 2025, las cifras descendieron a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.

En ese período se produjo una caída neta de 21.938 empleadores y 290.602 trabajadores registrados. En noviembre de 2025, el cierre neto mensual fue de 892 empleadores.

La reducción del empleo formal se combinó con pérdida salarial. El índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período. La diferencia implicó una caída real de más de dos puntos.

En ese marco, ir a trabajar también se encareció. El Poder Ejecutivo dispuso una nueva suba en los colectivos que unen la Ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires: el boleto mínimo pasó de $494 a $650 en febrero y se anunció otro incremento de 10% para marzo.

El cierre de Fate dejó 1.500 trabajadores sin empleo en un día. En La Pampa, 194 empleados fueron despedidos y las plantas quedaron paralizadas. En el sector textil, 800 trabajadores quedaron bajo la incertidumbre de un concurso preventivo. En dos años, el sistema perdió 290.602 puestos registrados.

Hasta el momento, ni Fate ni el frigorífico General Pico informaron públicamente fechas concretas de pago de indemnizaciones ni abrieron instancias de negociación con intervención efectiva del Estado nacional.

JJD

La planta de Fate en San Fernando cerró por decisión de sus dueños y dejó a 1.500 trabajadores sin empleo, según confirmó el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). El anuncio se conoció esta mañana mediante un comunicado empresarial que informó el cese de actividades tras 70 años de producción. Los operarios que se presentaron a las 6 de la mañana encontraron los portones con cadenas y un operativo policial en el ingreso.

Alejandro Assumma, integrante del Sutna y trabajador de la fábrica, relató en AM 530 Somos Radio que el sindicato se acercó a la planta ante rumores de cierre que circulaban desde hacía dos días. “Nos encontramos con los portones con cadenas, la fábrica militarizada”, describió. Según su testimonio, cuando el secretario general del gremio, Alejandro Crespo, intentó ingresar como lo hacía habitualmente, fue detenido por efectivos policiales. “Lo detuvieron y está acá rodeado de policías”, afirmó.

La empresa comunicó que la planta cerró después de siete décadas de actividad. Assumma sostuvo que el cierre fue “totalmente desleal, sin aviso a los trabajadores”. La fábrica empleaba a más de 1.500 personas entre operarios de producción y personal administrativo. Hace dos años, según el dirigente, la dotación rondaba los 3.000 trabajadores.

El impacto social es inmediato: 1.500 familias quedaron sin su fuente de ingreso de un día para el otro, en un contexto de deterioro salarial y negociaciones colectivas paralizadas. La paritaria del sector llevaba 13 meses sin actualización en el caso de Fate, tal como publicó trabajAR semanas atrás. En aquella ocasión, los operarios denunciaron que la empresa no presentó ninguna propuesta de recomposición salarial en el marco de la paritaria 2025 y que acumulaban más de un año sin aumentos.

Mientras Pirelli había adelantado un 20% y Firestone un 24% a cuenta de futuros acuerdos, Fate no había ofreció siquiera un anticipo. Un trabajador de la planta afirmó entonces: “Estamos cobrando un salario que perdió más del 30% de poder de compra”. La inflación acumulada en 2025 fue del 31,5%.

La falta de actualización salarial se combinó con un escenario más amplio de pérdida del poder adquisitivo. Según datos del Indec, el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación alcanzó el 27,9% en el mismo período, lo que implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales. En ese contexto, los trabajadores de Fate enfrentaron el cierre con ingresos ya deteriorados.

Assumma vinculó el desenlace con el conflicto paritario sin resolver. “Tenemos ya 14 meses que estamos sin aumento”, sostuvo en la entrevista. También señaló que el gremio esperaba una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación por ese motivo, pero que no tuvo diálogo con autoridades nacionales en las horas previas al cierre.

El dirigente afirmó que la familia Madanes Quintanilla, dueña del grupo empresario, al que identificó como parte de un holding con inversiones en energía y aluminio, decidió reorientar la inversión hacia el sector eléctrico. “Está dejando a 1.500 trabajadores en la calle”, denunció. No hubo, hasta el momento, información oficial de la empresa sobre el pago de indemnizaciones ni sobre eventuales retiros voluntarios.

Durante la mañana, un grupo de trabajadores ingresó a la planta y se subió a los techos en señal de protesta, según relató Assumma. El gremio convocó a una permanencia en la puerta de la fábrica y pidió la liberación inmediata del secretario general detenido. “Estamos llamando a todos los compañeros que se acerquen y a todas las organizaciones que se solidaricen con esta lucha”, expresó.

El cierre de Fate se produjo en un clima de fuerte tensión sindical por el avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En las últimas semanas, distintos gremios denunciaron retrocesos en derechos de los trabajadores. En el sector del neumático, los trabajadores ya habían advertido que la negociación fragmentada por empresa anticipaba un esquema regresivo .

La planta de San Fernando concentraba una parte central de la producción nacional de neumáticos. Con su cierre, el sector quedó reducido a las multinacionales que operan en el país, Pirelli y Firestone. El Sutna se encontraba en plan de lucha frente a las tres empresas que concentraban la producción nacional, entre ellas Fate .

La empresa no informó públicamente un cronograma de pago de indemnizaciones ni abrió una instancia de diálogo con el sindicato. Los operarios permanecían esta tarde en la puerta de la planta, mientras el gremio exigía la liberación de su secretario general y la intervención del Estado nacional.

¿Qué dice el comunicado de la empresa?

El comunicado de la compañía informó: “Fate S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”.

La planta que dejará de estar operativa es la mayor del país y tenía una capacidad productiva que superaba los cinco millones de neumáticos por año. El cierre se da en un contexto de crisis para la industria afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.

Al explicar los motivos de la decisión, la firma expresó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

La empresa propiedad de la familia Madanes Quintanilla remarcó que no se trata de un concurso preventivo de acreedores ni se contempla una reestructuración o un plan de salvataje, sino que es un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.

Al respecto, fuentes cercanas a la firma afirmaron que “es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”.

El cierre es el resultado de una erosión sistemática de la competitividad que la empresa venía denunciando desde mayo de 2024. Los factores que terminaron por dinamitar la estructura productiva de Fate se pueden resumir en tres ejes críticos:

En este marco, la compañía repasó su recorrido histórico señalando que “a lo largo de más de ocho décadas FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”.

En esa línea, remarcó que “fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.

En este marco, el comunicado recordó que “Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país”, y agregó que “esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”.

Asimismo, desde la compañía se despidieron agradeciendo al manifestar que “expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”.

Tras el cierre consumado, el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, se enfocará directamente en los negocios que lleva adelante con Aluar, en la producción de aluminio.

JJD, con información de NA

La Unión Docentes Argentinos (UDA) y Confederación de Educadores Argentinos (CEA) presentaron de manera conjunta un pedido al Gobierno Nacional en el que solicitan a la Secretaría de Educación que conduce Carlos Torrendell que convoque “de manera urgente a la paritaria nacional, con voluntad de diálogo y con el objetivo de mejorar el salario docente”, al considerar que el último aumento salarial “fue resuelto de manera unilateral” por el Ejecutivo “y fue fijado por decreto en un monto de $500.000, lo que ubica a la docencia en el terreno de la indigencia”.

A través de un comunicado dado a conocer en las últimas horas, ambos sindicatos se manifestaron sobre la necesidad de que se convoque formalmente a la paritaria docente a nivel nacional. En ese marco, Sergio Romero, secretario general de la UDA y secretario de Políticas Educativas de la Confederación General del Trabajo (CGT), junto a Fabián Felman, secretario general de la CEA, coincidieron en señalar que la Secretaría de Educación “debe convocar de manera urgente a la paritaria nacional, con voluntad de diálogo y con el objetivo de mejorar el salario docente”. En ese sentido, subrayaron que “no puede mirar para otro lado frente a la situación que atraviesan sus propios colegas en las aulas”.

Finalmente, los dirigentes expresaron su “rechazo a la reforma laboral” impulsada por el Poder Ejecutivo, al considerar que “la iniciativa vulnera derechos de los trabajadores y pretende limitar reclamos legítimos mediante la declaración de la educación como un servicio esencial”.

Ademýs, contra la reforma laboral y con exigencias a la CGT

De igual manera, desde la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS), plantearon en una autoconvocatoria el último lunes “la necesidad de enfrentar la reforma laboral con un paro general y plan de lucha como así también un no inicio de la docencia para enfrentar la Ley Antieducativa de Milei y por la pelea por el salario”.

El gremio denunció que a fines de enero, se llevó a cabo la mesa salarial en la que el Gobierno de Jorge Macri realizó una “propuesta de ajuste salarial” de 3% para enero y 4,5% para febrero, 0% en marzo y llamó a una nueva Mesa para abril. “Esto es una verdadera vergüenza en el medio de una situación inflacionaria, donde todo sube menos nuestros salarios, donde crece nuestro endeudamiento para pagar lo básico, como alimentos y servicios”.

En cuanto a los números concretos, detallaron que el cargo de maestro de grado de jornada simple sin antigüedad quedaría en $863.095 en enero y $900.584 a partir de febrero, mientras que con máxima antigüedad quedaría en $1.238.784 ahora y $1.295.175 desde febrero. “En todos los casos, por debajo de la línea de pobreza que según el Gobierno de la Ciudad está en $1.346.876. La hora cátedra sin antigüedad (hasta la 30) pasaría a $43.800 ahora y $45.674 en febrero y con máxima antigüedad a $64.289 ahora y $67.195 en febrero”, remarcaron.

De acuerdo a la dirigencia de Ademys, “la docencia lleva perdido un 33% desde la aplicación del Plan Motosierra en Nación y Ciudad, por eso este 'aumento' de menos de 1.000 pesos por día no es incremento ni recuperación salarial, sino la confirmación de una política de depreciación del salario y cristalización de la docencia en la pobreza”.

Y apuntaron con dureza a las autoridades: “Es una burla para nuestro gremio, compuesto en su gran mayoría mujeres, sostenes de hogar que, además de la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidados, se ven obligadas al pluriempleo, con el impacto que eso tiene en la salud y en las condiciones de trabajo. ¡No se aguanta más!”, reclamaron.

En tanto, dieron a conocer que en su informe periódico, “los trabajadores del INDEC concluyeron que el salario mínimo debería ser de $2.136.860” (lejos de los $900.584 ofrecidos). “El gobierno de CABA, socio de Milei, te obliga a trabajar dos o tres turnos. A esto agregamos que los sindicatos pro gobierno, no pelean por aumento salarial, sino para extender la posibilidad de trabajar más horas. Bueno, podemos decir que van en tono con la reforma laboral esclavista que pretende Milei”, denunciaron y reclamaron a la CGT “un plan de lucha” y que “llame ya a un paro general”. Y advirtieron: “Así no se puede empezar” el ciclo lectivo 2026.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, inicia hoy una ronda de negociaciones con otras bancadas para destrabar el tratamiento del proyecto de reforma laboral que el oficialismo busca sancionar en febrero. Según fuentes legislativas, los primeros intercambios se realizarán de forma virtual, y forman parte de una estrategia conjunta con el Ministerio del Interior para sumar adhesiones de gobernadores y legisladores provinciales.

El proyecto, bautizado por el Gobierno como “Modernización Laboral”, fue incorporado al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso junto con otras iniciativas como la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la baja de la edad de imputabilidad penal. La intención de La Libertad Avanza es avanzar en bloques temáticos que permitan acelerar los tiempos de debate y votación.

Mientras Bullrich coordina con senadores y referentes de otros bloques, el ministro del Interior, Diego Santilli, se encarga de la negociación territorial. Esta semana viajará a Corrientes y Misiones para reunirse con los mandatarios Gustavo Valdés y Hugo Passalacqua. De concretarse esas adhesiones, el Gobierno contaría con el apoyo de diez provincias para respaldar la reforma.

Hasta el momento, ocho gobernadores manifestaron públicamente su aval al proyecto: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). El objetivo de la Casa Rosada es garantizar la mayoría en el Senado sin depender del bloque completo de la oposición dialoguista.

El proyecto de reforma laboral incluye una serie de cambios regresivos sobre derechos vigentes, denunciados por diversos sectores gremiales y especialistas en derecho laboral. Entre los principales puntos se encuentran la ampliación del período de prueba, modificaciones en el cálculo y pago de indemnizaciones, legalización del banco de horas unilateral, y nuevas restricciones al ejercicio del derecho de huelga.

La iniciativa también propone la derogación de la Ley de Teletrabajo y la supresión de artículos del régimen de asociaciones sindicales, lo que representa, según advierten los gremios, un intento de desestructurar la negociación colectiva. La CGT expresó su rechazo parcial al texto y algunos de sus referentes, como Jorge Sola, advirtieron que el nuevo esquema “coloca al trabajador en igualdad con el empleador, y eso es inconstitucional”.

En paralelo, gremios no alineados con la conducción de la CGT comenzaron a organizarse por fuera de la estructura tradicional. La semana pasada, más de 20 sindicatos, entre ellos Aceiteros, APA, APLA, Luz y Fuerza, la Federación Obrera Ceramista y la UOM, se declararon en estado de alerta y preparan una jornada de protesta para el día en que el Senado trate el proyecto.

Uno de los gremios más activos es la Federación de Aceiteros, cuyo secretario general, Daniel Yofra, aseguró que su sindicato irá a la huelga si se aprueba la reforma. “Ya han demostrado que pueden votar en contra de los trabajadores. No tenemos esperanzas en el Congreso, por eso hay que salir a la calle ahora”, sostuvo en declaraciones públicas.

La pérdida del poder adquisitivo añade presión al conflicto. Según el Indec, entre enero y noviembre de 2025 los salarios del sector privado registrado subieron 25,6%, frente a una inflación de 27,9%. Eso representa una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales, incluso en los sectores con mayor cobertura sindical.

En el caso del empleo público nacional, el retroceso fue mayor: los salarios subieron apenas 19%, sin paritarias activas ni bonos compensatorios. En este marco, la reforma aparece como una avanzada que busca consolidar un mercado laboral más precario y menos regulado.

Aunque Bullrich y Santilli aceleran las negociaciones legislativas, ninguno de los funcionarios del oficialismo convocó a representantes sindicales a una mesa de diálogo. Tampoco hubo instancias formales de consulta con las organizaciones que representan a trabajadores y trabajadoras de sectores críticos.

La ausencia de debate social y la velocidad del tratamiento parlamentario profundizan el malestar en las bases gremiales. Para los sindicatos movilizados, la reforma laboral no solo vulnera derechos adquiridos, sino que también se tramita a espaldas de quienes serán directamente afectados.

JJD

Choferes de la Línea 60 de colectivos mantienen congelada su paritaria desde hace meses. Según denunció el delegado Esteban Simonetta, el conflicto se sostiene por un doble bloqueo: las cámaras empresarias alegan falta de subsidios y el Gobierno “no quiere inyectar los fondos” necesarios para garantizar una recomposición salarial. En paralelo, la representación sindical permanece ausente del debate y no convoca a los trabajadores a discutir el rumbo de la negociación.

Actualmente, el salario básico bruto conformado es de $1.370.000, con un viático no remunerativo de $300.000. Luego de los descuentos, el ingreso en mano es de aproximadamente $1.350.000, sin incluir horas extra ni adicionales. Según Simonetta, ese monto está congelado desde hace más de dos meses y no cubre las necesidades básicas. “Estamos por debajo de la canasta. El salario está totalmente devaluado y no permite alcanzar las necesidades básicas”, afirmó en diálogo con AM 530.

El delegado agregó que la pérdida de poder adquisitivo no es un fenómeno reciente. “Venimos con un atraso salarial acumulado de los últimos diez años. Este parate no solo no compensa la inflación, sino que nos deja más lejos de una recuperación real del salario”, advirtió.

La última actualización paritaria cerró en $1.000.000 en diciembre de 2023. Con el salario básico bruto actual de $1.370.000, el aumento nominal fue del 37%. En el mismo período, la inflación acumulada fue del 259,34%. Al ajustar el salario de 2023 por inflación, debería haber alcanzado $3.593.400. La diferencia implica que los choferes de la Línea 60 perdieron el 61,87% de su poder adquisitivo real en dos años.

La devaluación del ingreso tiene consecuencias directas sobre la composición de la planta de trabajadores. Según Simonetta, cada vez más choferes jóvenes abandonan la actividad. “Ven que no es rentable, se van a buscar otra cosa. Algunos eligen manejar para plataformas como Uber. Dicen que prefieren eso antes que un trabajo con tanta presión y responsabilidad”, describió.

A los factores salariales se suma una falta de representación sindical activa, que según el delegado profundiza el malestar en las bases. “No contamos con mucha información por parte del sindicato. Negocia solo, no convoca, no da participación”, sostuvo. Según explicó, la dirigencia de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no solo se mantuvo al margen de la discusión paritaria con los trabajadores, sino que tampoco brindó información sobre el proyecto de reforma laboral que el Gobierno envió al Congreso en diciembre de 2025 y que se tratará en las sesiones extraordinarias convocadas para febrero de 2026. La iniciativa oficial incluye cambios en la jornada de trabajo, las formas de contratación, las indemnizaciones y los derechos colectivos, pero el sindicato, señaló Simonetta, no promovió instancias de debate ni explicó los posibles efectos sobre las condiciones laborales del sector.

“Es un silencio sepulcral. Ni siquiera informan sobre los riesgos que tiene esa reforma. Exigimos que convoquen al plenario para discutir esto y no hay respuesta. La dirigencia está muy lejos de estar a la altura de las circunstancias”, denunció Simonetta.

El proyecto de ley presentado por el Gobierno propone, entre otras cosas, modificaciones en los criterios de indemnización, extensión del período de prueba y restricciones al derecho de huelga. Aunque el texto original fue frenado en Diputados, el oficialismo anunció que insistirá en su tratamiento por separado durante las sesiones extraordinarias, y distintas organizaciones gremiales alertaron por los efectos que podría tener sobre la estabilidad del empleo registrado.

Mientras tanto, los choferes de la Línea 60 permanecen sin definiciones concretas. Simonetta estimó que, en caso de no haber avances, el sindicato podría anunciar medidas de fuerza, pero aclaró que es esperable que antes se convoque una instancia de conciliación obligatoria. “Como pasa siempre, vamos a transitar varios días con conciliación. Esto no se va a resolver antes de mediados de febrero”, afirmó.

Además del estancamiento salarial, el delegado alertó sobre nuevas formas de precarización dentro del sector, incluso en empresas formales. “Hay compañías que están contratando choferes bajo la figura del monotributo. Eso vulnera totalmente el convenio colectivo y transforma a un trabajador en un cuentapropista sin derechos. Hasta hace poco era impensable que pasara en el transporte público, pero está pasando”, explicó.

El escenario actual combina pérdida de poder adquisitivo, fragmentación sindical, presión laboral y aparición de vínculos contractuales por fuera del marco legal vigente. Simonetta describió la situación como inédita: “Tengo más de un año en el sector y nunca vi algo así. Es muy grave lo que está pasando”.

JJD

El conflicto entre los controladores aéreos y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) entra en una fase crítica: este viernes 19 de enero vence la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. Si no se alcanza un acuerdo o una prórroga, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) podría retomar las medidas de fuerza, interrumpidas desde el 23 de diciembre.

ATEPSA exige la reapertura de paritarias, revisión de trayectorias laborales, condiciones operativas y mejoras en los adicionales salariales. El reclamo incluye más de 60 puntos que, según el gremio, fueron presentados formalmente sin recibir respuesta. La organización también denuncia despidos en aeropuertos con dotación crítica, falta de cobertura médica adecuada y omisiones de mantenimiento en infraestructura estratégica. La conducción sindical advirtió que muchos controladores deben tener doble o triple empleo para alcanzar ingresos básicos, situación que se agravó con la aceleración inflacionaria y el congelamiento salarial.

En un comunicado reciente, EANA anunció una nueva audiencia para el mismo viernes y anticipó que podría solicitar una prórroga de cinco días hábiles, tal como lo habilita la normativa vigente. El objetivo declarado es evitar interrupciones durante la temporada alta del turismo, donde la operación aérea alcanza picos de demanda. Esta posibilidad se encuentra contemplada en la Ley de Asociaciones Sindicales y la normativa de la Secretaría de Trabajo, que establece la conciliación como herramienta para evitar daños mayores en actividades sensibles.

“Desde EANA se está trabajando ininterrumpidamente para lograr destrabar el conflicto”, sostuvo la empresa, aunque volvió a calificar de “beligerante” la postura del gremio. En un tono confrontativo, aseguró que ATEPSA busca “generar daño” y no mejoras laborales, y defendió la vigencia de acuerdos previos. Esta narrativa fue replicada por el Ministerio de Capital Humano, que a través de la Secretaría de Trabajo definió las medidas como “ilegítimas y extorsivas” y vinculó la protesta con intereses políticos, sin detallar cuáles.

La secretaria general del gremio, Paola Barritta, sostiene que el actual escenario es consecuencia directa del vaciamiento institucional de los espacios de negociación colectiva. Según ATEPSA, la última instancia paritaria legítima fue desconocida de manera unilateral por EANA, y los acuerdos salariales firmados a fines de 2023 no fueron homologados formalmente. La conducción sindical también reclama una revisión de los protocolos operativos, ya que alertan sobre fallas crecientes en los sistemas de navegación, radarización y control técnico, que impactan directamente en la seguridad de trabajadores y pasajeros.

El conflicto ya tuvo expresiones previas. En julio de 2023, el gremio impulsó medidas de fuerza antes de las vacaciones de invierno, que fueron desactivadas por conciliación obligatoria. En agosto, se concretaron tres jornadas de paro nacional. En noviembre, ATEPSA focalizó su plan de lucha en vuelos de carga y capacitaciones técnicas, con nueve jornadas de acciones progresivas. Finalmente, en diciembre, las protestas afectaron por primera vez a vuelos de pasajeros y derivaron en la intervención administrativa que vence este viernes.

A diferencia de etapas anteriores, el conflicto actual traspasó el plano gremial y se dirime también en la Justicia federal. Se investigan dos causas paralelas: una por fraude administrativo en la firma de un acta paritaria de 2023, en la que están implicadas Barritta y la expresidenta de EANA, Gabriela Logatto; y otra por presuntas irregularidades en seguridad operacional, donde la empresa acusa al gremio de interferir con torres de control mediante elementos sindicales que obstaculizarían la visibilidad.

El controlador aéreo es un recurso humano insustituible. Cumple una función altamente especializada, que requiere formación técnica intensiva, certificaciones oficiales y una alta carga de responsabilidad operativa y psicológica. La presión laboral sobre estos trabajadores aumentó con la reactivación pospandemia y el crecimiento del tráfico aéreo, sin que esto se traduzca en mejoras estructurales ni salariales.

La línea económica oficial insiste en sostener el congelamiento del gasto, pero el sistema de navegación aérea necesita dotaciones mínimas, turnos adecuados y condiciones técnicas garantizadas para su funcionamiento. Los trabajadores denuncian que la parálisis no es el objetivo, sino el único recurso de presión ante el deterioro del servicio y el vaciamiento del diálogo.

De no concretarse un acuerdo o una nueva prórroga este viernes, ATEPSA podría retomar medidas de fuerza inmediatas, lo que afectaría a miles de pasajeros y pondría a prueba la capacidad del Estado para sostener un servicio esencial bajo conflicto.

JJD, con información de NA

En una convocatoria de urgencia y con clima de creciente tensión, la Confederación General del Trabajo (CGT) reunió este miércoles a su Consejo Directivo para fijar una postura frente al proyecto de reforma laboral que el Gobierno planea discutir en las sesiones extraordinarias del Congreso. La central obrera se prepara para expresar un rechazo unificado a una iniciativa que considera “regresiva en términos de derechos laborales” y que no fue consensuada con los sectores sindicales.

“No estaremos de acuerdo con ninguna reforma regresiva”, advirtió días atrás Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT y titular del Sindicato del Vidrio, al cuestionar la falta de diálogo por parte del Ejecutivo. El oficialismo impulsa un proyecto que redefine paritarias, elimina la Ley de Teletrabajo, restringe huelgas y precariza a repartidores, entre otros puntos clave.

La reunión tuvo lugar a las 12 del mediodía en la histórica sede de Azopardo 802, encabezada por los secretarios generales Jorge Sola, Octavio Argüello y el propio Jerónimo, con un temario que incluyó el análisis del contexto laboral y económico, la evaluación del paquete de leyes que enviará el Ejecutivo y otros asuntos internos de funcionamiento .

La convocatoria se dio en un momento de alta conflictividad y como respuesta al desplazamiento de los sectores sindicales del debate legislativo. Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y líder de la UOCRA, se ausentó esta semana de la reunión del Consejo de Mayo, donde el Gobierno presentó su paquete de reformas. Si bien desde Casa Rosada dijeron que regresaba de un viaje, el gesto fue leído como una señal de disconformidad interna dentro de la central.

El contenido preliminar del proyecto anticipado por el Gobierno incluye:

El Ejecutivo, a través del jefe de Gabinete Manuel Adorni, justificó el plan afirmando que busca “más libertad y prosperidad”, con el objetivo de “reducir la carga fiscal laboral y aumentar la competitividad empresarial”. Sin embargo, para millones de trabajadores, la iniciativa representa una pérdida de derechos históricos y un avance hacia la precarización, especialmente en sectores con baja cobertura gremial.

Mientras el Senado se prepara para abrir el debate en comisión, la CGT discute posibles medidas de fuerza si el proyecto avanza sin cambios sustanciales. También se prevé que la CTA y ATE se sumen al rechazo con jornadas de protesta. En simultáneo, el Gobierno intenta consolidar apoyos legislativos, con fuerte protagonismo del ala dura representada por Federico Sturzenegger, impulsor del paquete.

La reunión de la CGT, además de establecer una posición formal, busca contener las diferencias internas y reforzar la unidad gremial frente a un escenario adverso. Aunque sin fecha definida, no se descarta que la central convoque a una movilización nacional si el proyecto es tratado sin modificaciones sustanciales.

JJD

El Gobierno formalizó el envío al Congreso de un proyecto de reforma laboral que propone una reestructuración profunda del sistema de relaciones laborales en Argentina. La iniciativa, anticipada este martes por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, se discutirá durante las sesiones extraordinarias y forma parte de los compromisos asumidos en el Consejo de Mayo. El texto final aún no fue difundido, pero el borrador que circula incluye cambios en el régimen de contratación, representación gremial, convenios colectivos, teletrabajo y nuevas formas de empleo.

Entre los puntos centrales del proyecto figura la eliminación de la Ley de Teletrabajo, sancionada en pandemia. De aprobarse, quienes trabajen de manera remota pasarán a estar regulados por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), aunque con modificaciones que amplían el margen de decisión del empleador sobre la modalidad laboral.

Se limita también la ultraactividad de los convenios colectivos, permitiendo que al vencimiento de un acuerdo se mantengan solo las cláusulas referidas a condiciones de trabajo. Las cláusulas obligacionales o económicas perderán vigencia salvo acuerdo expreso entre las partes. Además, se establece la prelación de los convenios de empresa sobre los de actividad, lo que podría fragmentar la negociación colectiva y debilitar a los sindicatos de rama.

La iniciativa incluye un nuevo régimen para trabajadores de plataformas, como repartidores y mensajeros, que serán considerados “repartidores independientes”. Esta categoría los excluye de la LCT y los obliga a inscribirse como monotributistas, asumir sus propios aportes y contratar cobertura por accidentes. Las plataformas no asumirán responsabilidades como empleadores, y cualquier protección dependerá de acuerdos entre las partes.

El vínculo con los sindicatos también se redefine. Las asambleas gremiales en el lugar de trabajo requerirán autorización previa del empleador y no estarán contempladas como tiempo laboral pago. Se restringe la estabilidad sindical: solo los delegados titulares legalmente electos tendrán protección absoluta frente al despido, mientras que suplentes y congresales accederán a una tutela relativa.

En cuanto a las cuotas sindicales, los empleadores solo actuarán como agentes de retención si el trabajador expresa su conformidad por escrito, y cualquiera de las partes podrá dar por finalizado el acuerdo con 30 días de preaviso. El proyecto también amplía la lista de prácticas desleales de las organizaciones sindicales, incluyendo los bloqueos, la afiliación compulsiva y el desconocimiento de conciliaciones obligatorias.

El Gobierno plantea esta reforma como parte de una modernización laboral orientada a “liberar el potencial productivo” y “reducir la carga fiscal”, según palabras de Adorni. Sin embargo, múltiples sectores advierten que el efecto inmediato será una pérdida de derechos históricos para los trabajadores, con mayor exposición a la precarización, especialmente en sectores no organizados o con baja cobertura gremial.

El Consejo de Mayo, órgano consultivo impulsado por el Ejecutivo, sirvió como base para delinear este y otros proyectos. Participaron representantes del oficialismo, legisladores de la oposición, empresarios y un sector de la CGT. Gerardo Martínez (UOCRA) estuvo ausente en la última reunión por motivos personales, según informó el Gobierno.

Mientras se aguarda la presentación formal del proyecto completo, sindicatos y organizaciones de trabajadores evalúan medidas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya convocó a una jornada de protesta, y otras centrales podrían sumarse si la iniciativa avanza sin modificaciones sustanciales.

Según anticiparon desde el oficialismo, muchas de estas medidas fueron impulsadas por referentes del PRO, como el diputado Cristian Ritondo.

Desde la CGT todavía no hubo un pronunciamiento formal, pero la ausencia del jefe de la Uocra, Gerardo Martínez, en la última reunión del Consejo fue leída como una señal de desacuerdo. El Ejecutivo ya anticipó que otras reformas —como la previsional— quedarán para 2026.

Para millones de trabajadores, la discusión legislativa que se abrirá en las próximas semanas definirá el futuro de sus derechos laborales básicos: estabilidad, representación, cobertura, negociación colectiva. Y el impacto no será uniforme: los más vulnerables, como los repartidores o quienes teletrabajan sin contrato, serán los primeros afectados.

JJD

La reforma laboral vuelve al centro del debate político. Aunque todavía no hay un proyecto presentado formalmente, voceros del Gobierno adelantaron que la iniciativa será tratada en sesiones extraordinarias después del 10 de diciembre. Se enmarca en un paquete más amplio que incluiría reformas previsionales y fiscales. Desde el oficialismo aseguran que buscan acompañar el crecimiento con nuevas reglas. Desde la oposición y el sindicalismo, en cambio, advierten que no habrá generación de empleo sin una recuperación económica sostenida.

Una de las principales preocupaciones sindicales es la posible flexibilización de las condiciones de contratación y despido. Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, planteó que “no se puede pensar una reforma laboral en un país en recesión” y recordó que las paritarias siguen pisadas, con aumentos limitados pese a la inflación. Según dijo, “la base de cualquier cambio debe ser el diálogo entre empleadores y trabajadores”.

El oficialismo, por su parte, insiste en que la legislación actual está “fosilizada” y no responde a las nuevas formas de trabajo. Durante el programa A dos voces, el laboralista Julián de Diego sostuvo que “hay convenios que no contemplan ni el celular” y defendió la idea de un “salario dinámico” que permita combinar básicos de convenio con premios por productividad. Este esquema, según explicó, “ya funciona en algunos sectores” y busca “salir de la cultura de la inflación para entrar en la de la eficiencia”.

Uno de los puntos que más controversia genera es el fondo de cese laboral, pensado como un sistema alternativo a las indemnizaciones. El proyecto contemplaría su financiamiento a través de reducciones impositivas. De Diego advirtió que, mal diseñado, el fondo podría convertirse en un nuevo “impuesto al trabajo”, pero destacó que se está discutiendo cómo sostenerlo sin afectar el salario ni la formalidad.

En relación con las indemnizaciones tradicionales, el Gobierno desmintió que vaya a imponer un tope, al menos para las relaciones laborales actuales. Según aclararon voceros cercanos al proyecto, el cálculo seguiría siendo un mes por año trabajado, con base en la mejor remuneración y un tope vinculado al convenio colectivo. “No se tocan los derechos adquiridos”, aseguraron desde La Libertad Avanza. Sin embargo, desde la CGT insistieron en que cualquier recorte “sería judicializado”.

Las pymes también fueron parte del eje del debate. Según datos citados en el programa, el costo laboral de un salario de $1.300.000 de bolsillo puede llegar a $2.300.000 para el empleador. La alta carga impositiva —entre impuestos nacionales, provinciales y municipales— desalienta la contratación. En ese marco, oficialistas y opositores coincidieron en la necesidad de avanzar en una reforma tributaria que alivie a los empleadores sin afectar el salario diferido (jubilación, obra social).

El sindicalismo y parte de la oposición plantearon que “la variable de ajuste es el trabajador”, ante un escenario de caída de empleo y recesión económica. Desde la CGT señalaron que en los últimos dos años se perdieron más de 250.000 puestos registrados. “Sin crecimiento no hay empleo genuino, y sin empleo no hay blanqueo posible”, resumieron.

Pese a las diferencias, hubo coincidencias en que la legislación necesita actualización, en especial para contemplar nuevas modalidades como el trabajo remoto, el multiempleo y los oficios ligados a las plataformas digitales. Pero la pregunta sigue siendo quién define esa modernización y bajo qué condiciones: una reforma sin diálogo, advirtieron desde la CGT, puede “rebotar en la justicia y generar más incertidumbre”.

JJD

La Asociación Bancaria difundió los nuevos montos salariales actualizados para los trabajadores nucleados en ese gremio, que se establecen en un haber mínimo para un trabajador que recién se inicia de $1.872.937,28, cifra que se integra con un básico de $1.807.619,92 más una participación en las ganancias de $65.317,36.

El gremio que encabeza Sergio Palazzo indicó, en un comunicado, que la nueva escala salarial será percibida con retroactividad a junio último por los trabajadores de bancos y entidades financieras.

Según se puntualizó desde el sindicato, con esta nueva escala se llega a un acumulado de un 15,1% sobre los salarios de diciembre de 2024, que se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales, tanto remunerativos como no remunerativos.

Además, se informó que el monto mínimo que los trabajadores cobrarán por el Día del Bancario -que se celebra cada 6 de noviembre- será de $1.611.430,62, sujeto a posibles correcciones por futuras actualizaciones.

Finalmente se aclaró que como se trata de un ajuste retroactivo a junio último, la diferencia salarial con ese mes será abonada por el sector patronal con los salarios de julio.

Empleados públicos, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se movilizarán este martes, hacia el Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, para exigir la recomposición salarial “urgente” y el pase de planta permanente de los contratados.

A partir de las 11, se concentrarán la puerta de la cartera comandada por Gustavo Arengo Piragine, situada en Av. Martín García al 300 para también reclamar por paritarias libres y sin techo y “estabilidad laboral” para los trabajadores.

“En un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo, tanto los trabajadores de planta como los monotributistas del Gobierno de la Ciudad no llegamos a fin de mes. El salario queda cada vez más lejos de cubrir las necesidades básicas”, manifestaron desde ATE Capital.

En la última reunión por paritaria, la gestión de Jorge Macri “ofreció un 9% de aumento para mayo y postergó la próxima negociación para julio”, según manifestó el gremio. Asismismo, remarcaron que, en el primer semestre del año, “solo se otorgaron aumentos en dos meses”, acumulando un 14,5% “frente a una inflación estimada del 15,9%”, lo que representa “una nueva pérdida salarial” del -2,2%, que se suma al -7% acumulado en 2024.

Paralelamente, el aguinaldo de junio y las asignaciones familiares, “que por primera vez se actualizarán automáticamente gracias a la lucha de ATE Capital”, se calculan sobre ese magro 14,5% acumulado: “Si bien la actualización automática de las asignaciones es un logro sindical, aún están muy por debajo de lo necesario”, añadieron.

En la misma línea, indicaron que los monotributistas de dependencias porteñas “recibieron aumentos del 8% en febrero y 9% en mayo” (17,7% acumulado), pero al descontar el importe que pagan para el monotributo e Ingresos Brutos, “los ingresos reales son muy bajos”, mientras que los salarios iniciales de las personas de planta “se acercan peligrosamente a la línea de indigencia”.

“La suma fija no remunerativa de $60.000, congelada desde agosto de 2024, perdió drásticamente su valor. Actualizada por inflación, debería alcanzar al menos los $140.000. Con salarios que no alcanzan y condiciones laborales precarias, las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad seguimos en lucha. Exigimos respuestas urgentes. Queremos vivir y trabajar con dignidad”, concluyeron.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), firmaron un nuevo acuerdo paritario correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, en el marco de la paritaria anual 2024/2025. Con esta nueva actualización, el salario básico de los trabajadores de comercio con presentismo alcanzará la suma de $1.123.000.

El acuerdo establece un aumento salarial del 5,4% acumulativo, distribuido en tres tramos mensuales: 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio. Además, se acordaron sumas fijas por un total de $115.000, a abonarse en cuotas de $35.000, $40.000 y $40.000, respectivamente. Esta última se incorporará a los básicos en el mes de julio. 

Estos incrementos se suman al aumento ya pactado para el primer trimestre del año (enero, febrero y marzo), que consistió en un 5,1% acumulativo, distribuido en subas del 1,7% mensual. 

Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, expresó: “Nuestro objetivo es sostener el poder adquisitivo del salario ante una inflación que aún persiste. Este acuerdo es parte de un monitoreo constante que realizamos para proteger el ingreso de las familias trabajadoras”.

Y agregó: “Estamos siguiendo de cerca la situación del empleo formal en el sector, ya que vemos con preocupación algunas señales de desaceleración”.

El programa económico libertario tiene contradicciones: una de las más cuestionadas es la intervención en los precios más importantes de la economía. El dólar, claro. Pero también los salarios. El gobierno del libre mercado, el que insiste con que la inflación es un fenómeno pura y exclusivamente monetario, impone un techo a las paritarias para que los salarios no echen leña al fuego inflacionario. Y efectivamente, desde enero, logra que los acuerdos cierren por debajo de la inflación mensual. 

Sin embargo, el mismo Gobierno también celebra que los salarios le ganen a la inflación. El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió en twitter un gráfico en base a datos oficiales de evolución promedio de salarios del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino, el organismo que administra los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores públicos y privados del país), con la leyenda: “El salario real privado registrado está en su máximo nivel desde agosto de 2018”. Y los libertarios respondieron: “Gracias toto, de a poco van recuperando el país del desastre kuka” (sic), “VLLC!” (sic), “Argentina será próspera”. 

Y en efecto, el último informe de la la Situación y Evolución del Trabajo Registrado que publica la Secretaría de Trabajo muestra que en febrero de 2025, el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores formales del sector privado fue 7% mayor al nivel de noviembre de 2023, mes previo al inicio de la actual gestión de gobierno. 

“¿Están creciendo los salarios aún cuando el Gobierno definió un techo muy estricto a los aumentos negociados en paritarias y no está homologando los acuerdos que superan esa pauta?”, se preguntan los investigadores del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo CETyD, que pertenece a la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín. 

¿Qué festeja el Gobierno?

Spoiler alert: un aumento de intensidad laboral. Según el CETyD, entre fines de 2023 y 2024, el nivel de empleo cayó 2,3% pero crecieron un 5,1% las horas extra trabajadas.  

“Los trabajadores no están cobrando más porque hayan aumentado sustancialmente sus salarios, dado que las paritarias están pisadas. Por el contrario, sus ingresos se incrementaron porque están trabajando horas extra”, se responden desde CETyD. En efecto, si se excluye el crecimiento de las horas adicionales, el salario por hora trabajada creció apenas 2%, muy por debajo del 7% que festeja Caputo.

Esto puede deberse a que, en el actual contexto de inestabilidad, las empresas están optando por aumentar las horas de trabajo, más fáciles de desarmar en caso de parate del consumo, antes que contratar más trabajadores a sus plantillas. 

Este fenómeno no sólo visibiliza un aumento de la intensidad, sino que genera una mayor flexibilización del mercado laboral. Es que el aumento de ingresos basado en el incremento de las horas extra es inestable y corre el riesgo de ser rápidamente revertido si la actividad se estanca o se retrae. “A diferencia de los aumentos negociados en paritarias, las horas extra son el primer componente salarial que se elimina cuando el ciclo económico pierde dinamismo”, resume CETyD.

También se da el fenómeno del pluriempleo. Es decir, los mismos trabajadores aumentan la cantidad de horas trabajadas (en otros empleos) para poder compensar el salario bajo de su principal actividad. Todo eso aporta a la masa salarial que mide el SIPA. 

“Esta diferencia que observamos para fines de 2024, seguramente se haya profundizado a principios de 2025 (período para el cual no hay información disponible aún), considerando la acentuación del desacople entre los salarios efectivamente cobrados y los negociados en paritarias que ocurrió durante esa etapa”, aseguran desde CETyD.

Todo marcha acorde con el plan

“El propio ministro de Economía está diciendo que el salario efectivamente pagado, que incluye horas extras, aumentos fuera de convenios (NdR: como pueden ser cargos jerárquicos), fue con una velocidad mayor a la de la inflación, entonces el ancla no funcionó. ¿Para qué le pusiste el techo a las paritarias? ¿Cuál es la consecuencia? Más desigualdad en el mercado de trabajo”, asegura en diálogo con este diario el abogado laboralista y miembro del CETyD Juan Manuel Ottaviano.

En el marco teórico gubernamental, eso se llama competitividad: “Es decir, todo marcha acorde al plan. Pero el resultado es que tenés intensificación de la mano de obra, pluriempleo, trabajo informal, y gente que sale a buscar horas extras”, concluye Ottaviano.

El “logro” del que se jacta el Gobierno es una foto distorsionada: salarios que suben, sí, pero no por paritarias libres ni por una mejora genuina del poder adquisitivo, sino por más horas trabajadas, más precariedad y más desgaste. La estadística esconde la sobrecarga laboral y el deterioro de las condiciones de vida. Si la recuperación salarial llega de la mano del pluriempleo y la intensificación, el país no se encamina a la prosperidad sino a un modelo que reparte mejor las penurias que los derechos.

NR/JJD

El Sindicato del Neumático (Sutna) convocó para este miércoles a sus afiliados a un paro de 24 horas con movilización, ante la negativa de las cámaras del sector a firmar una nueva paritaria y en repudio a las cesantías producidas recientemente en algunas empresas.

El gremio, encabezado por su secretario general, Alejandro Crespo, anticipó que el paro se extenderá desde las 13.30 del miércoles hasta la misma hora del jueves, y convoca a los afiliados a marchar a las 14 desde cada fábrica hacia la sede de la Secretaría de Trabajo en Callao al 100.

El Sutna anunció en redes sociales la medida de fuerza luego de que las principales empresas del sector como Pirelli, Fate y Bridgestone, “no realizaran propuesta alguna” de aumento salarial para enero y febrero.

Además, las empresas rechazaron discutir el aumento del bono extraordinario, lo que generó un creciente malestar entre los trabajadores.

“Ante la pretensión de las patronales de destruir las paritarias del neumático, paramos a las 13.30 del miércoles 26/3 para salir a las 14 horas de cada planta y movilizar a la Secretaría de Trabajo (Av. Callao al 100)”, publicó el Sutna en su cuenta de Instagram.

El gremio rechazó la negativa de las patronales “a presentar una propuesta valida de aumento salarial para enero y febrero, aun con la inflación de esos meses ya publicada por el INDEC, así como a discutir el incremento del bono extraordinario” que vienen percibiendo.

El Sutna denunció que la firma Bridgeston “salió con alrededor de 60 despidos” en los últimos días y señala que “en Fate, la situación no es mejor”, ya que “a los 97 despidos del año pasado, se suman centenares de puestos de trabajo eliminados por la vía de arreglos”.

Con información de agencias.

IG

Hugo Moyano, líder del gremio de los camioneros, selló un acuerdo salarial que representa una victoria política para el gobierno de Javier Milei en su cruzada contra las recomposiciones salariales. La paritaria firmada establece aumentos de apenas 1% mensual entre marzo y mayo, una cifra que no solo está muy por debajo de la inflación, sino que sienta un precedente alarmante para el resto de los trabajadores de una economía argentina que cae y que no muestra signos sostenidos de recuperación.

Camioneros es uno de los gremios más poderosos del país, con una capacidad de presión que le permite paralizar la economía. Sin embargo, en esta negociación, optó por alinearse con La Libertad Avanza, dejando en evidencia la pérdida de poder de los sindicatos y el deterioro acelerado del salario real. También, poniendo de relieve la débil respuesta del peronismo en su rol de oposición, ya que el propio Moyano es un histórico referente del sindicalismo justicialista.

El acuerdo también contempla una suma fija de apenas $13.240 en marzo, que pasará a ser remunerativa en abril, según el diario La Nación. Esta concesión se da en un contexto donde la inflación de febrero, informada por el Indec, fue del 2,4%, con lo cual el pacto de Moyano con Milei supone que los salarios crecerán menos de la mitad que el índice general de precios (IPC) de la economía.

La aceptación de esta pauta salarial, diseñada por el ministro de Economía, Luis Caputo, responde a la estrategia del gobierno de Milei de frenar los aumentos para mostrar una desaceleración de la inflación. Sin embargo, esta política se traduce en una reducción brutal del poder adquisitivo, en un país donde los ingresos ya vienen sido golpeados por la megadevaluación de diciembre de 2023, mes en que asumió el tándem Milei-Caputo.

Un acuerdo que trasciende a Camioneros: un mensaje para el resto de los trabajadores

El gremio de camioneros no es un sindicato más. Su capacidad de presión le permitió históricamente negociar condiciones favorables para sus afiliados y marcar la cancha en las discusiones salariales de otros sectores. Lo que acepta Moyano se convierte en referencia para el resto de los trabajadores. Si un sindicato con poder de extorsión como el suyo acuerda un 1% mensual, menos de la mitad de lo que crecen los precios, ¿qué pueden esperar los trabajadores de otros sectores menos organizados?

Este pacto es una muestra de cómo el gobierno de Milei busca imponer su agenda de ajuste inclusive por fuera del Estado que administra, pese a que el propio Presidente declama que los acuerdos privados son entre privados y que el Estado no debe entrometerse. El salario promedio en la Argentina, según el propio Milei, supera apenas los $400.000, lo que no alcanza para cubrir la canasta básica, y la realidad es que en dólares el ingreso de los argentinos sigue en caída libre.

Moyano, lejos de la CGT y alineado con Milei

El acuerdo también expone las fracturas dentro del sindicalismo. Moyano tomó distancia del paro general convocado por la CGT para el 10 de abril, cuyo eje es precisamente el rechazo a la intervención del Gobierno en las paritarias. Mientras otros sindicatos denuncian el intento de imponer techos salariales, Moyano sorprendió al aceptar sin conflicto la pauta oficialista, consolidando el avance del mileísmo sobre la estructura gremial.

El acuerdo incluye subas escalonadas de 1,2% para marzo, 1% para abril y 1% para mayo. Estos porcentajes no solo están por debajo de la inflación actual, sino que confirman la intención del gobierno de La Libertad Avanza de fijar un techo a los aumentos salariales, aun cuando los precios siguen en ascenso.

La pregunta que queda es: ¿qué ganó Moyano a cambio de esta rendición? En un contexto donde el Gobierno avanza con una política de ajuste feroz, la postura de Camioneros no solo afecta a sus 190.000 afiliados, sino que allana el camino para que otras negociaciones sigan el mismo rumbo. Para el Gobierno, la victoria es clara: el disciplinamiento de los sindicatos y la consolidación de su modelo de ajuste.

JJD

El Indec difundirá esta tarde, como cada mes, el dato que es la obsesión del gobierno del tándem Javier Milei-Luis Caputo: el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en este caso de febrero. Estará alrededor del 2%, según coincide la mayoría de las consultoras privadas, que ya anticiparon sus cálculos en los últimos días.

Hay estudios que ubican el IPC de febrero por debajo del 2%. La consultora CIT Castiglione y Tiscornia prevé un 1,9%. Sin embargo, la mayoría pronostica que la inflación se ubicará entre 2,3% y 2,7%, por encima del 2,2% de enero. Como pubicó elDiarioAR, el principal factor detrás de esta aceleración fue el fuerte aumento del precio de la carne, que subió cerca de 8% durante el mes.

El Gobierno bajó a comienzos de año el crawling peg del 2% al 1%, lo que significa que desaceleró el ritmo de la devaluación, contra la mayoría de las sugerencias de los economistas, que sostienen que el dólar está atrasado y, por lo tanto, no es competitivo. Plantean que se debe liberar el cepo cambiario para saber qué precio le dará el mercado, al que justamente venera Milei.

A pesar de bajar el crawling peg al 1%, la inflación no está navegando al 1%, como ellos hubieran deseado. Tampoco se ubica en torno del 1% pese a que tomaron otra medida para lograrlo: imponer las paritarias al 1%.

El techo encuentra, por supuesto, la resistencia de los gremios, que con razón sostienen que los ingresos están muy por debajo de lo que subieron hasta ahora los precios, y, por lo tanto, que el poder de compra se desplomó durante la gestión Milei.

El argumento del Poder Ejecutivo es que esa pauta del 1% apunta justamente a que los empresarios no trasladen a precios los aumentos salariales. Además, aseguran que no se encarezcan aún más los salarios en dólares, porque temen que eso pueda desencadenar despidos, en una economía que cayó 1,8% en 2024 y que no muestra señales convincentes de recuperación.

Los pronósticos

Entre las proyecciones, Eco Go, la consultora que dirige Marina Dal Poggetto, estima una suba de 2,7% para el IPC de febrero. Equilibra, de Martín Rapetti, y PxQ, de Emanuel Álvarez Agis, proyectan un alza de 2,5%, LCG de 2,4%, mientras que la Fundación Libertad y Progreso calcula una suba de 2,3%.

En la misma línea, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que realiza el Banco Central en base a estimaciones de consultoras privadas, ajustó este lunes su pronóstico a 2,3%, por encima del 2,1% que había anticipado un mes atrás.

Para el top 10 de las consultoras relevadas en el REM, el aumento de la inflación no sería algo transitorio de febrero. Ajustaron al alza las proyecciones para febrero (2,3%), marzo (2%), abril (1,9%) y mayo (1,7%).

De confirmarse estos números, se profundizará aún más la situación de la Argentina “cara en dólares”, porque la tendencia al alza del índice inflacionario se da en un contexto en el que el Banco Central mantiene un ritmo de devaluación del 1% mensual, lo que implica que, si los precios superan ese porcentaje, seguirá deteriorando la competitividad en dólares de la economía.

Un final que se escribe solo

Si la inflación sigue sin ceder al ritmo que Milei y Caputo desean, el Gobierno enfrentará un dilema inevitable: ceder ante la realidad o forzar la economía hasta el punto de quiebre. Con paritarias amordazadas, un tipo de cambio que pierde competitividad y un mercado que desconfía de la sostenibilidad del plan, el horizonte luce turbulento.

El Gobierno prometió “destruir la inflación” como si fuera un enemigo abstracto, pero olvidó que la economía es un sistema vivo, donde cada decisión genera reacciones impredecibles. En la búsqueda de su 1% soñado, se encuentra cada vez más con algo peor: una economía estancada, con precios altos y salarios bajos. Pero más que el Gobierno, son los ciudadanos los que sufren ese combo, que en la Argentina no es nuevo.

Milei y Caputo pueden seguir jugando a domar la inflación, pero la pregunta que se impone es cuánto tiempo les queda antes de que la realidad los alcance.

JJD/MC

Los trabajadores metalúrgicos percibirán un aumento salarial del 12,3% sumando el último bimestre del año pasado y el primer trimestre del 2025, a partir del acuerdo alcanzado en la negociación paritaria entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresariales.

La suba acordada en el comienzo de la segunda semana completa de enero se implementará de manera escalonada, retroactiva y acumulativa, con un 5,5% en noviembre, 2% en diciembre, 1,8% en enero, 1,5% en febrero y 1% en marzo. 

De esta manera, en los primeros meses del año se cumple con la premisa gubernamental de que las paritarias no superen la inflación, al igual que sucedió con los sindicatos de Camioneros y de los Encargados de Edificio.

Los aumentos de cada mes serán calculados sobre los salarios básicos vigentes al mes previo. En el caso de las actualizaciones correspondientes a noviembre y diciembre tendrán impacto en el cálculo del aguinaldo y las vacaciones que ya se abonaron el mes pasado.

El acuerdo alcanzado entre los trabajadores y ADIMRA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR, CAMIMA y CAIAMA, también incluye una cláusula de revisión que se activará el 15 de marzo, con el objetivo de evaluar el andar de la inflación y si corresponde aplicar nuevos incrementos.

El aumento anterior al recientemente suscripto fue en agosto pasado y también se había pactado cuatrimestralmente y de manera retroactiva, siendo repartidos de la siguiente manera: 4% en julio, 4% en agosto, 3% en septiembre y 3% en octubre.

DM con información de agencia NA

Los trabajadores metalúrgicos percibirán un aumento salarial del 12,3% sumando el último bimestre del año pasado y el primer trimestre del 2025, a partir del acuerdo alcanzado en la negociación paritaria entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresariales.

La suba acordada en el comienzo de la segunda semana completa de enero se implementará de manera escalonada, retroactiva y acumulativa, con un 5,5% en noviembre, 2% en diciembre, 1,8% en enero, 1,5% en febrero y 1% en marzo. 

De esta manera, en los primeros meses del año se cumple con la premisa gubernamental de que las paritarias no superen la inflación, al igual que sucedió con los sindicatos de Camioneros y de los Encargados de Edificio.

Los aumentos de cada mes serán calculados sobre los salarios básicos vigentes al mes previo. En el caso de las actualizaciones correspondientes a noviembre y diciembre tendrán impacto en el cálculo del aguinaldo y las vacaciones que ya se abonaron el mes pasado.

El acuerdo alcanzado entre los trabajadores y ADIMRA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR, CAMIMA y CAIAMA, también incluye una cláusula de revisión que se activará el 15 de marzo, con el objetivo de evaluar el andar de la inflación y si corresponde aplicar nuevos incrementos.

El aumento anterior al recientemente suscripto fue en agosto pasado y también se había pactado cuatrimestralmente y de manera retroactiva, siendo repartidos de la siguiente manera: 4% en julio, 4% en agosto, 3% en septiembre y 3% en octubre.

Los aumentos en salarios básicos

Los aumentos en el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR)

Con información de agencias.

IG