Luis Caputo explicó que los funcionarios que accedieron a alguna de las hipotecas del Banco Nación suman apenas 0,2% de los 27.000 receptores de esos créditos a baja tasa, por lo tanto, su insignificancia anula la sospecha de delito. Es una forma de medirlo; hay otras. Por ejemplo, la que apunta un ministro de una provincia aliada del oficialismo. “Metieron a la mitad de la consultora Anker en esos créditos”.

El funcionario provincial se refiere a la consultora boutique que encabezaban Caputo y Santiago Bausili. Cuando fueron convocados por Javier Milei, en diciembre de 2023, el primero se hizo cargo del Ministerio de Economía, el segundo, del Banco Central (BCRA), y los economistas del staff pasaron a ocupar despachos oficiales.

El listado de beneficiados con hipotecas del banco público —a una tasa entre la mitad y un tercio de la de una entidad privada, mayor cobertura sobre el precio de la vivienda y menores exigencias en cuanto a ingresos del solicitante— incluye a unos doce funcionarios del Poder Ejecutivo.

De ellos, tres trabajaron para Anker, y están entre quienes recibieron los préstamos de mayor monto, no sólo entre los otorgados a funcionarios, sino entre los 27.000 clientes a los que aludía Caputo.

Encabeza el listado el ex-Anker y actual director del Banco Central Juan Pedro Inchauspe, quien cosechó $509 millones en diciembre pasado, según el sitio “Cuánto Deben”, del analista Andrés Snitcofsky, que sistematizó la información. Otro responsable de la consultora y actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, recibió $367 millones en agosto de 2025. Le siguió Felipe Berón, exanalista en la firma de Caputo-Bausilli y actual segundo de Furiase, con $362 millones.

Del resto de los economistas de Anker —Caputo, Bausili y el director del BCRA Martín Vauthier— no hay registro de que hubieran aprovechado la gran oportunidad de endeudarse a la tasa subsidiada del Nación, al menos a su nombre.

En cambio, sí lo hicieron más hombres del Ministerio de Economía: Matías Mana, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales (otro en la línea Furiase, $243 millones) y Juan Manuel Garzón (subsecretario de Programación Macroeconómica).

El foco mayor se colocó sobre Felipe Núñez, asesor de Caputo y director del BICE. Juntó $373 millones en febrero de 2025. Toda una contradicción con sus provocaciones en redes sobre el cierre del Banco Nación, al que definía antes de ocupar su función actual como “una cueva de acomodados políticos que lo único que sirve es para timbearse los ahorros de la gente para salvar a inviables”.

Inusualmente apichonado para quien suele actuar como un matón virtual, Núñez mintió en el streaming fascistoide Carajo. Antes de acudir al medio preferido del equipo económico, Núñez se hizo asesorar por un abogado y leyó: “No hicimos nada moral ni ilegal, fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo. Nuestras familias se endeudaron a 30 años”. Se abstuvo de pedir que le agradecieran.

A su lado, Furiase explicó lacónico —ajeno a su novedosa preferencia por la provocación— que su préstamo fue para comprar “una segunda vivienda, y no tercera como se dijo por ahí”. Se refirió a la información dada por Alejandro Bercovich en C5N, quien mostró la suntuosa casa que Furiase compró en el barrio privado Los Pilares e informó que sus ingresos se multiplicaron en febrero, cuando pasó a cobrar honorarios como director de Aeropuertos Argentina, la empresa encabezada por Eduardo Eurnekián en la que el Estado es accionista. Con los al menos $10 millones que ganará por una tarea a la que no dedicará ni un minuto al mes, el secretario podrá afrontar la cuota de la hipoteca sin problemas.

Furiase –era director del BCRA cuando recibió el préstamo– y otros receptores de Anker probablemente deban explicar ante tribunales la tentación en la que incurrieron en momentos en que contaban con información privilegiada sobre el comportamiento de las tasas y supervisaban las condiciones del crédito.

El hecho de que más de la mitad de los funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo que recibieron un crédito del Nación pertenecieran a las inmediaciones de la oficina de Caputo explica la pelea en sordina que se desató esta semana entre el titular de Hacienda y colegas del gabinete.

La lista de libertarios que recibió un crédito es extensa. Como informó este diario, durante unos meses de 2025, se desató un radiopasillo en varios ministerios para sacar un crédito del Banco Nación y ofertas “te paso el contacto”. Las fuentes calculan en decenas entre las segundas líneas de su entorno que se endeudaron, entre asesores, directores y jefes de gabinete con menos nombre que los sesenta que salieron a la luz entre los tres poderes del Estado, con una clara preponderancia de integrantes de La Libertad Avanza.

Sandra Pettovello sobreactuó al fulminar a su jefe de gabinete, el radical Leandro Massacessi, receptor de $439 millones. La ministra de Capital Humano se quejó de que no le había avisado y lo echó. En la particularísima escala ética de la amiga y contenedora psicológica de Javier Milei, otros hipotecados entre funcionarios que la rodean no merecieron reparo, apunta una fuente de Economía. En la cartera de Caputo vieron en Pettovello una aprovechamiento político para desmarcarse al costo de exponer al staff de Anker, a riesgo de generarles un frente judicial.

¿Qué piensa sobre este asunto el líder cuya lógica de razonamiento y sus principios tienen encandilado a todo el elenco gobernante?

En un diálogo en penumbras con dos fans emitido por la TV Pública, Milei se hizo preguntas referidas a los créditos del Banco Nación: “Haber tomado un crédito, ¿mató gente? No”. Siguió: “¿Alguien perdió la libertad por esto? Tampoco”. Abundó: “¿La tasa es la tasa de mercado? Afirmativo. No violentaste la propiedad privada”.

Esa secuencia de preguntas condensa problemas de diverso orden. Primero, intelectual. No hay forma de que una persona que comprende de qué se trata atine a interrogantes tan absurdos. Luego, en relación con la verdad, conflicto esencial en el Mundo Milei. La tasa para primera vivienda del Banco Nación para el público en general es el doble del 4,5% que rige en la línea de créditos a la que accedieron funcionarios de Economía que hace dos años gozaban con la idea de cerrar el banco “prebendario”. No fue “tasa de mercado”.

El conflicto con la verdad del Presidente remite a un aspecto que parece haberse instalado como motor del Gobierno ultraderechista: la amoralidad. No asoma una convicción ética que priorice unos valores sobre otros, aunque sean polémicos, o que dé lugar a un prisma rector para todo el Gobierno. Prevalece una ausencia de toda moral, que da lugar a un cúmulo de comodines ramplones para tratar de justificar o esconder lo que haga falta, con lo que surja en el momento, sin línea de razonamiento o reparos sobre el procedimiento.

La presunción de corrupción sistemática que refleja el caso ANDIS y el 3% para Karina, la organización de una aparente estafa desde el propio despacho presidencial expresada por $LIBRA, la pulsión por comprar propiedades y viajar en aviones caros de los Adorni o la avivada de casta por excelencia que reflejan los créditos de Banco Nación demuestran un menú variopinto de podredumbre que tiene entretenido al Gobierno, al punto de paralizarlo en aspectos básicos de la administración.

Se suma a ello otro plano identitario del ascenso del Soez. Para Milei, el insulto y la grosería forman parte de la necesidad de “llamar a las cosas por su nombre”, hablar “sin hipocresía” para denunciar el latrocinio de la casta o, en sus términos, “políticos de mierda”. El éxito electoral del ultra tuvo un correlato en las pantallas de canales de noticias, columnas de opinión, redes, humoristas y streamings fascistoides.

Los últimos episodios de canales como Carajo –cada vez con menos audiencia– muestran a esas voces no ya para apuntar a quienes ellos consideran infrahumanos (por trabajar en el Estado, ser científico, feminista, zurdo o gay), sino para el goce del latrocinio propio. Una variante todavía de alta difusión no se preocupa por negar lo evidente, sino por decir que los anteriores fueron peores. Otra vez, la amoralidad.

Todo esto ocurre mientras millones de personas no pueden viajar en colectivo a trabajos en los que ganan menos en términos reales que hace cinco meses o tres años, otros millones están impedidos de atenderse con el médico de PAMI porque el instituto de salud de los jubilados entró en un déficit inmanejable, y unos cuantos millones más viven bajo el agobio de lidiar con escuelas, hospitales, universidades y programas de asistencia amputados por la motosierra. Todo ese mal vivir cotidiano encuentra al Gordo Dan vomitando agravios que perdieron gracia y al Presidente haciéndose entrevistar por una lista de periodistas tan restrictiva, que más temprano que tarde se reducirá a un único nombre posible: Luis Majul.

Maniatado

Se desató una guerra con Irán. La acción del Estado argentino fue limitarse a las palabras “apoyo total”, “vamos a hacer todo lo que pida Estados Unidos”. La adhesión irrestricta viene en combo con el pegoteo con Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí con pedido de arresto por crímenes de guerra e investigado por genocidio.

Semejante grandilocuencia pavloviana impide atender un aspecto tan básico como el desfasaje generado en los costos del transporte público a raíz del aumento del petróleo derivado de la crisis en el Golfo Pérsico. El precio de viajar en el área metropolitana triplicó el aumento de la inflación desde que asumió Milei, mientras trenes, subtes y colectivos no cesaron de recortar servicios. Se viaja más caro y peor.

Entre otras razones, el Gobierno está maniatado para, por ejemplo, intervenir en el mercado de combustibles, porque el dogma económico lo impide. Con las capacidades del Estado acechadas o abandonadas, los organismos de control resignan capacidad para exigir cumplimientos y auditar costos. Tampoco es posible aumentar los subsidios para mitigar el alza, porque la persistente caída de la recaudación producto de la recesión resta recursos al Estado, que profundiza los recortes y acelera la retracción del consumo.

¿Sorprendidos?

slacunza@eldiarioar.com

SL

Federico Furiase y Felipe Nuñez, dos funcionarios del área de Economía, se defendieron este jueves de las críticas surgidas, luego de haber obtenido sendos créditos hipotecarios, y coincidieron en afirmar que no hicieron “nada ilegal” al respecto.

Furiase se desempeña como secretario de Finanzas, mientras que Nuñez es el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), además de ser asesor del ministro de Economía, Luis Caputo. Ambos negaron haber tenido algún privilegio para acceder a los préstamos por parte del Banco Nación.

“No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo. ¿Por qué elegimos el Banco Nación? Primero, porque cobramos el sueldo ahí”, aseveró Nuñez, en declaraciones al canal de streaming Carajo.

Asimismo, aseveró que “somos clientes del Banco Nación. Tenemos la posibilidad de acceder a los productos que ofrece el banco y uno de ellos es el crédito hipotecario. Y lo más importante, era la tasa más competitiva del mercado. Nuestras familias se endeudaron a 30 años”.

Por su parte, Furiase aclaró que tomó un crédito en el Banco Nación para la compra de “una segunda vivienda a una tasa más alta. Eso de la tercera vivienda de la que se habla es una donación de derechos de usufructo que hicieron mis padres y me corresponde el 33%. No se toma como una vivienda. Y no vivo ahí desde 2010”.

Furiase obtuvo un crédito por 367 millones de pesos, unos 280 mil dólares desde agosto del año pasado, mientras que Nuñez accedió a 373 millones de pesos, es decir, unos 315 mil dólares en febrero del año pasado, aunque no fueron los únicos funcionarios del gobierno que pudieron conseguirlos.

También fueron beneficiados legisladores como Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio, Mariano Campero y Lorena Villaverde, así como Juan Pablo Carreira, a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial; Sharif Menem, director de la secretaría privada en Diputados; Guillermo Madero, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa; Emiliano Mongilardi, director de YPF; y Leandro Massaccesi, ex jefe de gabinete del ministerio de Capital Humano, quien fue removido de su puesto por no habérselo informado a Sandra Pettovello, a cargo de esa cartera.

Qué investiga la Justicia

La polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios y legisladores del oficialismo tiene su correlato judicial a raíz de las dos denuncias penales presentadas en Comodoro Py, que días atrás fueron sorteadas y recayeron en los juzgados federales de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti, quienes deberán determinar si existieron irregularidades en la operatoria.

La primera presentación fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y quedó a cargo de Rafecas. Apunta contra el expresidente del Banco Nación Daniel Tillard y contra el superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet. La denuncia incluye acusaciones por presunta administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La segunda denuncia, en tanto, fue presentada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, acompañada por el socialista Esteban Paulón, y recayó en el juzgado de Capuchetti. A diferencia de la anterior, este planteo amplía el foco e incorpora no solo a las autoridades del banco sino también a varios de los beneficiarios de los préstamos.

Entre los nombres mencionados figuran el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el director del Banco Central, Pedro Inchauspe; el director del BICE, Felipe Núñez; y los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni, entre otros. En este caso, los delitos señalados incluyen negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y defraudación.

El escándalo se desató tras la difusión de una lista de funcionarios y dirigentes que accedieron a créditos hipotecarios por montos millonarios en los últimos dos años. La información, basada en datos públicos del Banco Central y sistematizada por herramientas de acceso abierto, puso bajo la lupa posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y los préstamos obtenidos.

Con información de NA.

La polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios y legisladores del oficialismo ya tiene su correlato judicial: dos denuncias penales presentadas en Comodoro Py fueron sorteadas y recayeron en los juzgados federales de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti, que ahora deberán determinar si existieron irregularidades en la operatoria.

La primera presentación fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y quedó a cargo de Rafecas. Apunta contra el expresidente del Banco Nación Daniel Tillard y contra el superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet. La denuncia incluye acusaciones por presunta administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La segunda denuncia, en tanto, fue presentada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, acompañada por el socialista Esteban Paulón, y recayó en el juzgado de Capuchetti. A diferencia de la anterior, este planteo amplía el foco e incorpora no solo a las autoridades del banco sino también a varios de los beneficiarios de los préstamos.

Entre los nombres mencionados figuran el secretario de Finanzas Federico Furiase; el director del Banco Central Pedro Inchauspe; el director del BICE Felipe Núñez; y los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni, entre otros. En este caso, los delitos señalados incluyen negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y defraudación.

El escándalo se desató tras la difusión de una lista de funcionarios y dirigentes que accedieron a créditos hipotecarios por montos millonarios en los últimos dos años. La información, basada en datos públicos del Banco Central y sistematizada por herramientas de acceso abierto, puso bajo la lupa posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y los préstamos obtenidos.

Mientras la oposición reclama avanzar con la investigación tanto en la Justicia como en el Congreso, el Gobierno sostiene que no hubo irregularidades y que los créditos fueron otorgados bajo las mismas condiciones que rigen para cualquier cliente que cumpla con los requisitos.

En paralelo, el caso ya tuvo impacto político: la salida de Leandro Massaccesi del Ministerio de Capital Humano, tras conocerse que figuraba entre los beneficiarios, sumó tensión interna en el oficialismo, aunque desde la Casa Rosada intentaron despegar su desvinculación de la polémica.

Con los expedientes ya asignados, serán ahora los juzgados de Rafecas y Capuchetti los encargados de avanzar en la investigación y determinar si hubo o no trato preferencial en el otorgamiento de los créditos.

CRM

El Gobierno nacional oficializó la designación de Carolina Píparo como nueva directora del Banco de la Nación Argentina, en reemplazo de Rodolfo Carvajal, cuya renuncia fue aceptada a partir del 10 de diciembre.

Según el decreto 907/2025 publicado en el Boletín Oficial, Píparo asumió el cargo a partir del 11 de diciembre y su mandato se extenderá hasta el 1° de enero de 2028, para completar el período legal establecido en la Carta Orgánica de la entidad.

La decisión fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el 22 de diciembre, junto con otras modificaciones en la cúpula directiva del banco.

En el mismo acto, mediante el decreto 903/2025, se formalizó la renuncia de Daniel Tillard como presidente del Banco Nación, y la del vicepresidente Darío Wasserman, quien fue designado como nuevo titular de la entidad estatal financiera.

Tillard y Wasserman habían sido nombrados por el gobierno anterior y sus renuncias fueron aceptadas con agradecimientos expresos por los servicios prestados, según consta en el texto oficial.

Con información de la agencia NA

El Banco de la Nación Argentina (BNA) subió la tasa de interés de sus créditos hipotecarios UVA, pasando de un 4,5% a un 6%.

Así lo informó el analista Andrés Salinas en su cuenta de X (ex Twitter), acompañado de un cuadro comparativo de las ofertas de créditos hipotecarios de distintos bancos.

Según Salinas, este es el primer aumento de tasa por parte del BNA desde el relanzamiento de los créditos UVA, aunque aclaró que, a pesar de la suba, la tasa del 6% sigue siendo la más baja del mercado.

La noticia genera preocupación en el sector y en los potenciales tomadores de créditos, ya que se anticipa que el resto de las entidades bancarias podrían seguir el camino del Banco Nación e incrementar sus propias tasas de interés en el corto plazo.

Panorama actual de tasas UVA (cobrando sueldo):

Según el cuadro compartido en X, las tasas actuales de los créditos hipotecarios UVA (para clientes que cobran sueldo en el banco) son las siguientes:

El incremento de la tasa del Banco Nación, considerado un referente en el mercado, podría marcar el inicio de una tendencia al alza que afectaría el acceso a la vivienda para miles de argentinos. El estatal es el banco que captó la mayor parte de la demanda hasta ahora, con más del 40% del total de solicitudes totales.

De acuerdo a la información oficial, hasta octubre de 2025, 4.400 de los préstamos otorgados se registraron en la ciudad de Buenos Aires, 5.000 en el conurbano bonaerense, 1.500 en Córdoba, 1.400 en Mendoza y 1.000 en Santa Fe. Su tasa del 4,5% lo había convertido en el banco más competitivo del sistema a nivel nacional, frente a los valores de entre 10% y 17% que aplican las entidades privadas luego de sus aumentos. Ahora subió un poco, para ubicarse en un 6%.

Tech Security SRL, una firma vinculada a la familia del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue preadjudicada por el Banco Nación para prestar servicios de vigilancia en sus principales edificios. El contrato alcanza un monto de $3.933 millones y se extenderá inicialmente por dos años, con posibilidad de renovarse por dos períodos adicionales de un año cada uno.

La licitación contempla la seguridad en sedes clave de la entidad bancaria, como la Casa Central, el Centro de Procesamiento Paralelo, el Edificio Maipú, el edificio de Funcionarios y el Aeroparque Jorge Newbery.

Según surge de la documentación oficial, otra empresa, Briefing Security, también fue preseleccionada pero con un presupuesto sensiblemente menor: $237 millones.

Aunque Martín Menem ya no figura como socio en Tech Security, hasta diciembre de 2023 integraba la sociedad. Tras asumir la presidencia de la Cámara Baja, transfirió sus acciones a sus hermanos, Fernando Nicolás y Eduardo Adrián Menem, para evitar potenciales conflictos de interés. La operación quedó registrada formalmente pocos días después de su llegada al Congreso.

MM

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo postergó este martes el tratamiento del decreto 116/25 que transforma el Banco Nación en Sociedad Anónima, al hacer lugar a un pedido explícito del diputado de Unión por la Patria (UxP) Sergio Palazzo, líder del gremio La Bancaria.

El argumento de Palazzo estuvo basado en una nota presentada en el Congreso por los abogados querellantes de la causa iniciada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien mediante una cautelar transitoria frenó por seis meses el efecto del decreto. “Hay cuestiones de fondo que está resolviendo la Cámara de La Plata y solicito la postergación para hacer un mejor análisis con relación a los considerandos que el juez estableció en la cautelar”, expresó el diputado peronista.

A esa iniciativa se sumaron, sorpresivamente, el senador radical Víctor Zimmermann (Chaco), quien habitualmente acompaña al oficialismo. Por su parte, el diputado radical “con peluca” Francisco Monti se quejó y pidió celeridad, al advertir que las demoras configuran un “disparate”.

El eje de la discusión pasa por el alcance de las facultades delegadas que le otorgó el Congreso al presidente Javier Milei en la ley Bases y si, con esa potestad, puede intervenir en un ente autárquico como el Banco Nación. Para Monti, Ramos Padilla “confunde un decreto delegado con un decreto de necesidad y urgencia”.

En la cautelar inicial, el magistrado indicó que “al disponer la transformación del BNA en una sociedad anónima, el Decreto 116/2025 contradice flagrantemente la voluntad del Congreso, y supone una extralimitación de las facultades delegadas”.

Ambas posturas tienen como trasfondo la eventual privatización del Banco Nación, algo que intentó concretar el Gobierno sin éxito a través de la ley Bases.

Zimmerman retomó un argumento esgrimido de la diputada kirchnerista Carolina Gaillard y sostuvo que “como hombre del interior, el Banco Nación debe de alguna manera generar el financiamiento pueda llegar a todo el país. En ese marco es una discusión que debemos seguir dándola”, añadió.

Al chaqueño se sumaron todos los representantes peronistas de la comisión, dialoguistas y el presidente de ese órgano legislativo, el ex libertario y líder del MID Oscar Zago, entre otros, por lo que quedó pospuesta la discusión en el temario.

MM con información de la agencia NA.

Credicoop, Patagonia, Santander, Industrial And Commercial Bank Of China (ICBC), Galicia, Nación, BBVA, Macro, Supervielle son los nueve bancos que, a partir de este mes y hasta el 21 de agosto, se repartirán el negocio del pago de haberes de la Administración Pública Nacional (APN). 

La medida, que oficialmente apunta a quitar el monopolio que tiene el Banco Nación en la prestación del servicio, resulta muy seductora para los principales actores del sector en un contexto de baja del empleo privado –y sus cuentas sueldo–, y teniendo en cuenta que el gasto en personal de la APN fue de $10,7 billones (U$S9.000 millones) en 2024. 

La Oficina de Contrataciones (ONC) habilitó a nueve de los doce bancos que se habían presentado como interesados en la primera etapa de esta licitación para ofrecer el servicio que, hasta la publicación del decreto 747/2024 —firmado por Federico Sturzenegger y publicado en agosto pasado— solo podía acreditar el Banco Nación. 

Quedaron inhabilitados para presentarse en estos pliegos el Banco Ciudad, Hipotecario y el digital Brubank. Mientras que el primero fue por la falta de territorialidad –es un banco que tiene presencia en CABA y primer cordón de la provincia de Buenos Aires, pero el servicio se necesita en todo el país–, el Banco Hipotecario alega una cuestión técnica de derecho administrativo que ya fue apelada. Brubank también apeló, pero no respondió a la consulta de este diario.

Libertad a medias

El acuerdo marco que habilitó el decreto firmado en agosto por Sturzenegger establece un contrato de duración de tres años con opción de prórroga por un año más en el que los bancos deberán garantizar apertura de cuentas, acceso a cajeros automáticos, transferencias sin costo, emisión de tarjetas de débito y crédito, acceso a plataforma digital, atención al cliente eficiente, y acreditación de fondos en un plazo de no más de 24 horas desde su recepción. 

Aunque la medida se presenta como una apertura del mercado y una opción para descentralizar el pago de sueldos estatales, en la práctica los empleados públicos seguirán sin poder elegir libremente dónde cobrar. La decisión será un acuerdo cerrado entre cada organismo estatal y los bancos habilitados.

Con el “apto físico” emitido por la ONC, desde la semana pasada y hasta el 21 de agosto, los nueve bancos deberán presentarse en las licitaciones ad-hoc de cada organismo contratante. El primero fue la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, con 730 agentes y una masa salarial de $958 millones. 

Si bien es difícil calcular la cantidad de dinero en juego, una aproximación son los U$S9.000 millones de gasto en personal que ejecutó el Estado en 2024 de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso. Es una cifra máxima y poco precisa, porque la partida incluye algunos entes que ya habían desregulado ese decreto de 2012 como por ejemplo universidades, así como organismos que tienen cuentas aparte (o formas contractuales específicas) alcanzadas por ese cambio.

Según datos del sector a los que accedió elDiarioAR, hay 10,2 millones de cuentas sueldo en el sistema financiero, 12,07% de las cuales pertenecen al Banco Galicia, un 12,57% al Provincia, un 11,08% al Nación, y el resto a las otras entidades del sistema financiero. El Banco Nación cuenta hoy con 550.000 cuentas de haberes del Estado. “Es una oportunidad”, explican en uno de los bancos participantes a este diario ante el señalamiento de que pareciera representar poco caudal respecto a la cantidad de cuentas. “Si no, no se hubieran presentado 12 bancos”, complementa otro.

Para convertirse en agente financiero del Estado o de una empresa, los bancos deben pagar un canon mensual –basado en un porcentaje de la masa salarial transferida o en un monto fijo–, además de ofrecer servicios que los organismos contratantes deseen. Según el acuerdo marco, los organismos deben seleccionar a los bancos con la mejor oferta en cuanto a servicios, cobertura y beneficios para los empleados. En el Banco Nación no respondieron la consulta de este diario acerca de cuánto es el canon que pagan hoy en día a los distintos organismos.

En el sector privado tampoco quisieron dar un número, pero aseguraron que dependerá de cada organismo estatal: “Están los más atractivos, que son los que pagan más salarios como AFIP o el Banco Central, que sabés que vas a tener mayores oportunidades de brindar otros negocios más allá de las cuentas sueldo. Y hay otros que son más difíciles, porque manejan poca plata, por el tipo de público, como el pago de las jubilaciones, o los que tienen una dispersión territorial grande. Imaginate en Cancillería, tenes que hacer acuerdo con bancos de todos los países para pagar sueldos, por ejemplo”, explican.

Banco Nación S.A.

El Banco Nación es agente financiero de la mayoría de los organismos estatales a nivel nacional gracias a un decreto publicado en 2012 que obligó a implementar el pago de haberes del sector público mediante la entidad, pero no es el único. Hay otros bancos privados que participan en ese negocio a través de contratos tercerizados, por ejemplo, vía universidades. Hoy cuenta con 550.000 cuentas de haberes del Estado. Si bien el caudal parece ser poco, es significativo con respecto a las 1,3 millones de cuentas sueldo totales que operan actualmente en el banco público más grande de la Argentina: casi la mitad son estatales. 

Para la Argentina del 2012, la medida tenía sentido. Más allá del expertise que tuviera el banco en términos de pago de haberes, la liquidez obtenida por estas cajas de ahorro ordinarias de bajo costo, retornaba en forma de política pública en créditos a pymes, al sector agropecuario para la compra de maquinaria, promociones y cuotas. Incluso como ordenador del sector financiero.

En la Argentina del 2025, el Banco Nación va a camino a privatizarse. Esa fue la intención del Gobierno al incluirlo en la lista de empresas sujetas a privatización de la Ley Bases. Al haberlo eliminado de esa lista como parte de la negociación para que se aprobara la Ley en el Congreso, en la Casa Rosada arman el esquema para la entrada de capitales privados sin necesidad de que sea por ley.

Fintech versus todos

Una de las condiciones para participar en este proceso licitatorio es ser una entidad bancaria autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), renglón que deja afuera a las fintech. 

Es que hoy en día, uno de los mayores problemas de los bancos tradicionales es la retención de haberes, es decir, cómo hacer que los sueldos recién ingresados no salgan a una cuenta remunerada de alguna billetera virtual, o a algún banco con promociones más seductoras. 

Esta desregulación puede ser la punta del iceberg de una desregulación más profunda impulsada por el Gobierno en este tema, que asomó en el DNU 70. El capítulo laboral del mega decreto que publicó el gobierno de Javier Milei a menos de un mes de asumido, habilitaba a las billeteras digitales a salir a disputarle a los bancos el negocio de la acreditación de los haberes. 

“Marcos Galperín está muy interesado en el negocio, está afilando los cubiertos desde el año pasado”, ironiza uno de los bancos participantes desde la tranquilidad de que el capítulo laboral está suspendido gracias a una cautelar presentada en la Justicia. “Sin embargo, hay un proyecto de ley (NdR: el de Romina Diez, diputada de LLA), que avanza sobre el tema”, advierte otro banco. 

Efectivamente, el artículo 6 del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno sustituye el artículo de la ley que restringía el pago de haberes de bancos por uno que habilita que la cuenta a nombre del empleado puede estar en “entidad bancaria, o una institución de ahorro oficial u en otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación del sistema de pagos considere aptas, seguras, interoperables y competitivas”.

NR/DTC

El gobierno de Javier Milei adjudicó a once bancos privados el manejo del servicio de apertura, gestión y mantenimiento gratuito de cuentas sueldo para empleados públicos y dio así un nuevo paso en el avance sobre el Banco de la Nación Argentina (BNA) y su privatización.

La medida, que fue formalizada este jueves a través de la Decisión Administrativa 9/2025 publicada en el Boletín Oficial, permite a organismos de la administración pública nacional contratar bancos privados en lugar del Nación, algo que hasta hace poco era obligatorio.

La decisión representa un nuevo paso en el plan de desregulación impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, quien ya había logrado, mediante los decretos 70/2023 y 747/2024, eliminar una serie de prerrogativas que beneficiaban a empresas estatales.

En el caso del BNA, los decretos derogaron la norma que obligaba a los empleados públicos a percibir sus sueldos a través de esa entidad, lo que no solo garantizaba su centralidad en el sistema financiero público, sino que también le aseguraba ingresos por comisiones y manejo de cuentas masivas.

Los bancos adjudicatarios en esta nueva etapa son Credicoop, Santander, Galicia, BBVA, ICBC, Patagonia, Macro, Supervielle, entre otros. En total, once entidades podrán competir por la gestión de las cuentas sueldo, con contratos por tres años y posibilidad de prórroga por un año más. Aunque el BNA todavía podrá ofrecer el servicio, ya no será el único ni el preferente, y deberá competir en igualdad de condiciones con los nuevos actores del sistema.

El Banco Nación –que es agente financiero de la mayoría de los organismos estatales a nivel nacional gracias a un decreto publicado en 2012 que obligó a implementar el pago de haberes del sector público mediante la entidad– cuenta con 550.000 cuentas de haberes del Estado. Es que hay otros bancos privados que participan en ese negocio a través de contratos tercerizados, por ejemplo, vía universidades. Si bien el caudal parece ser poco, es significativo con respecto a las 1,3 millones de cuentas sueldo totales que operan actualmente en el banco público más grande de la Argentina: casi la mitad son estatales. 

Para la Argentina del 2012, la medida tenía sentido. Más allá del expertise que tuviera el banco en términos de pago de haberes, la liquidez obtenida por estas cajas de ahorro ordinarias de bajo costo, retornaba en forma de política pública en créditos a pymes, al sector agropecuario para la compra de maquinaria, promociones y cuotas. Incluso como ordenador del sector financiero.

Según datos del sector a los que accedió elDiarioAR, hay 10,2 millones de cuentas sueldo en el sistema financiero, 12,07% de las cuales pertenecen al Banco Galicia, un 12,57% al Provincia, un 11,08% al Nación, y el resto a las otras entidades del sistema financiero. 

El camino hacia la privatización del Banco Nación

El 19 de febrero, el Presidente convirtió por decreto a la entidad financiera estatal en sociedad anónima, abriendo la puerta a la entrada de capitales privados. Sindicatos y sectores productivos advirtieron que la medida puede ser el principio del fin de la banca pública nacional.

El Banco Nación es el principal banco de la Argentina. Tiene 17.403 empleados, 721 sucursales y 3.136 cajeros automáticos (ATM) en todas las provincias. Junto con el Correo Argentino —que también se eliminó a último momento de la lista de empresas sujetas a privatizar—, tiene presencia en las plazas de la mayoría de los pueblos y ciudades del país.

Aún con sus fallas administrativas, el banco estatal cuenta con un valor simbólico importante para los y las argentinas, y es una herramienta de política productiva que asiste a pymes y pequeños productores afectados por contingencias climáticas a tasas bajas. 

En números, es el banco con mayores activos ($48,8 billones) —todo lo que el banco posee, incluidos préstamos otorgados, inversiones y reservas— y depósitos ($ 32,09 billones), dinero que tienen los clientes en el banco y sugieren confianza en la entidad y capacidad para otorgar más préstamos ($13,91 billones). 

La relevancia del Banco Nación no tiene que ver sólo con su rol social, porque atiende a jubilados y pensionados, un gran público que los bancos privados prefieren evitar. Además, tiene una presencia protagónica en el mundo de la economía productiva y a nivel geográfico.

MM

El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dispuso una medida cautelar interina que suspende los efectos del decreto 116/2025, que establecía la transformación del Banco Nación de ente autárquico a sociedad anónima. De este modo, la resolución pone un freno a la intención del Ejecutivo de modificar la estructura del principal banco estatal del país.

Según Ramos Padilla, el Gobierno pudo haberse excedido en los límites fijados por el Congreso al aplicar la delegación de facultades establecida en la Ley Bases (27.742). La decisión se enmarca en una acción judicial promovida por trabajadores del Banco Nación, que buscan declarar inconstitucionales y nulos ciertos artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y de la Ley 26.122, en tanto avalarían la privatización de la entidad.

En septiembre pasado, el mismo juez había señalado que la normativa vigente no permitía la privatización del Banco Nación sin una ley específica del Congreso. En aquella resolución, Ramos Padilla destacó que la Ley Bases originalmente incluía al Banco Nación dentro de las empresas sujetas a privatización, pero que finalmente fue excluido tras el debate legislativo.

Además, había cuestionado la contratación de un estudio jurídico privado por parte del directorio del BNA para avanzar en la transformación de la entidad en sociedad anónima. Según el juez, esa decisión no solo era apresurada, sino que contradecía el propio decreto en el que se apoyaba, ya que el DNU 70/2023 promovía una gestión austera en el uso de los recursos públicos. Señaló que el banco podría haber recurrido al Cuerpo de Abogados del Estado para obtener asesoramiento.

En ese fallo, Ramos Padilla concluyó que, con la entrada en vigencia de la Ley Bases y la exclusión del Banco Nación de la lista de empresas privatizables, la causa había perdido vigencia.

El 19 de febrero, en pleno trámite de apelación de aquella decisión, el Gobierno publicó el decreto 116/2025, que dispuso la conversión del Banco Nación en sociedad anónima. Para los trabajadores que iniciaron la demanda, esta medida constituye un paso decisivo hacia su privatización, con impactos económicos, sociales y jurídicos.

El juez recordó que el Banco Nación no estaba contemplado en el artículo 48 del DNU 70/2023, que establece que las empresas con participación estatal pueden transformarse en sociedades anónimas. Su carácter de ente autárquico lo dejaba fuera de esa disposición. También subrayó que la Ley Bases había eliminado expresamente al Banco Nación de la lista de entidades privatizables.

No obstante, el Ejecutivo avanzó en su transformación, argumentando que el artículo 3 de la Ley Bases le otorgaba facultades para modificar la estructura jurídica de organismos descentralizados. Ramos Padilla advirtió que este cambio podría ser un paso previo a la privatización, ya que permitiría el ingreso de capitales privados en el banco estatal.

MM

Minutos antes de embarcar en el avión que lo llevó a Estados Unidos, el 19 de febrero, Javier Milei firmó el decreto que convierte al Banco Nación en sociedad anónima. Con este paso, el Presidente podría avanzar en lo que hace poco más de un año tuvo que ceder ante el Congreso para conseguir la aprobación de la Ley de Bases: quitarlo del listado de empresas sujetas a privatización. En la Casa Rosada arman el esquema para la entrada de capitales privados sin necesidad de presentar una ley en el Congreso.

El Banco Nación es el principal banco de la Argentina. Tiene 17.403 empleados, 721 sucursales y 3.136 cajeros automáticos (ATM) en todas las provincias. Junto con el Correo Argentino —que también se eliminó a último momento de la lista de empresas sujetas a privatizar—, tiene presencia en las plazas de la mayoría de los pueblos y ciudades del país: “Hay uno de los ATM que se encuentra en una localidad tan remota en Catamarca que se abastece con un avión”, recuerda con nostalgia ante elDiarioAR un extrabajador del banco que prefiere no revelar su identidad.  

Con el antecedente de la Ley Bases, el Gobierno no menciona explícitamente una privatización. No lo hicieron el vocero Manuel Adorni ni el ministro desregulador Federico Sturzenegger en los tuits que publicaron festejando la medida que, según ellos, mejorará la “transparencia y el gobierno corporativo”. Es que para que hoy ingresen capitales privados al banco es necesaria una ley del Congreso. 

Sin embargo, el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, admitió que el cambio de figura jurídica “puede ser un paso previo” para avanzar. “Estamos buscando que todas las empresas públicas sean privatizadas, si entendemos privatización en un sentido genérico, que es que se permita que haya inversores privados que participen de la empresa. Es un gatillo para empezar a cambiar”, confesó durante su participación en el canal de televisión A24. 

Los grises

El anexo del decreto admite la posibilidad de que esta nueva sociedad pueda aumentar hasta un quíntuplo del capital accionario por decisión de la Asamblea Ordinaria: “Hay un gris ahí, porque no hace referencia a que ese exceso de acciones tenga que pasar por el Congreso. De hecho, refiere a la Ley General de Sociedades”, expuso el secretario general de la Asociación Bancaria Sergio Palazzo en una entrevista radial. 

En efecto, en vísperas de la votación de la Ley Bases en abril del 2024, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que el Gobierno tiene la idea de copiar el modelo del Banco do Brasil que impulsó Lula da Silva en su primer mandato como presidente. En septiembre del 2019, el que supo ser banco de gobierno previo a la creación del Central, anunció una sociedad con UBS para crear un banco de inversión. 

A nivel local, Palazzo lo compara con el caso del Banco Hipotecario, que fue fundado en 1886 para resolver el problema de la vivienda desde el Estado, para luego ser privatizado en los 90. Si bien en 2005, y ante la perspectiva de quiebra, el Estado se convirtió en su accionista mayoritario, su administración es privada. “Es una sociedad mixta que no es ni por asomo el banco que antes conocíamos. El gerenciamiento lo lleva el 16% privado de los accionistas privados”, asegura Palazzo.

Mucho más que un banco 

Aún con sus fallas administrativas, el banco estatal cuenta con un valor simbólico importante para los y las argentinas, y es una herramienta de política productiva que asiste a pymes y pequeños productores afectados por contingencias climáticas a tasas bajas. 

En números, es el banco con mayores activos ($48,8 billones) —todo lo que el banco posee, incluidos préstamos otorgados, inversiones y reservas— y depósitos ($ 32,09 billones), dinero que tienen los clientes en el banco y sugieren confianza en la entidad y capacidad para otorgar más préstamos ($13,91 billones). En los tres ítems el banco Nación más que duplica a su segundo competidor privado, el Galicia, de acuerdo con el último informe de instituciones financieras que publicó en noviembre el Banco Central. En su último balance, tuvo un resultado integral de $3 billones, un porcentaje del cual es destinado al Tesoro Nacional.

La relevancia del Banco Nación no tiene que ver sólo con su rol social, porque atiende a jubilados y pensionados, un gran público que los bancos privados prefieren evitar. Además, tiene una presencia protagónica en el mundo de la economía productiva y a nivel geográfico.

“Los primeros que lo van a sentir son los pequeños productores de zonas alejadas. Cuando hay problemas por inclemencias climáticas que tiran por la borda a la cosecha, por ejemplo, los asiste. También financia el desarrollo de determinadas actividades a una tasa mucho más bajas que las de mercado”, asegura Palazzo. “Con incorporación del capital privado con lógica capitalista como es razonable, eso va a perderse”, agrega.

La Federación Agraria Argentina (FAA), publicó un comunicado de prensa expresando una “profunda” preocupación: “El BNA ha sido y es esa columna vertebral del sector agropecuario y base inalienable del desarrollo del interior productivo, al promover no sólo la producción agropecuaria sino todo el sistema. Históricamente, el BNA cuenta con una red de sucursales expandidas en todo el territorio nacional, cerca de los productores, incluso en lugares donde no hay atención de la banca privada”. “Nos alarma que en este sendero que hoy inician, quizá con buena intención, al pretender hacerlo más eficiente, se abra el margen para que perdamos al banco que cumple tan importante rol social. A lo largo de su historia el BNA ha sido siempre una entidad superavitaria,no deficitaria, y que tiene una enorme relevancia financiera para los productores, las pymes y las economías provinciales en general”.

En tanto la Sociedad Rural Argentina, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) expresaron que la decisión no resulta un problema mientras el BNA cumpla con su desempeño habitual e incluso promueva líneas de crédito hoy “inexistentes y urgentes” para el sector.

“Lo segundo que se pierde”, continúa Palazzo, “es el desarrollo territorial para la inclusión financiera en muchos lugares de la Argentina que no están formados para utilizar las aplicaciones, o mismo no tienen conectividad. Casa no rentable, casa que cierra”.

Qué cambiaba con el decreto 

Lo que destaca de la primera lectura del decreto publicado en el Boletín Oficial asigna al Estado Nacional como titular, a través del Ministerio de Economía, del 99,9% del capital social del Banco. El 0,01% restante corresponde a la Fundación Banco Nación Argentina. El Directorio del banco deberá gestionar la inscripción registral ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Haciendo doble click —y comparándolo con la Carta Orgánica que hoy rige el funcionamiento del Banco— aparecen algunas sutilezas que pueden resignificar en un futuro cercano:

Con la conversión a sociedad anónima, el Banco Nación comienza una transformación de consecuencias aún inciertas. Lo que algunos ven como una modernización, otros lo temen como el principio del fin de la banca pública en la Argentina.

NR/JJD

El presidente Javier Milei firmó un decreto para convertir en una sociedad anónima el estatal Banco Nación, la mayor entidad financiera del país, con vistas a abrir su capital a inversores.

En el decreto, publicado en los primeros minutos de este jueves en el Boletín Oficial, se establece que los accionistas de la nueva sociedad anónima son el Estado argentino, con una participación del 99,9 %, y la Fundación Banco de la Nación Argentina, con la titularidad del 0,1 % restante del capital social.

El Estado ejercerá sus derechos en la nueva sociedad a través del Ministerio de Economía. Según el decreto, el capital social de la sociedad anónima ha sido fijado en 1,6 billones de pesos argentinos (1.485 millones de dólares al cambio actual).

El Gobierno de Milei había incluido el año pasado el Banco Nación en la lista de empresas que pretendía privatizar, pero tuvo que excluirlo de ese lote por la fuerte oposición que encontró en el Parlamento.

Su estrategia, entonces, se encaminó a convertir al mayor banco de Argentina en una sociedad anónima.

El pasado 27 de enero, la propia entidad financiera adelantó en un comunicado que su transformación en una sociedad anónima era “imprescindible” para que el banco continuara “aumentando los préstamos a favor de las pymes y las familias”.

“Para sostener ese crecimiento, la institución necesitará ampliar su fondeo, lo que podrá hacer abriendo su capital, para lo cual es esencial que se convierta en sociedad anónima y tenga la aprobación del Congreso”, señalaba aquel comunicado.

Según datos de la entidad, el Banco Nación tiene activos por unos 48 billones de pesos, depósitos y otras obligaciones por 33 billones de pesos y un patrimonio neto de 15 billones de pesos.

Su cartera de préstamos ascendía a inicios de este año a 15 billones de pesos.

El banco cuenta con 17.403 trabajadores, 721 sucursales en Argentina y cuatro en el exterior: Nueva York, Madrid, Montevideo y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Además, tiene agencias y representaciones en diversas ciudades de Estados Unidos, Brasil, Paraguay y China.

De acuerdo a datos del Banco Central argentino, el Banco Nación lidera el ránking de las entidades financieras que operan en el país suramericano tanto por patrimonio como por activos, préstamos y depósitos. 

MM con información de la agencia EFE.

En una semana marcada por la escandalosa y finalmente suspendida licitación de la Hidrovía y por un fraude con criptomonedas impulsado por Javier Milei en sus redes sociales, el Gobierno avanzó con otro negocio muy seductor para el sector financiero. La Oficina de Contrataciones ya tiene la lista de los bancos interesados en ofrecer el servicio de cuentas sueldo sin costo a más de medio millón de empleados estatales que, hasta la publicación del decreto 747/2024 –firmado por Federico Sturzenegger y publicado en agosto pasado– solo podía acreditar el Banco Nación.

El negocio es disputado por la mayoría de los bancos –12 de ellos se presentaron como oferentes en el proceso licitatorio en marcha– por representar un costo de fondeo muy bajo, corresponder a una plantilla estable y con moderado nivel de mora. Las fintech, por ahora, miran de afuera. 

Banco Credicoop, Patagonia, Hipotecario, Santander, Industrial And Commercial Bank Of China (ICBC), Ciudad, Brubank, Galicia, Nación, BBVA, Macro, Supervielle: los principales bancos de la Argentina presentaron los documentos necesarios para que la Jefatura de Gabinete los habilite como agentes financieros de la Administración Pública Nacional (APN), según pudo documentar elDiarioAR a partir de los registros del proceso licitatorio en curso.

Una vez aprobados o desaprobados en base a sus antecedentes –no hay un plazo establecido, pero desde el Gobierno aseguraron a elDiarioAR que no quieren demorarlo más que las próximas semanas–, los bancos se presentarán a los pliegos ad hoc que elaborará cada organismo contratante. Esto quiere decir que la masa de cuentas sueldo hoy en manos del Banco Nación no se transferirá en masa a otra entidad, sino que la autoridad de cada organismo cerrará su propio contrato, lo que abre la puerta a múltiples acuerdos y negociaciones. Están incluidos, además de la administración central, organismos descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social.

El Banco Nación –que es agente financiero de la mayoría de los organismos estatales a nivel nacional gracias a un decreto publicado en 2012 que obligó a implementar el pago de haberes del sector público mediante la entidad– cuenta con 550.000 cuentas de haberes del Estado. Es que hay otros bancos privados que participan en ese negocio a través de contratos tercerizados, por ejemplo, vía universidades. Si bien el caudal parece ser poco, es significativo con respecto a las 1,3 millones de cuentas sueldo totales que operan actualmente en el banco público más grande de la Argentina: casi la mitad son estatales. 

Para la Argentina del 2012, la medida tenía sentido. Es que más allá del expertise que tuviera el banco en términos de pago de haberes, la liquidez obtenida por estas cajas de ahorro ordinarias de bajo costo, retornaba en forma de política pública en créditos a pymes, al sector agropecuario para la compra de maquinaria, promociones y cuotas. Incluso como ordenador del sector financiero.

“A diferencia de los bancos privados, el Nación puede reducir al mínimo el spread sin poner en peligro la solvencia del banco. Sin embargo, en el marco de que se está empujando a que el BNA se convierta en una Sociedad Anónima, esto pierde sentido”, asegura el economista Federico Sánchez, exdirector del BNA y actual director de la consultora Vectorial, en diálogo con elDiarioAR.

“Bajo la matriz ideológica de este gobierno, esta medida también toma sentido porque si los bancos compiten en una licitación ofreciendo mejor servicio y un menor canon, el Estado gana más plata y los empleados estarían recibiendo un mejor servicio”, continúa Sánchez. “Aunque desde el punto de vista de esta misma matriz, deberían haber avanzado en la portabilidad bancaria a la que los bancos se niegan (NdR: poder mantener tu número de cuenta a pesar de cambiar de banco), de la cual no hay noticias”, agrega. Hay libertades y libertades.

La teta del Estado

El acuerdo marco que habilitó el decreto firmado en agosto por Sturzenegger establece un contrato de duración de tres años con opción de prórroga por un año más. Una de las condiciones para participar en este proceso licitatorio es ser una entidad bancaria autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), renglón que deja afuera a las fintech. 

Según datos del sector a los que accedió elDiarioAR, hay 10,2 millones de cuentas sueldo en el sistema financiero, 12,07% de las cuales pertenecen al Banco Galicia, un 12,57% al Provincia, un 11,08% al Nación, y el resto a las otras entidades del sistema financiero. “Es una oportunidad”, explican desde uno de los bancos participantes a este diario ante el señalamiento de que pareciera representar poco caudal respecto a la cantidad de cuentas. “Si no, no se hubieran presentado 12 bancos”, complementa otro.

“Uno de los atractivos del negocio es que los bancos grandes del sector privado llegaron a un tope de su crecimiento en términos de clientes, y acá se abre una nueva ventana”, aporta Sánchez. 

Tanto negocio es que, para convertirse en agente financiero del Estado o de una empresa, los bancos deben pagar un canon mensual –basado en un porcentaje de la masa salarial transferida o en un monto fijo– , además de ofrecer servicios que los organismos contratantes deseen. Según el acuerdo marco, los organismos deben seleccionar a los bancos con la mejor oferta en cuanto a servicios, cobertura y beneficios para los empleados. En el Banco Nación no respondieron la consulta de este diario acerca de cuánto es el canon que pagan hoy en día a los distintos organismos.

En el sector privado tampoco quisieron dar un número, pero aseguraron que dependerá de cada organismo: “Están los más atractivos, que son los que pagan más salarios como AFIP o el Banco Central, que sabés que vas a tener mayores oportunidades de brindar otros negocios más allá de las cuentas sueldo. Y hay otros que son más difíciles, porque manejan poca plata, por el tipo de público, como el pago de las jubilaciones, o los que tienen una dispersión territorial grande. Imaginate en Cancillería, tenes que hacer acuerdo con bancos de todos los países para pagar sueldos, por ejemplo”, explican.

A modo de experiencia, los bancos Santander y Galicia son los que más recorrido tienen. El Santander cuenta con un programa de universidades con más de 100 acuerdos (pago de sueldos, tarjetas de ingreso, becas, capacitaciones). Operó con la UBA por una década, incluso con la apertura de sucursales en Ciudad Universitaria y Agronomía. Actualmente, ese negocio lo tiene el Galicia que realizó una oferta muy agresiva en cuanto al canon a pagar en la última licitación. El Banco Hipotecario es actualmente agente financiero de la Universidad de Formosa, el Supervielle del municipio de San Luis, el Banco Macro es agente de cuatro provincias y el ICBC se especializa en liquidación de haberes, contando con el 4,2% del market share.

Hoy en día, uno de los problemas de los bancos tradicionales es la retención de haberes, es decir, cómo hacer que los sueldos recién ingresados no salgan a una cuenta remunerada de alguna billetera virtual, o a algún banco con promociones más seductoras. 

Fintech versus todos

Esta medida puede ser la punta del iceberg de una desregulación más profunda impulsada por el Gobierno en este tema, que asomó en el DNU 70. El capítulo laboral del megadecreto que publicó el gobierno de Javier Milei a menos de un mes de asumido, habilitaba a las billeteras digitales a salir a disputarle a los bancos el negocio de la acreditación de los haberes. 

“Marcos Galperín está muy interesado en el negocio, está afilando los cubiertos desde el año pasado”, ironiza uno de los bancos participantes desde la tranquilidad de que el capítulo laboral está suspendido gracias a una cautelar presentada en la Justicia. “Sin embargo, hay un proyecto de ley (NdR: el de Romina Diez, diputada de LLA), que avanza sobre el tema”, advierte otro banco. 

Efectivamente, el artículo 6 del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno sustituye el artículo de la ley que restringía el pago de haberes de bancos por uno que habilita que la cuenta a nombre del empleado puede estar en “entidad bancaria, o una institución de ahorro oficial u en otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación del sistema de pagos considere aptas, seguras, interoperables y competitivas”.

“Se abriría una competencia bastante encarnizada”, adelanta Sánchez. Desde MercadoLibre no respondieron a la consulta de este diario sobre el tema.

NR/MG/MT

El Banco de la Nación Argentina (BNA) presentó hoy una nueva línea de créditos hipotecarios “+Hogares”, que estará vigente a partir del 20 de mayo.

Destinará a esta iniciativa el equivalente a USD 4.000 millones y proyecta otorgar hasta 40.000 préstamos en tres años. La novedad es que cuenta con una cláusula “anti-inflación”.

En la presentación, que se realizó en el Salón de Mármol de la casa matriz de la entidad bancaria y estuvo encabezada por su presidente, Daniel Tillard, se especificaron los requisitos y quiénes pueden acceder.

También se pueden ver en la página web https://bna.com.ar/personas/creditoshipotecarios

Según se informó, el financiamiento cuenta con un beneficio único, en tanto permitirá al usuario abonar una prima de 1,5 puntos porcentuales, lo que le brindará la posibilidad de fijar el incremento de la cuota de acuerdo con el coeficiente de variación salarial (CVS) para que la cuota no aumente más que el salario.

La propuesta de la entidad está destinada a compra, cambio, construcción, refacción y ampliación de viviendas en todo el país como así también a la adquisición de una segunda casa.

Tillard afirmó que “la indicación que recibimos del presidente de la Nación, Javier Milei, es impulsar el crédito. Una parte importante de la recuperación económica viene de la mano del crédito bancario”.

De este modo, la entidad financiera se sumará a los bancos que salieron con sus líneas de préstamos ajustados por inflación como Hipotecario, Ciudad, ICBC, Del Sol y, en las últimas horas, el Banco de Córdoba.

Los créditos hipotecarios, que sufrieron un declive durante la crisis del 2018-2019, han vuelto con una tasa promedio del 5% más la inflación, según informaron los propios bancos. Y destacaron el renovado interés en este producto, que experimentó un auge en 2017.

Requisitos y condiciones para acceder al crédito hipotecario del Banco Nación

CRM

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que el Gobierno insistirá con la idea de privatizar el Banco Nación, luego de que la propuesta fuera quitada de la ley Bases por falta de consenso.

El funcionario nacional se quejó porque “varios de los sectores de la política argentina lo consideran como un estandarte de empresa pública”. 

En ese sentido, Francos sostuvo que pese a quitar al Banco Nación de la lista de privatizaciones el Poder Ejecutivo “no deja de lado ese debate” y que está decidido a darlo “otra vez” más adelante o por separado.

El ministro del Interior de Javier Milei afirmó que no entiende por qué se rechaza el ingreso de privados a la estructura del principal banco público del país, ya que se mantendría para “el Estado la mayoría accionaria, porque obviamente es la nave insignia del crédito argentino”.

“Estamos en un concepto absolutamente viejo de no permitir el trabajo conjunto del capital privado y público”, subrayó Francos.

En declaraciones radiales, indicó que se buscará ir hacia un modelo similar al que aplicó Luiz Inácio “Lula” Da Silva con el Banco do Brasil, que llegó a cotizar en la Bolsa de Nueva York.

“El Banco de Brasil cotiza afuera del país y tiene un capital impresionante. ¿Si un banco público en Brasil bajo la presidencia de Lula se convirtió en una empresa que cotiza en Bolsa y que incluyó capital privado, por qué no hacerlo nosotros acá? Lo hemos estudiado muy bien con las autoridades del BNA y esperamos poder debatirlo en el futuro y convencer al resto de los sectores políticos porque es importante”, agregó el ministro del Interior.

Las críticas de la oposición

El diputado nacional de Unión por la Patria de Tucumán Carlos Cisneros defendió al Banco Nación y aseguró que “tiene 700.000 millones de ganancias y sucursales a lo largo y ancho del país”.

“La ley Bases no la vamos a apoyar, no estamos de acuerdo con las privatizaciones, ni con que los trabajadores vuelvan a pagar el Impuesto a las Ganancias”, destacó Cisneros en declaraciones a la prensa.

En cuanto a la decisión de eliminar al Banco Nación de los organismos estatales a privatizar, expresó: “Los trabajadores bancarios marchamos para presentar el proyecto que busca evitar la privatización del Banco de la Nación Argentina que tiene un millón de firmas, conseguidas a lo largo y ancho del país”.

“Un banco como el Nación, que tiene 700.000 millones de ganancias, tienen sucursales a lo largo y ancho del país”, remarcó el legislador nacional.

Cisneros explicó que “el oficialismo para lograr la aprobación de la legislación debe lograr el consenso”, dijo y agregó: “La soberbia es mala consejera. El presidente se equivocó cuando le dio la espalda al Congreso el día que asumió y quienes conducen su bloque o algunas de las comisiones, lo hacen con soberbia y torpeza dificultando las votaciones”.

CRM con información de la agencia NA

El Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzó la campaña “Vuelta al Cole” que incluye beneficios de hasta 35% y cuotas sin interés en compras abonadas con los medios de pagos que ofrece “MODO BNA+”.

La promoción estará vigente entre el 19 y 20 de febrero y ofrece descuentos en tres segmentos: librerías, indumentaria y tecnología.

Por un lado, los usuarios podrán obtener un reintegro del 25% hasta $ 8.000 en la primera compra por cuenta y hasta 6 cuotas sin interés, abonando exclusivamente con “MODO BNA+”, en más de 2.200 comercios seleccionados de rubros librerías de texto, librerías e indumentaria.

Además, si se perciben los haberes en el BNA, se obtendrá un 10% adicional de reintegro sin tope de devolución, informó la entidad bancaria en un comunicado de prensa.

Por el otro, comprando en “Tienda BNA+”, se podrán acceder hasta 12 cuotas sin interés en productos de primeras marcas seleccionados como notebooks, monitores, tablets y más.

Los clientes podrán abonar en hasta 3 cuotas sin interés productos seleccionados de los rubros indumentaria y librería, y si se perciben los haberes en el BNA, habrá un 25 % de descuento adicional con un tope de devolución de $ 5.000 por cliente exclusivamente pagando con “MODO BNA+”.

El objetivo de esta iniciativa que estará vigente del 19 al 24 de febrero busca facilitar a las familias el regreso a la rutina escolar y que tendrá descuentos y cuotas.

MM con información de la agencia Télam.

El Banco Nación (BNA) dispuso una baja de tasas de 22 puntos porcentuales para los préstamos personales destinados al segmento previsional, con el objetivo de promover la inclusión financiera y proporcionar a los jubilados un apoyo adicional.

La entidad informó que a partir de esta medida el monto máximo de la línea es de $ 2.500.000 a 18 meses de plazo. “A través de esta iniciativa, la entidad busca brindar asistencia crediticia a una mayor cantidad de jubilados y pensionados que perciben sus haberes en BNA, otorgándoles la posibilidad de acceder a mayores montos con cuotas más convenientes”, expresó el presidente de la entidad, Daniel Tillard.

A modo de ejemplo para un préstamo de $100.000, a 18 meses, abonarán una cuota mensual aproximada de $11.700.

Los clientes precalificados podrán solicitar asistencia crediticia con acreditación inmediata a través de la billetera BNA+, en forma digital, de manera sencilla, ágil y segura.

Para consultar la totalidad de las condiciones, ingresar al sitio web institucional www.bna.com.ar/Personas/NacionPrevisionalACortoPlazo

Asimismo, la entidad informó que están vigentes los descuentos exclusivos de Tienda BNA+, de hasta un 50% en productos seleccionados, comprando con su tarjeta de débito del Banco Nación.

MM

Con información de la agencia Télam.

 El cambio societario de la banca pública será uno de los grandes debates que se desatarán en el Congreso y en la opinión pública y, a juzgar por las recientes declaraciones del titular del Banco Nación, Daniel Tillard, se trata de una cuestión “central para crecer” en la Argentina.

Una fe privatizadora como no se veía desde la década del `90 del siglo pasado durante las presidencias de Carlos Menem, que es considerada anacrónica por el politólogo y ex titular del Banco Provincia (2008-11), Gustavo Marangoni, que en un reciente informe señaló: “Antes que pretender distorsionar el funcionamiento de la industria bancaria motivado por un prisma ideológico desactualizado, el presidente y su equipo pueden contribuir a darle el insumo que más necesita el sistema financiero (público y privado): bajar el déficit fiscal, estabilizar la inflación, recuperar la moneda y facilitar nuevas fuentes de financiamiento a mediano y largo plazo”.

Sin embargo, la administración de Javier Milei ha tomado la privatización de la banca pública como un objetivo central de su programa y el ministro de economía Luis “Toto” Caputo, como una revancha pública de lo que podría haber hecho durante la presidencia de Mauricio Macri y no pudo concretar.

Porque si bien Tillard se preocupó por enseñar los malos resultados del Banco Nación al señalar, “en los últimos años, el BNA no priorizara su objetivo de canalizar el crédito a favor de la PyMEs y las familias argentinas”.

“Hoy las LELIQS, los títulos públicos y el efectivo representan el 88,03 por ciento de los depósitos” y es el ministro de Economía, Luis Caputo, el que tiene un esquema de ingeniería financiara realizada y analizada con directivos de la banca privada para avanzar en una privatización del Nación por la que colocaría Obligaciones no Negociables con inversores de Wall Street y patrocinaría una oferta pública de acciones.

Ahora bien, a estos planes, que por ahora son directrices en un papel, se le oponen una gran cantidad de legisladores que en el Congreso no están dispuestos a aprobar el proyecto.

A la obvia referencia de sectores de la izquierda y el kirchnerismo se le suma la posición de la bancada de diputados de la UCR que tienen en claro el argumento principal que esbozarán en el recinto, “... Nosotros no somos casta ni representamos a ningún sector concentrado financiero, representamos al pueblo que cada vez que va a sacar un crédito va a golpear la puerta del Banco Nación”.

Desde el oficialismo de LLA y el PRO reducen la discusión a términos de eficiencia y sostienen que “ ... se evidencian deficiencias en las prácticas de crédito. El banco registra indicadores de mora muy negativos. Los préstamos en situación irregular son el 7,40% del total y en los préstamos a las empresas la irregularidad es peor: alcanza al 11,70 por ciento”.

Para el docente e historiador, Juan Di Paolo, si se habla de números finos hay que decir que “...el BNA, representa 13 mil billones de pesos en depósitos en plazos fijos traducidos en la capacidad de ahorro de los argentinos”.

“Estos billones implican, además el otorgamiento de créditos para la producción nacional” y, agrega en un documento publicado en Memo.com.ar “El Banco Nación logra llegar al último rincón de la Argentina, con créditos y cuentas sueldo. La importancia del Banco Nación es el poder de direccionamiento del crédito en términos productivos e industriales. Dicha institución cuenta, también, con más de 700 sucursales en el interior del país, completando así la mayor ocupación territorial de una institución financiera”, remarcó.

El politólogo, Gustavo Marangoni, precisó que la Ley Ómnibus es más profunda acerca de la privatización de la banca pública a la que cataloga como una “mala idea”.

“La banca pública la conforman 13 entidades, donde dos son nacionales (BNA y BICE, que son los candidatos al `privatícese`), nueve son bancos provinciales y dos son municipales. Seguramente todos ellos serían objeto de la misma intención privatizadora si fueran resortes del PEN”, precisaron.

El documento de Marangoni que firma junto a Fabio Rodríguez, señala tres hipótesis falsas sobre la banca pública:

Acerca del último punto repasa que “13 entidades públicas que son el 17% del total del sistema y dominan entre el 35% y 45% del negocio medido por las variables más relevantes: créditos al sector privado, depósitos de familias y empresas, cajas de ahorro, cuentas sueldos, sucursales y cajeros”.

“Claro que como el desempeño es eficiente también representan el 43% del total de ganancias acumuladas en 10 meses del 2023 por todo el sistema”, aladió.

Por ello, para los autores, la idea de privatizar instituciones bancarias eficientes nace con la sospecha de ser una política alejada del interés del bien público porque “... puede pensarse que un tamaño de negocio muy relevante y rentable, que no requiere inyectarle capital para su mejor desempeño, resulta atractivo para quien tenga la visión de excluir del entorno de negocios y de la competencia el accionar de los bancos públicos”.

Con información de Antonio D'Eramo, para la agencia Noticias Argentinas.

IG

Javier Milei sigue dando certezas sobre la conformación de su equipo de funcionarios clave a través de su órgano oficial de comunicación, que es la cuenta de X de la “Oficina del Presidente Electo” y anunció oficialmente este miércoles que Santiago Bausilli estará desde el 10 de diciembre a cargo del Banco Central de la República Argentina, mientras que designó como presidente y vicepresidente del Banco Nación a Daniel Tillard y Darío Wasserman, respectivamente.

“La Oficina del Presidente Electo de la República Argentina comunica que los Sres. Daniel Tillard y Darío Wasserman serán Presidente y Vicepresidente, respectivamente, del Banco Nación Argentina (BNA). Santiago Bausilli será presidente del Banco Central de la Repúblicas Argentina (BCRA). Asimismo, Belén Stettler será Secretaria de Comunicación”, informó el próximo mandatario, al tiempo que detalló que este miércoles por la mañana mantuvo reunión con los miembros de su Gabinete.

Del encuentro en el hotel Libertador participaron Guillermo Francos, Luis Caputo, Guillermo Ferraro, Diana Mondino, Nicolás Posse, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Luis Petri, Manuel Adorni, Belén Stettler, Sandra Pettovello y Santiago Bausili.

Quién es Santiago Bausili, nuevo titular del BCRA

Santiago Bausili, allegado al futuro ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, será el nuevo presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Así, el economista de 49 años vuelve a desembarcar en Nación. Entre 2016 y 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, se había desempeñado en el Ministerio de Economía, primero, como subsecretario de Financiamiento y luego como Secretario de Finanzas. Trabajó con los ministros cambiemitas Caputo, Nicolás Dujovne y Hernán Lacunza.

Anteriormente, el sucesor de Miguel Ángel Pesce ocupó cargos de liderazgo en bancos de reconocimiento internacional. Durante más de una década ─entre 1996 y 2007─, fue vicepresidente de Latin America Debt Capital Markets and Derivatives Marketing en J.P. Morgan para Argentina, Chile y Perú. Luego ejerció como director del Deutsche Bank, en Nueva York, en el área de Debt Origination para países latinoamericanos como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Paraguay y Uruguay.

Tras su paso por la administración pública, Bausili regresó al sector privado, en particular al área de consultoría. Según consigna en su perfil de Linkedin, en octubre de 2020, fundó junto al futuro titular del Palacio de Hacienda, la consultora Anker Latinoamérica S.A. Este viernes, se conoció que su emprendimiento conjunto cerró sus puertas luego de que varios integrantes del equipo fueran convocados por Javier Milei para sumarse al equipo económico que asumirá el próximo 10 de diciembre.

Su afinidad con Caputo y un proyecto de la consultora no fue el único legado que le dejó su gestión durante el gobierno de Mauricio Macri. El ex secretario de Cambiemos tenía una causa judicial en curso por incumplimiento de sus deberes como funcionario público por haber intentado favorecer al Deutsche Bank en el “megacanje II” de la deuda. En el marco de esta investigación, Bausili fue defendido por Matías Cuneo Libarona, abogado del futuro titular del Palacio de Hacienda y hermano del futuro ministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cuneo Libarona.

Este martes, la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires favoreció al futuro presidente del BCRA por falta de mérito, de modo que quedó al borde del sobreseimiento en la causa de 2021 en la que fue acusado por el juez Sebastián Casanello.

Quién es Daniel Tillard, nuevo presidente del Banco Nación

Tillard responde al hasta ahora gobernador de Córdoba y excandidato presidencial, Juan Schiaretti. Es Licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional de Cordoba en el año 1983, completo el IX Curso Interamericano de Desarrollo de Mercado de Capitales en el Instituto Brasilero de Mercado de Capitales, año 1984 y el Programa de Alta Dirección en la Universidad Austral, año 2010.

Desempeñó diversas posiciones directivas y gerenciales: Director del Banco Provincia de Bs As, Presidente de Provincia Bursátil SA, Director de Red Link SA y Director Suplente de SEDESA Seguros de Deposito SA.

Anteriormente, fue Gerente Técnico de la Bolsa de Comercio de Córdoba y del Instituto de Investigaciones Económico Financieras de la misma entidad.

Actualmente se encontraba al frente del Banco de Córdoba.

Con información de agencias.

IG

El fiscal Guillermo Marijuan pidió hoy declaración indagatoria a la presidenta del Banco Nación (BNA) y ex ministra de Economía, Silvina Batakis en la causa por presuntas contrataciones irregulares en la entidad bancaria. “Dos de las máximas autoridades del Banco de la Nación Argentina, su Presidenta Silvina Aída Batakis y su Gerenta General María del Carmen Barros, a espaldas del Directorio, procuraron la contratación directo por especialidad de Verónica Laura Asad ─en dos oportunidades─, que incumplía con los requisitos previstos por el Régimen de Compras y Contrataciones del BNA”, sostuvo el fiscal en su dictamen.

“Sustrajeron caudales públicos cuya administración le había sido confiada por razón de su cargo y se interesaron en miras de beneficios propios ─para Barros a través de los incrementos de los adicionales para el cálculo de sus haberes y de las contrataciones directas─ así como beneficios de terceros ─con los nombramientos de (Héctor) Silva, (Maximiliano) Piantanida, (Juan Pablo) Pedemonte, (Juan Manuel) Romero y con la contratación de Asad”, agregó el letrado.

Según indicó ante la Justicia, tales maniobras fueron posibles gracias a la intervención de Piantanida y María Alejandra Closas, que se desempeña como Gerente y Subgerente del Departamento de Relaciones Laborales y Gestión de Talento. “Actuaron activa y abusivamente en el ejercicio de sus competencias propiciando, justificando y dando conformidad a las operaciones señaladas”, advirtió.

Los acusados serán indagados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y negociones incompatibles con la función pública en el marco de la denuncia presentada por la diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña.

En el escrito presentado por la dirigente opositora, se subrayaba los intereses familiares detrás de algunos nombramientos: Héctor Silva es señalado como el “ex marido de Silvina Aída Batakis” y Juan Pedemonte como hijo de Barros.

ACM con información de agencias.