Un grupo de sanitarios desembarcó con material clínico y cajas de metal reluciente en la costa de Rapa Nui. Los habitantes se acercaron por curiosidad y terminaron sentados ante aparatos de auscultación, agujas y frascos de vidrio. Cada examen requería muestras y registros que los visitantes archivaban minuciosamente. Aquella actividad médica alteró durante semanas la rutina insular y marcó el inicio de un proceso que acabaría conectado con una molécula decisiva para la medicina moderna.

Un compuesto aislado que transformó la medicina moderna

La sustancia llamada rapamicina, desarrollada por el equipo de Surendra Sehgal en los laboratorios Ayerst, se convirtió en un inmunosupresor esencial para evitar el rechazo de trasplantes y mejorar la eficacia de los stents coronarios. Según el artículo firmado por Ted Powers, profesor de Biología Molecular y Celular de la Universidad de California Davis y publicado en The Conversation, su uso se amplió más tarde al tratamiento de varios tipos de cáncer y a investigaciones sobre diabetes y envejecimiento. Miles de estudios recogen su capacidad para inhibir la proteína TOR, reguladora del crecimiento celular y del metabolismo, lo que explica su relevancia en enfermedades metabólicas y degenerativas.

El origen del hallazgo se remonta a la llamada Expedición Médica a la Isla de Pascua, METEI, organizada en 1964 por el cirujano Stanley Skoryna y el bacteriólogo Georges Nogrady. Con financiación de la Organización Mundial de la Salud y apoyo logístico de la Marina canadiense, pretendían estudiar cómo una población aislada respondía a los cambios ambientales derivados de la construcción de un aeropuerto internacional.

En ese contexto recolectaron más de 200 muestras de suelo. Una de ellas contenía la bacteria Streptomyces hydroscopicus, productora de la molécula que décadas después generó beneficios millonarios.

El trabajo de METEI reflejaba el sesgo habitual en las investigaciones biomédicas del siglo XX. El equipo supuso que los habitantes eran genéticamente homogéneos y culturalmente aislados, aunque en realidad la isla acumulaba siglos de contactos externos, migraciones y epidemias. Las prácticas de reclutamiento incluyeron regalos, alimentos y la mediación de un sacerdote franciscano que facilitó la participación. La expedición trató a la comunidad como un laboratorio humano sin intervención decisoria de sus integrantes.

Las muestras regresaron con Nogrady a Canadá y acabaron en manos de Ayerst Research Laboratories. Allí, Sehgal aisló la rapamicina y mantuvo viva la investigación incluso en periodos de recortes, conservando cultivos en su domicilio para evitar su pérdida. Décadas más tarde, el compuesto se comercializó como Rapamune, punto de partida de una extensa línea terapéutica que transformó la farmacología del sistema inmunitario.

El valor de una molécula que nunca reconoció a sus verdaderos protagonistas

Sin embargo, el reconocimiento a quienes hicieron posible el acceso al suelo original nunca llegó. Ninguno de los informes científicos iniciales mencionó al equipo METEI ni a los Rapa Nui. El valor económico de la molécula, junto con la ausencia de compensación, abrió un debate sobre derechos indígenas y biopiratería.

La situación contrasta con las normas posteriores del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, que exigen consentimiento y beneficios compartidos en la utilización de recursos biológicos.

Algunos investigadores sostienen que la bacteria productora de rapamicina se ha encontrado en otros lugares y que, por tanto, la isla no fue el único punto de origen. Otros recuerdan que la primera identificación provino de esa muestra concreta y que el estudio de los habitantes locales permitió reunir el material inicial. Para Ted Powers, la historia de METEI resume la diferencia entre un avance médico de alcance mundial y la omisión de las personas sobre las que se construyó. El legado de la expedición continúa siendo un ejemplo de cómo la ciencia puede generar bienestar y, al mismo tiempo, dejar una deuda moral que aún se discute entre las arenas de Rapa Nui.

Hubo un tiempo en que el crecimiento de la empresa farmacéutica Novo Nordisk parecía no tener límite. La compañía danesa fue la primera en descubrir que sus medicamentos para la diabetes también podían servir como una solución milagrosa en forma de inyecciones para perder peso, lo que revolucionó a la industria farmacéutica. Gracias a las ventas de los medicamentos Ozempic y Wegobi, la cuenta de resultados de Novo Nordisk creció de tal forma que se convirtió en la empresa europea más valiosa en bolsa, logrando en 2024 unos beneficios de 13.538 millones de euros.

Pero lo que hasta ahora había sido una gran historia de éxito, está a punto de transformarse en un relato de auge y caída empresarial. En el último año, los inversores han perdido la confianza en la compañía, lo que ha provocado que su valor en bolsa se haya desplomado un 70% desde junio de 2024. La pérdida de valor equivale a 430.000 millones.

Esta crisis se ha agudizado aún más desde el pasado 30 de julio, cuando las acciones de la empresa cayeron en picado un 23%. En un día negro para Novo Nordisk, coincidieron el anuncio de una rebaja en los pronósticos de crecimiento para este año y el nombramiento de su nuevo consejero delegado, el austríaco Mike Doustdar, quien tendrá que redirigir el rumbo del gigante farmacéutico.

A todo esto, Novo Nordisk ha seguido presentando esta semana unos beneficios millonarios: 7.436 millones en el primer semestre de 2025. El problema es que la empresa esperaba ganar aún más. Lo que no supo predecir la farmacéutica fue el avance de sus competidores norteamericanos, que en los últimos meses han sacado al mercado fármacos para perder peso similares e incluso más eficaces y económicos. Esto ha provocado que las predicciones de crecimiento de ventas para 2025 hayan pasado de una horquilla entre el 16% y el 24% a un pronóstico mucho más reducido, de entre el 8% y el 14%, lo que le ha costado su caída en bolsa.

El ‘boom’ de Ozempic

La pérdida de valor de Novo Nordisk ha dejado a todos tan atónitos como lo hizo su crecimiento en los últimos años. El punto de inflexión fue 2018, cuando sacó al mercado norteamericano su fármaco Ozempic y le siguió la comercialización de Wegovy en 2021. Desde entonces, el 60% de las ventas de Novo Nordisk se han concentrado en EEUU, donde hay 100 millones de personas con problemas de obesidad que no reciben ningún tipo de tratamiento, lo que significaba un mercado potencial enorme para la farmacéutica nórdica.

De hecho, las inyecciones de Ozempic y Wegoby han alcanzado tales niveles de popularidad que, según el New York Times, su uso solamente puede ser comparable al impacto que tuvieron los implantes de Botox o a las pastillas de Viagra. En redes sociales, especialmente en TikTok, se han viralizado “retos” para perder peso que han popularizado aún más los medicamentos de Novo Nordisk, y centenares de celebridades han admitido haber perdido peso gracias a sus inyecciones (entre ellos Elon Musk y Oprah Winfrey).

Con ese éxito a sus espaldas, el anterior CEO de la empresa, el discreto Lars Fruergaard Jørgensen, fue nombrado como persona del año en el 2023 por su impacto empresarial y científico por Financial Times.

Pocos reflejos

Sin embargo, la empresa ha tenido pocos reflejos, y tal vez también algo de complacencia, en no ver venir el éxito de su competencia. Los problemas empezaron cuando los exitosos Ozempic y Wegoby sufrieron problemas de suministro el año pasado, lo que dio alas a los competidores. El principal rival de Novo Nordisk, otro peso pesado de la industria farmacéutica, la norteamericana Eli Lilly, ha hecho una gran apuesta con su medicamento Mounjaro, prescrito para tratar la diabetes y que también ayuda a perder peso.

Pero más allá de haber perdido cuota de mercado, Novo Nordisk se enfrenta a otro reto: las copias más baratas de Ozempic y Wegoby que han hecho otras farmacéuticas. De momento, la empresa danesa se encuentra inmersa en una batalla legal con más de 130 demandas abiertas en 40 estados de los EEUU para tratar de prohibir las copias de sus productos, lo que ha provocado que sus ventas este año no hayan sido tan altas como se esperaban.

Con todo, la empresa también ha tenido que hacer frente a las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, más allá de la amenaza de los aranceles a los medicamentos producidos en el extranjero. En una carta dirigida a los directivos de Novo Nordisk y a otras 17 empresas farmacéuticas, Trump exigió que los medicamentos de la compañía se redujeran “al precio internacional más bajo” y dio un plazo de 60 días para cumplirlo. Esto provocó caídas generalizadas en bolsa en el sector farmacéutico durante el pasado 1 de agosto, lo que hundió un poco más el valor y las perspectivas de Novo Nordisk.

Miedo al efecto arrastre

Frente al desplome en la bolsa de Novo Nordisk, en Dinamarca algunos expertos alertan del peligro de que la crisis de la farmacéutica arrastre al resto de la economía del país nórdico.

Desde el año 2022, Dinamarca ha tenido un crecimiento del PIB superior al de los países de su entorno (Suecia, Alemania y Países Bajos) y a la mediana de los países de la UE, gracias a la contribución de Novo Nordisk. Según datos del gobierno, sin el crecimiento del sector farmacéutico, la economía del país hubiera tenido un crecimiento negativo y no del 3,5% como en 2024.

Es tal el impacto de Novo Nordisk, que en 2023 la empresa pagó el 15% del total del impuesto de sociedades recaudado en el país. Con estos argumentos, el jefe económico del Danske Bank, Las Olsen, admitía esta semana: “Un menor crecimiento de Novo significa un menor crecimiento del PIB de Dinamarca, es así de simple”.

El anuncio pasó desapercibido pese a su gravedad. El pasado jueves, el vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, anunció que “el presidente (Javier) Milei va a firmar en las próximas horas el decreto con la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (Anefits)”. Todavía no lo publicó, pero Adorni anticipó que la Anefits “va a garantizar que sólo se incorporen al sistema aquellas tecnologías sanitarias, sean medicamentos como tratamientos, que cuenten con la debida eficacia científica y beneficios clínicos comprobados para evitar que los pacientes sean sometidos a tratamientos con efectos adversos o que no les generen beneficios para su salud, lo que venía ocurriendo en la Argentina”.

Dicho así no parece polémico, pero la agencia hará una evaluación de eficiencia económica de los remedios y si los considera demasiado costosos en relación a su impacto, no podrán distribuirse ni en el Estado ni en las prepagas ni en las obras sociales. Sin esta autorización financiera, no podrán pasar a ser analizada su salubridad en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Así lo advierten los laboratorios, que son parte interesada en este asunto, aunque también lo son los pacientes que esperan por sus productos para sanarse. Y apuntan contra la motosierra del ministro de Salud, Mario Lugones, que no sólo vela por contener el gasto estatal sino también por las obras sociales y las prepagas después de una larga trayectoria previa como fundador y presidente de la Fundación Sanatorio Güemes. Las farmacéuticas extranjeras se enfrentan además con Lugones por otros dos de sus políticas sobre patentes y ensayos clínicos que, según ellas, favorecen a sus rivales nacionales.

“CAEME (Cámara Argentina de Especialidades Medicinales) manifiesta su preocupación por el anuncio sobre la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias, que podría impedir o retrasar por años la disponibilidad y acceso de los pacientes en Argentina a los últimos tratamientos en salud ya disponibles en el mundo”, advirtió la entidad que reúne a los poderosos laboratorios multinacionales, como Pfizer, Roche, MSD, AstraZeneca, Merck, Takeda, GSK, Johnson & Johnson, Abbot, Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Lilly, Novartis, Novo Dirsk y Sanofi. “Como consecuencia de esta decisión, la disponibilidad de los nuevos medicamentos quedaría condicionada a una evaluación financiera previa, anteponiéndose a los criterios de seguridad, calidad y eficacia utilizados mundialmente. De esta manera los argentinos no podríamos acceder a los nuevos medicamentos que se descubran para el tratamiento de enfermedades graves o muy complejas, porque la agencia de evaluación de financiamiento no se expida favorablemente o considere que no vale la pena autorizarlo”, agregó CAEME, cuyo director ejecutivo es Carlos Escobar Herrán. 

La eficiencia económica de un medicamento se evalúa considerando su precio, la cantidad de dosis que son necesarias para tratar una enfermedad, cuán prolongado es el tratamiento, cuán inhabilitante y cuántos días de internación implica la dolencia, cuántos días de trabajo se pierde el paciente según use o no ese medicamento, etc. Todo esto se compara contra la falta de medicamento o con contar con otros que están en el mercado. De la combinación de todos esos factores sale la evaluación de eficiencia económica de un determinado tratamiento.

“El acceso de las personas a nuevos medicamentos que mejoren su calidad y expectativa de vida debe estar garantizado”, continuó CAEME “Una regulación que condicione la disponibilidad de un medicamento para los ciudadanos a una evaluación económica previa violaría el derecho a la salud de los argentinos consagrado en nuestra constitución nacional. La evaluación de tecnología sanitaria no debe interferir en modo alguno con la autorización de comercialización de medicamentos seguros, eficaces y de calidad, que es una atribución de la ANMAT. De lo contrario, la evaluación de la tecnología sanitaria funcionaría como una barrera para el ingreso de innovación farmacéutica en la Argentina”. Cámara Argentina de Especialidades Medicinales

De todas manera, la Cámara aclaró que “apoya la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias que esté alineada con las mejores prácticas internacionales, que ponga al paciente en el centro de la evaluación y que contribuya a la sustentabilidad del sistema de salud sin obstaculizar el pronto y oportuno acceso de los argentinos a los nuevos medicamentos”.

Una agencia sin precedentes

En decenas de países desarrollados y latinoamericanos existen agencias de evaluación económica como la que quiere crear el gobierno de Milei, pero en ninguna su decisión invalida su autorización técnica ni el ingreso a su territorio. “En ningún país del mundo existe una agencia de ETS (evaluación de tecnologías sanitarias) previa y condicionante del registro sanitario”, alertó Escobar Herrán, de CAEME, en rueda de prensa este martes. “Yo sé quién pierde... es el paciente”, agregó.

En cambio, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), que reúne a los de capital nacional, apoyaron en público la nueva agencia, pero por lo bajo coincidieron con CAEME en que su veredicto no debería ser previo y condicionante de la autorización de la ANMAT.

En un documento consideraron la medida “como una decisión acertada de política sanitaria, colocando a la Argentina entre un selecto grupo de naciones que cuenta con este tipo de agencia que ejerce la rectoría en la aprobación de medicamentos de innovación. Era necesario institucionalizar mediante los servicios de una entidad especializada una evaluación equilibrada de las tecnologías sanitarias, que permita en adelante garantizar el acceso equitativo de la población a las mismas. Esta agencia constituirá un soporte fundamental a la compleja decisión que deben tomar los profesionales de la salud al momento de decidir el mejor tratamiento para sus pacientes”, se pronunció la cámara de laboratorios nacionales, entre los cuales están Raffo, Roemmers, Elea Phoenix, Bagó, Craveri, Gador, Bernabó, Biosidus, Richmond, Casasco, Temis Lostaló, Teva, Andrómaco y Poen. Sin embargo, altas fuentes de CILFA aclararon: “No estamos de acuerdo con que un remedio sea vetado por criterios economicos antes de su evaluación tecnica. Estamos de acuerdo que haya una agencia pero con otras características”.

Los argumentos del Ministerio

En el ministerio de Lugones defienden la iniciativa: “La creación de la agencia es una deuda de la democracia y reclamada por diversos sectores. Busca que aquellos, tratamientos, medicamentos o insumos que ingresen al país tengan la suficiente evidencia científica de que generan una mejora sobre los tratamientos ya existentes. La creación de la Anefits busca generar mejores condiciones sanitarias para la población, no favorecer a determinada industria, porque al fin de cuentas, todas serán atravesadas por los mismos procesos de análisis”.

Ni una palabra sobre la evaluación económica que hará el organismo. Nada sobre la motosierra que el ministro y su gobierno están aplicando sobre el gasto sanitario en particular y estatal en general ni sobre su política para ahorrar costos también a las obras sociales y las prepagas, lo que incluye la recategorización de remedios de venta libre, que antes eran bajo receta e incluidos en las coberturas, o la futura reducción del programa médico obligatorio (PMO), de modo de reducir las terapias cubiertas.

“Lo primero que analizará a agencia es si efectivamente hay evidencia científica que determine una mejora en la salud. Luego de eso una evaluación de esa medicación/tratamiento/insumo con respecto a las otras existentes en el mercado”, agregan en el ministerio. “Lo que la agencia busca no es un freno a la innovación sino que los tratamientos a los que puedan acceder los argentinos sean los más convenientes para su patología. No hay nada peor para un paciente que un tratamiento que no necesita o que no es beneficioso para su condición”, se defienden.

Pero fuentes de los laboratorios extranjero advierten: “La nueva agencia implica que, si se considera que ciertos medicamentos son demasiado costosos, quedarán excluidos de la posibilidad de venderse en la Argentina. El efecto de esto es que ciertos tratamientos innovadores sólo van a estar disponibles para los que puedan viajar a otro país para recibirlos. La gente común tendrá que contentarse con acceder a tratamientos más antiguos y menos eficaces, y habrá argentinos que mueran o tengan una muy mala calidad de vida por no poder tratarse como lo harían si vivieran en cualquier otro país”.

Fuentes del sector de las multinacionales farmacéuticas analizan que “puede pasar también que, sin llegar a prohibir un medicamento, el Gobierno demore un largo tiempo para evaluar un medicamento antes de autorizarlo”. Y agregan: “Al añadir esa barrera, un medicamento innovador que antes pasaba por un determinado período de aprobación, ahora podría tardar años en aprobarse. El Gobierno toma esta medida para recortar gastos: el PAMI y otros organismos de salud ya no se verán obligados a cubrir el costo de ciertos medicamentos costosos, simplemente porque su venta no estará autorizada en el país. Otros beneficiarios de la medida son las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, por la misma razón. Distinto hubiera sido que la agencia de ETS interviniera con una recomendación después de que la ANMAT aprueba un medicamento. Si así fuera, los medicamentos seguros y eficaces estarían aprobados, y los financiadores del sistema podrían decidir si comprarlos o no, siguiendo las recomendaciones de la agencia. Los pacientes que pudieran pagarse los medicamentos o tuvieran un servicio de medicina prepaga premium podrían acceder a ellos. Con la medida del Gobierno, esta posibilidad queda anulada. Hay menos libertad”.

En el Ministerio de Salud contestan a las acusaciones: “Ningún medicamento va a dejar de entrar. Si tiene beneficios para la salud, va a entrar. Otra cosa es la valuación económica de si un medicamento va a tener cobertura dle 100%, 70%, 40% o cero. No es que aquel que lo pueda pagar va a tener que irse del país para hacer ese tratamiento. Lo va a poder a hacer acá, pero va a tener que pagarlo si es que existen otros tratamientos que tienen los mismos beneficios para la salud. La agencia viene a complementar el trabajo de la Anmat con una nueva barrera: una evaluación comparativa y sanitaria de la nueva tecnología. Si ya hay un medicamento en el país y uno más caro quiere ingresar y los estudios muestran que los efectos sobre los pacientes son similares, ¿por que debería ingresar a un precio mayor o por qué el sistema de salud debería afrontar el costo?”.

La pelea por las patentes

Pero no es el único motivo por las que se enfrentan a Lugones. También lo acusan en privado por frenar supuestamente una de las variopintas liberalizaciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. En enero pasado, el Ministerio de Desregulación mandó a Jefatura de Gabinete un borrador de decreto para que sea revisado por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), el Ministerio de Economía y el de Salud para derogar una resolución del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de 2012 en la que se establecieron restricciones al patentamiento de medicamentos.

Fuentes de los laboratorios extranjeros, cuyo lobby por las patentes siempre los enfrenta a las farmacéuticas locales, sostienen que aquella norma kirchnerista “contravino el espíritu de la ley de patentes” que se aprobó en 1996 en el gobierno de Carlos Menem, e “hizo que sea casi imposible patentar una molécula en la Argentina”, según fuentes de las multinacionales. “Los investigadores del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técenicas) llevan a Brasil sus hallazgos porque acá no los pueden patentar”, argumentan.

“Esto favorece a los laboratorios locales, que tienen las manos libres para copiar los medicamentos que los laboratorios extranjeros traen a la Argentina sin protección de propiedad intelectual. El proyecto de decreto impulsado por Desregulación hoy está cajoneado en Salud, con conocimiento directo de Lugones”, apuntan informantes en los laboratorios extranjeros. Del otro lado de estos gigantes están también algunos de los mayores millonarios de la Argentina con sus farmacéuticas, como Daniel Sielecki, socio de Elea Phoenix y tío del embajador que Milei designó en Francia, Ian Sielecki.

En el ministerio de Lugones alegan que desconocen ese borrador y sostienen que nunca les llegó a sus manos. Por tanto, niegan que lo estén cajoneando.

Las multis de los remedios también se quejan de una disposición de la semana pasada de la ANMAT sobre los nuevos biosimilares, que son medicamentos elaborados de fuentes naturales y vivas, como células animales y vegetales, y microorganismos como bacterias o levaduras. Son similares a productos biológicos originales ya aprobados por las autoridades. De ahí su nombre. “Ignorando lo que pidieron varios médicos y asociaciones de pacientes durante la consulta pública que se abrió antes de promulgarse, la disposición no exige a los laboratorios locales que presenten estudios comparativos que demuestren que las copias tienen los mismos efectos terapéuticos y la misma seguridad que el original. Los laboratorios pueden o no hacerlo”, argumentan fuentes de las empresas extranjeras.

“Esto contrasta contra una imposición para los laboratorios internacionales: les exige que, en caso de que desarrollen un biosimilar fuera del país y cuenten con ensayos clínicos que prueben su calidad, seguridad y eficacia en un país de alta vigilancia sanitaria, deben volver a realizarlos en la Argentina con población local si quieren comercializarlos acá. O sea: no hay control para quien copia dentro del país y hay doble exigencia para quien lo hace afuera”, despotrican en el sector.

En el Ministerio de Salud aclaran que la disposición “favorece y fomenta el desarrollo de la industria local, no necesariamente nacional”. “Aquellos laboratorios que produzcan o vengan a producir biosimilares en el país están alcanzados por la norma de ANMAT”, añaden en el Gobierno. Es decir, si una compañía quiere importar estos remedios, debe elaborar los ensayos clínicos correspondientes. En cambio, si quiere fabricarlos en la Argentina, ya sea una firma nacional o extranjera, lo podrá hacer sin estas pruebas previas. El tema es que las multis prefieren importarlos desde donde ya los producen en lugar de elaborarlos acá. Detrás de tanto dinero gastado y ahorrado están los pacientes.

“La disposición sobre el registro de biosimilares no hace ninguna diferencia entre laboratorios nacionales y extranjeros”, insisten en las filas de Lugones y lo justifican: “De hecho la normativa es dirigida a regular la práctica de los laboratorios de especialidades medicinales en este caso. Todos están inscriptos frente a ANMAT cualquiera sea su origen. La presentación de un biosimilar, como cualquier otro tramite, tiene una serie de requisitos a cumplir sin distinguir quien lo presente. Entre las condiciones más novedosas es la de presentación de estudios que sean realizados en la Argentina, lo cual tiene asiento específicamente en el tipo de población a la que irá dirigida, contemplando sus características idiosincráticas. También se encuentra expresado en esta norma y en otras, que la administración evaluará excepciones, aquellas que sean determinadas por necesidad sanitaria, conveniencia y oportunidad, puntos fundamentales para la excepción”.

AR/MG

El Ministerio de Salud desarrolló la interfaz “Precios de Medicamentos” para que los ciudadanos puedan consultar los precios actualizados de todos los fármacos disponibles en el mercado y acceder al más conveniente de acuerdo a sus posibilidades y necesidades.

La lista se encuentra alojada en la web y, además de los precios, ofrece información sobre marcas, presentaciones, componentes activos, origen y tipo de venta, a la vez que también se podrá consultar el listado de medicamentos para beneficiarios de PAMI. La obra social aplica descuentos de entre el 50 al 80% sobre este precio preferencial.

La nueva plataforma es una herramienta que permite utilizar filtros para buscar y comparar productos y opciones de compra.

El desarrollo de este dispositivo es el primer paso para que los consumidores cuenten con información precisa y amplia sobre las diferentes opciones que existen en el mercado, dijeron desde la cartera de Salud.

Se espera que la plataforma añada funcionalidades que contribuyan a la infraestructura necesaria para contar con sistemas interoperables en todo el país y constituir una administración pública al servicio del ciudadano y basada en la eficiencia.

MM con información de la agencia NA.

El ajuste de Javier Milei llegó a los medicamentos para niños con cáncer. La Defensora Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, presentó un amparo judicial con el objetivo de que el Gobierno otorgue la medicación correspondiente a menores que padecen enfermedades de alta complejidad -incluidos tratamientos oncológicos-, debido a que la entrega está interrumpida desde hace meses.

La titular de la institución argumentó la medida judicial porque señaló que la Casa Rosada no está cumpliendo la ley. “Hicimos un amparo judicial donde reclamamos la entrega de medicamentos de enfermedades de alta complejidad que el Gobierno dejó de proveer”, indicó Graham, quien impulso esta acción junto a la Asociación Civil Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA), según declaró en Radio Splendid.

El oficialismo libertario apeló este amparo, que fue presentado el 2 de enero en el Juzgado Federal N°2, y que no es más que “una medida cautelar a favor de niñas, niños y adolescentes que requieren medicamentos especiales de alto costo”, incluidos los tratamientos oncológicos.

Según la Defensora, el amparo “obliga” al Estado Nacional “a resolver en un plazo de 10 días los expedientes administrativos que lleven 60 días de demora en su respuesta” y exige “adecuar todos los expedientes en trámite en el plazo de 20 días”.

Críticas al Gobierno

Luego de disolver el 30 de diciembre la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), el organismo encargado de entregar medicamentos a pacientes con enfermedades raras y oncológicas, el gobierno nacional creó la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic) para que asuma las funciones de la disuelta dirección.

Esta decisión se tomó en el marco de la medida cautelar del 30 de diciembre emitida por el juez Marcelo Bruno Dos Santos, del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2, en la cual obligaba a la Dadse a la entrega urgente de los medicamentos que tenían retenidos, argumentando que se estaban realizando “auditorías”.

Según un comunicado de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa-CTA), las demoras ocasionadas generaron la muerte de 60 personas durante el año pasado, al verse interrumpidos sus tratamientos.

La apelación al fallo del juez Dos Santos, presentada por el abogado del Ministerio de Salud el 3 de enero pasado, intenta voltear el fallo de primera instancia a través de dos ejes argumentales.

El primero es que las asociaciones de pacientes no tienen legitimación activa para sostener un amparo. “Este argumento es de una crueldad extrema, como buena parte de las acciones de este gobierno. Todos los pacientes que tramitan sus medicamentos en la Dirección tienen la doble vulnerabilidad de ser pobres (no cuentan con ninguna cobertura formal de la seguridad social) y, a la vez, de estar enfermos”, señala el comunicado de Fesprosa.

El segundo eje argumental que presentaron es que el Ministerio de Salud de la Nación no es el garante constitucional del derecho a la salud, sino que se autoerige como coordinador operativo y pone en manos de las provincias el conjunto de las medidas para garantizar el derecho a la salud.

“Esto ya lo viene haciendo en los hechos con la disolución de programas de prevención en salud, con el recorte de las transferencias a las provincias y la intención públicamente manifestada de transferirles todos los establecimientos sanitarios”, sostiene la federación sindical. “Así, va a exigir como paso previo a la resolución de un trámite en la ahora Dinadic el rechazo conformado de la jurisdicción provincial, lo que alarga el trámite y provoca una nueva dificultad en el acceso”.

“La apelación y los argumentos de la misma, sumado al empeoramiento de los trámites burocráticos, expresan con claridad que este gobierno busca liquidar derechos, entre ellos el derecho a la salud y la vida de miles de argentinos y argentinas”, concluye el texto de Fesprosa, que exige el cumplimiento inmediato del fallo judicial del 30 de diciembre del año pasado.

Con información de agencia NA

DM/MC

Los medicamentos más consumidos por las personas mayores aumentaron un 6,2% por encima de la inflación, desde el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) hasta la fecha, según un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

“Desde que Javier Milei ganó el ballotage en noviembre de 2023 los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente alcanzaron en promedio una inflación acumulada del 215,0%, superando a la inflación de 208,8%”, destacó el trabajo.

En las conclusiones del informe se indica que luego del triunfo de Milei, “en noviembre se registró una suba del 25,7%, en diciembre el incremento alcanzó 40,9%, en enero sumaron 13,6%, en febrero ajustaron al 15,0%, en marzo al 8,4%, en abril al 2,5%, en mayo al 3,8%, en junio al 2,8%, en julio ajustaron 5,0%, en agosto 3,0%, en septiembre 1,7%, en octubre 1,6%, en noviembre 1,3% y en diciembre 1,2%”.

El promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en el último año alcanza una suba interanual promedio de 133%. Entre esos 10 productos se encuentran el DAFLON 500, un venotónico utilizado para aumentar la tonicidad de las venas y vasculoprotector utilizado para aumentar la resistencia de los pequeños vasos sanguíneos, que aumentó 177% y el IBUPIRAC 600 MG, uno de los antiinflamatorios no esteroideo (AINE) más utilizado para combatir dolores y fiebre.

 El informe del CEPA hizo referencia además a la reducción de cobertura y cambios en la política de medicamentos gratis del PAMI, el instituto que implementa la obra social de los jubilados y pensionados.

Además, CEPA destacó que recientemente se decidió limitar el acceso de hasta 5 medicamentos sólo a los jubilados de hasta 1,5 jubilaciones mínimas. Los jubilados alcanzados, de todas formas, deben realizar un trámite para obtener el beneficio.

En base a los datos relevados sobre los precios de medicamentos excluidos de la canasta PAMI, se observa que los tres medicamentos que registraron los mayores aumentos en sus precios entre agosto y diciembre de 2024 fueron: Dermaglós, con una suba de 78,4%, Lanzopral, con un incremento de 71,7%, y Pantus 40, cuyo precio aumentó un 70,0%.

Estos incrementos “reflejan un ajuste significativo en el costo de estos medicamentos, afectando directamente el bolsillo de los afiliados que los adquieren, desde la nueva disposición del organismo, fuera de la cobertura de la canasta PAMI”, indicó el informe.

EM con información de NA.

La implementación de la receta electrónica entró este miércoles en vigencia en todo el país, por lo que la prescripción de medicamentos deberá realizarse, únicamente, a través de las plataformas inscriptas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS). 

Así lo dispuso el Ministerio de Salud de la Nación, mediante el Decreto 345/2024.

Para que tengan validez, las recetas electrónicas deberán contar con la identificación del médico o profesional de la salud con nombre, matrícula, profesión, especialidad y domicilio; el código de barras; la identificación del paciente (nombre, obra social o prepaga, fecha de nacimiento, DNI y sexo); la descripción del medicamento recetado detallando nombre genérico o denominación común internacional, presentación, forma farmacéutica y cantidad de unidades. 

También puede sumar el nombre comercial del medicamento que el profesional prescriptor sugiera, según precisó la cartera sanitaria que encabeza Mario Lugones. Por último, diagnóstico; fecha de emisión y firma digital del profesional.

Las plataformas verificarán que los profesionales de salud estén inscriptos en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y almacenarán las recetas emitidas en repositorios virtuales que funcionarán como nexo con las farmacias permitiendo que éstas últimas puedan acceder a ellas para la dispensa de los medicamentos cuando el paciente los requiera. 

Esto permitirá que las personas sólo tengan que acercarse a las farmacias con su DNI y/o credencial para requerir la medicación indicada por el profesional. 

Los repositorios deberán cumplir con protocolos técnicos y administrativos que contemplen la alta disponibilidad y que garanticen el almacenamiento de las recetas durante el período establecido por la normativa. 

Esto requiere sólidos mecanismos de respaldo y recuperación de información frente a eventuales fallas o incidentes y garanticen el resguardo de los derechos de los pacientes.

Es importante tener en cuenta que la receta manuscrita permanecerá vigente, como condición de excepción, sólo en zonas de difícil acceso, sin conectividad o en caso de interrupciones eventuales del sistema.

Asimismo, aquellas recetas emitas en papel antes del 31 de diciembre de este año podrán ser utilizadas dentro de su período de vigencia habitual.

El objetivo de esta medida es posibilitar el funcionamiento del ecosistema de salud digital previsto en la Ley Nacional de Recetas Electrónicas (N° 27.553) de 2020, agilizando el circuito de prescripción y dispensa de medicamentos y simplificando las instancias administrativas. 

Asimismo, el sistema de receta electrónica brinda herramientas a los profesionales para que puedan tomar mejores decisiones de tratamiento, evita errores de interpretación y facilita la dispensa en farmacias mejorando en el acceso a los medicamentos. 

Actualmente, 17 jurisdicciones cuentan con ley de receta electrónica. De ellas, 11 adhieren a la Ley Nacional (Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Tierra del Fuego, Tucumán), 4 tienen su propia ley provincial con un régimen propio (Buenos Aires, CABA, Chubut, La Rioja) y 2 tienen el proyecto de ley provincial en curso (Río Negro, Santa Fe). 

En tanto, las siete jurisdicciones restantes, si bien pueden utilizar parcialmente la Receta Electrónica, aún no cuentan con ley provincial. 

De ellas, cuatro adhieren al uso de Receta Electrónica y se espera cuenten con proyecto de ley próximamente (San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Cruz) y tres aún se encuentran en revisión de sus planes de ley provincial (La Pampa, Neuquén, Formosa).

DM con información de agencia NA

Un jubilado se roció con combustible e intentó prenderse fuego este jueves en una de las sedes del Pami en Córdoba. El hombre, de unos 70 años, estaba realizando el trámite para pedir la cobertura de medicamentos. El lunes del Gobierno decidió modificar la reglamentación que otorgaba medicación gratis a los afiliados a la obra social y solo podrán acceder a este beneficio quienes realicen un trámite que resultó ser bastante burócratico y difícil de entender para los adultos mayores.

Según informó el diario cordobés La Voz, el jubilado estaba en la oficina ubicada en la avenida General Paz y fue informado de que debía comenzar a pagar un porcentaje de los medicamentos. Entonces utilizó una sustancia inflamable que traía en bidón para rociarse.

Según testigos, el hombre tiene una enfermedad terminal. Fue contenido y asistido por médicos que lo trasladaron hasta un sanatorio para su atención.

En declaraciones a Radio Mitre Córdoba, un testigo señaló: “Cuando llegué me reconoció. Estaba con el bidón en la mano. Me dice: mirá lo que vas a ver ahora. ¿Qué vas a hacer?, le dije, y me muestra el bidón”.

El testigo, que también es jubilado, dijo que se siente “mucha desesperación”. “Ya ha venido dos o tres veces y lo han sacado corriendo. Tomó esa determinación. Se quiso prender fuego solo y entre dos o tres lo pudimos sacar porque quería manotear un encendedor”, añadió.

Mariano Luquez, delegado de UPCN en Pami Córdoba, relató que “un afiliado vino aparentemente para realizar el trámite de renovación de medicamentos y se roció en nafta”.

“Una situación de muchísima ansiedad, de muchísima necesidad que tiene el afiliado por no perder su medicación”, afirmó y consideró que la información sobre los cambios en la cobertura de los medicamentos para los jubilados nacionales “no ha sido muy clara ni fluida”.

El lunes el gobierno nacional confirmó que la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados quedó restringida a quienes ganen menos de un haber mínimo y medio. Además, deberán realizar un trámite de inscripción y cumplir con una serie de requisitos.

Las autoridades de PAMI anunciaron el lunes último cambios profundos en la política de medicamentos que implican eliminar la cobertura al 100% para más de 1,7 millones de personas. Vale la pena darle un marco a esta decisión: no es una medida aislada sino que forma parte de una política previsional sumamente regresiva que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei.

Todas estas medidas tomadas por el gobierno de La Libertad Avanza afectaron profundamente al universo de adultos mayores de nuestro país. El resultado más tangible son las tasas de indigencia y pobreza en este sector etario. En el primer semestre de 2023, la indigencia afectaba al 1,6% de los mayores de 65 años y la pobreza abarcaba al 13,2%. Ambas tasas se duplicaron en el primer semestre de 2024: el 4% es indigente y el 29,7% es pobre.

Es en el marco de esta situación dramática en materia social, que el gobierno toma esta decisión sobre los medicamentos. Ya en el mes de agosto, se habían eliminado del “vademécum” (la canasta del PAMI) una serie de remedios indispensables. Ahora, se profundiza el recorte: quienes cobren más de un haber mínimo (es decir, $390.000), o tengan un auto de menos de 10 años de antigüedad o dos propiedades inmuebles, ya no contarán con la cobertura de 100% sobre sus medicamentos sino que deberán abonarlos. En promedio, esta cobertura representaba un ahorro estimado para cada afiliado a PAMI de $74.500. 

Por último, cabe destacar lo sucedido en el mercado de medicamentos desde que Milei ganó las elecciones en segunda vuelta en noviembre de 2023: apenas concretado el balotaje, los laboratorios salieron del acuerdo de precios y aumentaron en promedio 25,7% si analizamos los precios de venta al público de los medicamentos más consumidos por personas mayores. En diciembre, a ese incremento se le sumó otro mayor de 40,9%. Un año después, los incrementos acumulan 210,5%, muy por encima del incremento otorgado en estos meses a las jubilaciones mínimas con bono (+159,4%).

Sin embargo, si consideramos exclusivamente los medicamentos incluidos en la canasta PAMI actual, los incrementos fueron más pronunciados: 340,7% desde noviembre de 2023. Peor aún si incluimos las drogas que fueron excluidas en agosto: el total de la canasta aumentó su precio 422,5%. 

La “desregulación” tan festejada por el gobierno tiene grandes ganadores y perdedores: mientras los laboratorios aumentan sus precios sin ningún tipo de control estatal, los jubilados no sólo deberán afrontar sus medicamentos con haberes de miseria sino que deberán pagarlos mucho más caros que en noviembre del año pasado. 

CB/JJD

El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, calificó este miércoles de “eutanasia encubierta” el recorte en la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados afiliados al PAMI dispuesto por el Gobierno.

“Quién pensó esto no pisa la tierra”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre Córdoba. Rossi señaló: “Cuando una norma prescinde de la persona, en este caso nuestros jubilados, nuestros abuelos, jubilados que compran 100 gramos de carne a la semana como para incorporar carne a la dieta, y gente que compra medio pimiento en las verdulerías, da la sensación de que quién pensó esto no pisa la tierra”.

De esta manera, parafraseó una expresión del papa Francisco, a quien es cercano y que la utilizó en 2023 para referirse a los sistemas sanitarios que privan a los enfermos y, especialmente a los ancianos, de los medicamentos que necesitan.

En su homilía del domingo pasado, Rossi ya había dicho que “los jubilados tienen que elegir entre comer o medicarse”. “Esa miserabilidad que estamos viviendo, donde nuestros abuelos, nuestros viejitos, están a veces en una especie de eutanasia disimulada, dice el papa Francisco, como sistema”.

“Si tenés que elegir entre comer y medicamentos, tendés a comer, con lo cual hay medicamentos que no reciben. Por lo tanto, para muchos es muerte”, añadió.

El lunes el Gobierno confirmó que la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados quedó restringido a quienes ganen menos de un haber mínimo y medio. Además, deberán realizar un trámite de inscripción y cumplir con una serie de requisitos.

Luego de que el PAMI anunciara ayer que para coberturas de medicamentos al 100% los jubilados deberán hacer un trámite especial, su titular, Esteban Leguizamo, aseguró hoy que aquellas personas afiliadas que no puedan pagar medicamentos “los van a recibir con asistencia social”.

Estas aclaracions surgieron luego de que Nación comunicara el “reordenamiento del vademecum” para priorizar a los afiliados “más vulnerables” y excluir a quienes tienen “ingresos altos” o “medicina prepaga”.

En diálogo con Radio Splendid, afirmó que “no están sacando medicamentos del Vademecum” y además ratificó que, si hay pacientes que están cursando un tratamiento “que supere el 15% de sus ingresos”, automáticamente “entra en el subsidio”.

“Para ingresar en el subsidio hay que hacer un trámite de manera online o en cualquiera de las sucursales, e incluso, la puede hacer un apoderado. El jubilado más necesitado, va a seguir recibiendo el subsidio”, aseveró.

Según el comunicado de PAMI, los afiliados con “ingresos altos” que no recibirán medicamentos son aquellos que reciban haberes superiores a $389.398,14 y quienes estén inscriptos simultáneamente en un sistema de medicina prepaga.

Por otra parte, si el afiliado convive con alguien que posee un Certificado Único de Discapacidad (CUD), el ingreso mensual del hogar debe ser menor a 3 haberes mínimos; de lo contrario, tampoco califica.

Con esta readecuación, PAMI pretende tener un uso “eficiente” de los recursos mientras garantiza la cobertura a quienes más lo necesitan.

“Los medicamentos para enfermedades crónicas, siguen cubiertos al 100% sin necesidad de ningún trámite”, concluyó.

DM con información de agencia NA

El gobierno nacional confirmó que la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados quedó restringido a quienes ganen menos de un haber mínimo y medio. Además, deberán realizar un trámite de inscripción y cumplir con una serie de requisitos.

“Adicionalmente a todas las coberturas que tenemos seguiremos garantizando el acceso total a medicamentos mediante el subsidio social para todos aquellos que realmente lo necesiten”, señaló el PAMI en un comunicado de prensa.

“Todo aquel afiliado que no pueda pagarlo, puede iniciar el trámite para obtener el subsidio social. Quien no está inscripto debe hacerlo. Es un trámite simple que se puede iniciar en la web y luego presentarse en la agencia”, dijo el titular del PAMI, Esteban Leguízamo.

Los descuentos de los medicamentos al 50%, 60 y 80% siguen sin modificaciones.

Si bien el parte de prensa no lo aclara, los jubilados que deseen mantener este beneficio deberán realizar la inscripción en la página del PAMI.

El comunicado de PAMI tampoco precisa desde cuándo rige la medida, aunque diferentes denuncias de jubilados aseguran que comenzó este 1 de diciembre.

El titular del PAMI, reiteró en declaraciones a Radio Mitre que la cobertura “está garantizada para quienes más lo necesitan. Queremos llevarle tranquilidad a los afiliados. No estamos sacando ningún medicamento del vademécum”.

De acuerdo al funcionario, “están todos los medicamentos a disposición y aquel afiliado que no pueda pagar el tratamiento, puede tramitar en cualquier agencia del país el subsidio social. Es un trámite simple, hasta se puede iniciar por en la web y es ágil”, detalló Leguizamo, al tiempo que describió al PAMI como “la obra social con la mayor cobertura en descuentos del sistema de salud, con una administración ordenada y planificada que hace que el gasto, o como me gusta llamarlo a mí, la inversión, sea realmente eficiente y llegue a los que más la necesitan”.

“El Instituto tiene que financiar la demanda, y no la oferta como era antes. Ese es el concepto de administración más importante que tenemos. Estas medidas de reordenamiento buscan poner fin a las irregularidades dentro del sistema que se detectaron en los últimos años, desde abusos en la solicitud de medicamentos hasta fraudes relacionados con recetas falsas”, subrayó. Además, Leguizamo remarcó que uno de los problemas “más graves fue el uso indebido de medicamentos por parte de afiliados que no cumplían los criterios necesarios para recibirlos de manera gratuita. Por ejemplo, detectamos que 600.000 afiliados retiraron medicamentos gratis mientras estaban afiliados a prepagas. Esto no solo perjudica a la institución, sino también a quienes realmente necesitan el acceso a esos medicamentos”, apuntó el funcionario que está bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Russo.

Asimismo, denunció la existencia de “bandas que ofrecían medicamentos en WhatsApp y Telegram, lo que generó una pérdida presupuestaria importantísima para el PAMI”, al tiempo que explicó que con el fin de evitar estos delitos, “se fortaleció la seguridad en la emisión de recetas electrónicas, garantizando que ”los médicos sean verdaderamente quienes prescriben los tratamientos“.

Las condiciones para acceder al subsidio social

Cómo funciona el 100% de cobertura en medicamentos ambulatorios a través del Subsidio por Razones Sociales según la página del PAMI:

El subsidio por razones sociales está destinado a personas afiliadas que por razones de vulnerabilidad social no pueden pagar sus medicamentos ambulatorios con descuento.

Para acceder a los medicamentos al 100% de cobertura por razones sociales, los afiliados al Instituto deberán:

De no cumplir con los puntos 1) y 2) y, siendo el costo en bolsillo de los medicamentos indicados para su tratamiento igual o mayor al 15% de sus ingresos, podrá solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción en el que se requerirá y evaluará:

No se encontrarán alcanzados por estas restricciones los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

¿QUIÉN PUEDE REALIZAR EL TRÁMITE?

El trámite podrá realizarlo la persona afiliada, su apoderado/a o familiar.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE NECESITA?

En caso de necesitar más de 4 medicamentos por Subsidio Social, deberá presentar el formulario de medicamentos.

 RENOVACIÓN:

¿DÓNDE PUEDO REALIZAR ESTE TRÁMITE?

Este es un trámite web. Podés realizarlo desde tu celular, tablet o computadora.

Si querés aprender a realizar tus trámites web mirá este video.

También podés realizar este trámite en tu agencia. Recordá sacar turno online para una mejor atención.

“Ellos no piden, exigen”, dice un exministro de la Nación en un bar de un pueblo en Jujuy, con un vaso de cerveza en la mano. Le habla a otro exministro, que en ese momento estaba en funciones, después de una jornada de trabajo. El tema de la actividad era el litio, pero el de esta conversación es el poder de lobby de la industria farmacéutica. “Una vez me dijeron: ustedes pasan, nosotros nos quedamos”. Y tenían razón.

No importa si son funcionarios, empresarios, o consultores del sector: en cualquier conversación sobre la industria farmacéutica sobrevuela la influencia de apellidos poderosos como Roemmers, Sigman, Casasco en la salida de ministros que intentaron transparentar el costo de la producción de medicamentos, en la elaboración de leyes, en el financiamiento de campañas presidenciales de distintos colores, y, más recientemente, por brindar recursos para aislar y “cuidar” al presidente Javier Milei en momentos de mayor desequilibrio emocional durante la campaña electoral 2023. 

El fenómeno es mundial: es que la farmacéutica es la segunda industria que más dinero mueve en el mundo, después de la bélica. En la Argentina toma hoy color violeta.

Viva la libertad, carajo

Esta semana, Cristina Fernández de Kirchner volvió a poner al sector en agenda durante el Encuentro Nacional de Salud, en Rosario: “A ver, Milei, ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos, que podamos tener medicamentos genéricos importados para reducir el costo de los presupuestos sanitarios. A ver si te animás”.

Es que el artículo del DNU 70/2023 de desregulación que obligaba a los profesionales a indicar drogas genéricas y no de un laboratorio en particular fue uno de los primeros en ser modificado por el gobierno que se jacta de ser libertario. Vía un decreto modificatorio publicado en enero —a poco menos de un mes de la vigencia del DNU 70—, y luego la reglamentación del Ministerio de Salud, flexibilizaron la norma y permitieron a los médicos sugerir que las recetas sean de algún laboratorio en particular.

En la industria atribuyen esta marcha atrás al lobby de Cilfa y Caeme, las cámaras farmacéuticas que agrupan a laboratorios nacionales y extranjeros, respectivamente. Cilfa no esconde sus preferencias: “Más libertad es mayor prosperidad económica, menos Estado es mayor producción, inversión y empleos privados”, dice la voz en off de una propaganda que se repite en loop en la televisión y la radio. “Desde la industria farmacéutica nacional desde hace más de 100 años invertimos y nos desarrollamos para cuidar de los argentinos”, continúa y termina dejando en claro: “Ahora deben estar más sanos y fuertes para transitar el camino de la libertad”. Daniel Sielecki, que es el socio de Hugo Sigman en el segundo laboratorio de mayor facturación en la Argentina y miembro de Cilfa, Elea, es uno de los empresarios que más apoyó al Gobierno. Su sobrino Ian es el embajador argentino en Francia.

“Cualquier intento que hubo de desarrollo o participación del Estado, la industria no apoyó”, resume uno de los exministros de la conversación del bar jujeño.

Una industria incontrolable

La liberación de los genéricos que proponía el DNU que escribió Federico Sturzenegger es una de las tantas estrategias que utilizaron los gobiernos para influir en el precio de los medicamentos, la problemática más visible detrás de este debate, que no está saldado. La ley de genéricos, cuya reglamentación posterior no permitió que se cumpliera con el espíritu de la norma, se sancionó en 2002 para garantizar el derecho de los pacientes a elegir libremente la marca de sus medicamentos.

Otro de los métodos aplicados recientemente fueron los acuerdos de precios, utilizados por las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández: “Son políticamente simbólicos, e incluso efectivos a corto plazo, pero en la práctica no evitan aumentos a mediano plazo. La industria compensa luego con aumentos fuertes apenas se liberan, como pasó a principios de este año”, asegura a este diario una fuente del sector. 

Durante la gestión de Mauricio Macri, se implementó el “precio PAMI”, un sistema de precios diferenciado (con un tope) para el mayor financista del país, con actualizaciones que iban generalmente a tasas menores a la inflación. Esto llevó a que la industria compensara el costo aumentando los precios al resto del mercado, lo que perjudicó a consumidores sin obra social y generó una brecha considerable entre los precios de referencia de PAMI y los de venta al público.

Durante la gestión Fernandez de Kirchner, también se avanzó con la posibilidad de fortalecer la producción pública de medicamentos mediante Anlap (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos), sobre todo para establecer valores testigo brindando transparencia sobre los costos reales y limitando el margen de acción de los monopolios. El lobby empresario logró, una vez más, detener estos avances. 

La idea más reciente de importar medicamentos desde países como India y China surge como herramienta para presionar a la industria local para moderar precios, y fomentar la competencia en un mercado oligopólico. En diálogo con elDiarioAR, la medida es fuertemente criticada por expertos que señalan riesgos tanto en la ejecución como en los efectos reales sobre los precios.

India es el mayor productor de medicamentos genéricos en el mundo, conocido como “la farmacia del planeta”. Sus laboratorios fabrican en grandes volúmenes medicamentos básicos como ibuprofeno, paracetamol y antibióticos genéricos. “Medicamentos que la industria farmacéutica nacional produce con buena calidad y a buenos precios”, indica la exfuncionaria y actual coordinadora de políticas públicas y equidad del HUb de Innovación en Políticas de Salud y Equidad (Hub IPSE) de la Unsam Sonia Tarragona. 

En diálogo con elDiarioAR, Tarragona asegura que la calidad de los productos varía considerablemente dependiendo del laboratorio, ya que no todos cumplen con estándares internacionales estrictos, e incluso ha habido reportes de contaminación cruzada en medicamentos. En 2022, se vincula la muerte de más de 60 niños a un jarabe pediátrico producido en la India. En la práctica, India carece de una agencia regulatoria reconocida mundialmente, como la FDA (Estados Unidos) o EMA (Unión Europea), lo que dificulta la validación directa de sus productos en Anmat. 

“La industria farmacéutica es considerada estratégica debido a su impacto en la generación de conocimiento científico, la tecnología, la atención de la salud y la producción de bienes con alto valor agregado. En total emplea a más de 40.000 personas de manera directa con altos niveles de formalidad, salarios y participación femenina, exporta más de USD 1.100 millones, genera casi la mitad de la inversión en I+D privada del país y permitió sostener el abastecimiento de productos esenciales durante la pandemia”, complementa Hernán Marmurek, consultor especializado en políticas productivas en salud. Según su visión, la apertura a la importación masiva de medicamentos pondría en riesgo esta estructura productiva.

Otra opacidad: el precio de los medicamentos

Detrás del debate por la importación está el aumento de los precios de los medicamentos en la Argentina, que impacta en el bolsillo de la gente de manera directa en las farmacias e indirecta a través de la estructura de costos de las obras sociales, del PAMI, del sistema de salud pública y de las prepagas. 

Pero al intentar señalar la evolución de los precios de los medicamentos aparece otra opacidad del sistema. “Me parece osado hablar de manera tan general del 'precio' de los medicamentos, porque es un sistema demasiado complejo en el que hay muchos precios, muchas marcas por droga, muchos descuentos que atraviesan el sistema de salud y que hablar de precios sin ponderar por el peso de su consumo en la población, conduce a sacar conclusiones equivocadas. Ninguna canasta que se seleccione refleja exactamente todas esas complejidades”, asegura Tarragona.

Mientras que algunos informes aseguran que el precio de algunos medicamentos aumentaron 200 y hasta 500 puntos por encima de la inflación general, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec indica que el rubro medicamentos dentro de la apertura Salud aumentó 156%, que son 7 puntos menos que la inflación en el acumulado diciembre-octubre. De acuerdo con fuentes privadas relacionadas con el sector, el aumento acumula en 2024 una variación de aproximadamente el 82%, más de 20 puntos por debajo de la inflación general. 

“Los medicamentos no aumentaron más que la inflación este año, aunque los aumentos de precios siempre son un problema, porque los medicamentos son importantes para la población”, asegura Tarragona y agrega que la particularidad del 2024 es que “probablemente la gente lo siente más por la interrupción de los programas nacionales que cubrían muchos medicamentos, desde el PAMI, pasando por Remediar, oncológicos, VIH, salud sexual y el pase a venta libre de algunos otros”.

La influencia del lobby farmacéutico en la Argentina no solo moldeó políticas y decisiones gubernamentales a lo largo de los últimos años y gobiernos sino que también puso en jaque la transparencia y la equidad en el acceso a medicamentos. Mientras los poderosos intereses de la industria continúen prevaleciendo sobre las necesidades de la población, la lucha por una regulación justa y efectiva seguirá siendo un desafío monumental. La pregunta que queda es: ¿podrá algún gobierno enfrentar este poderío y priorizar la salud pública por encima de los intereses económicos?

NR/JJD

El Gobierno nacional publicó este lunes el Decreto 1024/2024 que modifica la reglamentación de la Ley N° 17.565 para regular la venta de medicamentos en farmacias habilitadas y otros establecimientos, incorporando nuevas condiciones de seguridad y acceso. 

La norma establece que los medicamentos bajo receta solo podrán venderse en farmacias habilitadas y bajo supervisión de un farmacéutico responsable, permitiéndose también su comercialización mediante canales electrónicos seguros.  

En tanto, los medicamentos de venta libre podrán exhibirse en góndolas dentro de farmacias, siempre que se respeten condiciones estrictas: deben estar en caja cerrada, con prospecto, y su venta será exclusiva para mayores de 18 años previa validación del Documento Nacional de Identidad. 

La norma dice:

“Los medicamentos de venta libre y los productos anexos a la actividad farmacéutica (aquellos destinados a la higiene o estética de las personas, así como de aquellos a los que se les asignen propiedades profilácticas, desinfectantes, insecticidas u otras análogas), a los fines de su comercialización, pueden exponerse en las góndolas del establecimiento y ser ubicados o exhibidos de modo tal que conserven inalteradas sus propiedades fisicoquímicas y el público general pueda acceder directamente a ellos sin necesidad de intermediarios”.

El expendio de medicamentos de venta libre, cuando fuera en góndolas, deberá sujetarse a las siguientes condiciones:

En los establecimientos que no estén habilitados como farmacias, la comercialización de medicamentos de condición de expendio de venta libre estará limitada a los antiácidos y los analgésicos, aunque la autoridad de aplicación podría ampliar este listado en el futuro. 

“La medida busca optimizar las condiciones de comercialización de medicamentos y proteger a los consumidores, garantizando que todos los productos mantengan inalteradas sus propiedades fisicoquímicas y sean accesibles en un marco de seguridad y transparencia”, dice el decreto.

Al respecto, el ministro de Desregulación y Transformación del estado, Federico Sturzenegger, explicó, como hace habitualmente en sus redes sociales, la nueva normativa:

“Hay tres motivos por lo que es importante que los remedios de venta libre puedan venderse en cualquier negocio. Primero, por comodidad, ya que se podrán sumar a la compra semanal en tu almacén o supermercado. Segundo, porque en muchos lugares, una farmacia está lejos y entonces poder adquirirlos en otros lugares facilita el acceso a estos medicamentos. Si tengo a un niño/niña con fiebre no quiero que la regulación imponga la obligación de hacer decenas de kilómetros para ir a una farmacia para comprar ibuprofeno. Este puede ser un tema menor en CABA pero no lo es en el interior. Tercero, porque permitirá una mayor competencia de precios. Ya hemos dicho que en antiácidos como el omeprazol hay diferencias de precios que son de 8 veces. Con un canal comercial más ágil y más focalizado en precio dudo realmente que estas diferencias puedan mantenerse mucho tiempo”, detalló el funcionario.

“Recordemos que el precio de medicamentos en Argentina sigue siendo varios órdenes de magnitud más alto que en países europeos (y decenas de veces más que en países asiáticos), así que tenemos mucho trabajo por delante”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

La lucha que están atravesando lxs jubiladxs hoy en día me recuerda a la época entre mis 6 y mis 16 años: mi papá estaba enfermo de cáncer. En la línea del ferrocarril en la que trabajaba, lo habían jubilado tempranamente por invalidez. Esa fue la crisis más fuerte que pasamos como familia. 

Era el año 1989, la crisis económica que había dejado el gobierno de Alfonsín se intensificó con las políticas menemistas y el sistema de salud estaba desmembrado. Una de las dinámicas propuestas por la obra social ferroviaria en aquel momento era devolver un 80% del dinero gastado en medicamentos; pero la inestabilidad económica era tan grande que el sistema no resultaba ser de ninguna ayuda: los remedios que necesitaba mi papá eran compras semanales, y los precios aumentaban con esa misma rapidez. Ante la insuficiencia de fondos, mi familia se disponía a elegir qué de lo que teníamos podíamos vender. 

Para las fechas importantes, se solían regalar cosas de oro. Mi mamá tenía una pulsera con muchos dijes, cada uno había sido un regalo de mi papá para alguna ocasión especial. De esa pulsera, se iban desprendiendo los dijes: cada vez que había que comprar un remedio, era sacar uno y venderlo. Así lo hicieron hasta que no quedaron más; ni dijes ni pulsera. Lo siguiente fue vender el auto; después, un terreno; después, cerrar el negocio e hipotecar la casa.

Lo que veo hoy de la situación en Argentina me lleva directamente a ese tiempo: tanto las marchas y manifestaciones de lxs jubiladxs como los golpes que reciben por parte de las fuerzas de seguridad. También me acuerdo perfecta y específicamente de Norma Plá, porque las luchas de lxs adultxs mayores coincidieron con aquellos momentos en que Karina Urbina se manifestaba, pionera y sola, con su voz y sus pancartas, por el derecho a la identidad de las personas trans. Me acuerdo de que Karina modificó su día para manifestarse frente al Congreso: la presencia de lxs jubiladxs en la calle había crecido mucho y se mezclaban las luchas.

La quita de medicamentos es lo peor; habla de un sistema que propone —implícitamente, aunque esta vez no tanto— un “sálvese quien pueda”. Pienso en la semejanza con la estructura sanitaria de los Estados Unidos, aquel país del que me escapé y que tanto se pondera desde el gobierno actual. Allá, accede a la salud quien puede costearla, no todos los trabajos cuentan con una obra social, y tan solo ser trasladadx por una ambulancia puede llegar a costar más de 5.000 dólares.

Bajo una mirada política del descarte, mi papá murió a los 43 años. Quedó una casa hipotecada y la necesidad de hacer un esfuerzo extraordinario para poder revertir la situación. A nivel país, hizo falta que se desencadenara el desarme estructural del 2001 para luego volver a reconstruir la sociedad. Hoy día, me pregunto cómo hubiera cambiado nuestra historia si no le hubiéramos abierto la puerta, otra vez, a una derecha neoliberal tan feroz.

MBC/SN/DTC

Si bien la obra social de los jubilados y pensionados recordó que sigue cobertura en medicamentos con distinto nivel de cobertura desde el 40 al 100%, PAMI sacó 44 que reducen la lista de cobertura al 100%. 

Este es el listado de los 44 medicamentos que ya no cubre el Pami al 100%:

1. Acido Acetilsalicilico (antiagregante plaquetario)

2. Aciclovir (antiviral)

3. Benznidazol (antiparasitario)

4. Betametasona (corticoide)

5. Betametasona + gentamicicina + miconazol (corticoide)

6. Carbonato de calcio (suplemento)

7. Citrato de calcio (suplemento)

8. Ceftriaxona (antibiótico)

9. Cefuroxima (antibiótico)

10. Cilostazol (vasodilatador)

11. Ciprofloxacina (antibiótico)

12. Claritromicina (antibiótico)

13. Clindamicina (antibiótico)

14. Clobetasol (corticoide)

15. Dexametasona (corticoide)

16. Doxiciclina (antibiótico)

17. Estriol (hormonoterapia)

18. Fluconazol (antibiótico)

19. Fluoxetina (antidepresivo)

20. Hidrocortisona (corticoide)

21. Hierro polimaltosato (suplemento)

22. Ivermectina (antiparasitario)

23. Levomepromazina (antipsicótico)

24. Liotironina (tratamiento del hipotiroidismo)

25. Mebendazol (antiparasitario)

26. Meprednisona (corticoide)

27. Metadona (tratamiento del dolor)

28. Metoclopramida (antiemético)

29. Metotrexato (tratamiento de la artritis reumatoidea)

30. Metronidazol (antibiótico)

31. Minociclina (antibiótico)

32. Morfina, clorhidrato (tratamiento del dolor)

33. Neomicina (antibiótico)

34. Nistatina (antibiótico)

35. Oxibutinina (antiespasmódico)

36. Prednisona (corticoide)

37. Pregabalina (tratamiento del dolor)

38. Promestriene (hormonoterapia)

39. Psyllium (laxante)

40. Sulfametoxazol + trimetoprima (antibiótico)

41. Sulfasalazina (tratamiento de la inflamación intestinal)

42. Tobramicina (antibiótico)

43. Tramadol (tratamiento del dolor)

44. Triamcinolona (corticoide)

DM con información de agencia NA

Pensó que su madre estaba “despistada” y que “no se acordaba bien de las cosas”, pero lo que pasaba, le contó ella misma después, es que estuvo tomando “durante varios días el doble de dosis de Lorazepam de lo que tenía prescrito sin saberlo” al confundirlo con unas pastillas para la alergia. Las cajas de los dos fármacos son casi idénticas: mismo fabricante (Cinfa), mismo color y motivos en el envase (blanco y violeta) y un nombre que empieza por la misma letra (el otro medicamento era Loratadina).

Esta es la historia que Rafael Llovet compartió en redes sociales la semana pasada. Se hizo viral y, dos días después, la farmacéutica anunció un cambio en el packaging para evitar la equivocació. “Se cambió el color del envase de Lorazepam a verde para mejorar su diferenciación”, dicen en una nota de prensa. “Lo que le pasó a mi madre nos podría haber pasado a cualquiera. Afortunadamente no desembocó en nada grave. Pero, ¿y si en vez de la alergia hubiera sigo el corazón o la tensión?”, asegura Llovet en conversación con elDiario.es.

Su caso no es único ni mucho menos. La similitud entre las cajas de fármacos es un problema para la seguridad de los pacientes diagnosticado por la Organización Mundial de la Salud –hace unos meses publicó un informe técnico sobre los llamados “medicamentos LASA” (looks alike, sounds alike, que en español sería algo como “aspecto y nombre parecidos”)– y muy estudiado por el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP-España), que en noviembre publicó un decálogo de recomendaciones para prevenir errores en la medicación “causados por la similitud del nombre o de la apariencia”.

“En el Sistema de Notificación y Aprendizaje de Errores de Medicación del ISMP-España y en el Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente (SiNASP) se siguen recibiendo numerosas notificaciones de incidentes que describen confusiones entre diferentes medicamentos. De hecho, constituyeron uno de los 10 tipos de errores con consecuencias más graves notificados en 2020”, dice el documento.

Sin embargo, en España no existe una normativa que prevenga que los envases se parezcan hasta el punto de inducir al error del paciente, del cuidador o del sanitario que administra la medicación. “Las normativas existentes en los distintos países –en el caso de España, la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios– detallan fundamentalmente la información que debe incluirse en el etiquetado y cómo debe presentarse la crítica o esencial del medicamento para asegurar que sea fácilmente legible y comprensible para los profesionales y consumidores, pero no proporcionan suficientes especificaciones para garantizar su diferenciación de otros medicamentos”, explica María José Otero, jefa del servicio de farmacia del Hospital Universitario de Salamanca y directora del Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) es la encargada de autorizar los cartonajes antes de que salgan a la venta. “Si se detectan casos de isoaparencia, se solicita el cambio a la empresa”, responde un portavoz a elDiario.es. Los técnicos de la AEMPS, las empresas o particulares pueden notificar a la agencia estas situaciones y esta tiene potestad para pedir a las farmacéuticas que se corrija. En su web, la Agencia indica toda la información que debe proporcionar el etiquetado de un medicamento.

Detrás de la similitud entre los envases, hay cuestiones de branding o marca. “Suelen tener una línea gráfica similar para sus presentaciones”, reconoce la AEMPS, que recuerda que “es importante antes de tomar cualquier medicamento leer el prospecto para que se haga de forma correcta”. “Hay algunos laboratorios que han diseñado etiquetados enfocados a evitar confusiones, aunque no cabe duda que exige un diseño más complejo”, analiza Otero.

Las confusiones se dan más entre los medicamentos genéricos, pero no solo. elDiario.es se puso en contacto con las patronales que agrupan a las farmacéuticas, pero ni la Asociación Española de Medicamentos Genéricos, que remite a la AEMPS, ni Farmaindustria (Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica) dieron respuesta a este medio.

El nivel de incidencia de este problema es desconocido, admite la jefa de farmacia del Hospital Universitario de Salamanca. “No se dispone de estudios que hayan analizado específicamente este problema, pero sí, desgraciadamente se dan muchos casos. De hecho, constituyen un porcentaje importante de los incidentes comunicados a los sistemas nacionales de notificación y en ocasiones son graves”, abunda Otero.

También en los hospitales

El Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP-España) tiene registrados algunos casos reales de errores. No solo ocurren en casa, sino también en el hospital a la hora de entregar medicamentos en la farmacia hospitalaria o en la administración durante un ingreso o un tratamiento.

Este es uno de los ejemplos recogidos: se indica para un paciente ingresado en la UCI una perfusión de nitroglicerina para controlar la tensión arterial (se utiliza para limitar su subida), pero en el cambio de turno se informa de que los valores continuaban mal a pesar de su administración. Al abrir el cajetín donde están las medicaciones se encontraron mezcladas ampollas de este compuesto (Solitrinina Fuerte, en nombre comercial) y de Noradrenalina Normon. Esta última se usa en situaciones de hipotensión aguda, justo para lo contrario. El aspecto de los dos fármacos y el tamaño era muy similar.

Que el peligro se puede extender a ampollas, viales y otros medicamentos de uso hospitalario, “en los que el riesgo asociado al diseño del envasado y etiquetado está más controlado” lo avisaron tres farmacéuticos, reunidos en la asociación STOP Errores de Medicación, en una carta a la directora que publicó la revista Journal of Healthcare Quality Reseach en 2020.

Los profesionales pedían a las autoridades sanitarias “una guía oficial de buenas prácticas con recomendaciones para un diseño seguro del envasado y etiquetado de medicamentos” que fuera de obligado cumplimiento para fabricantes y se incorporara a la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. “También sería aconsejable una evaluación del riesgo y una validación del diseño del envasado de los medicamentos antes de comercializarse, comparándose con los que ya están comercializados. Estas medidas permitirían reducir esta problemática que tanto afecta a la seguridad y a la calidad asistencial de la atención que reciben nuestros pacientes”, concluía la carta.

Con el objetivo de impulsar la digitalización del sistema de salud argentino, el Ministerio de Salud de la Nación avanzó con la reglamentación del DNU 70/23, a través del Decreto N°345/2024, para la implementación obligatoria de la receta electrónica y este avance tecnológico tiene el propósito de mejorar la calidad en la prestación de servicios de salud a los ciudadanos, a través de la eficiencia y la seguridad, facilitando la identificación de los profesionales que prescriben medicamentos.

En la misma dirección, contempla la integración y estandarización de las plataformas digitales ya existentes en el sistema, la definición de un diccionario nacional de medicamentos y el seguimiento eficaz del tratamiento de los pacientes, mientras que la medida se inscribe en las acciones dispuestas por el Gobierno nacional para aumentar la competitividad del mercado, lograr una mayor agilidad de la industria y minimizar costos. De todos modos, al haber médicos y centros de salud que todavía no tienen posibilidad de hacer prescripciones electrónicas, las recetas papel seguirán existiendo hasta nuevo aviso.

A partir del 1° de julio entra en vigencia la implementación de la receta electrónica y/o digital será obligatoria en todo el país, mediante la coordinación con las autoridades jurisdiccionales competentes y los organismos con incumbencia en la materia, mientras que, cuando resulte necesario, corresponderá a las autoridades jurisdiccionales promover el dictado de las leyes de adhesión jurisdiccional que contemplen los cambios en las respectivas leyes de ejercicio profesional y sus regímenes sancionatorios.

Las actuales implementaciones de receta electrónica y/o digital continúan vigentes en su uso, en tanto cumplan con los requisitos previstos en la presente reglamentación, los que en un futuro la normativa o la autoridad de aplicación establezca y en los términos del cronograma de implementación que se acuerde.

Los ejes esenciales

La adopción de la receta electrónica, cuyo modelo quedó establecido por el Decreto N° 63/24, responde a cuatro ejes esenciales:

Este sistema no solo facilitará el acceso a los medicamentos y tratamientos de manera más eficiente y segura, sino que también promoverá la calidad en todo el proceso de atención médica.

Sobre la venta y despacho de medicamentos bajo receta

La venta y despacho deben realizarse desde la farmacia, en presencia de un farmacéutico responsable (director técnico y/o farmacéutico auxiliar), su venta y entrega al paciente podrá ser acordada por canales electrónicos determinados por la farmacia, mediante traslado al lugar que éste disponga a su conveniencia.

Es responsabilidad del profesional farmacéutico garantizar que el traslado se realice de modo seguro conforme los requisitos aplicables y los que la autoridad sanitaria establezca a tal efecto, mientras que las farmacias deberán archivar y guardar las recetas digitales durante 3 años.

Las cuatro categorías de medicamentos

El DNU

Con información de NA.

IG

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), anunció que mantendrá congelados desde hoy y por un plazo de 30 días los medicamentos “para acompañar las medidas destinadas a fortalecer el sistema de salud argentino” y en línea “con la política de estabilización de las variables de la economía argentina”. 

La entidad que agrupa a 41 laboratorios principalmente de capitales extranjeros pero deja librado a cada firma la facultad de adherir a la iniciativa. Algunos de los laboratorios que forman parte de Caeme son: Abbot, Abbvie, Alcon, Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bausch+Lomb, Bayer, Merk, GSK, Roche, Sanofi, MSD, Lilly, Novartis, entre otros.

En un comunicado oficial la cámara que representa a 41 compañías de innovación farmacéutica que investigan, desarrollan y comercializan medicamentos en el país, “manifestó su disposición para acompañar las medidas destinadas a fortalecer el sistema de salud argentino, congelando los precios de los medicamentos por un periodo de 30 días, a partir del día de la fecha, en consonancia con la política de estabilización de las variables de la economía argentina”. Sin embargo aclara que “cada laboratorio asociado ejercerá la facultad de adherir individualmente a esta iniciativa”.

“CAEME reitera su compromiso por contribuir y promover el acceso oportuno y equitativo por parte de los pacientes a medicamentos y tratamientos innovadores en un marco de sustentabilidad y transparencia” concluye el comunicado.

MM con información de la agencia NA.

La AFIP suspendió por 120 días corridos la percepción del Impuesto a las Ganancias y del IVA para mercaderías importadas, que incluyen productos de la canasta básica como alimentos y medicamentos.

La medida está en línea con la decisión del Gobierno de agilizar la importación de esos artículos, con el fin de frenar la escalada inflacionaria.

Las mercaderías contempladas son:

A través de la Resolución General 5490/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la AFIP señaló que “el contexto de alta inflación que atraviesa el país requiere de la implementación de diversas medidas que permitan mitigar sus efectos sobre los sectores más vulnerables”.

Por ese motivo, resaltó que la suspensión de la percepción de ambos tributos busca “disminuir la carga impositiva a la importación de una canasta de bienes de primera necesidad, a efectos de que se genere una reducción de los precios de dichos productos, como continuidad de la política económica dispuesta por la Administración Nacional orientada a reducir la inflación”.

El régimen de percepción de Ganancias es aplicable a las operaciones de importación definitiva de bienes, salvo que se encuentren exceptuadas, conforme a las respectivas normas legales.

Por su parte, el régimen de percepción del IVA se hará efectivo en el momento de la importación definitiva de cosas muebles gravadas por ese impuesto, salvo las exceptuadas normativamente.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo este lunes que en un mes los productos alimenticios nacionales comenzarán a competir con los importados y aventuró que por ese motivo habrá una rebaja de precios.

NB con información de NA