La Unión Industrial Argentina (UIA) pidió en las últimas horas al Ministerio de Trabajo que declare la “escencialidad” de la actividad del Puerto de Rosario con el fin de movilizar las cargas, tras la paralización que se registra desde hace un mes en las por un conflicto laboral y por la decisión de una firma concesionaria de no acatar la conciliación obligatoria dictada por la cartera.

De acuerdo al monitoreo realizado por la entidad, “al día de la fecha se mantiene inmovilizada la carga de más de 1.000 contenedores”, algo que “perturba seriamente la operatoria de comercio exterior”.

este jueves se realizará una nueva audiencia en la cartera laboral nacional, tras el fracaso del último encuentro entre las partes celebrado del martes, informaron fuentes gremiales.

El Puerto de Rosario, que administra una concesionaria conformada por el grupo chileno Ultramar y la local Vicentin, está paralizado desde hace un mes por un conflicto laboral.

La controversia se originó cuando la delegación Rosario del Sindicato Unidos Portuarios Argentino (SUPA) reclamó reabrir la discusión paritaria y solicitó un aumento salarial que acompañe a la inflación.

El conflicto creció hasta que la concesionaria Terminal Puerto Rosario (TPR) despidió a 25 trabajadores, en medio de varias jornadas de huelga.

El 29 de diciembre pasado, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, pero TPR no acató la medida, por lo que las terminales continúan paradas.

Fuentes al tanto de las negociaciones señalaron que las partes avanzaron con la reincorporación de 20 de los despedidos, y la cesantía de los 5 restantes con el pago de las indemnizaciones. Sin embargo, los despedidos no aceptan la medida y presionan al sindicato del sector.

Ante la continuidad del conflicto, la UIA expresó que la falta de actividad “ha paralizado la carga y descarga de contenedores que se encuentran varados a la intemperie, afectando a las industrias que necesitan de los insumos de uso difundido, productos perecederos e incluso críticos allí contenidos, especialmente de los sectores alimenticio y farmacéutico”.

“Además, dicha parálisis -de la terminal que es una de las vías principales del circuito logístico hacia el exterior- perturba seriamente la operatoria de comercio exterior, generando el doble perjuicio de impedir el abastecimiento local y el ingreso de divisas al país”, afirmó la entidad fabril en el comunicado.

La UIA planteó también que “empresas argentinas -particularmente cerealeras, alimenticias, automotrices y exportadoras de electrodomésticos- tienen compromisos de ventas y plazos acordados con clientes del exterior a los que no pueden responder, generando paradas de producción, riesgos de pérdidas de mercados de exportación e incluso sanciones por el incumplimiento de los compromisos asumidos”.

En procura de una solución al dilatado conflicto, la entidad que preside Daniel Funes de Rioja manifestó “la necesidad de liberar cuanto antes la carga inmovilizada”.

Para eso, solicitó al Ministerio de Trabajo “se proceda a 'declarar la esencialidad' de dicha actividad para no continuar afectando las cadenas de valor y restablecer el abastecimiento de bienes a lo largo del país”.

Con información de Télam.

IG

En un sector estratégico como ningún otro, se dirime una orientación general que anticipa la batalla de fondo para el año electoral. La huelga que paraliza los puertos agroexportadores cumple hoy 15 días y la solución del conflicto se dilata más allá de lo previsto. El paro que decidieron —por primera vez en décadas— de manera conjunta los tres gremios que representan a diez mil operarios del polo agroindustrial exportador de Rosario y Santa Fe afecta a las grandes cerealeras que están nucleadas en la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), y se perfila para prolongarse por tiempo indeterminado. Después de una oferta de pago escalonado y no remunerativo que acaban de rechazar por insuficiente, el ministerio de Trabajo convocó a una nueva audiencia de conciliación, el lunes 28 de diciembre. Los huelguistas se preparan para pasar Nochebuena y Navidad en la fábrica de producción de biodiesel de soja más grande del mundo: la planta de Luis Dreyfus en la localidad de General Lagos, a 25 kilómetros de Rosario. En ese punto, a orillas del Río Paraná, se levanta también uno de los puertos privados más importantes del país y respira el centro neurálgico del negocio sojero, puerta principal para el ingreso de dólares al país de la restricción externa. Multinacionales como Cargill, Bunge, ADM, Glencore, COFCO y colosos de origen local como Molinos Río de la Plata, Aceitera General Deheza (AGD) y Vicentin rechazan el aumento salarial que reclaman los sindicatos y ven afectadas sus operaciones. Aunque las compañías se encargan de publicitar sus pérdidas a través de canales amigos, todavía tienen margen para mostrarse inflexibles. Del otro lado, lo mismo muestra el frente sindical que vive días de una sorprendente unidad.  

Como anticipó el DiarioAR, las cerealeras cuentan que hay más de 170 barcos que esperan para cargar granos y subproductos por una cifra estimada en US$1.700 millones. Esta vez, el choque de fuerzas que expresa la puja distributiva en el año de la pandemia es generalizado y la inactividad es absoluta. De un lado, un grupo de operarios que defienden el proceso de organización y acumulación política que los llevó a conseguir las mejores paritarias del país; del otro, las cerealeras que acaban de sentarse —bajo el paraguas del Consejo Agroindustrial— a la mesa de los Fernández para inaugurar el principio de una alianza inédita entre el peronismo kirchnerista y los pulpos del agronegocio. Después de dos conciliaciones obligatorias estériles, la medida que inició el 9 de diciembre pasado la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines en demanda de un aumento de sueldos fue ganando volumen y sumó a dos gremios decisivos, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) y la Unión de Recibidores de Granos y Anexos (Urgara). En espejo, las cámaras empresarias respondieron con una negociación en bloque que incluye a Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Cámara Industrial de Aceites Vegetales de Córdoba (Ciavec), Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC).  

El fin de semana, el titular de CIARA, Gustavo Idígoras, había destacado la necesidad de las partes de resolver el conflicto antes de Navidad. Sin embargo, algo pasó en los últimos días. Para las empresas, se trata de sindicatos que se muestran “intransigentes” y tienen una actitud “irresponsable” que se desentiende de la batalla por la “competitividad global” que libran las agroexportadoras. Para los gremios, las grandes cerealeras que amasaron fortunas este año quieren “disciplinar” a los trabajadores y “desestabilizar” al gobierno, pese a que se vieron beneficiadas por un doble proceso en el año de la pandemia: la devaluación del peso y el aumento vertiginoso del precio de la soja, que pasó de 350 a 450 dólares en 2020. A eso se suma el diferencial del 3% por retenciones que Mauricio Macri les había quitado a las grandes aceiteras y Alberto Fernández les devolvió en octubre pasado.

Se conocen

Se trata de sectores que se conocen mucho y están acostumbrados a negociar. Sin embargo, en el primer año del pancristinismo en el poder, a un lado y al otro, se perciben desplazamientos importantes. Para los sindicatos, lo que se advierte es el poder del sector agroindustrial que hoy busca liderar al establishment local. Ya hace tiempo, el titular de la UIA es un delegado del rubro, Miguel Acevedo, en representación de AGD y de su cuñado, el poderoso empresario cordobés Roberto Urquía. Pero ahora son el ex-Monsanto Idigoras desde CIARA-CEC y José Martin desde la Bolsa de Cereales —hombre de Cargill durante 46 años— quienes conducen el Consejo Agroindustrial y fueron a visitar a la propia Cristina Fernández de Kirchner al Senado. Para la dirigencia cerealera, lo que se percibe es un proceso en el que crece por lo bajo el protagonismo del combativo Daniel Yofra en detrimento del Sindicato de Obreros y Empleados de San Lorenzo, liderado por Pablo Reguera, que hasta el momento se mostraba más dócil y evitaba toda confluencia con la Federación Aceitera.

Hace cinco años que la discusión paritaria no escalaba hasta los niveles de hoy. Fue entonces cuando, después de 25 días de paro, la Federación Aceitera logró quebrar el techo salarial que fijaba el ministro Axel Kicillof, con un aumento del 36%. Por eso, el desafío principal lo tiene el gobierno del Frente de Todos ante un foco de conflicto imprevisto, en un año en que los salarios cierran por tercer año consecutivo por debajo de la inflación. Es el Ministerio de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni, el ámbito natural para laudar, pero hasta el momento hizo poco más que prestar sus oficinas para dar marco a una pulseada que sigue sin resolverse. Los llamados del ministro de Fernández a Idígoras para que cedan a la recomposición que piden los gremios no dieron resultado y la autoridad del ministerio se fue diluyendo, tanto que por estas horas a un lado y al otro hacen chistes sobre el rol de Moroni. Urgido por la liquidación de divisas y en los meses previos a la crucial cosecha de soja, le toca al Presidente resolver el diferendo.

Si Cristina Fernández anunció en La Plata el objetivo de “alinear” salarios con precios y tarifas para “recuperar la demanda”, el paro en el polo oleaginoso es un caso testigo y precipita el conflicto de intereses que se le viene encima a la Argentina de la recesión y la pérdida de poder adquisitivo. Es la política la que debe definir no sólo una paritaria fundamental, sino una orientación general.

DG

La foto satelital muestra una larga fila de barcos esperando cargar materias primas en el río Paraná. El estuario conocido como Río de la Plata grafica a la perfección el conflicto salarial entre la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y sus 20 mil trabajadores, que desde el 3 de diciembre están de paro reclamando un aumento salarial.

Hasta el jueves 17, había al menos 111 buques esperando entrar a las distintas terminales de Rosario para “cargar 2,35 millones de toneladas de materias primas por un valor aproximado de USD 1.100 millones”, según detalló un informe de la Bolsa de Cereales de Rosario firmado por el equipo de economistas liderado por Julio Calzada. Al día de hoy, la cantidad de buques en espera es de 170 si se incluye los puertos de aguas profundas de Quequén y de Bahía Blanca. El total estimado en exportaciones que espera de salir del país es de USD 1.700 millones.

La cifra seguirá creciendo luego de que hoy al mediodía los gremios rechazaran la oferta realizada anoche por las empresas Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus, Glencore, COFCO, Terminal 6, Molinos Río de La Plata y Aceitera General Deheza, agrupadas en las cámaras CIARA-CEC con una declaración titulada “Navidad en Huelga”.

Mientras que desde Ciara-Cec confiaban en un acuerdo que llegara para brindar en las fiestas, los sindicatos respondieron “pasaremos la Navidad en la huelga, única herramienta de la clase trabajadora para lograr sus objetivos, defendiendo lo que nos llevó años conseguir: un salario que cubra nuestras necesidades y que nos permita una vida digna.”

El conflicto salarial en el sector agroexportador tiene como eje central el pedido de los dos principales gremios aceiteros del país. Los gremios acordaron en Abril un básico de $ 69 mil, lo cual representaba un aumento de un 25% del salario. Hoy reclaman un mínimo de $87 mil para Diciembre que se conviertan en $93 mil en enero.

La contraoferta que Ciara-Cec hizo anoche luego del fracaso de la reunión que mantuvieron las partes en el Ministerio de Trabajo la semana pasada incluye una serie de bonos no remunerativos por Pandemia y producción que fueron rechazados por los gremios hoy por ser no remunerativos y pagaderos en cuotas.

“Las empresas que más ganan no piensan pagar las cargas y contribuciones patronales correspondientes, desfinanciando al Estado nacional en un momento crítico como el que atravesamos desde la llegada de la pandemia,” aseguraron los gremios en su declaración. “La quieren todas para ellos.”

En su declaración, los gremios aseguran que con esa oferta los exportadores quieren “disciplinar a los trabajadores y conjuntamente enviar un mensaje para el resto del empresariado y la clase trabajadora: la reactivación económica que se espera para el 2021 se la quedarán las empresas”. Y las acusan de buscar una devaluación “al no liquidar divisas” que “redundaría en una nueva recomposición de sus extraordinarias ganancias”.

 La cantidad de dólares en espera que deja el conflicto es comparable con lo exportado en Noviembre, cuando ingresaron USD 1.700 millones por la exportación de productos agrícolas.

El ministerio de Economía dio su posición a través de un vocero: “Es un reclamo laboral en el que no intervenimos”.

De la resolución del conflicto, resultará la cifra anual de exportaciones agroindustriales. Para encontrar una cifra anual de exportaciones inferior a los USD 20 mil millones hay que remontarse al 2015, donde hubo un paro de 25 días que dejó a las exportaciones agroindustriales en USD 19.952 millones. En caso de no superar esa cifra, el 2020 sería el peor año desde 2009, cuando la sequía sólo permitió el ingreso de USD 16.198 millones. El récord de exportaciones agroindustriales fue en 2011 con USD 25.033 millones.

Y también servirá como caso testigo para los salarios de más de una decena de gremios que ya se adhirieron a la protesta en solidaridad. El comunicado de los gremios está publicado en la página web de la Federación Aceitera, que representa al 20% de los trabajadores que negocian con Ciara-Cec. El 80% restante pertenece al poderoso Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) de San Lorenzo. También firma el gremio de los recibidores de granos (Urgara).

Esta semana se acoplaron los gremios nucleados en la Intersindical Marítima Portuaria y Afines del Cordón Industrial (Impaci), que están de paro hoy y mañana, profundizando la parálisis en el sector exportador de Rosario. La intersindical nuclea, entre otros, al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) y el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo. Como forma de respaldo se sumaron también al paro el Sindicato Único de Serenos de Buques (SUSB); el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), el Sindicato Unido de Trabajadores de la Vigilancia Privada (Sutravip), el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) de San Lorenzo, Sindicato de Carga y Descarga; Asociación del Personal Jerárquico y Profesional de la Marina Mercante (Ajepromm) y la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra).