Dos grupos de manifestantes protagonizaron este jueves enfrentamientos y momentos de tensión ante la corte federal de Nueva York, horas antes de que el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparezcan de nuevo ante la justicia estadounidense, para manifestarse a favor y en contra de la detención del líder venezolano.

“Yo sí soy venezolano” gritaba insistente Franklin Gómez al grupo que denunciaba que la detención de Maduro fue “ilegal” y pedía su liberación.

Gómez, expreso político y exconcejal de Venezuela por la oposición, explicó a EFE que hace más de tres años que vive en Estados Unidos, donde llegó tras tener que huir de su país.

“Estamos exigiendo simplemente justicia, algo que luchamos los venezolanos en la calle durante muchos años, agotamos todos los medios posibles… Estamos seguros que acá en Estados Unidos se va a lograr”, declaró mientras sujetaba un muñeco de “Maduro diabólico”, vestido de preso y con los ojos rojos.

El venezolano fue uno de los protagonistas de los choques con el grupo que exigía la liberación de Maduro, compuesto en su práctica totalidad por estadounidenses.

Tom Burke, miembro de la organización Freedom Road Socialist, acudió en torno a las 08:00 hora local (12:00 GMT) a las inmediaciones de la corte donde está previsto que comparezca Maduro, dos horas antes de las 11:00, cuando estaba convocada la manifestación en contra del depuesto presidente.

“Pedimos que Trump libere al presidente Maduro y a la primera dama Celia Flores. Creemos que no han hecho nada malo. No han cometido ningún crimen. El único crimen es que les encanta su país más que sus propias vidas”, aseveró.

Los manifestantes a favor del venezolano llegaron con carteles y pancartas, escritas en inglés, con imágenes del matrimonio detenido en las que se leían mensajes a favor de su liberación.

“Realmente no sabemos de qué se trata esta audiencia, pero queremos venir y mostrarle apoyo a Maduro y a Flores”, afirmó Brenda Sandberg, del partido Worker World Party.

Preguntada por el motivo principal de los enfrentamientos y la nacionalidad de los manifestantes, Sandberg comentó que “no hace falta ser de Venezuela” para oponerse a una “locura” como la que llevó a cabo EE.UU. cuando detuvo a Maduro.

“Maduro, aguanta, el pueblo se levanta” o “Viva Chávez, viva Maduro, viva la solidaridad internacional”, fueron algunas de las proclamas.

El grupo antichavista, formado por venezolanos residiendo en Estados Unidos, acusaron a los otros manifestantes de estar “pagados” y de protestar “a favor de lo que toque cada día”.

Carlos Egaña, venezolano residente en Nueva York, aseguró que los manifestantes a favor de la liberación de Maduro “quieren que el pueblo venezolano sufra” y no tienen en cuenta la situación del país.

“Estoy terriblemente entristecido y molesto. Me parece una locura que pueda haber gente así”, declaró.

Pese a la vigilancia de agentes de la policía de la ciudad, los grupos opuestos mantuvieron la tensión durante varias horas, intercambiando reproches y acusaciones, y en alguna ocasión incluso llegaron a las manos.

Maduro y Flores comparecen este jueves por segunda vez frente a un juez federal tras ser detenidos por las fuerzas estadounidenses en Venezuela el pasado enero y trasladados a Nueva York.

El exlíder venezolano está acusado de cuatro cargos, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo, y su esposa de otros cuatro delitos relacionados, como conspiración para importar cocaína.

Maduro y Flores llegaron al Tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York esta madrugada, alrededor de las 4:00 hora local (8:00 GMT), y a las 11:00 se personarán ante el juez Alvin Hellerstein.

Los acusados fueron trasladados de la prisión de Brooklyn en la que permanecen recluidos en un convoy de tres furgonetas cerradas y sin ventanas, según la cadena CNN.

Según CBS News, que cita a fuentes policiales, desde su detención en enero Maduro permanece recluido en una unidad de máxima seguridad descrita como “una cárcel dentro de otra cárcel” y donde se encuentra bajo “medidas administrativas especiales”.

EFE

La segunda audiencia en el caso judicial contra el derrocado presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, terminó este jueves sin una decisión del juez sobre la disputa por el pago de sus abogados.

El magistrado encargado del proceso, Alvin Hellerstein, manifestó dudas sobre la congelación de los fondos venezolanos por parte del Gobierno de EE.UU., que impide que el acusado pueda financiar su defensa.

La defensa de Flores y Maduro solicitó en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negara a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno de Venezuela.

Hellerstein, de 92 años y al que este jueves se le pudo escuchar la voz algo quebrada, descartó desestimar el caso “porque eso sería tomar una medida demasiado seria”.

Por su parte, el fiscal adjunto de Estados Unidos, Kyle Wirshba, alegó al juez que el Gobierno estadounidense debería poder “utilizar sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional”.

No obstante, el magistrado respondió que, dado que Maduro y Flores están detenidos, “no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional”, y recalcó que “las cosas han cambiado en Venezuela” y que EE.UU. ya “hace negocios” con el país caribeño.

Nicolás Maduro está acusado por la Justicia estadounidense de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

En su primera comparecencia, Nicolás Maduro se declaró “no culpable” y se definió a sí mismo como un “prisionero de guerra”.

Reapertura de relaciones diplomáticas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la delegación diplomática venezolana designada para la nueva etapa de relaciones con Estados Unidos viajará esta semana a territorio estadounidense.

“Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político entre nuestros gobiernos”, precisó Rodríguez durante una reunión con inversionistas internacionales en la ciudad de Caracas.

La presidenta encargada señaló que considera necesario “construir verdaderas relaciones bilaterales a largo plazo, sólidas, con bases políticas sólidas, económicas sólidas, con una agenda de cooperación clara”.

El pasado 5 de marzo, los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos acordaron de manera formal reanudar las relaciones diplomáticas entre ambos países.En 2019, el Gobierno de Maduro decidió romper relaciones diplomáticas con Washington.

El presidente Javier Milei reafirmó este lunes que Irán es “enemigo” de la Argentina, al disertar en la Universidad judía de Yeshiva de Nueva York. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”, expresó Milei en la frase más relevante de su exposición que contó con la presentación del rabino Ari Berman, rector de la Universidad. Al respecto, aseguró que “vamos a ganar la guerra”, en referencia al conflicto en Medio Oriente a partir del ataque de Estados Unidos a Irán, al tiempo que se autoproclamó como “el presidente más sionista del mundo”.

Acompañado por Karina Milei, la seretaria general de la presidencia, y el canciller Pablo Quirno, el mandatario volvió a reafirmar su alineamiento político, ideológico y económico con Estados Unidos. En su discurso, el jefe de Estado defendió el rol de Donald Trump en la política internacional y lo presentó como un actor central en la resolución de conflictos globales. Según Milei, el liderazgo estadounidense junto a Israel terminará imponiéndose frente a Irán y otros gobiernos que, según su visión, financian el terrorismo o desafían a Occidente.

El jefe de Estado también vinculó ese escenario con la política regional y mencionó a países como Cuba y Venezuela, a los que acusó de haber sostenido redes de financiamiento que contribuyen a la inestabilidad global.

“Trump ha cerrado ocho conflictos, ha trabajado de manera conjunta con Israel y hoy se ve con claridad lo que pasó en Venezuela, se ve con claridad lo que está pasando en Irán. Por ende, no tengo ninguna duda que Estados Unidos e Israel saldrá victorioso de esta situación. No tengo dudas que de esta manera seguirá cortándole el financiamiento a países como Cuba o Venezuela, que se dedicaban a expandir el terror”, planteó.

Y advirtió que “será coronado finalmente, no solo con la paz en Ucrania y Rusia, sino que la frutilla del postre va a ser que Cuba definitivamente será libre y tendremos al final un mundo mucho mejor donde todos los comunistas”.

Por otro lado consideró que “no vale todo por ganar un voto. Maquiavelo ha muerto y es momento de enterrarlo”, reiteró.

En el tramo final de su exposición, también reiteró una de sus definiciones más conocidas sobre el sistema impositivo: “Los impuestos son un robo”, sostuvo ante los estudiantes.

La presentación formó parte de la agenda que Milei desarrolla en Nueva York, donde también participará de actividades organizadas por instituciones de la comunidad judía y recibirá el premio “Guerrero por la Verdad” durante la gala anual de la Fundación Algemeiner.

Con información de la agencia NA

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se reunió este jueves con el gendarme Nahuel Gallo, quien fuera liberado de su detención ilegal en Venezuela después de 448 días, y denunció un intento de “apropiación” del caso por parte de la AFA.

“Estuve charlando un rato largo con él, fue una charla muy importante porque como ministra de Seguridad en ese momento seguí el caso desde el primer día”, relató Bullrich. También sostuvo que hubo “cuestiones de carácter íntimo” de la cárcel que Gallo contará cuando esté en “condiciones”.

También adelanto que en la charla de casi dos horas el gendarme expresó la necesidad de “seguir en la Gendarmería”. “Primero habrá un tiempo de adaptación y, luego, vendrán las tareas de Gendarmería”.

También señaló que los representantes de la AFA le pidieron a Gallo que mencionara a la entidad como una de las responsables de gestionar su liberación, a lo que el gendarme “se negó” porque “sabe que su país estuvo siempre”.  “Les agradeció de manera privada y no lo quiso hacer público”, acotó Bullrich sobre Gallo.

“Hubo un intento de apropiación. Ellos podían llegar Delcy Rodríguez, son amigos y comparten ese mismo modelo. Nosotros no”, dijo Bullrich sobre las gestiones de la AFA para repatriar al gendarme.

Y añadió que Argentina “siempre tuvo dificultades. Nuestra embajada en Venezuela fue destruida. Gallo está acá y eso es lo importante”, concluyó. Bullrich no había estado en la conferencia de prensa que Gallo brindó este miércoles desde el Edificio Centinela.

Con información de la agencia NA

El gendarme argentino Nahuel Gallo, liberado tras 448 días detenido en Venezuela, ofreció este miércoles una conferencia de prensa en Buenos Aires en la que repasó su paso por la cárcel, su proceso de recuperación y su regreso a la Argentina acompañado de funcionarios nacionales y políticos.

Gallo habló desde el edificio Centinela de la Gendarmería Nacional Argentina, acompañado por la Alejandra Monteoliva, el Pablo Quirno, la senadora Patricia Bullrich y el jefe de la fuerza, Claudio Brilloni, tras su retorno al país este lunes.

“Me encuentro bien de salud, gracias a Dios, estoy pasando por un momento de estudios y tratando de reinsertarme en la sociedad”, dijo Gallo en el comienzo de sus declaraciones, en las que agradeció la contención familiar y el apoyo recibido tras su liberación.

El gendarme explicó que posee “escasa información” sobre lo que ocurrió durante su cautiverio en el penal venezolano conocido como El Rodeo I, uno de los centros de detención donde estuvo recluido hasta su excarcelación el fin de semana pasado.

“El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno, sino de bastante tortura psicológica”, remarcó Gallo, y agregó que su fortaleza mental y el pensamiento en su hijo fueron los pilares que lo ayudaron a sobrellevar esos meses de encierro. “No es fácil estar incomunicado y que te acusen de delitos que no vienen al caso”, dijo.

Sobre su experiencia, afirmó que hubo alrededor de 24 extranjeros más esperando ser liberados, y que él salió con “mucha incertidumbre”, ya que en el centro penitenciario no se avisaba “adónde vas a ir”, sino que dependía “de momentos y días”. Pidió, en ese sentido, que organizaciones internacionales y la comunidad global no “se olviden de El Rodeo y de todos los centros penales que hay en Venezuela”.

Un regreso emotivo y con desafíos por delante

El caso de Gallo llegó a convertirse en un capítulo prolongado de tensión diplomática entre Argentina y el régimen chavista, luego de que fuera detenido en diciembre de 2024 tras ingresar a Venezuela para visitar a su familia, y acusado por las autoridades de violaciones legales que el Gobierno argentino consideró arbitrarias. Su liberación se concretó tras negociaciones que incluyeron la participación de la Asociación del Fútbol Argentino y gestiones multilaterales que permitieron su traslado en un vuelo hacia Buenos Aires.

Al regresar a territorio argentino, Gallo compartió su primera cena con su esposa y su hijo, momentos que su familia describió como profundamente emotivos después de más de un año de separación.

Durante la conferencia, el gendarme subrayó que, aunque ahora está físicamente en libertad, su recuperación —física y emocional— es un proceso que sigue en desarrollo. “Estoy tratando de volver a reinsertarme en la sociedad”, cerró, con la mirada puesta en reconstruir la normalidad tras una experiencia que marcó su vida y la de su familia.

CRM

Tras 445 días incomunicado, Nahuel Gallo, el gendarme argentino sometido a desaparición forzada en Venezuela, logró realizar su primera llamada a su familia. La reacción de su pareja, María Alexandra Gómez, que en ese momento estaba siendo entrevistada en Radio Del Plata, quedó registrada en video: “Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó; llamó para decirme que seguía fuerte, que nos necesitaba fuertes”, señaló la mujer a través de las redes sociales.

Según indicó Elisa Trotta Gamus, ex representante diplomática de la Asamblea Nacional de Venezuela en Argentina, para poder hacer la llamada, Gallo tuvo que levantar la huelga de hambre que había iniciado junto a otros presos políticos y que duró cinco días.

“Nos alegramos por María Alexandra que pudo volver a escuchar a Nahuel después de tanto y seguimos exigiendo su inmediata liberación. La de él, la de Germán Giuliani y la de cada preso político del régimen chavista”, afirmó.

En la mañana de este jueves, Gómez estaba siendo entrevistada para hablar sobre la situación de su pareja cuando, de pronto, sonó su teléfono, pidió permiso para atender y exclamó: “¡Ay, mi amor, Gordo, Gordo!”, se escuchó. Minutos más tarde, confirmó que había recibido el llamado de Gallo. “Le permitieron una llamada después de 445 días aislado, incomunicado, pero creo que el pedido hoy en día tiene que ser más fuerte, que es la libertad inmediata y que regrese pronto a casa”, indicó.

Luego, relató parte de la conversación: “Está muy esperanzado; está con mucha, mucha ilusión. Quería hablar con el gordo (el hijo que tienen en común) y le dije ‘no, el gordo está en el jardín, pero todos estamos luchando por ti’. Preguntó por su mamá, preguntó por su abuelo, por los perros”. Señaló que los secuestrados “están impacientes” y que “varios extranjeros decidieron levantar la huelga de hambre para llamar a sus familiares”.

El pasado lunes, María Alexandra Gómez había notificado sobre a huelga de hambre que había iniciado Gallo en repudio a su situación personal y a la falta de atención médica, consular y legal. La medida de fuerza formaba parte de un reclamo colectivo en la prisión venezolana. Entre otros puntos, los presos políticos reclaman la visita de la Cruz Roja Internacional.

El intercambio de información entre familiares de detenidos es el único canal activo frente a la incomunicación oficial por parte del chavismo. “Mi mamá está en Venezuela, siempre va los viernes, sábado y domingo, porque son los días en los que se puede ingresar visitas. Hablamos con familiares de otros presos y les pedimos: ‘Si ven al argentino, díganle que su país está luchando por él, que su hijo está bien, que estamos acá afuera’”, relató Gómez el lunes.

Ese mismo día, el régimen de Venezuela liberó a otros 30 presos políticos tras la aprobación de la ley de amnistía. Los excarcelados salieron del penal Rodeo I en medio de abrazos, celebraciones familiares y denuncias sobre demoras e irregularidades en la aplicación de la nueva legislación.

La investigación que tramita en la justicia federal argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, atraviesa su momento procesal más avanzado desde que se inició en 2023, según confirmaron fuentes judiciales a elDiarioAR. Una resolución dictada en enero por la Cámara Federal porteña ordenó al juzgado de primera instancia profundizar la pesquisa “con urgencia” bajo el principio de jurisdicción universal, lo que reactivó el expediente tras meses de idas y vueltas.

El fallo rechazó cuatro planteos centrales de las defensas: la eximición de prisión de uno de los imputados, el acceso irrestricto al expediente, la supuesta incompatibilidad con la investigación de la Corte Penal Internacional y el argumento de que Argentina no podía intervenir. Con esa decisión, la Cámara confirmó que el país tiene competencia para avanzar y que la investigación internacional no impide el desarrollo del proceso local.

La causa se inició en junio de 2023, cuando el equipo de InterJust (en aquel momento parte de la Clooney Foundation for Justice) presentó una denuncia en tribunales argentinos en representación de familiares de víctimas, invocando la jurisdicción universal ante la imposibilidad -según sostuvieron- de obtener justicia en Venezuela.

Dos legajos y 16 imputados

El expediente –identificado como “legajo 1”– se centra en funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por los asesinatos de dos manifestantes en 2014, en el marco de lo que la acusación describe como un ataque sistemático contra población civil.

Hay 16 imputados, todos acusados por crímenes de lesa humanidad. Según la imputación, cada acusado habría tenido un rol específico dentro de la cadena de mando.

En paralelo, otro expediente –el “legajo 3”– apunta contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Ambos legajos están a cargo del juez federal Sebastián Ramos y del fiscal Carlos Stornelli, aunque se investigan por separado.

Jurisdicción universal “pura”

Uno de los puntos centrales de la resolución de enero fue ratificar que Argentina debe aplicar el principio de jurisdicción universal y hacerlo de manera activa. El razonamiento de la Cámara fue que los Estados parte del Estatuto de Roma tienen la obligación primaria de investigar crímenes internacionales y que la intervención de la Corte Penal es complementaria, no excluyente.

Ignacio Jovtis, Director para América latina de InterJust y abogado representante de familiares de víctimas en una de las causas, señaló que “Argentina se ubica en una posición singular porque a diferencia de otros países, no exige un nexo territorial o de nacionalidad para investigar este tipo de delitos, sino que basa su competencia en la gravedad de los hechos”. Esa interpretación ya fue aplicada en causas como la investigación de los crímenes del franquismo y el genocidio rohinyá.

Declaraciones clave y nuevo escenario político

Un punto de inflexión fueron las declaraciones tomadas en Argentina a víctimas venezolanas y a fiscales que denunciaron presiones y amenazas en su país. El objetivo fue acreditar la imposibilidad de una investigación independiente en Venezuela, un requisito central para justificar la intervención extranjera.

En cuanto al contexto político venezolano, las fuentes consultadas sostienen que, aunque hubo cambios formales de liderazgo, la estructura de poder y la cadena de mando de las fuerzas de seguridad permanecen prácticamente intactas. El sistema judicial, agregan, sigue sin ofrecer garantías para investigar a los responsables.

No obstante, un eventual escenario de justicia transicional podría facilitar en el futuro el acceso a pruebas hoy inaccesibles.

Respecto de la ley de amnistía venezolana, la posición de los impulsores de la causa es que ninguna norma interna puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad. Aunque el texto excluiría formalmente las graves violaciones de derechos humanos, persisten dudas sobre cómo se garantizarían verdad, justicia y reparación.

LN/MC

El gendarme argentino Nahuel Gallo sigue en huelga de hambre mientras pasa sus días en la cárcel de El Rodeo 1, ubicada en las afueras de Caracas.

Anoche, un interno de El Rodeo 1 respondió a los familiares que se acercaron al penal y comunicaron a los gritos: “El argentino sigue en huelga”. La frase, breve pero contundente, confirmó que Gallo continúa con la medida de fuerza junto a otros extranjeros que también están detenidos en condiciones similares.

La protesta, que involucra a más de 200 presos políticos, busca reclamar la liberación de las personas que continúan detenidas bajo el régimen chavista.

Desde hace varios días, los familiares de los detenidos mantienen una vigilia frente a la cárcel, a la espera de las liberaciones que el gobierno de Delcy Rodríguez anunció después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos. Entre ellos estaba la suegra de Gallo, Yalitza García.

Fue la pareja de Gallo, María Alexandra Gómez, quien confirmó días atrás que el gendarme se había sumado a la protesta.

“Nahuel nos envió a decir que exige asistencia consular y la visita de la Cruz Roja internacional. Si no, no levanta la huelga de hambre”, afirmó.

En un extenso posteo en X, Gómez dijo que “lo que están haciendo cruzo el límite de lo INHUMANO. Responsabilizo a Martínez Rangel, quien es el director del recinto. Lo que le pase a Nahuel, a los extranjeros y demás inocentes solo es responsabilidad de usted y sus custodios”.

“A la Presidenta (E) Delcy Rodríguez, al presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, dejen de jugar con la ilusión y expectativa de nosotros y de Nahuel. Nahuel es inocente y tiene que ser liberado YA”.

Un total de 179 personas salieron de las cárceles en Venezuela tras la aprobación de la Ley de Amnistía, indicó este martes el presidente de la comisión parlamentaria para la aplicación de la norma, el chavista Jorge Arreaza.

El diputado detalló que los tribunales otorgaron libertades plenas a 3231 personas, de las cuales 3052 estaban fuera de prisión pero con algún tipo de medida cautelar —como arresto domiciliario, presentación ante cortes o prohibición de salida del país—, mientras que las otras 179 estaban encarceladas.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce el listado oficial de los beneficiados, y la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, dijo que había verificado 109 liberaciones de detenidos desde el pasado viernes hasta esta mañana.

NB

A Juan Ernesto (nombre ficticio por medidas de seguridad) lo detuvieron en 2024 en una avenida del centro de Caracas, a plena luz del día. Un comando policial con capuchas y armamento tipo SWAT lo interceptó y lo bajó del vehículo a empujones. Le pusieron una capucha en la cabeza; cada vez que intentaba preguntar algo, le gritaban que se callara. Faltaban 72 horas para que Nicolás Maduro asumiera un tercer mandato entre acusaciones generalizadas de fraude y el Gobierno había intensificado las redadas policiales.

Juancho —como lo llaman su familia y amigos— es un reputado activista por los derechos humanos y miembro de la directiva de una ONG con treinta años de trabajo. “Me detuvieron sin orden judicial; pensé que me iban a desaparecer”, dice a elDiario.es. Lo llevaron a una casa clandestina de torturas, lo amarraron a una silla y lo interrogaron durante 24 horas, según cuenta. Le preguntaban con insistencia si tenía relación con María Corina Machado. Después lo trasladaron al Helicoide, donde compartió una celda de 40 metros y dos baños con 14 personas. Su familia recorrió durante días los centros de detención de Caracas: en todos negaban que estuviera allí. Introdujeron un habeas corpus, que fue rechazado. Supieron dónde estaba solo gracias a un mensaje cifrado que otro preso logró enviar oculto en un libro.

Nunca le dejaron designar un abogado privado. El Estado le impuso un defensor público al que vio diez minutos por vía telemática. Así supo que estaba acusado de “legitimación de capitales y asociación para delinquir”: un delito fabricado que, según los actividas, sirve para disfrazar la persecución política. Semanas después lo excarcelaron con medidas cautelares. Hoy tiene prohibido hablar con la prensa y debe presentarse ante un tribunal cada 30 días.

Ahora, la ley de amnistía que se acaba de aprobar le deja un sabor agridulce. Se alegra de que algunos presos políticos vayan a recobrar su libertad, pero su caso no está contemplado en la norma. “Con una ley así, Hugo Chávez jamás habría sido amnistiado luego del fallido golpe de Estado en 1992”, me dice.

Más que entenderse como un instrumento definitivo para el 'perdón y olvido', la amnistía en Venezuela puede interpretarse como una medida pragmática y necesaria, cuyos resultados deberían blindarse con mecanismos adicionales de verdad, justicia y reparación

Mibelis Acevedo — periodista y experta en transiciones políticas

La represión política no llegó con Maduro. Desde que Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999 hay presos políticos en Venezuela. José Vicente Rangel, su ministro de Defensa y canciller, acuñó un mantra recordado desde entonces: “En Venezuela no hay presos políticos, sino políticos presos”. Al invertir las palabras, el chavismo despojó al disidente de su motivación política y lo revistió con el traje a rayas del criminal común.

Bajo Chávez, la cárcel fue un bisturí de precisión: castigos ejemplarizantes para figuras específicas que enviaban un mensaje al resto. Con Maduro, la represión se convirtió en maquinaria industrial. Ya no solo caían los generales o los jueces, sino cualquier estudiante que gritara en una esquina o la tuitera que cuestionaba el hambre. Se crearon centros especiales como 'La Tumba', un laboratorio de cinco pisos bajo el asfalto de Caracas: siete celdas de dos por tres metros, paredes de un blanco quirúrgico, luces fluorescentes que jamás se apagan. El preso pierde la noción del día y la noche. Es la arquitectura de la deshumanización: un lugar diseñado para que la mente se rinda.

Varias ONG como Provea, Foro Penal y Espacio Público denunciaron el perverso fenómeno de la “puerta giratoria”: el Gobierno liberaba a un grupo de presos antes de una cumbre internacional, pero apenas se apagaban las cámaras, encarcelaba a otros dos. La libertad ciudadana se convirtió en moneda de cambio, un activo del mercado de la negociación política.

Lo que dice y lo que oculta la ley

El 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de amnistía para la convivencia democrática. Delcy Rodríguez la promulgó esa misma noche. El contexto es decisivo: tras el secuestro de Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero, el Gobierno encargado de Rodríguez inició un proceso de liberaciones que, según Foro Penal, alcanzó a 448 personas antes de la aprobación.

El texto tiene 16 artículos. El ámbito temporal va de 1999 a la fecha, pero la amplitud es engañosa: el artículo 8 restringe la amnistía a 13 episodios concretos (golpe de 2002, paro petrolero, protestas de 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, hechos de 2019, elecciones de 2024 y 2025). Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, calculó que, de 27 años formales, más de 14 quedan fuera, y de los meses restantes apenas unos 20 están cubiertos.

Se excluyen los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, narcotráfico, corrupción y la participación en “acciones armadas o de fuerza” con intervención extranjera. Esta última cláusula apunta directamente a Machado, Edmundo González y Leopoldo López. La propia Rodríguez ha advertido que Machado deberá “rendir cuentas” cuando pise Caracas.

Foro Penal estima que 2.742 personas podrían beneficiarse de forma inmediata. Pero quedan fuera unos 180 militares procesados por rebelión, las personas detenidas en períodos no contemplados y todos aquellos cuya persecución política se disfrazó de delito común, como en el caso de Juan Ernesto. La norma tampoco contempla la devolución de bienes incautados, la rehabilitación de los inhabilitados ni la reapertura de medios clausurados.

Lo que dicen las organizaciones de derechos humanos

Las principales ONG venezolanas coinciden en varios puntos críticos. Foro Penal, la más pragmática, trabaja con el instrumento disponible: ya entregó a la comisión parlamentaria una lista de 232 casos excluidos. Pero su director, Alfredo Romero, advirtió que “el monstruo todavía está ahí y puede morder” y que la amnistía no era requisito para liberar a personas detenidas de forma arbitraria.

Cofavic, fundada tras el conocido Caracazo, es más crítica. “La reconciliación no puede basarse en la impunidad”. Denuncia que la ley no prevé justicia transicional, ni Comisión de la Verdad, ni reparación. Lo más grave: el artículo 14 ordena la eliminación de registros y antecedentes, lo que podría “enterrar la evidencia de los crímenes cometidos contra los amnistiados” y destruir la memoria histórica. Cofavic ha acuñado un concepto para definir este riesgo: “impunidad por absorción”. El Estado, al perdonar al ciudadano por su disidencia, se perdona a sí mismo por la violencia con que la reprimió.

Provea denuncia que la ley califica como “hechos violentos” lo que fueron protestas legítimas y que sin desmontar el aparato represivo no habrá estabilidad democrática. JEP (Justicia, Encuentro y Perdón) la califica de “revictimizante y excluyente”. Rafael Uzcátegui, del Laboratorio de Paz, señala su “falla de origen”: está promovida por el mismo Gobierno responsable de las violaciones. Los expertos de la ONU han pedido que se aplique a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal y que se excluya a los responsables de violaciones graves, incluidos los agentes del Estado.

Un puente de plata con muchos vacíos

“Más que entenderse como un instrumento definitivo para el 'perdón y olvido', la amnistía en Venezuela puede interpretarse como una medida pragmática y necesaria, cuyos resultados deberían blindarse con mecanismos adicionales de verdad, justicia y reparación”, explica a elDiario.es la periodista y experta en transiciones políticas, Mibelis Acevedo. Las leyes de amnistía, señala, también son el “puente de plata” que puede facilitar el paso del autoritarismo a la democracia, un incentivo para que sectores del régimen colaboren con el cambio. Pero advierte que esta ley, en su forma actual, entra en la categoría de las gestionadas por Gobiernos no democráticos, como las autoamnistías de Chile y Uruguay en los años 70 y 80.

La ley de amnistía es un hecho relevante, sostiene, es la primera vez que un Gobierno venezolano reconoce la existencia de presos políticos en sentido amplio. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, pidió perdón a los venezolanos por los crímenes del Estado desde la llegada de Chávez al poder. Ese gesto, inédito en la era bolivariana, no debe subestimarse. Pero no es una ley de justicia transicional: no hay verdad, no hay reparación, no hay garantías de no repetición. Libera a las víctimas de la persecución, pero puede borrar las pruebas de esa persecución. Perdona la disidencia, pero no investiga la represión.

Juan Ernesto, mientras tanto, sigue presentándose cada treinta días ante un tribunal. Tiene prohibido hablar con la prensa. La ley que el Gobierno presenta como acto de reconciliación no cubre su caso. Él, que defendió a decenas de personas, que fue torturado y acusado de un delito fabricado, sigue con un pie dentro del sistema penal. Sin embargo, tiene la oportunidad de solicitar que su caso sea revisado por la comisión de seguimiento de la ley y ser libre completamente. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció este sábado que el Gobierno tiene previsto atender las solicitudes para que “más de 11.000 personas puedan disfrutar de libertad plena”, ya que tienen medidas sustitutivas de libertad, como prohibición de salida del país y régimen de presentación ante tribunales. A pesar de las falencias, Juan Ernesto reconoce que la ley es un “paso pequeñito” hacia una transición y puede impulsar más cambios para recuperar la democracia.

En una sesión histórica, los diputados del Gobierno y la oposición democrática de la Asamblea Nacional de Venezuela han aprobado por unanimidad los 16 artículos de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática. Pese a los malos augurios y el escepticismo general en la sociedad, la comisión de los 19 diputados logró armar un articulado por consenso que se presentó a la plenaria de los 285 diputados para su segunda discusión. La sesión comenzó con dos horas de retraso y duró, exactamente, 99 minutos. 

En el documento se establece que el instrumento tiene por finalidad “conceder una amnistía general y plena” a las personas “procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, desde el primero de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026”. “Lamento que hayan ocurrido todos esos hechos para que lleguemos a entendernos; pero de esos dolores también se aprende. Estamos en un nuevo momento”, ha señalado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, al finalizar la sesión.

El texto establece “salvaguardas claras sobre los delitos que serán excluidos del instrumento legal, a saber: las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas”.

Lamento que hayan ocurrido todos esos hechos para que lleguemos a entendernos; pero de esos dolores también se aprende. Estamos en un nuevo momento

Jorge Rodríguez — Presidente de la Asamblea Nacional

Además, en medio del debate, Rodríguez dejó colar un anuncio que era petición de las ONG. Aunque no satisface por completo la demanda, dijo que la Ley contra el Odio, que sanciona hasta mensajes publicados en redes sociales será reformada, pues admitió que, en algunos casos, no había sido usada “de forma adecuada”.

El documento incluye los episodios de violencia por motivos políticos ocurridos durante el Golpe de Estado del 11 de abril de 2002 —incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas—; los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003; los de febrero, marzo y agosto de 2004; mayo de 2007; tras las elecciones presidenciales de 2013; en febrero y junio de 2014; de marzo y agosto de 2017; en enero y abril de 2019 —autoproclamación de Juan Guaidó— y en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Antes de ser aprobada, el gobierno venezolano informó que entre noviembre de 2025 e inicios del presente mes han sido excarceladas 896 personas, detenidas por presuntamente haber cometido delitos relacionados con la violencia política o tras haber sido halladas culpables de tales acciones. De acuerdo con la ONG Foro Penal, sin embargo, quedan 644 presos políticos en el país, tras más de 406 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.

Un punto de clave para los opositores era que se creara un mecanismo para hacerle seguimiento a los casos especiales y al funcionamiento del articulado. En la disposición final se establece la creación de una comisión integrada por 23 diputados.

El presidente de la Asamblea Nacional designó una comisión de parlamentarios para entregarle la recién sancionada ley a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y que sea publicada en Gaceta Oficial y entre en vigor.

Con la aprobación de la ley, la Policía, los cuerpos de investigación y los militares “darán por finalizadas las averiguaciones y procedimientos relativos a los hechos” referidos. Igualmente, los archivos sobre los procesos abiertos a las personas amnistiadas deberán ser eliminados.

¿Por qué ahora?

Aunque muchas personas creen ciegamente que detrás del impulso de la amnistía está el Gobierno de Donald Trump, diversas fuentes de la Comisión de Consulta de la Ley, tanto chavistas como opositores, aseguraron que la iniciativa provino del chavismo. ¿Por qué? “Necesitan acuerdos con la oposición democrática porque la soberanía del país está comprometida”, dijo uno.

Tanto es así que un alto funcionario del gobierno afirmó tajante: “Es un intento real de reconciliación después del horror del 3 de enero”.

Para el politólogo y profesor universitario Ricardo Sucre, la aprobación la Ley de Amnistía representa mucho más que un trámite legislativo: simboliza el cierre de una etapa marcada por la violencia política y una confrontación que no logró mejorar la calidad de vida de la población. Venezuela ha consumido dos décadas en un conflicto “intratable”, caracterizado por la hiperinflación, la migración masiva y la represión. “El ciudadano espera con ansia el fin de este antagonismo para definir un marco de convivencia que permita el funcionamiento de las instituciones y alivie el clima de miedo”, afirmó.

El gobierno reconoce sus limitaciones, obligando a los sectores de la oposición que permanecen en el país a adoptar una postura más pragmática frente al conflicto

Ricardo Sucre — Politólogo y profesor universitario

Enfatizó que el bombardeo norteamericano del pasado 3 de enero marcó un punto de inflexión. A su juicio, la oposición de derecha que representa y acompaña a María Corina Machado siempre buscó que el chavismo terminara en “capitulación” o un proceso similar a los Juicios de Núremberg. En cambio, los actores políticos actuales parecen haber tomado conciencia de la necesidad de coexistir.

Este cambio de posición alcanzaría incluso a la cúpula del chavismo. Sucre sostiene que el oficialismo ha reflexionado tras incidentes que percibieron como amenazas directas a su seguridad personal. Dijo que las declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre las liberaciones, y su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien ha llegado a mencionar el concepto de “garantías para los perdedores”, sugieren una aceptación de la realidad política actual. El escenario tras el 3 de enero deja claro que el gobierno reconoce sus limitaciones, obligando a los sectores de la oposición que permanecen en el país a adoptar una postura más pragmática frente al conflicto“, sentenció.

La ley se basa en valores como el respeto a la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, que integran el “Estado democrático y social de derecho y de justicia”.

La Administración Trump levantó este viernes las sanciones al petróleo venezolano y autoriza a varias compañías a comerciar con Caracas. El levantamiento de las sanciones se produce tras la primera visita de un miembro del Gabinete de Donald Trump, el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, a Venezuela, con reuniones con la presidenta, Delcy Rodríguez, y supervisando los lugares de extracción del país.

Así, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos aprobó este viernes un cambio en el reglamento de sanciones de Venezuela autorizando “transacciones relacionadas con las operaciones del sector de petróleo o gas en Venezuela de ciertas entidades”. Y las empresas que recibieron la licencia por parte de la Administración estadounidense para comerciar con el petróleo venezolano son: Repsol SA, BP PLC, Chevron Corporation, Eni S.p.A. y Shell PLC.

La licencia, firmada por Bradley T. Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tiene varias condiciones. Les permite comerciar con “Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), o cualquier entidad en la que PdVSA posea, directa o indirectamente, una participación del 50% o más (colectivamente, las ”Entidades de PdVSA“), que estén relacionadas con las operaciones del sector petrolero o gasífero en Venezuela”. Pero siempre que: “Cualquier contrato para dichas transacciones con el Gobierno de Venezuela, PdVSA o Entidades de PdVSA especifique que las leyes de los Estados Unidos o de cualquier jurisdicción dentro de los Estados Unidos rigen el contrato y que cualquier resolución de disputas en virtud del mismo se lleve a cabo en los Estados Unidos”.

La autorización también exige que “cualquier pago monetario a una persona sancionada, excluyendo pagos de impuestos, permisos o tasas locales, se realice en los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros [controlados por EEUU], según lo especificado en la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026, o en cualquier otra cuenta según lo indique el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”. Además, “cualquier pago de impuestos o regalías sobre petróleo o gas al Gobierno de Venezuela, PdVSA o cualquier Entidad de PdVSA debe realizarse en los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros o en cualquier otra cuenta según lo indique el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”.

El documento señala que la licencia no autoriza “condiciones de pago que no sean comercialmente razonables, que impliquen canjes de deuda o pagos en oro, o que estén denominadas en moneda digital, moneda digital o tokens digitales emitidos por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela, incluido el petro [criptomoneda venezolana]; cualquier transacción que involucre a una persona ubicada en la Federación Rusa, la República Islámica de Irán, la República Popular Democrática de Corea, la República de Cuba, la República Popular China o cualquier entidad propiedad de, controlada por, o en una empresa conjunta con dichas personas; el desbloqueo de cualquier propiedad bloqueada de conformidad con las sanciones a Venezuela; cualquier transacción que involucre un buque bloqueado”.

La licencia también exige que “cualquier persona que realice transacciones de conformidad con esta licencia general debe proporcionar un informe detallado de las partes involucradas; una descripción de las transacciones, incluyendo, según corresponda, las cantidades, valores y fechas de las transacciones; y cualquier impuesto, tasa u otros pagos realizados al Gobierno de Venezuela”.

El Gobierno cubano comunicó a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país no tendrá combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos, según confirmó la agencia EFE.

El mensaje oficial Notam (aviso a aviadores) de las autoridades cubanas a pilotos y controladores especifica que el déficit de combustible afecta a todos los aeropuertos internacionales de Cuba. El periodo de validez de la notificación es por un mes, del 10 de febrero y hasta el 11 de marzo.

Los aeropuertos afectados son el José Martí de La Habana (oeste), el Juan Gualberto Gómez de Varadero (oeste), el Jaime González de Cienfuegos (centro), el Abel Santamaría de Santa Clara (centro), el Ignacio Agramonte de Camagüey (centro), el Jardines del Rey de Cayo Coco (centro), el Frank País de Holguín (este), el Antonio Maceo de Santiago de Cuba (este) y el Sierra Maestra de Manzanillo (este).

Por el momento, las aerolíneas que operan vuelos a y desde Cuba –principalmente estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas– no anunciaron públicamente cómo van a afrontar esta situación, que podría generar alteraciones en rutas, frecuencias y horarios, al menos en el corto plazo.

No obstante, la falta de combustible no es nueva en Cuba. En situaciones similares previas (tanto en el periodo especial, en los años 90 del siglo pasado, como en cuellos de botella temporales en los últimos meses) las aerolíneas habían salvado el problema reacomodando sus rutas de salida de la isla con escalas extra para repostar en México o República Dominicana.

La mayoría de vuelos que conectan la isla con el exterior cubren rutas a Florida, en Estados Unidos (Miami, Tampa, Fort Lauderdale), España (Madrid), Panamá (Ciudad de Panamá) y México (Ciudad de México, Mérida, Cancún). Cuba también tiene conexiones regulares con Bogotá (Colombia), Santo Domingo (República Dominicana) y Caracas (Venezuela), entre otras capitales latinoamericanas.

El anuncio puede afectar al ya maltrecho sector turístico nacional, en crisis desde la pandemia de Covid, las sanciones estadounidenses y los problemas económicos del país, que lastran la calidad de la oferta y el servicio. Varios países habían advertido ya en fechas recientes a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a Cuba en las actuales circunstancias, debido a los apagones y sus consecuencias, y la escalada de tensiones con Estados Unidos.

El presidente Donald Trump firmó el pasado 29 de enero una orden presidencial que amenazaba con aranceles a aquellos países que suministrasen petróleo a Cuba, tras alegar que la isla era un peligro de seguridad nacional para EE.UU.

La decisión es una vuelta de tuerca más a la presión energética sobre Cuba, que comenzó el 3 de enero, tras la operación militar que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, cuando Washington anunció el fin del suministro de petróleo de Venezuela a la isla.

Cuba produce apenas un tercio de sus necesidades energéticas. Para el resto recurría a importaciones de Venezuela (que en 2025 supusieron en torno a un 30% del total) y, en menor medida, de México y Rusia.

El Gobierno cubano anunció esta semana un duro plan de emergencia para tratar de subsistir sin importaciones de crudo y derivados, un paquete de restricciones que incluía el fin de la venta de diésel, la reducción de los horarios de hospitales y oficinas estatales y el cierre de algunos hoteles.

En el marco de ese paquete de medidas, empezó a cerrar algunos hoteles de la isla y a trasladar a los turistas a otras instalaciones este fin de semana, tal y como confirmaron a EFE fuentes del sector. Las fuentes, que pidieron el anonimato, avanzaron que desde el viernes se están cerrando hoteles y reubicando a los turistas internacionales en otros centros. Esto afecta principalmente a algunas instalaciones turísticas ubicadas en la localidad de Varadero (oeste) y de los cayos del norte de la isla.

Con información de la agencia EFE

La caída en desgracia de Alex Saab (Barranquilla, Colombia, 1971), el oscuro operador de Nicolás Maduro apartado del poder por el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez a finales de enero, dio un nuevo paso hacia el abismo este miércoles.

Medios colombianos e internacionales informaron de su detención en una operación conjunta del nuevo Ejecutivo venezolano con EE.UU., pero su paradero no está claro. Las autoridades de ninguno de los dos países han confirmado públicamente la operación y su abogado niega que haya sido detenido. Sin embargo, fuentes estadounidenses han confirmado a Reuters que está arrestado y será extraditado a ese país. Asimismo, portavoces oficiales de EEUU y fuentes consultadas por The New York Times confirman la detención e interrogatorio de Saab, pero sostienen que desconocen su situación legal actual.

El rumbo del colombiano Saab había sido inicialmente como el de cualquier comerciante en su natal Barranquilla. Su capacidad para moverse en la sombra, sin embargo, lo erigieron en una suerte de Rasputín financiero del chavismo que ayudó a Maduro a moverse pese a las sanciones de EE.UU. que pretendían ahogarlo.

Hoy, múltiples informaciones establecen su participación en negocios oscuros cuyos dividendos superan los 1.000 millones de dólares.

A saber: el traslado irregular de lingotes de oro a Turquía, su rol como enlace para evadir sanciones entre la Revolución Bolivariana y el ayatolá Alí Jamenei en Irán o su enriquecimiento mediante el suministro de cientos de kilos de leche en polvo adulterada a los niños de los barrios populares en Venezuela, entre otros denunciados por la prensa. La inteligencia estadounidense, la Fiscalía colombiana y diversos medios, como Armando.info, lo tienen fichado desde hace más de una década.

Saab accedió a la cúpula chavista en 2010 a través de la fallecida política colombiana Piedad Córdoba, cercana a Maduro. Buscaba por entonces recuperar 30 millones de dólares adeudados por el CADIVI (Comisión de Administración de Divisas de Venezuela), el engranaje estatal venezolano que regía el control cambiario. Cuando Chávez al fin liberó ese capital, el comerciante reflotó su arruinada textilera en Barranquilla e ideó un esquema funcional: envíos masivos y ficticios de ropa usada desde Colombia y Ecuador con el fin de capturar dólares a una tasa preferente y luego revenderlos en el mercado negro con un retorno abultado. Se calcula que con este método exportó unos 296 millones de dólares en bienes fantasma.

El lujo que desplegó incluyó noches de miles de dólares en los hoteles más lujosos de París, una flota de al menos cuatro aviones privados —de 28 millones en promedio cada uno—y apartamentos en Miami o Barranquilla

“Uno de sus primeros negocios en Venezuela fue el de los contratos para construir casas prefabricadas en 2012 a través de la empresa Fondo Global [registrada en Bogotá]. Se debían entregar 5.000 unidades en 2014, que a día de hoy no se han terminado”, asegura el periodista de Armando.info Roberto Deniz. El ascenso del anodino hijo de un libanés y una descendiente de inmigrantes palestinos en la ciudad portuaria del Caribe colombiano fue meteórico.

El lujo que desplegó incluyó noches de miles de dólares en los hoteles más lujosos de París, una flota de al menos cuatro aviones privados —de 28 millones en promedio cada uno—y apartamentos en Miami o Barranquilla. El periodista de investigación de Univisión Gerardo Reyes escribe en su biografía de Saab que la “paciencia de buey” y “adoración por el dinero” lo catapultaron al primer círculo de confianza de Nicolás Maduro.

Su buena racha, sin embargo, se vio truncada con la llegada de Donald Trump en 2017. El experto en seguridad nacional Marshall Billingslea —alta figura del Tesoro estadounidense— se obsesionó con la conducta sombría del multimillonario colombiano. Fue él quien aceleró su cacería. “A mediados de 2019, dio luz verde a cargos contra Saab y Pulido [su socio y narco confeso] en Miami, al tiempo que los inscribió en la lista OFAC”, relata Reyes. Detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, Saab fue extraditado a petición de un juzgado estadounidense por delitos asociados al lavado de dinero y soborno y pasó tres años en prisión.

Mientras pasaba en Venezuela como un próspero exportador de textiles que se hizo millonario de la noche a la mañana, sus empresas en Colombia estaban en la mira de la justicia penal

Para su defensa, desde 2013, había elegido al mediático penalista Abelardo de la Espriella, hoy candidato de la extrema derecha a la presidencia de Colombia. Según la biografía de Reyes: “Él domina a Saab; si Abelardo le dice que se tire por la ventana de un avión, se tira, que baile en la cabeza, pues baila”. Se trata de un tema vidrioso para el actual aspirante. Por ello ha tenido que repetir en múltiples entrevistas que el vínculo laboral se cerró en 2019 tras las sanciones de la OFAC. Ahora esgrime que Saab era entonces un contratista privado y no un funcionario de Maduro.

Los problemas judiciales de su cliente se apilaban en los tribunales desde hace años, en todo caso. Mientras pasaba en Venezuela como un próspero exportador de textiles que se hizo millonario de la noche a la mañana con el desembolso de CADIVI, sus empresas en Colombia estaban en la mira de la justicia penal. Una investigación de la Fiscalía en Bogotá halló que el industrial barranquillero se había dedicado, durante más de una década, a “engañar al Gobierno de su país con operaciones ficticias de comercio exterior y timos al sistema tributario”.

De regreso en Caracas, el líder —bajo la mirada desconfiada de la actual presidenta Delcy Rodríguez, que nunca lo ha visto con buenos ojos— premia su lealtad. En octubre de 2024 lo designa Ministro de Industria

La política internacional, sin embargo, aún guardaba un par de giros inesperados. La Administración demócrata de Joe Biden liberó a Saab en diciembre de 2023 como parte de un canje de prisioneros con Venezuela. El pacto permitió a su vez la excarcelación de Leonard Francis, alias Fat Leonard (Leonard el gordo) —ciudadano malayo condenado por sobornos a oficiales de la Marina estadounidense— y otros detenidos norteamericanos, a cambio del magnate colombiano. Su imagen carcelaria, reducido a uniforme naranja y gesto adusto, opacó al otrora empresario elegante que manejaba los circuitos del poder financiero.

De regreso en Caracas, el líder —bajo la mirada desconfiada de la actual presidenta Delcy Rodríguez, que nunca lo ha visto con buenos ojos— premia su lealtad al régimen. “Primero [en enero de 2024] lo nombra presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela, un organismo que busca captar inversiones en Venezuela. Y en octubre de ese año lo designa ministro de Industria, con la misión de reactivar el parque industrial expropiado por Chávez. Su tarea era reunirse con los empresarios y abrir procesos de licitación. Para que te hagas una idea de su cercanía con Maduro, en paralelo mantuvo una participación en el tema de la comercialización del petróleo venezolano”, recuerda Deniz.

Dos años después, tras cumplir otros tantos en una cárcel estadounidense por lavado de dinero, Alex Saab ha vuelto a ser capturado. Fue este miércoles en Caracas, en una operación conjunta de las autoridades venezolanas y estadounidenses. La noticia marca, quizás, el último capítulo del chacal financiero. Una pieza seminal del rompecabezas. El que controlaba las exportaciones. Y canalizaba, según confesó a los fiscales norteamericanos, la mitad de cada dólar ganado en contratos para el chavismo hacia las cuentas bancarias de su incondicional Nicolás Maduro.

Roberto Baldo, uno de los argentinos que estaba detenido en Venezuela y que había sido acusado de terrorismo, fue liberado en las últimas horas.

Baldo había sido detenido en noviembre de 2024 junto con su esposa Montserrat Espinosa, quien tiene nacionalidad española-venezolana.

La liberación de Baldo se dio días después de la de Gustavo Gabriel Rivara, quien también estaba detenido en el citado país y, según se supo, permaneció en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado de Miranda, mientras que Espinosa fue llevada a la sede de la PNB El Valle, en Caracas.

La pareja tiene dos hijas jóvenes y es dueña de una pizzería en la urbanización Los Palos Grandes, en la ciudad de Caracas y, según había indicado en su momento el Foro Penal venezolano que monitorea la situación de los presos políticos en ese país, Baldo nació en la Argentina, pero vive en Venezuela desde hace décadas, donde obtuvo la ciudadanía, al igual que su esposa.

La pareja fue detenida el 29 de noviembre de 2024 por efectivos que se identificaron como miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y durante varios días permanecieron con paradero desconocido para sus familias.

La Administración Trump publicó su nueva Estrategia de Defensa Nacional (EDN), que se enlaza con la Estrategia de Seguridad Nacional dada a conocer en noviembre pasado. Los dos documentos usan un lenguaje amenazador hacia América Latina, Europa e Irán, y tratan con amabilidad a Rusia y China. En ambas estrategias se exalta la figura del presidente Donald Trump (que, dice el documento, conducirá a Estados Unidos a una “época dorada”), se insulta a Administraciones anteriores y se disminuye el papel de los (por el momento) aliados.

Según la EDN, publicada el 23 de enero, los gobiernos que le antecedieron se dedicaron a tratar de “construir naciones” (nation-building) en Estados en crisis, a levantar “castillos en las nubes” como defender un “orden internacional basado en reglas”, y a descuidar la modernización de las fuerzas armadas. El secretario de Guerra, Peter Hegseth, bajo el liderazgo de Trump, piensa “restaurar el espíritu guerrero” para el America first.

Los cuatro campos en los que se desarrollará la estrategia son: seguridad interior y hemisférica; disuadir a China en la región Indo-Pacífica a través de la fuerza, pero sin confrontación; lograr que aliados y socios incrementen su participación en sostener la defensa común; e incrementar la base industrial de la defensa estadounidense.

La forma de estructurar la estrategia es confusa y limitada, mezclando regiones (algunas), países (pocos) y objetivos (repetitivos). Así, se ocupa solamente de la defensa de Estados Unidos (homeland security) y el hemisferio (con prioridad hacia América Latina) en relación con China, Rusia, Irán y Corea del Norte. En todos los casos la prioridad es que los aliados europeos y asiáticos se hagan cargo de su propia defensa.

Como ocurre con la Estrategia de Seguridad Nacional, no hay análisis políticos ni militares de ningún país; Europa y Rusia son tratadas en pocos párrafos; Asia parece ser solo China y Corea del Norte, no menciona a Taiwán ni a Japón, como tampoco Australia y Nueva Zelanda. Y África aparece de pronto fuera de contexto (siete líneas).

Control férreo sobre el hemisferio

La sección sobre el contexto regional comienza con una exótica nota de color: una ilustración de un mapa antiguo de la actual América Latina, con dibujos de indígenas, un saurio gigante y decenas de carabelas. Esta curiosa aportación gráfica se entiende al ver un recuadro dedicado a la Doctrina Monroe (cuando, en 1823, el Gobierno de Estados Unidos indicó a las expotencias europeas que no intervinieran en sus antiguas colonias) y la necesidad de aplicarla en la actualidad.

Sobre la seguridad interna de Estados Unidos, la estrategia indica que durante décadas se ha descuidado, promoviendo la inmigración y evitando adoptar las medidas necesarias para protegerse del tráfico de drogas –que vincula incorrectamente con la inmigración–. Además, indica que “enemigos del país” han tomado posiciones en el Ártico, Groenlandia, el golfo de América (nueva designación de la Casa Blanca para el golfo de México) y el Canal de Panamá.

El tono conciliador con China es reflejo de la visión de un mundo de poderes múltiples de Trump y el secretario de Estado Marco Rubio (y los gobiernos de China y Rusia), en el que Estados Unidos y estas dos potencias controlan sus zonas de influencia al tiempo que compiten

El plan para “el hemisferio” es garantizar “el acceso militar y comercial de Estados Unidos” hacia los arriba mencionados terrenos estratégicos. Se desarrollarán “opciones militares creíbles para utilizar contra los narcoterroristas dondequiera que se encuentren”. Se colaborará con “Canadá y nuestros socios en América Central y del Sur”. Pero estos deberán respetar y cumplir “con su parte para defender nuestros intereses comunes”.

Cuando no lo hagan, dice que Washington estará preparada “para tomar medidas específicas y decisivas que promuevan concretamente los intereses de Estados Unidos” –como la intervención en Venezuela el 3 de enero pasado–. Este “es el corolario de Trump a la Doctrina Monroe, y el Ejército estadounidense está preparado para aplicarlo con rapidez, poder y precisión”. En esta dirección, la Administración Trump está presionando fuertemente al Gobierno mexicano para que corte los envíos de petróleo a Cuba y le amenaza con intervenciones militares en su territorio contra el narcotráfico.

Convivencia con China, sin problemas con Rusia

Al referirse a China el tono cambia: ante el poder económico, comercial y militar de este país, promete que serán “fuertes, pero no innecesariamente conflictivos”. La cuestión es que los aliados cooperen y paguen: sus contribuciones “serán vitales para disuadir y equilibrar a China”. Con este país se mantendrá “un equilibrio favorable de poder militar en el Indopacífico. El propósito no es dominar, humillar o estrangular a China”.

La referencia concreta en el campo de la seguridad es “erigir una sólida defensa de negación (a China) a lo largo de la primera cadena de islas”. Esta es la zona del Indopacífico que se extiende desde Japón, pasando por Taiwán y Filipinas, hasta Borneo y la península malaya. “Nuestro objetivo es (...) garantizar que ni China ni nadie más pueda dominarnos a nosotros ni a nuestros aliados. Esto no requiere un cambio de régimen ni ninguna otra lucha existencial. (…) es posible una paz decente, en términos favorables para los estadounidenses, pero que China también pueda aceptar”.

Este tono conciliador que choca con el agresivo hacia “el hemisferio” y las actuales ofensivas diarias hacia Europa es reflejo de la visión de un mundo de poderes múltiples de Trump y el secretario de Estado Marco Rubio (y los gobiernos de China y Rusia), en el que Estados Unidos y estas dos potencias controlan sus zonas de influencia al tiempo que compiten, pero buscan el balance de fuerzas para no entrar en guerra. En esta línea, Trump indicó al primer ministro británico, Keir Starmer, la semana pasada que desaprueba los nuevos acuerdos que Reino Unido planea alcanzar con China.

Como muchas políticas que lanza la Administración Trump, hay una distancia entre la simplificación autoritaria y las realidades complejas

Desde esta perspectiva, la EDN trata a Rusia y Europa como una sola cuestión. El primer país tiene intereses en su zona de influencia exsoviética y la segunda tendrá que reforzar su defensa y depender menos de Estados Unidos, porque problemas como la guerra de Ucrania “son menos graves” para Washington, “pero más para ellos, con un apoyo crítico, aunque más limitado, de Estados Unidos”. En la estrategia, Rusia, pese a sus armas nucleares y su discurso agresivo hacia Occidente, no parece ser un problema.

Que Washington exija más esfuerzo en defensa de sus aliados no quiere decir que disminuya su inversión en este campo. Este país tiene el mayor gasto y potencia militar del mundo (997.000 millones de dólares en 2025). Pese a ello, la Administración Trump propone “potenciar” más la industria de defensa, “adoptando nuevos avances tecnológicos, como la inteligencia artificial (IA); y eliminando políticas, prácticas, regulaciones y otros obstáculos obsoletos”. “Aprovecharemos simultáneamente la producción de nuestros aliados y socios no solo para satisfacer nuestras propias necesidades, sino también para incentivarlos a aumentar el gasto en defensa y ayudarlos a desplegar fuerzas adicionales lo más rápido posible”, añade.

Ofensiva contra Irán

En su falta de coherencia, los autores de la estrategia parecen guiarse por la inmediatez. No tiene, por ejemplo, una sección sobre Oriente Medio (en total 15 líneas). No existe la cuestión palestina, como tampoco Líbano, Turquía, Irak o Siria. Parece que esta región nunca hubiese sido importante para la política de seguridad de Washington. Pero dedica, en cambio, toda su atención a Irán.

Dice que la capacidad nuclear iraní quedó “borrada” por los ataques de Washington en junio pasado. Pero como Teherán estaría tratando de volver a tener capacidad militar nuclear, se “empoderará a los aliados y socios regionales para que asuman la responsabilidad principal de disuadir y defenderse de Irán y sus representantes” del “eje de la resistencia” (Hamás, Hizbulá y los hutíes en Yemen).

También, se apoyará la cooperación entre Israel y los países del golfo Pérsico en el marco de los Acuerdos de Abraham, firmados por Israel y varios países árabes durante la primera presidencia de Trump.

La EDN ve a Israel como “el aliado modelo” y agrega: “Ahora tenemos la oportunidad de empoderarlo aún más para que se defienda y promueva nuestros intereses comunes”. De hecho, a partir de la guerra de Gaza, Israel ha extendido su ofensiva a Líbano, Siria, e Irán, convirtiéndose en la primera potencia militar (con armas nucleares) de Oriente Medio.

Esta perspectiva preocupa a las monarquías del Golfo y a Turquía, y la posibilidad de que un ataque de Estados Unidos a Irán desestabilice a Oriente Medio. Trump le exige en este momento al Gobierno iraní que frene el enriquecimiento de uranio que podría permitirle fabricar armas nucleares; que limite la capacidad de sus misiles de alcance intermedio para que no alcancen a Israel; y que deje de apoyar al “eje de la resistencia”.

Significativamente, Arabia Saudí ha indicado que no permitirá que se use su territorio y espacio aéreo para atacar a Irán. Israel, por su parte, se mantiene en silencio, pero aguardando a que Trump lance un ataque que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha promovido durante décadas.

El texto, en definitiva, pretende ser un marco conceptual, sin lograrlo, para el secuestro del presidente venezolano en enero de 2026, la ofensiva sobre Groenlandia, y el despliegue actual de fuerzas contra Irán.

Como muchas políticas que lanza la Administración Trump, hay una distancia entre la simplificación autoritaria y las realidades complejas. Posiblemente, no podrá llevar a cabo muchas cosas que plantea la estrategia, pero las posibilidades de generar caos y violencia son muy altas.

El Gobierno confirmó este lunes la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que permanecía detenido de manera arbitraria en Venezuela. La noticia fue comunicada por el canciller Pablo Quirno, quien informó que el hombre de 52 años ya recuperó la libertad y recibió asistencia consular en la Embajada argentina en Colombia. En paralelo, el Ejecutivo volvió a reclamar por la liberación de otros dos compatriotas que continúan arrestados en el país caribeño: Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

“El ciudadano argentino Gustavo Gabriel Rivara se encuentra en libertad tras su detención arbitraria en Venezuela”, anunció Quirno a través de sus redes sociales. Según precisó, las autoridades argentinas mantuvieron contacto permanente con Rivara y su entorno desde que fue excarcelado. “En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente”, detalló.

Desde Cancillería señalaron además que el Gobierno “sigue atentamente su situación, como la de todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos”, y reiteraron el reclamo al régimen venezolano por la liberación inmediata de Gallo y Giuliani, así como del resto de las personas privadas de su libertad por razones políticas.

La liberación de Rivara se conoció pocos días después de que la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, anunciara el inicio de un proceso de amnistía general destinado a presos y perseguidos políticos. El anuncio fue realizado durante un acto en el Tribunal Supremo de Justicia, donde Rodríguez adelantó que enviará un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para cerrar procesos penales, otorgar libertades plenas y levantar restricciones judiciales vigentes.

Rivara, nacido el 24 de junio de 1973 en la ciudad de Buenos Aires y con domicilio en Castelar, había sido detenido en Caracas en circunstancias poco claras. De formación técnica y con estudios en teología, en los últimos años llevaba un estilo de vida itinerante, viajando por distintos países de América. Según denuncias de organizaciones de derechos humanos, durante su detención presentó un deterioro psicosocial producto del aislamiento y la incomunicación prolongada, y su caso tuvo escaso seguimiento oficial debido a la ausencia inicial de reclamos familiares.

La senadora Patricia Bullrich celebró la noticia a través de la red X. “¡Gustavo vuelve a casa! Una noticia que nos alegra, luego de su detención arbitraria e ilegal por la dictadura venezolana”, escribió, aunque aclaró que el reclamo continúa: “Aún faltan Nahuel y Germán, y tienen que ser todos los presos políticos”.

En Venezuela permanecen detenidos el gendarme argentino Nahuel Gallo, arrestado desde diciembre de 2024, y el abogado Germán Giuliani, apresado en mayo de 2025. Ambos casos siguen siendo motivo de gestiones diplomáticas por parte del Gobierno argentino, que insiste en denunciar las detenciones como ilegales.

La excarcelación de Rivara se suma a otros casos recientes, como el del argentino-israelí Yaakov Harari, quien recuperó la libertad tras el cambio de escenario político en Venezuela. Mientras tanto, crece la expectativa entre familiares y organismos de derechos humanos por el alcance real del proceso de amnistía anunciado por el nuevo gobierno venezolano.

Con información de agencias

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una ley de amnistía general para “reparar las heridas” que dejó la confrontación política en el país sudamericano, una medida que beneficiará a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

En el acto de inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rodríguez encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz para que en las “próximas horas” presenten la ley ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -dominado por el chavismo-, así como la “máxima colaboración” al cuerpo legislativo para su aprobación.

“Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos”, añadió.

La líder chavista indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

Además, la funcionaria pidió convertir El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, señalada como un centro de “torturas” por ONG y opositores, en un centro social y deportivo.

La propuesta la dio a conocer semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien el Gobierno encargado de Rodríguez mantiene acercamientos, hablara del cierre de una “cámara de torturas” en la capital venezolana.

El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como un centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El lugar es señalado como un centro de “torturas” por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos, una denuncia que ha rechazado el Gobierno venezolano.

María Corina Machado asegura que el motivo es EE.UU.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado aseguró que la ley de amnistía general es “producto de la presión real” de Estados Unidos y dijo que espera que se haga realidad.

“Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino que es producto de la presión real que ha recibido por parte del Gobierno de los Estados Unidos”, manifestó en la charla 'Hablemos de Venezuela' con el periodista Michael Stott en el Hay Festival de Cartagena de Indias, Colombia.

Machado, premio nobel de la paz 2025, dijo que en el país petrolero “el aparato represivo del régimen es brutal” y “ha respondido a los intereses de las múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen”.

La opositora aseguró que en Venezuela “hay presos políticos que tienen 23 años en prisión”, como es el caso de tres policías metropolitanos, y hay otros “que han sido desaparecidos”. De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 771 presos políticos.

La oposición celebra el anuncio

Asimismo, diputados opositores celebraron el anuncio de la ley de amnistía, al tiempo que pidieron que el texto legislativo marque el cierre definitivo de la “represión” y “persecución” en el país.

El diputado Henrique Capriles dijo en X que la amnistía es un “paso necesario y muy importante” para avanzar al país que quieren “la gran mayoría de los venezolanos”.

A su juicio, el anuncio de la ley y el cierre de El Helicoide toca la “conciencia del país y devuelve esperanza a miles de familias venezolanas que han sufrido la injusticia y la persecución”.

Igualmente, el diputado Stalin González sostuvo que esta propuesta legislativa abre una nueva página para la “convivencia democrática en el país”, por lo que, dijo espera que sea una medida amplia, que garantice la libertad de todos los presos políticos y pidió que “la clausura física” del Helicoide “trascienda para poner fin a la represión y a la persecución”.

Entretanto, la ONG Provea señaló que los presos políticos han sido detenidos de manera arbitraria por lo que, sostuvo, el Estado no es el que “debe perdonar”, sino que “los responsables de graves crímenes” deben “pedir perdón a las víctimas y a la sociedad, y asumir su responsabilidad ante la Justicia por los abusos cometidos”.

Familiares de presos políticos en Venezuela dijeron a EFE que se sienten “esperanzados” tras la propuesta anunciada de ley de amnistía.

Estamos “esperanzados, esperamos que -nuestros familiares- puedan disfrutar de los beneficios que se están dando (...) seguiremos en la lucha hasta poder abrazar a los nuestros, que también han sido víctimas de este terror”, dijo a EFE Mariglys Guzmán, quien se encontraba a las fueras del calabozo policial de Zona 7 de la PNB, en el este de Caracas.

Más pasos en las nuevas relaciones entre el EE.UU. de Donald Trump y la Venezuela de Delcy Rodríguez. Si este jueves por la mañana el presidente de EE.UU. anunciaba el fin del bloqueo del espacio aéreo por parte de Washington, el jueves por tarde la Asamblea y la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, aprobaban una ley que liberalizará el sector petrolero del país, en lo que supone un giro importante en el rumbo marcado por el chavismo en las últimas dos décadas.

Los diputados de la Asamblea Nacional votaron la reforma de la ley de la industria energética, apenas 26 días después del derrocamiento de Nicolás Maduro tras un ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero. Una reforma que fue firmada posteriormente por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

En paralelo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. empezó a flexibilizar las sanciones al petróleo venezolano y amplió la capacidad de las empresas energéticas estadounidenses para operar en el país, en lo que supone el primer paso de los planes esbozados por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, el día anterior en el Senado. En su comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores, Rubio afirmó que el dinero de las ventas del petróleo de Venezuela irá a una cuenta bloqueada por el Tesoro de EE.UU., y que será Washington el que decida qué dinero se libera de esa cuenta, en función de para qué diga Caracas que quiere usarlo.

La licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos abarca diversas actividades que podrían acelerar el flujo de crudo venezolano, incluyendo la exportación, venta, almacenamiento y refinación del petróleo del país, informa Bloomberg.

La licencia cubre una gama de operaciones intermedias y posteriores a la producción, incluyendo la carga de petróleo en buques cisterna, así como su exportación, comercialización y transporte. También autoriza la refinación de crudo venezolano por parte de entidades estadounidenses establecidas y pagos “comercialmente razonables” mediante intercambios físicos de crudo, diluyentes o productos petrolíferos refinados.

“Estamos hablando del futuro. Estamos hablando del país que vamos a dejar a nuestros hijos”, dijo Rodríguez, informa AP.

La legislación aprobada en Venezuela promete otorgar a las empresas privadas el control sobre la producción y venta de petróleo y permitir el arbitraje independiente de disputas.

El Gobierno de Rodríguez espera que los cambios sirvan como garantía para las principales compañías petroleras estadounidenses que hasta ahora han dudado en regresar al país.

La ley revisada modificaría los impuestos a la extracción, estableciendo un límite máximo de regalías del 30% y permitiendo que el poder ejecutivo establezca porcentajes para cada proyecto en función de las necesidades de inversión de capital, la competitividad y otros factores.

También elimina la obligación de que las disputas se resuelvan únicamente en los tribunales venezolanos.

El diputado del partido gobernante, Orlando Camacho, presidente de la comisión de petróleo de la Asamblea Nacional, afirmó que la reforma “cambiará la economía del país”, informa AP. Mientras tanto, el diputado de la oposición, Antonio Ecarri, instó a la Asamblea a incluir disposiciones de transparencia y rendición de cuentas en la ley, incluida la creación de un sitio web para hacer pública la información sobre la financiación y otros datos relevantes.

La ley fue modificada por última vez hace dos décadas, cuando Hugo Chávez convirtió el fuerte control estatal sobre la industria petrolera en un pilar de su revolución.

En los primeros años de su mandato, una enorme bonanza de petrodólares, gracias a los precios récord del petróleo a nivel mundial, convirtió a PDVSA en la principal fuente de ingresos del gobierno y en la columna vertebral de la economía venezolana.

Después de Venezuela llega Cuba. El presidente de EE.UU., tras un ataque militar a Venezuela que acabó con el derrocamiento y secuestro de Nicolás Maduro, pone ahora la diana en La Habana. Así, Donald Trump firmó este jueves un decreto para imponer aranceles a cualquier producto proveniente de países que “vendan o suministren” petróleo a Cuba, una medida que, sobre todo, ejerce presión sobre el vecino México.

De hecho, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, declaró esta semana que su Gobierno había suspendido, al menos de momento, los envíos de petróleo a Cuba, pero afirmó que se trataba de una “decisión soberana” no tomada bajo presión de Estados Unidos.

El decreto firmado por Donald Trump este jueves se titula “Abordando las amenazas a EE.UU. por parte de Cuba”, una isla de 11 millones de habitantes ante la principal potencia económica y militar del mundo.

Según Trump, “el Gobierno de Cuba ha tomado medidas extraordinarias que perjudican y amenazan a Estados Unidos. El régimen se alinea con –y brinda apoyo a– numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malintencionados adversos a EE.UU., incluidos Rusia, China, Irán, Hamas y Hezbolá. Cuba continúa intentando frustrar los esfuerzos de EE.UU. para abordar las amenazas que representan los países hostiles, los grupos terroristas transnacionales y los actores malintencionados en el hemisferio occidental [América]”.

“Además, en contra de los intereses y la política exterior de Estados Unidos, el régimen comunista cubano apoya el terrorismo y desestabiliza la región a través de la migración y la violencia”, afirma Trump: “Por lo tanto, considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., y por la presente declaro el estado de emergencia nacional con respecto a dicha amenaza”.

Y añade: “Para hacer frente a la emergencia nacional declarada en esta orden, determino que es necesario y apropiado establecer un sistema arancelario. Según este sistema, se podrá imponer un arancel adicional ad valorem a las importaciones de bienes procedentes de cualquier país extranjero que venda o suministre petróleo a Cuba, directa o indirectamente”.

La orden presionaría principalmente a México, que expresó históricamente su solidaridad frente al bloqueo económico de Estados Unidos, mientras presidenta del país, Claudia Sheinbaum, buscó construir una relación no hostil con Trump.

Esta semana estuvo marcada por la especulación de que México reduciría los envíos de petróleo a Cuba ante la creciente presión de Trump para que se distanciara del gobierno cubano.

A consecuencia de las sanciones económicas de Estados Unidos, Cuba dependió en gran medida de la ayuda extranjera y de los envíos de petróleo de aliados como México, Rusia y Venezuela. Pero desde el ataque militar estadounidense y el secuestro de Nicolás Maduro, Trump impidió que llegue más petróleo venezolano a Cuba.

En su informe más reciente, Pemex indicó que envió casi 20.000 barriles de petróleo diarios a Cuba entre enero y el 30 de septiembre de 2025, informa AP.

Ese mes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó Ciudad de México. Posteriormente, Jorge Piñón, experto del Instituto de Energía de la Universidad de Texas que rastrea los envíos mediante tecnología satelital, afirmó que la cifra había descendido a unos 7.000 barriles, según AP.

Este martes, Sheinbaum dijo que la petrolera estatal mexicana había suspendido temporalmente algunos envíos de petróleo a Cuba, pero dijo que la pausa era parte de las fluctuaciones generales en el suministro de petróleo y que se trataba de una “decisión soberana” no tomada bajo presión de Estados Unidos. Sheinbaum dijo que México continuaría mostrando solidaridad con La Habana, pero no aclaró qué tipo de apoyo ofrecería México.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenó a funcionarios estadounidenses que reabran el espacio aéreo venezolano para los viajes comerciales este mismo jueves tras sostener una conversación con el Gobierno encargado del país luego del secuestro de Nicolás Maduro.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela (Delcy Rodríguez) y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial”, dijo a periodistas al inicio de una reunión de su gabinete ministerial en la Casa Blanca. “Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá”, aseguró el mandatario norteamericano, citado por el portal DW.

El pasado noviembre, antes de la operación militar que este mes depuso a Nicolás Maduro, Trump lanzó un mensaje advirtiendo que el espacio aéreo del país suramericano permanecería cerrado en su totalidad.

Un día después de la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, el 4 de enero, la Agencia de Seguridad Aérea de Estados Unidos (FAA en sus siglas en inglés) emitió un nuevo aviso (“notam” en el lenguaje aeronáutico) sobre la situación “potencialmente peligrosa” en la región de Maiquetía “a todas las altitudes debido a la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo el sobrevuelo, la llegada y la salida”, decía el aviso, que se extiende hasta el 2 de febrero, tal como figura en la web de la FAA.

Trump mencionó hoy a la comunidad venezolana en Doral, Miami, donde se concentra la mayor parte de la diáspora venezolana en Estados Unidos y aseguró que está “muy emocionada” por la noticia.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allí, ya que estará bajo un control muy estricto. Y la gente que antes vivía en Venezuela, algunos quieren regresar, y otros quieren ir de visita, y podrán hacerlo”, subrayó el mandatario.

La última aerolínea estadounidense que operó conexiones entre EE.UU. y Venezuela fue American Airlines, que suspendió todas sus enlaces aéreos comerciales en el año 2019, cuando ambos países rompieron finalmente sus frágiles relaciones diplomáticas.

Trump también indicó que importantes compañías petroleras estadounidenses visitarán el país caribeño para explorar proyectos. “Tenemos a las grandes compañías petroleras rumbo a Venezuela, inspeccionando y eligiendo sus ubicaciones, y van a traer de vuelta una riqueza tremenda para Venezuela y para Estados Unidos”, explicó.

“Las relaciones han sido muy sólidas, muy buenas”, aseguró Trump, en alusión al nuevo gobierno en funciones. “Venezuela, de hecho, va a ganar más dinero que nunca antes y eso es algo bueno” aseguró.

Este miércoles, Washington anunció que estableció un esquema de control en el que los beneficios del petróleo venezolano, que luego de ser depositados en Qatar son transferidos al gobierno de Rodríguez bajo un monitoreo mensual del gasto, para generar fondos con el objetivo de estabilizar Venezuela y garantizar que los ingresos del crudo beneficien al pueblo.

Con información de las agencias NA y EFE