“Una reunión histórica”. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, difundióo en X una foto, sonriente, con el presidente de EE.UU., Donald Trump, del encuentro que mantuvieron los dos en el hotel Lotte New York Palace, donde el presidente norteamericano organizó una recepción para los líderes que acudieron a la Asamblea General de la ONU.

“Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad y otros asuntos de interés común”, dijo Rodríguez en X.

La presidenta interina, al tiempo que celebra la reunión con Trump y la califica de histórica, no menciona ni muestra intención de visitar al presidente de su país, Nicolás Maduro, en una cárcel de Brooklyn tras ser secuestrado por tropas estadounidenses el pasado 3 de enero, en un ataque en el que murió un centenar de personas, entre ellos 37 soldados cubanos.

“Expresamos nuestro agradecimiento al presidente Trump y a su Gobierno por el decidido apoyo brindado durante la emergencia ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio, así como por su respaldo al proceso de reinserción de nuestro país en los espacios multilaterales. Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo. Seguiremos impulsando una diplomacia al servicio del interés nacional, orientada a alcanzar resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano”.

Al llegar a Nueva York este pasado domingo, afirmó Rodríguez: “Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones. En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento. Somos un país que apuesta por la paz, el diálogo y la construcción de caminos comunes”.

Fuentes de la Casa Blanca informaron de que en la reunión con Rodríguez, a puerta cerrada, participaron el presidente de EE.UU., el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y Stephen Miller, asistente del presidente y subjefe de gabinete.

Y todo esto lo sostuvo la presidenta interina en un contexto en el que el presidente de EE.UU. calificaba este martes en la Asamblea de Naciones Unidas a Maduro como un “dictador fuera de la ley”, mencionó que cientos de presos políticos habían sido liberados desde su secuestro y presentó dicha operación como prueba de que Estados Unidos emplearía su “incomparable poderío militar” para proteger sus intereses.

“Al vencedor le corresponde el botín”, afirmó, describiendo el acuerdo petrolero que su administración firmó con Caracas el mes pasado como “quizás el mayor acuerdo jamás realizado”. Trump expresó su deseo de que fluyan 100.000 millones de dólares en inversiones hacia la industria petrolera venezolana.

Rodríguez llegó a Nueva York el lunes junto a una delegación que estuvo manteniendo conversaciones sobre energía, minería y deuda con funcionarios estadounidenses, organismos multilaterales de crédito y empresas, según diversas fuentes, informa Reuters.

El titular del Banco Interamericano de Desarrollo trabaja para lograr la aprobación de un préstamo de 2.500 millones de dólares para Venezuela, aunque se encontró con la oposición de algunos miembros de la junta directiva de la institución.

La cita llega después del acuerdo por el que Venezuela cedió a Estados Unidos parte de sus reservas petroleras. Es el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá, informa Efe.

Recientemente, se anunció un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

Acercamiento de Rodríguez a Sánchez

La presidenta encargada de Venezuela se acercó este martes a saludar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde le pidió poder seguir hablando sobre la situación política en Venezuela. El presidente le garantizó el compromiso de España con su país y con el futuro de la región, según fuentes de Moncloa.

En principio, no está previsto que haya un encuentro entre ambos en Nueva York más allá de esta charla, que es la primera conversación cara a cara que mantienen ambos mandatarios, ya que hasta ahora solo habían trascendido dos conversaciones telefónicas desde que Rodríguez se hizo cargo de la presidencia del país en sustitución de Nicolás Maduro, secuestrado ilegalmente por Estados Unidos y actualmente preso en una cárcel de Nueva York.

La primera de ellas tuvo lugar el 9 de enero, y en ella Sánchez trasladó a la presidenta encargada venezolana el apoyo de España a una transición pacífica, dialogada y democrática en su país, y Rodríguez le planteó trabajar conjuntamente en una agenda bilateral amplia y beneficiosa para España y Venezuela.

La segunda conversación tuvo lugar el pasado 25 de junio tras los terremotos sufridos por Venezuela y en ella Sánchez ofreció la ayuda que fuera necesaria por parte de España y le trasladó la solidaridad con el pueblo venezolano y el afecto a las víctimas y sus familias.

Delcy Rodríguez podría viajar a España el próximo mes de noviembre para participar en la Cumbre Iberoamericana que albergará Madrid los días 4 y 5 de ese mes.

“El mejor acuerdo petrolero de la historia”. Así llamó Donald Trump al convenio con Venezuela que anunció el 28 de agosto en su red Truth Social y que se firmó el 2 de septiembre en el Palacio de Miraflores, en presencia del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y de la presidenta interina, Delcy Rodríguez. El pacto entrega durante 100 años 17 campos petroleros a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP): nueve en la cuenca del Lago de Maracaibo, en el occidente del país, y ocho bloques en la Faja Petrolífera del Orinoco. Según la Casa Blanca, esos yacimientos guardan unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas, cerca de una quinta parte de las reservas venezolanas. Varios de ellos estaban hasta ahora en manos de empresas rusas y chinas.

Puede que sea el mejor acuerdo de la historia, pero solo para EE.UU.. Su Gobierno recibe el 35% de la matriz de NABEP a través de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono; el derecho a comprar a precio de coste el 20% del crudo extraído para su reserva estratégica; una opción preferente sobre el 80% restante y poder de veto sobre el consejo de administración de la compañía. Venezuela, en cambio, renuncia a impuestos y regalías, cede sus campos sin licitación y firma un contrato que nadie fuera de las partes leyó.

A ese diagnóstico llegan dos economistas venezolanos: Francisco Rodríguez, profesor de la Universidad de Denver y antiguo jefe de la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional, y José Guerra, exdiputado y antiguo economista del Banco Central de Venezuela. Los dos describen una operación que transfiere valor nacional sin contraprestación verificable y que, en declaraciones de Guerra a elDiario.es, hace que Venezuela “deje de percibir millones de dólares en ingresos fiscales”.

Una inversión que nadie sabe de dónde saldrá

El acuerdo descansa sobre una promesa de inversión de 100.000 millones de dólares cuya viabilidad es dudosa desde el principio. Rodríguez formula la pregunta central: “Si los contribuyentes estadounidenses no van a pagar nada, y Venezuela no tiene plata para pagar porque ya está quebrada, entonces ¿de dónde van a salir esos 100.000 millones de dólares?”. La cifra, además, bailó: Trump habló de 100.000 millones, la ficha informativa de la Casa Blanca dice “hasta 100.000 millones” y el Departamento de Energía manejó la cifra de 10.000 millones. “Esa elasticidad es sintomática de ausencia de compromisos verificables”, explica el economista a elDiario.es.

Si los contribuyentes estadounidenses no van a pagar nada, y Venezuela no tiene plata para pagar porque ya está quebrada, entonces ¿de dónde van a salir esos 100.000 millones de dólares en inversiones?

Francisco Rodríguez — Profesor de Economía de la Universidad de Denver

Guerra propone una comparación. Chevron, que opera en Venezuela desde 1923, anunció el mismo día de la firma en Miraflores que invertirá más de 7.000 millones de dólares en cinco años para llevar su producción a unos 600.000 barriles diarios. “Eso sí lo pueden hacer ellos. Pero los 100.000 millones no está claro de dónde pueden salir”, afirma. Para Guerra, la distancia entre lo que promete NABEP y lo que compromete una multinacional con acceso a los mercados de capital muestra que el acuerdo se construyó sobre especulación, sin garantías.

Un ejecutor con causas abiertas

El encargado de cumplir esa promesa es Alejandro Betancourt López, de 46 años, conocido en Venezuela como uno de los “bolichicos” (de “chicos” y “bolivarianos”) que se enriquecieron con contratos públicos durante el chavismo. Betancourt fundó Derwick Associates, la empresa que recibió a dedo contratos para construir plantas eléctricas en plena crisis energética, y entró después en el petróleo con una participación en Petrozamora, en el Zulia, núcleo de la actual NABEP, que tiene su sede en Barbados.

La justicia suiza investiga las cuentas por presunto blanqueo de capitales vinculado a la petrolera estatal PDVSA, y la Audiencia Nacional lo tiene en España bajo la lupa en el llamado caso Atlantic por blanqueo de capitales. No pesa sobre él ninguna acusación formal, y la presidenta interina lo defendió esta semana con el argumento de que “no tiene causa en EE.UU.”.

Rodríguez es directo: “No hay un compromiso sólido identificable con actores relevantes, porque mañana Alejandro Betancourt desaparece, él vende esa compañía cuando le da la gana y entonces ¿quién le va a dar esos 100.000 millones de dólares a Venezuela?”. El país queda atado a unos términos desfavorables mientras depende de un actor sin capacidad probada de cumplir compromisos de esa magnitud.

Los beneficiarios

Mientras la inversión sigue siendo una promesa, los beneficiarios están claros. “Los grandes beneficiarios son NABEP y el Gobierno de EE.UU., claramente”, insiste Guerra. NABEP produce hoy poco más de 200.000 barriles diarios, lo que la convierte en la segunda operadora del país después de Chevron, y con las nuevas concesiones aspira a superar el millón de barriles. La Casa Blanca ya la presenta como la segunda petrolera privada del mundo por reservas.

Los campos fueron adjudicados a dedo. No se hizo licitación como durante la apertura petrolera en 1992

José Guerra — Exdiputado y antiguo economista del Banco Central de Venezuela

Ese salto se produjo sin licitación pública. Durante la apertura petrolera de los años noventa, Venezuela adjudicó sus campos en rondas competitivas, con sobres abiertos y varias empresas pujando por cada área. Esta vez los campos se asignaron a discreción del Ejecutivo. “Los campos fueron adjudicados a dedo. No se hizo licitación como durante la apertura petrolera en 1992”, subraya Guerra. Rodríguez recuerda que el artículo 39 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, incluso tras la reforma de enero de este año, obliga a promover la concurrencia de ofertas para seleccionar a las operadoras, y se pregunta qué excepción justifica prescindir de ella cuando está en juego una quinta parte de las reservas del país.

A todo ello se suma la participación accionarial de EE.UU. y el 20% del crudo a precio de coste producido en los 17 campos petrolíferos. “Eso es un sacrificio fiscal muy fuerte para Venezuela”, resume Guerra.

Lo que pierde el Tesoro

El análisis fiscal permite poner cifras a ese sacrificio. La primera pérdida es la ausencia de bonos de participación. En una licitación competitiva las empresas pagan por acceder a los campos, y ese pago reconoce el valor del activo que se cede. “Venezuela pudo tener ahí fácilmente 3.000 millones de dólares por los bonos, que es lo que se estila en los procesos de subasta de campos”, calcula Guerra. Al no abrir un proceso competitivo, el país renunció de entrada a esa cantidad.

La segunda es la ausencia de ingresos fiscales sobre el 20% de la producción que se entrega a precio de coste. En condiciones normales, Venezuela cobra una regalía del 16% y un impuesto sobre la renta que, sumados, se acercan al 40% del valor de mercado del crudo: unos 30 dólares por barril con el petróleo entre 75 y 80 dólares. Sobre los 40.000 barriles diarios que suponen hoy ese 20%, son 1,2 millones de dólares al día, unos 432 millones al año. A medida que la producción crezca hacia el objetivo de 1,5 millones de barriles, y a lo largo de los 25 años del proyecto, Guerra estima que la renuncia rondará los 13.000 millones de dólares.

Sumadas, las dos partidas rondan los 16.000 millones de dólares. Esa es la característica central del acuerdo: valor real, tangible y medible que sale de las arcas públicas a cambio de una inversión que aún no existe.

El coste de oportunidad

Rodríguez añade una tercera dimensión: lo que Venezuela habría podido obtener con una subasta. Un proceso competitivo habría permitido que ExxonMobil, ConocoPhillips, Shell, Repsol o Eni pujaran por los campos con bonos de entrada más altos, regalías negociadas al alza y compromisos de inversión respaldados por empresas solventes. Según sus cálculos, en términos competitivos Venezuela habría podido capturar entre el 50% y el 60% del valor de la producción, frente al 10% o 15% que le corresponde con los términos actuales. En esa brecha se pierden decenas de miles de millones de dólares.

Un futuro gobierno que intente revocar el acuerdo podría enfrentar demandas ante tribunales internacionales

Francisco Rodríguez — Profesor de Economía de la Universidad de Denver

“¿Por qué no se subastaron estos campos? Eso es lo que hacen la mayoría de los países. Eso es lo que hizo Guyana, eso es lo que hizo Irak. Todos los países que hacen procesos de privatización hoy en día hacen subasta”, dice Rodríguez. Para él, esta decisión revela la decisión política de favorecer a un beneficiario privado sobre el interés nacional.

Guerra admite que la explotación generará regalías e impuestos sobre el 80% de la producción donde Venezuela conserva sus derechos fiscales, además de empleo y demanda de bienes y servicios. Pero advierte: “Ese beneficio es pequeño con respecto a lo que se pudo lograr, porque primero no se hizo la licitación con bonos, entonces dejaste de recibir allí varios millones de dólares”. Los beneficios existen, pero son desproporcionados frente al valor de lo cedido.

Un contrato que nadie ha leído

Lo más preocupante, quizá, es que las pérdidas se blindan hacia el futuro. Rodríguez advierte de que el contrato contendrá, con toda probabilidad, cláusulas de arbitraje internacional: “Un futuro gobierno que intente revocar el acuerdo podría enfrentarse a demandas ante tribunales internacionales similares a las del caso [de la petrolera estadounidense] Citgo, dando como resultado que el Estado deba pagar compensaciones multimillonarias”, destaca. La ficha de la Casa Blanca confirma que el convenio entre el Gobierno estadounidense y NABEP se rige por el derecho de EE.UU. y queda sujeto a sus tribunales.

El procedimiento tampoco fue el que exige la ley. El artículo 150 de la Constitución venezolana establece que ningún contrato de interés público nacional puede celebrarse con Estados extranjeros o con sociedades no domiciliadas en el país, como es el caso de NABEP, sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Lo que ocurrió fue otra cosa. El 1 de septiembre, en sesión extraordinaria, el Parlamento de mayoría chavista aprobó con mayoría calificada un acuerdo de “respaldo al anuncio” del convenio, cuyo texto no se había consignado. Su presidente, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, aclaró que el debate sobre el contenido se daría “llegado el punto en que se firme el acuerdo binacional”. Al día siguiente se firmó en Miraflores. El texto sigue sin publicarse.

La Constitución establece que ningún contrato de interés público nacional puede celebrarse con Estados extranjeros sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Lo que ocurrió fue otra cosa

Esa unanimidad que esperaba el chavismo se rompió con el Grupo Parlamentario Libertad, la facción opositora que integra, entre otros, Henrique Capriles. Su portavoz, Luis Emilio Rondón (de la formación Un Nuevo Tiempo), salvó el voto de la bancada: “No estamos en contra del acuerdo presentado. Sin embargo, no podemos suscribir un acuerdo que no conocemos”. Rondón pidió que el texto íntegro se entregara a los diputados para que lo revisaran técnicos, “no para alterar el texto del contrato, sino para darle claridad a la gente”, y sostuvo que eso es lo que reclama la mayoría de los venezolanos: “No es que tiene una duda caprichosa, sino que quiere saber definitivamente todos los detalles que este acuerdo engloba”.

Rodríguez sospecha que la opacidad no es casual. Si se conociera el texto completo, con sus cláusulas de arbitraje, “eso generaría muchas más reacciones negativas aún”.

Los dos economistas coinciden en el balance. Para Venezuela, el acuerdo transfiere valor de la tesorería nacional a EE.UU. y a NABEP sin inversión verificable que lo respalde, sin el aval que exige la Constitución y sin beneficio neto para el país. Las promesas son elásticas; las pérdidas, inmediatas: unos 16.000 millones de dólares en bonos y tributos, más las decenas de miles de millones que se dejan sobre la mesa por no haber convocado una subasta. Y el mismo contrato que garantiza esas pérdidas hace muy costoso que un gobierno futuro intente corregirlas.

La viabilidad del acuerdo con el que Donald Trump consiguió que Venezuela le entregue 65.000 millones de barriles en reservas sigue generando muchos interrogantes. Pero algo resulta cada vez más evidente: Washington está tratando a Caracas como un protectorado de facto.

La concesión petrolera es la última de las dinámicas en las que Estados Unidos se dedica a plantear los acuerdos y anunciarlos, mientras el Gobierno interino de Delcy Rodríguez le sigue el paso. Después de que Trump anunciara la privatización del 22% de las reservas petroleras de Venezuela, un elemento crítico que incide sobre la soberanía del país, Rodríguez intentó paliar la noticia remarcando que Caracas obtendrá 209.000 millones de dólares en impuestos y 100.000 millones de inversión.

“Si se legitima este acuerdo desde el punto de vista jurídico, se hipoteca el futuro del país a 100 años, más de lo que ya lo habían hipotecado tanto Chávez como Maduro con el desmantelamiento democrático”, advierte Laura Cristina Dib, directora del Programa para Venezuela del grupo de Defensa de los Derechos Humanos en las Américas (WOLA). La investigadora, que siguió de cerca la deriva del país desde que Estados Unidos intervino militarmente para deponer a Nicolás Maduro, señala que “Venezuela no está atravesando una transición democrática” y que este nuevo trato es una muestra más.

Francisco Rodríguez, académico venezolano y economista del Center for Economic and Policy Research, subraya cómo la dinámica entre Washington y Caracas “se asemeja” a “otras situaciones similares a protectorados, como Irak bajo la ocupación de EE.UU., o a principios del siglo XX en Cuba, la República Dominicana y Haití”. Además, Dib señala cómo la prioridad del Gobierno de EE.UU. es afianzar “actores que cumplen con los deseos de forma incuestionable de la Administración Trump, y eso es lo que ha hecho Delcy Rodríguez”.

Estados Unidos, lejos de ser el bastión de la democracia y la libertad, está siendo el principal actor de la erosión democrática en todo el continente

Laura Cristina Dib — Directora del Programa para Venezuela del grupo de Defensa de los Derechos Humanos en las Américas (WOLA)

El lunes por la noche, la Casa Blanca publicó un nuevo comunicado en el que detallaba que la empresa encargada de explotar los 17 campos petroleros para extraer esos 65.000 millones de barriles será la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP). La empresa, que estará asociada directamente con el Gobierno estadounidense, es propiedad del millonario venezolano Alejandro Betancourt, investigado por la justicia en España y Suiza por su supuesta participación en un esquema de lavado de miles de millones procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA –acusaciones que él rechaza–.

Dib opina que la confirmación por parte de la oficina presidencial de que se ligará a NABEP supone “institucionalizar aún más la corrupción, pero ahora con el apoyo de Estados Unidos”. Para la investigadora, que se haya cerrado un acuerdo de este calibre con una empresa va en contra de los supuestos objetivos de democratizar Venezuela. “Estados Unidos, lejos de ser el bastión de la democracia y la libertad, está siendo el principal actor de la erosión democrática en todo el continente”, lamenta.

“Es cierto que ha habido cerca de mil excarcelaciones desde el 3 de enero para acá, pero también es fundamental, cuando uno hace este balance, ver qué es todo lo que no ha cambiado. Y realmente, cuando lo pones en una balanza, ves que Venezuela no está atravesando una transición democrática. Mi mayor miedo es que este acuerdo petrolero le da espacio a actores que sabemos que son responsables de la corrupción; por lo que se fortalece el sistema autoritario y cleptocrático”, sentencia Dib.

La asociación con la compañía de Betancourt incluye que el Pentágono, a través de su Oficina de Activos Estratégicos, tendrá el 35% de la propiedad de la empresa matriz de NABEP. El Departamento de Estado, además, tendrá garantías para adquirir el 20% de la producción de todos los pozos petroleros operados ahora y en el futuro por la compañía venezolana, a precio de coste. Y tendrá prioridad de compra sobre el 80% del petróleo restante, “lo que proporcionará una fuente de energía garantizada en nuestro hemisferio en situaciones de emergencia”.

Posibles contratiempos

Más allá de que se tardarán décadas en restaurar la dañada industria petrolera para empezar a poder extraer el crudo, Dib apunta que, una vez este acuerdo llegue al Congreso estadounidense, aún puede haber más contratiempos. Especialmente, si después de las elecciones de noviembre los demócratas consiguen recuperar el control de ambas cámaras.

“Hay muchas preguntas desde el punto de vista jurídico sobre qué implicaciones tiene este acuerdo con un gobierno que no es legítimo”, advierte la investigadora, que subraya: “El artículo 12 de la Constitución venezolana prevé que los recursos minerales y petroleros le pertenecen a la República y, por tanto, tienen un marco jurídico distinto que lo regula”.

El reciente acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el de Venezuela desató un largo reguero de críticas. Todavía no se conocen los términos exactos, pero sí lo suficiente como para constatar que el gobierno de Estados Unidos logró un control efectivo sobre la gestión de gran parte del petróleo venezolano. Así, no se cumplieron las advertencias de Diosdado Cabello, ministro de Interior, que hace menos de un año afirmaba que no se entregaría “ni una gota” de crudo a los estadounidenses en caso de producirse una agresión. Finalmente, se produjo la intervención militar, incluyendo el secuestro del presidente, y se transferirá más de una gota de petróleo hacia Estados Unidos. Según el propio Donald Trump, el acuerdo es para 65.000 millones de barriles, aproximadamente una quinta parte de todas las reservas del país.

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, es decir, de cantidades que son recuperables del subsuelo con la tecnología y precios actuales. Esa circunstancia geológica moldeó profundamente la política del país latinoamericano desde que se descubrieron los primeros yacimientos en 1914, cuando Venezuela llevaba ya un siglo siendo independiente, pero todavía era un país básicamente agrario y muy pobre. Vale la pena remontarse brevemente a ese momento porque, paradójicamente, guarda una similitud sorprendente con lo que está pasando ahora mismo.

La maldición de los recursos

Como muchos países en desarrollo saben, que un territorio sea abundante en recursos no significa que tenga un billete garantizado hacia el desarrollo económico. De hecho, es más habitual lo contrario, es decir, que las naciones más abundantes en recursos naturales sean también las más pobres. En economía se conoce como maldición de los recursos a una hipótesis que intenta explicar esa paradoja, y según la cual el problema principal es que el país se vuelca tanto en explotar ese sector abundante en recursos (por ejemplo, petróleo) que se 'olvida' de casi todo lo demás.

En realidad, no es una cuestión de decisiones gubernamentales sino de la propia orientación del mercado, ya que tanto el capital internacional como el nacional fluyen, lógicamente, hacia ese sector abundante en recursos que, como es deseado por todo el mundo, genera tasas de ganancia más elevadas y deja de fluir hacia el resto. El país se convierte rápidamente en un exportador del recurso natural y la dinámica económica hace el resto (por ejemplo, el tipo de cambio se encarece y eso dificulta otro tipo de ventas al extranjero, como las industriales).

Cuando a comienzos del siglo XX se fueron descubriendo los yacimientos de petróleo por todo el mundo, solo unas pocas empresas estadounidenses e inglesas tenían la capacidad tecnológica y financiera para extraer el recurso y, además, refinarlo para convertirlo en un producto utilizable por la sociedad (por ejemplo, gasolina, lubricantes, productos petroquímicos, etc.). Aunque el petróleo estaba en el subsuelo venezolano, no había en el país ninguna empresa capaz de convertirlo en algo útil, de modo que se permitió que fueran las empresas multinacionales las que se encargaran de todo. El proceso ganó orden a partir de 1922, cuando el presidente Juan Vicente Gómez declaró los recursos del subsuelo propiedad del Estado y este pasó a controlar tanto las concesiones como los royalties e impuestos aplicables. Eran tales las reservas venezolanas que en los años treinta el país ya se había convertido en el principal exportador de petróleo del mundo.

Gracias a los impuestos aplicados a la actividad extractiva, el Estado fue capaz de desplegar una estrategia de creación de infraestructuras y servicios públicos que dinamizaron la economía, elevándose también el consumo de una emergente clase media, al tiempo que se fortalecía su autoridad sobre el territorio. El contexto de boom del petróleo favoreció que los países en los que las multinacionales extraían el recurso reclamaran una mayor porción de la torta y Venezuela fue, además, pionera en la lucha y ejemplo posterior para países de Medio Oriente. La legislación de 1943 y, posteriormente, la consolidación del principio 50-50 (reparto por igual de los beneficios) hicieron que el Estado capturase una parte mucho mayor de los beneficios generados por la actividad petrolera.

En el contexto de posguerra, de intervencionismo económico y descolonización, se extendió el imaginario de que el desarrollo económico pasaba por controlar y explotar directamente los recursos naturales. La idea de desarrollo nacional y económico iban de la mano en un imaginario extractivista que se interpretaba como condición para igualar la riqueza de los países más avanzados. Tras los precedentes de Rusia en 1917 y México y Bolivia en los años treinta, en 1951 Irán fue el primer país de Oriente Medio en nacionalizar su petróleo y expulsar a las empresas occidentales. Pero solo dos años después el gobierno de Mossadegh fue derrocado por un golpe de Estado de Reino Unido y Estados Unidos.

En 1957, Irán permitió la entrada de la multinacional italiana ENI, que aceptó un acuerdo 75-25 que puso nerviosas al resto de multinacionales y demostraba que los países petroleros estaban interesados en captar mayores cuotas de las rentas del sector. En septiembre de 1960, algunos de estos países, a instancia de Venezuela, formaron la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para fortalecer sus demandas y elevar la participación del Estado al menos a una ratio 60-40. En los años setenta se producirían las primeras grandes nacionalizaciones de compañías occidentales, primero en Argelia y Libia, y luego, y de forma progresiva, en los países del Golfo Pérsico. Los llamados países productores demostraban tener ya la capacidad tecnológica y financiera para realizar la actividad ellos mismos y sin mediaciones, es decir, capturando completamente toda la renta petrolera.

La compañía estatal de Venezuela fue PDVSA, creada en ese contexto internacional en 1976. La renta petrolera era tan alta que los partidos políticos dominantes se repartieron su influencia en el denominado pacto del Punto Fijo. El sistema seguía siendo el mismo: un desarrollo económico totalmente dependiente de las rentas petroleras, donde el gobierno tenía un margen enorme para decidir qué hacer con ellas (con una fuerte autonomía de PDVSA respecto del poder político y problemas crecientes de corrupción) y consecuentemente muy vulnerable a las caídas del precio del petróleo. Durante esas décadas fracasaron todos los intentos de diversificar la estructura productiva, como la industrialización por sustitución de importaciones, que logró crear determinadas capacidades industriales, pero no consiguió modificar sustancialmente la dependencia estructural de la renta petrolera. La caída de los precios a mediados de los años ochenta llevó al país a una crisis económica que fue gestionada a la manera neoliberal, desembocando en una profunda crisis política que duró hasta que en 1998 Hugo Chávez ganó las elecciones.

El chavismo se construyó sobre el rentismo petrolero

La victoria de Chávez no gustó a las élites que habían gestionado la renta petrolera hasta entonces, razón por la cual sufrió el golpe de Estado de 2002. Tras superarlo gracias al apoyo popular y de los militares, y tras un paro patronal de la empresa PDVSA, Chávez despidió a miles de trabajadores y gestores de la empresa y tomó un control mucho más activo sobre sus decisiones. Los precios del petróleo acompañaron y el gobierno logró poner en marcha políticas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza y redujeron de manera muy notable la desigualdad. Sin embargo, todo el sistema seguía dependiendo en última instancia de las rentas petroleras.

Se suele hablar de PDVSA como una suerte de para-Estado porque asumió proyectos que no tenían nada que ver con su función económica, como programas sociales o proyectos de infraestructuras urbanas. Así, el endeudamiento de la empresa quedó no sólo vinculado a su actividad inversora y extractiva sino también a la necesidad de acometer proyectos sociales ajenos a la entidad. Por otro lado, la cualificación de los nuevos dirigentes parecía estar lejos de las capacidades de los anteriores. Además, políticamente era una forma de llevar a cabo una intervención pública que no pasaba por los controles habituales de la asamblea nacional. Algunos o todos estos elementos ayudan a entender por qué la empresa PDVSA ya se encontraba en niveles de actividad económica y financieros muy bajos antes de que llegaran las primeras sanciones estadounidenses en 2017. Las sanciones no crearon el deterioro de PDVSA, que ya era evidente antes de 2017, pero sí contribuyeron posteriormente a profundizarlo.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, el peso del petróleo en las exportaciones siempre fue muy alto en Venezuela. Curiosamente, la mayor dependencia del petróleo se produce durante el período chavista, con niveles por encima del 95%, lo que da muestra del fracaso de las estrategias de diversificación industrial. Eso sí, durante el período de Hugo Chávez, el PIB por habitante fue recuperándose desde los niveles anteriores, lo que es congruente con otros indicadores sociales que también mejoraron durante ese período.

Lo cierto es que durante el chavismo las rentas petroleras, en vez de financiar opulentos modos de vida de una minoría de la población vinculada a las elites y los burócratas de PDVSA, sirvieron para combatir la desigualdad y la pobreza. No obstante, sin la erradicación completa de la corrupción. Pero en ambos casos las rentas servían para garantizar la estabilidad social y política de los tiempos de 'vacas gordas'. Cuando las rentas se secaban, devenían los problemas.

Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro heredó un modelo económico extremadamente dependiente del petróleo y, un año después, el desplome de los precios internacionales del crudo desencadenó una crisis económica de enorme magnitud. El apoyo electoral al chavismo se fue debilitando y, tras perder la mayoría parlamentaria en 2015, el Gobierno respondió mediante una creciente concentración del poder institucional y una progresiva erosión de los mecanismos democráticos. Mientras tanto, la gestión de la renta petrolera quedó crecientemente en manos de fracciones militares leales al gobierno. Lejos de abandonar el modelo extractivista, en el año 2016 Nicolás Maduro aprobó el proyecto del Arco Minero del Orinoco, pensado para extraer oro y otros minerales de una inmensa área de Venezuela. El objetivo declarado era fomentar las exportaciones de estos minerales, algunos de los cuales son importantes en la transición energética hacia energías renovables, y con una fuerte participación de empresas estatales y actores vinculados a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, en la actualidad la producción petrolera venezolana se encuentra muy por debajo de su potencial y de sus niveles históricos. La coyuntura de precios internacionales, la mala gestión de la empresa y las sanciones provocaron un desplome de la actividad petrolera que privó de las rentas al Estado venezolano. En esas condiciones, Venezuela vuelve al comienzo, es decir, a la necesidad de atraer capital extranjero para realizar las inversiones necesarias para extraer el combustible fósil.

El papel de Estados Unidos

Para Estados Unidos el petróleo venezolano es especialmente importante, porque se trata de un tipo de crudo pesado que necesitan para una parte importante de la capacidad de refino estadounidense, pero cuya producción doméstica no basta para abastecerla. Aunque Estados Unidos se convirtió en el mayor productor mundial de petróleo gracias, entre otros factores, al desarrollo del fracking, siguen siendo importadores netos de petróleo pesado. Y no parece casualidad que sus dos principales fuentes de petróleo pesado hayan sido hasta hace poco Canadá y Venezuela, países con los que está tratando de redefinir su relación (con una guerra comercial en el primer caso, y con la violencia en el segundo). En el caso de Venezuela, como podemos ver en el siguiente gráfico, la caída de importaciones fue progresiva durante el gobierno de Hugo Chávez y terminó desplomándose después. Con los nuevos acontecimientos, la Casa Blanca se aseguró que ese flujo se reactiva.

Aunque habrá que esperar a conocer los términos exactos del acuerdo, los cálculos preliminares parecen indicar que la captura de la renta que hará el Estado venezolano del sector petrolero será notablemente inferior a la que existía incluso durante el período del Punto Fijo. En este sentido, Estados Unidos logró capturar una parte sustancial de esa renta que hasta hace unos años era impensable; y lo logró a través de las sanciones, que terminaron de machacar la débil capacidad productiva de PDVSA, y de la violencia ejercida contra otro país soberano.

Por otro lado, merece la pena remarcar de nuevo que durante el chavismo la renta petrolera permitió una importante redistribución social y una mejora de numerosos indicadores de bienestar, pero no consiguió transformarse en una diversificación productiva suficiente capaz de reducir la dependencia del petróleo. El apoyo popular al chavismo era real y está claramente acreditado, y sobre bases razonables, pero todo el sistema se sostenía sobre los precios del petróleo, de modo que cuando se agotó el flujo extraordinario de rentas comenzó también la deslegitimación ciudadana.

El economista Edward Barbier señalaba, reflexionando sobre la paradoja de la maldición de los recursos, que para que un país se desarrolle no sólo es necesario tener recursos abundantes y extraer renta de ellos sino, y muy especialmente, reinvertir esas rentas en diversificar la actividad económica y crear encadenamientos (de modo que las industrias se necesiten unas a otras). Este último paso es el que no fue capaz de completar Venezuela en los últimos cien años. Y tampoco el chavismo, a pesar de haberlo proclamado.

En realidad, hay un irónico componente cíclico en todo esto. Porque primero fue el capital extranjero el que explotó un recurso sobre el que el Estado apenas tenía capacidad efectiva de intervención. Después, a través de impuestos, nacionalizaciones y finalmente la creación de PDVSA, el Estado fue capturando una parte cada vez mayor de esa renta hasta hacerse prácticamente con su totalidad. El chavismo heredó ese modelo de rentismo estatal y utilizó sus extraordinarios ingresos para redistribuir la riqueza, pero no consiguió transformar de manera suficiente esas rentas en una estructura productiva diversificada. Cuando la producción y los precios se desplomaron, también lo hizo la capacidad del Estado para sostener ese modelo. Y ahora, un siglo después del comienzo de la explotación petrolera moderna, Venezuela vuelve a necesitar capital extranjero para explotar su principal recurso. Es como si varias décadas de luchas políticas y sociales en torno a la captura de renta por actores extranjeros hubieran desaparecido de golpe. Y al menos Venezuela sigue sin saber responder a qué hacer con la renta que genera un producto, el petróleo, que además tiene los días contados. El problema adicional es que ahora ni siquiera lo deciden ellos.

El presidente Donald Trump, anunció este viernes un “histórico” acuerdo con Venezuela para controlar sus reservas petroleras que duplicará las que tiene Estados Unidos. En su red Truth Social, lo calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y declaró que el convenio asegura el “control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”.

“La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo”, añadió. Trump describió el acuerdo como una “alianza con el sector privado” que llevó a cabo el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, “en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela”, Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela también confirmó horas después el “histórico acuerdo” petrolero con Estados Unidos y agradeció “altamente” a Trump y a Rubio por “su disposición en el desarrollo” de una alianza que describió como “un hito histórico en las relaciones bilaterales”. En un comunicado, la líder chavista, al frente del Gobierno venezolano tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas por parte de EE.UU. en enero de este año, aseveró que el acuerdo permitirá “incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados”.

La mandataria expresó que el convenio fue suscrito gracias al “fortalecimiento de la relación” entre Caracas y Washington, que reanudaron formalmente sus vínculos diplomáticos en marzo pasado tras siete años de ruptura, y tendrá un “impacto significativo en el renacimiento” de Venezuela. Además, facilitará un “importante flujo de inversiones destinado a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo” de la industria de los hidrocarburos, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

“Venezuela consolida así una nueva etapa de recuperación, crecimiento, producción, seguridad y prosperidad para nuestro pueblo”, agregó la presidenta encargada, quien el pasado lunes había dicho que su país produce hoy 1,23 millones de barriles por día (bpd) de petróleo, su nivel más alto desde febrero de 2019.

Por su parte, Rubio describió el acuerdo como “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”. Según estima el secretario de Estado estadounidense, el acuerdo atraerá cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada, “respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela”. “Demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump impulsa logros bajo el principio de ”Estados Unidos primero“: asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio, así como reducir los precios de la gasolina en el país”, dijo.

Desde el secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, la relación entre Venezuela y Estados Unidos pasó de la confrontación a un progresivo acercamiento con el levantamiento de sanciones y una creciente normalización.

¿Qué se sabe del acuerdo?

Aunque aún faltan muchos detalles del trato, Delcy Rodríguez ha precisado que supondrá el desarrollo de 17 campos estratégicos en el país con las mayores reservas de crudo probadas del mundo y una inversión de más de US$100.000 millones. El millonario acuerdo anunciado, tras meses de negociaciones, en torno a un sector estratégico clave, cimenta la relación entre las dos Administraciones sobre la que Trump ha declarado en varias ocasiones que Estados Unidos “está a cargo” de Venezuela.

Empresas estadounidenses explotarán la mayor parte de unas reservas con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, lo que, según Trump, supondrá duplicar con creces las reservas probadas petroleras de Estados Unidos que contaba con 46.400 millones de barriles de crudo y condensado al cierre de 2023, según la Administración de Información Energética (EIA).

Venezuela, cuya industria petrolera representa el corazón de su economía, cuenta con reservas de 303.806 millones de barriles, según el Ministerio de Hidrocarburos. Por tanto, el volumen acordado entre ambos países, de unos 65.000 millones de barriles, representa más del 21 % del total de reservas del país suramericano.

Según Rodríguez, las operaciones aportarán más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado, mientras que Trump destacó que el acuerdo no tendrá coste para el contribuyente estadounidense y reducirá los precios de la gasolina en medio de un aumento por la guerra de Irán.

Según medios estadounidenses, Chevron, que opera en Venezuela, sería una de las petroleras implicadas en el acuerdo.

Flexibilización de sanciones

Trump valoró desde el principio a Rodríguez como una interlocutora fiable. Pronto flexibilizó las sanciones impuestas a Venezuela mediante excepciones aunque mantuvo la base sobre el Gobierno y la petrolera estatal PDVSA.

A finales de enero, autorizó a “entidades estadounidenses establecidas” a comprar, levantar, exportar, transportar, almacenar y vender con condiciones crudo o productos venezolanos; en marzo habilitó ciertas transacciones con PDVSA y este 27 de agosto actualizó la autorización de operaciones de petróleo y gas para seis compañías: BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell, y sus subsidiarias.

Reformas oportunas en Venezuela

La Venezuela de Rodríguez cedió el control estatal sobre la actividad petrolera para abrir las puertas al capital privado y extranjero al reformar de manera sustancial la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una medida que analistas interpretan como el desmantelamiento del legado del fallecido presidente Hugo Chávez.

Esa reforma, que se aprobó el mismo enero en que fue detenido Nicolás Maduro, ha permitido la llegada de nuevo capital: según Rodríguez, se ha suscrito medio centenar de acuerdos para nuevas inversiones en “más de 76 áreas productivas de hidrocarburos”.

Rodríguez también anunció que su país está produciendo hoy 1,23 millones de bpd, su nivel más alto desde febrero de 2019. En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, se produjeron 3,1 millones de barriles por día (bpd) de crudo.

Yacimientos de crudo pesado

La Faja Petrolífera del Orinoco, una zona que abarca más de 55.000 kilómetros cuadrados y está ubicada al sur de los estados de Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro (este), contiene el 87 % de las reservas venezolanas, lo que la convierte en “la mayor reserva de crudo en el mundo”, con capacidad para satisfacer la demanda energética global durante tres siglos, según Pdvsa. Esta zona fue descubierta en 1936 y nacionalizada en 2007 por el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez (1999-2013).

Sin embargo, los yacimientos petroleros venezolanos son difíciles de explotar al tratarse de principalmente de crudo pesado, que requiere de procesos complejos para extraerse y refinarse, especialmente con una infraestructura en mal estado. El mismo Trump, en su anuncio, advirtió que el suministro de petróleo venezolano ayudará a Estados Unidos “a largo plazo”.

Con información de EFE

Han pasado seis semanas desde que el doble terremoto de 7.2 y 7.5 grados de magnitud devastara Venezuela el 24 de junio. La última cifra oficial presentada el 3 de agosto por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indica que han muerto 6125 personas, mientras que la cifra oficial de desaparecidos ofrecida por el gobernador de La Guaira –la zona más afectada por el doble sismo– José Alejandro Terán, habla de unas 1400 personas.

En medio del dolor y la destrucción y mientras los sobrevivientes siguen buscando a sus familiares enterrados bajo los escombros de las casas y los edificios colapsados, empiezan a surgir nuevas preguntas sobre los daños a largo plazo que podría dejar esta tragedia. El gobierno venezolano indica que al menos 190 edificios quedaron completamente destruidos. Además, 6433 viviendas fueron clasificadas como de alto riesgo y otras 9866 están bajo la categoría de uso restringido.

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La mayor devastación ocurrió en La Guaira, una ciudad costera ubicada a 30 minutos de Caracas. Aunque en la capital venezolana también colapsaron casas y edificios, los derrumbes en La Guaira destruyeron gran parte de la ciudad. Según un reporte elaborado por las Naciones Unidas a pocos días de ocurridos los sismos, los daños físicos directos en edificaciones e infraestructura alcanzaban aproximadamente 37 000 millones de dólares.

“Se vieron como nubes inmensas de polvo y, en el caso de La Guaira, mucho mayores porque la cantidad de edificaciones que colapsaron fueron muchas más”, dice Alejandro Álvarez, coordinador general de Clima21. “Esa cantidad de polvo puede producir daños a la salud humana y ambiental. No tenemos conocimiento ni referencia de que se esté haciendo alguna evaluación sobre esos daños para que se puedan hacer advertencias a la comunidad, sobre todo a las personas más vulnerables”, agrega Álvarez.

Tras el terremoto, las imágenes de La Guaira mostraban toneladas de cemento, fierros y otros materiales de construcción de los edificios caídos por toda la ciudad. Las fotografías y videos que han circulado tras los terremotos dejan ver una gran destrucción en la ciudad.

El gobierno de Delcy Rodríguez también ha informado que alrededor de 24 000 personas damnificadas permanecen en refugios temporales en Caracas y La Guaira, mientras continúan los trabajos de remoción de escombros y la búsqueda de desaparecidos.

El destino de los escombros

Las primeras semanas de julio empezaron a circular en redes sociales mensajes sobre el destino de la gran cantidad de escombros que había dejado la destrucción de la ciudad. “Desde el principio se vio que había camiones que estaban extrayendo el material de las grandes montañas de escombros y echándose directamente al mar”, comenta Álvarez sobre lo que se denunciaba en ese momento.

“Todos estos escombros que van saliendo, se van depositando en diferentes lugares, afectan la flora y la fauna de los ecosistemas en general. El daño mayor puede ocurrir si son echados al mar. Las grandes cantidades de sedimentos pueden destruir zonas donde hay especies que son importantes en la cadena alimenticia, en los sedimentos, pueden afectar zonas importantes de pesquerías”, comenta Álvarez y agrega que estos desechos pueden contener productos con algún tipo de elemento tóxico.

A la bióloga Mariana Hernández, investigadora doctoral en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, le preocupa el destino de los desechos en La Guaira, sobre todo, si estos se depositan en la zona costera, debido a que “la energía de olas puede hacer que los escombros se rompan, se fragmenten y se descompongan rapidísimo”.

Para Hernández, el caso del plástico es grave por la problemática de los microplásticos. “Mientras más oleaje lo golpee, más rápido se va a ir descomponiendo en fragmentos pequeñitos, estamos hablando de mesoplásticos y microplásticos desde 5 milímetros hasta menos de un milímetro que ni siquiera podemos ver, pero que tienen impactos gravísimos”, comenta la experta sobre cómo los escombros que puedan llegar al mar terminan transformándose.

A la bióloga no solo le preocupan los microplásticos, sino también el resto de componentes de los escombros que ha dejado el derrumbe de decenas de casas y edificios. “Tenemos concreto, arena, ladrillos, materiales de construcción muy diversos. Metales; asbesto, que es muy preocupante; tuberías de PVC; pinturas con elementos pesados y, bueno, toda esta mezcla hace que el impacto ambiental sea muy fuerte, justamente porque se colocan en una zona donde las olas hacen que se rompa rápidamente”.

Hernández explica que cuando se arrojan escombros sobre un suelo marino se genera una especie de turbidez y oscuridad. “Cuando está muy turbio, se bloquea la luz y afecta a las especies que tienen branquias y que son filtradoras. Pero además tenemos la contaminación química y, como decía, los metales pesados de las pinturas y el asbesto me preocupa muchísimo”.

Otra preocupación son las pequeñas áreas de arrecifes de coral que hay en la zona de La Guaira, comenta Hernández, con especies de macroalgas, porque ninguna de estas especies “va a poder escapar del enterramiento y de la turbidez”. Los escombros que llegan al mar también afectarán erizos, caracoles, mejillones, bivalvos y todas las especies que forman parte de este ecosistema. “Es gravísimo porque va afectar los huevos y las larvas de los peces en una zona pesquera donde habitan especies de importancia para los pescadores para el país”.

“No es un impacto de hoy, sino es un impacto también para mañana, no es un ecosistema que se va a haber afectado a corto, sino más a largo plazo”, agrega Hernández.

Desde que se informó que los restos de los edificio se estaban depositando en la costa de La Guaira e incluso, arrojándose al mar, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que “bajo ningún concepto, ni a nosotros ni a los expertos internacionales que convocamos, se nos va a ocurrir lanzar los escombros de las edificaciones colapsadas al mar” y aseguró que las autoridades estudian mecanismos para clasificar y reutilizar más de un millón de toneladas de residuos.

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo de Venezuela también se pronunció ante las denuncias y a mediados de julio emitió un comunicado en el advirtió que tendrá “tolerancia cero” ante los vertidos ilícitos de escombros al mar. “Verter desechos sólidos, líquidos o cualquier sustancia contaminante en el mar o en espacios naturales es una actividad ilícita que conlleva sanciones que van desde multas hasta procesos penales, así como la obligación de restaurar los espacios afectados”, indicó en el comunicado.

En una reunión del ministro para el Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y del Equipo de Evaluación de Desastres y Coordinación de las Naciones Unidas (UNDAC) se definieron protocolos para la gestión técnica y segura de los escombros, especialmente en Caracas y La Guaira.

“La movilidad de escombro tiene que hacerse con mucho cuidado”, dice Gustavo Carrasquel, Director General de Azul Ambientalistas, una organización dedicada a la conservación de los océanos. “Se deben clasificar por tipo de material para posteriormente triturarlo, molerlo o transformarlo en otro tipo de materia prima que pueda servir nuevamente para la construcción, para algún tipo de infraestructura”.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat), los escombros de los terremotos no se deben depositar en zonas de áreas naturales protegidas, barrancas, marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos ni arqueológicas, y tampoco sobre cavernas, fracturas o fallas geológicas.

Semarnat también sugiere que estos desechos se deben ubicar a una distancia mínima de 500 metros de ríos, arroyos, lagos y lagunas. Además, se deben reciclar y, de ser posible, reutilizar los materiales en otras obras de infraestructura urbana, vial e hidráulica, así como en rellenos sanitarios y en la misma reconstrucción de las zonas de desastre.

Mariana Hernández menciona que si bien el gobierno venezolano ha asegurado que existe tecnología para reutilizar estos escombros, no confía en que esto se concrete. “No hay detalles sobre eso. Sabemos que para cosas mínimas como separación y reciclaje de residuos del día a día no existen los espacios por parte del gobierno, entonces es difícil imaginar que tenemos la tecnología y las condiciones para una emergencia y una situación de esta magnitud”.

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Los efectos del polvo

Una de las preocupaciones sobre los escombros del terremoto es sobre los efectos que pueda tener el polvo en la salud humana. “Estamos viendo familiares que están yendo a colaborar en la zonas de derrumbes con las labores de desescombrar y el polvo y todo lo que se levanta al quitar los escombros afecta, por ejemplo, a los asmáticos y estamos viendo reagudizaciones de asma y personas con problemas de bronco espasmo porque han aspirado el contenido del polvo”, señala Carmen Limiñana, médico de emergencias del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana, quien viajó a La Guaira dos semanas después de los sismos.

Limiñana también señala que se están presentando “patologías crónicas reagudizadas” porque las personas que han perdido su hogar y sus pertenencias y que padecían alguna enfermedad crónica se quedaron sin tratamientos, sin el control de los sistemas sanitarios que también resultaron deteriorados. “Eso es lo que corresponde a estas etapas [de la emergencia]”, comenta.

A la bióloga Mariana Hernández le preocupa que las sustancias como el asbesto que se pueda encontrar como parte de los materiales de construcción también puedan significar un riesgo para la salud de quienes están en contacto con los escombros.

Sobre este tema, Damián Soriano García, ingeniero de edificación oficial del Servicio contra Incendios del Ayuntamiento de Albacete, en España, y Responsable de la Sección de Intervención en Catástrofes de Bomberos Sin Fronteras España, explica que el asbesto normalmente va asociado a elementos de hormigón que forman parte de productos prefabricados. Elementos usados para proteger las estructuras del fuego también pueden contener amianto o asbesto. “Antiguamente se aplicaba amianto a elementos de impermeabilización de cubiertas, placa de fibrocemento, incluso a tuberías”, explica el experto.

“Durante los trabajos de remoción de los restos de colapso o incluso de en fase de rescate de cuerpos, es necesario llevar un traje encapsulado, es decir, una protección exterior, un traje que podamos tirar y gestionar adecuadamente como residuo. También es importante la protección de manos, de cara, ojos y una máscara facial para no respirar las fibras” respirables de asbesto, aconseja Soriano.

El asbesto es un grupo de minerales en forma de fibras diminutas resistentes al calor y a muchas sustancias químicas. La exposición prolongada a estas fibras puede ocasionar problemas serios en los pulmones y causar cáncer, según la Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades de Estados Unidos. Actualmente está prohibido en Venezuela pero sigue formando parte de las construcciones antiguas, como las que colapsaron con el terremoto.

“Para que haya asbestosis tiene que darse una exposición prolongada como ha ocurrido con la gente que trabaja en fábricas durante muchos años. En este caso, que es una exposición aguda, por tanto, una patología muy grave del asbesto no se va a producir”, asegura la médico Limiñana.

No obstante, el ingeniero y bombero Soriano advierte que es muy importante que las personas que estén en contacto con la gestión de los escombros de los edificios derrumbados “cuenten con equipo de protección individual para evitar la inhalación de esas fibras”. Sugiere también que el tratamiento de estos residuos se realice en una zona de acopio determinada con una gestión adecuada.

“La manipulación es peligrosa cuando se rompe una placa de fibrocemento con amianto o asbesto, por tanto, todos los equipos de protección personal que hayan estado en contacto con ese tipo de material tienen que ser también gestionados como residuos”, aclara Soriano.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Venezuela abrirá el 1 de agosto un nuevo proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición, el octavo desde que el chavismo llegó al poder hace 27 años. Esta vez no hay facilitador —en el anterior, previo a las cuestionadas presidenciales de 2024, medió Noruega— y es Estados Unidos quien fija los negociadores, la agenda y los plazos.

La mesa llega en el peor momento y por decisión ajena. El 3 de enero, un bombardeo estadounidense dejó más de 100 muertos y terminó con el secuestro de Nicolás Maduro. Desde entonces, Washington controla los resortes del Gobierno y, sobre todo, la producción petrolera. El 24 de junio, un doble terremoto añadió más de 5.500 muertos y casi 18.000 personas sin hogar. Fue Estados Unidos, y no ningún actor venezolano, quien propuso volver a la mesa mientras las cuadrillas aún buscaban supervivientes entre los escombros.

La delegación opositora la preside Dinorah Figuera, una médica cirujana del partido opositor Primero Justicia, exiliada en Madrid. Dirige desde enero de 2023 la Asamblea Nacional de 2015, el Parlamento que la oposición ganó con holgura aquel año y que el chavismo fue vaciando de poderes. Esa asamblea sostuvo en 2019 el “gobierno interino” de Juan Guaidó, reconocido en su día por medio centenar de países, España incluida; cuando la propia oposición liquidó aquel experimento, Figuera lo relevó. Hoy dirige un cuerpo sin territorio ni poder real dentro de Venezuela, pero que Occidente aún reconoce como el último Parlamento legítimamente electo. Ese reconocimiento es su única baza: le da la representación legal de los activos venezolanos en el exterior —la petrolera Citgo, el oro depositado en el Banco de Inglaterra—, un patrimonio congelado por los litigios que la Asamblea custodia, pero que no puede gastar a su antojo.

Que Washington la escogiera sorprendió, porque Figuera no representa a la mayoría opositora. En Venezuela hay al menos tres oposiciones: la más votada, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática en torno a María Corina Machado —que ganó las primarias de 2023, fue inhabilitada y llevó al diplomático Edmundo González como candidato en 2024, y que el año pasado recibió el premio Nobel de la Paz—; la institucional de la Asamblea de 2015; y la de los moderados que han negociado con el chavismo o concurrido a las urnas, como Un Nuevo Tiempo o Avanzada Progresista. Estados Unidos eligió la segunda y apartó a las otras dos.

El secretario de Estado, Marco Rubio —a quien el New York Times ha llamado el “virrey” de facto del país latinoamericano—, justifica la elección de la contraparte opositora: las autoridades de 2015, argumenta, llegaron al poder tras “la última elección democrática del país”. Pero el mandato de este cuerpo caducó en 2021. Ante el malestar de los excluidos, Figuera aseguró en X que se convocaría a todos y que Machado tendrá un papel importante. El propio Rubio, preguntado por un periodista, admitió que la premio Nobel podría sentarse a la mesa, aunque lo dejó en condicional: “Podría”. Un miembro de la delegación del chavismo también asegura: “Vamos a hablar con toda la oposición, no solo con la AN-2015”, y niega que haya imposición en la agenda por parte de Estados Unidos.

El politólogo Ángel Álvarez lo describe sin rodeos: el proceso no está propiciado, sino “impuesto por Estados Unidos”, que “decide cuándo, dónde, quiénes y sobre qué”. Lo compara con Vietnam del Sur durante la guerra, cuando “eran los militares y los políticos estadounidenses quienes decidían lo que aquel terrible y corrupto gobierno hacía en su territorio”. Lo permite la debilidad opositora, “que facilita que se impongan decisiones sin prácticamente ninguna resistencia”, y también la del Gobierno, “bajo la espada de Damocles”: desde el 3 de enero, dice, quedó claro que Washington “está dispuesto a usar la violencia extrema para castigar a quienes no le obedezcan”.

La elección de la Asamblea de 2015 tampoco es casual. El respaldo de Machado “es muy alto en las encuestas”, pero “no tiene un arnés jurídico”, porque nació de unas primarias sin valor legal; la Asamblea, en cambio, “tiene ese barniz de legalidad”. Washington escoge así “a alguien que puedas controlar más directamente”, pero con “una credibilidad mínima a nivel internacional”.

Una mesa demasiado “estrecha”

¿Para qué quiere Estados Unidos este diálogo? Álvarez lo atribuye a los inversores. Washington busca “un cierto nivel mínimo de apertura política para dar la impresión de que se avanza” hacia la liberalización, y lo que de verdad interesa a quien quiere invertir es “un orden jurídico que proteja sus inversiones”. De ahí que los magistrados del Tribunal Supremo encabecen la agenda, por delante del salario o la reconstrucción: “Si el Supremo tiene varios sectores políticos representados, es más fácil para un actor externo y poderoso incidir en sus decisiones”. El desenlace que anticipa es cosmético: un “refrescamiento de cara”, algunos magistrados “aparentemente más neutrales” y quizá un Consejo Nacional Electoral algo más plural, pero con el oficialismo aún al mando.

El calendario refuerza esa cautela. El politólogo cree que a Estados Unidos “no le conviene un cambio abrupto de gobierno, mucho menos antes de 2028”, así que el proceso “se puede prolongar”: el Gobierno de Rodríguez “puede aguantar perfectamente dos años”, y la cita electoral podría estirarse hasta 2030, cuando tocaría constitucionalmente la celebración de las presidenciales.

Los actores que quedan fuera insisten en que la mesa se amplíe. El diputado Ángel Medina, de Unión y Cambio, dice que mantiene conversaciones “con la Plataforma Unitaria y con otros actores políticos, como Enrique Márquez o Alberto Galíndez”. Todos, reconoce, están “esperando a ver hacia dónde va esto”, pero fuera de la negociación formal. Márquez, exrector del Consejo Nacional Electoral y candidato presidencial en 2024, salió de la cárcel en enero tras meses como preso político y fue invitado de honor de Trump en su discurso del Estado de la Unión. Pero ni siquiera eso le dio un sitio en la mesa. Galíndez es el único gobernador opositor del país, en el estado de Cojedes.

¿Dónde está el dinero de la facturación petrolera venezolana? Ese dinero no es de Trump. Es de la república, del pueblo de Venezuela

Luis Augusto Romero — Miembro del partido opositor Avanzada Progresista

Lo que reclaman es una agenda menos estrecha. Medina advierte de que el salario, la inflación, el dinero para la reconstrucción y los servicios públicos no están en la mesa, y que “la agenda legislativa que se aprobó en enero se quedó corta” tras el terremoto y “tiene que transformarse de raíz”. Desde Avanzada Progresista, Luis Augusto Romero suma la libertad de los presos políticos y la suerte de los damnificados “que padecen en los campamentos temporales sin soluciones dignas”, y recuerda que la mejora económica prometida tras el 3 de enero “simplemente no ocurrió”.

Romero apunta al fondo del asunto: “¿Dónde está el dinero de la facturación petrolera venezolana?”. Según cifras de economistas, dice, Washington no transfiere la totalidad de esos ingresos. “Ese dinero no es de Trump. Es de la república, del pueblo de Venezuela”. Mientras Figuera y Rodríguez discuten magistrados, Estados Unidos administra los recursos que pagarían la reconstrucción.

El diálogo que arranca el 1 de agosto es, en el fondo, el que le sirve a Washington: una apertura institucional acotada que tranquilice a los inversores sin ceder poder. Y para quien lo imaginaba como antesala de unas elecciones, Trump ya avisó: Venezuela “no está preparada para una elección”.

La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela ascendió a 5.069, tras sumarse 139 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también detalló que la cantidad de heridos se mantiene en 16.740.

Las personas sin vivienda se mantienen en 17.907, indica el balance oficial. Las autoridades, de acuerdo al reporte de Rodríguez, atendieron a 128.324 familias afectadas por los terremotos, mientras que 21.235 personas están en 107 campamentos transitorios.

Las autoridades creen que el número de personas sin hogar aumentará a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron pero que sufrieron daños, por lo que estiman inicialmente en 25.000 las viviendas que se necesitarán. El Parlamento aprobó el martes un proyecto de reforma de ley para acelerar la construcción de viviendas.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, explicó que esta modificación de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria -que deberá pasar por un segundo debate para su aprobación final- busca garantizar mejores condiciones con seguridad jurídica y capacidad de financiamiento para que el sector privado inicie un “proceso agresivo” de construcción de viviendas.

Acceso a recursos “propios” del FMI

Venezuela accedió a 346 millones de dólares de “sus propios recursos” del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el proceso de recuperación y reconstrucción, según informó la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La mandataria explicó que los fondos permitirán “apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos” y agradeció a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, por “su respaldo y compromiso”.

La jefa de Estado informó el 8 de julio de una llamada con Georgieva para la liberación de “recursos bloqueados de Venezuela” en el FMI y exigió el cese de las sanciones contra Venezuela y del bloqueo de los recursos que, dijo, su país necesita para el proceso de reconstrucción.

Desde abril, cuando el país caribeño y el FMI retomaron las relaciones -que estaban suspendidas desde 2019-, los contactos entre el organismo y el Gobierno interino fueron regulares, para permitir que en el futuro el país pueda volver a acceder a instrumentos financieros del FMI.

Rodríguez también anunció recientemente el envío de una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro venezolano “retenido” en el Banco de Inglaterra.

Con información de la agencia EFE

El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Jorge Rodríguez, informó que la cifra de venezolanos fallecidos a causa de los terremotos del pasado 24 de junio se elevó este sábado a 4.333 personas.

Rodríguez detalló además que 16.740 personas resultaron heridas, 6.462 fueron rescatadas, mientras que se instalaron 94 campamentos transitorios que albergan a más de 18.000 afectados.

El también presidente del Estado Mayor para la Creación de los Campamentos Transitorios indicó que los sismos causaron “afectación” en 856 edificios, de los cuales 190 colapsaron.

En tanto, la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que el suministro eléctrico en el estado La Guaira ha sido restablecido en un 96 por ciento, en medio de los avances en la recuperación de servicios básicos tras los sismos del pasado 24 de junio.

Durante un recorrido por zonas afectadas, la mandataria señaló que 21 subestaciones eléctricas fueron completamente rehabilitadas, y en materia de agua potable, indicó que la recuperación alcanza al 84 por ciento, mientras que en sectores con infraestructura colapsada el suministro se mantiene mediante camiones cisterna para garantizar el acceso de la población.

Las autoridades también reportaron avances en el restablecimiento de las telecomunicaciones, tras las afectaciones registradas en la empresa telefónica estatal Cantv.

Rodríguez señaló que, de forma paralela, continúan las operaciones de remoción de escombros en áreas afectadas, mientras, en paralelo, ha iniciado la fase de reparación de viviendas e infraestructuras.

Naciones Unidas colabora con Venezuela para estabilizar servicios tras sismos

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno venezolano colaboran en un plan conjunto que busca estabilizar los servicios públicos en La Guaira, la región centro-norte de Venezuela que resultó más afectada por los sismos del 24 de junio.

De acuerdo con el reporte de la Agencia Venezolana de Noticias, representantes del PNUD se reunieron en La Guaira para coordinar acciones con el titular del Ministerio de Obras Públicas de Venezuela, Juan Ramírez Luces.

El representante de la delegación del PNUD, Luis Francisco Thais, se refirió en su intervención al trabajo conjunto para la pronta recuperación frente a las secuelas de los dos terremotos que asolaron la zona.

“Venimos ya varios días trabajando entre los equipos, entendiendo bien todas las herramientas e instrumentos que tienen los distintos ministerios, de cara a poder acelerar la recuperación digna, segura e inclusiva”, dijo Thais.

Arriba buque de transporte anfibio de Estados Unidos para reforzar las operaciones de ayuda humanitaria

El USS San Antonio (LPD-17), buque de transporte anfibio de la Marina de Estados Unidos, llegó el jueves al puerto de La Guaira para reforzar las operaciones de ayuda humanitaria.

Según el Comando Sur (SOUTHCOM), las fuerzas estadounidenses desplegadas en el puerto operan un nodo de comunicaciones y distribución para hacer llegar asistencia de emergencia a las zonas más golpeadas por los sismos.

El USS San Antonio es el segundo buque anfibio en arribar a La Guaira. Previamente, el USS Fort Lauderdale (LPD-28) había llegado al puerto y funcionaba como centro logístico para almacenar y distribuir alimentos, agua y medicamentos.

En total, la operación moviliza a más de 4.500 efectivos, incluyendo unos 2.200 infantes de marina de la 22ª Unidad Expedicionaria. Seis aviones C-17 Globemaster transportaron previamente una Compañía de Logística de Combate con equipos pesados y capacidades de purificación de agua desde Carolina del Norte.

Con información de Agencia NA

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela asciende ya a 3.342 víctimas fatales, mientras que la de heridos se elevó a 16.740, según informó este domingo el Gobierno de ese país a través de un parte oficial.

El balance también indica que 6.462 personas han sido rescatadas, 86.794 familias han recibido atención y 17.345 personas permanecen sin vivienda, mientras que destaca que permanecen habilitados 79 campamentos transitorios.

El reporte oficial, reproducido por diversos diarios en Caracas, agrega que 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron.

Asimismo, precisa que en las labores de respuesta participan 4.088 rescatistas internacionales, 29.567 efectivos desplegados y 27.482 voluntarios, y que desde los sismos se han registrado 995 réplicas.

También informa sobre la distribución de 9.585 toneladas de alimentos, 669.008 litros de agua y la atención de 23.820 pacientes.

En el balance anterior, divulgado ayer, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, reportó 2.954 fallecidos y 16.592 heridos.

En esa oportunidad, indicó que 6.462 personas habían sido rescatadas, 16.309 habían perdido sus viviendas y se habían habilitado 80 campamentos transitorios.

También señaló Rodríguez que participaban 3.281 rescatistas internacionales y 26.984 voluntarios, y que se habían contabilizado 942 réplicas.

Previamente, el 3 de julio, el Ministerio para la Comunicación e Información informó que la cifra de fallecidos había ascendido a 2.645, mientras que la de heridos aumentó a 12.666.

Ese reporte también señalaba que 86.117 familias habían recibido atención, 15.050 personas permanecían sin vivienda, 885 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 colapsaron, y que se contabilizaban 890 réplicas.

Las autoridades han actualizado de forma progresiva las cifras desde los terremotos del 24 de junio.

Es evidente que Donald Trump prefiere a Delcy Rodríguez al frente de Venezuela que a María Corina Machado. Pero, según está publicando la prensa estadounidense, la Administración Trump tampoco quiere que la líder opositora aproveche los efectos de los terremotos, que ya suman 2.300 personas fallecidas, para regresar a su país.

Según publicó este jueves The Wall Street Journal, el plan de la líder de la oposición de regresar a su país tras los devastadores terremotos se vino abajo en pleno vuelo después de que EE.UU. le retirara el apoyo para viajar. De acuerdo con el periódico, un jet privado despegó de Virginia el viernes de la semana pasada para llevarla a la isla caribeña de Curazao, desde donde Machado tenía previsto iniciar un viaje de regreso a su país del que huyó en diciembre.

Pero, aproximadamente una hora después del despegue, el responsable de operaciones de la empresa que había fletado el avión ordenó a los pilotos que dieran la vuelta con el Hawker 800 sobre Carolina del Norte y regresaran a la zona de Washington, según WSJ.

Se habían aprobado los planes de vuelo y los derechos de aterrizaje, así como el permiso para que Machado, cuyo pasaporte había caducado, aterrizara en Curazao, según el medio, que cuenta que, pensando que se trataba de un error, Machado envió un mensaje de texto a un alto funcionario del Departamento de Estado.

El cambio de rumbo se produjo después de que las autoridades estadounidenses llegaran a la conclusión de que Machado planeaba regresar a Venezuela en barco desde Curazao, volviendo sobre la ruta que utilizó para huir de su país el 9 de diciembre con el fin de recibir su Premio Nobel de la Paz en Noruega. Los mismos contratistas privados que la habían sacado del país en aquella ocasión ya se encontraban apostados en la isla.

Las autoridades neerlandesas, que se encargan de los asuntos exteriores de Curazao, creyeron que EE.UU. respaldaba su viaje, pero retiraron el permiso para que el avión aterrizara después de que Washington dejara claro que no lo apoyaba.

La insistencia de Machado en regresar ahora puso en alerta a la Casa Blanca, que argumenta que su llegada podría desencadenar una crisis política, informa WSJ.

Tras ese fiasco, Machado volvió a intentarlo el domingo, esta vez a través de Panamá. Pero Copa Airlines se negó a transportarla a Venezuela cuando intentó embarcar, cuenta WSJ, alegando el temor a que las autoridades venezolanas tomaran represalias contra una de las pocas aerolíneas comerciales que aún vuelan al país.

Desde la ciudad de Panamá, Machado afirmó en un video publicado el lunes en las redes sociales que la catástrofe del terremoto hacía “imposible posponer” su regreso. Y culpó al Gobierno venezolano de bloquearla y de amenazar a quienes la ayudaban, sin mencionar a EE.UU.

Según publicó Axios, la Administración Trump criticó el “grotesco oportunismo político” de Machado tras los terremotos en Venezuela. Según el medio, los repetidos intentos de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado de regresar a su país tras los devastadores terremotos de la semana pasada indignaron a altos funcionarios de la Administración Trump.

“Quiere una sesión fotográfica en la que se la vea repartiendo nuestra ayuda”, señaló una fuente de la Administración a Axios: “Se trata de sus propios intereses”.

Machado, que lleva tiempo viviendo en EE.UU. con un pasaporte venezolano caducado, presionó al secretario de Estado, Marco Rubio, al subsecretario de Estado, Chris Landau, a congresistas republicanos de Miami y a funcionarios de la Casa Blanca para que la ayuden a regresar a Venezuela.

“Marco [Rubio] está al límite de su paciencia”, afirma una fuente a Axios: “Tiene que ser paciente y no lo va a ser, y eso lo está volviendo loco. Se teme que haya miles más de fallecidos. Decenas de miles viven en carpas sin ningún lugar adonde ir. Y mientras nosotros nos centramos en ayudar a responder a esta calamidad, ella está convirtiendo todo esto en un asunto personal. Simplemente, no es el momento ni el lugar para que Machado utilice esto como herramienta política”.

En la misma línea, un artículo del New York Times señalaba que la Casa Blanca tachaba de “maniobra política” el intento de Machado de regresar a una Venezuela devastada por el terremoto, desviando la atención de los esfuerzos de recuperación.

Según el NYT, la Administración Trump rechazó repetidamente sus peticiones y le comunicó a la líder de la oposición que se convirtió en una distracción, lo que transformó meses de tensiones latentes en una ruptura abierta con la política más popular de Venezuela, según siete personas familiarizadas con las conversaciones.

El diario explica que ahora queda por ver si Machado está en condiciones de reparar su relación con la Administración Trump. Ni siquiera el gesto sin precedentes de Machado de regalarle a Trump su medalla del Nobel, a pesar de la oposición del comité del premio, fue suficiente para ganarse su apoyo.

Delcy Rodríguez completó seis meses al frente del Gobierno interino bajo una “situación excepcional” fuera de los procedimientos constitucionales formales, pero avalada por el Tribunal Supremo de Justicia. El balance revela una gestión fragmentada entre promesas económicas y debilidad estructural. Ahora, los terremotos interrumpieron cualquier ilusión de transición, según algunos expertos.

Para Ricardo Sucre, politólogo venezolano, la gestión de Rodríguez tiene tres fases claramente diferenciadas. Los primeros tres meses, de enero a marzo, funcionaron como un período de “ajuste y construcción de estrategia”. Durante esta etapa, Rodríguez definió dos grandes ejes que simulaban un alejamiento del modelo chavista: una apertura económica al capital extranjero, particularmente estadounidense, y una narrativa de reconciliación que reconocía públicamente “las heridas infligidas por décadas de conflicto político”. El anuncio de dos fondos —social e infraestructura— quedó en suspenso y los resultados visibles de este periodo fueron limitados. La distribución de 300 millones de dólares a través de la plataforma Patria (programa social) funcionó como gesto de voluntad redistributiva, pero insuficiente para alterar percepciones sobre su capacidad operativa real.

Lo que Sucre detectó entonces fue la grieta estructural que definiría los seis meses: “Una visión ideológica que no priorizaba capacidad institucional, sino narrativa”. Las instituciones heredadas del chavismo permanecían intactas en su centralización “represiva”, sus mecanismos de control y su “desprecio” por procedimientos democráticos, dice. Solo cambiaban los discursos. A partir de abril, sin embargo, Rodríguez aceleró las señales de liberalización económica: licencias energéticas concedidas, anuncios de regreso de aerolíneas internacionales —American Airlines, United, Qatar Airways— y apertura del sector petrolero a inversionistas privados. El país comenzaba a “activarse” en los términos permitidos por el modelo estadounidense: energía y movilidad. La narrativa internacional mejoraba ligeramente. La Administración Trump respaldaba la alianza con más énfasis.

Rodríguez no gobierna Venezuela, sino que administra un territorio bajo tutela estadounidense

Ricardo Sucre — Politólogo

Pero los indicadores estructurales contradicen el optimismo discursivo. “Los uniformes desgastados de bomberos y rescatistas y la ausencia de tecnología punta, entre otros, revelaban un Estado cuya concepción de la gestión pública permanece limitada por una visión ideológica que no prioriza capacidad institucional, sino narrativa”, sostiene Sucre. Los servicios públicos centralizados siguen colapsados. La represión informativa continúa. Los periodistas son criminalizados bajo denuncias de “espionaje” o “sedición”. El aparato “represivo”, lejos de desmontarse, se reorganiza, sostiene el politólogo.

Operación María Corina Machado

Tras los devastadores terremotos, Rodríguez se enfrentó a su verdadera prueba: demostrar capacidad operativa. Sucre cree que la respuesta fue lenta, tardía, insuficiente en recursos: “Familias excavaban con las manos mientras equipos de rescate internacionales llegaban días después. El Gobierno no pudo responder porque estructuralmente no tiene la capacidad: centralización de servicios de emergencia que antes funcionaban descentralizados, decisiones políticas que priorizaron control sobre eficiencia, una élite gobernante que legó instituciones débiles”.

Lo más revelador fue lo que el desastre expuso de la estructura de poder. El intento de regreso de la opositora María Corina Machado revela lo que Sucre califica como “las verdaderas limitaciones de Rodríguez como gobernante”. Su incapacidad para permitir el ingreso de la opositora expuso que su autoridad es meramente administrativa, subordinada a decisiones tomadas en Washington, que obstaculizó el regreso de Machado.

“Rodríguez no gobierna Venezuela, sino que administra un territorio bajo tutela estadounidense”, concluye el analista. Sus decisiones políticas fundamentales requieren aval externo. Su narrativa de reconciliación se desmorona ante la realidad de que está gobernando desde la debilidad, incapaz de ejercer soberanía sobre asuntos tan elementales como permitir el regreso de una ciudadana a su propio país.

En opinión del experto, tras los terremotos, las elecciones están más lejos que antes. La reunión entre Machado y la oposición mayoritaria en Panamá, de donde salió una hoja de ruta, murió ante el intento forzado de la premio Nobel de la Paz de regresar al país para crear un crisis política en medio de la tragedia. Sucre denuncia que Corina Machado y su grupo iban a “montar un show” en La Guaira, epicentro de la devastación. Altos cargos del Gobierno de Trump calificaron el intento de Corina Machado de “oportunismo político grotesco”. “Quiere una foto distribuyendo nuestra ayuda”, denunciaba una de estas fuentes citadas por el medio Axios.

El Gobierno de Rodríguez también fue muy criticado por algunos sectores por su gestión del desastre. En un video que circuló en redes se puede ver a Diosdado Cabello conversando con un rescatista estadounidense. “Hay alguien justo allá que estamos intentando ayudar. ¿No quieres que ayudemos a esa persona?”, le dice este último, mientras Cabello parece pedir despejar el camino. Por otro lado, Topos Chile, un grupo no gubernamental, denunció que soldados venezolanos interrumpieron constantemente su labor bajo sospecha de “espionaje yanqui”. Otros grupos internacionales de rescate informaron de dificultades para entrar en el país y alguno señaló que no pudo hacerlo.

La cara de la represión

Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano y miembro de la Plataforma Democrática que apoya a Machado, dice en declaraciones a elDiario.es que cree que la oposición se mantendrá unida y que continuará apoyando el plan de tres fases del secretario de Estado de Estados Unidos: “estabilización, recuperación y transición”. Sin embargo, Trump afirmó desde el primer minuto que la apertura democrática del país no está entre sus prioridades.

La opositora denuncia la existencia de 500 presos políticos pese a la liberación de 800 y de la “falta de separación de poderes”. “El poder Ejecutivo y Legislativo está en manos del ‘Rodrigato’ [el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, es presidente de la Asamblea]”, dice Solórzano, que también sostiene que la permanencia de Cabello invalida toda narrativa de ruptura. “No podemos olvidar cómo desde el Mazo Dando, Cabello, de quien dependen los cuerpos represivos del Estado, amenazó a políticos, periodistas y activistas. Tiene a un ministro del Interior que en ese programa decía a quién se iba a encarcelar. El ministro de Interior amenaza desde un canal estatal”.

Carlos Correa, defensor de derechos humanos y la libertad de expresión, identifica lo que él considera el obstáculo más corrosivo para la legitimidad de Rodríguez: la persistencia de “represión” informativa bajo discurso de “apertura democrática”. Aunque hubo mejoras relativas —reducción en detenciones de periodistas, menor cierre de emisoras—, indica que el “ecosistema mediático venezolano permanece deprimido y debilitado”. Durante el terremoto, la desinformación fue absoluta. El secuestro de Maduro se conoció por comunicados extranjeros, no por transparencia estatal. “La persistencia de lógicas represivas hacia la prensa mina cualquier narrativa de 'apertura' que Rodríguez intente construir”, señala Correa.

La fractura de la comunicación es irreparable porque es estructural. Mientras el Gobierno “afirma gobernar con transparencia y reconciliación”, simultáneamente “mantiene portales informativos bloqueados, criminaliza a periodistas en zonas de desastre y controla la información de Estado con lógica partidaria”. Correa es categórico: “Sin construcción de 'ciudadanía civil' mediante información transparente, sin comunicación de servicio público que sustituya la comunicación de chuchería, la legitimidad seguirá siendo frágil”. La consecuencia de esta estrategia contradictoria es previsible: “Cualquier gestión exitosa permanecerá invisible, amplificada solo por medios oficialistas, lo que refuerza la percepción internacional de autoritarismo que contradice su posicionamiento político”.

El consenso entre Sucre, Correa y Solórzano revela una verdad incómoda para Rodríguez: es imposible proyectar un gobierno transicional cuando se perpetúan simultáneamente las estructuras anteriores. La apertura económica y las promesas de reconciliación coexisten con la “represión” y la permanencia de figuras como Cabello. El pragmatismo económico se contradice con la incapacidad operativa ante desastres humanitarios. Washington la respalda públicamente, pero ese apoyo expone su falta de soberanía. Los elogios de diplomáticos estadounidenses sobre su “transparencia y preocupación por la gente” generan desconfianza.

Un superviviente de los terremotos en Venezuela fue rescatado en la mañana de este jueves, tras ocho días bajo los escombros de un edificio en el estado de La Guaira (norte del país, aledaño a Caracas) y una operación de salvamento de casi 72 horas.

Hernán Gil había quedado atrapado en la garita de vigilancia del edificio ubicado en la localidad de Catia La Mar donde trabajaba, después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

Las labores de salvamento comenzaron formalmente a las 10:00 hora local (14:00 GMT) del lunes y, desde entonces, el grupo de unos 100 rescatistas, entre ellos chilenos, estadounidenses, portugueses, costarricenses y salvadoreños, estuvo en constante comunicación con él, hidratándolo y pasándole medicación.

El primer contacto con Gil por parte de equipos de salvamento se produjo el pasado domingo y, desde entonces, se había mantenido el contacto con él.

El vigilante se encontraba en “un paso subterráneo en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima”, según dijo a EFE un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica, involucrada también en el rescate, quien señaló que se había replanteado la estrategia y que se estaba “buscando un nuevo acceso”.

Según voluntarios de la Cruz Roja venezolana, Gil pudo preservar su vida gracias a la garita, que fue su escudo de protección.

Su esposa, Gusbimar González, estuvo frente al edificio desplomado desde el pasado jueves, un día después de los terremotos.

Tras los terremotos de la semana pasada, a Venezuela llegaron entre 2.500 y 3.000 rescatistas extranjeros, según datos de la ONU, que coordina su actividad sobre el terreno.

En su último balance, el Ejecutivo venezolano indicó que unas 6.461 personas fueron rescatadas y al menos 2.295 murieron, mientras que 11.267 resultaron heridas.

EFE

“No quiero terminar los años que me quedan en un refugio” se lamenta Emilia Rada, una mujer de 73 años que se aloja en un polideportivo de La Guaira, donde viven centenares de personas una semana después del doble terremoto de Venezuela que destrozó o dañó gravemente sus viviendas sin saber cuándo podrán volver o si serán realojados.

Emilia pasa las horas sentada en una litera del refugio que han instalado varias agencias de la ONU en el Polideportivo José María Vargas, en plena zona cero de la devastación de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles.

“El piso de arriba cayó dentro de mi apartamento. Gracias a Dios que yo no estaba en ese momento. Pero cuando llegué no pude hacer nada, no pude sacar nada, ni la documentación”, explicó a EFE.

La mujer, que hasta el sábado dormía en el suelo de una plaza de Tanaguarena, relató que salió de allí “aterrorizada porque los olores a muerto eran demasiado fuertes”.

“No voy a salir de aquí ni hoy ni mañana”, se lamentó y dijo que se está planteando ir a vivir al extranjero con algún familiar porque “no quiero terminar los años que me quedan en un refugio”.

El Gobierno de Venezuela cifró en las últimas horas en 12.841 las personas que perdieron su vivienda y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió hace dos días que antes de que finalice el año habrán nuevas viviendas para aquellos que hayan perdido sus hogares.

Por su parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) cifró en cerca de 16.000 las personas que debieron buscar un lugar alternativo para vivir, y este martes dijo que no todas lo consiguieron y deben permanecer en las calles.

Las autoridades venezolanas pidieron a las personas afectadas inscribirse en un sistema online del Gobierno llamado Patria, por el que se entregan ayudas sociales, para resolver “rápidamente” el tema de “habitabilidad” y llevarlos a “hoteles de la ciudad capital para que tengan un sitio donde pernoctar”.

La incertidumbre reina entre las personas afectadas. Charles Cordero, de 39 años, explicó desde un refugio con una pierna escayolada y una venda en el abdomen por impacto del temblor, que su casa presenta daños, en principio superficiales y que desconoce cuándo va a poder volver.

“No sabemos si vamos a poder regresar allá. Tenemos que esperar, no tenemos información precisa de que van a hacer con nosotros”, comentó.

No muy lejos de allí, en la urbanización Playa del Mar, la zona más afectada del municipio de Catia La Mar, José hace guardia delante de su edificio semi derrumbado sentado en una silla.

“Estoy aquí para que no se lleven nada. Hay mucho vandalismo sin conciencia”, explica este hombre de unos 60 años que se lamenta por haber perdido “treinta años” de su vida con el terremoto.

“Todavía no sabemos si podremos volver. Ya han hecho una evaluación pero quizá tienen que hacer una más después de las fuertes replicas”, dijo apesadumbrado.

En su último balance, El Ejecutivo indicó que unas 6.461 personas fueron rescatadas y al menos 2.295 murieron, mientras que 11.267 resultaron heridas.

EFE

Venezuela oficializó este miércoles un duelo nacional de una semana, tras los sismos del pasado 24 de junio, que provocaron hasta el momento unas 2.300 muertes, y mantienen desaparecidas a unas 40 mil personas.

Al respecto, las autoridades de ese país señalaron que el objetivo es “proteger” a las familias que sobrevivieron al terremoto, así como a las personas que se encuentran en campamentos transitorios, por la destrucción de sus viviendas.

“En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete días a partir de las 6 p.m. de hoy”, consignó la presidenta Delcy Rodríguez en su cuenta de X.

“En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos”, agregó.

A una semana de los sismos, se advirtió de la posible aparición de enfermedades, por el “colapso” del sistema sanitario, en razón de la cantidad enorme de heridos.

Por otra parte, se perdían las esperanzas de encontrar personas con vida debajo de los escombros, ante el correr de los días sin poder remover cimientos derrumbados.

Las últimas cifras indican que fallecieron 2.295 personas, 11.267 resultaron heridas, y hubo 12.841 damnificados, en tanto que 6.461 fueron rescatadas, informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.

Además, 26.403 personas recibieron atención médica, psicológica o de vivienda, a lo que se suman 81.589 familias atendidas, mientras que casi 9 millones de alimentos fueron distribuidos y se entregaron 27.714 bolsas de comida.

CC con información de agencia NA

Los intentos de rescatar a personas con vida tras el doble terremoto que dejó cicatrices en Caracas y devastó el estado La Guaira, en la costa de Venezuela, continuaron este martes, seis días después de la tragedia que causó al menos 1.943 muertos, principalmente por el colapso de numerosos edificios.

Pero, entre los equipos, las esperanzas de encontrar más supervivientes bajo los escombros comienzan a desvanecerse. Los rescatistas de Ecuador y Estados Unidos suspendieron sus operaciones a primera hora del martes en Macuto, en La Guaira, tras más de 40 horas de trabajo al dejar de recibir respuesta de una madre y sus tres hijos atrapados bajo un edificio de nueve plantas, según informa Reuters. Este miércoles, el equipo neerlandés de búsqueda anunció que da por concluida su misiónal reducirse las posibilidades de encontrar a personas con vida.

Mientras siguen los trabajos a contrarreloj y circulan vídeos de rescates “milagrosos”, como el de un niño de tres años tras seis días atrapado entre los escombros, los venezolanos que vivieron el temblor tratan de recomponerse de una experiencia común para muchos: la vulnerabilidad ante un desastre que escapa al control.

Claudia Nazoa se encontraba en su apartamento de Caracas cuando comenzó el seísmo. La cineasta lo describe como “infernal”: el rugido, la destrucción de una vida material acumulada durante años. Su prioridad fue salvar lo que importaba. Evacuó entre escombros e inundaciones, se fue a casa de una amiga con incertidumbre sobre su futuro. Félix Ruz vivió el terremoto con su familia. Las salidas quedaron bloqueadas. Este transportista en Caraballeda durmió en el coche, afrontó restricciones y careció de servicios básicos. Pero también presenció actos de solidaridad.

Un rugido

Claudia Nazoa es sobrina de uno de los poetas más famosos de Venezuela: Aníbal Nazoa. Dacha, como la llama todo el mundo, vive en el barrio de San Bernardino, otra de las zonas castigadas en Caracas junto con Altamira. Sobrevivió al terremoto del miércoles en el piso ocho de su edificio junto a una amiga. Aunque fue rescatista y vivió el terremoto de Caracas de 1967 cuando era adolescente, asegura que no es comparable en absoluto. “Esto fue infernal”, dice.

Estaban degustando vinos que Dacha había traído de Madrid cuando sonó una alarma antisísmica a las 18:00 horas. “Mi amiga me dice: 'Está temblando'. Empezó a moverse el suelo de una manera terrible”, relata. El apartamento se movía como “una coctelera” mientras ambas se aferraban a las vigas de su piso. “Sentimos cómo el mundo se caía alrededor. Era un ruido, un rugido como una fiera enorme”, cuenta a elDiario.es.

Vi cómo se caía mi vida alrededor de mí, cómo se destrozaban los recuerdos de toda una vida de viajes

Claudia Nazoa

Su piso estaba lleno de antigüedades, colecciones de frascos de farmacia antiguos, cuadros y objetos de arte que se destruyeron. “Yo vi cómo se caía mi vida alrededor de mí, cómo se destrozaban los recuerdos de toda una vida de viajes”, dice. Sin embargo, su prioridad era distinta: “Lo único que me importaba era mis gatas. Lo único que me importaba en ese momento era que mis animales estuvieran vivos”.

El apartamento se inundó cuando se reventaron las cañerías del piso de arriba. “Salimos corriendo por las escaleras oscuras, bañadas de agua como si nos hubiéramos tirado a la piscina”. En la calle escucharon gritos de vecinos atrapados y ambas lograron ayudarlos a salir.

Los bomberos evacuaron preventivamente el edificio. Dacha permanece refugiada en casa de una amiga sin saber si su piso será habitable. Cuando pudo, regresó a por sus gatas. “Caminé sobre por lo menos 30 centímetros de vidrios rotos, de recuerdos rotos, de vida rota”.

“Caminaba e iba dándole gracias al universo, gracias a Dios, porque estoy viva y mi familia está viva y está entera. Estamos en un shock colectivo”, asegura. Denuncia, además, que funcionarios públicos cobran entre 1.000 y 2.000 dólares a familiares en la morgue para devolverle los cadáveres y que en ningún momento nadie se ha acercado a su edificio a hacer una inspección para saber si es habitable o no.

Ayuda incondicional

Félix Ruz vivía en una casa de tres pisos en Caraballeda, La Guaira —epicentro de la devastación—, y él alquilaba un piso en la plata baja. Cuando pasaron los terremotos, decidió salir de allí con su familia inmediatamente. Mientras bajaba por Caraballeda, vio los edificios caídos y las grietas que se abrieron en las calles. Su vivienda no colapsó, pero se quedó sin agua, sin luz y no tenía comida. “Realmente la experiencia fue complicada, muy duro porque no podíamos salir”, dice al elDiario.es.

El desalojo fue complejo. El puente del río San Julián que atraviesa Caraballeda quedó fracturado, igual que las estructuras de Los Corales y Caraballeda. La salida de la zona se hizo difícil.

Los rescatistas que llegaron unas horas después pedían silencio para trabajar. Ruz se desplazaba con sus niños, de 12 y 4 años, y su esposa. Durmió en el coche durante las primeras noches a la intemperie. Observó que los efectivos policiales restringían el paso a La Guaira a quienes no tenían salvoconducto. “Es un momento crítico, todos estamos angustiados, la gente no sabe qué hacer”, dice.

Las primeras noches las pasó en el kilómetro cero en un puesto de la Guardia Nacional, que está en la autopista que conecta a Caracas con La Guaira, donde recibió atención. La Guardia Nacional apoyó el proceso y le dieron colchones y comida.

En búsqueda de ayuda, se fue a Caracas a echar gasolina y luego a Fuerte Tiuna, el complejo militar más importante del país. Allí le dijeron que podía encontrar abrigo en El Parque del Este. Ruz, que es gandolero y transportista, advierte de que hay personas que se escudan en donaciones para entrar a saquear casas y edificios y recomienda que se dejen en centros de acopio para evitar que se dispersen.

El hombre permanece incomunicado. No hay agua potable. Su casa está alquilada, pero las réplicas sísmicas lo mantienen en vilo. “La Guaira está contaminada”, dice. En su experiencia en el refugio, ha recibido ayuda de todo tipo, hay comida y agua de sobra. La solidaridad ha sido total. Mientras la tragedia pasa, Ruz y su familia están seguros.

 El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este martes que asciende a 1.943 el número de muertos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, mientras que la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de edificios derrumbados ingresó en su fase crítica.

Los sismos dejaron 10.571 heridos, a la vez que 15.866 personas permanecen damnificadas y otras 22.619 reciben atención en centros de salud, señala el reporte oficial.

Rodríguez detalló que los equipos de emergencia lograron rescatar a 6.461 personas. Precisó que entre 13.400 y 13.500 personas consiguieron evacuar la zona del desastre por sus propios medios o con ayuda de sus familiares durante las primeras horas de la crisis.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que un contingente de más de 3.300 rescatistas procedentes de 27 países -coordinados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- ya opera en las áreas críticas para reforzar las tareas de excavación y auxilio.

En tanto, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela señala que un total de 40.738 siguen sin contacto, mientras que 15.742 ya fueron localizadas sobre un total de 81.323 reportadas como buscadas.

Sobre el mismo tema, la ONG Comité Internacional de Rescate (IRC) estimó que “casi 50.000 personas” continúan desaparecidas en La Guaira y Caracas bajo los escombros de estructuradas colapsadas. Además, dijo que sus equipos en el terreno y los de aliados han podido constatar la falta de necesidades básicas para los sobrevivientes, como agua potable.

“La respuesta no está a la altura de la magnitud de las necesidades humanitarias. Los servicios médicos de los centros de salud y las unidades móviles están desbordados, los refugios están a plena capacidad y los servicios de agua y electricidad siguen interrumpidos en todas las zonas afectadas”, indicó el IRC en el comunicado.

“Los rescates que quedan son muy difíciles”: los desafíos de las brigadas en La Guaira a medida que se agota el tiempo

“Nos quedan los rescates más difíciles y más riesgosos”, reconoció desde La Guaira Exequiel Gallardo, miembro del Grupo USAR de Bomberos de Chile, reportó la cadena estadounidense CNN.

El reloj avanza y cada hora cuenta para los posibles sobrevivientes que siguen bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela, mientras los miles de brigadistas internacionales que llegaron al país enfrentan un escenario que crece en complejidad.

“Estamos llegando a una etapa en donde los rescates que quedan son los rescates imposibles, muy difíciles. Después del día 5, en el mundo ya estos rescates se conocen como rescates milagrosos. Porque no es normal o es muy poco frecuente que gente sobreviva tantos días. La lucha no de esas personas no es solo contra el reloj, sino también contra la deshidratación”, detalló.

Después de sacar a las víctimas que estaban en zonas más accesibles, restan los que pueden estar atrapados bajo varios pisos de escombros.

Sismos generaron 1,2 millones de toneladas de escombros en el estado La Guaira

Según una evaluación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los terremotos del 24 de junio en Venezuela generaron aproximadamente 1,2 millones de toneladas de escombros en las zonas más afectadas del estado costero de La Guaira.

Para determinar ese volumen, el organismo empleó RAPIDA, una herramienta de evaluación de pronta respuesta que procesa datos de forma automatizada, informó el diario El Nacional.

Del total estimado, cerca de 915.000 toneladas corresponden específicamente a restos de edificios dañados o colapsados por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio.

En forma complementaria, aproximadamente 332.000 toneladas provienen de la destrucción de artículos domésticos, mobiliario urbano y pertenencias personales.

Delcy Rodríguez promete nuevas viviendas antes de fin de año para quienes hayan perdido su hogar

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió que antes de que finalice el año habrá nuevas viviendas para quienes hayan perdido sus hogares por los terremotos del 24 de junio y dejó al momento un saldo de 1.719 fallecidos y más de 5.000 heridos.

“El Ministerio de Vivienda y Hábitat está elaborando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible; hay miles de soluciones antes de que finalice el año”, señaló Rodríguez en la instalación del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios y la Planificación de Construcción de Viviendas transmitido por el canal estatal VTV.

La mandataria dijo que también están en reuniones con expertos y organismos internacionales que están brindando opciones de soluciones habitacionales inmediatas, reportó la cadena CNN.

Además, dijo que en este momento están desplegados ingenieros y arquitectos en los estados La Guaira, Miranda y Caracas para inspeccionar la habitabilidad de viviendas que fueron afectadas por los terremotos.

Cruz Roja Venezolana proyecta atender a 300 mil afectados por los terremotos en un lapso de 2 años

La Cruz Roja Venezolana ejecutará un plan de atención integral estimado para asistir a más de 300 mil personas durante los próximos 24 meses, tras el doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio.

Así lo informó Luis Farías, presidente de la institución quien detalló el alcance de los programas de contingencia y el impacto humano de la tragedia.

“Cada historia es un mundo, hay personas que han perdido no nada más todo lo material sino que posiblemente son ellos los únicos de sus familias que quedan vivos”, manifestó Farías al describir las devastadoras consecuencias emocionales y materiales que dejaron los movimientos telúricos en la población, reportó el diario El Universal.

Con información de NA.

Los cadáveres llegan en motos, en la parte de atrás de los coches o en la caja de las camionetas. Las víctimas de una catástrofe natural que golpeó hasta lo más profundo a un país ya de por sí frágil. “Ayer, toda la calle estaba abarrotada de gente que llegaba con familiares fallecidos”, dice la estudiante de psicología Camila Rodríguez, que está dando apoyo emocional a las familias afectadas en la morgue Bello Monte, en Caracas.

Al menos 1.719 personas perdieron la vida por los dos terremotos que sacudieron de manera consecutiva la costa caribeña de Venezuela el miércoles pasado, derribando cientos de edificios y dejando a decenas de miles de personas desaparecidas. Muchas de esas víctimas mortales terminaron en Bello Monte, así como los familiares que acuden allí con la esperanza de identificar a sus seres queridos.

Marjorie Cedeño es una de las personas que esperan fuera del edificio de color amarillo pastel. Perdió a su madre, a su padre y a su hermano en el peor terremoto sufrido por Venezuela en los últimos 125 años. Los tres murieron atrapados bajo los escombros cuando su edificio de cuatro plantas, Residencias Obelisco, se derrumbó en Los Palos Grandes, un barrio acomodado a los pies del Cerro El Ávila. A las 21.00 horas del viernes, Marjorie solo había logrado identificar a su hermano, José Ruiz, de 44 años, gracias a una foto que le mostró la policía forense. Bajo los escombros siguen sepultados su padre, Jacinto Ruiz, de 74, y su madre, Zoila Cedeño, de 72, que trabajaba como conserje del edificio.

“Cuando empezó el terremoto, mi hermano acababa de entrar en el edificio”, dice Marjorie. “Creemos que su instinto fue entrar para rescatar a mis padres, que seguían allí; mi hermano venía de la playa con un amigo, que también falleció”. Según ella, otras 25 personas quedaron atrapadas entre las ruinas del edificio.

“Es horrible lo que hay ahí dentro”, dice, refiriéndose a la morgue. “No te puedes imaginar lo desbordada que está. Es algo que no le desearías a nadie, una tragedia inimaginable”.

Belkis Cedeño (sin parentesco con Marjorie) acudió a las abarrotadas instalaciones en busca de su cuñada, María Elena Moreno, de 56 años, residente en La Guaira, la región costera más afectada por los terremotos. “Su edificio ha quedado destruido por completo; un edificio de diez plantas reducido a solo la planta baja; consiguieron sacarla a primera hora de esta mañana; estaba sola porque su hijo se había ido al supermercado con la novia”, dice. A Belkis le dijeron que María Elena había sido rescatada con vida sobre las 2.00 de la madrugada del jueves. Pero una falsa alerta de tsunami difundida por redes sociales desató el pánico y la dejaron desamparada en la calle. “Cuando por fin la trasladaron al hospital, ya había fallecido”, indica.

Doy gracias a Dios porque los venezolanos tienen un corazón tan grande... La gente ha sido extraordinaria

Marjorie Cedeño

Según Edgar Hernández, expresidente de la Asociación Nacional de Funerarias de Venezuela, las funerarias de todo el país donaron más de 200 ataúdes, además de bolsas para cadáveres y otros suministros, y están apoyando a las encargadas de responder a la catástrofe. “Muchas personas han recuperado cadáveres y los han transportado en sus vehículos particulares hasta Bello Monte porque está menos saturado y porque es más fácil acceder a él que a la morgue de La Guaira, completamente colapsada por la presión de la emergencia”.

“Hay muchísima gente buena ayudando”

“Hoy hemos conseguido 33 personas con vida y quería agradecerles”, dijo el sábado por televisión la líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a un grupo de rescatistas extranjeros, en un intento de consolar a los ciudadanos conmocionados. “Cada vida salvada da esperanza a Venezuela”, tuiteó Rodríguez después, cuando anunció que en la localidad de Caraballeda, en la devastada costa norte, habían encontrado a un niño de 11 años con vida.

El Ministerio de Comunicaciones trató de proyectar una imagen de unidad y diligencia ante la tragedia, publicando en las redes sociales los videos de los equipos de rescate del gobierno con mazos y camillas, sacando de entre los escombros a supervivientes cubiertos de polvo. Pero la indignación crece en las calles por lo que muchos perciben como una respuesta lenta de un gobierno poco preparado para una crisis de esta magnitud, y por la sensación extendida de haber sido abandonados a su suerte en las horas posteriores al desastre. Rodríguez fue increpada durante una visita a una zona muy afectada de la capital. “¡El Gobierno no está haciendo nada por la gente!”, le gritaron.

Fuera de la morgue, el trabajo incansable de voluntarios que ofrecen agua, café y apoyo psicológico contrasta con una reacción oficial letárgica que, según los expertos, se explica por la enorme magnitud del desastre y por los años transcurridos sin invertir lo suficiente en servicios de emergencia.

Por toda la traumatizada ciudad se pueden ver escenas similares, mientras se reparten carpas, colchones y comida a cientos de familias que, temerosas de volver a casa, duermen a la intemperie. Muchas de ellas, con niños pequeños a su cargo. Si una cosa no falta en Caracas es la comida que traen los voluntarios.

“Doy gracias a Dios porque los venezolanos tienen un corazón tan grande... La gente ha sido extraordinaria”, dice Marjorie mientras espera noticias de sus padres. “Puede que no haya respuesta por parte del Gobierno, pero hay muchísima gente buena ayudando”.

Traducción de Francisco de Zárate.

Los terremotos que el miércoles pasado asolaron el norte de Venezuela dejaron tras de sí un paisaje de destrucción inmobiliaria que recuerda al de una guerra moderna. Los edificios se vinieron abajo en cuestión de minutos con muchos de sus habitantes aún en el interior, lo que causó una mortandad acusada cuyo balance aún no es definitivo. Hasta el lunes la cifra oficial de fallecidos era de 1.719, pero es muy posible que vaya aumentando a medida que avance el desescombro.

Mientras tanto, las imágenes del satélite Sentinel-1, perteneciente al programa Copernicus de la Agenda Espacial Europea, permiten a los expertos elaborar un cálculo provisional de la afectación a las viviendas en las zonas afectadas. Según el análisis elaborado por Corey Scher, de la Universidad Municipal de Nueva York, y Jamon Van Den Hoek, de la Universidad del estado de Oregón, el número de edificaciones dañadas o derruidas es de 58.870. Aproximadamente la mitad están en La Guaira, con diferencia el área más afectada.

El primer mapa permite acercar la imagen hasta 30 metros sobre la superficie. Por colores, del amarillo más claro al rojo encarnado, se señala la posibilidad de un daño grave. Las vetas de color rojo son numerosas en toda la franja norte del país, pero en La Guaira forma una mancha casi uniforme; la destrucción es generalizada.

Los autores explican que el umbral de daños se calibró con el mapa sísmico ShakeMap del Servicio Geológico de EE.UU. para que la tasa de falsas alarmas no superase el 1% en zonas en las que se registraron temblores leves, donde se calcula que hubo poco o ningún daño estructural. Las detecciones de daños se concentran donde el temblor fue más intenso (la costa central y el corredor urbano de Caracas), lo que coincide con el patrón de intensidad del terremoto. En el mapa anterior, el radio de las circunferencias en las zonas afectadas es mayor en función del número de edificios destruidos.

Las localidades del estado de La Guaira son las más afectadas, según el cálculo provisional. 29.610 de las 58.870 construcciones que se vinieron abajo lo hicieron aquí. Le sigue a considerable distancia el distrito capital, que incluye a Caracas, con 8.041. Un ejemplo visual preciso se puede apreciar en las dos imágenes que solapas dos instantáneas de antes y después del suceso en la zona de Playa Grande y en un barrio de viviendas de La Guaira.

Barrio en Playa Grande, La Guaira

Zona residencial destruida tras el terremoto de Venezuela del 24 de junio de 2026

Antes

Después

Fuente: Vantor MediaValet ©

Barrio en La Guaira

Complejo residencial destruido tras el terremoto de Venezuela del 24 de junio de 2026

Antes

Después

Fuente: Vantor MediaValet ©

Por localidades, la parroquia más afectada es la costera Catia la Mar, en La Guaira, con 7.432, siempre según el mismo análisis preliminar. Como se puede apreciar en la tabla de abajo, la primera ciudad de otro estado con gran afectación es Sucre, en el distrito capital, con 3.439 edificios dañados o destruidos.

Los autores insisten en la prudencia en el cálculo. Advierten de que los datos que incluye no se validaron en el campo ni se compararon con anotaciones visuales de daños, por lo que deben interpretarse como un indicador, no como un censo verificado edificio por edificio. Los investigadores aplicaron previamente la misma metodología para mapear la destrucción en guerras modernas, como el genocidio en Gaza.

Un sismo de magnitud 4,6 sacudió este lunes una zona en el norte de Venezuela, la misma devastada por el doble terremoto del pasado miércoles que ya causó al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El temblor, que obligó a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas, tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro está localizado a 27 kilómetros al norte de la localidad de Caraballeda en La Guaira, una de las ciudad con mayor afectación por los dos terremotos del 24 de junio.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) dijo que la magnitud fue de 4,2.

El quinto día después del doble terremoto que sacudió una región en el norte del país petrolero, un nuevo movimiento sobresaltó a la población, que ha venido reportando en las últimas horas más de 400 réplicas por las que se mantienen en vigor medidas de prevención, como el no uso de ascensores o el corte del servicio de gas natural en algunas zonas, en particular Caracas, la capital del país.

Este domingo, la búsqueda de supervivientes avanzaba, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió mantener esas labores y anunció planes para atender a las personas que perdieron sus viviendas por los numerosos derrumbes.

Los trabajos de rescatistas nacionales y extranjeros continuaron, principalmente, entre las ruinas de edificaciones del estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), la zona cero de la devastación por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y donde están instalados centros logísticos de los equipos internacionales.

Gobiernos de otros países actualizaron el domingo las cifras de sus connacionales fallecidos, entre ellos 17 españoles, 7 portugueses y 46 lusodescendientes, de los cuales ocho eran menores, así como tres chilenos.

Entre los desaparecidos, se cuentan 150 españoles y 83 portugueses y lusodescendientes.Las autoridades venezolanas informaron de al menos 3.150 personas heridas, una cifra menor a la de 3.238 anunciada el sábado, sobre lo que no hubo explicaciones, y de 12.721 familias damnificadas.

Además, Caracas aseguró que 33 personas han sido rescatadas con vida, sin precisar desde cuándo.

EFE