El gasoducto que será inaugurado esta tarde en la pampa bonaerense con la supuesta presencia de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, obra clave para la economía que viene, invita a constatar el papel cumplido en la materia por Juntos por el Cambio, la coalición señalada como la más firme candidata a ganar las inminentes elecciones presidenciales.

Decisiones y políticas implementadas durante un mandato tan reciente como el de Mauricio Macri habilitan un ejercicio básico para bajar el ruido en la campaña y detectar la presencia de espejitos de colores que trae consigo la promesa de un “país normal”, leit motiv de la derecha recargada.

Una primera respuesta está dada por la estadística oficial sobre construcción de gasoductos desde 1993, primer año tras la privatización del sistema de gas orquestada por Carlos Menem. El punto de partida fueron 10.766 kilómetros (kms) de gasoductos concedidos a privados, que comprendían cerca de 85% de la red existente. La fuente es el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

1993-1999 (Menem): sumó 1.326 kms.

2000-2001 (Fernando de la Rúa): 736 kms.

2002 (Eduardo Duhalde): 43 kms.

2003-2007 (Néstor Kirchner): 951 kms.

2008-2015 (Cristina Fernández de Kirchner, dos mandatos): 2.167 kms.

2016-2019 (Mauricio Macri): 48 kms.

2020-2023 (Alberto Fernández): 682 kms.

La foto merece prevenciones sobre cuántos de esos kilómetros estuvieron bien planificados, amén de los agujeros negros que supusieron tanto el proceso privatizador de Menem como el intervencionista de los Kirchner. Como sea, la contundencia de los números es explícita.

La privatización de 1992 disparó un modelo de tarifas y precios dolarizados para productores (quienes extraen el gas del subsuelo), transportadores y distribuidores domiciliarios e industriales, que se tradujo en una expansión sensible de la red en el segundo mandato de Menem y el bienio de De la Rúa. Con los Kirchner, comenzó un período de tarifas pesificadas y retrasadas, subsidios, fideicomisos e intervención estatal, sin romper el esquema de concesión. De hecho, los operadores de las dos redes troncales de gasoductos siguen siendo los mismos que ganaron la concesión en la década de 1990, Transportadora de Gas del Sur (hoy controlada por Pampa Energía-Mindlin) y Transportadora de Gas del Norte (en manos de Tecpetrol-Rocca y CGC-Eurnekián).

De Perón a Macri

La ola privatizadora marcó el fin de un modelo de país. El impulso decisivo al uso residencial del gas había sido dado por Juan Domingo Perón entre 1947 y 1949, cuando el Estado construyó el ducto desde Comodoro Rivadavia hasta el Gran Buenos Aires, 1605 kilómetros, entonces uno de los más largos del mundo, según registros de la Secretaría de Energía.

Contrastada con los números, aquella imagen de Macri en la campaña electoral de 2019 golpeando el pavimento y arengando “no se inunda más” demuestra que es más barato pagarle a un asesor de marketing y asociarse a Clarín que invertir en obra pública

Las décadas siguientes avanzaron en el mismo sentido y convirtieron a Argentina en uno de los países con mayores extensión de gasoductos y proporción de su población abastecida por gas natural, muy por delante del resto de los países latinoamericanos. La última gran obra de la conducción estatal del gas correspondió al Gobierno de Raúl Alfonsín, con el ducto Neuba II, de 1.388 kms., que unió Loma La Lata, en Neuquén, con Bahía Blanca, Buenos Aires. Al momento de la privatización, el porcentaje de hogares abastecidos con gas de red era 45%, y hoy alcanza 61%.

El pobre avance de la red de gasoductos entre 2016 y 2019 tiene un correlato en toda la obra pública durante el Gobierno de Macri. Las estadísticas oficiales en cloacas, nuevas rutas y viviendas demuestran que la gestión de Cambiemos estuvo entre las menos productivas de la democracia. Contrastada con los números, aquella imagen de Macri en la campaña electoral de 2019 golpeando el pavimento y arengando “no se inunda más” sugiere que es más barato pagarle a un asesor de marketing y asociarse a Clarín para la propaganda que invertir en obra pública.

Las tibias referencias del mundo Juntos por el Cambio al gasoducto de 573 kilómetros que concentrará la atención hoy en Salliqueló indican que Macri había dejado preparado un llamado a licitación para su construcción antes de dejar el cargo, en 2019. Es cierto.

El proyecto de Cambiemos concebía que la construcción y propiedad del ducto desde Vaca Muerta corriera a cargo de privados, con amplia discrecionalidad en cuanto a la ingeniería, la operación y la fijación del precio del transporte.

El gas tendría un cliente cautivo, la empresa mayorista de electricidad de gestión estatal CAMMESA, que compra energía a los generadores privados (Pampa Energía, YPF Luz, Central Puerto, Genneia, etcétera) y la vende a los distribuidores, también privados (Edenor, Edesur, Edelap, etc.). La generación térmica, base del sistema en la Argentina, se abastece principalmente de gas para generar calor. Cualquiera puede imaginar el margen de negociación del Estado para comprar el transporte de gas a un dueño del gasoducto con potestad para fijar el precio, así como quién podría ser el propietario de la obra. ¿Eventualmente el mismo que produce gas en Vaca Muerta, construye caños de acero, los instala y transporta el combustible?  

El legado de Aranguren

Un capítulo asociado al gasoducto fue la performance de la producción de gas forjada por el modelo de Juan José Aranguren, el primer ministro de Energía de Macri. Cambiemos se encontró en 2015 con la maraña de subsidios, turbiedad y precios distorsionados que signó al área de Energía durante el Gobierno de Cristina. También, con la decisión estratégica de haber estatizado el 51% de YPF y expulsado a la aspiradora de dólares y dilapidadora de reservas Repsol. Con el impulso de YPF asociada a Chevrón, Vaca Muerta había demostrado la viabilidad del negocio y la productividad de sus reservas de petróleo, aunque el gas presentaba un panorama más complejo y retrasado.

Cambiemos se encontró en 2015 con la maraña de subsidios, corrupción y precios distorsionados diagramados por el Gobierno de Cristina. También, con la decisión estratégica de haber estatizado el 51% de YPF y expulsado a la aspiradora de dólares Repsol

Aranguren implementó en 2017 la memorable Resolución 46 para el desarrollo del shale gas en Vaca Muerta. El Estado garantizaría un piso mínimo de US$ 7,50 por millón de BTU —valor muy alto— para los nuevos proyectos de gas no convencional.

Techint presentó su emprendimiento Fortín de Piedra para adherirse al subsidio y realizó una inversión de US$ 1.700 millones entre 2018 y 2019, probablemente la mayor en manos privadas durante el mandato de Macri. Ese yacimiento resultó ser hiperproductivo, pero puso en una encerrona al Estado, llamativamente no prevista por funcionarios con tanta experiencia en el mundo de los negocios.

Ocurrió que la recesión disparada cuando el proyecto de Techint cobraba vuelo (2018, colapso del endeudamiento de Macri) hizo que la demanda de gas bajara, por lo cual, el combustible por el que la empresa de Rocca obtenía un oneroso pago en dólares del Estado dejó de ser demandado. La contracara fue que los otros productores de gas, con YPF a la cabeza, recibieran sólo marginalmente el subsidio de la resolución diseñada por Aranguren, por lo que vendían su producción a precio de mercado. Es decir, lo que Techint recibía US$ 7,50, sus competidores lo vendían a US$ 2 o menos. En consecuencia, la firma de Rocca producía todo lo que podía en Fortín de Piedra, porque el Estado estaba obligado a pagar, mientras el resto, firmas nacionales y extranjeras, cerraba sus yacimientos. Según quien arriesgue una explicación, no está claro si YPF se privó de presentar un proyecto similar al de la empresa de Rocca porque no tenía caja para encarar la inversión inicial o por la confusión de intereses públicos y privados que reinó durante el Gobierno de Cambiemos.

Aranguren y su sucesor, Javier Iguacel, no previeron incluir en la Resolución 46 una cláusula de que el Estado subsidiaría la producción sólo si era necesaria y encontraba comprador. Cuando Gustavo Lopetegui, último secretario de Energía de Macri, intentó enmendar la situación, Tecpetrol inició una demanda y pidió que citaran a Iguacel y Aranguren como testigos a su favor. El juicio por un monto estimado en US$ 642 millones sigue su marcha.

Hasta 2021, Techint había recibido más de US$ 1.200 millones en concepto de subsidios por la Resolución 46, es decir, dos tercios de su inversión inicial. A ello se suma el lucro que recibe la firma por la venta del gas a privados o en el marco de sucesivos planes de promoción del gas.

Cristinismos en pugna

En diciembre de 2019, Alberto Fernández se encontró con una licitación convocada para construir el gasoducto, la prueba —vía las experiencias de YPF y Tecpetrol— de que Vaca Muerta tiene reservas de gas y petróleo prácticamente infinitas y extraíbles a precios competitivos, una caída en la producción de gas a un ritmo del 12% anual —por el desquicio generado por la Resolución 46 y la recesión—, un juicio millonario al Estado, nulo acceso al mercado financiero para solventar inversiones y una pandemia.

En el loteo del Gobierno ideado por los Fernández, el manejo de los resortes de Energía quedó principalmente en manos de La Cámpora y otros cristinismos, con alguna intervención del primer ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Alberto Fernández designó secretario de Energía al ingeniero nuclear misionero Sergio Lanziani, quien llegó sin equipo, sin experiencia en hidrocarburos y sin voluntad de gestión. Hasta hoy, nadie, de ninguna de las tribus oficialistas, atina a dar un porqué de ese nombramiento que no sea la elección de un neutral con antigua militancia en la UCR para no alterar a las fuerzas en pugna.

Juan José Carbajales, hombre con experiencia en ENARSA e YPF en el último mandato de Cristina y línea con Kulfas, ocupó la subsecretaría de Hidrocarburos. Al ritmo que llevaba la caída de la producción de gas, el sistema energético argentino, altamente dependiente de ese combustible, corría riesgo de colapso. Sin jefe operativo ni coordinación posible con otras áreas de Energía, Carbajales ideó un nuevo plan de promoción del gas que bajara el precio y atara el subsidio a la demanda real, y pisó el freno en la licitación del gasoducto legada por la administración Cambiemos.

El limbo Lanziani duró apenas meses. Cuando Darío Martínez —un kirchnerista binorma de Neuquén, con dependencia política de Cristina y llegada a Alberto— fue designado secretario de Energía, en octubre de 2020, plena pandemia, terminó de definir un nuevo plan para el gas con precios fijados a la mitad de los de la resolución de Aranguren y asociados a la demanda de la mayorista de electricidad CAMMESA. Martínez anuló la licitación del gasoducto en manos privadas en diciembre de 2020, al cabo del primer año del mandato de los Fernández.  

Testigo contra sí mismo

En estos días, el cristinismo se aventuró a la versión de que el gasoducto que hoy se inaugurará formalmente no se hizo antes por las trabas impuestas por Martín Guzmán y Kulfas. Enésimo capítulo de “una política del yo”, como tituló el periodista Juan di Loreto, aunque esta vez, el grado de falsedad de la afirmación es tan palmario que despierta hilaridad hasta en fuentes afines a la vicepresidenta.

Cristina apostó tres cabezas clave en Energía durante los primeros años del Ejecutivo del Frente de Todos. Federico Bernal, primer titular de ENARGAS y hoy subsecretario de Hidrocarburos, antes cercano a Julio de Vido; Agustín Gerez, titular de la empresa estatal Energía Argentina SA (ENARSA); y Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica. Pablo González, presidente de YPF, fue un cuarto hombre, aunque externo al Ejecutivo, proveniente del kirchnerismo santacruceño puro.

Un problema adicional del manejo de la Energía fue que la línea divisoria no estuvo dada sólo por albertistas, cristinistas y binormas, sino que dentro del campo de la vicepresidenta y La Cámpora, las diferencias entre los nombres citados fueron extenuantes.

A grandes rasgos, Basualdo y Bernal encabezaron la postura de que las tarifas debían ser pesificadas y bajas, lo que conlleva subsidios infinitos que benefician a los sectores de mayores ingresos más que a nadie. Un modelo que ya estaba largamente agotado en 2015, cuando el país no cargaba sobre sus espaldas decenas de miles de millones de dólares de deuda externa contraída por Cambiemos ni había pasado una pandemia. Ese prisma ocupó sillas clave de Energía durante más de la mitad del mandato de Alberto Fernández y se cargó a varios ministros, hasta que llegó Sergio Massa y exigió, con instinto de supervivencia, asumir toda la botonera.

El caso Bernal es curioso. Como titular del regulador ENARGAS, presentó denuncias judiciales contra funcionarios de Energía de Macri por haber firmado contratos en dólares para la producción de gas, ya que, en su mirada, debían ser en pesos. Esa denuncia, que prescindía del factor clave de encontrar a alguien dispuesto a invertir dólares en los yacimientos y las infraestructuras para recibir pesos regulados por funcionarios como el propio Bernal, apuntaba a los predecesores de Cambiemos, pero también configuraba una amenaza latente para los responsables de Energía del Frente de Todos. Aunque a precios más bajos, el plan gas de 2020 también garantizaba precios en la moneda estadounidense.

Bernal pasó de ENARGAS a la subsecretaría de Hidrocarburos en agosto de 2022 y desde esa silla avala nuevas rondas del plan gas. Debajo de la línea de la secretaria massista Flavia Royón y sin presencia pública, el funcionario tiene menos campo de acción que en un ente regulador autónomo, señala una fuente del ministerio de Economía. Si Bernal mantiene sus convicciones pesificadoras, podría darse la particularidad de que algún juez lo llame para declarar contra sí mismo.

El desarrollo del plan gas implementado por Martínez, que llevó a batir récords de producción en Vaca Muerta y generó importantes ganancias a las empresas, llevó a que la capacidad de transporte desde Vaca Muerta llegara a su punto límite. Dado que la importación de gas en invierno desde Bolivia y a través de barcos con gas licuado es mucho más cara que el combustible producido en Neuquén, la necesidad de construir el gasoducto se volvió urgente.

El año 2021 transcurrió entre internas del Gobierno y del cristinismo en particular sobre quién llevaría a cabo la obra, el financiamiento, la traza y el modelo de negocios. Antes de la guerra de Ucrania, había voces que hasta sostenían que un gasoducto tan caro, de unos US$ 1.500 millones en su primer tramo, no era necesario, porque Argentina tiene un pico de consumo entre mayo y septiembre y, el resto del año, hay capacidad de transporte vacante. El razonamiento se demostró fallido. Con el diario del lunes, el consenso sobre un ahorro fiscal anual superior a US$ 3.000 millones es unánime.

En junio de 2022, Cristina tuvo la ocurrencia de que el Gobierno debía exigirle a Techint que fabricara el acero para los caños en una planta en Argentina y no en Brasil. No se volvió a mencionar el tema

El llamado a licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner tuvo lugar en febrero de 2022, en coincidencia con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para renegociar los US$ 44.500 millones entregados al Gobierno de Cambiemos en 2018. Meses después, en junio de ese año, Cristina tuvo la ocurrencia de que el Gobierno debía exigirle a Techint que fabricara el acero para los caños en una planta en Argentina y no en Brasil. Lo hizo en una clase magistral por el centésimo aniversario de YPF con el Presidente a su lado. “Te pido que uses la lapicera”.

El deseo de la vicepresidenta era materialmente imposible. No existía la capacidad instalada para el tipo de tubos necesarios ni estaba en los planes de nadie. La algarada soberanista sirvió para entretener a los suyos esa fría tarde en Tecnópolis y no se volvió a mencionar, ni entonces ni ahora, cuando se elaboran planes para los próximos gasoductos. Una respuesta desarticulada de Kulfas a algunas indirectas de Cristina lo dejó fuera del Ejecutivo.

Desde entonces, el brazo consultor de Juntos por el Cambio y el lobby empresarial disfrazado de periodismo se dedicó a pronosticar que sería imposible llevar a cabo una obra con una logística tan compleja y con tantos actores en juego dentro del plazo previsto. Son voces que circulan por el sistema mediático argentino y juegan al distraído o al francotirador según quién ocupe la Casa Rosada.

El mérito es de nadie

La situación absurda que supone un Gobierno loteado lleva a que prime la disputa sobre quién se lleva el mérito de haber construido un gasoducto clave en apenas diez meses, circunstancia que siembra curiosidad sobre cada gesto de quienes esta tarde supuestamente compartirán una foto en la pampa bonaerense. ¿Otra clase magistral? ¿Un desplante? ¿Empujones?

Una narración racional en un Ejecutivo normal permitiría evaluar que les cabe a Alberto Fernández y a Cristina la decisión estratégica de llevar a cabo el gasoducto; a Carbajales y Martínez, el haber elaborado un esquema que potenciara la producción en Vaca Muerta; a Guzmán, la administración de un presupuesto que garantizara la utilización de recursos generales del Estado para la construcción; a Máximo Kirchner, el impulso al impuesto a las grandes fortunas sancionado en diciembre de 2020 que financió buena parte de la erogación; a Agustín Gerez, titular de ENARSA, la gestión de la obra en un lapso muy exigido; y a Massa, quien llegó al Ministerio de Economía con la licitación definida y el plan de trabajo listo, el haber puesto a todas las áreas en línea hacia un mismo objetivo, sin tentarse con distraer recursos ni bloquear insumos en una época crítica, pese a que el ahorro fiscal comenzará a contar en serio a partir de 2024. Debajo de todos ellos, cientos de técnicos del Estado trabajaron en diseños, permisos y coordinación entre jurisdicciones. Ese mapa, por fuera de la galaxia exótica del Frente de Todos, se llama Gobierno.

El gasoducto Néstor Kirchner comenzará a recuperar el balance energético argentino. Se trata de un primer paso de otros que, con expectativas realistas, configuran un horizonte promisorio, aunque las acechanzas son tantas que en Argentina nunca se sabe. La experiencia indica que la falta de coordinación y la mezquindad consumen tiempo y pueden hacer desbarrancar a un Gobierno, pero también, que el país modélico que prometen los profetas de la iniciativa privada redunda, a la hora de la verdad, en negocios millonarios para viejos conocidos y un avance exiguo de 48 kilómetros de gasoductos en cuatro años. 

SL

SL/MG

La nota fue actualizada a las 10:27 del 10 de julio con la información sobre el gasoducto Neuba II.

Un consorcio integrado por el industrial Martin Rappallini y los hermanos Patricio y Alejandro O’Reilly está a punto de quedarse con Hidrocuyo, una empresa que tiene el 10% de la UTE encargada de la construcción de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa, en la provincia de Santa Cruz. Identificados con el radicalismo y con Juntos por el Cambio, Rappallini y los hermanos O’Reilly están en negociaciones más que avanzadas para comprar la compañía que tiene el 10% de una obra considerada estratégica por Cristina Fernández de Kirchner. Fuentes del mercado energético aseguran que la operación ya está hecha y fue informada hace dos semanas a Integración Energética Argentina S.A (IEASA), la ex Enarsa que desde el Estado está a cargo de la obra. De acuerdo a esa información, sus nuevos dueños ya tomaron posesión, avanzaron con las inscripciones y ordenaron el cambio de directorio. Consultado por elDiarioAR, Rappallini admitió que está en negociaciones para adquirir la firma a partir de Alberdi Energía, una de las compañías que integran el holding pero afirmó que no hay todavía “nada oficial”. Patricio O’Reilly, en cambio, prefirió refugiarse en el silencio. 

Con su ingreso en Hidrocuyo, el grupo empresario se convierte en parte de la UTE Represas Patagonia y socio del gigante chino Gezhouba, que tiene el 70% de las acciones desde 2019. El otro miembro de la unidad transitoria de empresas es Electroingeniería, la compañía de Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, que conserva todavía en su poder el 20% restante del paquete accionario. 

La construcción de las represas de Santa Cruz es el proyecto de infraestructura más grande que se lleva adelante hoy en Argentina y cuenta para el gobierno con un componente estratégico debido a la relación con China, que tiene comprometido un financiamiento de 4.100 millones de dólares. Sin embargo, lleva un largo período de concesión en el que se avanzó mucho menos de lo que se preveía. En agosto de 2013, durante un acto encabezado en Río Gallegos, la actual vicepresidenta adjudicó la obra a Gezhouba, Electroingeniería e Hidrocuyo, después de que el consorcio binacional ganara la licitación. De entrada, el inicio de la obra se demoró por dificultades para terminar de cerrar el financiamiento y con la derrota del Frente para la Victoria en 2015, quedó paralizada por completo por la gestión de Juan José Aranguren. Macri ordenó recuperar los antiguos nombres de las represas y borrar los que había puesto CFK: la represa Néstor Kirchner volvió a llamarse Cóndor Cliff y la Jorge Cepernic, La Barrancosa. Entre otras modificaciones que terminaron en nada, el ministro de Energía de Macri pretendía reducir la potencia instalada de las represas e incorporar línea de transporte en alta tensión desde Santa Cruz hasta Buenos Aires.

Sin embargo, el ingreso del grupo de empresarios radicales coincide con el nuevo envión que pretende darle el gobierno a la obra en el año electoral. Rappallini nombró a uno de sus familiares, el presidente del Grupo Alberdi, Enrique Gatti Rappallini, a cargo del proyecto. Según pudo saber elDiarioAR, Gatti Rappallini ya se reunió con las autoridades de la estatal IEASA y se apuró a tender lazos con China. Tuvo un encuentro con quien hasta hace 10 días fue titular de IEASA, Andrés Cirigliano, y tomó contacto con su flamante reemplazante, Agustín Jerez, un joven abogado nacido en Río Gallegos que ya formaba parte de la empresa.   

Rappallini es un industrial de la localidad de Maipú que se desempeña como CEO de Cerámicas Alberdi y, en los últimos años, viene ocupando lugares destacados entre la dirigencia empresarial. Dueño de una firma que exporta a más de 30 países, este abogado radical es líder en el mercado de pisos y revestimientos y tiene plantas industriales en Buenos Aires, Salta y Santa Fe. En 2012, fundó la denominada Red de Parques Industriales Argentinos, en 2018, fue electo presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y en junio de 2019 la UIA nacional lo designó como protesorero. Entre los industriales, le atribuyen una relación estrecha con la comandancia del PRO y, en Comodoro Py, María Romilda Servini de Cubría lo incluyó en 2020 en el pedido de entrecruzar los llamados de Mauricio Macri con una lista de empresarios ligados a su gobierno en el marco de la causa en la que se investiga si hubo maniobras ilegales contra el Grupo Indalo. Según la denuncia de Cristóbal López y Fabián De Sousa, a mediados de 2016, Rappallini y el Grupo Alberdi intentaron quedarse con la empresa AEC S.A, que tenía la concesión de la autopista Ricchieri, gracias al impulso del entonces Director Nacional de Vialidad Javier Iguacel.

Los hermanos O’Reilly pertenecen a una familia ligada al radicalismo desde siempre y son hijos de Rodolfo “Michingo” O’Reilly, el exentrenador de Los Pumas que fue subsecretario de Deportes de Raúl Alfonsín y falleció en 2018. Patricio O’ Reilly se inició como gerente en Radio Rivadavia y se anotó en ese tiempo una denuncia en la Oficina Anticorrupción por malversación de fondos públicos. Más tarde, fundó con su hermano Alejandro la empresa AM Publicidad, beneficiada por Macri con adjudicaciones directas durante su gestión como jefe de gobierno porteño y denunciada también por irregularidades en Chubut en el tiempo de Mario Das Neves como gobernador. Desde que el radical Luis Cetrá era el dueño de Radio Rivadavia, los O'Reilly funcionan como un engranaje que une a la política con los negocios.

Pese a que tendrán el 10% de las acciones del consorcio dominado por los chinos de Gezhouba, el ingreso de los empresarios radicales a Hidrocuyo sugiere que la polarización no domina el rubro de los negocios y puede además traer implicancias no menores. Electroingeniería viene atravesando dificultades económicas desde hace varios años y durante el gobierno de Macri tuvo que vender una parte de su paquete accionario. Ferreyra fue detenido durante un año y medio con prisión preventiva por el juez federal Claudio Bonadio y el macrismo buscó desplazarlo por todos los medios del consorcio encargado de las represas. Hace poco más de un año, Cristina viajó con la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y el dueño de Electroingeniería al lugar de las obras. Pero en 2020 la pandemia y la escasez impidieron avances importantes. Según afirman en el mercado energético, Rappallini y sobre todo los O’Reilly buscarán pararse como interlocutores válidos tanto ante el gobierno como ante China. Cuentan para eso con un contacto influyente y experimentado, Enrique “Coti” Nosiglia, el ex ministro del Interior de Raúl Alfonsín que conoce a la familia O’Reilly desde hace cuarenta años. 

Con sus reservas de gas y petróleo no convencional comprobadas y la certeza de que los recursos son extraíbles a precios competitivos, Vaca Muerta viene actuando como el novio ideal que promete mucho y concreta poco.

La ilusión que atraviesa a todos los gobiernos es que la explotación de los recursos enterrados en la cuenca neuquina podría mitigar el eterno problema argentino de la restricción de dólares. Para ello, se deben conjugar algunas variables endógenas y exógenas, como que los precios internacionales no caigan debajo del umbral de los costos, la construcción de más ductos para trasladarlo a las ciudades argentinas que necesitan gas natural o a puertos para exportar, el equilibrio medioambiental y la famosa “seguridad jurídica” que establezca reglas que duren años.

A la historia conocida de recesión, cierre del crédito internacional y sucesión de devaluaciones que quemó los papeles del Gobierno de Mauricio Macri, la explotación del gas en Vaca Muerta sumó una particularidad. La cotización del recurso descendió bruscamente no bien se puso en marcha la resolución 46. Los US$7.50 por millón de BTU prometidos por el diseño de Juan José Aranguren terminaron duplicando en poco tiempo lo que conseguían las productoras como YPF, Total Austral, Tecpetrol, Wintershall, Pampa Energía, CGC, Vista, Pluspetrol, Capex o Pan American Energy si lo tenían que vender de acuerdo a la demanda. Algunas de ellas (YPF; PAE, de Bulgheroni; Total Austral; Capex y otras) tenían proyectos inscriptos en la resolución 46 que no constituían el centro de su negocio; a diferencia de Tecpetrol y CGC, de Eduardo Eurnekián, afincada en la cuenca de Santa Cruz, que también sacó provecho del esquema diseñado por Aranguren.

Dos años después de la aceptación de proyectos dentro de la resolución 46, el valor del gas sin subsidios ya era de un tercio del precio estímulo. Las cuentas públicas habían entrado en colapso, por lo cual, el premio se volvió impagable.

Con el gas sobrante excepto en los tres meses de invierno y los valores por el piso, los números de algunas petroleras se pusieron en rojo en 2019. En especial, los de YPF, líder en todos los segmentos de gas y petróleo en la Argentina, tanto en upstream como en downstream. En el último semestre de Mauricio Macri en el Ejecutivo, las energéticas comenzaron a mudar sus pozos en Vaca Muerta de gas a petróleo, cuya cotización internacional no brillaba, pero resultaba más rentable y, sobre todo, más fácil de exportar.

Tecpetrol se convirtió en la única empresa que tenía un estímulo para continuar la producción de gas a toda marcha. Como su remuneración no dependía de las condiciones del mercado sino del generoso subsidio (que pagaba la diferencia entre el valor promedio en boca de pozo y los US$ 7,50 por milón de BTU), carecía de incentivos para no inundar la plaza. Así funcionó hasta que Gustavo Lopetegui informó que la Secretaría de Energía pagaría el subsidio según la estimación de la empresa al momento en que fue aceptado el plan y no según la producción alcanzada. No sólo ello, sino que también recalcularía los montos ya abonados sobre la eyección del segundo trimestre de 2018. Como Tecpetrol había previsto producir 7 millones de metros cúbicos y despachaba el doble, recién entonces comenzó a contener su producción, lo que se extendió todo 2020.

La caída interanual en la producción de gas en la Argentina era superior a 12% a mediados de 2020. A ese ritmo, por más recesión que continuare, habría que aumentar las importaciones desde Bolivia o a través de la onerosa barcazas de gas licuado afincadas en Bahía Blanca a mediados de 2021. El Gobierno de Macri despidió a esa terminal móvil portuaria con bombos y platillos. Lo que no aclaró fue que la recesión no sería eterna y que, con la caída en el precio y las complicaciones en Vaca Muerta, el gas producido en la Argentina no alcanzaría.

El Banco Central cuenta los dólares uno a uno, por lo que la hipótesis de pagar US$ 2.000 millones de dólares para compensar el declive en 2021 espantaba al ministro de Economía Martín Guzmán. Con esa necesidad, el Gobierno puso en marcha un nuevo Plan Gas, a fin de garantizarse un bloque de 70 millones de metros cúbicos diarios hasta 2024. En diciembre pasado, el Gobierno asignó, mediante subasta pública, algo menos del objetivo buscado. Los oferentes fueron YPF, Tecpetrol, Pluspetrol, PAE, Petrobras, Metro Holding SA, Shell, Alianza Petrolera Argentina, Pampa Energía, CAPEX, Wintershall, DEA Argentina, Vista Oil & Gas, ExxonMobil, Corporación Financiera Internacional y Compañía General de Combustibles.

Según la visión generalizada, la subasta será insuficiente para evitar el aumento de las importaciones en los más fríos, en especial, si se confirma el fin de una de las peores recesiones de la historia. Mientras tanto, el tiempo pasa, la perspectiva de un cambio energético a recursos no convencionales gana terreno, y la revolución de Vaca Muerta no aparece.

SL

Tecpetrol, la empresa de petróleo y gas del Grupo Techint, recibió subsidios del Estado nacional para el desarrollo de sus actividades en la formación hidrocarburífera de Vaca Muerta por $36.768 millones desde abril de 2018 hasta diciembre de 2020, de acuerdo a información de la Secretaría de Energía. De ese monto, el 42% —medido en términos reales— fue abonado durante el año pasado por el Gobierno de Alberto Fernández, pese a las restricciones económicas de la pandemia.

Los datos fueron publicados el 29 de diciembre por la agencia estadounidense de noticias financieras REDD Intelligence y obtenidos mediante un pedido de acceso a la información pública.

El monto transferido ubica a la empresa de Techint como una de las receptoras individuales que más subsidios del Estado nacional acumuló en los últimos 3 años. El aporte no sólo fue continuado durante la gestión de Fernández sino que fue profundizado. Con el Frente de Todos en la Casa Rosada, los pagos a Tecpetrol alcanzaron $20.402 millones, cifra que superó, como parámetro, a lo destinado por el gobierno central para el transporte urbano y de corta distancia en todo el país excepto el AMBA, o representó 10 veces el presupuesto asignado al plan de Agricultura Familiar, Indígena y Campesina durante 2020.

Las cuentas no cierran allí. Techint reclama ante la Justicia lo que considera subsidios no saldados que, en principio, superarían los $23.500 millones, unos US$280 millones al valor de hoy, según el balance de la empresa. Para el Gobierno, en cambio, ya no hay deuda, informó la Secretaría de Energía.

Medidos en dólares a la cotización del mes en que las transferencias fueron desembolsadas, Tecpetrol acumuló incentivos por US$619 millones en 33 meses, de los cuales US$264,4 millones (42%) fueron saldados entre febrero y diciembre de 2020. El año anterior, el Ejecutivo de Macri —que creó el plan de estímulo— giró a la filial de Techint $13.450 millones (US$265,9 millones de acuerdo al tipo de cambio de los meses del pago, 43% del total) mientras que, en 2018, abonó $2.915 millones (USD88.7 millones, 15%).

Tras un conflicto entre el Gobierno de Cambiemos y la empresa que conduce Paolo Rocca, derivado del quiebre económico de 2018, Macri aceleró los pagos antes de dejar la Quinta de Olivos. En el segundo semestre de 2019, el Gobierno PRO-UCR-Coalición Cívica apretó enter por $9.487 millones, unos US$170 millones de dólares a la cotización de entonces.

Cuentas pendientes

El recelo personal entre Rocca y el ex Presidente, proveniente de la época en que ambos pugnaban por contratos con el Estado, había alcanzado una inquina mayor tras la irrupción del caso Cuadernos en agosto de 2018, una trama en la que parte del empresariado vio una prestidigitación de un del macrismo de Inteligencia. Entre los pagadores de coimas presuntamente anotados por el chofer Oscar Centeno se ubicaba la firma de Rocca, pero tanto él como su histórico gerente principal, Luis Betnaza, fueron salvados por el fuero federal que opera en Comodoro Py 2002. No obstante, la desconfianza mutua con Macri no impidió que Rocca hiciera público su favoritismo por la política económica del macrismo, incluso un año después de la asunción de Fernández. 

El mayor peso proporcional de los pagos a Tecpetrol durante el gobierno del Frente de Todos no deja de representar una curiosidad, ya que Fernández, cuando era candidato y durante los primeros meses de su mandato, criticó en numerosas oportunidades que la política energética de su predecesor había sido diseñada “para los amigos de Macri”. En uno de los años más recesivos de la historia argentina, el Gobierno del Frente de Todos mantuvo los pagos y saldó la deuda de 2018 y 2019 reconocida por el Estado.

Pasaron cosas

El subsidio multimillonario se inscribe en la resolución 46, firmada en 2017 por el entonces secretario de Energía, Juan José Aranguren, y famosa en el mundillo energético. El programa apuntó a una segunda fase de desarrollo en Vaca Muerta, tras el impulso inicial logrado en 2012 con la estatización del 51% de YPF y la posterior asociación con Chevron. Bajo el paradigma de Aranguren, hacía falta garantizar precios a través de elevados subsidios dolarizados como modo de atraer inversores que perforaran el suelo de una de las mayores reservas de petróleo y gas del continente. Era la forma, en los planes, de iniciar un esquema virtuoso que duraría décadas (ver aparte).

Como en toda su política de gas, petróleo, generación y distribución de energía, la estrategia de Aranguren —exejecutivo de Shell— y su sucesor, Javier Iguacel —exejecutivo de Pluspetrol—, consistió en garantizar rentabilidades altísimas para las empresas privadas a expensas del presupuesto estatal o de los hogares que asumirían las tarifas dolarizadas de servicios públicos como método para “sincerar” la economía.

La resolución 46 estableció el pago de US$7,50 por millón de BTU a partir de 2018, en una escala descendente que terminaría en US$6 en el año que acaba de comenzar.

La compañía energética de la familia Rocca —cuya razón social última es un sello radicado en Uruguay—anotó ante la Secretaría de Energía el proyecto de Fortín de Piedra para extraer shale gas y obtuvo, de inmediato, excelentes resultados de producción. En 2018, Tecpetrol “enterró” US$ 1.640 millones —una de las mayores inversiones privadas no financieras de la era Macri—con la mira puesta en recibir los pagos garantizados por el Estado, según documentos judiciales de la empresa citados por REDD. En cuestión de meses, Tecpetrol duplicó la producción prevista al momento de suscribir el programa de estímulo.

La resolución 46 resultó ser una trampa mortal. Los precios internacionales de los hidrocarburos se precipitaron al poco tiempo, primero a la mitad y finalmente a un tercio; la devaluación del peso desestabilizó las cuentas del Estado y las de todos los argentinos; y la recesión acelerada en abril de 2018 hizo que sobrara gas gran parte del año, por lo cual, la producción extraordinaria de Tecpetrol resultó innecesaria. Como la energética de Techint tenía un subsidio garantizado, en lugar de frenar por la baja demanda, aceleró. Cuanto más producía, más pagos extraordinarios a US$7,50 por millón de BTU recibía, porque el Estado ponía la diferencia entre el valor del mercado y el precio tope. El resultado fue un conflicto judicial y una montaña de deuda en dólares reclamada por la empresa, y el taxímetro corriendo su favor.

Recalculando

En enero de 2019, el Gobierno de Macri, sin financiamiento externo y ávido de recursos, recalculó el subsidio. Desplazado Iguacel, Gustavo Lopetegui, último secretario de Energía de Macri, estableció que se pagaría el incentivo por la producción estimada en el momento en que fue presentado el proyecto (noviembre de 2017) y no en función de la producción realmente alcanzada. En el caso de Tecpetrol, la diferencia en dólares era el doble. La empresa previó que produciría 7 millones de metros cúbicos de gas por día en Fortín de Piedra, y terminó eyectando 14 millones de metros cúbicos menos de un año después.

En su recurso administrativo ante la Secretaría de Energía y la denuncia judicial ante el fuero contencioso administrativo federal, la firma de Rocca reclamó en mayo de 2019 que el Estado reconociera el salto exponencial en la producción, no sólo porque el asterisco reinterpretado por el gobierno de Macri —a su juicio— no estaba contenido en la letra de la resolución 46 (se pagaría por producción real, no por estimación, dijo Techint), sino porque su inversión de US$1.640 millones permitió mejorar la eficiencia de extracción de shale gas y logró certezas para toda la industria sobre la viabilidad del negocio en Vaca Muerta, indicaron los textos de la compañía en el expediente judicial, citados por REDD.

Como resultado de la debacle económica, el resto de las empresas paralizó sus proyectos de exploración y cerró pozos. La queja soterrada de toda la industria, con YPF a la cabeza, fue que la resolución 46 pareció creada a la medida de Tecpetrol. De hecho, la empresa de Techint acaparó más del 70% de los subsidios y el resto se repartió entre YPF, Compañía General de Combustibles (Eurnekián), la francesa Total, Pan American Energy (Bulgheroni), la alemana Wintershall y Capex (Gotz). Otras firmas como Pampa Energía (Mindlin), Pluspetrol (Héctor Poli, adherente a Macri y muy crítico de Fernández), Exxon Mobil, Shell y otras no llegaron a entrar antes de que Lopetegui cerrara la ventanilla para nuevos proyectos. Así fue como Tecpetrol pasó, en menos de un año, de ser un actor marginal en Vaca Muerta a convertirse en uno de los principales productores de gas gracias a su proyecto estelar de Fortín de Piedra, mientras el resto vendía toda o gran parte de su producción a mitad de precio.  

Alberto Fernández prefirió mantener casi inalterados los subsidios y los contratos en dólares de generación eléctrica y producción de gas y petróleo, en contraste con el congelamiento de tarifas de gas y electricidad y, hasta mitad de año, del precio de venta de los combustibles.

Techint argumentó que su inversión de US$1.640 millones permitió mejorar la eficiencia de extracción de shale gas y logró certezas para toda la industria sobre la viabilidad del negocio en Vaca Muerta

Con la producción de gas en caída libre y con YPF contra las cuerdas, el Ejecutivo discutió durante la segunda mitad de 2020 un nuevo plan de subsidio a la producción, con precios en torno a US$ 3,70 por millón de BTU, la mitad del esquema Aranguren. El nuevo estímulo se transformó en una imperiosa necesidad para Martín Guzmán —de quien depende la Secretaría de Energía desde septiembre pasado—, porque al ritmo que se venía, el Estado tendría que gastar el año próximo los dólares que no tiene para importar el combustible desde Bolivia o el oneroso gas licuado que llega en barco.

Uno de los escollos del nuevo Plan Gas era que las empresas exigían el pago de los subsidios atrasados. El principal punto de la discordia era la resolución 46 y las supuestas deudas con Techint, tanto la reclamada judicialmente (que sería de, al menos, $23.500 millones) como la del cálculo reinterpretado por el Macri de 2019. A diciembre pasado, para el Gobierno de Fernández la cuenta estaba en cero, según el informe de la Secretaría de Energía.

Acuerdo

Finalmente hubo acuerdo y la energética de Techint suscribió el nuevo precio estímulo del gas por los siguientes 4 años. Esta vez, el beneficio estuvo repartido entre todas a las empresas que quisieron participar, con YPF a la cabeza y Tecpetrol un paso atrás.

Durante las negociaciones entre la firma de Rocca y la Secretaría de Energía, que conduce el neuquino Darío Martínez —peronista de buenas relaciones con Cristina Fernández de Kirchner—, se especuló con que el Gobierno pondría como requisito que Tecpetrol abandonara los reclamos por el recálculo implementado por la administración Macri cuando el costo de la resolución 46 se fue por las nubes. No ocurrió. En principio, se supone que Techint mantendrá el juicio abierto en el juzgado contencioso administrativo federal número 6, pero frenará el taxímetro y no ampliará la denuncia a los pagos de 2021, ya que la resolución 46 sigue vigente hasta diciembre próximo. Es decir, coexistirán los dos subsidios, el de Aranguren y el de Martínez.

Tras permanecer paralizado casi todo el año, el expediente judicial iniciado por Tecpetrol contra la administración pública se abrió a período de pruebas en octubre pasado, informó REDD. Así las cosas, las transferencias a la energética de Techint podrían incrementarse si la Justicia entiende que Rocca tiene razón y la variante de Lopetegui dispuesta en 2019 resultó un cambio en las reglas de juego.

Tecpetrol y la Secretaría de Energía declinaron responder para esta nota. 

SL