Los integrantes de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, María Eugenia Talerico y Javier Iguacel denunciaron a los dos camaristas de La Plata que anularon la investigación contra Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ que fue detenido mientras sacaba dinero de un cajero automático con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura Bonaerense y con $1.257.000 en efectivo. 

La denuncia penal es contra los camaristas platenses Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, quienes anularon la investigación al considerar que los policías que detuvieron a Rigau lo hicieron sin previa autorización judicial.

Según los denunciantes, los hechos “permiten sin lugar a dudas poner un manto de sombra sobre las contrataciones de los empleados legislativos”. 

“Creemos que semejante cantidad de tarjetas para extraer dinero público en poder de una sola persona, demuestran que no actúa solo y que forma parte de un armado mayor de protección, de presta nombres, de padrinos políticos que se han organizado para defraudar al Estado”, señalaron en la denuncia. 

Incluso, remarcaron que el abogado del puntero, Alfredo Gascón Cotti, es a su vez asesor en la Legislatura. Esto suma más dudas sobre el uso de fondos públicos. 

Desde su cuenta de la red social X, Talerico pidió “ir hasta las últimas consecuencias, limpiar a nuestro país de corruptos y depurar nuestra democracia. Juicio político a Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo”.

Los hechos justifican -según dijeron- “investigar la razonabilidad del costo presupuestario de la Legislatura a la luz de la posible comisión de delitos.

La causa está anulada mientras tanto a la espera de la apelación del fiscal general de La Plata Héctor Vogliolo, para lo cual está en plazo durante 20 días, para recurrir a la Cámara de Casación Bonaerense pidiendo que se siga activa la investigación contra Rigau, quien a raíz del fallo de la Cámara recuperó su libertad.

Los tiempos para apelar son de veinte días una vez notificado, pero en el plazo de los primeros siete días deberá manifestar al Tribunal que dictó la resolución su voluntad de apelar a la Casación, caso contrario el fallo quedará firme y la anulación de la causa en consecuencia. 

Tras recalar en la Cámara de Casación Bonaerense es allí la única chance que se tiene de definir si el caso se sigue investigando o no. El Tribunal no tiene plazos para resolver. 

Mientras tanto, Rigau quedó en libertad y por el momento todas las medidas de prueba que tenía pendiente de realizar la fiscalía quedarán a la espera de la decisión judicial sobre si se vuelve o no a investigar.

Las 49 tarjetas de “Chocolate” Rigau

El indigente que dormía dentro del Banco Provincia, ubicado en calle 7 y 54 de la ciudad de La Plata, nunca se imaginó que los extraños movimientos que denunció a un policía de la cuadra derivarían en un escándalo mayúsculo que compromete a buena parte de la política del distrito más poblado del país. Julio Segundo “Chocolate” Rigau tenía 49 tarjetas de débito en su haber cuando estaba frente a un cajero automático en el que había llegado a extraer $1.257.000.

“Chocolate” fue detenido en el momento por el delito de “malversación de fondos públicos”. Manejaba 27 millones de pesos por mes, o sea, 350 millones de pesos al año. Le cobraba el sueldo a 50 asesores de la Legislatura Bonaerense de distintos partidos políticos.

Rigau tenía en su poder las tarjetas de débito de dos familiares y la propia ya que se desempeñaba como electricista, aunque, según las fuentes consultadas por la agencia NA en la legislatura provincial, “nunca lo vimos cambiar una lamparita”.

En el barrio La Granja, Rigau mantenía un comedor comunitario que recibe un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social y tenía su casa particular.

De acuerdo a lo que consigna NA, en La Plata a “Chocolate” lo vinculan con la política peronista pues su padrino político sería el concejal Facundo Albini, hijo de Claudio Albini, ex Director de Personal de la Legislatura Bonaerense. Rigau logró la excarcelación rápido, gracias a la defensa del estudio legal Gascón Cotti, uno de los más prestigiosos de la ciudad.

Los abogados defensores de “Chocolate” lograron que la causa se cierre gracias al fallo de los camaristas Juan Benavides y Alejandro Villordo de la Sala III, que no fueron acompañados en su voto por Fernando Mateos.

En el período que la justicia investigó a “Chocolate”, 16 testigos que declararon en la causa afirmaron que le donaban su ingreso en la Legislatura a Rigau por tareas solidarias, para mantener la Copa de Leche del barrio La Granja.

Con información de NA.

IG

Provista de un mar de pruebas sobre arbitrariedades judiciales en su contra, Cristina Fernández de Kirchner se habilita ahorrarse la respuesta a una pregunta. ¿Por qué Lázaro Báez pasó de ser un ejecutivo bancario a contratista casi excluyente de la obra pública de Santa Cruz desde el mismo momento en que su amigo Néstor Kirchner se mudó a la Casa Rosada? Y otra. ¿A una pareja tan obsesiva con los números como los Kirchner, cómo se les escapó la tortuga con las fortunas acumuladas por Báez, José López y Ricardo Jaime, producto de sus negocios con y/o desde el Estado?

Las respuestas a dudas tan básicas tampoco surgen de las dos o tres personas que hablan en nombre de la vicepresidenta. Consultado por Báez, Andrés Larroque apela a frases multiprocesadas para sugerir que los cuestionamientos surgen como vendetta de amos y señores de la obra pública que resistieron un nuevo competidor, como si Techint, Roggio, Odebrecht, Macri y Eurnekián hubieran dejado de facturar al Estado durante los años del kirchnerismo.

Los interrogantes que Cristina deja abiertos son políticos y éticos. También, obviamente, judiciales, pero allí entran a correr otros requisitos que van más allá de las deducciones del sentido común. Se necesitan pruebas obtenidas con garantías: Igualdad ante la ley, no ser juzgado dos veces por el mismo delito, identificación del objeto procesal, imparcialidad de los jueces, objetividad de los fiscales, exclusión de la extorsión y el espionaje como herramientas probatorias, respeto al tribunal natural, etcétera. Allí cambia la ecuación. Tan encandilado por la imagen que le devolvía el monitor, el fiscal Diego Luciani falló en lo único que no podía fallar: encontrar la “ruta del dinero K” —cuentas, empresas, propiedades, fugas— a la que el Grupo Clarín le había puesto título, pero no contenido, pese a las excursiones de pesca a las Islas Seychelles, Panamá y las cámaras ocultas que se dejó hacer el arrepentido Leonardo Fariña.

El macrismo, conmovido

El martes a las seis de la tarde, mientras el Tribunal Oral Federal Número 2 de Comodoro Py hacía pública la condena a Cristina, las carrioístas Mariana Zuvic y Paula “Negrita” Oliveto se hacían filmar conmovidas frente a la pantalla. El community manager de Franja Morada gugleaba fotos de Alfonsín e Illia, el ejecutivo del Grupo Clarín Pablo Casey monitoreaba redes por si hacía falta encargar “alguna notita”, Horacio Rodríguez Larreta pulía el tuit de manual que reproducirían los medios que lo siguen, el arrepentido Alejandro Vandenbroele chequeaba las reservas para el hotel en Mendoza que le montó el Estado y Mauricio Macri extendía la sobremesa en alguno de los hospedajes seis estrellas que frecuenta.

El fiscal Diego Luciani falló en lo único que no podía fallar: encontrar la ruta del dinero K —cuentas, empresas, propiedades, fugas— a la que el Grupo Clarín le había puesto título, pero no contenido, pese a las excursiones de pesca a las Islas Seychelles

Javier Iguacel, artífice de la reapertura de la investigación judicial sobre Báez, celebraba su conquista, a la espera de una cita más importante en tribunales federales. Techint lo presentó como testigo en la demanda que el grupo inició contra el Estado por US$ 642 millones, originada en un contrato de extracción de gas orquestado durante el Gobierno de Cambiemos. La audiencia todavía no tiene fecha.

Es esperable que nadie en la alianza PRO-UCR-Coalición Cívica reclame garantías procesales en las causas que apuntan a Cristina. Mediante infinidad de decisiones —remoción de jueces no controlados, traslados a dedo de sus reemplazantes, negocios para arrepentir testigos y operaciones de prensa—, esa fuerza cinceló la red de magistrados, espías y periodistas que reina en Comodoro Py, tan útil para apuntar a adversarios como para administrar la impunidad de los propios.

La intoxicación de los tribunales federales no nació con Cambiemos, aunque la potenció mucho más allá de lo conocido en democracia, al punto de que, si alguien saca los pies del plato, cae al abismo. Así se explica que los aliados-espiados por la SIDE de Macri se esmeren en garantizar que los expedientes de la inteligencia ilegal descansen en Comodoro Py. Profundizar el reclamo equivaldría a autoinculparse.

Ante la expectativa de que un cambio de liderazgo en la alianza de derecha tenga voluntad y capacidad de modificar las cosas, la temeridad expuesta por el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, y las gestiones ofrecidas por el fiscal general de la Ciudad, Juan Mahiques, ante sus amigos de Lago Escondido brindan una respuesta concluyente.  

Equilibrismo

Una tercera vertiente encuentra en las lógicas sospechas que despierta la relación Báez-Kirchner una razón para ratificar su preocupación por el equilibrio y la República. Como en la causa Vialidad hubo un período de instrucción, Cristina pudo designar abogado, los fiscales acusaron, los defensores replicaron, los testigos declararon, otros jueces resolvieron recusaciones y habrá instancias de apelación, la Tercera Vía concluye que “la Justicia” hizo su trabajo: el viaje de los huemules a Lago Escondido es un oprobio, pero la fortuna de Báez no cierra y Cristina no puede explicar los negocios en común; por lo tanto, el veredicto es válido. Corea del Centro parece tratar esos razonamientos como asuntos separados, como si el vandalismo judicial que se exhibe sin disimulo desde hace años marchara escindido de la legitimidad de la condena o absolución de un imputado.

La vara queda un poco baja si el debido proceso se reduce a formalidades en un papel y ausencia de secuestros nocturnos. ¿Hubo decenas de prisiones arbitrarias en causas serias o inventadas desde que Macri asumió la presidencia? Sí, pero Báez, Amado Boudou, Jaime y compañía eran bastante impresentables y el país necesita ejemplaridad. 

Con un bisturí analítico peculiar, voces de la Tercera Vía afirman que Luiz Inácio Lula da Silva fue víctima de las arbitrariedades del juez Sergio Moro —hasta hace poco, cuando el político brasileño permanecía en desgracia, lo negaban—, pero el caso de Cristina, encausada principalmente por Claudio Bonadio y Julián Ercolini, sería muy distinto (?). El jurista Roberto Gargarella firmó en este medio que el expediente Vialidad se dio en “pleno respeto de todas las garantías de los acusados”, más allá de “los mojones” de Cristina, y que el “excelente trabajo de una minoría de fiscales y jueces” permitió un “proceso judicial histórico”. “Histórico”, como titularon los medios que se dejan editar desde Lago Escondido.

¿Qué Justicia?

En la Argentina, hablar de “la Justicia” como sinónimo de Poder Judicial, específicamente su fuero federal, supone aludir al fiscal que maquinó con un lumpen cómo plantarle droga al exmarido de su actual pareja, al camarista que creó una doctrina sobre el “poder residual” exclusivamente para privar de la libertad a kirchneristas, a su colega que se dejó hacer un gol de tiro libre pateado por Macri en Los Abrojos, al juez de Casación que visitaba Olivos horas antes de emitir fallos que le convenían a Cambiemos, al supremo que aceptó ser designado por decreto y luego se autovotó para presidir el cuerpo, a su colega de la Corte que falla en causas que atañen a sus exclientes, al fiscal mencionado por testigos como gestor de la mesa judicial del macrismo, a la dupla que se dedica sistemáticamente a laudar a favor de la impunidad de quien los trasladó a dedo a la Cámara Federal, ahorrándoles el concurso para el puesto... Los etcéteras son infinitos.

Todos ellos tienen entre sus funciones controlarse mutuamente; en los hechos, ocurre lo contrario. El integrante de Casación federal Carlos “Coco” Mahiques protegió a su colega Mariano Borinsky por sus visitas indebidas a Macri en Olivos, y éste protegerá al primero cuando lleguen las recusaciones por la excursión a la estancia patagónica.

Por algún motivo, al kirchnerismo le resulta innata la táctica de seducir tras bambalinas a actores con los que públicamente se dispensan trato de enemigo

La causa Vialidad aporta sus particularidades al panorama desolador de Comodoro Py. El hecho de que el juez que instruyó la causa durante tres años, Ercolini, sea la misma persona que habría tramado delitos desde Lago Escondido en connivencia con Mahiques padre e hijo, un funcionario de Larreta y directivos de Clarín exige un alto grado de violencia intelectual a quienes alaban la “sentencia técnica”, “con base documental”, que la “Justicia probó” con “indudable imparcialidad”. Si el elogiado tecnicismo jurídico se refiere sólo a la fase de juicio oral, retorna la violencia intelectual para creer en la asepsia de un integrante del tribunal y el enfático Luciani que se tentaron con jugar al fútbol en la quinta de Macri.

En otra vida, Ercolini dispuso que carecía de competencia para investigar contratos otorgados por la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Con Macri en la Rosada, consideró lo contrario. No es objeto de esta nota repasar las fragilidades de la causa. Algunas serán debatibles, probables artilugios defensivos de los imputados. Tomadas en su conjunto, conforman un oprobio.

Jugadas maestras

Por algún motivo, al kirchnerismo le resulta innata la táctica de seducir tras bambalinas a actores con los que públicamente se dispensan trato de enemigo. El ejemplo paradigmático de ese comportamiento fue que Néstor Kirchner, pese a que se enojaba con las tapas de Clarín, firmó en 2007 la fusión entre Cablevisión y Multicanal, permitiendo que el volumen del negocio de la TV paga alcanzara una escala que con los años se demostraría irreversible.

Cuando se pregunta el porqué de esa recurrencia a pegarse tiros en el pie, que se traduce en habilitación de negocios, apoyos políticos a la persona equivocada en muchas provincias y designaciones de jueces y fiscales que tarde o temprano viajarán a la estancia de Joe Lewis, la respuesta llega en forma de sonrisa pícara, como si hubiera razones pragmáticas profundas que quien consulta no entiende.

Los intercambios entre los huemules de Lago Escondido dejaron en un papel deslucido a un hombre que almorzó con Alberto Fernández muchos de los días que transcurrieron desde diciembre de 2019 hasta la semana pasada, incluso en encuentros reservados con personalidades que el Presidente valora, como el español Felipe González. Hace un mes, sentados a la misma mesa, Alberto, Felipe y Julián Leunda debatieron sobre la realidad nacional e internacional.

La ofrenda del asesor presidencial a los directivos de Clarín y a D’Alessandro para acallar el viaje impúdico a Lago Escondido en los medios del Grupo Indalo habrá sido otra movida magistral de realpolitik, pero el chat de Telegram dejó claro el desprecio que generan en el poder real las actitudes medrosas de quienes buscan agradar desde la vereda kirchnerista.  

La saga continúa. Pablo Ibáñez informó en elDiarioAR que el vehemente ministro de Justicia, Martín Soria, designado en el cargo por presión de Cristina, excluyó a Casey, sobrino de Héctor Magnetto, de la denuncia penal por el viaje a Lago Escondido. El resto de los excursionistas, incluido el presidente del Grupo Clarín, Jorge Rendo, fueron debidamente apuntados en la presentación penal del ministro. Razones insondables en continuado.

Escarmiento

La venalidad y la mediocridad forman parte de la lucha política desde siempre, pero la descomposición absoluta de Comodoro Py representa un desafío de otro orden. Primero, desde una perspectiva de derechos humanos: entre muchos valores vulnerados, está en juego la libertad de las personas. Luis D’Elía, Carlos Zannini, Fernando Esteche y otros pasaron años en la cárcel por la causa del Memorándum con Irán, originada en la fraudulenta denuncia de Alberto Nisman de enero de 2015, por citar uno de los casos más flagrantes en los que Comodoro Py violentó todas las garantías procesales. Como recordó esta semana Javier Timerman, su hermano Héctor Timerman dedicó los últimos esfuerzos de su vida a defenderse de esa acusación basada sobre la tergiversación flagrante de un audio obtenido de forma ilegal. Una vez más, cabe recordar que no importa la simpatía o antipatía que genere el imputado para saber que no debe ir preso si la ley no lo estipula, y menos si median métodos espurios como los validados por Claudio Bonadio, la Cámara y la Casación.

En segundo lugar, estos tribunales federales intoxican el funcionamiento del sistema. No resulta inocuo, por su impacto en la opinión pública, la repercusión internacional, el poder inhibitorio sobre las personas y el veto implícito a determinadas políticas, que Cristina sea condenada con estos procedimientos y Macri elija desde qué palco verá el Mundial de Qatar. Queda configurada una cancha inclinada que distorsiona el juego democrático.

La casta que mueve los hilos de Comodoro Py se dedica a garantizar su supervivencia mediante la administración de persecución e impunidad. Mientras ese sistema siga en pie, la democracia argentina permanecerá condicionada. 

SL

Tecpetrol, la empresa de petróleo y gas del Grupo Techint, recibió subsidios del Estado nacional para el desarrollo de sus actividades en la formación hidrocarburífera de Vaca Muerta por $36.768 millones desde abril de 2018 hasta diciembre de 2020, de acuerdo a información de la Secretaría de Energía. De ese monto, el 42% —medido en términos reales— fue abonado durante el año pasado por el Gobierno de Alberto Fernández, pese a las restricciones económicas de la pandemia.

Los datos fueron publicados el 29 de diciembre por la agencia estadounidense de noticias financieras REDD Intelligence y obtenidos mediante un pedido de acceso a la información pública.

El monto transferido ubica a la empresa de Techint como una de las receptoras individuales que más subsidios del Estado nacional acumuló en los últimos 3 años. El aporte no sólo fue continuado durante la gestión de Fernández sino que fue profundizado. Con el Frente de Todos en la Casa Rosada, los pagos a Tecpetrol alcanzaron $20.402 millones, cifra que superó, como parámetro, a lo destinado por el gobierno central para el transporte urbano y de corta distancia en todo el país excepto el AMBA, o representó 10 veces el presupuesto asignado al plan de Agricultura Familiar, Indígena y Campesina durante 2020.

Las cuentas no cierran allí. Techint reclama ante la Justicia lo que considera subsidios no saldados que, en principio, superarían los $23.500 millones, unos US$280 millones al valor de hoy, según el balance de la empresa. Para el Gobierno, en cambio, ya no hay deuda, informó la Secretaría de Energía.

Medidos en dólares a la cotización del mes en que las transferencias fueron desembolsadas, Tecpetrol acumuló incentivos por US$619 millones en 33 meses, de los cuales US$264,4 millones (42%) fueron saldados entre febrero y diciembre de 2020. El año anterior, el Ejecutivo de Macri —que creó el plan de estímulo— giró a la filial de Techint $13.450 millones (US$265,9 millones de acuerdo al tipo de cambio de los meses del pago, 43% del total) mientras que, en 2018, abonó $2.915 millones (USD88.7 millones, 15%).

Tras un conflicto entre el Gobierno de Cambiemos y la empresa que conduce Paolo Rocca, derivado del quiebre económico de 2018, Macri aceleró los pagos antes de dejar la Quinta de Olivos. En el segundo semestre de 2019, el Gobierno PRO-UCR-Coalición Cívica apretó enter por $9.487 millones, unos US$170 millones de dólares a la cotización de entonces.

Cuentas pendientes

El recelo personal entre Rocca y el ex Presidente, proveniente de la época en que ambos pugnaban por contratos con el Estado, había alcanzado una inquina mayor tras la irrupción del caso Cuadernos en agosto de 2018, una trama en la que parte del empresariado vio una prestidigitación de un del macrismo de Inteligencia. Entre los pagadores de coimas presuntamente anotados por el chofer Oscar Centeno se ubicaba la firma de Rocca, pero tanto él como su histórico gerente principal, Luis Betnaza, fueron salvados por el fuero federal que opera en Comodoro Py 2002. No obstante, la desconfianza mutua con Macri no impidió que Rocca hiciera público su favoritismo por la política económica del macrismo, incluso un año después de la asunción de Fernández. 

El mayor peso proporcional de los pagos a Tecpetrol durante el gobierno del Frente de Todos no deja de representar una curiosidad, ya que Fernández, cuando era candidato y durante los primeros meses de su mandato, criticó en numerosas oportunidades que la política energética de su predecesor había sido diseñada “para los amigos de Macri”. En uno de los años más recesivos de la historia argentina, el Gobierno del Frente de Todos mantuvo los pagos y saldó la deuda de 2018 y 2019 reconocida por el Estado.

Pasaron cosas

El subsidio multimillonario se inscribe en la resolución 46, firmada en 2017 por el entonces secretario de Energía, Juan José Aranguren, y famosa en el mundillo energético. El programa apuntó a una segunda fase de desarrollo en Vaca Muerta, tras el impulso inicial logrado en 2012 con la estatización del 51% de YPF y la posterior asociación con Chevron. Bajo el paradigma de Aranguren, hacía falta garantizar precios a través de elevados subsidios dolarizados como modo de atraer inversores que perforaran el suelo de una de las mayores reservas de petróleo y gas del continente. Era la forma, en los planes, de iniciar un esquema virtuoso que duraría décadas (ver aparte).

Como en toda su política de gas, petróleo, generación y distribución de energía, la estrategia de Aranguren —exejecutivo de Shell— y su sucesor, Javier Iguacel —exejecutivo de Pluspetrol—, consistió en garantizar rentabilidades altísimas para las empresas privadas a expensas del presupuesto estatal o de los hogares que asumirían las tarifas dolarizadas de servicios públicos como método para “sincerar” la economía.

La resolución 46 estableció el pago de US$7,50 por millón de BTU a partir de 2018, en una escala descendente que terminaría en US$6 en el año que acaba de comenzar.

La compañía energética de la familia Rocca —cuya razón social última es un sello radicado en Uruguay—anotó ante la Secretaría de Energía el proyecto de Fortín de Piedra para extraer shale gas y obtuvo, de inmediato, excelentes resultados de producción. En 2018, Tecpetrol “enterró” US$ 1.640 millones —una de las mayores inversiones privadas no financieras de la era Macri—con la mira puesta en recibir los pagos garantizados por el Estado, según documentos judiciales de la empresa citados por REDD. En cuestión de meses, Tecpetrol duplicó la producción prevista al momento de suscribir el programa de estímulo.

La resolución 46 resultó ser una trampa mortal. Los precios internacionales de los hidrocarburos se precipitaron al poco tiempo, primero a la mitad y finalmente a un tercio; la devaluación del peso desestabilizó las cuentas del Estado y las de todos los argentinos; y la recesión acelerada en abril de 2018 hizo que sobrara gas gran parte del año, por lo cual, la producción extraordinaria de Tecpetrol resultó innecesaria. Como la energética de Techint tenía un subsidio garantizado, en lugar de frenar por la baja demanda, aceleró. Cuanto más producía, más pagos extraordinarios a US$7,50 por millón de BTU recibía, porque el Estado ponía la diferencia entre el valor del mercado y el precio tope. El resultado fue un conflicto judicial y una montaña de deuda en dólares reclamada por la empresa, y el taxímetro corriendo su favor.

Recalculando

En enero de 2019, el Gobierno de Macri, sin financiamiento externo y ávido de recursos, recalculó el subsidio. Desplazado Iguacel, Gustavo Lopetegui, último secretario de Energía de Macri, estableció que se pagaría el incentivo por la producción estimada en el momento en que fue presentado el proyecto (noviembre de 2017) y no en función de la producción realmente alcanzada. En el caso de Tecpetrol, la diferencia en dólares era el doble. La empresa previó que produciría 7 millones de metros cúbicos de gas por día en Fortín de Piedra, y terminó eyectando 14 millones de metros cúbicos menos de un año después.

En su recurso administrativo ante la Secretaría de Energía y la denuncia judicial ante el fuero contencioso administrativo federal, la firma de Rocca reclamó en mayo de 2019 que el Estado reconociera el salto exponencial en la producción, no sólo porque el asterisco reinterpretado por el gobierno de Macri —a su juicio— no estaba contenido en la letra de la resolución 46 (se pagaría por producción real, no por estimación, dijo Techint), sino porque su inversión de US$1.640 millones permitió mejorar la eficiencia de extracción de shale gas y logró certezas para toda la industria sobre la viabilidad del negocio en Vaca Muerta, indicaron los textos de la compañía en el expediente judicial, citados por REDD.

Como resultado de la debacle económica, el resto de las empresas paralizó sus proyectos de exploración y cerró pozos. La queja soterrada de toda la industria, con YPF a la cabeza, fue que la resolución 46 pareció creada a la medida de Tecpetrol. De hecho, la empresa de Techint acaparó más del 70% de los subsidios y el resto se repartió entre YPF, Compañía General de Combustibles (Eurnekián), la francesa Total, Pan American Energy (Bulgheroni), la alemana Wintershall y Capex (Gotz). Otras firmas como Pampa Energía (Mindlin), Pluspetrol (Héctor Poli, adherente a Macri y muy crítico de Fernández), Exxon Mobil, Shell y otras no llegaron a entrar antes de que Lopetegui cerrara la ventanilla para nuevos proyectos. Así fue como Tecpetrol pasó, en menos de un año, de ser un actor marginal en Vaca Muerta a convertirse en uno de los principales productores de gas gracias a su proyecto estelar de Fortín de Piedra, mientras el resto vendía toda o gran parte de su producción a mitad de precio.  

Alberto Fernández prefirió mantener casi inalterados los subsidios y los contratos en dólares de generación eléctrica y producción de gas y petróleo, en contraste con el congelamiento de tarifas de gas y electricidad y, hasta mitad de año, del precio de venta de los combustibles.

Techint argumentó que su inversión de US$1.640 millones permitió mejorar la eficiencia de extracción de shale gas y logró certezas para toda la industria sobre la viabilidad del negocio en Vaca Muerta

Con la producción de gas en caída libre y con YPF contra las cuerdas, el Ejecutivo discutió durante la segunda mitad de 2020 un nuevo plan de subsidio a la producción, con precios en torno a US$ 3,70 por millón de BTU, la mitad del esquema Aranguren. El nuevo estímulo se transformó en una imperiosa necesidad para Martín Guzmán —de quien depende la Secretaría de Energía desde septiembre pasado—, porque al ritmo que se venía, el Estado tendría que gastar el año próximo los dólares que no tiene para importar el combustible desde Bolivia o el oneroso gas licuado que llega en barco.

Uno de los escollos del nuevo Plan Gas era que las empresas exigían el pago de los subsidios atrasados. El principal punto de la discordia era la resolución 46 y las supuestas deudas con Techint, tanto la reclamada judicialmente (que sería de, al menos, $23.500 millones) como la del cálculo reinterpretado por el Macri de 2019. A diciembre pasado, para el Gobierno de Fernández la cuenta estaba en cero, según el informe de la Secretaría de Energía.

Acuerdo

Finalmente hubo acuerdo y la energética de Techint suscribió el nuevo precio estímulo del gas por los siguientes 4 años. Esta vez, el beneficio estuvo repartido entre todas a las empresas que quisieron participar, con YPF a la cabeza y Tecpetrol un paso atrás.

Durante las negociaciones entre la firma de Rocca y la Secretaría de Energía, que conduce el neuquino Darío Martínez —peronista de buenas relaciones con Cristina Fernández de Kirchner—, se especuló con que el Gobierno pondría como requisito que Tecpetrol abandonara los reclamos por el recálculo implementado por la administración Macri cuando el costo de la resolución 46 se fue por las nubes. No ocurrió. En principio, se supone que Techint mantendrá el juicio abierto en el juzgado contencioso administrativo federal número 6, pero frenará el taxímetro y no ampliará la denuncia a los pagos de 2021, ya que la resolución 46 sigue vigente hasta diciembre próximo. Es decir, coexistirán los dos subsidios, el de Aranguren y el de Martínez.

Tras permanecer paralizado casi todo el año, el expediente judicial iniciado por Tecpetrol contra la administración pública se abrió a período de pruebas en octubre pasado, informó REDD. Así las cosas, las transferencias a la energética de Techint podrían incrementarse si la Justicia entiende que Rocca tiene razón y la variante de Lopetegui dispuesta en 2019 resultó un cambio en las reglas de juego.

Tecpetrol y la Secretaría de Energía declinaron responder para esta nota. 

SL