Algo ya se venía cociendo en Colombia desde hace cuatro años. En mayo de 2022, un ingeniero septuagenario millonario y excéntrico llamado Rodolfo Hernández irrumpió en la primera vuelta presidencial con casi seis millones de votos y estuvo a tres puntos de alcanzar el poder. Lo llamaron el “Trump colombiano”. Pero quedó descartado por sus excesos verbales y sus enredos judiciales a pesar de haber enarbolado la lucha anticorrupción como bandera de campaña.

Muchos creyeron que era una simple anomalía. Cuatro años después, un abogado penalista de extrema derecha de 47 años y sin experiencia política llamado Abelardo De la Espriella hizo lo mismo, pero con 10 millones de apoyos y ganando la primera vuelta al favorito y candidato del oficialismo de izquierda Iván Cepeda. ¿Cómo se explica?

Más furor que ideología

Colombia no llega hasta acá sola. La izquierda sigue en el poder en México, Brasil y Uruguay, pero al mismo tiempo emerge una nueva derecha que avanza allí donde el descontento cala más hondo: Milei en Argentina, Noboa en Ecuador y Bukele en El Salvador como una franquicia de exportación. Colombia, por el momento, tardó en sumarse a esa tendencia. El progresismo gobernó los últimos cuatro años y sigue siendo una fuerza política importante, con algo más de nueve millones y medio de votos. Pero el domingo no ganó la primera vuelta, ni siquiera con el empuje del presidente.

El de De la Espriella no se trata de un fenómeno ideológico en sentido clásico. Es algo más visceral y más difuso. El politólogo Camilo Cruz lo resume así: la fractura entre quienes dependen del Estado y quienes aprendieron a prescindir de él. En Colombia, esa brecha tiene un rostro concreto: la mitad de la fuerza laboral trabaja en la economía informal, entre ellos miles de abogados, médicos o ingenieros que en otros países entrarían en la categoría de autónomos. Es decir, un segmento de profesionales independientes, ajeno a las estructuras estatales y desconfiado de su burocracia. Y, sobre todo, de sus promesas. El cuatrienio del gobierno de Petro los alejó aún más y De la Espriella supo leerlos cuando nadie más lo hacía.

El abogado siguió el guion utilizado por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años 80: explotar la condición de “outsider” —cercano siempre al poder, nunca dentro de él— para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del “abismo petrista” o, en su defecto, del “comunismo hispanoamericano”. Mientras tanto, presume de su fortuna en redes sociales, mostrado sus vuelos en jet privado, su Rolls-Royce Phantom y pasa largas temoradas en sus casas de Miami, Bogorá y la campiña toscana.

El contexto regional

Hay una explicación estructural a la victoria de De la Espriella. “Colombia ha entrado en la dinámica latinoamericana”, explica la analista Nadia Pérez Guevara. “Debido a la existencia del conflicto armado interno, estuvimos un poco ajenos a las olas y a los debates regionales. Ahora no. Los temas relacionados con la violencia, la distribución de la tierra y los derechos humanos ya no son ejes prioritarios”.

Durante décadas, la guerra organizó la política colombiana. La posición frente a las guerrillas o la paz movilizaba al electorado. Cuando esa lógica empezó a disolverse, quedó libre un espacio que De la Espriella ocupó con otro lenguaje: seguridad urbana, antipolítica, informalidad y valores conservadores. El mismo idioma que Milei habla en Buenos Aires o que Trump esgrime en Washington.

Colombia entra a la dinámica latinoamericana [...] Los temas relacionados con la violencia, la distribución de la tierra y los derechos humanos ya no son ejes prioritarios

Nadia Pérez Guevara — Analista

Hundimiento del uribismo

El politólogo Yann Basset, de la Universidad del Rosario, asegura que hay cierta continuidad en la historia de hace cuatro años con la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández, condenado por corrupción en marzo de 2024 y fallecido en septiembre del mismo año. “En ambos casos [con Abelardo] se nota un vacío de liderazgo de la derecha tradicional en el contexto posturibista. [El expresidente Álvaro] Uribe sigue siendo una figura importante, pero ya no alcanza a ser el líder hegemónico que fue hace 20 años”.

De cualquier forma, Paloma Valencia se mantuvo leal a su mentor político, se plegó sin fisuras al expresidente y buscó atraer al electorado de centro con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, un tecnócrata de perfil moderado. Sin embargo, la unión no cuajó: el Centro Democrático pasó de 3,2 millones de sufragios en las primarias de marzo a 1,6 millones este domingo.

¿Y ahora qué?

De la Espriella supo leer la coyuntura política. Se lanzó con un programa de apenas tres páginas y consiguió movilizar a un electorado que llevaba años esperando un discurso de extrema derecha sin complejos. Pero Basset matiza: no todo su apoyo es ideológico. “En la última semana, la gente se dejó llevar por una especie de voto útil a la derecha que terminó de hundir a Valencia. Hay mucho voto pragmático de una derecha más tradicional que se acabó volcando hacia él”. Así, el también apodado Tigre llega a la segunda vuelta del 21 de junio con una coalición más heterogénea de lo que parece. Es una fortaleza, pero también una fragilidad.

En la última semana, la gente se dejó llevar por una especie de voto útil a la derecha que terminó de hundir a Valencia. Hay mucho voto pragmático de una derecha más tradicional que se acabó volcando hacia él

Yann Basset — Politólogo de la Universidad del Rosario

Detrás de su buen resultado hay dos apoyos que los expertos apenas empiezan a cartografiar: los jóvenes conservadores de TikTok y otras redes sociales, y las iglesias evangélicas. “Son jóvenes que, por el acceso a la información vía digital, han mirado hacia la derecha y hacia principios conservadores”, explica Pérez Guevara. Este es, quizás, un matiz importante para quienes daban por hecho que todos los manifestantes que salieron a la calle durante el paro y el estallido social de 2021 estaban con la izquierda petrista. Al parecer, una parte de esa misma generación conectó con el universo global de Trump y depositó su votó por el Tigre.

El segundo bloque es aún más silencioso. “Las iglesias cristianas nunca habían logrado consolidarse como fuerza política en Colombia. Ahora sí lo hacen de manera abierta”, analiza Pérez Guevara. De hecho, el jefe de debate de la Espriella es Jaime Andrés Beltrán, pastor cristiano e hijo de uno de los líderes evangélicos más influyentes de Santander, en el noreste del país. Y el propio De la Espriella, que en otros tiempos se declaraba ateo, llegó a esta campaña rezando en público. Las estructuras eclesiásticas hicieron el resto del trabajo territorial que su movimiento Firmes por la Patria, con apenas un año en política, no podía hacer solo.

Por todo ello, Iván Cepeda llega a la segunda vuelta con una herida y una oportunidad, tras sembrar en la jornada electoral la duda sobre los resultados y rectificar al día siguiente. “No hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, reconoció.

La cicatriz visible es que no movilizó a su propio electorado de izquierda. “Hay un hueco de al menos un millón de votos recuperables solo en Bogotá”, señaló el domingo por la noche, durante un debate en YouTube, el politólogo Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital. “También en el Caribe y en el Valle del Cauca, donde hace cuatro años la izquierda tuvo una votación muy considerable”. La oportunidad: parte del apoyo de De la Espriella es pragmático y puede moverse.

García Duarte advierte que para cambiar el rumbo Cepeda debe modificar su discurso. Cita un ejemplo: la izquierda no puede quedarse en la letanía de las negociaciones de paz. El experto sugiere que, tras los fallos de la política de Paz Total de Petro, debe garantizar seguridad y combinar la negociación con la coerción institucional.

La politóloga Nadia Pérez Guevara interpreta el triunfo de De la Espriella, por su parte, como un fenómeno multiclase que agrupa no solo a votantes afines a la ultraderecha, sino también a desafectos y ciudadanos cínicos frente a la política y la democracia. Media Colombia llevaba ya algunos años acumulando el descontento. Y el domingo en la noche, por primera vez, alguien lo tradujo en victoria.

El presidente Javier Milei felicitó al candidato del partido colombiano de derecha Defensores de la Patria, Abelardo de La Espriella: “Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo”, manifestó el mandatario argentino. Con el 99,99% de las mesas informadas, el líder del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria recibió 10.361.413 votos (43,74%), lo que significa una ventaja de 673.168 papeletas frente a Cepeda, que obtuvo 9.688.245 sufragios (40,9%). Este resultado preliminar fue rechazado por el mandatario colombiano, Gustavo Petro. El 21 de junio es el balotaje.

Desde sus redes sociales, aseguró que, de esta manera “la libertad avanza” en Latinoamérica y remarcó el accionar de los colombianos por “esta ejemplar jornada electoral”.

“Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”, expresó Milei.

Asimismo, subrayó que “de repetirse este resultado en segunda vuelta” el país caribeño volverá a ser parte de un territorio que goce de libertad, y se desarrollará por recorrer el camino correcto.

“No tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, finalizó Milei.

¿Un libertario sin trayectoria política al frente del poder en Colombia durante los próximos cuatro años? Para llegar allá, Abelardo de la Espriella, mediático abogado penalista de 47 años, ha dado un paso este domingo venciendo al izquierdista Iván Cepeda en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En un triunfo que ninguna encuesta predijo, De la Espriella ha obtenido 10,3 millones de votos (43,7%), por encima de Cepeda, con 9,6 millones de votos (40,9%). Los dos se medirán el 21 de junio en la segunda vuelta.

La candidatura de De la Espriella generó entusiasmo en sectores del conservadurismo local, que lo ven como el único dique efectivo contra el aspirante del oficialista Pacto Histórico, pero despertó inquietud en otras facciones por la vaguedad de sus propuestas y su adhesión al experimento radical encarnado por Milei en Argentina, Kast en Chile y Bukele en El Salvador.

La tentación del todo o nada con un recetario de extrema derecha inquieta a muchos en Colombia. Pero la trayectoria de De la Espriella también genera dudas. El lunar más visible es, quizás, su defensa jurídica de Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela hoy detenido en Nueva York: un turbio empresario colombiano condenado en Estados Unidos por blanqueo de dinero y conspiración. La Administración Biden lo indultó en 2023 en un canje de presos, pero múltiples investigaciones periodísticas lo señalan con fuerza como presunto testaferro de Nicolás Maduro.

De la Espriella, que se ha presentado por el incipiente movimiento Defensores de la Patria, ha intentado desmarcarse de su viejo cliente argumentando que su firma de abogados dejó de representar a Saab en 2019, cuando Washington lo incluyó en la Lista Clinton. Dos años más tarde, sin embargo, el exministro chavista aún lo recordaba como un “gran abogado y amigo”. No menos polémica fue su defensa de David Murcia Guzmán, cerebro del mayor esquema Ponzi en Colombia: 200.000 víctimas —en su mayoría de renta baja— y unos 1.200 millones de dólares defraudados.

“Lo que buscamos es demostrar que DMG no es una empresa criminal”, afirmó en julio de 2012 el entonces joven apoderado, en referencia a la estafa piramidal, en una entrevista televisada. Poco después se apartó también de ese caso, pero su papel dejó una estela de preguntas que han emergido en campaña electoral.

La nueva piel del ‘Tigre’

Mucho antes de que adoptara el apodo de “Tigre”, en su círculo más cercano era conocido como “Papucho”: un sobrenombre que hoy solo reclama con derecho su madre, María Eugenia Otero. En Montería, ciudad media al norte de Colombia donde arraigan sus raíces, sus allegados resaltan el contraste: de aquel joven provinciano, inquieto y entrañable, a una figura nacional en apariencia recia que usa el saludo militar como emblema político y promete castigar a los delincuentes sin ser “políticamente correcto”.

De hecho, desde hace tiempo escenifica en sus redes sociales una vida de vuelos frecuentes en jet privado, presume de su Rolls-Royce Phantom y pasa largas temporadas en sus casas de Miami, Bogotá o la campiña toscana. Un mundo alejado del de su infancia. Su padre, Abelardo, fue un discreto notario con algún cargo regional en las filas del Partido Liberal. Y su educación, primero en el Colegio De La Salle de Montería y más tarde en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, se asemeja más a la de cualquier chico de familia media colombiana.

Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa

Yann Basset — analista político de la Universidad del Rosario

Su fortuna, sin aún haber llegado a los 50 años, es posterior a esa infancia austera y se sustenta en dos pilares: el despacho de abogados y una red creciente de empresas. En un principio fueron una marca de ron, una consultora inmobiliaria y una suerte de sastrería de lujo. Pero hoy suma una treintena de sociedades con todo tipo de accionistas —algunas de ellas en números rojos—. “Primero se da a conocer en un país donde la política pasa por el mundo del derecho penal”, explica Jorge Iván Cuervo, académico de la Universidad Externado nombrado Ministro de Justicia hace poco. “Sus estrategias de litigio lo acercaron a las élites. Y ahora su objetivo es alcanzar el poder político por fuera de los partidos tradicionales”.

Un guion seguido por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años 80: explotar la condición de “outsider” —cercano siempre al poder, nunca dentro de él— para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del “abismo petrista” o, en su defecto, del “comunismo hispanoamericano”. Para moderar la imagen de provocador, presentó al exviceministro de Hacienda José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial: un rector universitario que pasó los últimos cuatro años refutando punto por punto las políticas económicas de Petro a través de confrontaciones directas en la red social X.

En el caso de De la Espriella, sin embargo, resulta evidente que sus bases y su guía política son un calco del uribismo purasangre. Es decir, la del discurso militarista de mano dura y el énfasis en conceptos decimonónicos como la “patria” o la “familia” tradicional, que su amigo el expresidente Álvaro Uribe ha empuñado. Él mismo ha sintetizado su proyecto electoral como una amalgama entre la cruzada de Nayib Bukele contra la creciente inseguridad urbana y rural, con el mismo enfoque carcelario, y la motosierra burocrática del argentino Javier Milei, con la cual prevé cercenar en Colombia el número de ministerios existentes, de los 19 actuales, a una decena (y eliminar 70.000 puestos estatales).

De hecho, su cercanía con el uribismo se remonta a 2005. En aquellos días fungió como director y representante legal de la polémica Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), donde combinó funciones de promoción y divulgación del proceso de desmovilización de los ejércitos paramilitares, impulsado entonces por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema ordenó más tarde a la Fiscalía investigar a de De la Espriella por su rol en dicha ONG, descrita por excombatientes como el “brazo ideológico” de las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia. Las indagaciones, sin embargo, se cerraron en 2012 por falta de pruebas.

En busca de voz propia

De la Espriella oficializó su candidatura el pasado 11 de diciembre en un mitin cargado de mesianismo político y fervor casi religioso. “Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa”, señala Yann Basset, analista político de la Universidad del Rosario. Quienes admiran a De la Espriella lo hacen porque ha sabido transmitir una firmeza aún huérfana de proyecto político claro. Su idea central es “enfrentar y destripar” a la izquierda.

De acuerdo con Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional, la fuerza de De la Espriella reside precisamente en su indefinición. Su discurso carece de una línea ideológica nítida, pero esa ambigüedad ha resultado funcional: le ha permitido aglutinar una coalición heterogénea de votantes en busca de un proyecto ultraconservador. “Abelardo, más allá del carisma, es un significante vacío: un contenedor de diferentes tendencias cercanas a la derecha radical”, sostiene Chala. “Detrás suyo convergen reservistas y retirados del Ejército, sectores de las iglesias neopentecostales y evangélicas, algunas élites regionales y libertarios de la escuela austríaca, al estilo Milei”.

Para Yann Basset, el reto de De la Espriella será encontrar un estilo propio: “La idea de la mano firme en seguridad, o del antiderroche en la esfera pública, no son nuevas y ya las utilizó el presidente Uribe a principios de este milenio. Además, el Estado en Colombia, a diferencia del caso argentino, si lo comparamos con Milei, no ha desempeñado tantas funciones ni ha representado un monstruo tan grande para la economía. Entonces una pregunta interesante es si será capaz de adaptar de alguna forma estas temáticas al contexto local”, asegura el académico francocolombiano.

Aliado de Vox

De la Espriella recoge el testigo de Rodolfo Hernández, el ingeniero que se presentó hace cuatro años como una suerte de Trump a la colombiana que, tras rozar la presidencia en la pugna electoral contra Gustavo Petro, terminó condenado por corrupción y murió en septiembre de 2024 a los 79 años. Jorge Iván Cuervo recuerda, sin embargo, que la diferencia es que Hernández tenía rodaje previo en la arena política. Antes había sido alcalde, con una gestión aceptable, de una ciudad media: “Su imagen era la del empresario exitoso que generaba empleo. Pero primero se ganó el reconocimiento político en su región. El ascenso de la Espriella es distinto. Su marca se construye desde el éxito individual y la exhibición del lujo”.

Casado y padre de cuatro hijos, de De la Espriella nació en Bogotá en 1978 durante un paseo de sus padres en la capital. Por ello, se ha encargado de subrayar que es un “costeño de racamandaca”: es decir, hijo de la costa Caribe hasta el tuétano. Un origen que también ha utilizado como bandera política de la inconclusa descentralización que impulsará. “Él representa una capa del electorado que ha logrado un ascenso social y no se ve reflejada en las élites bogotanas tradicionales. Es una Colombia desideologizada que ve en él a alguien que los representa, con sus trajes de marca, sus excentricidades o su faceta de cantante de boleros y tenor a la italiana con un disco propio”, afirma Cuervo.

Lejos de matizar sus posturas, en enero firmó con el líder de Vox, Santiago Abascal, la llamada Carta de Madrid, un documento que alinea su plataforma con las tesis “antizquierda”, a favor de la “libertad de empresa” y contra el “totalitarismo comunista” que la ultraderecha española ha enarbolado. “Un grande Santiago Abascal librando la batalla cultural, política y democrática para enfrentar al narcocomunismo que se impone desde el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Estamos juntos en esta lucha”, publicó días después ante sus 960.000 seguidores de Instagram.

El expresidente Álvaro Uribe ha anunciado su apoyo a De la Espriella para la segunda ronda. Sin embargo, existe un electorado flotante de entre tres y tres millones y medio de votos, según la estimación del politólogo Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital, que aún podría inclinar la balanza: “En la primera vuelta uno vota por el que le gusta”, recordó el experto en el debate de Razón Pública. “En la segunda, el cálculo es impedir que llegue el que más temes”.

El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella sorprendió este domingo al obtener la mayor votación en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, que tuvieron una participación del 57,88%, y disputará la segunda vuelta el 21 de junio con el izquierdista Iván Cepeda, que puso en duda los resultados.

La participación fue la más alta para una primera vuelta desde que entró en vigor la Constitución de 1991 en un país tradicionalmente abstencionista en el que el voto no es obligatorio y la asistencia a las urnas suele ser ligeramente superior al 50%.

La Registraduría Nacional, organizadora de las elecciones informó que, con el 99,99% de las mesas informadas, de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, recibió 10.361.413 votos (43,74%), lo que significa una ventaja de 673.168 papeletas frente a Cepeda, que obtuvo 9.688.245 sufragios (40,9%).

Este resultado preliminar fue rechazado por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien desde hace meses ha cuestionado la transparencia del sistema electoral y hoy dijo: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo” y añadió que esperará el escrutinio que debe hacerse en los próximos días.

“Más de diez millones de colombianos confiaron en 'El Tigre', se unieron a la manada. Vamos a la segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre”, expresó por su parte De la Espriella, a quien sus seguidores identifican con el felino, al conocer los resultados.

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con 1,6 millones de votos, ocupó el tercer lugar y es la gran perdedora de estas elecciones porque su votación es muy inferior al 12% que le daban las últimas encuestas, e incluso menor a los 3,2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

En cuarto se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, con un millón de votos, que representan el 4,26%.

Otra candidata de centro, la exalcaldesa bogotana Claudia López, se situó en el quinto lugar con 225.517 votos (0,95%).

Dudas de la izquierda

En su discurso tras conocer los resultados, Cepeda fue menos enfático que Petro y planteó dudas sobre las cifras de la Registraduría.

“Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, y ese no es cualquier desfase: estamos hablando de 885.000 personas”, dijo Cepeda en Bogotá ante sus seguidores, sin dar detalles sobre el origen de esa cifra.

De la Espriella, que compareció ante sus seguidores sobre una embarcación en el río Magdalena, en la ciudad caribeña de Barranquilla, les respondió: “Petro, Cepeda, par de delincuentes, no se atrevan, no se les ocurra desconocer la voluntad popular porque acá hay un pueblo que los va a enfrentar y los va a derrotar”.

Movimientos de cara a segunda vuelta

Tras las votaciones del domingo, la senadora Valencia no titubeó y anunció inmediatamente que apoyará en la segunda vuelta a De la Espriella.

“De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella”, expresó Valencia, quien dijo que trabajará para que Colombia “no caiga en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan”, en su opinión, el senador Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, su compañero de fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, manifestó que los votos que esperaban recibir de buena parte de la derecha “desaparecieron” por la campaña de De la Espriella, que consideró “sucia, machista, homofóbica”.

Oviedo, un economista, abiertamente homosexual, dijo que, a diferencia de Valencia, informará el próximo 3 de junio su postura de cara a la segunda vuelta porque es “una decisión seria”.

El candidato Fajardo, por su lado, aseguró que el millón de votos que obtuvo en la primera vuelta es “importante” para definir la contienda entre De la Espriella y Cepeda.

“Este millón de votos es importante para definir la suerte de nuestro país. Y la voz de nosotros se va a escuchar porque es el futuro de Colombia que está en nuestras manos y vamos a hacer que Colombia piense sobre lo que hemos hecho”, dijo Fajardo en Bogotá tras conocer los resultados de la jornada.

El exsenador Roy Barreras, que apenas recibió 14.108 votos (0,05%) y quedó en el penúltimo lugar entre 11 candidatos, anunció su apoyo a la candidatura de Cepeda y le pidió al aspirante izquierdista buscar los “tres millones de votos” que considera que el centro político obtuvo este domingo para vencer a De la Espriella.

EFE

Por primera vez, la izquierda tiene la posibilidad de ocupar el poder ocho años en Colombia. La continuidad de las políticas de Gustavo Petro tienen altas posibilidades de mantenerse de la mano del candidato Iván Cepeda, si los electores así lo deciden este domingo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En la vereda del frente, intentarán disputarle los votos el abogado Abelardo de la Espriella, un empresario de extrema derecha que nunca ocupó un cargo público; y la senadora de derecha Paloma Valencia, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe.

Petro, que asumió en 2022 como el primer presidente progresista y exguerrillero de la historia moderna del país, aumentó sus niveles de aprobación “hasta alcanzar el punto más alto en años”, señala el estudio del Center for Economy and Policy Research (CEPR)Colombia durante el gobierno de Petro: avances sociales en un contexto de restricciones monetarias y fiscales.

La investigadora y coautora del informe, Paola Jaimes Santamaría dice que “más allá de la polarización política, muchos sectores sienten que con Petro hubo mejoras materiales reales y que el Estado comenzó a llegar a lugares donde antes no llegaba”. 

Derechos sociales y económicos

El informe del CEPR destaca que entre 2022 y 2025 la pobreza multidimensional –que mide indicadores referidos a educación, salud, condiciones de vivienda, acceso a servicios y empleo– se redujo en aproximadamente 23%, con un descenso “notable” en las zonas rurales. 

“Petro intentó conectar política social con desigualdad territorial y rural, no solamente con transferencias monetarias”, apunta Jaimes Santamaría, quien también valora el “esfuerzo” por llevar más inversión pública a municipios históricamente marginados y el “avance” en la entrega de tierras a comunidades campesinas y étnicas, algo –dice– “muy ligado a las desigualdades históricas y al conflicto armado en Colombia”.

Para el director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data), Alfredo Serrano Mancilla, una de las claves de sus logros es que perseveró en los cambios y aún cuando no los pudo conseguir –no tenía mayoría en el poder Legislativo– “no tiraba la toalla”, entendiendo la política “como la posibilidad real de cambiar las cosas”.

En materia de derechos económicos, los expertos destacan la reforma tributaria, que incrementó los impuestos para los más ricos, y el aumento del salario mínimo cercano al 40%, considerando que en la década 2012 y 2022 el aumento real fue del 9%. La experta subraya que este avance ocurrió “sin un deterioro del mercado laboral”, ya que “la economía mantuvo estabilidad macroeconómica, el desempleo cayó y la inflación bajó”.

El politólogo de la Universidad de Rosario Yann Basset destaca la aprobación –pendiente de implementarse– de la reforma de pensiones, que amplía el papel del sistema público y construye un pilar para una pensión básica. Sin embargo, opina que el balance en economía es “controvertido” porque el Gobierno “no ha atendido el tema fiscal”: termina con un déficit “casi récord desde la pandemia” –6,4% del PIB– y un aumento de la deuda pública. Aun así, añade, “no se materializaron los pronósticos más alarmantes de la oposición de una hiperinflación o crisis económica”.

Según la investigadora del centro de pensamiento Global Americans Sonia Verdú, sin embargo, “la popularidad de Petro está basada más en una postura ideológica populista que en una transformación real” porque las desigualdades sociales “no se han acortado significativamente”.

La fallida “Paz total”

La promesa estrella de Petro fue la llamada 'Paz total', que proponía reforzar el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y la entonces activa guerrilla de las FARC. La propuesta incluía negociaciones con guerrillas como el ELN; reparación de las víctimas; una reforma agraria y el abordaje del consumo de drogas como un asunto de salud pública.

“Su política no ha funcionado, pues no ha logrado la desmovilización de ningún grupo armado importante”, dice Basset. Según él, las guerrillas “se han aprovechado de la negociación para reforzar su control territorial”.

Los analistas aseguran que el problema en el país, que desde el 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, registra casi 2.000 líderes sociales asesinados, “es estructural” y que es difícil avanzar cuando el Estado tiene capacidades “limitadas” en muchas regiones rurales y persisten economías ilegales asociadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Cepeda representa una izquierda con un discurso muy marcado alrededor de los derechos humanos, el antirracismo y el antipatriarcado

Paola Jaimes Santamaría — Investigadora asociada del Center for Economic and Policy Research

Petro partió el diseño de la Paz Total “con un diagnóstico correcto y un diálogo con todos los grupos al mismo tiempo”, explica la politóloga Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. En la práctica, sin embargo, algunos procesos “avanzaron más lento de lo esperado, hubo fragmentación entre grupos armados y en varios territorios los ceses al fuego no produjeron mejoras sostenidas de seguridad”, menciona Jaimes Santamaría. Luego, en febrero de 2025, llegó la designación de Pedro Sánchez como ministro de Defensa, el primer militar en ocupar el puesto en 30 años, para presionar a las guerrillas, una receta similar a la del expresidente derechista Iván Duque.

“Con esta decisión, la idea de negociación ha perdido mucha legitimidad política”, señala Bonilla. En su opinión, el mandatario fue “muy ambicioso” con su propuesta, que califica de “retórica, polémica, con bajo diseño institucional, poco presupuesto y mala organización”.

Venezuela y EE.UU., centro de la diplomacia

Uno de los desafíos más importantes para la política exterior de Gustavo Petro ha sido el vínculo con la vecina Venezuela. Cuando llegó al poder en 2022, con las relaciones entre ambos países rotas, emprendió un deshielo –reapertura de fronteras e intercambios comerciales– con el gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro. Durante la crisis de las elecciones de julio de 2024, en las que la oposición denunció fraude y las autoridades electorales nunca mostraron las actas de la declaración oficial del triunfo de Maduro, se alineó con Brasil para no reconocer el resultado, pero sin romper lazos con Caracas. 

“En su primer año y medio de mandato transformó la política exterior colombiana y fue exitosa”, señala Verdú. Sin embargo, la llegada de Donald Trump al poder, en enero 2025, marcó el tramo final de su mandato y dio un giro al contexto regional: “Conllevó una pelea política y diplomática que culminó con una visita de cuestionable éxito a la Casa Blanca”, añade. Por el camino, hubo tensiones y amenazas, desacuerdos abiertos sobre política antidrogas y los ataques del Pentágono contra embarcaciones en el Caribe.

En su primer año y medio de mandato transformó la política exterior colombiana y fue exitosa

Sonia Verdú — Investigadora del centro de pensamiento Global Americans

“Intentó combinar una postura más autónoma con una estrategia pragmática y evitar una ruptura frontal con Estados Unidos, mientras buscaba ampliar márgenes de maniobra diplomática dentro de América Latina”, opina Jaimes Santamaría.

Segunda vuelta asegurada y en disputa

Las encuestas anticipan un triunfo de Iván Cepeda, sucesor de Petro, pero no tan holgado como para evitar una segunda vuelta, que se prevé muy disputada y polarizada contra quien sea su rival: De la Espriella o Valencia, aunque los sondeos dan ventaja a la candidata uribista.

“Cepeda representa una izquierda con un discurso muy marcado alrededor de los derechos humanos, el antirracismo y el antipatriarcado, algo que históricamente no se había visto tanto en la política presidencial colombiana”, afirma Jaimes Santamaría. A diferencia del actual mandatario, que ha sido una figura más “confrontacional”, dice, Iván Cepeda presenta un estilo político más dialogante, por lo que una continuidad de la izquierda, no necesariamente implicaría, simplemente, “más Petro”, sino “probablemente, alianzas más amplias para sacar adelante ciertas reformas”, añade.

Verdú pronostica que si gana Cepeda, habrá que esperar si continúa con el legado de Petro o llega a implementar políticas con mayor impacto social, que si bien han sido “exitosas en sistemas como el europeo –concluye–, no han sabido encontrar su lugar en América latina sin sacrificar modelos de democracia y estabilidad económica”.

Nadie en su entorno sabe explicar muy bien por qué Mateo Pérez tomó la decisión de viajar solo en su moto hacia una zona tan violenta como Briceño. Su primo Jorge Rueda lo intentó en entrevista con elDiario.es: era de esos reporteros, dijo, a los que les gusta ir a las zonas más complejas, hablar con los pobladores, impulsar denuncias donde pocos lo hacen. “Era muy tranquilo, pero muy frentero [intrépido]”, subrayó.

Salió de su casa por última vez el 4 de mayo, pasadas las ocho de la mañana. Se despidió de su padre. Lo tranquilizó con la esperanza vana de que había presencia militar en aquel municipio montañoso de Antioquia, al noroeste del país, donde los sanguinarios Clan del Golfo y Frente 36 de las disidencias de las FARC libran una lucha a muerte por el control de las rutas de la cocaína entre el interior y la costa del Caribe.

El impulso detrás de la decisión del joven reportero era el de siempre: traer una historia de vuelta a El Confidente, la revista digital que había fundado tres años atrás y que difundía por Facebook e Instagram, las únicas plataformas que un periodista sin respaldo puede permitirse en estos tiempos. Información local, artesanal, hecha a mano y en solitario. Su primo Jorge Rueda confesó que Mateo ni siquiera conocía Briceño, el pueblo ignoto donde lo mataron. Y, sin embargo, cuando unas horas más tarde llegó a la zona en moto, tanto la policía como la personería municipal le advirtieron que no se alejara del casco urbano. Que no era seguro. Pero él siguió adelante.

En casa de sus padres los tres días posteriores transcurrieron en silencio. Lo esperaban en Yarumal, a unos 120 kilómetros de Medellín, sin noticias. Y con los malos presagios de un país violento que nadie se atrevía a nombrar. Hasta el viernes 8 de mayo, cuando una misión humanitaria de la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo pudo entrar al lugar y hallar su cadáver en la zona rural de Briceño. Días después, el Ejército también recuperó la moto Boxer 100 en la que había emprendido el viaje y en un camino veredal aledaño apareció su carné de periodista.

Según testimonios cruzados de integrantes de la misión humanitaria y habitantes de la zona, Mateo se habría topado, en algún recodo de la ruta, con hombres armados bajo las órdenes de Chalá, nombre de guerra de Jhon Édison Chalá Torrejano, un guerrillero de apenas 22 años enviado desde el sur del país por Alexander Díaz, alias Calarcá, el máximo cabecilla del Frente 36, para endurecer el control territorial. Presuntamente, lo interrogaron, lo torturaron y lo mataron delante de algunos pobladores que miraban impotentes, según afirmó el gobernador del departamento de Antioquia.

Su cadáver permaneció varios días allí mientras las autoridades, incapaces de entrar, negociaban a distancia la devolución de sus restos con los grupos criminales.

La última llamada

A Pérez le restaba acreditar sus prácticas laborales para terminar Ciencias Políticas en la Universidad Nacional sede Medellín, la capital de Antioquia. Su situación económica era precaria. Con el objetivo de financiar su revista, que suma tan solo 4.600 seguidores en Facebook, vendía zumos naturales y ensaladas en el garaje de la casa. En los últimos tiempos trabajó en una empresa de mensajería. Su padre, Carlos Pérez, contó en la prensa local que compartía con su hijo la pasión por el ciclismo y que Mateo había recorrido parte de Colombia en bicicleta.

Daniel Chaparro, subdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), conocía su situación. La FLIP ya había documentado dos alertas suyas: una en 2024 por acoso judicial y otra en 2025 por obstrucción al acceso a la información. Aun así, no tenía registros de amenazas. Por eso nadie lo monitoreaba ni sabía que había salido hacia Briceño aquella mañana del 4 de mayo, cuando se convirtió en el primer periodista asesinado en Colombia en 2026 –desde 2022 van ocho–. El año pasado, la misma ONG documentó 496 agresiones contra reporteros en el país, 192 de ellas amenazas de muerte dirigidas no solo a los informadores, sino también contra sus familias.

Para entender la tragedia hay que acercarse a Briceño, un pueblo cafetero de poco más de 8.000 habitantes en el norte de Antioquia (conocido como el “Rinconcito amable”). No obstante se trata de un enclave que vivió muy poco tiempo en paz. Algunos citan de memoria ese lapso en el que el miedo quedó arrinconado fugazmente: 2016 y 2017.

En aquel entonces el Frente 36 de las FARC se desmovilizó. Dejó las armas tras el acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Acto seguido el Estado impulsó los primeros intentos de programas de desminado y sustitución de cultivos de coca, uno de los pilares de la economía local. Pero la calma duró muy poco: uno de los comandantes firmantes de aquel pacto volvió a las armas y arrastró consigo a buena parte de la tropa.

Desde entonces, según relató a elDiario.es el periodista, abogado e investigador Sergio Mesa, la disputa por las rentas criminales no da tregua: por la minería ilegal, pero también el narcotráfico. Se trata de un pulso sangriento en medio de un territorio inundado en sembradíos de hoja de coca donde, incluso, los candidatos a la alcaldía necesitan a menudo del visto bueno de los violentos. De hecho, el actual alcalde lleva refugiado semanas en Medellín por amenazas. El secretario de Gobierno, también. Y el personero, que tiene algunas funciones similares al Defensor del Pueblo en España, renunció en abril.

Pérez no tenía registros de amenazas. Por eso nadie lo monitoreaba ni sabía que había salido hacia Briceño aquella mañana del 4 de mayo, cuando se convirtió en el primer periodista asesinado en Colombia en 2026 –desde 2022 van ocho–

Ese es el pueblo donde el dinero del narco, la zozobra y el miedo se reparten el territorio. Y allí llegó Mateo el lunes 4 de mayo por la tarde. Tenía 24 años —el 8 de junio habría cumplido 25—, una moto Boxer 100 y un móvil como grabadora. Hoy se sabe que se registró en el hotel El Campesino. Al día siguiente recorrió el casco urbano y habló con funcionarios de la alcaldía, la policía y el hospital.

Sin embargo, su misión era llegar a la vecina vereda de Palmichal, donde días antes se habían librado combates entre el Ejército y las disidencias. Ya en el camino se cruzó con dos pelotones del Ejército que le recomendaron alejarse. Él siguió. Y a las tres de la tarde hizo la última llamada: pedía a la alcaldía que alguien respondiera por él, que confirmara a sus captores que era periodista. Nadie lo hizo.

Según el relato de Sergio Mesa, construido sobre el terreno a partir de testimonios de pobladores, los criminales le preguntaron quién era. No le creyeron. Revisaron su teléfono. Lo retuvieron. La personera municipal y el intendente Guillermo Zapata confirmaron que la última señal de vida fue aquella llamada de las tres de la tarde. Se cree que lo mataron antes de caer la noche. Justo antes de que entrara en vigencia el toque de queda impuesto por los violentos: de las seis de la tarde a las seis de la mañana nadie puede salir de sus casas en Briceño. Luego le ordenaron a algunos pobladores que lo enterraran. Ellos mismos dispersaron sus pertenencias por distintos caminos de esa zona montañosa. Y su carné de prensa lo colgaron de la rama de un árbol cualquiera.

En el camino se cruzó con dos pelotones del Ejército que le recomendaron alejarse. Él siguió. Y a las tres de la tarde hizo la última llamada: pedía a la alcaldía que alguien respondiera por él, que confirmara a sus captores que era periodista. Nadie lo hizo.

Jesús Abad Colorado, fotoperiodista colombiano que lleva más de tres décadas documentando el conflicto interno, fue uno de los primeros en alertar del caso de Mateo. Por eso partió hacia Briceño con Sergio Mesa para acompañar a la familia y tratar de visibilizar el drama humano. Tenía una razón personal: cuando en mayo de 1992 cubrió su primera emboscada de las FARC, tenía la misma edad que el reportero asesinado. “Era un pelado con ganas de comerse el mundo”, recordó.

Para Abad Colorado lo ocurrido en el norte de Antioquia refleja una contradicción de fondo que corroe el intento de paz del Gobierno Petro: las limitaciones de negociar con grupos armados que siguen asesinando civiles sin exigirles garantías reales. “Hay que poner reglas claras. Hay que verificar que se cumple. Dialogar entre las partes no puede ser a costa de matar a periodistas, maestros o líderes sociales”, apostilló.

Jorge Rueda guarda un detalle que cuenta poco. Cuando los guerrilleros del Frente 36 capturaron a su primo, reunieron a una treintena de pobladores y les preguntaron: “¿Quién conoce a este hombre? ¿Qué hacemos con él?”. Al parecer nadie habló. El miedo que padecen las comunidades agobiadas por la guerra en Colombia no cabe en ningún informe de ONG. Por eso al familiar aún le cuesta procesar el dolor: “Una sola llamada hubiera salvado la vida a Mateo”. Lo único cierto es que el 10 de mayo, día de la madre en Colombia, Gloria Rueda enterró a su hijo. Lo hizo entre flores amarillas y blancas, rodeada de cientos de vecinos que despidieron a un reportero valiente de Yarumal.

La cantante colombiana Totó la Momposina, una de las máximas exponentes de la música tradicional del Caribe y referente de ritmos como la cumbia, el bullerengue y el mapalé, murió este martes a los 85 años, informó el Ministerio de las Culturas de Colombia.

“Hoy despedimos a la eterna Totó. A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra”, expresó el Ministerio en un comunicado.

Nacida en la isla fluvial de Mompox, en el departamento de Bolívar, como Sonia Bazanta Vides, Totó la Momposina dedicó más de seis décadas a preservar y difundir los ritmos afroindígenas y campesinos de la región Caribe colombiana, llevando esa tradición a escenarios internacionales y convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana.

La noticia del deceso fue confirmada por la mánager de la artista, Carolina Gotok, y por su hijo, Marco Vinicio, quien reveló que la intérprete sufría desde finales del año pasado problemas delicados de salud, según medios locales.

Totó la Momposina participó en festivales alrededor del mundo y grabó discos emblemáticos como 'La Candela Viva', 'Pacantó' y 'La Bodega', además de interpretar canciones como 'El pescador' y 'Yo me llamo cumbia', convertidas en himnos de la música popular colombiana.

La cartera de Cultura destacó que la artista “habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural” de Colombia.

Una vida dedicada a la música

Totó nació en una familia de músicos y desde niña comenzó a actuar a lo largo de los pueblos ribereños del río Magdalena cantando con un estilo que forjaría su sello personal, que se nutre de la fusión de elementos africanos e indígenas.

Con los años, terminó siendo definida como una 'cantadora', una intérprete musical que cultiva la cultura tradicional de un pueblo.

Bailadora de ritmos como la gaita, cumbia, porro y champeta, entre otros, su trabajo es reconocido a nivel internacional, y entre sus más recordadas actuaciones figura la que hizo en 1982 durante la entrega en Estocolmo del Premio Nobel de Literatura a su compatriota Gabriel García Márquez.

Con una carrera de más de medio siglo a sus espaldas en la que llevó los sonidos de su tierra a escenarios de Europa, Estados Unidos y América Latina, Totó fue reconocida en 2013 con el Premio a la Trayectoria del Grammy Latino por su aporte a la preservación y difusión de la música folclórica.

Totó la Momposina se despidió de los escenarios en septiembre de 2022 con un concierto en el Festival Cordillera, donde compartió escenario con artistas como Adriana Lucía y Nidia Góngora en una presentación celebrada como homenaje a su legado musical y cultural.

Con información de la agencia EFE

En estos tiempos de contextos regionales con mensajes, proyectos y acciones gubernamentales que afectan negativamente a mujeres de todas las edades y condiciones, un refugio es recuperar la memoria de lo logrado, de lo vigente. Porque no comenzamos de cero. Hay un largo y fructífero camino recorrido y protagonizado por ellas, con acciones concretadas que cambiaron la historia de todas, y de todos. Sí, de todas y todos, porque ellas –nosotras– cuando accedemos a un derecho negado por siglos, aportamos a mejorar la sociedad.

Una de esas memorias históricas esta semana cumplió 20 años. Sucedió en Colombia e impactó en toda América Latina y Caribe.

Miré en loop este video que muestra colombianas sonriendo, saltando, festejando. Ese registro es del 10 de mayo de 2006, cuando recibieron la confirmación de la Sentencia C-355 de la Corte Constitucional de Colombia que dejó atrás la prohibición total del aborto en el país.

A partir de ese momento se accede al derecho cuando la salud o la vida de la mujer están en riesgo, cuando el embarazo es producto de incesto y violencia sexual, y cuando existe una grave malformación fetal incompatible con la vida. 

Luego, en 2022 la Corte Constitucional amplió el derecho al aborto mediante la Sentencia Causa Justa, despenalizándolo totalmente hasta la semana 24 de gestación, manteniendo las tres causales de la C-355.

¿Qué dicen las estadísticas de la situación de salud y vida de las mujeres en estos 20 años?

Colombia ha logrado “una reducción notable” en las cifras de mortalidad y morbilidad materna, pasando de 70.1 muertes por cada 100.000 nacimientos en 2006, a 45.6% actualmente, a pesar del impacto de la pandemia de COVID-19, aporta Laura Pedraza.

Ella es abogada feminista y magister en Derecho Internacional con estudios de bioestadística aplicada a la Salud, y actualmente está a cargo de la incidencia política de La Mesa por La Vida y La Salud de las Mujeres de Colombia.

Estas mejores condiciones en la vida de las mujeres, lo atribuye a un sistema normativo sanitario “robusto” que considera el aborto como un servicio de salud básico y gratuito. 

Logrado el derecho, siempre hay desafíos. ¿Cuáles son los más destacables?

“Persisten desafíos en el acceso que incluyen el desconocimiento o la negativa a aplicar las sentencias por parte de los prestadores de servicios de salud, la falta de protocolos y fallas en el servicio como malos tratos o falta de información”, resume la abogada colombiana Cristina Rosero Arteaga, magíster en Derechos Humanos y asesora Legal del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe.

La profesional explica que si bien la objeción de conciencia individual está permitida “no debe constituir un obstáculo”, mientras que la objeción institucional está prohibida. 

“La falta de vigilancia y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales contribuye a estas barreras, afectando especialmente a mujeres y niñas en zonas rurales o alejadas de las capitales, así como a personas trans, migrantes en condición irregular y aquellas que enfrentan discriminación racial”, agrega.

Pedraza añade la experiencia de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres que, desde 2006, brinda acompañamiento legal a mujeres y niñas que enfrentan barreras de acceso al aborto: “Muchas veces los obstáculos son por falta de información o por miedo a las repercusiones sociales”. Es el caso de muchas niñas y adolescentes que “no pueden expresar su libertad y su autonomía por miedo a las consecuencias que puedan llegar a tener en sus hogares o ante la sociedad”.

Para llegar a las sentencias de la Corte, en paralelo, hubo y hay un trabajo de las organizaciones para sostener la despenalización social del aborto. ¿Cómo se hace y por qué es importante?

Arteaga dice que la despenalización social busca “cambiar imaginarios, mostrando que el aborto es una realidad que no es fácil, pero que siempre ha existido, y debe ser abordada desde la salud pública, no desde el derecho penal”.

Y Pedraza resalta “la conversación pública” que pone en cuestión el estigma y los prejuicios, y permite “entender la necesidad de las mujeres de acceder a este procedimiento”.

La despenalización social “evidenció el hecho de que este tema no debe quedarse oculto ni debe ser dejado por fuera de la discusión pública. Es una manera muy eficaz de crear confianza en el sistema de salud, de facilitar que más personas se acerquen a pedir información y que de esa manera puedan tomar decisiones libres e informadas que no pongan en riesgo ni su salud ni su integridad”.

Entonces ¿no se trata sólo del enfoque penal?

Arteaga responde que “es importante y hay que seguir avanzando en dejar de pensar en una lógica en donde el derecho penal es la única forma de regulación”, ya que se trata también “de la autonomía reproductiva y corporal de las mujeres”, algo que los fallos de la Corte analizan en profundidad.

Esa jurisprudencia sólida que “regula el aborto por medio del sistema de salud, por medio de política pública sanitaria en realidad puede permitir que las mujeres, niñas, personas trans, no binarias accedan a servicios de manera mucho más digna, pero también de manera mucho más rápida”.

Pedraza suma que los cambios legales “no sirven por sí solos y que es muy necesario acompañarlos de una transformación cultural que pueda realmente facilitar su implementación adecuada”.

El impacto en la región

Colombia cuenta entonces con una de las despenalizaciones más amplias de América Latina y el Caribe, que ha servido de referente para otros países, y que se alinea a los fallos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos “que cuestionan el uso excesivo del derecho penal en estos casos”, explica Pedraza.

Arteaga agrega que “se espera que esto contribuya a reducir muertes por procedimientos inseguros y la criminalización”.

Desde Argentina, la abogada Agustina Ramón Michel que integra la secretaria colegiada del Consorcio Latinoamérica Contra el Aborto Inseguro (Clacai), afirma que la sentencia de la Corte de Colombia fue “un parteaguas”.

“Le hizo un crac al imaginario de la época que presentaba al aborto como una cuestión criminal (y eventualmente de emergencia médica). Fue una inspiración además por varios de sus argumentos legales que hablaban de que era innecesario el sinnúmero de trámites y comités de ética para interrumpir un aborto por violacion, por ejemplo”.

La también investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) define la decisión como “constitucionalista humanista” en el sentido de que “se toma en serio la dignidad de las personas”.

En estas dos décadas, Uruguay, Argentina y México han legalizado el aborto, en tanto en Cuba se despenalizó en la década de 1960, y Guyana fue el primer país sudamericano en legalizarlo en 1995.

Estos avances siempre están en disputa, están atravesados por los cambiantes contextos políticos en la región. De hecho, Colombia elige nuevo gobierno el 31 de mayo próximo, y ante cada elección, en cada país latinoamericano, estos derechos vuelven a cuestionarse, como lo demuestran las posturas del argentino Javier Milei o el salvadoreño Nayib Bukele.

Por eso, siempre es necesario recuperar la historia de las conquistas que transforman vidas, sistemas de salud y democracias, para sostenerlas en cada coyuntura.

SM/MG

Explosivos, drones cargados con detonadores y bloqueos viales. Disidencias guerrilleras de las FARC arreciaron, el pasado 25 y 26 de abril, contra distintas zonas del suroeste de Colombia y dejaron una veintena de muertos y medio centenar de heridos. Se trata de una de las embestidas armadas más sangrientas contra civiles en una década. Y ocurre en plena campaña electoral, a menos de un mes de las presidenciales, cuando ninguno de los tres candidatos con opciones para llegar al poder puso sobre la mesa un remedio claro a la herida abierta más compleja del país: ¿cómo dejar atrás la guerra?

El Gobierno de Gustavo Petro respondió con 1.200 soldados desplegados en el sur del país. Las operaciones ya obtuvieron un primer resultado: la semana pasada fue capturado Alex Vitoncó Andela, alias Mi Pez, cabecilla de la Nueva Marquetalia —la principal disidencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)— y señalado como uno de los mayores responsables de los atentados. Entre ellos, la detonación de un cilindro bomba contra un bus intermunicipal que arrastró a otra veintena de vehículos y colapsó un tramo montañoso de la Vía Panamericana, la principal carretera que bordea el suroeste colombiano.

La última ofensiva guerrillera expuso todas las fallas de la política de seguridad de Petro: organizaciones criminales que negocian con el Estado mientras siembran el terror en la población. Los colombianos lo sufren: según la encuestadora Invamer, el 66,2% se siente inseguro con la ‘Paz Total’ que propugna el mandatario. Entre el electorado, además, muchos extrañan la primera década del siglo. Es decir, los años de mano dura en el Ministerio de Defensa, cuando los secuestros disminuyeron un 90% y la estrecha colaboración con Washington aseguraba el flujo de ayuda a través del denominado Plan Patriota. El problema, no obstante, viene de lejos.

La cocaína terminó con la revolución

Armando Borrero, especialista en defensa y seguridad nacional, recuerda que aquel modelo militar desarrollado por el expresidente Álvaro Uribe —que comprometía algunas garantías civiles para restaurar el orden público— ya mostraba sus límites al final del mandato, en 2010: “Las FARC se estaban reestructurando. El reclutamiento de guerrilleros, después de haber perdido casi el 50% del que había sido el mayor ejército irregular de América Latina desde la revolución mexicana, con 18.000 hombres en armas, se recuperaba de forma acelerada”. En ese momento Juan Manuel Santos subió al poder e impulsó el proceso de paz que se firmó en 2016 con las FARC. El Estado y la insurgencia juzgaron que era el momento preciso para avanzar en una solución negociada.

Una década después, los números hablan por sí solos. Los secuestros se dispararon un 80% en 2025 respecto al año anterior. Los ataques a la Fuerza Pública subieron un 85%. Más de 119.000 personas permanecieron encerradas en sus territorios sin poder salir a comprar alimentos o acceder a servicios de salud debido a las amenazas o bloqueos. Un informe de la acreditada Fundación Ideas para la Paz concluye que la ‘Paz Total’ no solo no redujo la violencia, sino que creó una “tormenta perfecta” humanitaria en las zonas más vulnerables del país.

Aun así, la apuesta de Petro fue inédita: negociar simultáneamente con todos los grupos violentos. Disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcos, paramilitares o urbanas. Todos con el narcotráfico como único horizonte común. Nadie lo había intentado antes. Los resultados, opina Borrero, revelan un error de diagnóstico de fondo: “El Gobierno no entendió que los grupos armados de hoy no son las guerrillas políticas del siglo XX. Ahora son estructuras transnacionales. El Clan del Golfo, por ejemplo, está dirigido por el Cártel de Sinaloa mexicano. Y el ELN es más venezolano que colombiano, como lo evidencia un documento del Ministerio de Defensa bolivariano en el que consagra que la insurgencia forma parte de su sistema de defensa”.

En el suroeste pocos conocen la paz

En este contexto, el suroeste colombiano es la región que lleva años absorbiendo parte de la sangría que el resto del país prefiere mirar de soslayo. Durante los últimos años, el patrón criminal fue el mismo: asesinatos selectivos contra líderes sociales y combatientes desmovilizados. Una sangría quirúrgica. Invisible y casi rutinaria. Pero algo está cambiando.

La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes subió de 24 en 2022 a 27 el año pasado. Y la masacre de hace unas semanas supone un campanazo de alerta: es la matanza más letal contra civiles en esa región en una década. “La violencia ha evolucionado hacia un crimen organizado con grupos fragmentados y economías ilícitas diversificadas”, explica el analista Jorge Mantilla, doctor en Criminología, Derecho y Justicia de la Universidad de Illinois, en Chicago. Y agrega: “Un panorama que se parece cada vez más al de México o Brasil, con drones y tecnología que van más rápidas que el Estado colombiano”.

El Gobierno no entendió que los grupos armados de hoy no son las guerrillas políticas del siglo XX. Ahora son estructuras transnacionales

Armando Borrero — Especialista en defensa y seguridad nacional

A menos de tres meses de acabar su cuatrienio, criticar la política de ‘Paz Total’ de Petro es fácil. Explicarla, mucho menos. Sobre todo porque procesos previos como Ralito y La Habana —que desmovilizaron paramilitares bajo Uribe y a las FARC bajo Santos— ya habían dejado suficientes enseñanzas y cabos sueltos por recoger.

Sarah Zukerman Daly, de la Universidad de Columbia, advierte que todo proceso de paz serio debe comprometer a los mandos medios: los combatientes que ejecutan las órdenes de las cúpulas en el terreno. Colombia falló ahí. Y en los intentos recientes —desde Ralito hasta la Paz Total—, recuerda el politólogo Francisco Gutiérrez Sanín, esos mismos cuadros fueron los primeros en rearmarse.

Del Guaviare a Guinea-Bisáu

Cada grupo criminal tiene detrás una cadena económica que empieza en un cultivo de coca y termina en una decisión política. Colombia ya acumulaba 230.000 hectáreas sembradas cuando Petro llegó al poder en 2022 (récord heredado de Duque). Ese año, el nuevo presidente de izquierda suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato —sin alternativas viables—, argumentando daños a las comunidades cocaleras. El resultado: 23.000 hectáreas más en un año (media Catalunya tapizada de verde), hasta 253.000 en 2023, según el monitoreo colombiano.

El mismo acuerdo de La Habana que Petro heredó, que tiene rango constitucional, comprometía al Estado a sustituir esos cultivos por desarrollo agrícola en los territorios más devastados por la guerra. No hubo, sin embargo, ni recursos ni empuje político para cumplirlo. “Lo cierto es que competir con productos como el cacao es muy difícil. Se ha vuelto un problema casi irresoluble”, admite Borrero. “Pero el país no puede seguir siendo rehén de la coca”.

La violencia ha evolucionado hacia un crimen organizado con grupos fragmentados y economías ilícitas diversificadas, un panorama que se parece cada vez más al de México o Brasil, con drones y tecnología que van más rápido que el Estado colombiano

Jorge Mantilla — Doctor en Criminología, Derecho y Justicia de Universidad de Illinois Chicago

Sin la presión de las fumigaciones, las disidencias de las FARC y otros grupos narcos fortalecieron sus lazos regionales. También afianzaron rutas para sacar la droga desde regiones como el sureño Guaviare hacia Venezuela, de Venezuela a Brasil, de Brasil a Surinam. De Surinam a Guinea-Bisáu. Y de Guinea-Bisáu, etiquetado como el primer “narco-Estado africano”, a Europa.

El mejor cliente, sin embargo, sigue siendo Estados Unidos. De poco bastaron los bombardeos de Trump contra supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico: una parte sustancial de la cocaína colombiana fluye hacia el gigante del norte (el mayor consumidor del mundo y el socio histórico en la lucha antinarcóticos).

Además, con Petro enfrentado políticamente a Trump desde su toma de posesión, la relación con la Casa Blanca no ha hecho sino tensarse. Uno de los resultados llegó en 2025: por primera vez en tres décadas, Washington retiró a Colombia de su lista de países aliados que combaten el narcotráfico. Con una salvedad reveladora: eximió al país de las sanciones económicas citando “intereses nacionales vitales”. Bogotá recibió el castigo, pero la superpotencia evitó romper el lazo estratégico.

Un ejército moderno no basta

La política de paz de Petro tiene, sin embargo, letra pequeña. Los medios colombianos se centraron en el evidente debilitamiento de las capacidades militares y de inteligencia durante este cuatrienio. Sin embargo, también miraron de refilón algunos matices: 2025 fue el ejercicio con más neutralizaciones de delincuentes en más de 10 años: 13.971 entre muertos, capturados y desmovilizados, el doble del pico histórico de su predecesor, el derechista Iván Duque. Un incremento sin precedentes, según las Fuerzas Militares. Armando Borrero matiza los números: “La reacción fue tardía y selectiva. El Gobierno persigue a quienes traicionaron las mesas de negociación. El Ejército va detrás de Iván Mordisco (el jefe disidente que abandonó la mesa en 2024) pero no de los hombres de Calarcá, que siguen negociando”.

Se trata de dos jefes del mismo origen guerrillero con distinto trato. Con un costo que el Gobierno prefiere no mencionar: en cuatro de los 13 bombardeos contra estructuras de Mordisco murieron 15 menores de edad. “Ninguno de los modelos en realidad ha funcionado”, zanja Gutiérrez Sanín. “Pero la escala de daño humano y deterioro del tejido social durante la Seguridad Democrática de Uribe fue inmensa. Los falsos positivos (cerca de 7.000 civiles asesinados por militares y disfrazados de guerrilleros muertos en combate) son solo un aspecto”.

2025 fue el ejercicio con más neutralizaciones de delincuentes en más de 10 años: 13.971 entre muertos, capturados y desmovilizados, el doble del pico histórico del predecesor de Petro, el derechista Iván Duque

Por eso el campo ha sido el epicentro de casi todos los capítulos de la violencia desde hace más de medio siglo. Cinco millones de personas han sido desplazadas de allí (solo Ucrania en guerra abierta supera esa cifra). Es una de las raíces enquistadas del problema, al que ningún Gobierno ha encontrado solución. Borrero lo explica sin rodeos: “En muy pocas regiones hay una comunidad campesina estable, integrada, y eso es un factor de violencia fuerte. Muchas zonas nunca terminaron de constituirse como comunidades”.

Y donde el Estado no logró asentarse, otros ocuparon el terreno. No es una omisión menor: más de seis décadas de conflicto y 220.000 muertos. El narcotráfico, los grupos armados y el clientelismo político se repartieron ese vacío. El poder en Bogotá, entre tanto, lleva años mirando el mapa desde lejos. Con otros líos acumulados. La impunidad completa el cuadro: el 95% de las causas penales se quedan sin resolver.

Mantilla va más a fondo. En los esfuerzos de pacificación, la negociación terminó girando casi siempre en torno a los grupos armados mientras las poblaciones quedaban al margen. “Se permitió que fueran los violentos quienes asumieran la representación de las comunidades”, explica. El costo sigue siendo visible. “A Colombia, más que construir Estado, le sigue costando construir legitimidad”. La evidencia es reveladora: el Clan del Golfo mantiene control sobre más de 200 municipios con apenas 9.800 combatientes. Unos 50 hombres por municipio frente a un Ejército de 270.000 soldados activos.

Fracaso sin bandera

La conclusión para los expertos es que el problema del Estado no es militar, sino de legitimidad. Eduardo Pizarro León-Gómez, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, recuerda que el país latinoamericano fue una de las primeras naciones en alcanzar un acuerdo de desmovilización con una guerrilla, en 1990, con el M-19 (el movimiento de raíz urbana donde militó el presidente Gustavo Petro). 36 años después, el ciclo de violencia sigue abierto.

Los estudiosos de la guerra coinciden en que nunca hubo un proyecto estatal serio para ocupar el territorio ni garantizar el monopolio oficial de las armas. Las brechas regionales no hicieron sino crecer. Según Oxfam, el 1% de los propietarios concentra más del 80% del suelo cultivable. Mientras tanto, buena parte de Occidente cerró sus guerras internas tras la caída del Muro de Berlín. Las guerrillas centroamericanas depusieron las armas, el IRA en Irlanda firmó la paz, ETA se disolvió en España. En Colombia, sin embargo, el conflicto halló otro combustible indomable: la cocaína. Pizarro concluye que el fracaso de la 'Paz Total 'no es de Petro: “Es de toda la nación colombiana”.

Los tapires son animales de origen antiguo. Pertenecen a un linaje de mamíferos perisodáctilos del que solo quedan cuatro especies, tres de ellas en Latinoamérica: el tapir de tierras bajas, el tapir de montaña y el tapir centroamericano. Estos grandes herbívoros están amenazados y se mantienen refugiados en franjas cada vez más reducidas de ecosistemas tropicales y andinos.

Las tres especies comparten una función ecológica fundamental. Eduardo Naranjo, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, México, explica que al alimentarse de plantas, controlan las poblaciones de múltiples especies. Además, son uno de los pocos animales capaces de ingerir semillas grandes, como las del zapote (Manilkara zapota), contribuyendo a su dispersión. Por eso son conocidos como los jardineros del bosque.

Leer más | La Guardiana del Chiribiquete: campesinos en Colombia protegen 198 mil hectáreas de bosque en una región afectada por deforestación

Sin embargo, la deforestación, la expansión agrícola, la apertura de vías y la minería fragmentan y reducen su hábitat. Ángela Alviz, especialista en la conservación de grandes mamíferos, señala que el cambio climático agrava el problema. La mayor cantidad de días calientes y secos en la región ocasionan disminución de cuerpos de agua, necesarios para la termorregulación del mamífero. Entonces, se ven obligados a recorrer mayores distancias, aumentando su exposición a la cacería y a los depredadores.

Los perros ferales y asilvestrados representan una amenaza adicional, pues se ha documentado que persiguen y cazan tapires, señala Juan Pablo Reyes, parte del Grupo de Especialistas de Tapir de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El tapir de tierras bajas (Tapirus terrestris) está clasificado como Vulnerable en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. A pesar de eso, se encuentra en mejor estado de conservación que las otras dos especies. Habita en toda Sudamérica, a excepción de Chile y Uruguay.

El tapir de montaña (Tapirus pinchaque) está En Peligro y su distribución es la más restringida del género, limitándose a una franja de ecosistemas andinos entre Colombia, Ecuador y el extremo norte de Perú. Por último, el tapir centroamericano (Tapirus bairdii) también está En Peligro. Es el mamífero terrestre nativo más grande del sur de México y América Central, con individuos que pueden alcanzar los 250 kilogramos.

En el Día Internacional del Tapir, Mongabay Latam habló con los tres especialistas sobre el estado de conservación de estas especies y los esfuerzos para protegerlas en Colombia, Ecuador y México.

Colombia: Investigadores identificaron áreas para conservar el tapir de tierras bajas en la Orinoquía

El tapir de tierras bajas es el único mamífero conocido capaz de ingerir y dispersar intactas las semillas del moriche (Mauritia flexuosa) y la palma real (Attalea butyracea), de acuerdo con Ángela Alviz, candidata a doctorante en Texas Tech University y especialista en conservación de grandes mamíferos en Sudamérica.

El resto de animales no puede hacerlo porque las semillas de estas palmas son demasiado grandes para pasar por su sistema digestivo. Al depositarlas a kilómetros de distancia de la planta madre, el tapir ofrece la posibilidad de que el moriche y la palma real colonicen nuevas áreas o se recuperen en zonas degradadas.

“[El moriche] es una especie importante en la Orinoquía y en la Amazonía”, dice la experta. Explica que los morichales o palmares de moriche son reservorios de agua y son el hábitat de especies como anacondas y caimanes. Además, la fruta es una fuente de alimento y de recursos para las comunidades que viven en estas regiones. Por eso, el rol del tapir es clave en los ecosistemas.

Sin embargo, la distribución en la Orinoquía colombiana de este animal pardo y con crin era prácticamente desconocida hasta hace unos 10 años, dificultando acciones de protección y conservación. “Con los años fuimos recopilando información por la necesidad de buscar a la especie y protegerla debido a todas esas funcionalidades que cumple”, relata Alviz.

El animal enfrenta presiones crecientes. La deforestación fragmenta sus poblaciones, ocasionando problemas genéticos como el leucismo —condición genética que provoca la pérdida parcial o total de pigmentación en la piel, pelo o plumas, dándoles un aspecto blanco o pálido—, documentado por primera vez en la Orinoquía en 2025 por Alviz.

Aunque es el mamífero más grande de Sudamérica, es difícil de avistar. Esto se debe a que tiene hábitos nocturnos y densidades poblacionales bajas en relación con otros mamíferos grandes, como el venado o el puma. “Por eso nos pusimos en la tarea de buscarlos a través de cámaras trampa”, señala.

Un equipo liderado por Alviz obtuvo 110 registros de tapires en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Meta, entre 2016 y 2022. Con esa información se identificaron áreas adecuadas para estos animales y áreas degradadas con potencial de restauración.

También se determinaron dos zonas de alta importancia. La primera se ubica en el norte de la Orinoquía, en Arauca. La segunda está en Vichada, en una de las zonas donde ocurre la transición entre la Orinoquía y la Amazonía. Después los investigadores propusieron unidades de conservación del tapir, una herramienta que hasta entonces solo se había aplicado en la región para jaguares, según comenta la científica.

Los resultados se divulgaron en el artículo Idoneidad del Hábitat y Prioridades de Conservación para el Tapir de Tierras Bajas en la Orinoquía Colombiana, publicado en febrero de 2026 en la revista Mastozoología Neotropical.

Aunque la publicación acaba de salir, la investigación “ha tenido un impacto considerable”, señala la experta. Organizaciones dedicadas a la conservación y autoridades regionales se han basado en los datos desde el inicio de la investigación para promover la creación de planes de conservación, corredores biológicos y estrategias de conservación con actores locales.

Ecuador: El Corredor Llanganates-Sangay como apuesta para la conservación del tapir de montaña

En 2006, entre columnas de humo del volcán Tungurahua, piedras incandescentes y flujos de lava, un grupo de biólogos estudiaba el impacto de las erupciones volcánicas en las poblaciones de anfibios. A menos de tres kilómetros del cráter, había un bosque nublado cubierto en parte por gruesas capas de ceniza volcánica.

Rodeado por hojas bastante grandes, estaba un tapir de montaña, una especie de apariencia “prehistórica”, de acuerdo con Juan Pablo Reyes, investigador y miembro del Grupo de Especialistas del Tapir de la UICN. La escena le pareció “fabulosa”. Poco después observó que la erupción obligaba a estos animales de pelaje oscuro y labios blancos a desplazarse hacia áreas con más disponibilidad de alimento y agua, revelando que necesitaban territorios conectados para sobrevivir.

Desde la década de los noventa se documentó la existencia de las mayores poblaciones de tapir de montaña a escala global en el Parque Nacional Llanganates y en el Parque Nacional Sangay, donde se encuentra el volcán Tungurahua. Ambas están en el centro de las estribaciones orientales de los Andes y están separadas por ciudades, carreteras y tierras destinadas a la agricultura y la ganadería.

Para conectar las dos poblaciones, un equipo de expertos, entre esos Reyes, empezó a trabajar en distintas iniciativas de investigación y talleres para diseñar estrategias de conservación.

Reyes relata que junto a sus colegas registraron huellas, heces fecales e imágenes capturadas con cámaras trampa en zonas que no estaban bien mapeadas hasta ese momento. Para el 2011, Reyes junto con el investigador Andrés Tapia lideraron un artículo científico en el que se reportaron nuevos avistamientos del tapir de montaña en las faldas orientales del Tungurahua, afuera de ambos parques nacionales.

Estos estudios fueron clave, asegura Reyes, para que en 2023 se creara oficialmente el Corredor Ecológico Llanganates-Sangay, un área de 92 148 hectáreas. Con esta declaratoria, los municipios de Mera, Baños y Palora tienen la responsabilidad de adecuar sus planes de ordenamiento territorial y aplicar acciones de manejo para la conservación y el desarrollo sostenible.

Para fortalecer la iniciativa, la Fundación Ecominga, la Fundación Óscar Efrén Reyes, el Bosque Protector Hacienda Guamag, entre otras, han creado una red de reservas y refugios de vida silvestre que suman alrededor de 40 000 hectáreas.

“Hay zonas en las que antes no se veía presencia de la especie porque estaban alteradas, hoy se ve una tendencia de recuperación. Se ven huellas de tapir y también de oso andino”, asegura el especialista. En áreas restauradas también se han documentado crías en generaciones consecutivas, con ciclos de tres o cuatro años.

La expansión ganadera, el anuncio de apertura de una carretera a través del Parque Nacional Llanganates y el crecimiento de la minería ilegal todavía son amenazas latentes no solo para los tapires, sino también para la gran biodiversidad que atesoran los flancos orientales de los Andes.

A Reyes le da esperanza atestiguar un cambio en las actitudes de los habitantes de la zona, especialmente de aquellos que fueron cazadores y ahora destinan sus fincas o parte de ellas a la conservación y protección de la biodiversidad. Y concluye: “es importante seguir aportando para proteger estos sitios, en algunos casos prácticamente intactos. Eso da un poco de esperanza a pesar del panorama cuesta arriba, pero no estamos solos”.

México: Estudiar las emociones humanas para conservar el tapir

Leer más | México: denuncias por presunta pesca ilegal en el Parque Nacional Revillagigedo están en el aire o archivadas

El Triunfo, en la Sierra Madre de Chiapas, es una de las regiones más biodiversas de México y con mayor número de especies de mamíferos, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). Ahí está la Reserva de la Biósfera El Triunfo, de 119 000 hectáreas, donde habita el tapir centroamericano.

En la zona viven alrededor de 229 000 personas, de las cuales 14 200 viven dentro de la reserva. En los alrededores predomina el cultivo de café, aunque también existen otros cultivos y ganadería.

Los habitantes cumplen un rol clave en la conservación de su entorno, principalmente de especies emblemáticas que figuran en la Lista Roja de Especies Amenazadas, entre ellas el tapir. Por eso, Eduardo Naranjo, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, ha liderado y acompañado una serie de investigaciones y proyectos que buscan entender la relación de los seres humanos con la fauna del lugar.

En uno de esos estudios, realizado en 2021, la investigadora Nathalia Castillo-Huitron lideró un análisis de actitudes de conservación. 238 habitantes de la reserva dieron al tapir una puntuación de interés por su protección de 2.09 en una escala de -3 a 3. La calificación estuvo por encima de el jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor) y los resultados se publicaron en 2024 en la revista Biodiversity and Conservation. El mismo estudio identificó que la disposición de una persona a proteger el tapir es uno de los indicadores más sólidos de su actitud general hacia la conservación de la fauna.

En este y otros trabajos, Naranjo y los equipos con los que colabora, conocieron que quienes tuvieron interacción directa con los tapires tendían a tener percepciones más positivas y reacciones menos agresivas. “Las personas que no conocen a estos animales tendían a llevarse mucho más por aspectos culturales o historias que les contaban que muchas veces tienen una connotación negativa”, dice el investigador.

Como solución, entre 2023 y 2024, El Colegio de la Frontera Sur, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Universidad Autónoma de Barcelona desarrollaron un proyecto de educomunicación para mejorar las actitudes de las comunidades hacia el tapir y otras especies emblemáticas. Fueron 446 personas, entre niños y adultos, que participaron en talleres, caminatas etnológicas e intercambios de conocimientos científicos y locales.

“A través de relatos y anécdotas de quienes tuvieron interacción, tratamos de cambiar las percepciones negativas para transformarlas en acciones positivas”, cuenta Naranjo.

Para el especialista, sí hay un cambio favorable a la conservación, principalmente entre niños y jóvenes. “Parecen tener una conciencia cada vez mayor hacia la protección de la fauna silvestre. Muchos ya no están interesados en cazar tapir, como lo hicieron sus padres o abuelos por necesidad”, señala.

Después de los talleres, las comunidades Plan de Ayala, Ampliación Lagunas, Monte Virgen, Toluca y 3 de Mayo reafirmaron su determinación de establecer controles internos para la cacería de subsistencia, sobre todo de animales amenazados y en peligro de extinción. “La evaluación de resultados de estas medidas aún está en proceso”, añade Naranjo.

En otras comunidades de Chiapas ya hay resultados concretos. Naranjo cuenta que poblaciones cercanas a áreas protegidas establecieron prohibición y controles de cacería en sus territorios comunales. También instauraron reservas comunitarias y mejoramiento del hábitat. Cada vez más personas conocen que el tapir es una especie que cumple un rol clave en la dispersión de semillas grandes y es indispensable en el funcionamiento de los ecosistemas en los que habita.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana que transportaba a más de un centenar soldados se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo —en el sur del país—, confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. El alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, ha declarado a Caracol Televisión que en los hospitales de la localidad hay 69 heridos de un pasaje de 114. El comandante de la Fuerza Aereoespacial Colombiana Carlos Silva ha indicado en un mensaje en redes que en total iban en la aeronave 125 personas (114 pasajeros y 11 tripulantes), y que se ha rescatado a 48 personas. El accidente se produjo al poco de despegar, a dos kilómetros del aeropuerto, según Silva.

“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública”, manifestó el ministro en su cuenta de X.

Sánchez agregó que en el lugar del accidente ya hay unidades militares y que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente para esclarecer las causas del siniestro.

En vídeos difundidos en redes sociales se observa una gran columna de humo en la zona del accidente y restos de la aeronave esparcidos, mientras militares y habitantes del sector se acercan al lugar para ayudar en las labores de rescate.

La Defensa Civil, un cuerpo de rescate nacional, informó por su parte de que voluntarios de esa organización en el Putumayo, “en articulación con otros organismos de socorro, se desplazan y brindan apoyo ante la emergencia”, y divulgó un video de restos del avión en llamas.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó lo sucedido y manifestó en su cuenta de X: “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”. También se adelantó a que pudiese culpar a su gobierno del siniestro. “Contra viento y marea modernicé la flota estratégica aérea y he pedido la compra inmediata de helicópteros y aviones de carga y tropa para ampliar la capacidad de transporte y movilidad de tropas en regiones casi extinguidas por el insuceso de los helicópteros rusos hoy vetados”, ha depejado.

Los aviones Hércules C-130 de Fuerzas Armadas son uno de los modelos más usados en el mundo por fuerzas aéreas para el transporte de soldados y material militar, y tiene capacidad para unos cien pasajeros con sus armas y munición.

Con información de EFE

El mundo lleva 50 años intentando proteger a los humedales —ecosistemas de agua dulce, marinos y costeros—, los cuales cubren apenas 6 % del planeta, pero son cruciales para los seres humanos: son suministro de alimentos, reguladores del agua y un medio de subsistencia para más de 1000 millones de personas.

En Latinoamérica, parte del cuidado de muchos lagos, ríos, acuíferos subterráneos, pantanos, marismas, turberas, pastizales, estuarios, marismas, manglares y más zonas costeras no sería posible sin las prácticas y conocimientos tradiciones de comunidades indígenas y campesinas, como el manejo del agua y sus ciclos, normas comunitarias, calendarios agrícolas y pesqueros, así como sistemas de gobernanza que dan prioridad al equilibrio ecológico, antes que a la explotación de los recursos.

Sin este conocimiento, resultaría complicado conservar los ecosistemas donde habita el 40 % de todas las especies de plantas y animales.

Los humedales también son grandes aliados climáticos por su papel clave para evitar emisiones de gases de efecto invernadero, que en muchos casos almacenan más carbono que los bosques tropicales, pero también son relegados por los tomadores de decisiones a nivel mundial.

Pese a los beneficios que generan, son también uno de los ecosistemas con mayor deterioro. A nivel mundial, se ha perdido el 35 % de los humedales naturales, que desaparecen tres veces más rápido que los bosques, de acuerdo con datos de Naciones Unidas.

En este Día Mundial de los Humedales, Mongabay Latam destaca tres casos en los que los conocimientos tradicionales de comunidades indígenas están restaurando y protegiendo a estos refugios de vida, frente a los impactos de la agroindustria, la construcción, la pesca excesiva, la sobreexplotación de recursos y la crisis climática.

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada realizan estrategias de restauración con comunidades vecinas y autoridades, así como de uso compartido de recursos. Foto: cortesía AIDA[/caption]

Sierra Nevada, donde los humedales sagrados son restaurados por pueblos de Colombia

Para los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta —el sistema costero montañoso más alto del mundo—, los humedales que hay en esta región del Caribe colombiano representan espacios sagrados que conectan ecosistemas, pero también culturas y conocimientos.

Jaime Luis Arias Ramírez, gobernador del pueblo kankuamo y miembro del Consejo Territorial de Cabildo de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC), sostiene que los humedales de la región representan una conexión “espiritual, natural y biológica” para los pueblos kankuamo, kogi, wiwa y arhuac.

“Cumplen una función importante en la conservación de diferentes especies, son espacios donde hacemos nuestro trabajo de armonización y al mismo tiempo aportan materiales sagrados para el ejercicio de la cultura, del gobierno y del territorio”, explica a Mongabay Latam.

El líder indígena señala que el pueblo Kankuamo apuesta no solo por la recuperación de territorios a raíz de la colonización, sino también en generar planes ambientales en coordinación con otras autoridades, así como estrategias de restauración con comunidades vecinas y de uso compartido de recursos.

Una de esas estrategias es el monitoreo que hacen las comunidades en los humedales en coordinación con instituciones ambientales para intercambiar conocimientos técnicos y científicos que respete la visión indígena que existe por estos espacios.

“Por ejemplo, los mayores identifican qué tipo de variedades de plantas están en riesgo o están en proceso de recuperación desde la parte espiritual”, relata Arias sobre los impactos de diferentes actividades humanas, como la minería y el turismo masivo.

De acuerdo con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en la Sierra Nevada de Santa Marta existen cerca de 251 concesiones mineras, proyectos hidroeléctricos, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura que ponen en riesgo los ecosistemas de la región.

“Frente a eso, estamos en un ejercicio de recuperar los humedales, los manglares, las lagunas, los ríos y otros espacios donde se conserve o se restablezcan esos corredores biológicos y ancestrales”, comenta el dirigente, quien agrega que la protección de estos ecosistemas genera una “estrategia de pedagogía” con otros actores y comunidades.

Arias también sostiene que estas prácticas ya se ven reflejadas en la Ciénaga Grande, el humedal costero más grande de Colombia, así como en ecosistemas del Parque Tayrona y en manglares del departamento de La Guajira.

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada también participaron en el proceso de la opinión consultiva emitida en 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual reconoció por primera vez el derecho a un clima sano, como una medida para enfrentar la crisis climática.

La estrategia también ha sido legal. En 2018, los pueblos de la Sierra Nevada lograron que el Estado de Colombia emitiera el decreto 1500, que reconoció y delimitó formalmente la cartografía oficial de la Línea Negra o “Sezhiya”, la cual conecta 348 sitios sagrados para estas poblaciones.

A través de la red Amigos de la Sierra, organizaciones como AIDA, las clínicas jurídicas de la Universidad del Rosario y de Antioquia promovieron estrategias judiciales para que se emitiera este decreto, el cual es clave para saber cómo deben construirse estrategias de conservación y restauración de ecosistemas con enfoque biocultural, a partir de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y respetando sus espacios sagrados.

El reto, añade Arias, será fortalecer estos procesos ante realidades cada vez más complejas, como las dinámicas provocadas por el cambio climático.

“Toca ser más efectivo no solo en la participación sino en la implementación de esas salvaguardas y garantías. Hoy, los pueblos somos gobiernos y desde la naturaleza es fundamental cuidar estos espacios para obtener el equilibrio”, sostiene.

Una victoria para comunidades que protegen humedales, culturas y derechos en Argentina

Las comunidades del pueblo atacama, ubicado al norte de Argentina, consideran más importante el cuidado de la tierra y el “buen vivir” que cualquier modelo económico de desarrollo.

Parte del territorio que habitan incluye a los humedales altoandinos, formados por salares, lagos, lagunas y bofedales, ecosistemas de gran valor biológico, cultural y económico que les han permitido vivir desde hace más de 10 000 años en esta región andina, ubicada a más de 3500 metros sobre el nivel del mar.

Esta profunda conexión territorial ha sido la clave para que 10 comunidades atacameñas fueran reconocidas como áreas TICCA (territorios y áreas conservados por los Pueblos y Comunidades Indígenas), también llamados territorios de vida. Son iniciativa de una plataforma internacional donde las propias comunidades generan datos, estudios, mapas y análisis para la preservación de estos espacios frente a la explotación de recursos.

Se trata de los primeros territorios de Argentina con este reconocimiento y que conforman la Red Torna Lickana con las comunidades Incahuasi, Raíces Andinas, Corralito, Matancillas, Casa Colorada, Esquina de Guardia, Tipan, Cobres, Rangel y Cerro Negro, asentadas en la cuenca del salar Salinas Grandes, en las provincias de Salta y Jujuy.

Cada una de ellas emplea el conocimiento tradicional para conservar su territorio y al mismo tiempo las actividades que les dan sustento, como el cuidado y aprovechamiento de animales, agricultura, la extracción de sal y la medicina tradicional.

Vanina Corral, abogada y responsable del área de política ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señala que estas reglas comunitarias sobre el uso del agua, el pastoreo y la agricultura sostenibles han sido vitales para la preservación de los territorios.

“Los sistemas de gobernanza propios de las comunidades son clave porque están basados en sus conocimientos tradicionales que no son solo saberes del pasado, son sistemas vivos de gestión del territorio que nos han demostrado durante siglos cómo convivir con estos ecosistemas sin destruirlos”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Este sistema, señala, en donde hay reglas compartidas sobre dónde cultivar, pastorear o cuándo extraer agua, evita la sobreexplotación de los humedales y permite que se regeneren de forma natural.

Sin embargo, los humedales altoandinos también están cada vez más amenazados por actividades humanas, principalmente la minería de litio y otros minerales estratégicos a gran escala, en las provincia de Catamarca, Salta y Jujuy.

“La minería de litio no solo vulnera al ecosistema por la cantidad de agua que utiliza en ecosistemas donde hay muy poca”, comenta Corral. “También tiene impactos en la cultura y en la vida de las comunidades que hoy luchan por mantener sus formas de vida ancestrales”.

De acuerdo con información proporcionada por las propias comunidades a la plataforma TICCA, esta amenaza comenzó en 2010 con la llegada de empresas interesadas en la explotación de litio sin generar ninguna discusión o consulta sobre los impactos culturales, políticos, ambientales, sociales, y económicos en las comunidades.

Entre los impactos que detectan los propios habitantes está el incremento de tránsito, lo que pone en riesgo a los animales de los cuales subsisten; perturbación de los humedales por la instalación de pozos de bombeo; y el mal manejo de residuos sólidos.

Pese a las presiones de la industria, las poblaciones atacameñas han trabajado en estrategias legales a diferentes niveles para proteger el territorio. Comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc llevaron su reclamo hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También mantienen procesos a nivel provincial y nacional, como en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con este expediente buscan frenar la extracción de litio en sus territorios para priorizar el acceso al agua.

Para Corral, el histórico reconocimiento de territorios como TICCA en Argentina es clave para visibilizar el rol de las comunidades indígenas en la conservación de la naturaleza, desde prácticas culturales, espirituales y sociales, lo que permite construir alianzas e intercambiar experiencias con otras poblaciones en la región.

Sin embargo, afirma que este reconocimiento es más “simbólico y político”, pues considera que hay retos importantes para que los saberes tradiciones de las comunidades indígenas ocupen un lugar central en políticas públicas y puedan reflejarse mejor en la práctica.

“Todavía las decisiones, las políticas de protección de estos ecosistemas tienen que integrar las voces de estos territorios y receptar estos reconocimientos. Proteger los humedales también es proteger culturas, derechos y futuros posibles”, afirma.

Rituales tradicionales y defensa del Lago Titicaca en Perú

Desde el lado peruano que rodea al Lago Titicaca —el más alto del mundo— mujeres lideresas de distintas provincias se han organizado para proteger a este humedal de importancia mundial y que desde abril de 2025 fue reconocido como sujeto de derechos.

El trabajo de la Red de Mujeres Lideresas Unidas en Defensa del Agua y el Lago Titicaca ha combinado rituales ancestrales, monitoreo comunitario y estrategias legales para intentar rescatar al humedal que enfrenta graves problemas de contaminación por metales pesados y aguas residuales.

Para la agrupación de mujeres de la región de Puno, el Lago Titicaca no es solo una fuente de agua, sino un ser vivo con el que se comunican.

“El lago nos avisa, nos comunica”, dice Soraya Poma, quien está al frente de la red de mujeres, al explicar cómo el lago les guía en los procesos de agricultura.

“En [lengua] aymara decimos que sale una cosa verde en las piedras. Cuando sale en la primera semana de septiembre, la primera siembra va a estar bien. Cuando el lago se negrea y está oscuro decimos que va a caer la lluvia”, explica la dirigente y agricultora a Mongabay Latam.

Incluso, en épocas de sequía, cuenta, la comunidad de Suancata, de la provincia de Chucuito Juli, acude al lago para un ritual: sacar a la rana gigante del lago Titicaca (Telmatobius culeus), que, en la cosmovisión de los pueblos de la región, es un invocador de lluvias y de fertilidad. Las ceremonias, detalla Poma, también incluyen ofrendas como la hoja de coca, reconociendo al lago como parte central del orden natural y espiritual del territorio.

Este vínculo cultural ha sido clave para sostener una defensa activa frente a la contaminación del Lago Titicaca. Las mujeres han impulsado denuncias, campañas de concientización durante festividades masivas como la Virgen de la Candelaria y acciones comunitarias de recolección de basura en las riberas. Además, han promovido un monitoreo comunitario binacional con comunidades del lado de Bolivia.

“En un inicio hasta llegamos a discusiones con las hermanas de Bolivia. Hicimos un pacto y tenemos un documento oficial para trabajar en diferentes actividades. Hacemos monitoreo solicitando especialistas, biólogos, para saber en qué grado ya está la contaminación”, explica la dirigente.

Tras años de trabajo, negociaciones y resistencia frente a la discriminación institucional, el Consejo Regional de Puno aprobó una que reconoce al Lago Titicaca como sujeto de derechos, un logro insuficiente pero que implicó coordinar los conocimientos tradicionales de las comunidades con estrategias legales.

“Para esta ordenanza hemos dado alma, vida, corazón. Pero también dentro de este proceso hemos sufrido discriminaciones”, recuerda Poma, pues implicó un desgaste que aún persiste ante autoridades que cuestionan o desdeñan su relación con el lago.

Aunque este decreto fue un paso histórico, las lideresas advierten que la lucha continúa. El reto ahora es la reglamentación y la implementación que debe traducirse en acciones reales de restauración, tratamiento de aguas y control de actividades extractivas.

“El lago está pidiendo auxilio”, dice Poma, quien señala como un reto en sí mismo la coordinación de las 60 mujeres que integran la red y viven en comunidades apartadas entre sí. Sin embargo, también ve esperanza en su saber y su organización por el humedal.

“Con la organización se puede proteger un río, un lago, dejar un territorio limpio para nuestras futuras generaciones”, afirma.

Esta nota se publicó originalmente en Mongabay Latam el 2 de febrero de 2026.

ED

El avión de la compañía colombiana Satena que desapareció este miércoles en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), con 15 personas a bordo, fue hallado accidentado y sin sobrevivientes, confirmó la aerolínea.

El avión, un bimotor Beechcraft 1900, despegó este miércoles del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para un vuelo de unos 25 minutos con destino a Ocaña, la segunda ciudad del departamento, pero su contacto se perdió y no llegó al aeropuerto Aguas Claras, donde debía aterrizar.

A bordo iban 13 pasajeros, entre ellos el congresista Diógenes Quintero Amaya, y dos tripulantes, agregó la aerolínea en un comunicado.

Según Satena el avión de matrícula HK-4709 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, “operada por la empresa Searca, y en la que se transportaban 13 pasajeros y 2 tripulantes, sufrió un accidente fatal, con un balance de 15 personas fallecidas”.

Satena agregó que el vuelo NSE8849 que “despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am”.

Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la aldea Curacica, una zona montañosa que hace parte del municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander), situado a solo media hora de Ocaña.

En el avión, además del congresista Diógenes Quintero Amaya, viajaba su asistente Natalia Acosta.

Los otros pasajeros fueron identificados como María Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo (candidato al Congreso), Rolando Peñaloza Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Maira Sánchez Criado y Juan Pacheco Mejía.

La tripulación estaba compuesta por los capitanes Miguel Vanegas y José de la Vega.

El congresista Quintero Amaya era representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) de la región del Catatumbo (Norte de Santander), y había llegado a ese escaño en 2022 con el respaldo de comunidades víctimas del desplazamiento forzado en esa zona del país.

Quintero, que fue defensor regional del Pueblo en Ocaña, buscaba la reelección en los comicios legislativos del próximo 8 de marzo, esta vez como candidato del Partido de la U por Norte de Santander.

Ese movimiento político expresó “su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país” porque Quintero “fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública”.

La historia se repite 50 años después con la misma aerolínea en la misma ruta

El accidente este miércoles de un avión de la compañía estatal colombiana Satena, que se estrelló cuando volaba entre las ciudades de Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, con 13 pasajeros y dos tripulantes a bordo, trajo a la memoria otra tragedia ocurrida hace 50 años de la misma aerolínea y en la misma ruta.

El avión accidentado este miércoles era un bimotor Beechcraft 1900, con matrícula HK4709, operado por Searca, que despegó del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, con destino al de Aguas Claras, en Ocaña, pero se estrelló en una zona montañosa de la localidad de La Playa de Belén y no hubo sobrevivientes entre sus 15 ocupantes, según Satena.

Hace ya medio siglo, el sábado 3 de mayo de 1975, otro avión de Satena, un DC-3 con matrícula FAC663 que hacía el vuelo inaugural entre Ocaña y Cúcuta, despegó del aeropuerto de Aguas Claras con siete personas a bordo pero se estrelló contra el cerro La Cuchilla, en inmediaciones de la localidad de Sardinata (Norte de Santander) cuando le faltaban ocho minutos para llegar al Camilo Daza, según la página de la Flight Safety Foundation, con sede en EE.UU..

En ese accidente murieron los cuatro tripulantes, todos miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), propietaria de Satena, en una época en la que los aviones requerían más personal en vuelo, pero milagrosamente se salvaron los tres pasajeros.

Según una crónica del diario El Tiempo de la época los sobrevivientes fueron el actor Orlando Galás, cuyo verdadero nombre era Orlando Carrascal Claro; el periodista Jorge Rolón García y el abogado Héctor Sánchez.

Rolón García era un conocido locutor de la emisora Radio Sonar, de Ocaña, afiliada a la cadena Caracol, que emitió mensajes fúnebres por la muerte del periodista, ya que la Fuerza Aérea en un primer momento informó que no había supervivientes y solo al día siguiente fueron hallados con vida los tres pasajeros.

A raíz de ese accidente, el periodista Rolón García fue llamado cariñosamente 'el Sateno' hasta su muerte, ocurrida en Cúcuta en septiembre de 2013, a los 69 años de edad. 

Con información de agencias.

IG

Iván Cepeda, candidato de la izquierda oficialista y líder en los sondeos para las elecciones presidenciales de mayo próximo en Colombia, es un político de temperamento sereno y habla pausada. En el Congreso —donde ocupó un escaño en cuatro ocasiones consecutivas—, lideró la defensa de las víctimas de las violaciones ocurridas durante el conflicto armado en el país latinoamericano. Considerado por algunos analistas como el interlocutor ideal para reunir las dispersas bases electorales del progresismo, este bogotano de 63 años ganó las primarias de la coalición del Pacto Histórico para recibir el testigo del actual presidente, Gustavo Petro.

De momento anunció que, por cuenta de los niveles de polarización en la contienda, no asistirá a debates. Sí atendió a elDiario.es en Madrid, donde hizo escala para presentar su candidatura y denunciar la agresión ilegal de EEUU a Venezuela, pese a que su Gobierno no reconoció los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de 2024 que dieron la victoria a Nicolás Maduro. “Colombia no es una colonia ni protectorado de EEUU”, decía claramente en la rueda de prensa previa a la entrevista. “Hacemos un llamado de alerta de que EEUU está intentando influir en nuestras elecciones. Buscan influir en la opinión pública catalogando a nuestro presidente como narcotraficante”.

Cepeda Castro cree que Europa y América Latina viven un momento decisivo en el que es necesario ser conscientes del peligro que representa Trump. “Cuando surgió el nazismo, nadie creía que iba a ser lo que fue. Las peores cosas ocurren con la incredulidad de la gente precisamente porque son muy graves”.

Una primera pregunta inevitable, ¿cuál es su análisis de la agresión estadounidense a Venezuela y su interpretación de la visión trumpista en política exterior hacia América Latina?

Es muy importante entender a qué nos estamos enfrentando. Un problema no se puede abordar si no hay una comprensión clara de qué dimensión tiene, qué tan profundo es y cuáles son sus consecuencias. Desde esa perspectiva, no es correcto entender todos y cada uno de los hechos y eventos que hemos venido constatando a lo largo de este segundo periodo de Donald Trump como si se tratara de hechos que son sencillamente inconexos, que provienen de estados anímicos o que son simplemente el resultado de una política que es desordenada y caótica. Trump no es un hombre desquiciado y lunático, sino la expresión de una realidad política.

Estamos hablando de una estrategia. Afortunadamente, ya la tenemos escrita para que podamos sacar las conclusiones necesarias. Esa estrategia es una estrategia de una característica muy clara: es la entronización de un modelo totalitario, yo diría neofascista, de comprensión del hemisferio occidental, entre otras cosas.

Cuando asumí esta responsabilidad —porque yo era reacio a ser candidato presidencial—, tuve que sentarme a pensar en lo que eso significa. Es decir, pensando incluso en los escenarios más catastróficos que pueden venir de una intervención militar o de una acción interna de golpe de Estado

¿Cree que una vuelta tan burda al expansionismo o imperialismo estadounidense puede tener algún efecto, no ya en la izquierda, sino en esos sectores que no están tan ideologizados?

Cuando surgió el nazismo, nadie creía que iba a ser lo que fue. Las peores cosas ocurren con la incredulidad de la gente precisamente porque son tan graves. Entonces, yo espero que se entienda que no son palabras, no son declaraciones y no son reacciones anímicas. Es una política que está en ejecución y todos deben entenderlo, no solo la izquierda ni los sectores con un mínimo sentido de la dignidad nacional. Ese camino a lo que lleva es al desastre, al desastre económico, político y social, así que es nuestro deber oponernos a eso.

Venimos de un periodo de fuertes tensiones entre Colombia y Estados Unidos tras años de una alianza que parecía inquebrantable. ¿Cómo va a abordar usted esa relación con Washington y la Casa Blanca de seguir esta política exterior?

Si llego a ser jefe de Estado, mi primer deber es cumplir la Constitución y nuestra Constitución es muy clara: Colombia es una nación soberana. Haré respetar su soberanía. Colombia es una nación que está a favor de la integración latinoamericana, que obedece al principio de respeto por la soberanía de otros pueblos y, por supuesto, que cultiva relaciones de cooperación, de buen entendimiento y de colaboración entre las naciones. Ahora bien, esos son los principios, pero habrá que ver las realidades a las cuales nos abocaremos. Si hay un intento de intervención militar en Colombia, tendré que tomar las decisiones que correspondan a esas circunstancias.

¿Ha recibido usted por parte de la Administración Trump algún ataque o teme que sea atacado durante la campaña, tal y como lo ha sido el actual presidente, Gustavo Petro?

Con el secretario [de Estado, Marco] Rubio, ya ha habido episodios, especialmente cuando se desarrolló el proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez. Un proceso en el cual yo he tenido el rol de víctima, el presidente Trump y el secretario Rubio hicieron declaraciones claramente intervencionistas a favor del expresidente, en contra de la Justicia y catalogando ese juicio como una especie de atentado o montaje judicial en su contra [Cepeda inició una demanda contra Uribe, quien fue condenado en primera instancia, posteriormente absuelto y ahora el caso se enfrenta a su último recurso].

Es curioso cómo la extrema derecha, que hace una defensa tan firme de la soberanía de las naciones, está ahora aplaudiendo en cierta medida una intervención ilegal en otro país. ¿Qué opina de eso y cómo se ha posicionado la oposición en Colombia?

Hemos escuchado voces intentando propiciar una intervención en Colombia, comenzando por la del propio expresidente Álvaro Uribe, quien este mismo miércoles ha dicho que es necesario un cambio de gobierno lo más rápidamente posible. Es decir, no a través de las elecciones.

El Gobierno de Petro no reconoció los resultados oficiales de 2024 que dieron la victoria a Maduro en Venezuela. ¿Cómo abordaría usted esa relación bilateral y la crisis política y humanitaria en Venezuela?

En este momento, si es a eso a lo que nos referimos, hay que buscar una solución incruenta, política y diplomática. Esa ha sido la convicción de mi Gobierno. Se han hecho esfuerzos múltiples en ese sentido para encontrar un diálogo entre la oposición y el Gobierno o lo que se llama el chavismo. Creo que mi Gobierno debe darle continuidad a sus esfuerzos, por supuesto.

Pero hasta ahora no han tenido resultados.

Sí, es cierto, pero en esto de los diálogos, se lo dice una persona que ha estado 15 años sentado en mesas de negociación, hay que ser perseverante.

¿Cómo respondería usted ante una injerencia estadounidense en las elecciones de Colombia claramente en contra de su candidatura?

Pues a través, obviamente, de reacciones políticas. Y una reflexión sobre eso: es muy equívoca la idea de que agrediendo mi candidatura, como lo ha hecho la extrema derecha colombiana, se va a lograr debilitarla. Más bien lo que he visto es que aumenta el nivel de simpatía y el fortalecimiento. Las mentiras, las manipulaciones, las distorsiones de lo que somos y de lo que queremos hacer se hacen muy evidentes. Intentar presentarme a mí como una especie de vocero de las organizaciones armadas es un gravísimo equívoco y lo han visto ya los sectores de extrema derecha.

Una de las peores secuelas del neoliberalismo como modelo es que consideró al ser humano y sus derechos como una mercancía y dentro de la lógica económica. Ese estado de postración y degradación moral lleva a asumir de una manera banal el mal, como ya dijo Hannah Arendt. Necesitamos un despertar de la conciencia

¿Teme que Colombia pudiese ser el próximo objetivo de Estados Unidos en caso de que el resultado electoral no fuese el favorable para la Administración Trump?

En la medida en que eso afecta a mi pueblo y va a afectar a la región, por supuesto. Pero más que temor, mi posición es totalmente firme: haremos todo lo necesario para evitarlo y buscaremos todas las alianzas y procesos políticos que lo eviten. Pero obviamente, cuando yo asumí esta responsabilidad —porque yo era reacio a ser candidato presidencial y ha sido un proceso en el cual he recibido solicitudes y exigencias de los movimientos sociales con los que tengo una relación muy estrecha, casi orgánica—, tuve que sentarme a pensar en lo que eso significa. Es decir, pensando incluso en los escenarios más catastróficos que pueden venir de una intervención militar o de una acción interna de golpe de Estado.

¿Cómo caracterizaría el tipo de izquierda que usted representa para darle contexto a un analista europeo?

Nuestra historia es la de una serie de corrientes políticas que se han ido identificando en torno a unos propósitos muy claros. Queremos hacer de Colombia hoy por hoy una nación realmente democrática, pacífica y en paz; una nación que tenga la condición de ser una nación equitativa y que tenga la posibilidad de desarrollar al máximo nuestro potencial.

Eso se expresa en la idea de que podemos ser una potencia mundial agroalimentaria. Somos una izquierda que está claramente identificada con las transformaciones sociales, con la equidad social, con ser cada vez una nación más democrática y también una nación más próspera. Obviamente, en el sentido en que todo eso coincide con un humanismo y con un respeto de la naturaleza.

Usted ha dicho que tendrá una línea continuista con el actual presidente. ¿Cuál es el legado de esta presidencia en términos sociales? ¿Qué puede destacar?

Hay un conjunto de logros que son el resultado del cumplimiento de nuestro programa. La reforma agraria ha tenido como resultado que, por primera vez, en Colombia se han entregado o se aspira a entregar 700.000 hectáreas porque ya están en poder del Estado. También ha tenido una reforma laboral, una reforma tributaria con el respeto del principio constitucional de progresividad en los impuestos y una reforma de las pensiones. Las políticas públicas han sido claramente sociales, como por ejemplo la el aumento considerable del salario mínimo, que en la última decisión del Gobierno ha crecido un 23%, es decir, un alza histórica. Podría enunciar otras, pero es en ese terreno en el cual nuestro Gobierno ha tenido un signo distintivo evidente con otros.

A menudo se ha calificado de fracaso la política de paz total del presidente Gustavo Petro de negociar paralelamente con todos los grupos armados. ¿Cuál es su análisis al respecto?

Lo que pasa es que en Colombia tenemos un conflicto armado que ha ido mutando en el tiempo. Tuvo un retroceso importante con el acuerdo de paz de 2016 y ha tenido procesos de diálogo que han ido desarrollándose en este tiempo. Pero esos procesos se enfrentan a realidades también que son muy graves: Una de ellas es que el narcotráfico se ha globalizado como economía, es decir, lo que hemos visto en este cuarto de siglo es la emergencia de un narcotráfico que tiene hoy múltiples mercados internacionales. Ya no es solamente Estados Unidos o Europa. También estamos ante una muy fuerte economía ilegal de la explotación del oro, porque el oro se ha ido convirtiendo poco a poco en prácticamente el fundamento de la divisa internacional sustituyendo al dólar.

Todos esos cambios tienen un impacto territorial donde está el conflicto armado en su situación más álgida por precisamente la emergencia de esas economías o su fortalecimiento. Se han transnacionalizado no solamente los mercados, sino también las redes criminales. Desde la Patagonia hasta Alaska, hoy tenemos muchas más organizaciones, redes, ejércitos que están involucrados en las economías ilícitas y eso ha impactado severamente a Colombia.

En este sentido, que el conflicto armado y que la violencia se hayan recrudecido en ciertos lugares del país no obedece a que haya fracasado una mesa de diálogo. Tal explicación sería superficial. Estamos ante una realidad distinta. Necesitamos asumir que solamente la transformación económica de los territorios puede dar lugar a una política de paz o de seguridad exitosa.

¿Plantea algún cambio notable respecto al actual mandato presidencial de Gustavo Petro?

Más que continuismo, diría que propongo una clara línea de profundización de los cambios sociales. Hay un acento muy importante. Comencé hablando en mi campaña de una revolución ética. ¿Qué entiendo por eso? Entiendo que en Colombia y en el mundo hay un estado de degradación moral evidente.

Una de las peores secuelas del neoliberalismo como modelo es que se consideró al ser humano y sus derechos como una mercancía y dentro de una lógica económica. Eso tiene una grave consecuencia que en mi país está agudizada por el efecto de una muy prolongada violencia. Y es que el ser humano termina deshumanizándose. Ese estado de postración y degradación moral lleva a asumir de una manera banal el mal, como ya dijo Hannah Arendt. Necesitamos un despertar de la conciencia y el despertar de la conciencia se puede dar si entendemos que es necesario salir de ese estado de tolerancia e insensibilidad moral. Eso se logra, por ejemplo, escuchando a las víctimas de la violencia, haciendo la memoria de lo que han sido las sociedades y escuchando la verdad.

Que el conflicto armado y que la violencia se hayan recrudecido en ciertos lugares del país no obedece a que haya fracasado una mesa de diálogo. Tal explicación sería superficial. Estamos ante una realidad distinta. Necesitamos asumir que solamente la transformación económica de los territorios puede dar lugar a una política de paz o de seguridad exitosa

Parte de esa degradación moral es la corrupción. El haber convertido el Estado en objeto de la privatización ha provocado que cualquier privado pueda disponer del bien público y eso ha estimulado que el Estado se convierta sencillamente en un botín. En Colombia no tenemos corrupción, tenemos la megacorrupción. Tenemos la toma de la corrupción en el Estado, en todas las ramas del poder público, en todos los niveles, desde el Gobierno hasta las alcaldías. Debemos producir como parte de esa revolución ética una rebelión ciudadana contra la corrupción. Y ahí va a haber un acento distinto.

En la relación bilateral con Estados Unidos, Gustavo Petro ha adoptado un estilo más confrontacional con Donald Trump que otros líderes de la región ¿Cuál será su estilo?

Mi comportamiento y conducta política la fijo no intentando diferenciarme del presidente. Soy una persona que se orienta por el respeto en la política. Respetar a todos, comenzando por los adversarios. Así que por mi parte no habrá ninguna clase de dinámicas de insulto, palabras destempladas o concursos de quién dice la peor cosa del otro. Pero soy una persona que fija posiciones claras y argumentadas; posiciones que, una vez las asumo, las convierto también en norma. Es decir, si yo tomo la decisión de ser candidato presidencial es porque voy a hacer cumplir la Constitución y desde esa perspectiva vamos a asumir todas las decisiones, siendo por supuesto muy respetuoso en las formas, pero muy claro en el fondo.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, y su par estadounidense, Donald Trump, hablaron este miércoles por teléfono por primera vez en medio de la escalada verbal entre ambos, que se agravó el sábado pasado tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en un operación estadounidense en Caracas.

Fuentes de la Cancillería colombiana confirmaron a EFE la conversación entre los presidentes, que duró más de 40 minutos. En la misma Donald Trump invitó a Gustavo Petro a visitar los Estados Unidos.

En un discurso ante miles de personas que llenaron este miércoles la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, en una concentración en “en defensa de la soberanía” tras las amenazas de su par norteamericano, Gustavo Petro dio algunas pistas sobre el contenido y el tono de la conversación.

“En medio del debate de estos dos, tres días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro”, manifestó Gustavo Petro en aparente referencia a la conversación con Trump.

Gustavo Petro convocó esta conversación en medio de una guerra verbal con Donald Trump, quien el pasado domingo comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma”.

En referencia al presidente colombiano, Donald Trump dijo entonces que el país está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Maduro, respondió: “A mí me suena bien eso”.

El presidente colombiano reaccionó con otra amenaza, de volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero del M-19, para defender la soberanía de la “amenaza ilegítima” de Donald Trump.

Según dijo Gustavo Petro en su discurso, “políticos que son responsables de tener relaciones con el narcotráfico y de haber hecho trizas la paz” de Colombia, “engañaron a Trump” al vincular al mandatario colombiano con mafias para ponerlo en su contra y provocar una crisis con Estados Unidos.

“Pues esos mismos son los responsables de esta crisis, llamémosla diplomática por ahora, verbal, por ahora, que ha estallado entre Estados Unidos y Colombia”, subrayó el presidente.

Según el mandatario, sus enemigos “parece que quisieran que llegaran los helicópteros aquí como en Caracas y nos tiraran unos misilazos”, como ocurrió el sábado en Caracas cuando fueron capturados Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Donald Trump dijo, tras la llamada telefónica, que contempla reunirse con Petro en medio de las tensiones entre ambos Gobiernos por las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Bogotá al operativo militar estadounidense en Venezuela. 

JIB

La tanqueta blindada avanza, varios soldados cortan el tráfico para permitir que aparque y un enjambre de periodistas se amontonan junto a los tres vehículos militares para grabar con sus cámaras. Es el único movimiento inusual en el puente Simón Bolívar, el principal paso fronterizo entre Venezuela y Colombia, por donde cada día cruzan unas 30.000 personas.

La afluencia se mantiene normal tras la operación militar ilegal de EEUU y la captura de Nicolás Maduro; incluso ha bajado, según los vendedores ambulantes que llenan de puestos las aceras.

“Estoy un poco más aliviada, pero con mucha expectativa, no sabemos qué va a pasar con el país. No será pronto, faltan muchos años para que Venezuela pueda ser como era”, asegura Adriana Salazar, una venezolana que vive en Colombia desde hace varios años y regresa después de pasar las Navidades en su país.

La euforia inicial de la diáspora venezolana –cerca de ocho millones en todo el mundo– ha dado paso a la cautela. En Cúcuta, ciudad limítrofe en el norte de Colombia, centenares de venezolanos salieron la noche del domingo a festejar el derrocamiento de Maduro, pero nadie asistió a una nueva concentración convocada para el día siguiente.

Estoy un poco más aliviada, pero con mucha expectativa, no sabemos qué va a pasar con el país. Faltan muchos años para que Venezuela pueda ser como era

Adriana Salazar — venezolana residente en Colombia

“Yo no opino nada. Uno opina algo y se mete en problemas, tengo a mi familia en Venezuela, no me voy a arriesgar por dar opiniones que no debería”, dice Henry Macías, que cruza la frontera cada día para trabajar de albañil. El temor de los venezolanos en su país contrasta con el desahogo de los que viven fuera.

“Era algo que la mayoría de venezolanos estábamos esperando que sucediera, en algún momento, y ¡qué milagro que pudo suceder de verdad! Para mí es una gran alegría”, dice Luis Rumano, que vive en Chile desde hace nueve años. Su vuelo se canceló por el cierre del espacio aéreo venezolano tras el ataque de EEUU el sábado de madrugada y ha tenido que salir con toda su familia por tierra.

Tanto las opiniones de Macías y Rumano, como las descripciones de la situación en Venezuela, son opuestas. Para Henry está “todo calmado, sin escándalos”, mientras que para Luis “hay mucha tensión, todo muy silencioso”, porque la población no sale de casa “por miedo a que personas armadas les amedrenten”.

Se refiere a los colectivos, grupos chavistas en motocicleta que suelen salir a las calles en momentos de tensión como forma de intimidación. Desde Caracas, varios residentes han enviado a elDiario.es fotografías de esos hombres motorizados con armas largas realizando rondas de vigilancia en estos días.

Otro migrante venezolano, Ariles Allen, ha viajado más de 12 horas desde Caracas y cuenta que ha pasado por diez controles de carretera de las fuerzas armadas bolivarianas en ese trayecto de 800 kilómetros. “No me han parado en ninguno, todo muy ligero, había pocos vehículos”, afirma. En la capital, dice Allen, han abierto únicamente farmacias, supermercados y gasolineras, y se han formado largas colas de personas para hacer acopio de bienes básicos. “Se llevan sobre todo enlatados y arroz, pero no hay bulla; por primera vez, hay orden”, cuenta.

Era algo que la mayoría de venezolanos estábamos esperando que sucediera, en algún momento, y ¡qué milagro que pudo suceder de verdad!

Luis Rumano — venezolano residente en Chile

Otra de las mujeres que camina con varias maletas sobre el puente asegura que los uniformados venezolanos le han pedido 50.000 pesos (unos 11 euros) por dejarla pasar en uno de los controles.

Aparte de los que sí pueden cruzar la frontera, hay decenas de periodistas internacionales que han llegado a la parte colombiana pero no puede pasar: las autoridades venezolanas ya han devuelto a varios por no disponer de un visado de prensa, imposible de conseguir en estos momentos. En Venezuela ya se ha informado de la detención de al menos siete periodistas locales en Caracas.

Tal día como hoy, hace justo un año, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, dijo que cualquier extranjero que entre al país sin autorización será tratado como invasor. Esa advertencia está ahora más vigente que nunca.

Aumenta la tensión entre Washington y Bogotá

Nada en la frontera y en Venezuela hace pensar que se vaya a producir un éxodo masivo de la población, pero ese fue el motivo que esgrimió el presidente colombiano, Gustavo Petro, para enviar a unos 30.000 militares a lo largo de los 2.200 kilómetros de la porosa frontera con el país vecino, además de prometer asistencia a los refugiados.

Su ministro de Defensa fue más allá y aseguró que se activaron todas las capacidades para “anticipar y neutralizar” cualquier ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla que opera a ambos lados de esos lindes y que en el último año ha recrudecido sus acciones armadas. “[El ELN] es nuestra amenaza permanente, sobre la cual enfocamos nuestro accionar para mitigar, debilitar y poder derrotar militarmente esa amenaza”, explica a elDiario.es el teniente coronel Jonathan Artus en el puente Simón Bolívar.

El ELN controla el tráfico de drogas en esa región, el Catatumbo, con el apoyo explícito o la omisión de la fuerza pública venezolana. Por eso, ante la agresión militar de Estados Unidos y la captura de Maduro y la posible pérdida de poder del chavismo, al Gobierno venezolano le preocupa que la guerrilla binacional pueda replegarse de nuevo hacia el interior de su territorio.

Por otro lado, en caso de un ataque terrestre o aéreo por parte de Estados Unidos, como ha sugerido Donald Trump en varias ocasiones, todo indica que el objetivo sería el Catatumbo, la zona con mayor producción de coca. La posibilidad de una intervención militar en territorio colombiano ha disparado la tensión entre Washington y Bogotá.

Tras la captura de Maduro, el presidente colombiano dijo que no le preocupaba para nada una operación militar de Estados Unidos en su territorio, a lo que Trump respondió: “Entonces será mejor que vigile su trasero”. Al día siguiente, el mandatario colombiano insistía: “Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra”. Trump volvió a advertir que Colombia puede ser el próximo objetivo y Petro elevó el tono de su réplica: “Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, en referencia a su pasado como guerrillero.

Las declaraciones de Trump han calado entre la población colombiana y en la campaña de las elecciones presidenciales previstas para el próximo mes de mayo. “Mejor que se vaya Petro, porque solo nos va a dar problemas”, opina Augusto Ortiz, dueño de un taller. El miedo es otra forma de imponer la voluntad de Washington en la región, sin necesidad de lanzar un misil.

Cautela de los venezolanos en Cúcuta

En una barriada a las afueras de Cúcuta, cerca del puente Simón Bolívar, hay infraviviendas de latón y tablones que bautizaron como Venezuela, porque fueron levantadas por decenas de familias de ese país que lo abandonaron en los últimos años. Zuly Guerra salió hace cinco años por la acuciante necesidad económica. Hoy casi 8 millones de venezolanos necesitan ayuda urgente para sobrevivir, según la ONU.

“Me duele lo que está pasando en mi país, porque no es un justo que un presidente de Estados Unidos dañe la paz de tantos venezolanos, deje a madres sin sus hijos que son militares”, dice la joven, militar retirada, que ni siquiera abre la reja de su casa. “Aquí hay mucho sicariato, mucha matadera. Si andas en motocicleta nueva, te matan para robártela”, asegura.

Le agradezco a Trump por liberar a Venezuela, que sea como antes. Allá no podemos hablar de la liberación, porque, si no, nos matan, nos llevan presos, nos quitan los hijos

Ciliana Suárez — venezolana residente en Colombia

El lodo anega los callejones del asentamiento precario, paradójicamente parte del barrio La Esperanza. Esa palabra repite Ciliana Suárez varias veces. “Le agradezco a Trump por liberar a Venezuela, que sea como antes. Allá no podemos hablar de la liberación, porque, si no, nos matan, nos llevan presos, nos quitan los hijos”, lamenta.

La mujer recuerda cómo en Trujillo, a 700 kilómetros de Cúcuta, lloraba por tener que alimentar a los suyos con papaya guisada para que se llevasen algo de comida caliente a la boca. Ahora llora por no poder volver a su tierra. Está agradecida con Colombia por darle a sus hijos la oportunidad de estudiar, pero se queja de la discriminación que ha sentido y que le ha impedido encontrar trabajo en seis años. “Aquí al menos tenemos luz y agua”, se consuela.

En Cúcuta viven, o sobreviven como pueden, más de 200.000 venezolanos, una cuarta parte del total de sus habitantes. “Aquí las mujeres somos putas, porque dicen que les robamos a los maridos. Y a los hombres los ven a todos como ladrones”, reclama otra vecina sobre el ambiente de hostilidad que ha generado el éxodo de más de tres millones de venezolanos en Colombia.

Sin embargo, pese a las precarias condiciones, la marginalidad y la inseguridad, ni Zuly ni Ciliana piensan, de momento, en regresar. “Hay que ver cómo sigue la situación”, dice la primera. El futuro de Venezuela sigue en el aire y en la frontera los sueños se han roto demasiadas veces como para aventurarse.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó este lunes al pueblo colombiano a marchar en las calles el próximo miércoles para defender la soberanía de su país ante las amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos.

“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país. En la Plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano. ¡Colombia libre!”, escribió Petro en X.

El mandatario colombiano invitó además a todos los ciudadanos a unirse en defensa de su independencia y democracia izando una bandera de Colombia en la entrada de sus casas o lugares de trabajo

La iniciativa surge en medio de la polémica global por la reciente intervención de fuerzas estadounidenses en Venezuela el pasado sábado para secuestrar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras lo cual Donald Trump, presidente estadounidense, calificó a Colombia como “país enfermo” al que le gustaría intervenir militarmente.

En las últimas horas Petro rechazó las acusaciones en su contra que lo vinculan sin pruebas con el narcotráfico y aseguró que cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas de Colombia y con el de su pueblo.

Cualquier gobierno contrario a Estados Unidos o considerado hostil por la Administración de Donald Trump estará preocupado en estos momentos. Washington ha puesto el punto de mira sobre algunos de ellos y, tras el ataque ilegal de Washington contra Venezuela y el secuestro de Maduro, las amenazas se han intensificado contra algunos vecinos de la región —y otros más lejanos como Dinamarca—.

El presidente de EEUU ha apuntado hacia Cuba y Colombia inmediatamente después del asalto en Caracas. “Si viviera en La Habana y estuviera en el Gobierno, estaría preocupado”, aseguró su secretario de Estado, Marco Rubio, en una rueda de prensa junto a Trump. El propio Trump ha calificado Cuba de “Estado fallido” y ha dicho que se hablará muy pronto de ese país.

Rubio volvió a señalar a Cuba en el programa 'Meet the press' de la cadena NBC News: preguntado por la entrevistadora sobre si el Gobierno cubano sería el próximo objetivo de la Administración Trump, el encargado de la 'diplomacia de las bombas' estadounidense admitió que “el Gobierno cubano es un gran problema”, aunque no quiso hablar sobre los “pasos futuros” que adoptará Washington respecto a ese “problema”.

“No es ningún misterio que no somos grandes admiradores del régimen cubano que, por cierto, es el que estaba sosteniendo a Maduro”, declaró Rubio el domingo, agregando que el aparato de seguridad del presidente venezolano estaba “completamente controlado por Cuba” y sus guardias personales eran cubanos y no venezolanos. De hecho, entre las decenas de fallecidos que ha dejado el asalto de EEUU hay más de 30 militares cubanos asesinados.

Guardias y petróleo cubanos

El canciller venezolano, Yván Gil, informó en un comunicado de que los cubanos asesinados desempeñaban “tareas de protección y defensa institucional” como parte de la “cooperación entre Estados soberanos”. Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel señaló que los militares de su país “cumplían misiones” en Caracas a “solicitud de órganos homólogos de ese país” y el Ministerio de Interior cubano indicó en redes sociales que, entre los fallecidos, hay personal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de su departamento, donde ejercen también muchos militares, así como miembros de los servicios de Inteligencia, informa la Agencia EFE.

Cuba no es una amenaza existencial para EEUU, pero sí es una piedra en el zapato de Marco Rubio, que viene trabajando para tener a toda América Latina bajo control estadounidense

Jesús A. Núñez — Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)

Hace un mes, el periódico The New York Times desvelaba que Maduro había reforzado su seguridad y se estaba apoyando en guardaespaldas y agentes de contrainteligencia cubanos ante el creciente temor a una intervención militar o una traición. Hasta ahora, ni Cuba ni Venezuela habían admitido que guardias cubanos estaban al servicio del presidente venezolano, aunque se sabe que La Habana paga los envíos de petróleo con servicios profesionales, como médicos, profesores y también personal militar, de seguridad personal e inteligencia.

Tras la salida de Maduro de escena y, por tanto, de un importante apoyo para Cuba, Trump consideró que, ante la mala situación económica en la isla, no sería necesaria una operación para acabar con el régimen cubano. “Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano”, afirmó el mandatario en declaraciones hechas a bordo del Air Force One el pasado domingo. “No creo que necesitemos ninguna acción”.

Según Jesús A. Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), esa va a ser la estrategia de EEUU para ahogar al régimen cubano: cortar el suministro de crudo desde Venezuela. “El régimen está recibiendo petróleo venezolano prácticamente gratis; si no lo recibe y, encima, tiene que comprarlo, será muy complicado porque no tiene recursos”. El economista y exmilitar considera que Cuba es el siguiente país en la lista de la Administración Trump, aunque no sea “una amenaza existencial para EEUU”, pero sí es “una piedra en el zapato de Marco Rubio, que viene trabajando en la línea de tener a toda América Latina bajo control estadounidense”.

El experto en conflictos dice a elDiario.es que los mensajes de la Administración Trump son claros y no hace falta interpretarlos. Con base en ellos, Colombia y Nicaragua parecen ser los objetivos más inmediatos, después de Venezuela y Cuba, ante una comunidad internacional que no hace nada para frenarlo. “¿Qué freno va a tener Trump, si ya ha dado estos pasos –que suponen violar el derecho internacional y su propia legislación– y ve que no hay consecuencias? ¿Por qué no va a acelerar [sus intervenciones en América Latina]?”, se pregunta A. Núñez.

¿Qué freno va a tener Trump, si ya ha dado estos pasos –que suponen violar el derecho internacional y su propia legislación– y ve que no hay consecuencias?

Jesús A. Núñez — Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)

Gustavo Petro, el segundo enemigo

Después de capturar a Maduro, Trump volvió a arremeter contra su otro enemigo del sur, el presidente colombiano, Gustavo Petro. En la rueda de prensa desde Florida volvió a acusar sin pruebas a Petro de estar detrás del tráfico de cocaína: “Entonces será mejor que vigile su culo”, advirtió. Al día siguiente, Trump calificó al jefe de Estado colombiano como un “hombre enfermo”. Uno al que, además, “le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos. Y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo”, dijo a bordo del Air Force One. 

A esas declaraciones, Petro contestó este lunes a través de su cuenta de X: “Aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”. “No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo”, agregó el mandatario colombiano.

La lucha contra el narcotráfico ha sido el eje central de la confrontación verbal entre los dos países que mantuvieron durante décadas una alianza estratégica sin apenas fisuras. El gigante del norte es el gran socio comercial de Colombia y Bogotá ha sido, a su vez, fundamental en la estrategia de seguridad del Pentágono en América Latina.

Petro, lejos de replegarse frente a la gran potencia mundial, ha convertido la coyuntura en una herramienta política y ha devuelto los mensajes insultantes, calificando a Trump de “monstruo”. Sin embargo, la analista y experta en relaciones internacionales Sandra Borda advierte de que, a cinco meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el mandatario de izquierdas carece de margen de maniobra para ir más allá de esas subidas de tono.

En cuanto a la actitud de Trump, Borda explica: “La amenaza del uso de la fuerza contra Colombia es parte de la estrategia de control de la región. Y aunque suene obvio recordarlo, es una forma de tutelaje selectiva e ideológica que [EEUU] aplica para todos los países”.

La experta dice a elDiario.es que no hay explicación coherente para justificar el indulto que Trump otorgó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico. Aún menos sí, al mismo tiempo, captura y encarcela a Maduro por delitos paralelos. Dentro de ese marco de doble rasero, que Borda cataloga como una 'nueva doctrina Monroe', se desenvuelve la pugna ideológica en el continente.

“Es su forma de lidiar con los países de la región. Lo hizo en Argentina, en México y en Brasil. Su forma de intervención en los procesos políticos y electorales se apoya en el uso de las amenazas y el uso de la fuerza como método de control de los Gobiernos que le resultan adversos en materia ideológica”, concluye la analista. 

La amenaza del uso de la fuerza contra Colombia es parte de la estrategia de control de la región

Sandra Borda — Analista y experta en relaciones internacionales

Una de cal y otra de arena para México

Después del ataque ilegal a Venezuela, Trump volvió a apuntar contra México y su presidenta, Claudia Sheinbaum, a la que acusó de tener “miedo” de confrontar al narco. “Me agrada Claudia Sheinbaum, es una excelente persona. Nos encantaría que México lo hiciera; son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente los cárteles gobiernan México”, aseguró ante los medios.

No es la primera vez que Trump lanza a Sheinbaum advertencias directas: “Hay que hacer algo con México”. Y la respuesta de la presidenta ha sido firme y ha rechazado cualquier injerencia extranjera. También ha recordado que la lucha contra el crimen organizado es una responsabilidad del Estado mexicano, no una condición impuesta desde el exterior. “México no es un protectorado ni un patio trasero de nadie”, declaró. 

Este lunes, Sheinbaum indicó que México coopera con el Gobierno de Trump contra el narcotráfico “incluso por razones humanitarias”, pero insistió en que la violencia tiene entre sus causas “la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México, así como el grave problema del consumo de drogas en el país vecino”.

La relación entre los dos vecinos ha estado marcada por una tensa ambivalencia. Si, por un lado, Trump ha insistido en que le “agrada” Sheinbaum, por otro, la acusa de ser permisiva. Ese doble discurso —elogio personal seguido de amenazas políticas— ha marcado el tono con otros líderes latinoamericanos.

Sheinbaum, a quien analistas de medios estadounidenses como The New York Times han reconocido su tacto a la hora de gestionar las relaciones con la Casa Blanca, ha llamado a respetar la soberanía de los países y a resolver los conflictos por la vía diplomática y no con amenazas de fuerza. Este lunes, la mandataria se ha referido a la posibilidad de que EEUU intervenga en su país como en Venezuela: “Yo no creo en la invasión, no creo en ni siquiera que sea algo que ellos lo estén tomando muy en serio”. 

El investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México Juan Cruz Olmedo recuerda que la relación entre México y EEUU es, con diferencia, la más estrecha en la región. Por ello, cualquier tensión se mueve como una onda sísmica en ambas direcciones. En el caso mexicano, las primeras repercusiones serían económicas: entre el 80 y el 90% de sus exportaciones van a EEUU. 

Luego vienen los asuntos humanitarios y de seguridad; el tráfico de drogas y la migración. México se ha convertido en un corredor ineludible de tránsito para migrantes de Centroamérica o Sudamérica en su camino hacia el norte. Este último es un factor de presión enorme, apunta Cruz Olmedo, que ha sido utilizado como moneda de cambio dentro de la política migratoria bilateral.

La estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido mantener la cabeza fría, evitar las provocaciones y no caer en peleas discursivas. Aunque detrás de esa postura tranquila haya cedido en varios terrenos clave

Juan Cruz Olmedo — Investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México 

El cóctel entre comercio, narcotráfico y migración se halla en la médula de los roces entre Trump y Sheinbaum. El experto recuerda que el menú de presiones de la Casa Blanca ha abarcado desde la imposición de nuevos aranceles a las importaciones mexicanas, pasando por el uso de su poderío militar o nuevas sanciones migratorias unilaterales.

“Frente a esa incertidumbre, la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido mantener la cabeza fría, evitar las provocaciones y no caer en peleas discursivas. Aunque detrás de esa postura tranquila haya cedido en varios terrenos clave, como la política de seguridad y la migración, donde ha endurecido el control en la frontera sur y ha aumentado la cooperación con EEUU en extradiciones y combate al narcotráfico”.

Los aliados de Trump hacen frente común

Algunos gobiernos de Latinoamérica se han mostrado a favor del ataque ilegal de EEUU contra Venezuela y no han mostrado su preocupación por que Washington intervenga en otros países de la región por su cercanía ideológica a Trump.

Desde Argentina, el Gobierno ultraderechista de Javier Milei respaldó el ataque de una potencia global como EEUU a un país del continente americano, abandonando así los principios rectores de la política exterior de Argentina: la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

El alineamiento de Milei con Trump –cuya Administración dio un auxilio financiero-político en medio de la campaña para las elecciones legislativas argentinas– empieza a tener consecuencias en el terreno. En una entrevista con el canal de televisión LN+, Milei dio por cierto que Maduro “tiene como fuente de ingresos el narcotráfico del Cártel de los Soles”, una organización de cuya existencia dudan los expertos, y afirmó que en su lugar debería asumir la presidencia Edmundo González Urrutia, a quien definió como “el verdadero presidente”.

Argentina se sumó a la postura de varios países dentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que bloquearon un comunicado conjunto de condena por el ataque de Washington a Venezuela, que había impulsado Colombia, país que detenta la presidencia del organismo. Paraguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Panamá, gobernados por la derecha, se pronunciaron a favor de la acción ilegal de EEUU.

Además, el Gobierno argentino prepara una cumbre de líderes de derecha al estilo Grupo de Lima para el primer semestre del año en Buenos Aires: “Será una ofrenda de Milei a Trump, para demostrarle que puede ser su representante en la región y que él también tiene algo para aportar en el altar de Washington”, escribió Jorge Liotti, editorialista de La Nación, diario conservador argentino.

Antes del pasado fin de semana, Milei aseguró a la cadena CNN en español que su Gobierno avanza en la conformación de un bloque de países de ultraderecha, integrado por diez miembros que están dispuestos a “abrazar las ideas de la libertad y plantarse frente al cáncer del socialismo”.

Desde Chile –y en contraste con la postura del todavía presidente Gabriel Boric–, el presidente electo, el ultracatólico José Antonio Kast, celebró la detención de Nicolás Maduro como “una gran noticia para la región”.

El ultraderechista chileno afirmó que “los Gobiernos de América Latina deben asegurar que todo el aparato del régimen [chavista] abandone el poder y rinda cuentas”. Kast asumirá la Presidencia el 11 de marzo: ya ha viajado a Argentina y Ecuador y visitará este miércoles Perú en aras de “la coordinación regional” del bloque ultra. El mandatario peruano, José Jerí, cerró las puertas de Perú a venezolanos vinculados al Gobierno de Maduro, en línea con lo que hizo el Ejecutivo de Milei.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, amenazó este lunes con volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero, para defender la soberanía de su país de la “amenaza ilegítima” del mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989 (sic), pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, dijo Petro en un largo escrito en su cuenta de X.

En su juventud, Petro hizo parte de la guerrilla del M-19 que se desmovilizó en 1990 después de firmar un acuerdo de paz con el entonces presidente colombiano Virgilio Barco (1986-1990).

El domingo, Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma”, y en referencia a Petro dijo que el país está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Nicolás Maduro, que fue detenido con su esposa Cilia y ambos llevados ante un juez de Nueva York, Trump respondió: “a mí me suena bien eso”.

“No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso”, afirmó Petro para rechazar las acusaciones de Trump en su contra.

El mandatario, que tiene un enfrentamiento verbal con Trump prácticamente desde que éste comenzó su segundo periodo en la Casa Blanca, hace casi un año, señaló que tiene “una enorme confianza” en que el pueblo colombiano lo defenderá.

“La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor”, subrayó.

Según Petro, si Estados Unidos “detiene al presidente”, como lo hizo el pasado sábado en Caracas con Maduro y Flores tras un bombardeo en varios puntos de Venezuela, enfrentará la reacción popular.

“Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EE.UU. a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular”, agregó.

EFE

La política exterior de Estados Unidos está marcando la agenda de la Unión Europea. La Cumbre UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que se va a celebrar los días 9 y 10 de noviembre en Santa Marta (Colombia), llega sin la participación de importantes líderes europeos como la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz o el presidente francés, Emmanuel Macron. 

La desbandada coincide con el anuncio de Donald Trump de imponer sanciones a Colombia y las acusaciones contra el presidente, Gustavo Petro, al que ha calificado de “líder del narcotráfico que incentiva fuertemente la producción masiva de drogas en campos grandes y pequeños por toda Colombia”, las amenazas contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que incluye el desplazamiento de un portaviones en la zona, o los ataques militares estadounidenses contra barcos relacionados supuestamente con el narcotráfico.

Según el Consejo Europeo, en esta cumbre se discutirán temas como “la defensa del multilateralismo, el comercio y la inversión, las transiciones verde y digital, planes paz y seguridad y la lucha contra el crimen organizado, la corrupción, el tráfico de drogas y la trata de personas”. A pesar de esta agenda, un portavoz de la Comisión Europea justificó la ausencia de Von der Leyen en que “en vista de la actual agenda política europea y la baja participación de otros jefes de estado y de gobierno, la presidenta Von der Leyen no asistirá a la cumbre, pero sigue en cualquier caso plenamente comprometido con el fortalecimiento de las relaciones entre la UE y CELAC”. Fuentes del Gobierno alemán utilizaron el mismo argumento de la baja participación de líderes para excusar la participación de Merz. Tanto Von der Leyen como Macron y Merz sí asistirán a la COP30 en Brasil.

Fuentes diplomáticas mostraron su malestar ante la posición de Von der Leyen, ya que al ser una cumbre entre dos bloques de países, la presidenta de la Comisión Europea debería asistir por protocolo. En su lugar irá la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y también acudirá el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ante el revuelo creado por la ausencia de la principal dirigente de la UE.

Los funcionarios de la UE temen enfadar a Trump y que rompa el frágil acuerdo comercial cerrado el pasado verano entre Europa y los EEUU y recuerdan la dependencia de armamento y la inteligencia militar estadounidense que necesita Ucrania para defenderse de Rusia, según publica Financial Times.

La presión de EEUU a los países latinoamericanos llega cuando la UE está a punto de cerrar el acuerdo comercial con Mercosur, que se podría firmar el próximo 20 de diciembre en Brasil. Von der Leyen ya retrasó su ratificación hasta para lograr la consecución del pacto de aranceles con Trump.

En esta situación, el presidente de Colombia denunció en la red social X que “fuerzas ajenas a la paz de América han querido que la cumbre Celac/Europa fracase. Y claro que en la nueva geopolítica fósil y antidemocrática se busca que los pueblos que desean la libertad y la democracia no se junten”. Ante el posible descalabro de la cumbre, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, anunció que participaría en la reunión pese a que en un primer momento su Gobierno anunció que no acudiría a Santa Marta.

Aunque la Administración Trump incrementó la presión sobre el presidente colombiano con acusaciones sin pruebas de apoyar al narcotráfico, la realidad es que EEUU ya anunció posibles sanciones cuando Petro apuntó en mayo que Colombia se uniría a la iniciativa de infraestructuras Belt and Road de Pekín durante una visita a China.

Ese mismo mes se celebró una reunión China-CELAC en Pekín con la participación de los líderes de Brasil, Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro, y Chile, Gabriel Boric, donde el presidente chino, Xi Jinping, anunció que “China aumentará sus importaciones de productos de alta calidad de países de América Latina y el Caribe e incentivará a sus empresas a expandir sus inversiones en esa región”. Además, Xi le mandó un mensaje velado a Trump al comentar que “la intimidación y la coerción solo conducen al aislamiento” e insistió en que China iba a impulsar la colaboración con los países latinoamericanos como respuesta a las tensiones geopolíticas.

EEUU no ha parado de lanzar mensajes intimidatorios a los países latinoamericanos que trataban de impulsar las relaciones comerciales con China. A esta política coercitiva responde la amenaza de Trump de utilizar la fuerza para recuperar el control del canal de Panamá. Tras la advertencia, el gobierno panameño se bajó de la iniciativa de infraestructuras Belt and Road de China.

Además, en el caso de Colombia hay que añadir que en un año hay elecciones presidenciales. Trump estaría buscando un nuevo presidente más afín a sus intereses y desbaratar la posibilidad de que Petro rompa el acuerdo de cesión de bases militares a EEUU en territorio colombiano para combatir el narcotráfico. “Llegó la hora de sacar todas las bases estadounidenses del país”, comentó Petro el pasado 20 de octubre.

Dentro de la estrategia de política exterior de Trump está romper con las reuniones multilaterales. Estados Unidos ha presionado para que la República Dominicana cancelara la Cumbre de las Américas que iba a tener lugar el próximo diciembre, donde habrían participado líderes latinoamericanos junto a Estados Unidos y Canadá.

España rebaja la importancia de las ausencias

El presidente Pedro Sánchez anunció hace tiempo su participación en la cumbre en Colombia. España tiene especial interés en el éxito de estas reuniones que han sido promocionadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Fuentes de Moncloa han rebajado la importancia a las ausencias de líderes europeos con el argumento de que todos los países van a mandar a representantes a Santa Marta y se centran en que la cumbre se va a celebrar, que es la prioridad para España.

Respecto a las amenazas de Trump sobre las supuestas implicaciones de los gobiernos de Venezuela y Colombia con el narcotráfico, fuentes de Moncloa señalan que es una prioridad luchar contra las redes de narcotráfico y el crimen organizado mediante cooperación política y judicial y el intercambio de información.

El Gobierno de España recuerda que la Unión Europea va a presentar en Santa Marta un proyecto propio para abordar la lucha contra el narcotráfico. Desde Moncloa se apunta que tanto Venezuela como Colombia han decidido abordar el problema común del narcotráfico, que preocupa a ambos lados del Atlántico, y que España defiende que es un reto que se tiene que afrontar desde el cumplimiento del Derecho internacional.

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), una organización que representa a 350 grandes empresarios de todos los países de Iberoamérica que participa tanto en el foro empresarial como observador en la parte política del encuentro UE-CELAC, señala que “nunca antes EEUU había puesto tanto interés en Latinoamérica” y que “la reacción de la Unión Europea ha sido acelerar y potenciar los tratados comerciales con las principales economías de Latinoamérica. Ahí está el tratado con México, con Mercosur o con Chile. Cuando estén todos en vigor, el 94% del PIB de la región se beneficiará de tratados comerciales con la UE”.