El presidente colombiano, el ultra Abelardo De la Espriella, había prometido durante su campaña electoral endurecer las políticas de seguridad contra los grupos violentos en Colombia. Pero pocos pensaron que también endurecería el formato en el que mostraría los resultados del conflicto interno. Fue el miércoles de esta semana cuando el mandatario, de 49 años, publicó en su cuenta de X un largo video en el que, tras informar de la muerte de 23 presuntos delincuentes en un bombardeo del ejército sobre una zona de la selva del sur del país, se podía ver como él mismo paseaba entre las filas de bolsas blancas con los cadáveres de los supuestos criminales muertos en el departamento del Guaviare.

Se trata del tercer bombardeo letal contra grupos criminales en menos de un mes de gobierno de De la Espriella. La ofensiva forma parte de una nueva fase de la guerra para combatir organizaciones violentas y el narcotráfico, llevada a cabo por el nuevo Ejecutivo de extrema derecha. “Les prometí enfrentar el terrorismo y lo estoy haciendo”, afirmó De la Espriella en el video.

La publicación generó críticas de organizaciones de derechos humanos, académicos y la oposición colombiana. Emily Dickinson, directora para América Latina del think tank International Crisis Group, expresó su rechazo públicamente, señalando que el acto glorifica la violencia.

“Exhibidos como trofeos de guerra”

El experto en seguridad Hugo Acero traza la frontera del “monopolio legítimo de la fuerza”. El Estado colombiano, recuerda, tiene la obligación ineludible de proteger a la ciudadanía y esa obligación lo habilita, según la ley, a emplear una “fuerza proporcional y letal” contra quienes la infrinjan. El quiebre ético y legal, sin embargo, no ocurre en el momento del uso de la fuerza, sino en la fase posterior. Tras los protocolos de “investigación judicial y análisis forenses”, el Estado debe restituir los cuerpos a sus familiares.

Es la única manera, añade Acero, de garantizar sus derechos en materia de “procesos religiosos y culturales”. Por ello advierte que los restos humanos no pueden ser “exhibidos como trofeos de guerra” ni instrumentalizados con fines políticos o mediáticos. Y deja claro que la acción estatal no opera bajo la lógica de la “retaliación”, sino bajo la premisa de la seguridad colectiva.

Este mismo viernes, el presidente ultra mostró en X la imagen de otros cuatro cadáveres, después de una operación contra el narcotráfico, llevada a cabo por la Policía Nacional colombiana, en la que aseguró que fue abatido alias Naím o “Bendito Menor”, que De la Esrpiella calificó como “uno de los criminales más peligrosos del país”.

“Desde mi posesión impartí una instrucción perentoria a la cúpula militar y policial: convertir a este criminal en objetivo de alto valor y perseguirlo sin descanso”, escribió el mandatario. “Hoy, con la Operación Centinela de la Patria, demostramos que las órdenes se cumplen y que cuando el Estado actúa con determinación, inteligencia y contundencia, el crimen retrocede”, agregó.

La ofensiva militar de De la Espriella, que se enmarca en el Escudo de las Américas impulsado por la Administración de Donald Trump, chocó esta semana con una decisión judicial contundente. Un juzgado de Arauca (departamento fronterizo con Venezuela) ordenó al Estado colombiano detener los bombardeos contra grupos armados hasta que las fuerzas armadas ajusten sus protocolos para garantizar que menores de edad no sean blanco de los ataques aéreos. La medida responde a múltiples denuncias de presuntas víctimas civiles en operaciones previas.

Discurso de mano dura

El freno legal llega justo cuando De la Espriella quiso acelerar su discurso de firmeza militar: 26 combatientes muertos durante sus primeras semanas de gobierno. Sin embargo, el contraste inquietó a los observadores del conflicto interno. Mientras el presidente reporta las ofensivas en sus redes sociales, detallando bajas, alias de combate e incautaciones de arsenal por parte del ejército, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que cuatro menores fallecieron en los dos primeros bombardeos —dos adolescentes de 15 años y otros dos de 16 años—.

La reacción de la oposición trascendió las redes sociales. Iván Cepeda, excandidato presidencial, senador y una de las principales figuras de la izquierda colombiana, criticó con fuerza las medidas de seguridad anunciadas por el Gobierno para los primeros cien días de mandato. Entre otras, calificó el resurgimiento del ESMAD (polémico cuerpo antidisturbios de la Policía) como preocupante y una amenaza para la democracia en Colombia.

Asimismo, desde la toma de posesión de De la Espriella el 7 de agosto, Cepeda pasó de la denuncia a la acción. Anunció la creación de un “gabinete en la sombra”, inspirado en el modelo británico, con voceros especializados por sectores desde la oposición de izquierda. Su misión: vigilar de cerca cada Ministerio del Gobierno ultraderechista. Así, la colación del Pacto Histórico del expresidente Gustavo Petro busca armar una oposición técnica y constante que cuestione las decisiones presidenciales, que mantenga viva un discurso político independiente a la de la ofensiva militar y otros proyectos que De la Espriella puso en marcha.

El círculo cercano de De la Espriella está formado por militares retirados que moldean la estrategia sobre el terreno y frente a las cámaras, aseguran fuentes cercanas al mundo castrense. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, fue entregado a Jorge Mora López, un general retirado con 30 años de experiencia en crimen transnacional, y la Comandancia de las Fuerzas Militares recayó en el general Erik Rodríguez, quien había sido retirado por Petro meses antes.

La revista The New Yorker identificó recientemente cómo la maquinaria digital de Nayib Bukele se expande por América Latina a través de videos, símbolos e influencers que buscan transformar la seguridad en una experiencia emocional. De la Espriella replicó ese modelo en Colombia. En la pieza presidencial, el mandatario se refiere a alias “Tigre”, uno de los cabecillas de la facción liderada por Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia. Está al frente de un grupo disidente de las desaparecidas FARC que rechazó el acuerdo de paz de 2016, opera en la Amazonía traficando con droga y controlando territorios.

De la Espriella afirma en el video que el Tigre es “ese miserable que hoy hemos sacado de circulación”. La difusión de las imágenes oficiales marca, quizás, un quiebre en la comunicación institucional de Colombia. La puesta en escena que muestra cadáveres de supuestos disidentes abatidos vulnera la dignidad de los muertos, señala el editorial publicado el viernes en el diario colombiano El Espectador.

En la misma línea, expertos y observadores recordaron en los últimos días que existen otros métodos eficaces para comunicar el éxito operativo de las fuerzas de Colombia. Se trata de estrategias que respetan el marco ético, evitan el terreno de la venganza y se ciñen estrictamente al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe la instrumentalización de los cuerpos de las personas desarmadas o caídas en combate. Ariel Ávila, analista de seguridad y de derechos humanos opositor, resumió: “Una cosa es actuar con contundencia ante los violentos; otra, la necropolítica y la espectacularización de la muerte”.

San José del Palmar, el municipio colombiano donde estuvo el epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el lunes, permanece parcialmente incomunicado y con graves daños materiales, aunque las autoridades aseguraron este miércoles que no registra víctimas mortales.

“No hay pérdidas humanas, es un balance positivo gracias a Dios”, informó el alcalde del municipio, León Fabio Marín Moncada, que detalló a medios locales que unas 400 viviendas resultaron afectadas y al menos 20 edificaciones colapsaron, mientras la localidad permanece sin electricidad y con problemas en el suministro de agua.

San José del Palmar es un municipio con una población aproximada de 5.800 habitantes y está ubicado en el sureste del Chocó, uno de los departamentos más olvidados de Colombia, y limita con Risaralda y Valle del Cauca, los dos departamentos más golpeados por el terremoto.

La situación es especialmente compleja en las zonas rurales aledañas, donde las autoridades han tenido dificultades para comunicarse con algunos habitantes debido a la falta de señal telefónica.

La única vía de acceso terrestre permanece cerrada por los daños en las carreteras, por lo que el municipio solo es accesible en helicóptero, medio por el que este miércoles llegaron ayudas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Cerca a finalizar las labores de rescate en el Chocó

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, se desplazó hasta allí este miércoles por primera vez, 48 horas después del sismo, para atender la emergencia y conocer de primera mano la situación de las comunidades afectadas.

Desde allí confirmó además que una familia de cuatro personas que estaba reportada como desaparecida en Quibdó, la capital departamental, fue localizada con vida y se encuentra en buen estado de salud.

“Están bien, están bien de salud”, afirmó Córdoba-Curi, quien explicó que la familia no se encontraba en el punto donde inicialmente se realizaba la búsqueda y había quedado incomunicada en otro lugar.

La gobernadora señaló que el Chocó, uno de los departamentos más pobres de Colombia, registra 14 muertos y que solo queda por localizar a una persona en ese mismo punto para poder cerrar la fase de búsqueda y rescate en el departamento.

“Es una gran noticia para los chocoanos y también para el país”, afirmó.

El sismo, el más fuerte sufrido por Colombia en lo que va de siglo, ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, a una profundidad de 103 kilómetros.

EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó en Bogotá que había por lo menos 265 muertos como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió ese país, mientras que son 3.494 los heridos y 496 los desaparecidos, según los datos consolidados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Teniendo en cuenta la gravedad de las circunstancias que hoy aquejan a Colombia, una tragedia como esta nos obliga definitivamente a tomar medidas excepcionales para enfrentar esta crisis generada por la naturaleza”, expresó el miércoles el mandatario, en conferencia de prensa en el Palacio San Carlos, sede de la Cancillería.

Según datos de la UNGRD, el impacto del terremoto estuvo centrado en los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca, subrayó De la Espriella, y advierten que existe un gran desafío para enfrentarla debido a una grave situación fiscal.

“Luego de evaluar todas estas circunstancias, ponderarlas con el equipo económico, estamos estructurando una serie de medidas que son, sin duda, alivios temporales pero que ayudan y que tienen que ver con el pago de servicios públicos para las familias damnificadas por parte del Gobierno”, informó De la Espriella.

Además, el mandatario anunció subsidios de alquileres para quienes perdieron sus casas durante el terremoto, medidas de alivio tributario y financiero, así como apoyo para los comerciantes y pequeños empresarios más afectados.

“Le informo al país que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra constitución, para poder enfrentar esta crisis como corresponde”, sostuvo.

De la Espriella anunció que ordenó la creación del “Fondo Milagro” que busca canalizar los aportes nacionales e internacionales y que serán destinados para la reconstrucción de vías, aeropuertos, hospitales, centros educativos, e inmuebles así como para una serie de acciones que sirvan para la reactivación económica.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, autorizó “operaciones militares conjuntas” con EE.UU. en Colombia para combatir el narcoterrorismo y apunta que el país sudamericano se sumará a la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C).

“Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el miembro número diecinueve, y a través del recién investido presidente, como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente El Tigre, Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”, afirmó Hegseth durante una reunión de la colación en Ciudad de Panamá.

Después del triunfo en Colombia del líder ultraderechista Abelardo de la Espriella, Washington expresó al país latino apoyo político, cooperación en seguridad y ayuda tras el terremoto del lunes, al volver a consolidar una alianza cercana y afín entre ambos gobiernos.

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo con anterioridad que prevé destinar mil millones de dólares a Colombia como parte de un paquete de asistencia en seguridad, algo de lo que se congratuló el pasado 8 de agosto el nuevo vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo. El paquete contempla robustecer las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales, mediante tecnología estadounidense, una mayor operatividad y operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.

“Medidas enérgicas y concretas como estas ejemplifican el tipo de participación activa y operativa que buscamos en nuestros socios para convertir a la A3C en una coalición potente y letal. Sí, tenemos reuniones, coordinaremos, pero en última instancia, se trata de las operaciones que podemos llevar a cabo conjuntamente para proteger la soberanía individual y la totalidad del hemisferio”, resaltó el titular de la cartera estadounidense de Guerra durante su discurso.

Un “Escudo de las Américas” contra los carteles

Previo a ello, Hegseth felicitó a Ecuador por ser el “primer miembro” de esa coalición contra los carteles en “asociarse con Estados Unidos en una operación” contra “narcoterroristas”, de igual manera celebró que Honduras y Guatemala aceptaran “participar en operaciones combinadas” contra narcos en sus países.

Ecuador, Honduras y Guatemala son parte de los países que en marzo pasado se suscribieron al llamado “Escudo de las Américas”, impulsado por EE.UU., junto con Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago Bahamas, Belice, Chile, Jamaica y Perú.

La Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C) es la principal herramienta del Escudo de las Américas para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, y busca reforzar la seguridad fronteriza, desarticular finanzas criminales y actuar conjuntamente ante amenazas regionales compartidas.

“Con todos ustedes, Estados Unidos forjará un Hemisferio Occidental seguro, estable y próspero. No buscamos ni dominación ni dependencia. Solo buscamos (...) una colaboración genuina con sus gobiernos para lograr seguridad, estabilidad y prosperidad”, subrayó el secretario de Guerra estadounidense. Unas palabras, las de Hegseth, que pueden sonar relativamente 'bien' pero que sugieren un margen de maniobra muy amplio para Estados Unidos, un país con una larga historia –pasada y presente– de dominación y subyugación, especialmente de países del sur.

Sin embargo, la oposición colombiana ha criticado con dureza dicho anuncio, que consideran una “renuncia a la soberanía”. La izquierda apunta además que “la invitación formulada por De la Espriella” es inconstitucional al entender que “corresponde al Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras en territorio” colombiano.

elDiario.es / EFE

Una voz ordena guardar silencio a través de un megáfono. Su directriz se replica y, en efecto dominó, llega a los oídos de todo el que rodea una de las búsquedas de sobrevivientes esparcidos por la ciudad de Pereira. Los rescatistas sueltan las palas, la grúa apaga el motor, las motos frenan su trayecto. Claudia deja de avisar a sus vecinos de que hay bocadillos para quien quiera, María para el reparto de agua y Eduard posa en el suelo un cubo lleno de escombros. Y empiezan a alzar sus dos brazos, estirados, con los puños cerrados. La vorágine y el griterío se transforman en un absoluto silencio.

En cada una de estas escenas, un rescatista rompe el silencio y dirige su mirada a las ruinas donde llevan días trabajando:

- Les habla el equipo de rescate. Si hay alguien con vida, hagan ruido.

El silencio regresa, aún con más intensidad, y se transforma en una escucha colectiva. Los rescatistas, junto a los vecinos que solo presencian la escena, se esfuerzan en tratar de percibir una respuesta. En oir un golpe, un quejido, una palabra que les anime a mantener la esperanza de vida entre cascotes. Algunos equipos cuentan con sonómetro e introducen un pequeño micrófono después de abrir ventanas de acceso a las tripas del derrumbe. Otros solo tienen sus oídos.

En el sector de La Lorena, intentaban escuchar la voz de Tuto. En lo que queda del Hotel De Beni, la de Ángela y la de Jovani; unos 200 metros más allá, la de Juan Fernando, un comerciante que pasaba la noche por trabajo en un hotel de la ciudad que colapsó por completo.

Los operarios más próximos al lugar donde piensan que se encuentra Tuto sepultado por los escombros rompen la calma. Sus manos abandonan la tensión de sus puños y empiezan a aplaudir. “¡Hay vida!”, grita la voz del megáfono. Los vecinos se abrazan, se emocionan, aplauden. Un minuto después, regresa la actividad del rescate con aún más apremio. “¡Denle, denle! Sigamos trabajando!

La escena, repetida durante los primeros días tras el terremoto de Colombia –que dejó ya 265 muertos, según el recuento oficial–, se produce cada vez con menos frecuencia con el paso de las horas, pero continúan, especialmente en el centro de la ciudad. La probabilidad de respuesta, de que sigan con vida algunas de las decenas de personas que se estima que continúan bajo los edificios colapsados de Pereira, una de las más afectadas, desciende.

Hay un momento tope en el que piensa cada rescatista y voluntario: el cumplimiento de las 72 horas después del temblor. Superado el plazo, las posibilidades de mantener la vida entre los restos del terremoto son mínimas, según los equipos de rescate de Colombia.

En la noche de este miércoles, esa frontera temporal resuena en la mente de los equipos desplegados en las calles de Pereira. El tiempo se agota y la urgencia se percibe en cada uno de los puntos donde aún existe esperanza de vida bajo las ruinas. “Se acaba el tiempo. Y, cuando escuchas una voz, da mucha rabia dejar de escucharla. Duele mucho sacar un cuerpo sin vida cuando respondía bajo los escombros”, dice Andrés, mientras observa desde la distancia cómo los equipos profesionales trabajan en el mismo lugar donde él y sus compañeros voluntarios lo hicieron sin apenas manos de equipos oficiales durante las jornadas anteriores. Él había estado presente cuando pidieron silencio en su intento de escuchar al “panadero”, el hombre que regentaba uno de los negocios del Parque de la Libertad convertido ahora en polvo y cascotes. En la mañana de este miércoles localizaron su cuerpo sin vida.

En ese mismo lugar, los operarios aún buscaban en la madrugada de este jueves a varias personas que podrían encontrarse con vida bajo los restos de varios comercios de la zona y un hotel donde vivían personas de escasos recursos. A Marian le dijeron que su primo Pablo fue a comprar el pan a primera hora de la mañana. “Un amigo dice que cuando todo empezó a temblar, los dos corrieron hacia la puerta. Pero cree que él no llegó a salir”, cuenta la mujer, sentada en un cubo de plástico frente a las grúas situadas delante de los restos donde podría estar el familiar que tanto espera.

Sentado sobre dos ladrillos, Luis Fernando no quita la vista a los movimientos de los operarios en otro de los edificios en ruinas de la ciudad. Desde la acer, saluda a su hijo con la mano y este se lo devuelve moviendo el casco de obra. Ambos buscan a su familiar, Carlos Fernando, atrapado en el tercer piso de uno de los hotel desplomados en Pereira. “Nos dijeron que hay vida y nos dio un poco de esperanza”, dice el señor, con una pala entre sus manos. “¿Cómo será morir atrapado?”, se pregunta mientras un batallón de voluntarios continúa retirando escombros. “No se lo desearía a nadie”, se contesta.

Unas horas cruciales

El Gobernador de Risaralda, el departamento donde se encuentra Pereira, explica a elDiario.es que estás horas son clave. Por eso, afirma, los esfuerzos oficiales están centrados en la búsqueda y rescate en esta primera fase. Superadas las 72 horas, agrega, empezarán a trabajar en los planes de reconstrucción, en el “ahora qué” en el que tanto piensan los miles de ciudadanos afectados por el sismo, que vieron destrozadas sus viviendas o esperan la comprobación del estado de su edificio para valorar si es seguro regresar a casa. Las autoridades calculan que 9.215 viviendas están destruidas, otras 45.457 dañadas y 140 edificios colapsaron.

“Estoy desempleada y, lo único que tenía era un piso en propiedad, que heredé de mi madre. Pero tengo miedo de volver. El edificio no colapsó, pero quedó muy dañado y no parece seguro”, explica María del Rosario Arango Espitia, sentada en un pequeño taburete en el Albergue Parque Olaya Herrera, unas carpas levantadas por el Gobierno del departamento.

Sin otro lugar al que ir, pasa sus noches en los colchones dispuestos en el suelo para los afectados del sismo. “Aún no tenemos información de las ayudas. Esperemos que nos digan pronto”.

El paso del tiempo también incrementa las posibilidades de que las llamadas de los sobrevivientes sean respondidos con más silencio. Horas después de haber contactado con Tuto, hombre de unos 50 años muy querido en el sector de La Lorena, uno de los más golpeados de Pereira, los intentos de conocer su estado se interrumpieron. Tuto dejó de dar golpecitos entre los escombros, como había hecho en al menos tres ocasiones, pero los rescatistas no dejaron de retirar cascotes en su búsqueda. Durante la madrugada, apareció su cuerpo, ya sin vida.

En la última madrugada antes de la finalización de las 72 horas iniciales, cuesta confirmar la vida oculta bajo los cascotes; pero muchos rescatistas oficiales y, especialmente, voluntarios, no se van a dormir. “No quiero irme a casa por si me necesita. Puede ser el último rescate”, se escucha en el centro de Pereira.

Del esqueleto de lo que hasta este lunes a las 7:35 de la mañana era un hotel en una céntrica plaza de Pereira, empiezan a escucharse quejidos de dolor. Una hora después del temblor que dejó al menos 224 muertos en Colombia, varios familiares y voluntarios tratan de obtener una reacción procedente del fondo de una de las montañas de escombros repartidas por la ciudad. Preguntan por dos nombres: Alejandra y Valentina. Al principio, ambas respondían. Horas después, Valentina dejó de hacerlo.

Alejandra y Valentina quedaron atrapadas bajo los pilares del edificio cuando el fuerte temblor de 7,4 grados desplomó el techo sobre la habitación en la que dormían. Estaban abrazadas, según aseguran tres miembros del operativo a elDiario.es. Durante 12 horas, los equipos de rescate, formados por bomberos, enfermeros, voluntarios, militares y familiares de las víctimas, permanecieron en conversacion con Alejandra, quien permaneció consciente en todo momento y colaboró en sus propias labores de rescate.

Según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), Cali es la ciudad donde se registraron más fallecidos, 85. Le sigue la localidad de Pereira, capital del departamento de Risaralda y una de las ciudades más cercanas a San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, con 66 muertos.

Rescates como estos se sucedieron durante todo el lunes de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad de Pereira, el corazón del eje cafetero colombiano, donde profesionales y voluntarios siguen trabajando en las decenas de edificios colapsados durante el terremoto. Los vecinos acercan agua a los rescatistas, forman cadenas humanas para retirar los restos de las viviendas y facilitar el trabajo a los bomberos y utilizan megáfonos para avisar de las necesidades en cada rescate. Durante la noche, algunos aproximan sus motos para alumbrar con sus focos las maniobras de socorro o avisan a gritos a los bomberos ante posibles señales de vida desde las tripas de las ruinas de las construcciones desplomadas.

Carolina Ocampo es una de las bomberos especializadas en enfermería que permaneció horas junto a Alejandra y Valentina para tratar de salvar su vida. “Ellas están abrazadas. Están de frente y están abrazaditas”, explicó la sanitaria que tuvo que escurrirse entre las tripas de los escombros para estabilizar a la superviviente, cuya pierna izquierda se encontraba atrapada bajo los casquetes.

Cada vez que las rescatistas ascendían del lugar donde Ángel había encontrado a su hermana, el joven colombiano trataba de obtener información sobre el estado de Valentina. “Sabemos que Alejandra está con vida, pero nadie menciona a Valentina. Primero nos dijeron que respondió, pero ahora nadie nos dice nada...”, decía horas antes de confirmar la muerte de su familiar. Su hermana mayor le había dicho que pasaría la noche en Pereira, pero que pasaría por la casa familiar a recoger su uniforme de trabajo. “No llegó y fui a buscarla a los hoteles en los que se solía quedar. Vine aquí el primero y, al verlo así, supe que estaban ahí dentro”.

El hermano comenzó a buscar alguna señal entre los restos del hotel. Entre los escombros encontró la chaqueta de Valentina. Al lado, estaba también su mochila y su telefono móvil. También localizo enseres personales de Alejandra. “Empezamos a llamarlas y Alejandra respondió. Y los bomberos comenzaron a trabajar en esta zona”.

“Fue un poco difícil porque tenía una de las extremidades muy atrapadas con bloques de la vivienda. Hemos estado pasando líquidos, oxígeno, inyectando la medicación en vena, tomando sus constantes... lo que se hace en un hospital, pero aquí, bajo esa cantidad de escombros. Ella habla, coopera, dice que le duele la pierna y que no la toquemos, pero hemos tenido que hacer trabajo con maquinaria pesada. Fue muy valiente, ha soportado y en todo momento nos ha respondido”, explica Ocampo a este medio. La administración de oxígeno fue muy compleja. Se hizo difícil porque estaba muy adentro“.

“Lamentablemente, sobre el mediodía, una de ellas no respondió”, indicó. “Cuando el edificio se derrumbó, se quedaron en medio de dos colchones. Lo que le salvó fueron los colchones”, dice la sanitaria.

Vecinos, militares y bomberos jalaron una cuerda para levantar los restos pesados de la construcción. Entre quienes empujaban estaban los hermanos de Valentina. Una vez despejado el acceso, caída la noche, los rescatistas lograron sacar a una de ellas con vida. Los vecinos que observabn la escena rompieron en aplausos. Sus familiares pedían entre llanto poder acercarse. “Solo quiero verla viva, solo quiero verla”, decía su hijo. “Dejé que nos vea, que sepa que estamos aquí”, le decía su hermana a los agentes.

Cuando la ambulancia se llevó a la superviviente, entre vítores de los rescatistas y vecinos, Ángel y sus otros dos hermanos contenían la respiración. Los bomberos pidieron la aproximación de un médico para confirmar lo que imaginaban. El sanitario se introdujo en las tripas del hotel derruido y, tras su salida, los equipos de rescate se acercaron a los familiares de Valentina. La confirmación de la muerte de su hermana rompió el llanto contenido durante horas, entre gritos de dolor. El silencio regresó entre los vecinos que contemplaban la escena.

Debían sacar a Valentina. Sus tres hermanos regresaron a la zona derruida para ayudar a los rescatistas. Mientras aún caían lágrimas por su rostro, jalaban con fuerza de la cuerda que buscaba facilitar la extracción del cuerpo su hermana. Cuando lo lograron, los bomberos abandonaron la zona mientras esperaban la llegada de los equipos forenses y la Fiscalía para realizar el levantamiento del cadáver. Los tres hermanos se quedaron en lo alto de la montaña de escombros. Querían verla. Allí permanecieron, cerca de los restos de su hermana, hasta el levantamiento del cadáver.

Los rescates se sucedieron a lo largo de la jornada de este lunes, mientras que decenas de personas aún buscan a sus desaparecidos. En la plaza de Bolívar, un bloque completo de oficinas se derrumbó durante el temblor cuando decenas de personas trataban de encontrar un lugar seguro mientras el suelo rugía. Horas después, cientos de vecinos formaron una cadena humana para retirar los escombros en busca de algunas personas que respondían a las llamadas de los bomberos. Los medios estatales no eran suficientes para atender la demanda de una ciudad desbordada ante la catástrofe, que ha obligado al Gobierno local a declarar un toque de queda y la situación de emergencia.

El desbordamiento también se evidenció en la tardanza en la retirada de algunos de los cuerpos de las víctimas mortales del sismo. Una mujer estaba desplomada en medio de una de las calles del centro de Pereira, tal y como presenció elDiario.es. A su lado, una pareja se agarraba la manos y sollozaba mientras esperaban la llegada de la Fiscalía, como establece el protocolo de Colombia como precaución tras décadas de lucha contra el crimen organizado. Mientras la tierra temblaba este lunes en Colombia, un escombro había alcanzado a la mujer cuando intentaba ponerse a salvo. Cinco horas después del terremoto, su cuerpo permanecía en el suelo sin recoger. Tampoco había mantas para cubrirlo. Sus familiares, en visible estado de shock, permanecieron junto al cadáver durante horas custodiados por dos agentes policiales.

Los efectos del terremoto colapsaron los hospitales de Pereira. Durante toda la mañana, el hospital de San Jorge permaneció desbordado. Sus equipos sanitarios se vieron obligados a atender a decenas de pacientes en el exterior del edificio. “Tuvieron que sacar a los pacientes de planta. Hemos estado colapsados. Ha sido muy difícil”, decía una enfermera al acabar su turno. El terremoto lo vivieron en el interior del centro sanitario, que también resultó afectado pero no lo suficiente para parar su actividad. “Salíamos de una guardia, pero doblamos el turno. No podíamos irnos a casa así”.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia la mañana de este lunes, el peor en la última década, tuvo su epicentro en una región asolada desde hace décadas por la miseria: el Chocó. Dos tercios de sus casi 600.000 habitantes, en su mayoría afrodescendientes, viven por debajo del umbral de la pobreza monetaria (unos 150 dólares al mes por persona). Una realidad paradójica para una zona desbordante en recursos naturales y con un litoral de 375 kilómetros sobre el océano Pacífico. Las imágenes de sus calles caóticas y edificios convertidos en escombros se suman hoy a la tragedia de una región víctima del olvido crónico del Estado colombiano.

En su primera declaración pública tras el terremoto, el presidente del país, Abelardo de la Espriella, confirmó 224 muertos y más de 600 heridos. Horas antes, las autoridades locales habían confirmado la muerte de 40 personas en la localidad de Pereira, tres en Manizales, nueve en el Chocó y otra en Medellín. Además, hay 27 fallecidos en el Valle de Cauca. Rescatistas y civiles tratan de sacar a las víctimas bajo los escombros.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, confirmó a través de la red social X que en Quibdó, la capital de la región, además de víctimas, se registraron severos daños estructurales en numerosas edificaciones. Sin embargo, la mayor inquietud tiene su escenario en San José del Palmar, epicentro de la tragedia. Este municipio, encajonado de forma abrupta entre la densidad de la selva y la cordillera oriental, carece de hospital público y su precaria cobertura descansa sobre un ambulatorio local y una única ambulancia para emergencias vitales, tal y como denunció hace apenas unas semanas la Defensoría del Pueblo.

Las consecuencias del sismo amenazan con aislar aún más a una región con viejos problemas de comunicación por vía aérea. El aeropuerto de Quibdó suspendió por completo sus operaciones mientras los inspectores de la aviación civil evalúan los daños en la terminal. El parón de la red aeroportuaria se extendió con rapidez hacia el corazón del país: los aeródromos del llamado Eje Cafetero, como Pereira, Manizales o Armenia, también interrumpieron sus vuelos a la espera de revisiones estructurales que descarten riesgos en las pistas.

El desastre natural ocurre en medio de cierto vacío administrativo. El actual presidente, Abelardo de la Espriella, apenas un mes antes de su toma de posesión el pasado viernes, ordenó suspender de forma abrupta el traspaso de carteras con el Ejecutivo saliente de Gustavo Petro. Mediante un comunicado oficial, De la Espriella instruyó a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, para detener de inmediato cualquier intercambio de información institucional con la administración saliente. De hecho, los equipos de transición apenas habían alcanzado a reunirse en dos ocasiones antes de que se congelaran las relaciones entre dos bloques políticos antagónicos.

De la Espriella achacó este cortocircuito institucional a la negativa de Petro a reconocer su victoria electoral. Por su parte, el Ejecutivo saliente, el único de izquierda en la historia de Colombia, congeló desde mediados de julio el trasvase de datos financieros, administrativos y técnicos por considerar que no había unas “condiciones mínimas de respeto institucional”, llegando a tildar de “ilegítima” la elección de su sucesor. Esta pugna política derivó en un colapso logístico que deja al país expuesto a un inicio de mandato huérfano de una hoja de ruta institucional detallada.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), encargada de coordinar la respuesta a la catástrofe, es el reflejo más crudo de este vacío institucional. Al frente de ella se encuentra un director recién designado, David Tamayo, pero el nuevo Ejecutivo de ultraderecha apenas tuvo margen para materializar los relevos operativos de una entidad que naufragó en el mayor escándalo de corrupción del mandato de Gustavo Petro. Con solo tres días en el poder, el Gobierno central lidia con una crisis aguda arrastrando graves carencias y puntos ciegos en un organismo que, paradójicamente, el propio presidente había prometido suprimir durante la campaña electoral.

Los otros focos del desastre se sitúan en capitales departamentales como Manizales, Medellín y la propia Pereira, en el departamento de Risaralda donde sobre las 11.40 de la mañana ya ascendía a 40 el número de muertos. Ante la gravedad de la situación, el presidente De la Espriella anunció mediante un comunicado oficial que asumirá en primera persona la gestión de la crisis: “He tomado directamente el liderazgo de la atención en San José del Palmar y he ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la asistencia a los damnificados”. Tras esta declaración, el mandatario se desplazó a la zona cafetera, en el centro de Colombia, para dirigir todo el despliegue operativo desde allí.

El exdirector de la agencia de emergencias durante la Administración Petro, Carlos Carrillo, exigió a De la Espriella a través de la red social X la formalización del nombramiento: “El presidente debe dar posesión de inmediato al nuevo director de la UNGRD; la respuesta a un evento de esta magnitud no permite comunicaciones rotas o ambigüedades en la línea de mando”. Con este reclamo, la oposición pone el foco en la vulnerabilidad estructural de un Estado atrapado en sus propias reyertas ideológicas. Entre tanto, tres horas después del sismo, ninguna autoridad había ofrecido un balance de lo ocurrido en San José del Palmar, un municipio de algo más de 5.000 habitantes que sobrevive gracias al cultivo del cacao y de una fruta de un anaranjado casi brillante llamada chontaduro.

Colombia ha registrado un terremoto de magnitud 7,4 que ha provocado más de medio centenar de muertos y graves daños materiales en varias ciudades. Se trata del terremoto de mayor magnitud en la última década y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros.

Colombia vive una jornada trágica tras haber registrado un terremoto de magnitud 7,4 que provocó daños materiales y estructurales en varias localidades y, hasta el momento, las autoridades locales confirmaron la muerte de al menos 111 personas y 87 heridos. La cifra de víctimas sigue aumentando y los datos son preliminares.

El presidente colombiano Abelardo De La Espriella declaró el desastre de carácter nacional y está dirigiendo las operaciones de rescate. Según el Servicio Geológico Colombiano, el terremoto fue de magnitud 7,4 –el de mayor magnitud en los últimos diez años en el país–. El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros.

Entre la infraestructura dañada, detalló: 18 centros de salud averiados, 52 centros educativos dañados, 17 centros comunitarios y 18 vías. También mencionó seis aeropuertos afectados en infraestructura y sin operación para vuelos comerciales, y uno afectado en pista de aterrizaje.

“El Gobierno Nacional desplegará todas sus capacidades para defender la vida, atender a los necesitados”, aseguró el mandatario en su informe oficial con datos de las 12.30, hora local (las 14.30 de Argentina).

También dijo que hará presencia “en todos los territorios” afectados. Adelantó que dará reportes similares cada dos o tres horas y pidió a las autoridades regionales que canalicen con el Gobierno nacional las actualizaciones, reportó la cadena CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Además, destacó la respuesta de la comunidad internacional: “Todos nuestros aliados alrededor del mundo han manifestado su intención de ayudar con lo que se requiera”.

“Ante la emergencia, el Estado responde: unidos, coordinados y en acción para proteger la vida de los colombianos”, expresó previamente en la red X el mandatario colombiano.

“Estoy al frente de la situación. Me duele profundamente lo que están viviendo las familias y las regiones afectadas. Colombia está unida y saldremos adelante juntos”, agrega el mensaje del presidente De la Espriella.

Ante la magnitud de la emergencia ocasionada por el epicentro en Chocó, el Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres, liderado por el flamante presidente Abelardo De la Espriella, anunció la declaración de “desastre” con el objetivo de agilizar la movilización de recursos para asistir a los damnificados y evaluar las infraestructuras afectadas.

El sismo provocó evacuaciones incluso en Bogotá. Testigos informaron haber sentido el temblor en toda la capital y hasta la costa de Barranquilla, así como en el vecino Ecuador, al sur.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó sobre “afectaciones graves” que están siendo monitoreadas con drones, y medios locales difundieron imágenes de fachadas de edificios caídos.

Según el sitio RFI, que complementa la información internacional transmitida por la agencia Xinhua, el movimiento sísmico también se sintió en Ecuador y Panamá.

“Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, indicó el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC, siglas en inglés) en X, tras el sismo de magnitud 7,4.

El más potente de la última década

El Servicio Geológico Colombiano confirmó este lunes que el sismo registrado en las últimas horas en el país suramericano fue uno de los episodios más fuertes percibidos en la última década.

“Es el sismo más fuerte que se ha sentido en la última década en el país y para esa zona hay antecedentes de sismos, particularmente, el 23 de noviembre de 1979 hubo un terremoto de magnitud 7,2”, indicó el director del SGC, Julio Fierro Morales.

Fierro Morales precisó que se registraron dos réplicas, una de magnitud 2,8 y otra de 4,8 “que se sintió recientemente”.

El sismo activó los protocolos de emergencia y evacuación en oficinas, centros comerciales, instituciones educativas y complejos residenciales en distintas regiones del país, mientras los organismos de gestión del riesgo continúan evaluando posibles afectaciones.

Fuerte sismo

El SGC había informado inicialmente de que el terremoto había sido de magnitud 6,7, pero en otro boletín señaló que fue de 7,4.

El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país y en algunas de ellas hubo daños materiales.

En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños.

“Hay muchos edificios agrietados”, dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y realizan inspecciones en infraestructuras estratégicas para determinar el alcance de los daños ocasionados por el temblor.

XM, administrador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) reportó que, debido al temblor, se registraron interrupciones en el suministro de electricidad en departamentos del suroccidente del país: Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Huila, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle.

El fútbol colombiano suspende los partidos programados para este lunes

La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) anunció tras el terremoto la suspensión de los partidos programados para este lunes, que se disputarán mañana, mientras que los que se iban a jugar el martes se realizarán el miércoles.

“En representación de los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano, enviamos un mensaje de acompañamiento, fortaleza y solidaridad a las familias y comunidades que atraviesan momentos de preocupación y dificultad como consecuencia de este hecho”, indicó el organismo en un comunicado.

Con información de las agencias EFE y NA y elDiario.es

Las tres páginas del programa de Gobierno del presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, omiten la palabra “desigualdad”. Aunque sus propuestas mencionan la pobreza rural, el hambre, la exclusión financiera o la informalidad laboral, no profundizan en por qué una nación con medio siglo de crecimiento casi sostenido sigue arrastrando una de las mayores brechas sociales del planeta (la cuarta, según el Banco Mundial). Su hoja de ruta para los próximos cuatro años es, sin buscarlo, un manifiesto revelador: resume con fidelidad la manera en que las élites colombianas han entendido tradicionalmente el progreso del país.

¿Cómo explicar entonces la peculiaridad de un Estado que ha resistido las tentaciones autoritarias, pero no logra desprenderse de las desigualdades o de una violencia que se renueva generación tras generación? El libro ¿Quién manda en Colombia? (Mediapluma Editorial, 2026), de los académicos Jenny Pearce (Inglaterra, 1956) y Juan David Velasco Montoya (Colombia, 1990), ofrece un debate poco complaciente. Sus autores rechazan la idea de que se trate de una paradoja histórica. En su lugar, hablan de una “singularidad”. Para sostenerlo, dedicaron cinco años a desentrañar quiénes son las élites colombianas, cómo han ejercido el poder y qué idea de nación han impuesto.

Una de las raíces de su investigación consistió en resolver por qué en Colombia la pobreza está mejor cartografiada que el poder. Mientras existen mapas detallados de la miseria y diagnósticos minuciosos de la exclusión, el perfil de quienes han moldeado el país ha pasado desapercibido. ¿Qué papel juegan, por ejemplo, los seis individuos más ricos del país y por qué su patrimonio equivale al 12% del PIB nacional?

Para romper ese y otros vacíos, Pearce y Velasco Montoya, los dos vinculados a la London School of Economics, identificaron a 932 personas en sectores políticos, empresariales, gremiales o judiciales, junto a 119 familias con el poder de alterar el rumbo de una nación de 50 millones de habitantes. Muchos de ellos rechazaron hablar. No sorprende: mencionar la palabra “oligarquía” o las cifras de concentración de la riqueza aún incomoda (el coeficiente de Gini oficial, que mide la desigualdad, llega a 0,89 sobre 1 en la tierra y a 0,657 sobre 1 en el ingreso de los hogares).

elDiario.es conversa con los autores por separado: con Pearce, que ha investigado la violencia en América Latina, mediante una videollamada que atiende desde la costa inglesa. El encuentro con Velasco, politólogo e investigador de la Universidad Javeriana, se da una mañana de un día festivo en un café de Chapinero Alto, en Bogotá. Ambos coinciden en el diagnóstico esencial: las élites colombianas no ignoran su papel en la construcción del país con sus virtudes y sus fracturas.

Proteger los privilegios

Los autores señalan que, en general, cada vez hay más consciencia en torno a la realidad que, en buena medida, han forjado. Por eso, Pearce precisa que el nudo gordiano no es la ausencia de propuestas de reforma, que las ha habido desde las élites. Si no la pregunta de por qué aquellas que eran viables y deseables terminaron fracasando. La respuesta, advierte la autora, no apunta a una disfunción accidental del Estado colombiano, sino a un sistema que funciona a la perfección para quienes lo han controlado. Cada vez que una iniciativa política ha amenazado con corregir problemas de fondo, la reacción de los sectores dominantes ha sido la misma: cerrar filas para proteger sus privilegios.

Lo anterior no es un diagnóstico aislado. Desde los años veinte del siglo pasado, Colombia ha intentado democratizar la tenencia de la tierra —motor histórico del conflicto armado—, descentralizar un Estado hiperconcentrado en Bogotá o desactivar circuitos institucionales que limitan la participación ciudadana (como impulsar la educación pública de calidad). Esos intentos, sin embargo, se toparon siempre con un techo. Por eso la llegada al poder de Gustavo Petro, como primer presidente de izquierda, fue singular, aunque tampoco escapó a las lógicas de resistencia estructural.

Hay unos consensos mínimos casi inalterables sobre cómo manejar el Estado y la economía

Juan David Velasco Montoya — Autor del libro '¿Quién manda en Colombia?'

Tras cuatro años marcados por el desgaste de sus reformas, en general fallidas, y por transgresiones simbólicas —como gobernar a golpe de tuit o romper etiquetas tradicionales—, el electorado volvió a virar: el pasado 21 de junio, en la segunda vuelta más ajustada de la historia reciente del país, el derechista radical De la Espriella se impuso por menos de un punto porcentual.

El ADN conservador reaccionó contra un posible segundo Gobierno de izquierdas en línea. “Hay unos consensos mínimos casi inalterables sobre cómo manejar el Estado y la economía”, resume Velasco. ¿En qué consisten? Los académicos detectan —a lo largo de casi 800 páginas— tres palancas históricamente intocables para las distintas “constelaciones de élites”: la propiedad de la tierra, la tributación progresiva y el monopolio de la fuerza. “La historia de Colombia es la posposición indefinida de cambios sociales necesarios”, se lee en el libro.

Contener la miseria extrema

La investigación revela, en todo caso, que las élites colombianas no conforman un solo bloque monolítico. Ha habido voces progresistas. Petro, que además estuvo tres legislaturas en el Congreso, es una de ellas. Y, por momentos, han logrado abrir válvulas de escape para descomprimir el sistema. Un hito de esta apertura fue la Constitución de 1991, que integró al sistema político a la guerrilla del M-19, donde militó el presidente saliente, y creó una Corte Constitucional garante de los derechos de las minorías. Dos décadas más tarde, el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) desafió la ola militarista de inicios del milenio con un proceso de paz con las FARC, el grupo insurgente más poderoso, que estableció un sistema de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violencia.

Sin embargo, esos esfuerzos, advierten los autores, han sido limitados. Las élites se han concentrado en defender con firmeza la seguridad jurídica de la propiedad y de los contratos, han preservado una macroeconomía sólida a ojos de los organismos multilaterales y han mantenido una subordinación sin fisuras a las políticas de Washington. Al mismo tiempo, han mostrado escaso interés en construir el bienestar que, en Europa occidental o en parte del Cono Sur, ha facilitado acelerar la movilidad social. El resultado: crecimiento sostenido del PIB en términos históricos que nunca ha desembocado en el viejo anhelo liberal de un Estado social de derecho de verdad equilibrado.

Ese espejo un tanto roto obedece a una hoja de ruta ideológica deliberada que los autores trazan con claridad. El modelo vigente, consolidado durante las dos presidencias de Álvaro Uribe (2002-2010), unió ortodoxia neoliberal y programas asistenciales focalizados hacia poblaciones vulnerables. Pero, una vez más, no buscaba ampliar derechos universales, sino contener la miseria extrema. Al igual que en otras democracias, los autores analizan cómo una serie de decisiones políticas y económicas se afianzó a través del lenguaje neutro de la tecnocracia, presentándose como la única fórmula de gestión política posible y no como una opción más entre varias.

Blindaje securitario y alivio financiero

En Colombia opera una paradoja: las élites políticas y gremiales que han controlado el poder han carecido de una visión compartida de país, según la investigación. Ante la ausencia de un proyecto nacional predomina lo que Velasco llama “unidad en la dispersión”: acuerdos básicos para garantizar la estabilidad económica y la viabilidad del Estado. Detrás de ese consenso formal, subyace una tensión permanente entre diferentes facciones que se alternan en el poder según el momento político.

Esta disputa soterrada, según el libro, se dirime en tres tableros. Primero, una confrontación programática sobre las visiones de progreso económico y social. Segundo, un debate de fondo sobre la representatividad nacional entre la ciudadanía liberal, la movilización popular o la concepción conservadora de la patria. Tercero, y más cruento, el de la paz y la seguridad. En este terreno, la falta de acuerdo para cerrar el conflicto armado ha perpetuado una suerte de doble moral: frente al narcotráfico coexisten la retórica oficial de la guerra frontal con la tolerancia pragmática o la complicidad a distintos niveles de la sociedad.

También existe un factor tangible detrás de esa indiferencia que rara vez se señala: la guerra interna colombiana apenas alcanzó a las élites. “El conflicto armado afecta de forma desproporcionada a las poblaciones más pobres, a mujeres, minorías étnicas y campesinos que habitan zonas rurales y periferias urbanas”, explica Velasco. Salvo contadas excepciones, la violencia esquivó el cuerpo de quienes concentran el poder económico y político.

Hay unos consensos mínimos casi inalterables sobre cómo manejar el Estado y la economía

Juan David Velasco Montoya — Autor del libro '¿Quién manda en Colombia?'

Y si bien es cierto que hubo momentos de ruptura —como la ofensiva del cartel de Medellín entre los ochenta y los noventa, o la oleada de secuestros contra terratenientes y ganaderos—, las estadísticas desmitifican el alcance general de esos episodios. Los datos del tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) son tajantes: el grueso de las víctimas de secuestro perteneció a comerciantes, trabajadores y propietarios de pequeñas empresas. En definitiva, el golpe recayó sobre la clase media urbana y rural y no sobre las rentas más altas.

Al blindaje securitario de los estratos altos se suma el alivio financiero y humano. El esfuerzo bélico en Colombia no desangró los bolsillos ni los hogares de renta más alta. Por un lado, una parte sustancial del financiamiento militar provino de la cooperación internacional, en particular de Estados Unidos. Por otro, tal como recuerda Velasco, las familias dominantes consiguieron esquivar históricamente que sus hijos cumplieran, por ejemplo, el servicio militar obligatorio.

Con todo, pase lo que pase con el nuevo proyecto político bautizado como “Patria Milagro” de De la Espriella, Velasco insiste en que algo ya ha cambiado de manera irreversible. El presidente Petro puso a Colombia a debatir preguntas de fondo que el país jamás se había hecho en voz alta: si el crecimiento económico basta por sí solo para garantizar bienestar, si subir el salario mínimo es siempre nocivo o puede reactivar el consumo, si tiene sentido seguir dependiendo de la renta petrolera cuando el resto del mundo intenta desengancharse para migrar a otras fuentes de energía limpia.

Durante décadas, esos interrogantes ni se formulaban: la ortodoxia, consensuada por casi todo el arco político los daba por resueltos de antemano. “No hay verdades reveladas en ninguna de estas discusiones”, concluye Velasco, “y eso es precisamente lo valioso: son debates que antes apenas existían porque había una unanimidad intelectual casi total”. En esta historia siguen presentes un centenar de familias acaudaladas o las élites gremiales que el libro retrata a fondo. Hoy, sin embargo, por primera vez en generaciones, medio país cuestiona aquellos mantras.

Rompiendo el molde de 134 años de centralismo bogotano, el penalista Abelardo de la Espriella, de 49 años, juró este viernes como presidente de Colombia en Cali, la tercera ciudad del país. Tras recibir la banda presidencial en un sobrio auditorio universitario, el escenario mutó al rigor marcial: el nuevo mandatario ultra se trasladó al Batallón Pichincha para pronunciar su primer discurso frente a una austera formación de gala. Los soldados, firmes a pesar de los 29 grados de la tarde caleña, asistieron en primera fila a una alocución de una hora y diecisiete minutos que marcó el inicio de su era con promesas tajantes y varios dardos a la herencia recibida del izquierdista Gustavo Petro: “He venido a cerrar un capítulo de resignación nacional y a emprender junto al pueblo la transformación más profunda de nuestro destino”.

Su llegada al poder es el triunfo de un forastero absoluto de la administración pública. Antes de enfundarse la banda presidencial, la vida de este caribeño criado en la norteña ciudad de Montería transcurrió entre el lujo de Miami, los litigios de criminales de alto perfil y una agresividad judicial que le valió el apodo de “El Tigre”. De la Espriella no necesitó carrera política: le bastó una plataforma radical que dejó tibio al tradicional Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe para sintonizar con la desafección de media Colombia. Así, en la segunda vuelta del pasado 21 de junio, logró una victoria sobre el oficialista Iván Cepeda con un residual 0,96% que, sin embargo, bastó para cambiar el péndulo del país.

Lo cierto es que la liturgia de la jura de De la Espriella estuvo llena de misticismo religioso. Rodeado de rabinos, pastores y obispos que se turnaron para bendecir su mandato, el nuevo presidente se cobijó bajo la mirada de unos 2.500 asistentes y una estatuilla de la Virgen María que presidió el escenario del auditorio universitario durante la primera parte de su investidura. Tras invocar a Dios y a Jesucristo en buena parte de su discurso, el mandatario cerró su intervención sobre las 18.55 con un grito fervoroso: “¡Que viva Cristo Rey!”.

Esa frase no es una simple consigna en Colombia: es un eco que remite a la militancia católica radical y a los fantasmas de otros tiempos, cuando la batalla por la laicidad centró la violencia bipartidista de la primera mitad del siglo pasado. El discurso trazó una línea recta hacia las raíces del conservadurismo. Citó una y otra vez a Marco Fidel Suárez, presidente tradicionalista de 1918, rescatando su viejo mandato de proteger los fondos públicos bajo “siete llaves”. Y otro pilar de su relato fue el expresidente costeño Rafael Núñez, arquitecto de la Regeneración del siglo XIX. Con ello dejó claro el alcance de su ambición: prometió una réplica de aquella suerte de refundación moral, institucional, administrativa y económica diseñada para barrer de golpe con la huella de Petro.

Megacárceles en la Patria Milagro

Con una sola frase, De la Espriella dinamitó el legado de su antecesor en materia de seguridad. “La opción del diálogo está completamente agotada”, sentenció, sepultando el modelo de la “paz total” que Gustavo Petro armó como eje de su Gobierno para desmontar el reguero de grupos criminales que delinquen en la Colombia de hoy. De hecho, la ofensiva del ultraconservador apuntó más alto al prometer una revisión con “absoluto rigor” del tribunal especial que juzga desde hace poco más de una década los crímenes de la guerra en Colombia.

La maniobra sintoniza con una derecha colombiana que siempre ha descreído del pacto firmado con la guerrilla marxista en 2016. Un escepticismo que De la Espriella selló con un lacónico: “No habrá impunidad”. Con ese mismo tono tajante, el nuevo mandatario no esperó a pisar su despacho para ejercer el mando e impartió sus primeras directrices militares desde la tribuna. Revestido como comandante supremo ante las tropas del Batallón Pichincha, ordenó a las Fuerzas Militares y de Policía combatir sin tregua a todas las estructuras criminales en una hoja de ruta que combinó la promesa inminente de una lista negra de “grupos narcoterroristas” con la edificación de megacárceles y un blindaje judicial diseñado para que los uniformados no sean perseguidos por actos de servicio.

De las órdenes de cuartel, el discurso saltó sin transiciones a los dogmas ultraortodoxos de la economía de libre mercado. De la Espriella se erigió como el guardián de la empresa privada: prometió firmar en cuestión de horas el decreto de congelamiento del desbordado gasto público, así como blindar la independencia del Banco de la República frente a las “tentaciones populistas”, en alusión al enfoque del Gobierno saliente. Para formarse una idea, adelantó que su cruzada fiscal incluye aliviar el impuesto al patrimonio, que grava las mayores fortunas del país, y reconfigurar el sistema tributario.

Pero el clímax de su oferta económica llegó al abordar el declive de la petrolera de mayoría estatal Ecopetrol, el mayor activo de la Nación que, según denunció, vio cómo sus ganancias se hundían de 32 a 9 billones de pesos entre 2022 y 2025 (de 8.000 millones de euros a 2.250 millones). ¿Su receta para resucitarla? Revertir de golpe la agenda verde y de descarbonización de su predecesor e inaugurar la era del fracking bajo un sello de “responsabilidad ambiental” que tendrá que justificar ante los tribunales que lo han prohibido.

Revanchismo ideológico

De la Espriella prometió que no impulsará cambios a la Constitución. Y que la lucha anticorrupción dejará de ser “una declaración de buenas intenciones” para convertirse en “un método permanente de gobierno”, con tecnologías de trazabilidad digital para vigilar el dinero estatal “desde su origen hasta su destino”. Su tono fue en ascenso. Y vino una advertencia contra el Ejecutivo saliente. Tras asegurar que su equipo documenta lo que llamó “el vasto entramado de corrupción” que deja el Gobierno de Petro, avisó de que llevará las pruebas ante tribunales nacionales e internacionales: “No habrá impunidad; no habrá escondite; a los corruptos no los despachamos con una simple condena moral”.

El anuncio chirrió con las garantías que él mismo había ofrecido minutos antes. El mandatario acababa de jurar que “nadie será perseguido por pensar distinto” y prometió no “atacar ni desafiar a los jueces”, pero dejó claro que volcaría la fuerza del Estado contra su antecesor. Por eso, mientras el presidente se despachaba en Cali, al suroccidente del país, la bancada del ahora opositor Pacto Histórico se plantaba en las escalinatas del Capitolio en Bogotá como señal de protesta. Desde allí, el progresismo acusó al Gobierno entrante de camuflar el revanchismo ideológico bajo la máscara de la justicia.

Desaires y desplantes

La pasarela de invitados dibujó el mapa ideológico del nuevo Gobierno: un retrato definido tanto por las lealtades como por los desaires de la jornada. Al amparo del rey Felipe VI de España, la primera línea en la arena universitaria la ocupó la plana mayor de la nueva derecha latinoamericana: Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa y el chileno José Antonio Kast. Entre monarcas y dignatarios se acomodó también el polémico presidente de la FIFA: Gianni Infantino.

No obstante, las sombras de la foto de familia también fueron evidentes: el desplante del izquierdista Gustavo Petro al esquivar la cita caleña y la meticulosa purga en la lista de exmandatarios colombianos. Aunque acudieron tres conservadores y un liberal, De la Espriella vetó explícitamente a Ernesto Samper (1994-1998), líder con posturas socialdemócratas y marcado por los escándalos de corrupción, y a Juan Manuel Santos (2010-2018), el arquitecto del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. La Casa Blanca, cuyo respaldo de Donald Trump había avalado abiertamente la campaña del ultra colombiano, prefirió restar peso diplomático a su delegación enviando al fiscal general interino Todd Blanche en lugar de a su secretario de Estado, Marco Rubio.

El nuevo presidente reivindicó su geografía caribeña. Sostuvo que ningún “hijo verdadero del Caribe” ocupaba el solio de Bolívar, el primer presidente del país, desde el XIX. Minutos antes, a su costado, había tomado juramento su vicepresidente, José Manuel Restrepo, el académico y exministro de Hacienda elegido para imprimir un acento ejecutivo al novel proyecto político del recién creado partido Defensores de la Patria. Fue entonces cuando el mandatario desarmó su perfil combativo para mirar a su familia. Agradeció a su esposa, Ana Lucía Pineda, y a sus cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca, de cuatro años, cuyos brincos le quitaron algo de solemnidad a una ceremonia marcada por la publicidad con el lema de campaña: “Bienvenidos a la Patria Milagro”.

La ceremonia miró dos veces a España y sacó dos lecciones distintas. Mientras De la Espriella se apropió del mítico “puedo prometer y prometo” de Adolfo Suárez para sellar su compromiso de gobernar desde las regiones, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, recurrió a la Transición como símbolo de conciliación. El jefe del legislativo, del derechista Centro Democrático, evocó el fin de la dictadura franquista para sugerir que el consenso debe primar sobre la trinchera. “El ejercicio político no se mide por la intensidad de las confrontaciones”, deslizó Henríquez ante un jefe de Estado que poco después, ya en la segunda parte del acto en el Batallón Pichincha, se presentaría ante sus tropas como ‘El Tigre’.

Y de paso le dejó una advertencia “en tono menor pero con firmeza”. No faltará, avisó Henríquez, quien aconseje al nuevo Gobierno “debilitar los partidos para imponer la voz oficial, lo que termina destruyendo la democracia y fortaleciendo el caudillismo”. La hizo con cortesía. Desde una bancada política que, a pesar de haberse declarado coalición de Gobierno, ya ha mostrado algunas fisuras con el presidente radical al que acababa de jurar.

El presidente Javier Milei desarrolló una intensa agenda en Colombia, donde mantuvo encuentros con el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, antes del acto de su asunción del máximo cargo, y también con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa'a, y con el Rey de España, Felipe VI.

Durante su estadía en la ciudad de Cali, Milei además recibió el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali.

La primera actividad del mandatario fue a la mañana, con una reunión bilateral con Gideon Sa'ar. Dicho cónclave tuvo la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, los funcionarios que integran la comitiva del Gobierno en esta gira internacional que tuvo una primera escala en Ecuador, el jueves.

Tras la reunión, tomó contacto con De la Espriella, quien se anota como otro mandatario de la región de la derecha y aliado al libertario. En un video que difundió Presidencia, se puede ver al economista saludar a su par al grito de “vamos tigre, viva la libertad carajo”.

Luego se tomaron una foto y se volvieron a abrazar. Los dos dirigentes comparten ideología apuestan a consolidar un bloque regional de derecha.

Después, el Presidente partió rápidamente para recibir el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali, en la sede de la Cámara de Comercio de Cali.

Luego tuvo lugar el encuentro de Milei con el Rey de España, del que participaron Karina Milei y Quirno. “Su Majestad, que placer verlo”, lo saludó el mandatario argentino en las imágenes que difundió Presidencia.

Por último, a las 17 horas de Argentina, participó de la ceremonia de juramentación y toma de posesión del presidente colombiano electo.

Finalmente, a la madrugada de la Argentina, partía el vuelo presidencial desde Santiago de Cali con destino a Buenos Aires.

Con información de la agencia NA

Colombia pone fin al primer gobierno de izquierda de su historia y gira a la extrema derecha con la toma de posesión este viernes del ultra Abelardo de la Espriella, quien ganó por un estrechísimo margen al candidato oficialista de izquierda, Iván Cepeda, bajo la promesa de una lucha firme contra la corrupción sistémica del país.

Gustavo Petro deja la presidencia con un legado complejo. Cumplió algunos de los pilares de su programa, como el aumento de salario mínimo o las reformas tributaria y de pensiones, pero se va sin haber logrado su ambiciosa “paz total” con los grupos armados y rodeado de varias denuncias que van desde el desvío de fondos de emergencia hasta la compra de votos en el Congreso. Con exministros en prisión preventiva y llamados a juicio, y una acusación de última hora contra el mandatario saliente por parte de su exjefa de despacho, el país cierra capítulo.

En este escenario, el ultraderechista Abelardo de la Espriella asume el mando rompiendo una tradición centenaria: no jurará el cargo en el céntrico Capitolio de Bogotá, sino en una universidad privada de Cali, la tercera ciudad del país. Así, el penalista asciende a la presidencia con la promesa de crear un bloque especializado anticorrupción: “Voy a revisar obra por obra, licitación por licitación”.

Colombia cambia de manos bajo un guion que se repite cada cuatro años. El mayor escándalo del cuatrienio de Petro se orquestó en la entidad estatal diseñada para mitigar los estragos de terremotos, inundaciones e incendios: la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los recursos destinados a socorrer a las poblaciones más vulnerables habrían terminado convertidos en moneda de cambio para comprar el respaldo de partidos, de todo el arco político en el Congreso, a las reformas del Ejecutivo. El entramado criminal, según la Fiscalía, habría desviado más de 190 millones de dólares (612.000 millones de pesos colombianos) mediante el direccionamiento ilícito de contratos públicos para asegurar mayorías legislativas.

Incluso Cepeda, el candidato presidencial que aspiraba a salvar el legado del oficialismo, lo reconoció meses antes de perder las elecciones en segunda vuelta por un margen mínimo de 0,96 puntos frente a De la Espriella. En una entrevista, el senador del izquierdista Pacto Histórico aceptó los desmanes de la Administración saliente y confesó sentir “vergüenza” por ellos.

No obstante, lejos de blindarse con promesas electorales, declaró con crudeza que erradicar el problema de raíz sería una “utopía”: “Sería incurrir en demagogia, dado el arraigo del fenómeno en las instituciones colombianas”. Su conclusión, leída a la luz de este 7 de agosto, retrata el terreno que hereda su rival: “La corrupción en Colombia es un sistema y está presente en todas las entidades y en todos los niveles. Cada Gobierno viene a administrarla”.

El 10% del presupuesto

Los índices internacionales le ponen cifra al problema: el fenómeno le cuesta a Colombia unos 50 billones de pesos colombianos (alrededor de 12.300 millones de dólares y casi el 10% del presupuesto del Estado de 2025), de acuerdo con datos oficiales de 2017. Sin embargo, la investigadora de Transparencia Internacional Adriana Romero sitúa el punto de partida en dos termómetros globales que retratan una realidad inmóvil. El primero es el Índice de Percepción de la Corrupción: Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100 cuando Petro asumió el poder y cerró 2025 con 37. Una caída de dos puntos en un indicador que, por su naturaleza, se mueve a paso de tortuga.

El segundo es el Índice del Estado de Derecho del World Justice Project, que mide realidades institucionales más que opiniones. En este caso, aunque el país se mantuvo estancado en los 48 puntos, aparece un hallazgo: una de las peores calificaciones no la recibe la Presidencia, ni los jueces, ni los militares. La nota más baja recae, de forma crónica, sobre los hombros del Congreso de la República.

Se trata de un termómetro directo a la hora de entender uno de los nudos de esta historia. El Congreso peor evaluado del país, aunque renovado este año en las urnas y recién instalado el 20 de julio, sigue operando bajo las mismas dinámicas que lo desacreditan: financiación opaca de campañas, una fragmentación de partidos que encarece el precio de cada voto y el trueque permanente de contratos por respaldo político. No obstante, para la periodista Paula Bolívar, que destapó el desfalco de la UNGRD, esas redes van más allá del Capitolio.

El director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, dice: “Lo novedoso [en el Ejecutivo saliente] no es el mecanismo, sino la escala”. Recuerda que Colombia ya dominaba el abecedario de la corrupción: la financiación irregular de campañas, la captura de entidades públicas, el clientelismo y el intercambio de contratos inflados por apoyos políticos. Pero en este cuatrienio, subraya el experto, la gravedad radica en que las piezas se articularon, por momentos, en un patrón más organizado.

“Si nadie paga, sale barato robar”

Bolívar, autora del libro de investigación El desastre de los decentes, define con nitidez el “oficio del corrupto” en Colombia. Su trabajo destapa un engranaje asentado en el corazón de ciertas dependencias del Estado, manejado por redes criminales que preceden al propio Petro. Según Bolívar, este entramado cuenta con su propia normalidad laboral: desde reuniones de contabilidad y el reparto de comisiones a contratistas, hasta visitas sigilosas entre parlamentarios y actores privados. Se trata de un sistema blindado por la connivencia empresarial, marcado de vez en cuando por las mafias, y que incluye sus propios mecanismos de previsión: dentro del botín, los implicados reservan la cuota necesaria para costear la defensa jurídica y asegurar su libertad “en caso de que los agarren”.

Para entender por qué se reproduce este flagelo, hay que asomarse a la arquitectura política colombiana. El modelo es presidencialista: el Ejecutivo es elegido por sufragio directo, goza de un mandato fijo de 4 años y no depende del Parlamento para sostenerse, aunque sí necesita mayorías legislativas para aprobar cada reforma. Por eso, al verse obligado a forjar esos respaldos desde fuera, sin la disciplina que aporta una coalición previa sólida, el Gobierno debe negociar en un tablero atomizado: una veintena de partidos con representación en el Congreso, alianzas frágiles y ningún bloque hegemónico.

El principal problema de Colombia no es la falta de operativos, sino la ausencia de instituciones independientes y de mecanismos reales de prevención

Camilo Enciso — Director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción

Ese diseño no es nuevo. Desde hace décadas, cada cuatro años se repite el mismo desfile de cargos públicos salpicados mientras el Congreso se niega a tocar los mecanismos para blindarse del desvío de dinero o de fondos sucios. La financiación electoral sigue siendo opaca y la laxitud de los organismos de control, según Enciso, “eleva la impunidad y reduce el coste esperado de la corrupción: si nadie paga, sale barato robar”. Así, las cloacas denunciadas por Bolívar permanecen intactas: los escándalos estallan en la prensa, encienden la indignación y terminan durmiendo en juzgados saturados mientras la sociedad asume la factura.

Un bloque de búsqueda

Contra ese engranaje mide, a partir de este viernes, sus fuerzas el ultra Abelardo de la Espriella al asumir la Presidencia de Colombia. El mediático penalista de 49 años convirtió la lucha contra la corrupción en uno de los ejes de su discurso. Su apuesta pasa por una herramienta inédita: un bloque de búsqueda especial subordinado a su mando directo para perseguir los desfalcos mediante inteligencia financiera, policía judicial y procesos exprés de embargo de bienes. “Aquí no se va a tolerar la corrupción; aquí nadie tiene corona”, advirtió el pasado 20 de julio en Medellín.

Para Enciso, la iniciativa puede ser útil, pero no debe confundirse con una política anticorrupción. “El principal problema de Colombia no es la falta de operativos, sino la ausencia de instituciones independientes y de mecanismos reales de prevención”, sostiene. Sin reformas estructurales, advierte, un órgano supeditado directamente al presidente se expone a la politización: el peligro de seleccionar los casos por conveniencia política, contra el Gobierno saliente u opositores, mientras se obvian otros. Adriana Romero coincide y anticipa en la propuesta el enfoque previsible de un penalista: castigar el delito cuando ya se ha cometido, en lugar de evitar que ocurra.

Frente a los operativos de choque del nuevo presidente, sin embargo, existe un camino menos vistoso. Romero apunta a reformas de calado que ya encadenan una década congeladas, o encalladas, en el Congreso: la protección legal a los denunciantes, la regulación de grupos de presión o lobbies y la obligación de transparentar qué nombres se esconden detrás de las empresas que contratan con el Estado. Son medidas silenciosas, sin embargo, advierte la analista, son pilares básicos sin los cuales cualquier bloque de búsqueda estará condenado a perseguir el humo.

Las cosas sí cambian cuando pones el foco en el lugar correcto

Paula Bolívar — Periodista de investigación

La caída del dominó que sacudió al país desde febrero de 2024 comenzó con un hilo sutil: la llamada de un ciudadano desde La Guajira, la olvidada península desértica, al extremo norte de Colombia, donde los niños indígenas mueren de sed. El Estado había enviado una flota de camiones cisterna para mitigar la sequía, pero los vehículos permanecían averiados, inservibles. Era un monumento al abandono. Cuando Paula Bolívar decidió investigar aquel rastro, casi nadie recordaba la existencia de la oficina nacional encargada de socorrer las emergencias del país. Tirar de aquella manta desveló el saqueo. “Las cosas sí cambian cuando pones el foco en el lugar correcto”, concluye la reportera.

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, de 49 años, asumirá la presidencia de Colombia este 7 de agosto con una inédita investidura en una universidad privada de Cali, la tercera ciudad del país. Respaldado por 12,9 millones de votos, pero sin bancada propia en el Congreso. Su mandato arranca en un ambiente de crispación política: el proceso de empalme institucional con el Gobierno saliente del progresista Gustavo Petro quedó roto por las peleas entre ambos. Y, aunque los choques con la izquierda estaban previstos, la verdadera sorpresa radica en las fisuras dentro de su propia coalición, evidenciadas en algunos desencuentros con la derecha tradicional del expresidente Álvaro Uribe.

La cronología es la siguiente: dos días después de la segunda vuelta presidencial, incluso antes de que se oficializara el triunfo del radical, el Centro Democrático se declaró “partido de Gobierno” y le entregó a De la Espriella una lista de prioridades legislativas. La colectividad de Álvaro Uribe, con una bancada consolidada de 47 congresistas entre Senado y Cámara, ratificó así una alianza parlamentaria que ya se daba por descontada desde la campaña.

Pero la armonía duró poco. La primera derrota política del presidente electo llegó antes de su investidura. Durante la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, la presidencia del Senado quedó en manos de Honorio Henríquez (Centro Democrático) y no de Alfredo Deluque (Partido de la U), la ficha respaldada por De la Espriella. Por tradición, el cargo correspondía al uribismo como fuerza mayoritaria de la coalición oficialista. Y aunque el ‘Tigre’ intentó romper esa norma no escrita para imponer a su favorito, el pulso terminó en fracaso.

De hecho, las advertencias de Uribe no se hicieron esperar. Si bien reiteró su apoyo a las iniciativas del nuevo Gobierno que coincidieran con sus principios, también lanzó una frase con su sello: “Si el tigre ruge para acabar con el Centro Democrático, nos toca defendernos como abejas laboriosas”. Lejos de retroceder ante el exmandatario, el presidente electo replicó y redobló la apuesta con una frase política: “Hay pulgas que tienen el insignificante derecho de picar a los tigres, pero los tigres no detendrán la marcha por esa tontería”.

La vieja guardia resiste

La fisura en el bloque derechista, sin embargo, no es de momento programática. En seguridad, economía o el desmantelamiento de la obra de Petro, las coincidencias son casi absolutas. La batalla se libra en otro terreno, menos ideológico y más pragmático: una disputa por la hegemonía y el control del poder.

El politólogo Yann Basset lee el conflicto como una grieta generacional en la derecha. En una orilla resiste la corriente tradicional, con Uribe como pilar, a sus 74 años. En la otra, emerge una facción radicalizada, cercana al libertarianismo, que mira a Trump, Bukele o Milei, y que ya no necesita la bendición del expresidente. De la Espriella, al mando del joven movimiento Defensores de la Patria, reclama la jefatura de este nuevo orden. Por eso el nudo se halla en la pugna por el liderazgo entre dos vertientes de una misma familia que se necesitan, pero no siempre hablan el mismo lenguaje.

Salvado el terreno ideológico, la distancia es sobre todo de formas. Camilo Cruz, politólogo de la Universidad del Valle, resume que se trata del choque entre una fuerza institucional y una emergente. El Centro Democrático, añade, opera como una maquinaria hecha al consenso parlamentario: doce años de partido y toda la experiencia del uribismo en un Congreso donde casi todo se negocia mediante pactos, transacciones y clientelismo. De la Espriella, en cambio, irrumpe como un advenedizo que aspira a prescindir, en lo posible, de esa diplomacia y se presenta con un tono que promete confrontación cuando las cosas no fluyan.

Basset añade un factor sociológico. Al volverse un partido tradicional, el Centro Democrático se elitizó, pasó de aquella gran base popular que adoraba a Uribe a comienzos del milenio a convertirse en una fuerza urbana de clase alta. De la Espriella entendió el vacío y recogió a esa parte de la militancia de derecha popular que el uribismo dejó ir.

El conflicto cultural

Discursos, publicaciones en redes y el ajedrez de los ministerios han sido los termómetros habituales para medir el rumbo de la nueva derecha. Sin embargo, la politóloga Laura Wills, de la Universidad de los Andes, sugiere afinar la mirada hacia el terreno cultural. A su juicio, el gabinete de De la Espriella carga una impronta mucho más religiosa y doctrinaria que la del uribismo histórico. De hecho, ya existe una agenda de recortes a conquistas sociales que se consideraban consolidadas —como el derecho al aborto, la educación laica o los asuntos de género—. Es una lectura prudente, pero que asoma un dilema inevitable: descifrar si la retórica del Gobierno entrante marca una ruptura real con el pasado y si la coalición oficialista terminará partida entre la vieja guardia y la nueva extrema derecha.

El retrato se complica al mirar los pilares que llevaron a De la Espriella al poder. Las fuerzas que lo respaldaron son heterogéneas: junto al Movimiento de Salvación Nacional —un claro escudero que, pese a contar con apenas cuatro congresistas, aporta el sello radical de una colectividad familiar de honda cultura católica y férrea defensa del orden— conviven estructuras regionales y barones electorales de corte más moderado. De ahí que los analistas aguarden con paciencia a ver cómo compaginará su retórica extremista con una coalición que, en la práctica, empuja de vez en cuando hacia el pragmatismo.

Ninguno de estos dilemas tiene un final escrito. En una Colombia bajo un sistema presidencialista, con fortines regionales fragmentados, altas cortes diversas, gremios y sindicatos, mover las líneas del poder es una tarea titánica. La primera incógnita apunta a si el presidente electo usará el poder para arrastrar a la derecha tradicional hacia sus tesis radicales. O si la necesidad de coalición moderará su discurso. La segunda duda recae en el uribista Centro Democrático: si optará por endurecerse para evitar ser absorbido o si terminará abrazado al ala fuerte.

Para el analista Gustavo Duncan, de la universidad EAFIT de Medellín, el primer gran reto de De la Espriella no es constitucional, sino aritmético: armar mayorías en el Congreso. Más allá de su promesa de respetar la Constitución de 1991, el verdadero peligro radica en que, ante la falta de apoyo legislativo, el mandatario opte por gobernar a golpe de decreto en materias que exigen reformas de fondo, en la misma línea de Petro. En todo caso, su margen de maniobra es corto.

Entre Fujimori y Bolsonaro

El politólogo Camilo Cruz matiza incluso la etiqueta ideológica y prefiere hablar de “nueva derecha” antes que de “ultra” a la hora de referirse al presidente electo. Para sustentarlo, identifica una combinación de personalismo, negacionismo climático, batalla cultural, religiosidad y descalificación del adversario. Propone, además, una imagen que ilustra el relevo político mejor que cualquier fecha: Uribe se miró siempre en la derecha latinoamericana de su generación (Fujimori o Collor de Mello), mientras que De la Espriella se proyecta en la de la suya (Milei, Bukele y Bolsonaro).

Esta mutación, que hoy amenaza al uribismo histórico, evoca el eclipse de algunas maquinarias tradicionales europeas. En la Italia de 1994, Silvio Berlusconi fundó Forza Italia sobre las ruinas de la Democracia Cristiana, el gigante que gobernó el país durante casi medio siglo. Con esa estrategia absorbió su espacio, heredó sus votantes y asimiló a sus cuadros. Tres décadas después, su partido quedó reducido a socio menor de la ultraderecha de Giorgia Meloni, a la que el propio Berlusconi había abierto la puerta. El reflejo italiano deja una advertencia clara: las fuerzas erigidas alrededor de un solo hombre suelen tener fecha de caducidad.

Ahora De la Espriella asume el poder con toda la arquitectura del Estado a su favor, pero sin músculo propio en el Congreso. Su movimiento, Defensores de la Patria, ya está en fila para convertirse en partido formal: un remedio tardío para una bancada que, de lograrlo, no existiría hasta 2030, cuando su líder entregue el poder. Hasta entonces, el abogado penalista que ganó publicitandose como ajeno al sistema tendrá que negociar y adaptarse al juego de tronos del Congreso que desdeña si quiere sacar adelante su proyecto, la llamada “Patria Milagro”.

El presidente electo de Colombia, el radical de derecha Abelardo de la Espriella, pretende quebrar siglo y medio de tradición republicana. Quiere jurar su cargo el próximo 7 de agosto en un cuartel militar en una zona de conflicto al sur del país, a casi 600 kilómetros de la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá donde siempre se llevó a cabo. La respuesta del mandatario saliente, el izquierdista Gustavo Petro, fue enfática: no estrechará la mano de su sucesor.

En un último duelo de poder, además, prohibió usar instalaciones castrenses para la ceremonia antes de las 15.00 horas, momento en que dejará de ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se trata de un encontronazo inédito que eleva al máximo la temperatura de un país ya fracturado tras las elecciones más reñidas de su historia reciente.

Popayán, capital del Cauca y epicentro de una violencia crónica, es uno de los escenarios de la discordia. Al exigir su investidura allí, De la Espriella envía un mensaje político desde un territorio cercado por disidencias guerrilleras, narcotraficantes y extorsiones que asfixian a la población y el comercio local. La Presidencia dejó claro el marco jurídico: solo el Congreso puede cambiar la sede de la toma de posesión, lo cual deja al Ejecutivo sin facultades para autorizar el traslado. Pero Petro también fijó su postura en redes sociales y advirtió que, mientras sea comandante de las Fuerzas Militares, ninguna base se prestará para una ceremonia que, a su juicio, no les corresponde albergar.

El gesto expone riesgos institucionales a los que apuntan juristas y analistas de distintas orillas. “Un presidente civil debe entregar el poder a otro presidente civil. Los militares no tienen por qué estar en el centro”, advierte Mauricio García Villegas, profesor de la Universidad Nacional. Lo que más desconcierta al académico es la puesta en escena: “El presidente no es militar, ni ha sido militar, ni tiene origen militar. En el mejor de los casos, esto es una confusión”. Pero el contraste ha sido una de las marcas de De la Espriella desde la campaña presidencial: el abogado penalista que moldeó su carrera y su fortuna en los estrados judiciales se rodeó de militares retirados y reservistas, y se publicitó con sus saludos de visera y juramentos a la bandera.

El presidente no es militar, ni ha sido militar, ni tiene origen militar. En el mejor de los casos, esto es una confusión

Mauricio García Villegas — Profesor de la Universidad Nacional

Para la politóloga Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares para la paz y la reconciliación, el traslado de la posesión a un cuartel invierte la lógica republicana: subordina el poder civil a un escenario dominado por las armas. “Ahí conviven dos mensajes que se anulan”, dice. Por un lado, el homenaje a las Fuerzas; por otro, el desdén por el Congreso de la República. Y es justo allí donde De la Espriella necesita asegurar apoyos para su coalición y, en paralelo, se trata del único órgano con potestad para autorizar un cambio de sede.

El constitucionalista Rodrigo Uprimny rescataba el domingo en El Espectador una lección esencial sobre la salud democrática del país: la liturgia presidencial en Colombia ya tiene sus propios tiempos, ya que existe una ceremonia posterior a la investidura en la que las Fuerzas Militares reconocen en el acuartelamiento a su nuevo jefe. Luego la comparaba con el modelo estadounidense. Los tres generales que llegaron a ocupar la Casa Blanca –Washington, Grant y Eisenhower– jamás volvieron a vestir el uniforme, nunca retomaron el saludo militar y menos aún contemplaron jurar el cargo en una guarnición. Aquellos hombres entendían perfectamente que la verdadera legitimidad de su poder nacía de las urnas y no de las armas.

Los militares, incómodos

La región del Cauca es, quizá, el mejor termómetro del fracaso acumulado del Estado colombiano. Tras el acuerdo de paz de 2016, que desmovilizó las FARC, dos estrategias presidenciales antagónicas buscaron institucionalizar el vacío territorial dejado por la guerrilla. El conservador Iván Duque (2018-2022) optó por una ofensiva total. Acto seguido, Gustavo Petro (2022-2026) impulsó un modelo de negociación con todos los grupos violentos en paralelo bajo el rótulo de la “paz total”. Los dos enfoques fallaron, según los analistas, y en el último cuatrienio las mafias usaron los ceses al fuego para expandirse. “Todo el mundo percibe que el Estado perdió la batalla”, resume Laura Bonilla. “No sirve la militarización, no sirve la negociación. Estamos en un momento en que, al parecer, nada sirve”.

Todo el mundo percibe que el Estado perdió la batalla. No sirve la militarización, no sirve la negociación. Estamos en un momento en que al parecer nada sirve

Laura Bonilla — Subdirectora de la Fundación Pares

Los más incómodos con el plan de la ceremonia en el Cauca, de hecho, podrían ser los propios homenajeados por De la Espriella. El Ejército colombiano carga con varias deudas históricas que condicionan su papel público. Arrastra, por ejemplo, el lastre de los mal llamados falsos positivos: más de 6.402 civiles ejecutados y camuflados como bajas guerrilleras, según la justicia transicional. Solo así se entiende que ahora midan cada paso que dan.

Desde hace unos años, señalan los analistas, los mandos extremaron precauciones. En los cuarteles arraigó lo que Bonilla describe como “obediencia reflexiva”, y los altos oficiales advierten con severidad a sus subalternos sobre los límites legales de sus operativos o acciones. Pedro Medellín, politólogo y profesor de la Universidad Nacional, matiza y recuerda, en todo caso, que la responsabilidad no fue solo castrense: distintos gobiernos civiles presionaron para lograr resultados y, cuando surgieron los escándalos porque se extralimitaron en sus funciones o violaron los derechos humanos, gran parte de la carga política y penal recayó en los uniformados.

Por eso, este turbulento traspaso de poderes dejó una paradoja institucional que Medellín subraya: “Ver a los militares defendiendo los resultados electorales y exigiendo al gobierno civil que cumpla con los principios de la democracia es un hecho que fortalece el sistema”. Al mismo hilo recuerda que, hace unas semanas, cuando Petro deslizó la idea de no reconocer la derrota electoral de su candidato, Iván Cepeda, fue su propio Ministro de Defensa quien garantizó públicamente que el relevo se haría bajo el imperio de la ley. “No es un cheque en blanco”, zanja Bonilla. “Ningún presidente en Colombia ha logrado apropiarse del todo de las Fuerzas Militares”, recuerda.

Egolatría frente a seguridad

Un dato electoral suma simbolismo: el sureño departamento del Cauca votó mayoritariamente en contra del proyecto radical De la Espriella. El candidato, de 48 años, perdió allí de forma contundente en unas elecciones tan ajustadas que la diferencia nacional se resolvió, en buena medida, por los votos de los colombianos en el exterior. “Es un mensaje de golpe de mano en una zona adversa”, interpreta Bonilla. La analista, no obstante, relativiza el impacto operativo: ningún grupo criminal va a retroceder porque la toma de posesión ocurra en una guarnición. El valor práctico del mensaje, agrega, favorece más al “ego” del mandatario electo que la seguridad real de la región, marcada por las economías cocaleras, los conflictos sociales y la salida estratégica al océano Pacífico.

Ahora queda por ver dónde se celebrará la ceremonia. La vía legal aún existe, pero es angosta: el nuevo Congreso tiene menos de tres semanas para aprobar el traslado de la toma de posesión fuera de Bogotá, un hito inédito en las investiduras colombianas. Incluso si Senado y Cámara alcanzaran un acuerdo, el último candado administrativo y logístico estaría, mientras Petro permanezca en funciones, en la decisión del Ejecutivo. Y del alto mando militar. Uprimny avisa de un tercer frente: el acto podría ser impugnado ante los tribunales por desconocer principios constitucionales que ordenan jurar ante el Congreso. Bonilla, habituada a los pulsos institucionales del país, lo interpreta con realismo: “Es bastante improbable que ocurra”.

Sea en una guarnición regional o en la Plaza de Bolívar de Bogotá, rodeada por el Palacio de Justicia o el Capitolio Nacional, algo ya se ha roto. A menos de dos semanas del relevo, Colombia sabe que su presidente saliente y el entrante no se darán la mano, un viejo gesto de convivencia y valor civil: el progresista considera ilegítimo al sucesor, mientras el ultra de derecha tilda de criminal al mandatario que se va. La banda presidencial cambiará de pecho, de todos modos, pero, como señala el sociólogo Eduardo Pizarro Leongómez, la idea de mudar la toma de posesión del ámbito civil al militar deja un mensaje inquietante: el de la primacía “de la fuerza sobre la ley”.

Hace apenas una semana, Abelardo de la Espriella, candidato de extrema derecha, fue elegido presidente de Colombia en una segunda vuelta en la que apenas 250.000 votos lo separaron del candidato de izquierda, Iván Cepeda. Suficiente, en todo caso, para aparecer celebrando la victoria en redes sociales con la camiseta de la selección de fútbol de su país. O, al menos, algo casi idéntico: una prenda amarilla con tres líneas rojas sobre los hombros que en vez del escudo de la Federación Colombiana de Fútbol muestra la imagen de un tigre (De la Espriella se hace llamar el Tigre) y que en vez del logo de Adidas, en el lado derecho del pecho, muestra un lema: Firme por la patria.

Al abogado ultraderechista, que hace años reconoció que detestaba el fútbol, su versión ligeramente alterada de la camiseta de Colombia le convence incluso más que la original. Lleva meses tratando de asociar la camiseta de la selección a sus propuestas políticas: no solo la viste él, en sus mítines quienes la llevan son legión, y entre su círculo próximo casi no hubo quien se atreviera a no ponerla para celebrar su victoria.

Ese intento de apropiación no pasó desapercibido. A Cristhian Alexander, un periodista colombiano de 28 años que reside en Madrid, esto le indigna: “Es un robo a un símbolo de unidad nacional por parte de la derecha. Como no soy afín a la derecha, he decidido no ponerme la camiseta de la selección durante el Mundial. No quiero que la gente piense que apoyo a De la Espriella”.

Andrés González, colombiano de 34 que lleva cinco en España trabajando en una consultora, no es partidario de llegar tan lejos, aunque empezó a sentir cierto rechazo: “Ver en los noticieros a gente usando la camiseta de la selección mientras lanza insultos racistas, pide bombardear a comunidades enteras y expresa deseos antidemocráticos, me hace perder las ganas de usarla. Con todo, pocas cosas unen a Colombia como su apoyo fiel a la selección. Yo la quiero seguir usando”.

No todo el mundo está de acuerdo con estos análisis. Joaquín García Uribe, trabajador de 29 años de una multinacional de comercio, opina que el debate se sacó de contexto: “Creo que la izquierda exageró, ya que muchas otras veces se ha visto a candidatos de la izquierda usar la camiseta de la selección. Además de que ni la derecha ni nadie en ningún momento dijo que cierto tipo de personas no pudieran usar la camiseta, ergo no hubo apropiación alguna. Siempre me voy a poner la camiseta de la selección. No importa cuánto se intente politizar, la pasión del fútbol siempre será más grande que la política”.

Laura Peña, comunicadora social de 31 años que vive en Bogotá, la capital colombiana, subraya al respecto hubo incluso un intento de contraataque: “Hay una manipulación, un intento de generar división con símbolos que pertenecen a todos y a nadie al mismo tiempo. Pero se dio una reacción muy interesante por parte de gente que precisamente, por no apoyar a la derecha, empezó a llevar la camiseta de la selección. Al principio, a los seguidores de De la Espriella se los identificaba rápido porque eran los que llevaban la camiseta de la selección de Colombia, pero al final de la campaña no estaba tan claro”. Con todo, Peña también tiene claro su veredicto: “Yo hoy no llevaría la camiseta de la selección de Colombia, incluso aunque se empiece a usar como símbolo de rebeldía contra la derecha”.

Tras los pasos de Bolsonaro

De la Espriella no es, ni mucho menos, el primer candidato de extrema derecha que protagoniza una maniobra similar. Hace diez años, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro logró una identificación tal entre la verdeamarela y su partido que colgar una camiseta de la selección brasileña en un balcón se convirtió en un símbolo de apoyo a sus políticas.

Este cobró tanta fuerza que hubo intentos por parte de intelectuales progresistas de que la pentacampeona cambiara sus colores. “Siempre pensé que nuestra bandera y nuestros colores tenían una gran belleza, pero ahora simbolizan la intolerancia, la ignorancia política, incluso el fascismo”, decía entonces el cineasta y guionista brasileño Lucas Justiniano. Coincidía el escritor João Carlos Assumpção: “En mi opinión, ahora mismo vestir de color amarillo es como pegarse un tiro en el pie porque se identifica con Bolsonaro. Y de esta realidad no se escapa nadie. Necesitamos usar el blanco y el azul para distanciarnos de Bolsonaro”.

La cuestión todavía sigue. Hace un año, Nike, la marca que viste a la selección brasileña, filtró que preparaba para el equipo una segunda equipación de color rojo. Aunque esta estaba inspirada en la madera del árbol que da nombre al país, faltó tiempo para que los movimientos de derecha la rechazaran por juzgar que ese era el color de la izquierda. Finalmente, la federación brasileña dio marcha atrás al proyecto: la segunda equipación de Brasil en este Mundial es azul eléctrico.

“La extrema derecha se centró en dar la batalla cultural para conquistar el sentido común de la gente”, empieza explicando Steven Forti, historiador, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de Extrema derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla (Siglo XXI). Lo hace, explica Forti, tratando de apropiarse palabras, ideas o conceptos que son aceptadas socialmente o tienen cierto tirón. En Francia, por ejemplo, Marine le Pen lleva tiempo reivindicando los valores laicos de la Revolución Francesa, algo que hasta ahora no había interesado a la extrema derecha.

A esto, añade Forti, se suma un elemento más: el nacionalismo, el corazón de los movimientos de extrema derecha, pone fácil remitirse a símbolos que apelan al país. Ahí entran, en su opinión, las camisetas de las selecciones nacionales: “De la Espriella intenta lo que ya intentó Bolsonaro. Entiendo que haya gente que no quiera llevar la camiseta”.

En España, el rechazo a la camiseta de la selección nacional se circunscribe hoy casi en exclusiva al ámbito del independentismo. Hace unos días, por ejemplo, Ernai, parte de las juventudes de Bildu –independentistas vascos–, robó camisetas de la selección española para reivindicar a la selección vasca de fútbol. Por lo demás, la camiseta de la selección española es un éxito de ventas, aunque este año lo sea especialmente la segunda equipación, de color blanco.

No siempre fue así. Lo sabe Gregorio Casanova, historiador y redactor jefe de Cultura en Vozpópuli que lleva años analizando qué significa el nacionalismo y que recuerda que, por esas curiosidades que trae a veces el destino, Andrés Iniesta marcó el gol más importante del fútbol español vistiendo no de rojo, sino de azul, el color que tuvo que adoptar la selección tras la Guerra Civil por imposición de la Falange. Porque el color del equipo nacional de fútbol no ha sido nunca solo un color.

Recuerda también que hasta el ciclo ganador de los años 2008 a 2012, a la camiseta de la selección se la contemplaba desde la izquierda con el mismo recelo con el que se observa la bandera nacional. “La victoria en la Eurocopa de 2008 sirvió para despojar a los símbolos nacionales de sus connotaciones franquistas y reconstruir una reivindicación patriótica basada en el orgullo de ser español, superando la dicotomía entre izquierda y derecha. Hay incluso quien sostiene que ayudó lograrlo mediante un estilo de juego refinado e inteligente, antagónico a esa cosa añeja de la furia española”, explica Casanova.

“Creo que una de las mejoras definiciones de las naciones la dejó Benedict Anderson al describirlas como comunidades imaginadas. Dentro de esta profunda abstracción en la que millones de personas creen pertenecer a una nación determinada, el deporte juega un valor fundamental en la plasmación de la nación”, ahonda el historiador.

“En cualquier partido de este mundial vemos a 11 compatriotas jóvenes, atléticos, admirados y ataviados con emblemas y colores nacionales compitiendo frente a frente contra otra nación. Es una guerra en miniatura. Si un mapa meteorológico en el que ensombrecemos a la pobre Portugal durante el informativo ayuda a recordar la nación mientras cenamos, imagina un partido de fútbol. Se produce la encarnación deportiva de una de las aspiraciones de todo nacionalista, crear el ellos y el nosotros”.

¿Qué hacer, entonces? ¿Son estos procesos de apropiación de la extrema derecha inevitables? Forti tiene una propuesta: “La izquierda debería disputarlo. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos de llevar la camiseta de nuestro país? Si lo abandonamos, recuperarlo va a ser muy difícil”.

Lima, 3 de julio. Casi un mes después de la celebración de la segunda vuelta electoral en Perú, finalmente Keiko Fujimori es proclamada presidenta de su país. En unos comicios más que disputados, el recuento fue especialmente lento y sigue siendo cuestionado: el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, anunció que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar irregularidades en el escrutinio del voto exterior. Y esto no es un detalle: las papeletas contabilizadas fuera de territorio peruano son las que dieron la victoria final, por menos de 50.000 votos, a la hija del condenado y fallecido Alberto Fujimori.

El pasado lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el escrutinio que confirmó la victoria de Fujimori (50,135%) sobre Sánchez (49,865%). Pero sucede que el recuento en Perú deja a Sánchez por delante, con 9.060.022 votos y 32.014 de diferencia sobre Keiko.

Sin embargo, el resultado es muy diferente en las urnas de los consulados: la hija del presidente Alberto Fujimori, que murió condenado por delitos contra los derechos humanos y corrupción, se queda con el 63% de los votos, y más de 81.000 de diferencia. Así es como toma la delantera, para imponerse por apenas 49.641 papeletas.

La segunda vuelta en Colombia resultó igualmente reñida, con un duelo inesperado: el candidato del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda, se enfrentó (y perdió) frente al extravagante abogado y empresario Abelardo de la Espriella, que no aparecía como el mejor posicionado en las encuestas previas a la primera vuelta. Con el apoyo explícito de Donald Trump, el millonario se impuso en el ballotage por una diferencia de 250.000 votos y menos de un punto porcentual.

Pero si el voto dentro de las fronteras de Colombia le daba una ventaja de poco más de 73.000 papeletas, el emitido en los consulados colombianos inclinó la balanza definitivamente. En algunos países, como Estados Unidos, Venezuela o Panamá, De la Espriella obtuvo entre el 77 y el 81% del escrutinio.

El 63% de los migrantes colombianos con derecho a voto se inclinaron a la derecha, y un 65% de los peruanos. En la comunidad peruana en el exterior la derechización del electorado fue tan evidente que en la primera vuelta el candidato de izquierdas apareció en octavo lugar. El más votado fue Rafael López Aliaga, un candidato a la derecha de Keiko, ultraconservador, de la esfera del Opus Dei y que confesó estar enamorado de la virgen María.

“En elecciones altamente polarizadas y decididas por márgenes mínimos, el voto exterior puede funcionar como bisagra”, concede Lisa Zanotti, investigadora asociada del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha (Ultra-Lab). Zanotti, sin embargo, cree que hay diferencias entre estas dos elecciones y pide distinguir entre decisivo y relevante: “En Perú, el voto exterior no reforzó una tendencia, sino que cambió el resultado; en Colombia no parece haber decidido al ganador, pero sí fue fundamental para transformar una ventaja mínima en una victoria más políticamente legible”.

Un voto decisivo (y a veces diverso)

“Ya podemos hablar de un giro reaccionario en la política latinoamericana. Otras veces fue conservador, pero en esta ocasión es reaccionario”, analiza Jorge Resina, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y estudioso de los procesos electorales en la región.

Ese giro que apunta Resina es aún más pronunciado fuera de las fronteras de los países: “En general, el voto migrante latinoamericano está escorado a la derecha”, explica, un hecho que para Anna Ayuso, investigadora para América latina en el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), puede tener que ver con sus características sociológicas. “En estos países hay mucha diferencia entre el votante de las ciudades y el rural; y eso, que se ve en los resultados generales, es todavía más evidente en el escrutinio de los consulados, porque se trata sobre todo de personas de clase media urbana”, detalla.

Los conflictos internos del país se reproducen fuera, pero filtrados por la experiencia migratoria y por el contexto político del país de residencia

Lisa Zanotti — investigadora - Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha

“También hay un sesgo de selección”, señala Zanotti. “Quienes votan desde el exterior no son una muestra representativa del electorado nacional. Tienen trayectorias migratorias, redes y consumos mediáticos específicos”, detalla. Para ella, no hay un único voto migrante. “No vota igual una diáspora marcada por exilio político, inseguridad o rechazo al chavismo que una diáspora estudiantil, profesional o integrada en contextos europeos. Entonces sí el voto exterior permite ver cómo la política nacional se desterritorializa: los conflictos internos del país se reproducen fuera, pero filtrados por la experiencia migratoria y por el contexto político del país de residencia”, explica.

Realidades diferentes

“Es interesante analizar el voto exterior porque muestra cómo las divisiones ideológicas nacionales viajan y se reorganizan en la diáspora”, reflexiona Zanotti. Los temas que han dominado las campañas electorales pueden adquirir un peso diferente o recibir una mirada particular desde una distancia de miles de kilómetros.

Los expertos consultados coinciden en que el afán de estabilidad económica y política entre los migrantes peruanos pudo encontrar una respuesta en la visión neoliberal de Keiko y el poder intrínseco del fujimorismo. “Muchos de los que están enviando remesas desde otros países consideran que las políticas de apertura van a potenciar el crecimiento del país”, sostiene Resina.

El tema de la estabilidad juega un papel importante en Perú, que tuvo nueve presidentes en la última década. “Es curioso, porque el propio fujimorismo ha fomentado esa ingobernabilidad. Es el que ha hecho caer la mayor parte de los gobiernos”, señala Anna Ayuso. “Así que, finalmente, mucha gente ha dicho ‘si queremos estabilidad hay que darles el poder a ellos’. Pero esto es realmente muy peligroso, porque en Perú hay una corrupción sumamente arraigada, incrustada en el sistema”, explica.

Para Ayuso, Fujimori parte con un déficit de legitimidad por lo ajustado del resultado y el origen de los votos decisivos. “Tendrá que lidiar con la frustración en los sectores que votaron a Sánchez, e inicialmente se verá obligada a hacer algunas concesiones, a ser un poco más dialogante”, pero su triunfo reaviva el fantasma del autoritarismo.

El sistema peruano otorga ventajas de representación legislativa al candidato presidencial más votado, pero todavía hay que ver cómo se moverán las fuerzas políticas en un parlamento que vuelve a ser bicameral después de 34 años. La anulación del Senado es parte del legado de Alberto Fujimori, a quien su hija reivindicó en campaña como el artífice de una época de bonanza y seguridad.

La seguridad es, precisamente, otro de los ejes que marcaron estas elecciones. “Lima sobre todo lleva unos años horribles, y es posible que eso desde fuera se perciba como ciudad sin ley”, asegura Resina. En Colombia, además del desgaste del gobierno de Petro, pesan los problemas con el narcotráfico y el conflicto con las FARC.

El voto migrante latino en EE.UU. se ha derechizado. Creo que tiene que ver con el tema de la seguridad y con la influencia de las iglesias protestantes y pentecostales

Anna Ayuso — investigadora - Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

“Mucha gente sigue considerando que hubo muchos beneficios para la guerrilla y que el país no mejoró”, apunta Resina. Y en esta percepción también hay un sesgo, el de los que lo miran desde la distancia de la ciudad o incluso desde otro país, y los que viven en contacto con el conflicto, sobre todo en determinadas zonas rurales. Las opciones en campaña iban de la promesa de “paz total” mediante el diálogo promovida por la izquierda al “militarismo” de la ultraderecha.

El ‘amigo’ americano

Aquí Resina introduce otro elemento de análisis: el peso de Estados Unidos en la región. El apoyo de Donald Trump a los candidatos de derecha y ultraderecha los convierte para muchos en una opción pragmática. “Como pasó en las últimas elecciones legislativas en Argentina, el razonamiento es que si gobiernan Milei, Fujimori o De la Espriella, Estados Unidos dará más facilidades y eso contribuirá a la estabilidad”, sostiene.

La promesa de esas ventajas económicas y del apoyo internacional para terminar con la inseguridad tuvieron repercusión en los votos. Si se observa el porcentaje de votos por países, los peruanos y colombianos afincados en Estados Unidos se decantaron fuertemente por los candidatos a la derecha: en un 76% en el caso de Perú y el 81% en el de Colombia.

¿El país de residencia condiciona también la mirada migrante? “Si hablamos de Estados Unidos, la inclinación hacia la derecha probablemente combina varios factores: la composición específica de la diáspora, las razones de la migración, el peso del antiizquierdismo en comunidades latinoamericanas y un ecosistema político-mediático donde discursos de seguridad, orden, anticomunismo y liderazgo duro circulan con mucha fuerza”, analiza Lisa Zanotti.

“Está claro que el voto migrante latino en EE.UU. se ha derechizado. Creo que tiene que ver con el tema de la seguridad, que se ha convertido en uno de los asuntos centrales de las dos elecciones”, sugiere Ayuso, que también apunta a la influencia de las iglesias protestantes y pentecostales que proliferaron en América latina y tienen su origen en muchos casos en Estados Unidos. “No diría que el país de acogida determina el voto exterior, sino que puede reforzar ciertas tendencias”, resume Zanotti.

En España, los peruanos votaron mayoritariamente a Keiko Fujimori: un 60%. Pero en el caso de los colombianos, triunfó la izquierda por la mínima. Si en la primera vuelta muchos no acudieron a las urnas, en la segunda la comunidad se movilizó frente a la posibilidad de un triunfo de la ultraderecha. “Lo vi en los foros en los que participo, y entre mis amigos. Yo mismo viajé a Madrid desde Gijón para votar”, confirma Luis, fisioterapeuta de 36 años que lleva cinco fuera de su país.

“Cuando vives en Colombia estás constantemente bombardeado por los mismos mensajes, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales. Vivir fuera te obliga a indagar, a buscar la información. Y en cuestiones como el conflicto con las FARC, la distancia te demuestra que, como en cualquier guerra, hay quien se enriquece con ella”, explica. Luis confiesa sentir nostalgia y dolor tras el triunfo de De la Espriella. “La promesa de mano dura no es nueva. Eso ya lo vivimos, y sabemos cómo terminó”, lamenta.

Brigitte Baptiste aterrizó hace minutos en la ciudad de San Juan pero casi ni se le nota: las botas altas, el vestido ceñido al cuerpo y el maquillaje han llegado intactos al Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, donde será la encargada de cerrar el segundo foro Conexión arteBA por la reconocida feria de arte contemporáneo y que este año llevó como título “Conversando con lo vivo”.

El foro es una especie de feria itinerante que mezcla debate académico, visitas a estudios de artistas y small talk de vernissages, un espacio ideal para asomar la nariz y captar la esencia de ese espacio inasible entre arte y mercado. Este año se agregará a esta ecuación el debate sobre la transición climática, y Baptiste parece la persona indicada para alcanzar el clímax: esta bióloga colombiana no solo fue directora del Instituto de Investigación Alexander Von Humboldt por casi diez años, antes de convertirse en rectora actual de la Universidad EAN, una escuela de negocios enfocada en el emprendimiento sostenible. Es, sobre todo y muy visiblemente, una mujer trans.

Ecóloga, activista queer y autora de libros como Transecología, Una guía patafísica para habitar las transformaciones del mundo (Ariel, 2025), Baptiste habita en su cuerpo lo que algunos podrían llamar contradicciones y que ella desestima amparándose en distintas posibilidades combinatorias de la vida humana y no humana. Cultiva un estilo propio que recuerda a una vedette y lo subraya en el nombre propio adoptado de su musa inspiradora, la actriz francesa (y también activista ambiental) Brigitte Bardot. Su biografía escapa a las definiciones fáciles. Sus opiniones políticas también.

—Fuiste una de las figuras que apoyó la candidatura del Presidente Gustavo Petro en Colombia durante sus inicios y después te abriste con una postura muy crítica.

—Sí, como gran parte de los académicos, de los intelectuales más liberales que ofrecimos apoyo a un proyecto de izquierda que parecía muy renovador, muy pacificador, y que nos deja un sinsabor tremendo.

—¿En qué aspectos se sintieron desengañados?

—Muy rápidamente el gobierno empezó a aplicar la misma agenda que había jurado no aplicar del chavismo. Así, de guión: modificar la Constitución, imponer leyes, un autoritarismo creciente para incrementar la regulación del Estado en todos los frentes, confrontación con el Congreso, que no es que sea “una perita en dulce”. Nuestros congresos son también unas desgracias, pero por lo menos son colectividades muy representativas, al fin y al cabo, de la realidad del país. Una confrontación muy dramática, que finalmente llevó a que no se hubiera podido reformar nada en cuatro años. Ha habido muy pocos acuerdos nacionales para temas sustantivos como el tema de la paz, como el tema de la salud, como en los temas laborales que sí se habían visto muy maltratados en los gobiernos de derecha. Pero luego los temas de vivienda, ambientales, comerciales, todos muy, muy estancados.

Y tal vez donde hay una mayor presencia de un proyecto político es en los temas de desarrollo rural y de reforma agraria, que son muy clásicos y básicamente pasan por la recuperación de la propiedad de la tierra y la distribución de la tierra como fundamento productivo y agropecuario. Hay una visión muy sesentera a mi criterio y de muchos de mis colegas en ese sentido, porque el presidente suspendió toda la exploración y explotación de petróleo, ha tenido una actitud absolutamente violenta, incluso diría, contra la minería y lo que él llama el extractivismo. Todos los sectores extractivistas que tienen que ver con la construcción de infraestructura, con la energía, se han visto muy afectados. Es una visión muy antigua de lo que es la revolución o lo que es la construcción de país, todo nos sentimos como Mao (Tse Tung) en 1960, las marchas de los indígenas, los campesinos, un discurso que cala mucho porque la inequidad sí es real, los problemas de acceso a la tierra son reales, los problemas de producción, de alimentos y de acaparamiento de sistemas productivos son reales. Entonces nos vemos como en una repetición de la historia, ¿no? Pero con mucho temor de que volvamos a quedar atrapados en versiones autoritarias.

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La relación entre arte contemporáneo, los modelos socioeconómicos y la aceleración de la transición climática se convirtió hace tiempo en una zona de interés para la escena de arte global y las instituciones que lo sostienen, que van desde museos, ONGs, coleccionistas privados y empresas multinacionales. Además de los artistas, claro.

Dos episodios argentinos recientes muestran cómo la agenda ambiental comenzó a ganar cada vez más espacio en la gestión de las instituciones artísticas y los proyectos editoriales: el estreno de Geonnitus, un concierto audiovisual sobre el fracking realizado en el marco del ciclo Colón Contemporáneo en marzo de este año; y la presentación del libro Momentum: Arte y ecología en la América Latina contemporánea (Caja Negra), un proyecto del Instituto Cisneros del Museum of Modern Art de Nueva York, celebrada en el Centro Cultural Recoleta el mismo mes.

La existencia de Conexión arteBA termina de confirmar una tendencia en curso donde la elección de Mendoza y San Juan tampoco parece casual: la región de Cuyo es el territorio donde operan decenas de empresas mineras nacionales y extranjeras que han aumentado su actividad de la mano de la desregulación impulsada por el régimen de promoción de inversiones conocido como RIGI, impulsado por el gobierno del Presidente Javier Milei.

Durante los cuatro días del foro se escucharán posiciones disímiles entre los asistentes: habrá quienes hablen de las provincias cuyanas como laboratorios extractivistas, y también quienes defienden la actividad bajo el amparo de la licencia social de los proyectos. También se escucharán otras versiones, como una que señala que la discusión en torno a arte y naturaleza ha sido impulsada por personas heterosexuales, preocupadas por haber perdido centralidad en la escena al haber sido desplazadas por la hegemonía del arte queer.

Más allá de las posiciones, el extractivismo ocupa el centro. También en Colombia, donde el 21 de junio el ultraderechista Abelardo de la Espriella se impuso sobre el candidato de izquierda Iván Cepeda, apoyado por Petro. Un triunfo que alinea de manera más milimétrica la región a los objetivos geopolíticos de Washington, y que posiblemente conduzca a la restitución del fracking en el país andino.

Para Baptiste, el cambio será muy drástico. “Colombia está en un momento de gasto público muy parecido al sucedido en Argentina (durante los gobiernos kirchneristas), que no va a tener con qué respaldar porque no hay un aparato productivo ni industrial ni agrícola que pueda respaldarlo”, continúa. “Los grandes economistas liberales, incluso los ministros del presidente Petro, pronostican un colapso económico en el mediano plazo muy grave que en este momento no se alcanza a ver porque el gobierno ha usado toda su potencia de gasto para crear una atmósfera favorable a su continuidad”.

—¿Cómo es posible compatibilizar la necesidad de desarrollo basada en las ventajas competitivas en el campo de la minería y la energía, con una agenda vinculada a los movimientos ambientalistas?

—Lo que había que pensar es, por ejemplo, una perspectiva minero-energética que realmente esté muy articulada con los procesos de transición, que es lo que no se dio. En todas partes estamos hablando de transición, y yo como ambientalista creo que es delirante deshacernos de los combustibles fósiles y minimizar la dependencia de todos estos productos, que además generan problemas no solo ambientales, sino políticos, económicos y muy delicados entre los países. Pero esa transición debería mejorar la conectividad entre la rentabilidad y las inversiones públicas, y la sustitución de su propia naturaleza. No entiendo muy bien cómo es, por ejemplo, que Brasil después de la COP o durante la COP dice, “sí, vamos a proteger el Amazonas”, pero al mismo tiempo dicen “necesitamos abrir todos los pozos de petróleo frente a la plataforma del Atlántico”. Argentina entra en un gobierno de derecha y activa Vaca Muerta hasta el fondo y se vuelve una potencia exportadora. Guyana igual, en México Claudia Sheinbaum tampoco le baja al petróleo. Los discursos no son muy consistentes, ¿no? La pregunta es si hay algo más estructural que hace imposible pensar en una transición relativamente sensata, una transición fiscal, una transición tecnológica, o estamos abocados a sacar el petróleo y quemarlo todo en todas partes, compitiendo a ver quién es el que tiene la última gota en su mano, pues las guerras que estamos viviendo tienen que ver con eso. Yo creo que sí, que hay maneras de hacer una transición positiva sin prohibir radicalmente.

—¿Cuán rápido crees que se va a adaptar la sociedad a esta agenda?

—Es muy complejo. Tomemos el ejemplo de la empresa de petróleos colombiana, Ecopetrol. El mismo sindicato de la empresa se separó completamente de las políticas sectoriales del Gobierno y le reclamó decir, bueno, nos estás matando. Y claro, una entiende que un sindicato de una empresa de petróleo que va viendo que sus conquistas laborales están amenazadas porque el sector se está desmantelando, levanta la mano y dice: “¿A cambio de todo esto qué nos van a dar? Pues vamos a quedar como fósiles”. También parte de la descarbonización es que toda esa economía petrolera con la cual habíamos construido unas islitas de bienestar y de derechos para los obreros y los trabajadores van desapareciendo. Me parece muy interesante porque ahí es donde está la bisagra o la contradicción más fuerte: cómo unos sindicatos que han obtenido unos beneficios después de unas luchas muy complejas después de mucha violencia, que podrían ser como el piloto de la de la inversión social no están tampoco listos para la transición. Parte de la conversación sindical con todo el sector minero-energético tendría que ser esa. No pueden quedarse para siempre esperando vivir de unas rentas de un sector que ya va a dejar de existir, entonces: ¿cuál es su propuesta? ¿Van de verdad a presionar para que estas empresas sean empresas de energías renovables o sean empresas de otro tipo?

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A tono con el lema del foro, a Baptiste le gusta mucho conversar con lo vivo, como quedará demostrado apenas tome el escenario del auditorio del museo para cerrar el foro que dos días antes comenzó en Mendoza. Durante casi una hora hablará sobre la reproducción sexual como mecanismo de variabilidad, del erotismo y la sexualidad como motor de la evolución, y de las posibilidades de recuperación del poder cognitivo a través de la experimentación del cuerpo. Parece una agenda hecha a medida de una mujer que decidió cambiar de género.

Las curadoras del foro Yina Jiménez Suriel y Belén Coluccio habrán mencionado al comienzo de las jornadas la necesidad de “experimentar el planeta al mismo tiempo que el planeta nos experimenta”, y de la urgencia de usar nuevos términos para describir nuestro vínculo con lo vivo ante la repetición de palabras que se vuelven vacías. Brigitte parece encarnar ese nuevo lenguaje: el auditorio se rinde ante su carisma y festeja sus slides hechos con IA, más cercanos a las visuales de una fiesta electrónica que a un simposio académico.

—Sos una mujer trans y activista. ¿Desde qué lugar se pueden repensar estos movimientos y qué aportes pueden hacer en un contexto como el actual donde se advierta un retroceso de derechos?

—Yo creo que todas las formas de pensamiento alternativo, las propuestas de diversidades y de activismos por la creatividad tienen que seguir siendo fundamentales. Estamos abriendo mucho espacio en la conciencia crítica. Desde la igualdad de derechos más que desde la lucha por derechos diferenciales o adicionales, que es lo que raya mucho a otras personas. ¿Por qué tendría yo que preferir a una mujer trans que a una mujer? Si cuando voy a hacer un proceso de convocatorias de trabajo, siendo que 99% de las mujeres del mundo son biológicamente originales, por decirlo así, las mujeres trans son un problema o bueno, son la minoría de la minoría. Todas estas normas o enfoques de acción afirmativa están siendo muy cuestionadas porque son minorías de las minorías y siempre una puede identificar eso.

Todos somos minorías dentro de las minorías. Y luchamos contra los autoritarismos que utilizan categorías genéricas para simplificar la vida política y quedarse con todo el botín, que es finalmente la racionalidad que hay detrás de todo esto. Pero estamos muy preocupados, porque incluso ya hay mujeres en Estados Unidos que están diciendo que las mujeres deberían renunciar al voto y que el voto femenino que debería haber es un voto por familia organizada de acuerdo al modelo patriarcal. Y yo no dejo de sorprenderme de que una mujer pueda llegar a plantear eso, como en la novela El cuento de la criada, ¿no? Una ve cada vez más esa ficción de Margaret Atwood poniéndose al día.

En contraposición, sí creo en que tenemos una capacidad de proponer renovación, formas de gobernanza, formas de vida pacíficas, más sostenibles, capaces de cuestionar muchos de los parámetros sobre los cuales se estructura el capitalismo a lo bruto, pero no sabemos muy bien hasta dónde vamos a poder llegar. Lo que me preocupa a mí es que construyamos esencialismos que después deriven en movimientos autoritarios también, como a la defensiva. Los nacionalismos indigenistas son también muy preocupantes porque son políticamente muy arcaicos. No es que no existan las naciones indígenas, que no exista el derecho para que los pueblos originarios desarrollen sus agendas de manera creativa y propia. Pero el riesgo es una ruptura total, una fragmentación total de las instituciones. La tarea que no se ha hecho de construir una sociedad igualitaria hay que hacerla tarde o temprano porque es insostenible también la condición de discriminación y de exclusión a la que hemos estado abocados por siglos. Quién sabe si nuestra posibilidad de invocar las diversidades pueda tener éxito, pero nos toca hacerlo. En Colombia es muy particular, muy paradójico, que probablemente la presidencia la gane por primera una mujer de extrema derecha con un vicepresidente abiertamente gay. ¿Eso cómo pasó? ¿Cómo está pasando? Si eso sucede, no sé en qué país vamos a quedar, porque sí hay una tensión muy fuerte en la definición del feminismo de la derecha, de la diversidad LGBTI. Dentro del espectro ideológico tendremos que negociar muchas cosas, pero hay unas que son innegociables. Hay una serie de derechos ya establecidos que no vamos a dejar que se vayan atrás.

—¿Crees que tendremos mucho tiempo más esta tendencia a la cultura MAGA en la región? ¿Dónde ves alguna línea de fisura que pueda habilitar el retorno a un bloque distinto?

—Bueno, ojalá, ¿no? Y sí creo que la situación es muy insostenible de todas maneras. El actor que está sacudiendo el mundo en términos de comercio, de tecnología, energía, es China. Y parece que no estamos escuchando realmente, como decía The Economist. Mientras tu enemigo hace tonterías, tú te quedas callado, que sería lo que Xi Jinping está haciendo. Entonces una se pregunta, todas las izquierdas latinoamericanas, incluso los más tecnooptimistas y liberales, ¿estamos revisando nuestras relaciones con China para decir, bueno, no, ustedes no parecen tan salvajes como nuestro vecino del norte? ¿Por qué no hablamos? China va a ser crucial y muy pronto, ojalá que para bien. Ojalá que logremos instituir unos parámetros civilizatorios distintos. Puede que sea ingenua por no tener la experiencia tan directa de la vida política con China como lo tienen otros países, como lo ha tenido Europa o como lo ha tenido África, que dicen “cambiamos de dueño, no cambiamos de imperio”. Pero hay que reconocer que nosotros, en términos de autonomías latinoamericanas, dependemos de muchas cosas del Orden Mundial. También un poquito de realismo planetario nos hace bien.

AJ/CRM

¿Habría ganado las elecciones legislativas Javier Milei sin el apoyo político y económico de Donald Trump en la campaña electoral? ¿Habría ganado el mismo Milei que había sufrido poco antes una sonora derrota en la provincia de Buenos Aires? ¿Y Nasry Asfura? ¿Habría ganado en Honduras el candidato de la extrema derecha sin el apoyo explícito de Trump, incluso con el indulto de un miembro de su partido, Juan Orlando Hernández, expresidente del país condenado en un tribunal de EE.UU. por introducir 500 kilos de cocaína en el país? El presidente de EE.UU. no tuvo empacho en indultar a Hernández antes de las elecciones y apostar por Asfura, quien se impuso por poco en unas reñidas elecciones al liberal Salvador Nasralla, quien se veía vencedor hasta las injerencias de Trump.

¿Y Abelardo de la Espriella? ¿Qué habría sido del ultra colombiano sin el acoso de Trump al presidente colombiano, Gustavo Petro, y sin la repetida apuesta en campaña contra el rival de Iván Cepeda? ¿Qué habría sido sin esos palos a la Colombia de Petro y esas promesas a una futura Colombia presidida por De la Espriella?

La proximidad y las relaciones de dependencia en América Latina con respecto a Washington son fundamentales para entender el impacto del intervencionismo de Trump. Del mismo modo, ya no funciona igual en la distancia europea. Por ejemplo, por mucho que se alineara con Viktor Orbán, el ultra húngaro terminó derrotado en las urnas. Igual que AfD, los ultras alemanes apoyados por JD Vance y Elon Musk: no lograron el sorpasso en las últimas elecciones generales alemanas.

Y es que de la misma manera que en América Latina Trump juega con su poder de coerción para moldear los Gobiernos a su imagen y semejanza, en Europa el trumpismo resta ya en muchos países. Por ejemplo, en Italia, donde Giorgia Meloni fue una persona cercana a Elon Musk y comparte la mayoría de las ideas de Trump, pero se abrió una brecha entre ellos a raíz de los ataques del presidente de EE.UU. al Papa. Se puede ser muy trumpista, pero en Italia la Iglesia católica está por delante.

Pero esa misma distancia con Trump la están mostrando otros líderes europeos, como se vio con las negativas a ayudar a la Casa Blanca a salir del avispero en el que ella sola se metió el 28 de febrero pasado en Irán.

Eso apunta a un cambio de paradigma que no ocurre en el área en la que el presidente de EE.UU. ejerce más su influencia: lo que la Casa Blanca llama el patio trasero o Hemisferio Occidental, que viene a ser América Latina.

Y todas estas maniobras quedan impunes y no reciben ni el más mínimo reproche por parte de las organizaciones observadoras de los procesos electorales, pero tampoco por organismos multilaterales como la ONU, la OEA o la UE, a pesar de que el derecho internacional preserva el principio de no intervención de agentes externos en procesos electorales.

De esta manera, la democracia representativa en América Latina se ve rebajada cuando el país con mayor poder del mundo se pone a amenazar a los ciudadanos con repercusiones negativas, más aún en países que tienen tanta dependencia de EE.UU.

En efecto, Trump, desde la impunidad que tiene, practica sin complejos la injerencia en países que dependen de EE.UU., logrando gobiernos afines por pocos votos, como se está viendo en Colombia y Perú, donde la izquierda está cayendo derrotada por décimas.

¿Hacia dónde se habrían inclinado esas décimas sin las sanciones, las amenazas, las coacciones y las intervenciones de la Casa Blanca?

Y todo eso en un contexto en el que los procesos electorales reflejan las desigualdades históricas entre izquierda y derecha, con campañas austeras para la izquierda frente a campañas millonarias de la derecha, apoyada siempre por las élites económicas y políticas del continente.

A todo ello hay que añadir el crecimiento del consumo de las redes sociales, incluso más entre la clase trabajadora latinoamericana, que bebe mucho de TikTok, lo que hace muy difícil poder rastrear la financiación de esas campañas, que en algunos casos nace en el exterior y va dirigida a llenar las redes sociales de anuncios de los candidatos de derechas: la financiación de anuncios en las redes sociales es costosa, la propia elaboración de esos anuncios también, y en un mundo tan mediado por las pantallas esto convierte a las campañas de poco presupuesto en una pelea profundamente desigual.

“Estados Unidos no solo tiene las herramientas de los aranceles o de la presión económica”, explica Francesca Emanuele sobre las presiones de Trump en América Latina. La analista del think tank CEPR (Center for Economic and Policy Research) argumenta: “En la región vemos una amenaza militar directa, vital, sin contar la retirada de visados y los congelamientos de cuentas, a través de las sanciones que EE.UU. puede imponer a políticos que les sean molestos, como lo ha hecho con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha sido uno de los pocos que se ha enfrentado públicamente a Trump. Cualquier país de América Latina puede convertirse hoy en un objetivo militar. Y eso también se refleja en las reacciones de los gobiernos de la región, incluso aquellos que antes denunciaban con claridad los abusos de Washington, ahora parece que optan por la cautela, la autocensura o incluso el silencio”.

Emanuele añade: “Estoy convencida de que el mundo necesita que gobiernos con mayor capacidad de influencia, con mayor poder, por ejemplo, los gobiernos de Europa que dependen menos de Estados Unidos, dejen de mirar hacia otro lado y comiencen no solo a denunciar las políticas imperialistas de Estados Unidos, sino también a construir mecanismos, conjuntos capaces de frenar esta deriva militarista, demencial, que está causando muchísimo daño y que tendrá consecuencias durísimas y multigeneracionales si no le ponemos coto ya mismo”.

¿Y qué hacen luego cuando ganan? La Argentina de Milei es un ejemplo de negacionismo de la dictadura y las torturas, del apoyo incondicional al genocidio israelí en Palestina y de contorsionismo político: tan pronto se declara ultraliberal como es capaz de defender el proteccionismo arancelario de Trump. Milei es un incondicional del presidente de EE.UU., porque sabe que sin su rescate económico podría estar ya fuera de la Casa Rosada. Milei también es un ejemplo de recortes sociales, de dejar desamparados a los más vulnerables, de combatir el feminismo y lo que el presidente argentino ultra llama “la agenda woke”.

Ecuador, otro país afín a la Administración Trump, con Daniel Noboa al frente, sobre quien han pesado acusaciones que vinculaban empresas de su entorno con el narcotráfico, tiene el país con uno de los niveles de violencia más altos de la región. Pero, eso sí, es un aprendiz avanzado de trumpismo y está desde primera hora en el Escudo de las Américas deseando contentar a Trump con sus acciones militares conjuntas, que ni están ayudando a reducir los niveles de violencia ni a reducir el tráfico de cocaína. Al contrario, están sirviendo para que caigan bombas en Colombia y mueran personas inocentes en granjas.

En el caso de Honduras, uno de los acontecimientos más alarmantes durante los primeros 100 días del Gobierno de Asfura ha sido la masacre, el 21 de mayo, de 21 campesinos en el departamento de Colón. Los asesinatos tuvieron lugar en el contexto de un conflicto territorial en la región del Bajo Aguán, que se remonta a los años setenta y ochenta y en el que están implicados poderosos intereses económicos. El prolongado conflicto del Bajo Aguán se ha centrado en la concentración de la tierra en manos de las grandes empresas de aceite de palma, en particular Dinant y sus filiales, que consolidaron vastas extensiones de tierra a través de una red de entidades comerciales que, en última instancia, permanecieron bajo el control efectivo de la familia Facussé.

Según InSight Crime, a finales de junio Honduras había registrado su decimoctava masacre de 2026, lo que ha dejado más de 80 víctimas de matanzas masivas en lo que va de año.

Y en el punto de mira sigue Cuba, el Gobierno que han querido derrocar numerosos presidentes de EE.UU. durante siete décadas. Ahora, como nunca, se ejerce una presión asfixiante, literal, con el bloqueo petrolero y las sanciones secundarias aprobadas el 1 de mayo a cualquier empresa o gobierno que tenga algún trato con empresas públicas cubanas o con el Ejecutivo cubano.

Y el hecho de que hoy Venezuela sea un país tutelado por EE.UU. ha terminado sirviendo para amenazar y buscar derrocar al gobierno de Cuba con un despliegue militar estadounidense en el Caribe sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría. Y ese despliegue sirve tanto para asfixiar a Cuba como para asesinar de forma extrajudicial a más de dos centenares de personas en supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental.

“Washington ha empezado además desde el año pasado a designar organizaciones criminales y cárteles como organizaciones terroristas, y esta es una estrategia que amplía el margen para justificar futuras acciones militares en la región”, explica Emanuele: “La lógica detrás de estas designaciones es absolutamente refutable. Los cárteles son organizaciones criminales cuyo objetivo principal es el lucro económico, no los fines políticos o ideológicos, que es precisamente lo que tradicionalmente distingue al terrorismo del crimen organizado. En Venezuela se designó como organización terrorista al Tren de Aragua y a una organización ficticia como el Cártel de los Soles. Y con estas designaciones artificiosas como terroristas, EE.UU. busca tener bajo amenaza a diversos países, entre ellos México, y lo mismo ocurre con Brasil, donde hace apenas unas semanas EEUU designó a dos organizaciones criminales como terroristas. Y estas designaciones funcionan como una justificación destinada a dar cobertura a posibles acciones militares futuras y a aumentar la capacidad de presión de Estados Unidos sobre los países de la región y, en la práctica, crear el marco para intervenir militarmente allí donde Washington considere que sus intereses están en juego”.

Abelardo de la Espriella, abogado penalista admirador de Trump y Milei, se convirtió este domingo en el nuevo presidente de Colombia tras vencer en la segunda vuelta más reñida de las últimas décadas. Con 47 años, el aspirante libertario de la de extrema derecha obtuvo 12.959.542 votos (49,66%), superando por un estrecho margen al izquierdista Iván Cepeda, quien logró el 48,70% (12.708.712 sufragios), según el preconteo. En unos comicios con participación histórica, los 377.076 votos en blanco resultaron decisivos, al superar la diferencia final entre ambos candidatos.

El desenlace, sin embargo, tiene un panorama más complejo. De la Espriella llega a la Casa de Nariño sin experiencia en cargos públicos, tras obtener el mayor caudal de votos registrado, pero con apenas cuatro senadores propios en un Congreso de 103 escaños (curules). Su Gobierno dependerá de la disciplina y las negociaciones con fuerzas que lo apoyaron en la segunda vuelta: el Centro Democrático, Cambio Radical y los partidos Liberal y Conservador, formaciones tradicionales con agendas propias y fracturas internas que condicionarán su margen de maniobra.

Bogotá mantenía una calma contenida cuando a las 16 se cerraron los puestos de votación. Fabio Jiménez, taxista de 50 años, recordó que esa mañana había visto en varios puntos de la ciudad sucursales bancarias y concesionarios de vehículos protegidos con vallas como medida visible de prevención ante una jornada que se temía agitada. “Los que saben de estas cosas desde ayer ya se prepararon”, resumió con la misma parsimonia con la que sortea un atasco en una de las ciudades más congestionadas del mundo.

A las 17:30, con el 99,58% de las mesas reportadas por la Registraduría Nacional, el resultado ya se consideraba irreversible. El país había dado un vuelco político radical: de elegir por primera vez un Gobierno de izquierda, pasaba ahora a una Administración de derecha extrema cuya agresividad ha despertado comparaciones históricas. Algunos han señalado el parecido con Laureano Gómez (presidente entre 1950 y 1953), recordado por su retórica pugnaz y su admiración por Francisco Franco. 

Pero el investigador de la London School of Economics Juan David Velasco señala que De la Espriella se aproxima más al conservador Miguel Abadía Méndez (1926-1930), un mandatario proempresarial, alineado con los intereses de Estados Unidos, con un discurso incendiario y un enfoque represivo en materia de seguridad. Como Abadía, recibe un país endeudado y comparte su defensa de los valores tradicionales. La diferencia es que Abadía llegó al poder tras ejercer como ministro en siete carteras. De la Espriella nunca ha ocupado un cargo público.

Reacciones de un país fracturado en dos

El presidente saliente, Gustavo Petro, reaccionó en X antes de que se completara el preconteo [recuento provisional] advirtiendo que, con los datos de la Registraduría, la diferencia entre los candidatos era de apenas tres décimas. Según su criterio, “no se puede proclamar ningún presidente” hasta el escrutinio oficial. Y añadió que la realidad mostraba “un país partido por la mitad” y denunció “injerencia extranjera quitándonos la libertad”. Pero al mismo tiempo aseguró que acataría las decisiones de la justicia.

Mientras Petro cuestionaba los números, en Barranquilla, en el Caribe colombiano, el también llamado “Tigre” Abelardo de la Espriella celebraba su triunfo ante una multitud agolpada frente a una urna de cristal blindada desde donde se dirigió a su “manada” en un discurso de 45 minutos intercalado por breves pausas con música circense. “No existe libertad sin seguridad, no existe democracia sin la vida privada y no existe nación sin héroes como nuestros policías y soldados”, afirmó. Y añadió entre saludos militares y : “La verdadera paz nace de la justicia que, en el fondo, está ocupada por nuestras fuerzas militares y la policía”.

Por su parte, Iván Cepeda —quien suma 16 años en el Congreso— anunció desde Bogotá la impugnación de 33.000 mesas de votación, criticó el preconteo y convocó a sus seguidores a movilizarse. La estrategia de objeción no es nueva: si en la primera vuelta del 31 de mayo fue Gustavo Petro quien cuestionó el escrutinio, en esta segunda ronda su candidato derrotado ha sido quien repitió el libreto. Esto ocurre a pesar de que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea calificó el proceso de “transparente y creíble”.

El exterior vota por el ‘Tigre’

Colombia rompió este domingo su récord histórico de participación electoral. Con un padrón de 41 millones de votantes habilitados en el país y en el exterior, el 64% ejerció su derecho al sufragio: 26.509.263 depositaron su papeleta. La cifra pulverizó el techo histórico del 59,02% registrado en la segunda vuelta de 1998, que había resistido intacto durante casi tres décadas.

“Esta ha sido una elección como nunca antes ha pasado, que ha dejado al país 50-50”, dijo el analista electoral Camilo Cruz, quien comparó el resultado con lo ocurrido en Honduras y Perú, democracias latinoamericanas que han vivido fracturas similares. Cruz planteó la pregunta que definirá los próximos cuatro años: “El ganador tendrá que decidir si va a gobernar para su postura mayoritaria o si va a gobernar para todo el país”.

Los matices fueron surgiendo con el paso de las horas. El analista Andrés Sampayo señaló uno de ellos en X: dentro de Colombia, la diferencia entre los dos candidatos ha sido un empate técnico. Fue el voto en el exterior el que decidió la presidencia. “La elección se está definiendo por márgenes mínimos dentro de Colombia y por una ventaja contundente por fuera de Colombia”, escribió Sampayo. De la Espriella ganó Colombia desde fuera de Colombia.

Para Cruz, la jornada dejó dos lecciones. La primera: el voto en blanco fue significativo no por su volumen sino por su posición. “Al final, la no distribución del voto entre las dos preferencias finalistas termina, en una elección tan cerrada, definiendo la victoria para un sector u otro”, dijo. “Hay un mensaje para el país, pero ese mensaje todavía no tiene rostro”. La segunda es institucional: la participación abierta del presidente Petro y de los alcaldes de Cali, Medellín y Barranquilla en la campaña rompe una tradición de neutralidad que, advierte Cruz, anticipa un escenario muy conflictivo para futuras elecciones.

Al cierre de la jornada, los temores de un estallido social en Bogotá se disiparon. Se registraron algunos fugaces disturbios y celebraciones callejeras que recordaban el reciente triunfo de la selección nacional frente a Uzbekistán en el Mundial. En el pudiente norte de la capital, Gilberto Gaitán, de 69 años, resumía con pragmatismo su postura por el nuevo presidente de extrema derecha mientras cerraba el servicio de aparcacoches que gestiona desde hace años. “Es un hombre de negocios; no necesita robar”. El país ya ha comenzado a medir el alcance de sus palabras.