Los tapires son animales de origen antiguo. Pertenecen a un linaje de mamíferos perisodáctilos del que solo quedan cuatro especies, tres de ellas en Latinoamérica: el tapir de tierras bajas, el tapir de montaña y el tapir centroamericano. Estos grandes herbívoros están amenazados y se mantienen refugiados en franjas cada vez más reducidas de ecosistemas tropicales y andinos.

Las tres especies comparten una función ecológica fundamental. Eduardo Naranjo, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, México, explica que al alimentarse de plantas, controlan las poblaciones de múltiples especies. Además, son uno de los pocos animales capaces de ingerir semillas grandes, como las del zapote (Manilkara zapota), contribuyendo a su dispersión. Por eso son conocidos como los jardineros del bosque.

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Sin embargo, la deforestación, la expansión agrícola, la apertura de vías y la minería fragmentan y reducen su hábitat. Ángela Alviz, especialista en la conservación de grandes mamíferos, señala que el cambio climático agrava el problema. La mayor cantidad de días calientes y secos en la región ocasionan disminución de cuerpos de agua, necesarios para la termorregulación del mamífero. Entonces, se ven obligados a recorrer mayores distancias, aumentando su exposición a la cacería y a los depredadores.

Los perros ferales y asilvestrados representan una amenaza adicional, pues se ha documentado que persiguen y cazan tapires, señala Juan Pablo Reyes, parte del Grupo de Especialistas de Tapir de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El tapir de tierras bajas (Tapirus terrestris) está clasificado como Vulnerable en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. A pesar de eso, se encuentra en mejor estado de conservación que las otras dos especies. Habita en toda Sudamérica, a excepción de Chile y Uruguay.

El tapir de montaña (Tapirus pinchaque) está En Peligro y su distribución es la más restringida del género, limitándose a una franja de ecosistemas andinos entre Colombia, Ecuador y el extremo norte de Perú. Por último, el tapir centroamericano (Tapirus bairdii) también está En Peligro. Es el mamífero terrestre nativo más grande del sur de México y América Central, con individuos que pueden alcanzar los 250 kilogramos.

En el Día Internacional del Tapir, Mongabay Latam habló con los tres especialistas sobre el estado de conservación de estas especies y los esfuerzos para protegerlas en Colombia, Ecuador y México.

Colombia: Investigadores identificaron áreas para conservar el tapir de tierras bajas en la Orinoquía

El tapir de tierras bajas es el único mamífero conocido capaz de ingerir y dispersar intactas las semillas del moriche (Mauritia flexuosa) y la palma real (Attalea butyracea), de acuerdo con Ángela Alviz, candidata a doctorante en Texas Tech University y especialista en conservación de grandes mamíferos en Sudamérica.

El resto de animales no puede hacerlo porque las semillas de estas palmas son demasiado grandes para pasar por su sistema digestivo. Al depositarlas a kilómetros de distancia de la planta madre, el tapir ofrece la posibilidad de que el moriche y la palma real colonicen nuevas áreas o se recuperen en zonas degradadas.

“[El moriche] es una especie importante en la Orinoquía y en la Amazonía”, dice la experta. Explica que los morichales o palmares de moriche son reservorios de agua y son el hábitat de especies como anacondas y caimanes. Además, la fruta es una fuente de alimento y de recursos para las comunidades que viven en estas regiones. Por eso, el rol del tapir es clave en los ecosistemas.

Sin embargo, la distribución en la Orinoquía colombiana de este animal pardo y con crin era prácticamente desconocida hasta hace unos 10 años, dificultando acciones de protección y conservación. “Con los años fuimos recopilando información por la necesidad de buscar a la especie y protegerla debido a todas esas funcionalidades que cumple”, relata Alviz.

El animal enfrenta presiones crecientes. La deforestación fragmenta sus poblaciones, ocasionando problemas genéticos como el leucismo —condición genética que provoca la pérdida parcial o total de pigmentación en la piel, pelo o plumas, dándoles un aspecto blanco o pálido—, documentado por primera vez en la Orinoquía en 2025 por Alviz.

Aunque es el mamífero más grande de Sudamérica, es difícil de avistar. Esto se debe a que tiene hábitos nocturnos y densidades poblacionales bajas en relación con otros mamíferos grandes, como el venado o el puma. “Por eso nos pusimos en la tarea de buscarlos a través de cámaras trampa”, señala.

Un equipo liderado por Alviz obtuvo 110 registros de tapires en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Meta, entre 2016 y 2022. Con esa información se identificaron áreas adecuadas para estos animales y áreas degradadas con potencial de restauración.

También se determinaron dos zonas de alta importancia. La primera se ubica en el norte de la Orinoquía, en Arauca. La segunda está en Vichada, en una de las zonas donde ocurre la transición entre la Orinoquía y la Amazonía. Después los investigadores propusieron unidades de conservación del tapir, una herramienta que hasta entonces solo se había aplicado en la región para jaguares, según comenta la científica.

Los resultados se divulgaron en el artículo Idoneidad del Hábitat y Prioridades de Conservación para el Tapir de Tierras Bajas en la Orinoquía Colombiana, publicado en febrero de 2026 en la revista Mastozoología Neotropical.

Aunque la publicación acaba de salir, la investigación “ha tenido un impacto considerable”, señala la experta. Organizaciones dedicadas a la conservación y autoridades regionales se han basado en los datos desde el inicio de la investigación para promover la creación de planes de conservación, corredores biológicos y estrategias de conservación con actores locales.

Ecuador: El Corredor Llanganates-Sangay como apuesta para la conservación del tapir de montaña

En 2006, entre columnas de humo del volcán Tungurahua, piedras incandescentes y flujos de lava, un grupo de biólogos estudiaba el impacto de las erupciones volcánicas en las poblaciones de anfibios. A menos de tres kilómetros del cráter, había un bosque nublado cubierto en parte por gruesas capas de ceniza volcánica.

Rodeado por hojas bastante grandes, estaba un tapir de montaña, una especie de apariencia “prehistórica”, de acuerdo con Juan Pablo Reyes, investigador y miembro del Grupo de Especialistas del Tapir de la UICN. La escena le pareció “fabulosa”. Poco después observó que la erupción obligaba a estos animales de pelaje oscuro y labios blancos a desplazarse hacia áreas con más disponibilidad de alimento y agua, revelando que necesitaban territorios conectados para sobrevivir.

Desde la década de los noventa se documentó la existencia de las mayores poblaciones de tapir de montaña a escala global en el Parque Nacional Llanganates y en el Parque Nacional Sangay, donde se encuentra el volcán Tungurahua. Ambas están en el centro de las estribaciones orientales de los Andes y están separadas por ciudades, carreteras y tierras destinadas a la agricultura y la ganadería.

Para conectar las dos poblaciones, un equipo de expertos, entre esos Reyes, empezó a trabajar en distintas iniciativas de investigación y talleres para diseñar estrategias de conservación.

Reyes relata que junto a sus colegas registraron huellas, heces fecales e imágenes capturadas con cámaras trampa en zonas que no estaban bien mapeadas hasta ese momento. Para el 2011, Reyes junto con el investigador Andrés Tapia lideraron un artículo científico en el que se reportaron nuevos avistamientos del tapir de montaña en las faldas orientales del Tungurahua, afuera de ambos parques nacionales.

Estos estudios fueron clave, asegura Reyes, para que en 2023 se creara oficialmente el Corredor Ecológico Llanganates-Sangay, un área de 92 148 hectáreas. Con esta declaratoria, los municipios de Mera, Baños y Palora tienen la responsabilidad de adecuar sus planes de ordenamiento territorial y aplicar acciones de manejo para la conservación y el desarrollo sostenible.

Para fortalecer la iniciativa, la Fundación Ecominga, la Fundación Óscar Efrén Reyes, el Bosque Protector Hacienda Guamag, entre otras, han creado una red de reservas y refugios de vida silvestre que suman alrededor de 40 000 hectáreas.

“Hay zonas en las que antes no se veía presencia de la especie porque estaban alteradas, hoy se ve una tendencia de recuperación. Se ven huellas de tapir y también de oso andino”, asegura el especialista. En áreas restauradas también se han documentado crías en generaciones consecutivas, con ciclos de tres o cuatro años.

La expansión ganadera, el anuncio de apertura de una carretera a través del Parque Nacional Llanganates y el crecimiento de la minería ilegal todavía son amenazas latentes no solo para los tapires, sino también para la gran biodiversidad que atesoran los flancos orientales de los Andes.

A Reyes le da esperanza atestiguar un cambio en las actitudes de los habitantes de la zona, especialmente de aquellos que fueron cazadores y ahora destinan sus fincas o parte de ellas a la conservación y protección de la biodiversidad. Y concluye: “es importante seguir aportando para proteger estos sitios, en algunos casos prácticamente intactos. Eso da un poco de esperanza a pesar del panorama cuesta arriba, pero no estamos solos”.

México: Estudiar las emociones humanas para conservar el tapir

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El Triunfo, en la Sierra Madre de Chiapas, es una de las regiones más biodiversas de México y con mayor número de especies de mamíferos, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). Ahí está la Reserva de la Biósfera El Triunfo, de 119 000 hectáreas, donde habita el tapir centroamericano.

En la zona viven alrededor de 229 000 personas, de las cuales 14 200 viven dentro de la reserva. En los alrededores predomina el cultivo de café, aunque también existen otros cultivos y ganadería.

Los habitantes cumplen un rol clave en la conservación de su entorno, principalmente de especies emblemáticas que figuran en la Lista Roja de Especies Amenazadas, entre ellas el tapir. Por eso, Eduardo Naranjo, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, ha liderado y acompañado una serie de investigaciones y proyectos que buscan entender la relación de los seres humanos con la fauna del lugar.

En uno de esos estudios, realizado en 2021, la investigadora Nathalia Castillo-Huitron lideró un análisis de actitudes de conservación. 238 habitantes de la reserva dieron al tapir una puntuación de interés por su protección de 2.09 en una escala de -3 a 3. La calificación estuvo por encima de el jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor) y los resultados se publicaron en 2024 en la revista Biodiversity and Conservation. El mismo estudio identificó que la disposición de una persona a proteger el tapir es uno de los indicadores más sólidos de su actitud general hacia la conservación de la fauna.

En este y otros trabajos, Naranjo y los equipos con los que colabora, conocieron que quienes tuvieron interacción directa con los tapires tendían a tener percepciones más positivas y reacciones menos agresivas. “Las personas que no conocen a estos animales tendían a llevarse mucho más por aspectos culturales o historias que les contaban que muchas veces tienen una connotación negativa”, dice el investigador.

Como solución, entre 2023 y 2024, El Colegio de la Frontera Sur, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Universidad Autónoma de Barcelona desarrollaron un proyecto de educomunicación para mejorar las actitudes de las comunidades hacia el tapir y otras especies emblemáticas. Fueron 446 personas, entre niños y adultos, que participaron en talleres, caminatas etnológicas e intercambios de conocimientos científicos y locales.

“A través de relatos y anécdotas de quienes tuvieron interacción, tratamos de cambiar las percepciones negativas para transformarlas en acciones positivas”, cuenta Naranjo.

Para el especialista, sí hay un cambio favorable a la conservación, principalmente entre niños y jóvenes. “Parecen tener una conciencia cada vez mayor hacia la protección de la fauna silvestre. Muchos ya no están interesados en cazar tapir, como lo hicieron sus padres o abuelos por necesidad”, señala.

Después de los talleres, las comunidades Plan de Ayala, Ampliación Lagunas, Monte Virgen, Toluca y 3 de Mayo reafirmaron su determinación de establecer controles internos para la cacería de subsistencia, sobre todo de animales amenazados y en peligro de extinción. “La evaluación de resultados de estas medidas aún está en proceso”, añade Naranjo.

En otras comunidades de Chiapas ya hay resultados concretos. Naranjo cuenta que poblaciones cercanas a áreas protegidas establecieron prohibición y controles de cacería en sus territorios comunales. También instauraron reservas comunitarias y mejoramiento del hábitat. Cada vez más personas conocen que el tapir es una especie que cumple un rol clave en la dispersión de semillas grandes y es indispensable en el funcionamiento de los ecosistemas en los que habita.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana que transportaba a más de un centenar soldados se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo —en el sur del país—, confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. El alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, ha declarado a Caracol Televisión que en los hospitales de la localidad hay 69 heridos de un pasaje de 114. El comandante de la Fuerza Aereoespacial Colombiana Carlos Silva ha indicado en un mensaje en redes que en total iban en la aeronave 125 personas (114 pasajeros y 11 tripulantes), y que se ha rescatado a 48 personas. El accidente se produjo al poco de despegar, a dos kilómetros del aeropuerto, según Silva.

“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública”, manifestó el ministro en su cuenta de X.

Sánchez agregó que en el lugar del accidente ya hay unidades militares y que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente para esclarecer las causas del siniestro.

En vídeos difundidos en redes sociales se observa una gran columna de humo en la zona del accidente y restos de la aeronave esparcidos, mientras militares y habitantes del sector se acercan al lugar para ayudar en las labores de rescate.

La Defensa Civil, un cuerpo de rescate nacional, informó por su parte de que voluntarios de esa organización en el Putumayo, “en articulación con otros organismos de socorro, se desplazan y brindan apoyo ante la emergencia”, y divulgó un video de restos del avión en llamas.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó lo sucedido y manifestó en su cuenta de X: “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”. También se adelantó a que pudiese culpar a su gobierno del siniestro. “Contra viento y marea modernicé la flota estratégica aérea y he pedido la compra inmediata de helicópteros y aviones de carga y tropa para ampliar la capacidad de transporte y movilidad de tropas en regiones casi extinguidas por el insuceso de los helicópteros rusos hoy vetados”, ha depejado.

Los aviones Hércules C-130 de Fuerzas Armadas son uno de los modelos más usados en el mundo por fuerzas aéreas para el transporte de soldados y material militar, y tiene capacidad para unos cien pasajeros con sus armas y munición.

Con información de EFE

El mundo lleva 50 años intentando proteger a los humedales —ecosistemas de agua dulce, marinos y costeros—, los cuales cubren apenas 6 % del planeta, pero son cruciales para los seres humanos: son suministro de alimentos, reguladores del agua y un medio de subsistencia para más de 1000 millones de personas.

En Latinoamérica, parte del cuidado de muchos lagos, ríos, acuíferos subterráneos, pantanos, marismas, turberas, pastizales, estuarios, marismas, manglares y más zonas costeras no sería posible sin las prácticas y conocimientos tradiciones de comunidades indígenas y campesinas, como el manejo del agua y sus ciclos, normas comunitarias, calendarios agrícolas y pesqueros, así como sistemas de gobernanza que dan prioridad al equilibrio ecológico, antes que a la explotación de los recursos.

Sin este conocimiento, resultaría complicado conservar los ecosistemas donde habita el 40 % de todas las especies de plantas y animales.

Los humedales también son grandes aliados climáticos por su papel clave para evitar emisiones de gases de efecto invernadero, que en muchos casos almacenan más carbono que los bosques tropicales, pero también son relegados por los tomadores de decisiones a nivel mundial.

Pese a los beneficios que generan, son también uno de los ecosistemas con mayor deterioro. A nivel mundial, se ha perdido el 35 % de los humedales naturales, que desaparecen tres veces más rápido que los bosques, de acuerdo con datos de Naciones Unidas.

En este Día Mundial de los Humedales, Mongabay Latam destaca tres casos en los que los conocimientos tradicionales de comunidades indígenas están restaurando y protegiendo a estos refugios de vida, frente a los impactos de la agroindustria, la construcción, la pesca excesiva, la sobreexplotación de recursos y la crisis climática.

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada realizan estrategias de restauración con comunidades vecinas y autoridades, así como de uso compartido de recursos. Foto: cortesía AIDA[/caption]

Sierra Nevada, donde los humedales sagrados son restaurados por pueblos de Colombia

Para los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta —el sistema costero montañoso más alto del mundo—, los humedales que hay en esta región del Caribe colombiano representan espacios sagrados que conectan ecosistemas, pero también culturas y conocimientos.

Jaime Luis Arias Ramírez, gobernador del pueblo kankuamo y miembro del Consejo Territorial de Cabildo de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC), sostiene que los humedales de la región representan una conexión “espiritual, natural y biológica” para los pueblos kankuamo, kogi, wiwa y arhuac.

“Cumplen una función importante en la conservación de diferentes especies, son espacios donde hacemos nuestro trabajo de armonización y al mismo tiempo aportan materiales sagrados para el ejercicio de la cultura, del gobierno y del territorio”, explica a Mongabay Latam.

El líder indígena señala que el pueblo Kankuamo apuesta no solo por la recuperación de territorios a raíz de la colonización, sino también en generar planes ambientales en coordinación con otras autoridades, así como estrategias de restauración con comunidades vecinas y de uso compartido de recursos.

Una de esas estrategias es el monitoreo que hacen las comunidades en los humedales en coordinación con instituciones ambientales para intercambiar conocimientos técnicos y científicos que respete la visión indígena que existe por estos espacios.

“Por ejemplo, los mayores identifican qué tipo de variedades de plantas están en riesgo o están en proceso de recuperación desde la parte espiritual”, relata Arias sobre los impactos de diferentes actividades humanas, como la minería y el turismo masivo.

De acuerdo con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en la Sierra Nevada de Santa Marta existen cerca de 251 concesiones mineras, proyectos hidroeléctricos, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura que ponen en riesgo los ecosistemas de la región.

“Frente a eso, estamos en un ejercicio de recuperar los humedales, los manglares, las lagunas, los ríos y otros espacios donde se conserve o se restablezcan esos corredores biológicos y ancestrales”, comenta el dirigente, quien agrega que la protección de estos ecosistemas genera una “estrategia de pedagogía” con otros actores y comunidades.

Arias también sostiene que estas prácticas ya se ven reflejadas en la Ciénaga Grande, el humedal costero más grande de Colombia, así como en ecosistemas del Parque Tayrona y en manglares del departamento de La Guajira.

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada también participaron en el proceso de la opinión consultiva emitida en 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual reconoció por primera vez el derecho a un clima sano, como una medida para enfrentar la crisis climática.

La estrategia también ha sido legal. En 2018, los pueblos de la Sierra Nevada lograron que el Estado de Colombia emitiera el decreto 1500, que reconoció y delimitó formalmente la cartografía oficial de la Línea Negra o “Sezhiya”, la cual conecta 348 sitios sagrados para estas poblaciones.

A través de la red Amigos de la Sierra, organizaciones como AIDA, las clínicas jurídicas de la Universidad del Rosario y de Antioquia promovieron estrategias judiciales para que se emitiera este decreto, el cual es clave para saber cómo deben construirse estrategias de conservación y restauración de ecosistemas con enfoque biocultural, a partir de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y respetando sus espacios sagrados.

El reto, añade Arias, será fortalecer estos procesos ante realidades cada vez más complejas, como las dinámicas provocadas por el cambio climático.

“Toca ser más efectivo no solo en la participación sino en la implementación de esas salvaguardas y garantías. Hoy, los pueblos somos gobiernos y desde la naturaleza es fundamental cuidar estos espacios para obtener el equilibrio”, sostiene.

Una victoria para comunidades que protegen humedales, culturas y derechos en Argentina

Las comunidades del pueblo atacama, ubicado al norte de Argentina, consideran más importante el cuidado de la tierra y el “buen vivir” que cualquier modelo económico de desarrollo.

Parte del territorio que habitan incluye a los humedales altoandinos, formados por salares, lagos, lagunas y bofedales, ecosistemas de gran valor biológico, cultural y económico que les han permitido vivir desde hace más de 10 000 años en esta región andina, ubicada a más de 3500 metros sobre el nivel del mar.

Esta profunda conexión territorial ha sido la clave para que 10 comunidades atacameñas fueran reconocidas como áreas TICCA (territorios y áreas conservados por los Pueblos y Comunidades Indígenas), también llamados territorios de vida. Son iniciativa de una plataforma internacional donde las propias comunidades generan datos, estudios, mapas y análisis para la preservación de estos espacios frente a la explotación de recursos.

Se trata de los primeros territorios de Argentina con este reconocimiento y que conforman la Red Torna Lickana con las comunidades Incahuasi, Raíces Andinas, Corralito, Matancillas, Casa Colorada, Esquina de Guardia, Tipan, Cobres, Rangel y Cerro Negro, asentadas en la cuenca del salar Salinas Grandes, en las provincias de Salta y Jujuy.

Cada una de ellas emplea el conocimiento tradicional para conservar su territorio y al mismo tiempo las actividades que les dan sustento, como el cuidado y aprovechamiento de animales, agricultura, la extracción de sal y la medicina tradicional.

Vanina Corral, abogada y responsable del área de política ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señala que estas reglas comunitarias sobre el uso del agua, el pastoreo y la agricultura sostenibles han sido vitales para la preservación de los territorios.

“Los sistemas de gobernanza propios de las comunidades son clave porque están basados en sus conocimientos tradicionales que no son solo saberes del pasado, son sistemas vivos de gestión del territorio que nos han demostrado durante siglos cómo convivir con estos ecosistemas sin destruirlos”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Este sistema, señala, en donde hay reglas compartidas sobre dónde cultivar, pastorear o cuándo extraer agua, evita la sobreexplotación de los humedales y permite que se regeneren de forma natural.

Sin embargo, los humedales altoandinos también están cada vez más amenazados por actividades humanas, principalmente la minería de litio y otros minerales estratégicos a gran escala, en las provincia de Catamarca, Salta y Jujuy.

“La minería de litio no solo vulnera al ecosistema por la cantidad de agua que utiliza en ecosistemas donde hay muy poca”, comenta Corral. “También tiene impactos en la cultura y en la vida de las comunidades que hoy luchan por mantener sus formas de vida ancestrales”.

De acuerdo con información proporcionada por las propias comunidades a la plataforma TICCA, esta amenaza comenzó en 2010 con la llegada de empresas interesadas en la explotación de litio sin generar ninguna discusión o consulta sobre los impactos culturales, políticos, ambientales, sociales, y económicos en las comunidades.

Entre los impactos que detectan los propios habitantes está el incremento de tránsito, lo que pone en riesgo a los animales de los cuales subsisten; perturbación de los humedales por la instalación de pozos de bombeo; y el mal manejo de residuos sólidos.

Pese a las presiones de la industria, las poblaciones atacameñas han trabajado en estrategias legales a diferentes niveles para proteger el territorio. Comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc llevaron su reclamo hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También mantienen procesos a nivel provincial y nacional, como en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con este expediente buscan frenar la extracción de litio en sus territorios para priorizar el acceso al agua.

Para Corral, el histórico reconocimiento de territorios como TICCA en Argentina es clave para visibilizar el rol de las comunidades indígenas en la conservación de la naturaleza, desde prácticas culturales, espirituales y sociales, lo que permite construir alianzas e intercambiar experiencias con otras poblaciones en la región.

Sin embargo, afirma que este reconocimiento es más “simbólico y político”, pues considera que hay retos importantes para que los saberes tradiciones de las comunidades indígenas ocupen un lugar central en políticas públicas y puedan reflejarse mejor en la práctica.

“Todavía las decisiones, las políticas de protección de estos ecosistemas tienen que integrar las voces de estos territorios y receptar estos reconocimientos. Proteger los humedales también es proteger culturas, derechos y futuros posibles”, afirma.

Rituales tradicionales y defensa del Lago Titicaca en Perú

Desde el lado peruano que rodea al Lago Titicaca —el más alto del mundo— mujeres lideresas de distintas provincias se han organizado para proteger a este humedal de importancia mundial y que desde abril de 2025 fue reconocido como sujeto de derechos.

El trabajo de la Red de Mujeres Lideresas Unidas en Defensa del Agua y el Lago Titicaca ha combinado rituales ancestrales, monitoreo comunitario y estrategias legales para intentar rescatar al humedal que enfrenta graves problemas de contaminación por metales pesados y aguas residuales.

Para la agrupación de mujeres de la región de Puno, el Lago Titicaca no es solo una fuente de agua, sino un ser vivo con el que se comunican.

“El lago nos avisa, nos comunica”, dice Soraya Poma, quien está al frente de la red de mujeres, al explicar cómo el lago les guía en los procesos de agricultura.

“En [lengua] aymara decimos que sale una cosa verde en las piedras. Cuando sale en la primera semana de septiembre, la primera siembra va a estar bien. Cuando el lago se negrea y está oscuro decimos que va a caer la lluvia”, explica la dirigente y agricultora a Mongabay Latam.

Incluso, en épocas de sequía, cuenta, la comunidad de Suancata, de la provincia de Chucuito Juli, acude al lago para un ritual: sacar a la rana gigante del lago Titicaca (Telmatobius culeus), que, en la cosmovisión de los pueblos de la región, es un invocador de lluvias y de fertilidad. Las ceremonias, detalla Poma, también incluyen ofrendas como la hoja de coca, reconociendo al lago como parte central del orden natural y espiritual del territorio.

Este vínculo cultural ha sido clave para sostener una defensa activa frente a la contaminación del Lago Titicaca. Las mujeres han impulsado denuncias, campañas de concientización durante festividades masivas como la Virgen de la Candelaria y acciones comunitarias de recolección de basura en las riberas. Además, han promovido un monitoreo comunitario binacional con comunidades del lado de Bolivia.

“En un inicio hasta llegamos a discusiones con las hermanas de Bolivia. Hicimos un pacto y tenemos un documento oficial para trabajar en diferentes actividades. Hacemos monitoreo solicitando especialistas, biólogos, para saber en qué grado ya está la contaminación”, explica la dirigente.

Tras años de trabajo, negociaciones y resistencia frente a la discriminación institucional, el Consejo Regional de Puno aprobó una que reconoce al Lago Titicaca como sujeto de derechos, un logro insuficiente pero que implicó coordinar los conocimientos tradicionales de las comunidades con estrategias legales.

“Para esta ordenanza hemos dado alma, vida, corazón. Pero también dentro de este proceso hemos sufrido discriminaciones”, recuerda Poma, pues implicó un desgaste que aún persiste ante autoridades que cuestionan o desdeñan su relación con el lago.

Aunque este decreto fue un paso histórico, las lideresas advierten que la lucha continúa. El reto ahora es la reglamentación y la implementación que debe traducirse en acciones reales de restauración, tratamiento de aguas y control de actividades extractivas.

“El lago está pidiendo auxilio”, dice Poma, quien señala como un reto en sí mismo la coordinación de las 60 mujeres que integran la red y viven en comunidades apartadas entre sí. Sin embargo, también ve esperanza en su saber y su organización por el humedal.

“Con la organización se puede proteger un río, un lago, dejar un territorio limpio para nuestras futuras generaciones”, afirma.

Esta nota se publicó originalmente en Mongabay Latam el 2 de febrero de 2026.

ED

El avión de la compañía colombiana Satena que desapareció este miércoles en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), con 15 personas a bordo, fue hallado accidentado y sin sobrevivientes, confirmó la aerolínea.

El avión, un bimotor Beechcraft 1900, despegó este miércoles del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para un vuelo de unos 25 minutos con destino a Ocaña, la segunda ciudad del departamento, pero su contacto se perdió y no llegó al aeropuerto Aguas Claras, donde debía aterrizar.

A bordo iban 13 pasajeros, entre ellos el congresista Diógenes Quintero Amaya, y dos tripulantes, agregó la aerolínea en un comunicado.

Según Satena el avión de matrícula HK-4709 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, “operada por la empresa Searca, y en la que se transportaban 13 pasajeros y 2 tripulantes, sufrió un accidente fatal, con un balance de 15 personas fallecidas”.

Satena agregó que el vuelo NSE8849 que “despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am”.

Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la aldea Curacica, una zona montañosa que hace parte del municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander), situado a solo media hora de Ocaña.

En el avión, además del congresista Diógenes Quintero Amaya, viajaba su asistente Natalia Acosta.

Los otros pasajeros fueron identificados como María Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo (candidato al Congreso), Rolando Peñaloza Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Maira Sánchez Criado y Juan Pacheco Mejía.

La tripulación estaba compuesta por los capitanes Miguel Vanegas y José de la Vega.

El congresista Quintero Amaya era representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) de la región del Catatumbo (Norte de Santander), y había llegado a ese escaño en 2022 con el respaldo de comunidades víctimas del desplazamiento forzado en esa zona del país.

Quintero, que fue defensor regional del Pueblo en Ocaña, buscaba la reelección en los comicios legislativos del próximo 8 de marzo, esta vez como candidato del Partido de la U por Norte de Santander.

Ese movimiento político expresó “su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país” porque Quintero “fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública”.

La historia se repite 50 años después con la misma aerolínea en la misma ruta

El accidente este miércoles de un avión de la compañía estatal colombiana Satena, que se estrelló cuando volaba entre las ciudades de Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, con 13 pasajeros y dos tripulantes a bordo, trajo a la memoria otra tragedia ocurrida hace 50 años de la misma aerolínea y en la misma ruta.

El avión accidentado este miércoles era un bimotor Beechcraft 1900, con matrícula HK4709, operado por Searca, que despegó del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, con destino al de Aguas Claras, en Ocaña, pero se estrelló en una zona montañosa de la localidad de La Playa de Belén y no hubo sobrevivientes entre sus 15 ocupantes, según Satena.

Hace ya medio siglo, el sábado 3 de mayo de 1975, otro avión de Satena, un DC-3 con matrícula FAC663 que hacía el vuelo inaugural entre Ocaña y Cúcuta, despegó del aeropuerto de Aguas Claras con siete personas a bordo pero se estrelló contra el cerro La Cuchilla, en inmediaciones de la localidad de Sardinata (Norte de Santander) cuando le faltaban ocho minutos para llegar al Camilo Daza, según la página de la Flight Safety Foundation, con sede en EE.UU..

En ese accidente murieron los cuatro tripulantes, todos miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), propietaria de Satena, en una época en la que los aviones requerían más personal en vuelo, pero milagrosamente se salvaron los tres pasajeros.

Según una crónica del diario El Tiempo de la época los sobrevivientes fueron el actor Orlando Galás, cuyo verdadero nombre era Orlando Carrascal Claro; el periodista Jorge Rolón García y el abogado Héctor Sánchez.

Rolón García era un conocido locutor de la emisora Radio Sonar, de Ocaña, afiliada a la cadena Caracol, que emitió mensajes fúnebres por la muerte del periodista, ya que la Fuerza Aérea en un primer momento informó que no había supervivientes y solo al día siguiente fueron hallados con vida los tres pasajeros.

A raíz de ese accidente, el periodista Rolón García fue llamado cariñosamente 'el Sateno' hasta su muerte, ocurrida en Cúcuta en septiembre de 2013, a los 69 años de edad. 

Con información de agencias.

IG

Iván Cepeda, candidato de la izquierda oficialista y líder en los sondeos para las elecciones presidenciales de mayo próximo en Colombia, es un político de temperamento sereno y habla pausada. En el Congreso —donde ocupó un escaño en cuatro ocasiones consecutivas—, lideró la defensa de las víctimas de las violaciones ocurridas durante el conflicto armado en el país latinoamericano. Considerado por algunos analistas como el interlocutor ideal para reunir las dispersas bases electorales del progresismo, este bogotano de 63 años ganó las primarias de la coalición del Pacto Histórico para recibir el testigo del actual presidente, Gustavo Petro.

De momento anunció que, por cuenta de los niveles de polarización en la contienda, no asistirá a debates. Sí atendió a elDiario.es en Madrid, donde hizo escala para presentar su candidatura y denunciar la agresión ilegal de EEUU a Venezuela, pese a que su Gobierno no reconoció los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de 2024 que dieron la victoria a Nicolás Maduro. “Colombia no es una colonia ni protectorado de EEUU”, decía claramente en la rueda de prensa previa a la entrevista. “Hacemos un llamado de alerta de que EEUU está intentando influir en nuestras elecciones. Buscan influir en la opinión pública catalogando a nuestro presidente como narcotraficante”.

Cepeda Castro cree que Europa y América Latina viven un momento decisivo en el que es necesario ser conscientes del peligro que representa Trump. “Cuando surgió el nazismo, nadie creía que iba a ser lo que fue. Las peores cosas ocurren con la incredulidad de la gente precisamente porque son muy graves”.

Una primera pregunta inevitable, ¿cuál es su análisis de la agresión estadounidense a Venezuela y su interpretación de la visión trumpista en política exterior hacia América Latina?

Es muy importante entender a qué nos estamos enfrentando. Un problema no se puede abordar si no hay una comprensión clara de qué dimensión tiene, qué tan profundo es y cuáles son sus consecuencias. Desde esa perspectiva, no es correcto entender todos y cada uno de los hechos y eventos que hemos venido constatando a lo largo de este segundo periodo de Donald Trump como si se tratara de hechos que son sencillamente inconexos, que provienen de estados anímicos o que son simplemente el resultado de una política que es desordenada y caótica. Trump no es un hombre desquiciado y lunático, sino la expresión de una realidad política.

Estamos hablando de una estrategia. Afortunadamente, ya la tenemos escrita para que podamos sacar las conclusiones necesarias. Esa estrategia es una estrategia de una característica muy clara: es la entronización de un modelo totalitario, yo diría neofascista, de comprensión del hemisferio occidental, entre otras cosas.

Cuando asumí esta responsabilidad —porque yo era reacio a ser candidato presidencial—, tuve que sentarme a pensar en lo que eso significa. Es decir, pensando incluso en los escenarios más catastróficos que pueden venir de una intervención militar o de una acción interna de golpe de Estado

¿Cree que una vuelta tan burda al expansionismo o imperialismo estadounidense puede tener algún efecto, no ya en la izquierda, sino en esos sectores que no están tan ideologizados?

Cuando surgió el nazismo, nadie creía que iba a ser lo que fue. Las peores cosas ocurren con la incredulidad de la gente precisamente porque son tan graves. Entonces, yo espero que se entienda que no son palabras, no son declaraciones y no son reacciones anímicas. Es una política que está en ejecución y todos deben entenderlo, no solo la izquierda ni los sectores con un mínimo sentido de la dignidad nacional. Ese camino a lo que lleva es al desastre, al desastre económico, político y social, así que es nuestro deber oponernos a eso.

Venimos de un periodo de fuertes tensiones entre Colombia y Estados Unidos tras años de una alianza que parecía inquebrantable. ¿Cómo va a abordar usted esa relación con Washington y la Casa Blanca de seguir esta política exterior?

Si llego a ser jefe de Estado, mi primer deber es cumplir la Constitución y nuestra Constitución es muy clara: Colombia es una nación soberana. Haré respetar su soberanía. Colombia es una nación que está a favor de la integración latinoamericana, que obedece al principio de respeto por la soberanía de otros pueblos y, por supuesto, que cultiva relaciones de cooperación, de buen entendimiento y de colaboración entre las naciones. Ahora bien, esos son los principios, pero habrá que ver las realidades a las cuales nos abocaremos. Si hay un intento de intervención militar en Colombia, tendré que tomar las decisiones que correspondan a esas circunstancias.

¿Ha recibido usted por parte de la Administración Trump algún ataque o teme que sea atacado durante la campaña, tal y como lo ha sido el actual presidente, Gustavo Petro?

Con el secretario [de Estado, Marco] Rubio, ya ha habido episodios, especialmente cuando se desarrolló el proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez. Un proceso en el cual yo he tenido el rol de víctima, el presidente Trump y el secretario Rubio hicieron declaraciones claramente intervencionistas a favor del expresidente, en contra de la Justicia y catalogando ese juicio como una especie de atentado o montaje judicial en su contra [Cepeda inició una demanda contra Uribe, quien fue condenado en primera instancia, posteriormente absuelto y ahora el caso se enfrenta a su último recurso].

Es curioso cómo la extrema derecha, que hace una defensa tan firme de la soberanía de las naciones, está ahora aplaudiendo en cierta medida una intervención ilegal en otro país. ¿Qué opina de eso y cómo se ha posicionado la oposición en Colombia?

Hemos escuchado voces intentando propiciar una intervención en Colombia, comenzando por la del propio expresidente Álvaro Uribe, quien este mismo miércoles ha dicho que es necesario un cambio de gobierno lo más rápidamente posible. Es decir, no a través de las elecciones.

El Gobierno de Petro no reconoció los resultados oficiales de 2024 que dieron la victoria a Maduro en Venezuela. ¿Cómo abordaría usted esa relación bilateral y la crisis política y humanitaria en Venezuela?

En este momento, si es a eso a lo que nos referimos, hay que buscar una solución incruenta, política y diplomática. Esa ha sido la convicción de mi Gobierno. Se han hecho esfuerzos múltiples en ese sentido para encontrar un diálogo entre la oposición y el Gobierno o lo que se llama el chavismo. Creo que mi Gobierno debe darle continuidad a sus esfuerzos, por supuesto.

Pero hasta ahora no han tenido resultados.

Sí, es cierto, pero en esto de los diálogos, se lo dice una persona que ha estado 15 años sentado en mesas de negociación, hay que ser perseverante.

¿Cómo respondería usted ante una injerencia estadounidense en las elecciones de Colombia claramente en contra de su candidatura?

Pues a través, obviamente, de reacciones políticas. Y una reflexión sobre eso: es muy equívoca la idea de que agrediendo mi candidatura, como lo ha hecho la extrema derecha colombiana, se va a lograr debilitarla. Más bien lo que he visto es que aumenta el nivel de simpatía y el fortalecimiento. Las mentiras, las manipulaciones, las distorsiones de lo que somos y de lo que queremos hacer se hacen muy evidentes. Intentar presentarme a mí como una especie de vocero de las organizaciones armadas es un gravísimo equívoco y lo han visto ya los sectores de extrema derecha.

Una de las peores secuelas del neoliberalismo como modelo es que consideró al ser humano y sus derechos como una mercancía y dentro de la lógica económica. Ese estado de postración y degradación moral lleva a asumir de una manera banal el mal, como ya dijo Hannah Arendt. Necesitamos un despertar de la conciencia

¿Teme que Colombia pudiese ser el próximo objetivo de Estados Unidos en caso de que el resultado electoral no fuese el favorable para la Administración Trump?

En la medida en que eso afecta a mi pueblo y va a afectar a la región, por supuesto. Pero más que temor, mi posición es totalmente firme: haremos todo lo necesario para evitarlo y buscaremos todas las alianzas y procesos políticos que lo eviten. Pero obviamente, cuando yo asumí esta responsabilidad —porque yo era reacio a ser candidato presidencial y ha sido un proceso en el cual he recibido solicitudes y exigencias de los movimientos sociales con los que tengo una relación muy estrecha, casi orgánica—, tuve que sentarme a pensar en lo que eso significa. Es decir, pensando incluso en los escenarios más catastróficos que pueden venir de una intervención militar o de una acción interna de golpe de Estado.

¿Cómo caracterizaría el tipo de izquierda que usted representa para darle contexto a un analista europeo?

Nuestra historia es la de una serie de corrientes políticas que se han ido identificando en torno a unos propósitos muy claros. Queremos hacer de Colombia hoy por hoy una nación realmente democrática, pacífica y en paz; una nación que tenga la condición de ser una nación equitativa y que tenga la posibilidad de desarrollar al máximo nuestro potencial.

Eso se expresa en la idea de que podemos ser una potencia mundial agroalimentaria. Somos una izquierda que está claramente identificada con las transformaciones sociales, con la equidad social, con ser cada vez una nación más democrática y también una nación más próspera. Obviamente, en el sentido en que todo eso coincide con un humanismo y con un respeto de la naturaleza.

Usted ha dicho que tendrá una línea continuista con el actual presidente. ¿Cuál es el legado de esta presidencia en términos sociales? ¿Qué puede destacar?

Hay un conjunto de logros que son el resultado del cumplimiento de nuestro programa. La reforma agraria ha tenido como resultado que, por primera vez, en Colombia se han entregado o se aspira a entregar 700.000 hectáreas porque ya están en poder del Estado. También ha tenido una reforma laboral, una reforma tributaria con el respeto del principio constitucional de progresividad en los impuestos y una reforma de las pensiones. Las políticas públicas han sido claramente sociales, como por ejemplo la el aumento considerable del salario mínimo, que en la última decisión del Gobierno ha crecido un 23%, es decir, un alza histórica. Podría enunciar otras, pero es en ese terreno en el cual nuestro Gobierno ha tenido un signo distintivo evidente con otros.

A menudo se ha calificado de fracaso la política de paz total del presidente Gustavo Petro de negociar paralelamente con todos los grupos armados. ¿Cuál es su análisis al respecto?

Lo que pasa es que en Colombia tenemos un conflicto armado que ha ido mutando en el tiempo. Tuvo un retroceso importante con el acuerdo de paz de 2016 y ha tenido procesos de diálogo que han ido desarrollándose en este tiempo. Pero esos procesos se enfrentan a realidades también que son muy graves: Una de ellas es que el narcotráfico se ha globalizado como economía, es decir, lo que hemos visto en este cuarto de siglo es la emergencia de un narcotráfico que tiene hoy múltiples mercados internacionales. Ya no es solamente Estados Unidos o Europa. También estamos ante una muy fuerte economía ilegal de la explotación del oro, porque el oro se ha ido convirtiendo poco a poco en prácticamente el fundamento de la divisa internacional sustituyendo al dólar.

Todos esos cambios tienen un impacto territorial donde está el conflicto armado en su situación más álgida por precisamente la emergencia de esas economías o su fortalecimiento. Se han transnacionalizado no solamente los mercados, sino también las redes criminales. Desde la Patagonia hasta Alaska, hoy tenemos muchas más organizaciones, redes, ejércitos que están involucrados en las economías ilícitas y eso ha impactado severamente a Colombia.

En este sentido, que el conflicto armado y que la violencia se hayan recrudecido en ciertos lugares del país no obedece a que haya fracasado una mesa de diálogo. Tal explicación sería superficial. Estamos ante una realidad distinta. Necesitamos asumir que solamente la transformación económica de los territorios puede dar lugar a una política de paz o de seguridad exitosa.

¿Plantea algún cambio notable respecto al actual mandato presidencial de Gustavo Petro?

Más que continuismo, diría que propongo una clara línea de profundización de los cambios sociales. Hay un acento muy importante. Comencé hablando en mi campaña de una revolución ética. ¿Qué entiendo por eso? Entiendo que en Colombia y en el mundo hay un estado de degradación moral evidente.

Una de las peores secuelas del neoliberalismo como modelo es que se consideró al ser humano y sus derechos como una mercancía y dentro de una lógica económica. Eso tiene una grave consecuencia que en mi país está agudizada por el efecto de una muy prolongada violencia. Y es que el ser humano termina deshumanizándose. Ese estado de postración y degradación moral lleva a asumir de una manera banal el mal, como ya dijo Hannah Arendt. Necesitamos un despertar de la conciencia y el despertar de la conciencia se puede dar si entendemos que es necesario salir de ese estado de tolerancia e insensibilidad moral. Eso se logra, por ejemplo, escuchando a las víctimas de la violencia, haciendo la memoria de lo que han sido las sociedades y escuchando la verdad.

Que el conflicto armado y que la violencia se hayan recrudecido en ciertos lugares del país no obedece a que haya fracasado una mesa de diálogo. Tal explicación sería superficial. Estamos ante una realidad distinta. Necesitamos asumir que solamente la transformación económica de los territorios puede dar lugar a una política de paz o de seguridad exitosa

Parte de esa degradación moral es la corrupción. El haber convertido el Estado en objeto de la privatización ha provocado que cualquier privado pueda disponer del bien público y eso ha estimulado que el Estado se convierta sencillamente en un botín. En Colombia no tenemos corrupción, tenemos la megacorrupción. Tenemos la toma de la corrupción en el Estado, en todas las ramas del poder público, en todos los niveles, desde el Gobierno hasta las alcaldías. Debemos producir como parte de esa revolución ética una rebelión ciudadana contra la corrupción. Y ahí va a haber un acento distinto.

En la relación bilateral con Estados Unidos, Gustavo Petro ha adoptado un estilo más confrontacional con Donald Trump que otros líderes de la región ¿Cuál será su estilo?

Mi comportamiento y conducta política la fijo no intentando diferenciarme del presidente. Soy una persona que se orienta por el respeto en la política. Respetar a todos, comenzando por los adversarios. Así que por mi parte no habrá ninguna clase de dinámicas de insulto, palabras destempladas o concursos de quién dice la peor cosa del otro. Pero soy una persona que fija posiciones claras y argumentadas; posiciones que, una vez las asumo, las convierto también en norma. Es decir, si yo tomo la decisión de ser candidato presidencial es porque voy a hacer cumplir la Constitución y desde esa perspectiva vamos a asumir todas las decisiones, siendo por supuesto muy respetuoso en las formas, pero muy claro en el fondo.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, y su par estadounidense, Donald Trump, hablaron este miércoles por teléfono por primera vez en medio de la escalada verbal entre ambos, que se agravó el sábado pasado tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en un operación estadounidense en Caracas.

Fuentes de la Cancillería colombiana confirmaron a EFE la conversación entre los presidentes, que duró más de 40 minutos. En la misma Donald Trump invitó a Gustavo Petro a visitar los Estados Unidos.

En un discurso ante miles de personas que llenaron este miércoles la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, en una concentración en “en defensa de la soberanía” tras las amenazas de su par norteamericano, Gustavo Petro dio algunas pistas sobre el contenido y el tono de la conversación.

“En medio del debate de estos dos, tres días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro”, manifestó Gustavo Petro en aparente referencia a la conversación con Trump.

Gustavo Petro convocó esta conversación en medio de una guerra verbal con Donald Trump, quien el pasado domingo comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma”.

En referencia al presidente colombiano, Donald Trump dijo entonces que el país está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Maduro, respondió: “A mí me suena bien eso”.

El presidente colombiano reaccionó con otra amenaza, de volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero del M-19, para defender la soberanía de la “amenaza ilegítima” de Donald Trump.

Según dijo Gustavo Petro en su discurso, “políticos que son responsables de tener relaciones con el narcotráfico y de haber hecho trizas la paz” de Colombia, “engañaron a Trump” al vincular al mandatario colombiano con mafias para ponerlo en su contra y provocar una crisis con Estados Unidos.

“Pues esos mismos son los responsables de esta crisis, llamémosla diplomática por ahora, verbal, por ahora, que ha estallado entre Estados Unidos y Colombia”, subrayó el presidente.

Según el mandatario, sus enemigos “parece que quisieran que llegaran los helicópteros aquí como en Caracas y nos tiraran unos misilazos”, como ocurrió el sábado en Caracas cuando fueron capturados Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Donald Trump dijo, tras la llamada telefónica, que contempla reunirse con Petro en medio de las tensiones entre ambos Gobiernos por las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Bogotá al operativo militar estadounidense en Venezuela. 

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La tanqueta blindada avanza, varios soldados cortan el tráfico para permitir que aparque y un enjambre de periodistas se amontonan junto a los tres vehículos militares para grabar con sus cámaras. Es el único movimiento inusual en el puente Simón Bolívar, el principal paso fronterizo entre Venezuela y Colombia, por donde cada día cruzan unas 30.000 personas.

La afluencia se mantiene normal tras la operación militar ilegal de EEUU y la captura de Nicolás Maduro; incluso ha bajado, según los vendedores ambulantes que llenan de puestos las aceras.

“Estoy un poco más aliviada, pero con mucha expectativa, no sabemos qué va a pasar con el país. No será pronto, faltan muchos años para que Venezuela pueda ser como era”, asegura Adriana Salazar, una venezolana que vive en Colombia desde hace varios años y regresa después de pasar las Navidades en su país.

La euforia inicial de la diáspora venezolana –cerca de ocho millones en todo el mundo– ha dado paso a la cautela. En Cúcuta, ciudad limítrofe en el norte de Colombia, centenares de venezolanos salieron la noche del domingo a festejar el derrocamiento de Maduro, pero nadie asistió a una nueva concentración convocada para el día siguiente.

Estoy un poco más aliviada, pero con mucha expectativa, no sabemos qué va a pasar con el país. Faltan muchos años para que Venezuela pueda ser como era

Adriana Salazar — venezolana residente en Colombia

“Yo no opino nada. Uno opina algo y se mete en problemas, tengo a mi familia en Venezuela, no me voy a arriesgar por dar opiniones que no debería”, dice Henry Macías, que cruza la frontera cada día para trabajar de albañil. El temor de los venezolanos en su país contrasta con el desahogo de los que viven fuera.

“Era algo que la mayoría de venezolanos estábamos esperando que sucediera, en algún momento, y ¡qué milagro que pudo suceder de verdad! Para mí es una gran alegría”, dice Luis Rumano, que vive en Chile desde hace nueve años. Su vuelo se canceló por el cierre del espacio aéreo venezolano tras el ataque de EEUU el sábado de madrugada y ha tenido que salir con toda su familia por tierra.

Tanto las opiniones de Macías y Rumano, como las descripciones de la situación en Venezuela, son opuestas. Para Henry está “todo calmado, sin escándalos”, mientras que para Luis “hay mucha tensión, todo muy silencioso”, porque la población no sale de casa “por miedo a que personas armadas les amedrenten”.

Se refiere a los colectivos, grupos chavistas en motocicleta que suelen salir a las calles en momentos de tensión como forma de intimidación. Desde Caracas, varios residentes han enviado a elDiario.es fotografías de esos hombres motorizados con armas largas realizando rondas de vigilancia en estos días.

Otro migrante venezolano, Ariles Allen, ha viajado más de 12 horas desde Caracas y cuenta que ha pasado por diez controles de carretera de las fuerzas armadas bolivarianas en ese trayecto de 800 kilómetros. “No me han parado en ninguno, todo muy ligero, había pocos vehículos”, afirma. En la capital, dice Allen, han abierto únicamente farmacias, supermercados y gasolineras, y se han formado largas colas de personas para hacer acopio de bienes básicos. “Se llevan sobre todo enlatados y arroz, pero no hay bulla; por primera vez, hay orden”, cuenta.

Era algo que la mayoría de venezolanos estábamos esperando que sucediera, en algún momento, y ¡qué milagro que pudo suceder de verdad!

Luis Rumano — venezolano residente en Chile

Otra de las mujeres que camina con varias maletas sobre el puente asegura que los uniformados venezolanos le han pedido 50.000 pesos (unos 11 euros) por dejarla pasar en uno de los controles.

Aparte de los que sí pueden cruzar la frontera, hay decenas de periodistas internacionales que han llegado a la parte colombiana pero no puede pasar: las autoridades venezolanas ya han devuelto a varios por no disponer de un visado de prensa, imposible de conseguir en estos momentos. En Venezuela ya se ha informado de la detención de al menos siete periodistas locales en Caracas.

Tal día como hoy, hace justo un año, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, dijo que cualquier extranjero que entre al país sin autorización será tratado como invasor. Esa advertencia está ahora más vigente que nunca.

Aumenta la tensión entre Washington y Bogotá

Nada en la frontera y en Venezuela hace pensar que se vaya a producir un éxodo masivo de la población, pero ese fue el motivo que esgrimió el presidente colombiano, Gustavo Petro, para enviar a unos 30.000 militares a lo largo de los 2.200 kilómetros de la porosa frontera con el país vecino, además de prometer asistencia a los refugiados.

Su ministro de Defensa fue más allá y aseguró que se activaron todas las capacidades para “anticipar y neutralizar” cualquier ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla que opera a ambos lados de esos lindes y que en el último año ha recrudecido sus acciones armadas. “[El ELN] es nuestra amenaza permanente, sobre la cual enfocamos nuestro accionar para mitigar, debilitar y poder derrotar militarmente esa amenaza”, explica a elDiario.es el teniente coronel Jonathan Artus en el puente Simón Bolívar.

El ELN controla el tráfico de drogas en esa región, el Catatumbo, con el apoyo explícito o la omisión de la fuerza pública venezolana. Por eso, ante la agresión militar de Estados Unidos y la captura de Maduro y la posible pérdida de poder del chavismo, al Gobierno venezolano le preocupa que la guerrilla binacional pueda replegarse de nuevo hacia el interior de su territorio.

Por otro lado, en caso de un ataque terrestre o aéreo por parte de Estados Unidos, como ha sugerido Donald Trump en varias ocasiones, todo indica que el objetivo sería el Catatumbo, la zona con mayor producción de coca. La posibilidad de una intervención militar en territorio colombiano ha disparado la tensión entre Washington y Bogotá.

Tras la captura de Maduro, el presidente colombiano dijo que no le preocupaba para nada una operación militar de Estados Unidos en su territorio, a lo que Trump respondió: “Entonces será mejor que vigile su trasero”. Al día siguiente, el mandatario colombiano insistía: “Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra”. Trump volvió a advertir que Colombia puede ser el próximo objetivo y Petro elevó el tono de su réplica: “Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, en referencia a su pasado como guerrillero.

Las declaraciones de Trump han calado entre la población colombiana y en la campaña de las elecciones presidenciales previstas para el próximo mes de mayo. “Mejor que se vaya Petro, porque solo nos va a dar problemas”, opina Augusto Ortiz, dueño de un taller. El miedo es otra forma de imponer la voluntad de Washington en la región, sin necesidad de lanzar un misil.

Cautela de los venezolanos en Cúcuta

En una barriada a las afueras de Cúcuta, cerca del puente Simón Bolívar, hay infraviviendas de latón y tablones que bautizaron como Venezuela, porque fueron levantadas por decenas de familias de ese país que lo abandonaron en los últimos años. Zuly Guerra salió hace cinco años por la acuciante necesidad económica. Hoy casi 8 millones de venezolanos necesitan ayuda urgente para sobrevivir, según la ONU.

“Me duele lo que está pasando en mi país, porque no es un justo que un presidente de Estados Unidos dañe la paz de tantos venezolanos, deje a madres sin sus hijos que son militares”, dice la joven, militar retirada, que ni siquiera abre la reja de su casa. “Aquí hay mucho sicariato, mucha matadera. Si andas en motocicleta nueva, te matan para robártela”, asegura.

Le agradezco a Trump por liberar a Venezuela, que sea como antes. Allá no podemos hablar de la liberación, porque, si no, nos matan, nos llevan presos, nos quitan los hijos

Ciliana Suárez — venezolana residente en Colombia

El lodo anega los callejones del asentamiento precario, paradójicamente parte del barrio La Esperanza. Esa palabra repite Ciliana Suárez varias veces. “Le agradezco a Trump por liberar a Venezuela, que sea como antes. Allá no podemos hablar de la liberación, porque, si no, nos matan, nos llevan presos, nos quitan los hijos”, lamenta.

La mujer recuerda cómo en Trujillo, a 700 kilómetros de Cúcuta, lloraba por tener que alimentar a los suyos con papaya guisada para que se llevasen algo de comida caliente a la boca. Ahora llora por no poder volver a su tierra. Está agradecida con Colombia por darle a sus hijos la oportunidad de estudiar, pero se queja de la discriminación que ha sentido y que le ha impedido encontrar trabajo en seis años. “Aquí al menos tenemos luz y agua”, se consuela.

En Cúcuta viven, o sobreviven como pueden, más de 200.000 venezolanos, una cuarta parte del total de sus habitantes. “Aquí las mujeres somos putas, porque dicen que les robamos a los maridos. Y a los hombres los ven a todos como ladrones”, reclama otra vecina sobre el ambiente de hostilidad que ha generado el éxodo de más de tres millones de venezolanos en Colombia.

Sin embargo, pese a las precarias condiciones, la marginalidad y la inseguridad, ni Zuly ni Ciliana piensan, de momento, en regresar. “Hay que ver cómo sigue la situación”, dice la primera. El futuro de Venezuela sigue en el aire y en la frontera los sueños se han roto demasiadas veces como para aventurarse.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó este lunes al pueblo colombiano a marchar en las calles el próximo miércoles para defender la soberanía de su país ante las amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos.

“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país. En la Plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano. ¡Colombia libre!”, escribió Petro en X.

El mandatario colombiano invitó además a todos los ciudadanos a unirse en defensa de su independencia y democracia izando una bandera de Colombia en la entrada de sus casas o lugares de trabajo

La iniciativa surge en medio de la polémica global por la reciente intervención de fuerzas estadounidenses en Venezuela el pasado sábado para secuestrar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras lo cual Donald Trump, presidente estadounidense, calificó a Colombia como “país enfermo” al que le gustaría intervenir militarmente.

En las últimas horas Petro rechazó las acusaciones en su contra que lo vinculan sin pruebas con el narcotráfico y aseguró que cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas de Colombia y con el de su pueblo.

Cualquier gobierno contrario a Estados Unidos o considerado hostil por la Administración de Donald Trump estará preocupado en estos momentos. Washington ha puesto el punto de mira sobre algunos de ellos y, tras el ataque ilegal de Washington contra Venezuela y el secuestro de Maduro, las amenazas se han intensificado contra algunos vecinos de la región —y otros más lejanos como Dinamarca—.

El presidente de EEUU ha apuntado hacia Cuba y Colombia inmediatamente después del asalto en Caracas. “Si viviera en La Habana y estuviera en el Gobierno, estaría preocupado”, aseguró su secretario de Estado, Marco Rubio, en una rueda de prensa junto a Trump. El propio Trump ha calificado Cuba de “Estado fallido” y ha dicho que se hablará muy pronto de ese país.

Rubio volvió a señalar a Cuba en el programa 'Meet the press' de la cadena NBC News: preguntado por la entrevistadora sobre si el Gobierno cubano sería el próximo objetivo de la Administración Trump, el encargado de la 'diplomacia de las bombas' estadounidense admitió que “el Gobierno cubano es un gran problema”, aunque no quiso hablar sobre los “pasos futuros” que adoptará Washington respecto a ese “problema”.

“No es ningún misterio que no somos grandes admiradores del régimen cubano que, por cierto, es el que estaba sosteniendo a Maduro”, declaró Rubio el domingo, agregando que el aparato de seguridad del presidente venezolano estaba “completamente controlado por Cuba” y sus guardias personales eran cubanos y no venezolanos. De hecho, entre las decenas de fallecidos que ha dejado el asalto de EEUU hay más de 30 militares cubanos asesinados.

Guardias y petróleo cubanos

El canciller venezolano, Yván Gil, informó en un comunicado de que los cubanos asesinados desempeñaban “tareas de protección y defensa institucional” como parte de la “cooperación entre Estados soberanos”. Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel señaló que los militares de su país “cumplían misiones” en Caracas a “solicitud de órganos homólogos de ese país” y el Ministerio de Interior cubano indicó en redes sociales que, entre los fallecidos, hay personal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de su departamento, donde ejercen también muchos militares, así como miembros de los servicios de Inteligencia, informa la Agencia EFE.

Cuba no es una amenaza existencial para EEUU, pero sí es una piedra en el zapato de Marco Rubio, que viene trabajando para tener a toda América Latina bajo control estadounidense

Jesús A. Núñez — Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)

Hace un mes, el periódico The New York Times desvelaba que Maduro había reforzado su seguridad y se estaba apoyando en guardaespaldas y agentes de contrainteligencia cubanos ante el creciente temor a una intervención militar o una traición. Hasta ahora, ni Cuba ni Venezuela habían admitido que guardias cubanos estaban al servicio del presidente venezolano, aunque se sabe que La Habana paga los envíos de petróleo con servicios profesionales, como médicos, profesores y también personal militar, de seguridad personal e inteligencia.

Tras la salida de Maduro de escena y, por tanto, de un importante apoyo para Cuba, Trump consideró que, ante la mala situación económica en la isla, no sería necesaria una operación para acabar con el régimen cubano. “Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano”, afirmó el mandatario en declaraciones hechas a bordo del Air Force One el pasado domingo. “No creo que necesitemos ninguna acción”.

Según Jesús A. Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), esa va a ser la estrategia de EEUU para ahogar al régimen cubano: cortar el suministro de crudo desde Venezuela. “El régimen está recibiendo petróleo venezolano prácticamente gratis; si no lo recibe y, encima, tiene que comprarlo, será muy complicado porque no tiene recursos”. El economista y exmilitar considera que Cuba es el siguiente país en la lista de la Administración Trump, aunque no sea “una amenaza existencial para EEUU”, pero sí es “una piedra en el zapato de Marco Rubio, que viene trabajando en la línea de tener a toda América Latina bajo control estadounidense”.

El experto en conflictos dice a elDiario.es que los mensajes de la Administración Trump son claros y no hace falta interpretarlos. Con base en ellos, Colombia y Nicaragua parecen ser los objetivos más inmediatos, después de Venezuela y Cuba, ante una comunidad internacional que no hace nada para frenarlo. “¿Qué freno va a tener Trump, si ya ha dado estos pasos –que suponen violar el derecho internacional y su propia legislación– y ve que no hay consecuencias? ¿Por qué no va a acelerar [sus intervenciones en América Latina]?”, se pregunta A. Núñez.

¿Qué freno va a tener Trump, si ya ha dado estos pasos –que suponen violar el derecho internacional y su propia legislación– y ve que no hay consecuencias?

Jesús A. Núñez — Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)

Gustavo Petro, el segundo enemigo

Después de capturar a Maduro, Trump volvió a arremeter contra su otro enemigo del sur, el presidente colombiano, Gustavo Petro. En la rueda de prensa desde Florida volvió a acusar sin pruebas a Petro de estar detrás del tráfico de cocaína: “Entonces será mejor que vigile su culo”, advirtió. Al día siguiente, Trump calificó al jefe de Estado colombiano como un “hombre enfermo”. Uno al que, además, “le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos. Y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo”, dijo a bordo del Air Force One. 

A esas declaraciones, Petro contestó este lunes a través de su cuenta de X: “Aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”. “No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo”, agregó el mandatario colombiano.

La lucha contra el narcotráfico ha sido el eje central de la confrontación verbal entre los dos países que mantuvieron durante décadas una alianza estratégica sin apenas fisuras. El gigante del norte es el gran socio comercial de Colombia y Bogotá ha sido, a su vez, fundamental en la estrategia de seguridad del Pentágono en América Latina.

Petro, lejos de replegarse frente a la gran potencia mundial, ha convertido la coyuntura en una herramienta política y ha devuelto los mensajes insultantes, calificando a Trump de “monstruo”. Sin embargo, la analista y experta en relaciones internacionales Sandra Borda advierte de que, a cinco meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el mandatario de izquierdas carece de margen de maniobra para ir más allá de esas subidas de tono.

En cuanto a la actitud de Trump, Borda explica: “La amenaza del uso de la fuerza contra Colombia es parte de la estrategia de control de la región. Y aunque suene obvio recordarlo, es una forma de tutelaje selectiva e ideológica que [EEUU] aplica para todos los países”.

La experta dice a elDiario.es que no hay explicación coherente para justificar el indulto que Trump otorgó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico. Aún menos sí, al mismo tiempo, captura y encarcela a Maduro por delitos paralelos. Dentro de ese marco de doble rasero, que Borda cataloga como una 'nueva doctrina Monroe', se desenvuelve la pugna ideológica en el continente.

“Es su forma de lidiar con los países de la región. Lo hizo en Argentina, en México y en Brasil. Su forma de intervención en los procesos políticos y electorales se apoya en el uso de las amenazas y el uso de la fuerza como método de control de los Gobiernos que le resultan adversos en materia ideológica”, concluye la analista. 

La amenaza del uso de la fuerza contra Colombia es parte de la estrategia de control de la región

Sandra Borda — Analista y experta en relaciones internacionales

Una de cal y otra de arena para México

Después del ataque ilegal a Venezuela, Trump volvió a apuntar contra México y su presidenta, Claudia Sheinbaum, a la que acusó de tener “miedo” de confrontar al narco. “Me agrada Claudia Sheinbaum, es una excelente persona. Nos encantaría que México lo hiciera; son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente los cárteles gobiernan México”, aseguró ante los medios.

No es la primera vez que Trump lanza a Sheinbaum advertencias directas: “Hay que hacer algo con México”. Y la respuesta de la presidenta ha sido firme y ha rechazado cualquier injerencia extranjera. También ha recordado que la lucha contra el crimen organizado es una responsabilidad del Estado mexicano, no una condición impuesta desde el exterior. “México no es un protectorado ni un patio trasero de nadie”, declaró. 

Este lunes, Sheinbaum indicó que México coopera con el Gobierno de Trump contra el narcotráfico “incluso por razones humanitarias”, pero insistió en que la violencia tiene entre sus causas “la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México, así como el grave problema del consumo de drogas en el país vecino”.

La relación entre los dos vecinos ha estado marcada por una tensa ambivalencia. Si, por un lado, Trump ha insistido en que le “agrada” Sheinbaum, por otro, la acusa de ser permisiva. Ese doble discurso —elogio personal seguido de amenazas políticas— ha marcado el tono con otros líderes latinoamericanos.

Sheinbaum, a quien analistas de medios estadounidenses como The New York Times han reconocido su tacto a la hora de gestionar las relaciones con la Casa Blanca, ha llamado a respetar la soberanía de los países y a resolver los conflictos por la vía diplomática y no con amenazas de fuerza. Este lunes, la mandataria se ha referido a la posibilidad de que EEUU intervenga en su país como en Venezuela: “Yo no creo en la invasión, no creo en ni siquiera que sea algo que ellos lo estén tomando muy en serio”. 

El investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México Juan Cruz Olmedo recuerda que la relación entre México y EEUU es, con diferencia, la más estrecha en la región. Por ello, cualquier tensión se mueve como una onda sísmica en ambas direcciones. En el caso mexicano, las primeras repercusiones serían económicas: entre el 80 y el 90% de sus exportaciones van a EEUU. 

Luego vienen los asuntos humanitarios y de seguridad; el tráfico de drogas y la migración. México se ha convertido en un corredor ineludible de tránsito para migrantes de Centroamérica o Sudamérica en su camino hacia el norte. Este último es un factor de presión enorme, apunta Cruz Olmedo, que ha sido utilizado como moneda de cambio dentro de la política migratoria bilateral.

La estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido mantener la cabeza fría, evitar las provocaciones y no caer en peleas discursivas. Aunque detrás de esa postura tranquila haya cedido en varios terrenos clave

Juan Cruz Olmedo — Investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México 

El cóctel entre comercio, narcotráfico y migración se halla en la médula de los roces entre Trump y Sheinbaum. El experto recuerda que el menú de presiones de la Casa Blanca ha abarcado desde la imposición de nuevos aranceles a las importaciones mexicanas, pasando por el uso de su poderío militar o nuevas sanciones migratorias unilaterales.

“Frente a esa incertidumbre, la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido mantener la cabeza fría, evitar las provocaciones y no caer en peleas discursivas. Aunque detrás de esa postura tranquila haya cedido en varios terrenos clave, como la política de seguridad y la migración, donde ha endurecido el control en la frontera sur y ha aumentado la cooperación con EEUU en extradiciones y combate al narcotráfico”.

Los aliados de Trump hacen frente común

Algunos gobiernos de Latinoamérica se han mostrado a favor del ataque ilegal de EEUU contra Venezuela y no han mostrado su preocupación por que Washington intervenga en otros países de la región por su cercanía ideológica a Trump.

Desde Argentina, el Gobierno ultraderechista de Javier Milei respaldó el ataque de una potencia global como EEUU a un país del continente americano, abandonando así los principios rectores de la política exterior de Argentina: la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

El alineamiento de Milei con Trump –cuya Administración dio un auxilio financiero-político en medio de la campaña para las elecciones legislativas argentinas– empieza a tener consecuencias en el terreno. En una entrevista con el canal de televisión LN+, Milei dio por cierto que Maduro “tiene como fuente de ingresos el narcotráfico del Cártel de los Soles”, una organización de cuya existencia dudan los expertos, y afirmó que en su lugar debería asumir la presidencia Edmundo González Urrutia, a quien definió como “el verdadero presidente”.

Argentina se sumó a la postura de varios países dentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que bloquearon un comunicado conjunto de condena por el ataque de Washington a Venezuela, que había impulsado Colombia, país que detenta la presidencia del organismo. Paraguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Panamá, gobernados por la derecha, se pronunciaron a favor de la acción ilegal de EEUU.

Además, el Gobierno argentino prepara una cumbre de líderes de derecha al estilo Grupo de Lima para el primer semestre del año en Buenos Aires: “Será una ofrenda de Milei a Trump, para demostrarle que puede ser su representante en la región y que él también tiene algo para aportar en el altar de Washington”, escribió Jorge Liotti, editorialista de La Nación, diario conservador argentino.

Antes del pasado fin de semana, Milei aseguró a la cadena CNN en español que su Gobierno avanza en la conformación de un bloque de países de ultraderecha, integrado por diez miembros que están dispuestos a “abrazar las ideas de la libertad y plantarse frente al cáncer del socialismo”.

Desde Chile –y en contraste con la postura del todavía presidente Gabriel Boric–, el presidente electo, el ultracatólico José Antonio Kast, celebró la detención de Nicolás Maduro como “una gran noticia para la región”.

El ultraderechista chileno afirmó que “los Gobiernos de América Latina deben asegurar que todo el aparato del régimen [chavista] abandone el poder y rinda cuentas”. Kast asumirá la Presidencia el 11 de marzo: ya ha viajado a Argentina y Ecuador y visitará este miércoles Perú en aras de “la coordinación regional” del bloque ultra. El mandatario peruano, José Jerí, cerró las puertas de Perú a venezolanos vinculados al Gobierno de Maduro, en línea con lo que hizo el Ejecutivo de Milei.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, amenazó este lunes con volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero, para defender la soberanía de su país de la “amenaza ilegítima” del mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989 (sic), pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, dijo Petro en un largo escrito en su cuenta de X.

En su juventud, Petro hizo parte de la guerrilla del M-19 que se desmovilizó en 1990 después de firmar un acuerdo de paz con el entonces presidente colombiano Virgilio Barco (1986-1990).

El domingo, Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma”, y en referencia a Petro dijo que el país está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Nicolás Maduro, que fue detenido con su esposa Cilia y ambos llevados ante un juez de Nueva York, Trump respondió: “a mí me suena bien eso”.

“No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso”, afirmó Petro para rechazar las acusaciones de Trump en su contra.

El mandatario, que tiene un enfrentamiento verbal con Trump prácticamente desde que éste comenzó su segundo periodo en la Casa Blanca, hace casi un año, señaló que tiene “una enorme confianza” en que el pueblo colombiano lo defenderá.

“La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor”, subrayó.

Según Petro, si Estados Unidos “detiene al presidente”, como lo hizo el pasado sábado en Caracas con Maduro y Flores tras un bombardeo en varios puntos de Venezuela, enfrentará la reacción popular.

“Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EE.UU. a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular”, agregó.

EFE

La política exterior de Estados Unidos está marcando la agenda de la Unión Europea. La Cumbre UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que se va a celebrar los días 9 y 10 de noviembre en Santa Marta (Colombia), llega sin la participación de importantes líderes europeos como la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz o el presidente francés, Emmanuel Macron. 

La desbandada coincide con el anuncio de Donald Trump de imponer sanciones a Colombia y las acusaciones contra el presidente, Gustavo Petro, al que ha calificado de “líder del narcotráfico que incentiva fuertemente la producción masiva de drogas en campos grandes y pequeños por toda Colombia”, las amenazas contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que incluye el desplazamiento de un portaviones en la zona, o los ataques militares estadounidenses contra barcos relacionados supuestamente con el narcotráfico.

Según el Consejo Europeo, en esta cumbre se discutirán temas como “la defensa del multilateralismo, el comercio y la inversión, las transiciones verde y digital, planes paz y seguridad y la lucha contra el crimen organizado, la corrupción, el tráfico de drogas y la trata de personas”. A pesar de esta agenda, un portavoz de la Comisión Europea justificó la ausencia de Von der Leyen en que “en vista de la actual agenda política europea y la baja participación de otros jefes de estado y de gobierno, la presidenta Von der Leyen no asistirá a la cumbre, pero sigue en cualquier caso plenamente comprometido con el fortalecimiento de las relaciones entre la UE y CELAC”. Fuentes del Gobierno alemán utilizaron el mismo argumento de la baja participación de líderes para excusar la participación de Merz. Tanto Von der Leyen como Macron y Merz sí asistirán a la COP30 en Brasil.

Fuentes diplomáticas mostraron su malestar ante la posición de Von der Leyen, ya que al ser una cumbre entre dos bloques de países, la presidenta de la Comisión Europea debería asistir por protocolo. En su lugar irá la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y también acudirá el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ante el revuelo creado por la ausencia de la principal dirigente de la UE.

Los funcionarios de la UE temen enfadar a Trump y que rompa el frágil acuerdo comercial cerrado el pasado verano entre Europa y los EEUU y recuerdan la dependencia de armamento y la inteligencia militar estadounidense que necesita Ucrania para defenderse de Rusia, según publica Financial Times.

La presión de EEUU a los países latinoamericanos llega cuando la UE está a punto de cerrar el acuerdo comercial con Mercosur, que se podría firmar el próximo 20 de diciembre en Brasil. Von der Leyen ya retrasó su ratificación hasta para lograr la consecución del pacto de aranceles con Trump.

En esta situación, el presidente de Colombia denunció en la red social X que “fuerzas ajenas a la paz de América han querido que la cumbre Celac/Europa fracase. Y claro que en la nueva geopolítica fósil y antidemocrática se busca que los pueblos que desean la libertad y la democracia no se junten”. Ante el posible descalabro de la cumbre, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, anunció que participaría en la reunión pese a que en un primer momento su Gobierno anunció que no acudiría a Santa Marta.

Aunque la Administración Trump incrementó la presión sobre el presidente colombiano con acusaciones sin pruebas de apoyar al narcotráfico, la realidad es que EEUU ya anunció posibles sanciones cuando Petro apuntó en mayo que Colombia se uniría a la iniciativa de infraestructuras Belt and Road de Pekín durante una visita a China.

Ese mismo mes se celebró una reunión China-CELAC en Pekín con la participación de los líderes de Brasil, Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro, y Chile, Gabriel Boric, donde el presidente chino, Xi Jinping, anunció que “China aumentará sus importaciones de productos de alta calidad de países de América Latina y el Caribe e incentivará a sus empresas a expandir sus inversiones en esa región”. Además, Xi le mandó un mensaje velado a Trump al comentar que “la intimidación y la coerción solo conducen al aislamiento” e insistió en que China iba a impulsar la colaboración con los países latinoamericanos como respuesta a las tensiones geopolíticas.

EEUU no ha parado de lanzar mensajes intimidatorios a los países latinoamericanos que trataban de impulsar las relaciones comerciales con China. A esta política coercitiva responde la amenaza de Trump de utilizar la fuerza para recuperar el control del canal de Panamá. Tras la advertencia, el gobierno panameño se bajó de la iniciativa de infraestructuras Belt and Road de China.

Además, en el caso de Colombia hay que añadir que en un año hay elecciones presidenciales. Trump estaría buscando un nuevo presidente más afín a sus intereses y desbaratar la posibilidad de que Petro rompa el acuerdo de cesión de bases militares a EEUU en territorio colombiano para combatir el narcotráfico. “Llegó la hora de sacar todas las bases estadounidenses del país”, comentó Petro el pasado 20 de octubre.

Dentro de la estrategia de política exterior de Trump está romper con las reuniones multilaterales. Estados Unidos ha presionado para que la República Dominicana cancelara la Cumbre de las Américas que iba a tener lugar el próximo diciembre, donde habrían participado líderes latinoamericanos junto a Estados Unidos y Canadá.

España rebaja la importancia de las ausencias

El presidente Pedro Sánchez anunció hace tiempo su participación en la cumbre en Colombia. España tiene especial interés en el éxito de estas reuniones que han sido promocionadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Fuentes de Moncloa han rebajado la importancia a las ausencias de líderes europeos con el argumento de que todos los países van a mandar a representantes a Santa Marta y se centran en que la cumbre se va a celebrar, que es la prioridad para España.

Respecto a las amenazas de Trump sobre las supuestas implicaciones de los gobiernos de Venezuela y Colombia con el narcotráfico, fuentes de Moncloa señalan que es una prioridad luchar contra las redes de narcotráfico y el crimen organizado mediante cooperación política y judicial y el intercambio de información.

El Gobierno de España recuerda que la Unión Europea va a presentar en Santa Marta un proyecto propio para abordar la lucha contra el narcotráfico. Desde Moncloa se apunta que tanto Venezuela como Colombia han decidido abordar el problema común del narcotráfico, que preocupa a ambos lados del Atlántico, y que España defiende que es un reto que se tiene que afrontar desde el cumplimiento del Derecho internacional.

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), una organización que representa a 350 grandes empresarios de todos los países de Iberoamérica que participa tanto en el foro empresarial como observador en la parte política del encuentro UE-CELAC, señala que “nunca antes EEUU había puesto tanto interés en Latinoamérica” y que “la reacción de la Unión Europea ha sido acelerar y potenciar los tratados comerciales con las principales economías de Latinoamérica. Ahí está el tratado con México, con Mercosur o con Chile. Cuando estén todos en vigor, el 94% del PIB de la región se beneficiará de tratados comerciales con la UE”. 

La masacre durante la toma y el contraasalto del Palacio de Justicia de Bogotá, hace justo 40 años, fue la desembocadura de todas las aguas putrefactas de la violencia en Colombia. El sanguinario ataque inicial de la guerrilla del M-19, donde militaba el hoy presidente Gustavo Petro, solo queda como preludio de una sangría mucho mayor. Las Fuerzas Militares y de inteligencia se encargaron de consumar la tragedia. Las balas de los soldados, adiestrados en la fiebre anticomunista y los manuales de antiinsurgencia estadounidenses, mataron a magistrados, funcionarios y empleados inocentes.

Pero aquella suerte de esquizofrenia institucional también los arrastró a torturar. A sembrar el horror. Y escribir una de las páginas más aberrantes en la historia del país.

El plan guerrillero, similar al ejecutado por el Frente Sandinista para la Liberación nicaragüense en 1978, consistía en asaltar la sede del poder judicial como represalia por los incumplimientos de los acuerdos de cese el fuego bilateral y búsqueda de caminos hacia una paz negociada con el Gobierno del Conservador Belisario Betancur (1982-1986). Con tan solo 41 insurgentes —seis de ellos no entraron en el recinto— el escuadrón del M-19 inició a las 11:40 de la mañana de aquel 6 de noviembre la toma del monumental edificio de piedra amarillenta en pleno corazón político de Bogotá.

Solo dos guerrilleros saldrían con vida tras un drama que duró 28 horas e incluyó el desembarco de fuerzas especiales en la azotea, uso de explosivos y hasta un tanque de guerra para derribar la entrada principal.

Fueron 95 muertos y 11 desaparecidos. Aquella jornada desnudó una historia de barbarie mayor cuyas piezas aún se hallan dispersas. Algunas de ellas en informes de organizaciones de derechos humanos, testimonios de exagentes o investigaciones de la estatal Comisión de la Verdad.

Con todo, aún no existe un trabajo que condense toda aquella conducta que, a lo largo de los '80 y '90, funcionó como un pilar en la lucha antiguerrilla. Con la misma lógica y crueldad de las dictaduras del Cono Sur, pero en un país que ha vivido una historia democrática casi continua, oficiales de inteligencia dejaron una estela de violaciones de los derechos humanos contra simpatizantes de izquierda.

Todo vale contra el “enemigo interno”

Los investigadores del tribunal transicional para el conflicto interno, la Justicia Especial para la Paz (JEP), se hallan en el entuerto de conectar los puntos. Más de uno se confiesa impactado por la cantidad de pruebas que han emergido en los últimos meses. Cada vez queda más claro que, por ejemplo, dentro del mismo marco del Palacio de Justicia, algunos de los miles de víctimas del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP) fueron presa de las operaciones de la misma compañía del disuelto batallón Charry Solano, al norte de Bogotá, donde posiblemente fue torturada la guerrillera del M-19 Irma Franco, tal vez el mejor documentado caso de desaparición forzada en los hechos de noviembre de 1985.

Todo apunta que la guerra sucia que se ha tratado de presentar desde sectores políticos como una reacción violenta orquestada por sanguinarios paramilitares, terratenientes de ultraderecha y algunos efectivos aislados de la fuerza pública, fue en realidad un plan cuyo asidero se gestó en el corazón mismo de la estructura de los servicios de espionaje y contraespionaje del Estado.

Lo que hizo la inteligencia militar en Colombia [...] es una labor criminal del tipo de los Escuadrones de la Muerte en Guatemala y El Salvador

Fuente judicial

La magistrada Catalina Díaz, de la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la JEP, aseguró a elDiario.es que hasta ahora no se había investigado “a fondo” el papel de estos aparatos en los crímenes contra la UP. “Hay nueva evidencia, por ejemplo, de que hubo un seguimiento sistemático contra la Unión Patriótica y que la inteligencia militar incluso pudo estar detrás de la estigmatización y construcción de un relato peyorativo para legitimar su accionar”.

El ya mencionado batallón Charry Solano, que en 1986 se convirtió en la Brigada XX, acumula 35 denuncias de tortura, 51 de ejecuciones sumarias y 73 de desapariciones forzadas. Un grupo de organizaciones de derechos humanos ha entregado, desde 2020, pruebas con hechos ocurridos, presuntamente, entre 1977 y 1998. Uno de aquellos denunciantes, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, ha sufrido más de 30 años de persecución, acoso y actos ilegales por parte del Ejército. Por ello, en 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado colombiano responder por violaciones contra sus miembros, ligados a la izquierda política, y sus familias.

Una fuente judicial que pide mantener su nombre oculto, resume: “Lo que hizo la inteligencia militar en Colombia entre los años 1978 y 1989, más o menos, es una labor criminal del tipo de los Escuadrones de la Muerte en Guatemala y El Salvador. Es el mismo modelo, bajo la premisa de que el enemigo interno comunista era susceptible del ejercicio de la violencia. Legal o ilegal”.

Los políticos maquillaron la verdad

A medida que se conocen más casos, donde los nombres de algunos generales o coroneles se repiten, y las piezas van dando forma al rompecabezas, la sociedad colombiana empieza a cuestionar más la conducta militar. Jorge Cardona, reportero y exeditor del diario El Espectador, regresa sobre el caso del Palacio de Justicia: “La postura de la clase política, con las excepciones de siempre, fue rodear a las Fuerzas Armadas. Una de las primeras voces institucionales disidentes fue la Procuraduría, que denunció en 1986 al presidente Belisario Betancur y manifestó que hubo exceso de la fuerza y desconocimiento del derecho internacional humanitario”.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, sin embargo, absolvió al presidente Conservador siete meses después de los hechos. Para Cardona, la “vía política fue decorando la impunidad”. Helena Urán Bidegaín es hija de Carlos Horacio, magistrado muerto durante la retoma del Palacio de Justicia. Ella ha dedicado una parte importante de sus 50 años a entender los hechos: “Parte de los expedientes relacionados con las masacres y las torturas del Estatuto de Seguridad, implementado por el presidente [Julio César] Turbay [1978-1982], se quemaron en el Palacio de Justicia. Todo quedó suspendido. Y la construcción del relato que se ha hecho desde sectores del poder es acomodaticia y solo exalta sus actuaciones, así hayan sido indignas”, dijo a elDiario.es.

Otra investigadora que pide no ser identificada, trae a colación las declaraciones televisadas del coronel retirado Alfonso Plazas Vega, absuelto en 2015 de responsabilidad en dos casos de desaparición forzada, y quien fue una de las cabezas visibles en el asalto de recuperación de la sede judicial en 1985. Mientras el humo y las llamas carbonizaban el edificio, el militar vociferó al ser preguntado por el objetivo: “¡Mantener la democracia, maestro!”. El alcance de su labor, sin embargo, aún deja grandes interrogantes. Porque en Colombia, argumenta la misma fuente, se han normalizado los desmanes de una operación castrense sanguinaria: “Como si en Colombia existiera la pena de muerte”.

El silencio de cientos de víctimas que sufrieron en algún momento aberraciones confirma que el país aún navega la superficie de una etapa negra. “Hay dos momentos. Desde finales de los años 70, los militares mezclan el secuestro, la tortura, y, en menor medida, los homicidios, en instalaciones militares, como el Cantón Norte y el Charry Solano en Bogotá. Hoy la evidencia apunta a que, en algún momento de la segunda mitad de los 80, dejan de hacerlo en los cuarteles porque ya era problemático y se aceleran los asesinatos extrajudiciales en otros contextos. Se ha establecido que los soldados tiraban los cadáveres en zonas de las afueras de Bogotá como Funza, Choachí o el Tequendama”, asegura un investigador.

Algo cambió el 6 de noviembre de 1985

Para el antropólogo David Marín, autor de Pérdida en el fuego (Planeta) —una reconstrucción minuciosa de la “masacre olvidada” del Palacio—, algunos grupos de poder tradicional entendieron, aquella especie de noche de los cuchillos largos del 6 de noviembre de 1985, que habían perdido el control de las cosas. O, cuando menos, que la batalla contra los insurgentes había descarrilado. Se sumaron nuevos y sanguinarios actores potenciados por el narco. Y los métodos de terror se emplearon con más ímpetu que en décadas anteriores.

El marco conceptual se sustentó en los manuales de inteligencia y contrainteligencia inspirados en el adoctrinamiento de la Escuela de las Américas en los años 60. Y el decreto presidencial de 1978 ya citado, que perseguía los mismos objetivos de la Operación Cóndor dirigida desde Washington, aportó el andamiaje legal necesario. En esencia, se trataba de eliminar los focos de oposición mediante un calco de algunas de las brutales actividades de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura de Pinochet en Chile, o de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) bajo la dictadura de Videla en Argentina.

Esas puertas cimentaron las facultades de “exterminio de facto” para las Fuerzas Armadas colombianas, según escribe Marín en el epílogo de su libro. La represión oficial contra “todo lo que oliera a comunismo” derivó en la multiplicación de las retenciones arbitrarias, los seguimientos y perfilamientos de estudiantes, sindicalistas o maestros: “Se sistematizaron las torturas. Se arrojaba gente a los ríos, a los parques, a las cunetas de las carreteras menos transitadas, a los humedales... Esos eran los que aparecían. De otros no se tiene el menor rastro”, escribe el antropólogo.

La barbarie tras un telón democrático

Entre quienes murieron en el Palacio de Justicia había 11 magistrados de la Corte Suprema. Varios de los mejores juristas de una generación cuya edad promedio no superaba los 60 años. Entre ellos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, de 53 años. Falleció, según los nuevos hallazgos de la investigación de Marín, víctima de una ráfaga de metralla del Ejército colombiano durante la recaptura del Palacio. Pero a lo largo de estas últimas cuatro décadas, en Colombia todavía no se ha publicado un trabajo global concluyente. O una investigación periodística o histórica que sintetice con claridad los resortes más amplios de un capítulo cuya mayor singularidad es que se desenvolvió en un contexto democrático.

Eduardo Carreño, miembro fundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, plantea un problema de fondo: “El terror en Colombia aún es muy complicado. Por eso a las víctimas de esa época les cuesta hablar. Las estructuras criminales de aquel entonces cambiaron de nombre, se convirtieron en otros organismos, desmontaron el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), pero la violencia y ciertos delitos continúan y aún no sabemos con claridad quiénes han sido los responsables de esos casos”.

Algunos de esos episodios más recientes son los de los asesinatos de jóvenes pobres que el Ejército presentó como guerrilleros durante las Administraciones de Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018). O la Operación Orión (2002), a cargo de la Cuarta Brigada del Ejército y la Policía contra las milicias urbanas de las FARC en los barrios bravos de Medellín. Allí las organizaciones de Derechos Humanos han calculado que se produjeron 300 desapariciones forzadas.

La violencia y ciertos delitos continúan y aún no sabemos con claridad quiénes han sido los responsables

Eduardo Carreño — Miembro fundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

La comparación con las dictaduras de Chile o Argentina se queda corta. En esos países, donde a lo largo del siglo XX hubo procesos políticos de corte socialista que sí avanzaron, la respuesta fue suprimirlos mediante dictaduras militares. En Colombia nunca ocurrió nada similar. Quizás por ello, a las fuentes consultadas aún les cuesta configurar un relato más completo donde, tras el telón de solidez institucional, el mismo Ministerio de Defensa apeló a métodos tan sanguinarios en la trastienda.

Algunos de los jueces más tozudos que murieron en el Palacio ya lo venían advirtiendo. En junio de 1985, un juez del Consejo de Estado implicó al Gobierno de Julio César Turbay y a dos generales en la tortura de la médica Olga López Jaramillo y su hija de cinco años en 1979.

El fallo concluyó que el Ejecutivo empleó métodos irracionales, inhumanos y proscritos por todas las convenciones de derechos humanos. La sección tercera del tribunal responsable del dictamen judicial, alojado en el mismo inmueble que cinco meses más tarde sería devorado por los proyectiles y las llamas, empezó a recibir amenazas de forma reiterada. Algunas de ellas estaban dirigidas con nombre propio contra jueces que investigaban por entonces casos de torturas ejecutadas, según se sospechaba, por parte de algunas unidades del Ejército colombiano.

Del Caribe al Pacífico. EE.UU. está extendiendo las ejecuciones extrajudiciales de supuestos “narcoterroristas” con el hundimiento de una supuesta narcolancha, este martes, en el “Pacífico Oriental”, cerca de las costas colombianas, según informó el secretario de Guerra –antes Defensa–, Pete Hegseth.

“Ayer, a las órdenes del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada que se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico Oriental”, dijo Hegseth, sin aportar pruebas de ese narcotráfico, ni del lugar exacto del ataque ni de las identidades de las personas asesinadas: “Nuestros servicios de información sabían que el buque estaba implicado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de tránsito del narcotráfico y transportaba droga. Durante el ataque, llevado a cabo en aguas internacionales, había dos narcoterroristas a bordo. Ambos terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida”.

“Los narcoterroristas que intentan traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio”, añadió Hegseth, sin tampoco facilitar pruebas que demuestren el puerto de salida de la embarcación y el supuesto puerto de llegada.

“Así como Al Qaeda declaró la guerra a nuestra patria, estos cárteles están librando la guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, sentenció.

Este pasado domingo, Hegseth comunicaba un otro ataque contra una embarcación el pasado 17 de octubre. Hegseth señalaba en una publicación en X que esta embarcación estaba relacionada a la guerrilla del “Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, y que tres ocupantes habían sido asesinados en el ataque en “aguas internacionales”.

Hegseth aseguraba, sin pruebas, que esos ocupantes asesinados extrajudicialmente eran “terroristas” que portaban “un monto substancial de narcóticos”, y los llamó “la Al Qaeda del Hemisferio Occidental”.

Asesinados o puestos en libertad

Donald Trump está acumulando fuerzas militares cerca de Venezuela y autorizó operaciones encubiertas en el país. Mientras tanto, sigue hundiendo embarcaciones con personas a bordo que son ejecutadas extrajudicialmente con la justificación de que cargan con droga, sin aportar una sola prueba de ello, ni tampoco del puerto de salida ni del supuesto puerto de llegada.

Mientras la Administración Trump es capaz de matar a 34 personas extrajudicialmente en aguas internacionales, al mismo tiempo decide devolver a Colombia y Ecuador a los dos supervivientes del ataque el jueves pasado a un supuesto narcosubmarino.

Y una vez que eso ocurre, resulta que la fiscalía ecuatoriana decide no procesar al superviviente entregado por el Ejército de EEUU, según informa The New York Times.

Donald Trump está acumulando fuerzas militares cerca de Venezuela y ha autorizado operaciones encubiertas en el país. Mientras tanto, sigue hundiendo embarcaciones en el Caribe con personas a bordo que son ejecutadas extrajudicialmente con la justificación de que cargan con droga, sin aportar una sola prueba de ello, ni tampoco del puerto de salida ni del supuesto puerto de llegada.

De hecho, la Administración Trump es capaz de matar a 29 personas extrajudicialmente en aguas internacionales, al tiempo que decide devolver a Colombia y Ecuador a los dos supervivientes del ataque el jueves pasado a un supuesto narcosubmarino.

Este domingo, Trump apuntó contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al que lo acusó de “narcotraficante” en un post en Truth Social en el que anunciaba la supresión de fondos y ayudas al país. El presidente colombiano respondió a Trump que está “engañado” y que el “principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia” fue el propio Petro: “Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”.

Más tarde, en el avión presidencial en el que regresaba Trump desde Mar-a-Lago a Washington DC, el presidente de EEUU confirmaba el anuncio del senador Lindsey Graham de que EEUU impondría nuevos aranceles comerciales a Colombia: “No luchan contra las drogas, producen drogas, las refinan, producen cocaína. Tienen fábricas de cocaína. Voy a suspender todos los pagos a Colombia porque no tienen nada que ver con su lucha contra las drogas. Así es como ganan mucho dinero. Solía quejarme cuando tenían un presidente muy amable, pero no lo hacía, era pura palabrería. Colombia es una máquina de fabricar drogas, y no vamos a formar parte de ello, así que vamos a dejar de darles todo el dinero que les damos. Si miras los campos, están repletos de drogas, las refinan, producen enormes cantidades de cocaína, la envían a todo el mundo y destruyen familias. No, Colombia está fuera de control, y ahora tiene al peor presidente de su historia. Es un lunático con muchos problemas mentales”.

La Oficina en Washington para América Latina (WOLA) estimaba en el mes de septiembre que en el año 2024 la ayuda de Estados Unidos a Colombia sobrepasó los 400 millones de dólares.

Este mismo domingo, el secretario de Defensa (ahora llamado Guerra), Pete Hegseth, comunicaba un nuevo ataque contra una embarcación el pasado 17 de octubre. Hegseth señalaba en una publicación en X que esta embarcación estaba relacionada a la guerrilla del “Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, y que tres ocupantes habían sido asesinados en el ataque en “aguas internacionales”.

Hegseth aseguraba, sin pruebas, que esos ocupantes asesinados extrajudicialmente eran “terroristas” que portaban “un monto substancial de narcóticos”, y los ha llamado “la Al Qaeda del Hemisferio Occidental”.

Gustavo Petro aseguró que “EEUU ya no cumple con el derecho internacional” y ha pedido que la sede de Naciones Unidas deje de estar en Nueva York, después de que el Departamento de Estado de EEUU anunciase que le revocaba la visa por instar en un acto en Nueva York a soldados estadounidenses “a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”.

“Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo Visa a EEUU. Para ir a Ibagué a la gran concentración tolimense por la democracia no necesito Visa. Separar a EEUU de Colombia es lo que necesitan las mafias. Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General”, aseguró en su cuenta de Twitter.

“Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de EEUU no puede condicionar la opinión de los EEUU. El que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina y el que se me quite la visa por pedirle al ejército de EEUU y de Israel que no apoyen un genocidio, que es un crimen contra la humanidad toda, demuestran que el gobierno de EEUU ya no cumple con el derecho internacional. La sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York”, señaló.

El Departamento de Estado de EEUU anunció este viernes que le retira el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar en un acto en Nueva York a soldados estadounidenses “a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”.

“Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, reza un mensaje del Departamento de Estado en la red social X. “Por estas acciones imprudentes y provocadoras, revocaremos la visa de Petro”, añade el escueto mensaje.

Se refieren a una manifestación que tuvo lugar el mismo viernes en Nueva York a favor de Palestina y contra la presencia de Netanyahu en la Asamblea de las Naciones Unidas, que pronunció su discurso con una sala casi vacía después de que la mayoría de delegaciones la abandonase a modo de protesta.

Según Petro, la revocatoria de su visado estadounidense no le importa porque no lo necesita, ya que tiene también ciudadanía italiana y puede viajar con el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por su sigla en inglés), que exime de la visa.

“No necesito visa, sino ESTA, porque no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo”, agregó el presidente.

La concesión de la ESTA, sin embargo, no es automática para los ciudadanos de los países eximidos de la obligatoriedad del visado y está sujeta igualmente a la aprobación de las autoridades estadounidenses.

El Departamento de Estado de EEUU anunció este viernes que le retira el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar en un acto en Nueva York contra el genocidio en Gaza a soldados estadounidenses “a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”.

“Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, reza un mensaje del Departamento de Estado en la red social X. “Por estas acciones imprudentes y provocadoras, revocaremos la visa de Petro”, añade el escueto mensaje.

Petro, en un acto convocado en Nueva York contra la campaña israelí en Gaza pidió a los soldados estadounidenses que desobedezcan mandatos de su Gobierno para así permitir que pueda operar un futuro “ejército de salvación” multinacional que apoyaría al pueblo palestino y cuya creación, dijo, propondría a la Asamblea de Naciones Unidas, que se reunía estos días en Nueva York, con la presencia de Netanyahu este viernes, a quien la mayoría de delegaciones dejaron hablando solo. “(Ese ejército) tiene que ser más grande que el de los EE.UU. Por eso desde aquí, desde Nueva York, les pido a todos los soldados del Ejército de EEUU que desobedezcan la orden de (Donald) Trump. Les pido no apuntar contra la humanidad sus fusiles”, clamó Petro durante la manifestación.

El mandatario colombiano aseguró que ese futuro ejército contaría con efectivos militares procedentes de diferentes países, aunque de momento solo Indonesia ha dicho que apoyará la iniciativa.

La propuesta, amparada en la figura de la ONU conocida como 'Uniting for Peace', debe ser respaldada por dos tercios de los Estados miembros en la Asamblea General para poder desarrollar una acción militar coordinada a nivel internacional.

“Las naciones que voten a favor de esta resolución tendrán la responsabilidad de configurar con sus ejércitos esta gran unidad, pionera en el mundo, para hacer valer las órdenes de la justicia internacional”, añadió el presidente colombiano, que según indicaron fuentes diplomáticas a EFE ya abandonó EE.UU. “como estaba previsto” de regreso a Bogotá.

Petro: “El gobierno de EEUU ya no cumple con el derecho internacional”

Gustavo Petro no tardó en responder a la medida en redes sociales: “Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo Visa a EEUU. Para ir a Ibagué a la gran concentración tolimense por la democracia no necesito Visa”, señala. “Separar a EEUU de Colombia es lo que necesitan las mafias. Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General. Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de EEUU no puede condicionar la opinión de los EEUU”, dijo.

“El que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina y el que se me quite la visa por pedirle al ejército de EEUU y de Israel que no apoyen un genocidio , que es un crímen contra la humanidad toda, demuestran que el gobierno de EEUU ya no cumple con el derecho internacional”, añade, y acaba el mensaje asegurando que “la sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York.”

Una manifestación contra Netanyahu

Sus palabras coincidían con la celebración de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en la que este viernes intervino Benjamin Netanyahu para asegurar que seguiría con el genocidio en Gaza - “No hemos terminado”, dijo-. El primer ministro israelí pronunció estas palabras ante unos pocos delegados de la ONU, ya que la mayoría de países abandonaron la sala entre abucheos a modo de protesta cuando iba a tomar la palabra.

Mientras esta protesta ocurría dentro de la Asamblea, miles de personas marchaban desde Times Square hasta la sede de Naciones Unidas para protestar contra el genocidio en Gaza y mostrar su apoyo al pueblo palestino. Fue a esta manifestación a la que acudió Petro y donde pronunció las palabras por las que ahora Trump ha decidido revocarle el visado.

El discurso más visto

A todo esto se suma que la última intervención de Gustavo Petro en la Asamblea de Naciones Unidas esta semana ha sido muy sonado y compartido en diferentes redes sociales. “No hay raza superior, no hay pueblo elegido de dios, no lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así. El pueblo elegido por dios es la humanidad toda”, aseveró. “La ONU tiene que cambiar ya, una ONU diferente, humana, que debe antes que nada detener el genocidio en Gaza”, añadió.

Las denuncias dan escalofríos. Niños y niñas, algunos menores de 14 años, sufren chantajes por la exposición de videos íntimos en redes sociales. En muchos casos, llegan hasta el límite de contemplar la idea de quitarse la vida. Una de las modalidades más frecuentes es el acoso por mensajería instantánea que, una vez empieza, difícilmente se puede parar. También pululan las imágenes sexuales creadas con inteligencia artificial que incluyen el rostro de menores y circulan en línea sin que alguna norma o regla logre atajarlas.

Estos casos son la señal más visible de un riesgo del que padres y madres de familia, educadores, autoridades y personal de la salud llevan años alertando. Otros contenidos, por ejemplo, sobre cómo llevar a cabo el suicidio, también preocupan. Un estudio hecho en 2024 por la Universidad de Los Andes encontró que 1 de cada 5 menores colombianos reportó haber visto en internet formas de hacerse daño o herirse a sí mismo y el 17% consultó formas de quitarse la vida. La mayoría de quienes vieron estos contenidos fueron mujeres.

“Había manchones de sangre en su clóset, y cuando lo llevé al médico, tenía el brazo todo cortado”, cuenta Lesley, una madre en Bogotá, sobre la primera crisis de salud mental que notó en su hijo. Esa fue la primera señal de un espiral descendente que lo llevó a un diagnóstico psiquiátrico y a dos hospitalizaciones. En ese momento él tenía 14 años. Hacía poco que había recibido su propio celular y computador. 

“Siempre confiamos —dice Lesley— en que las decisiones que iba a tomar iban a ser las adecuadas”. Pero pronto comenzó a sospechar que lo que él hacía en línea influía en el problema. Sus psiquiatras estaban de acuerdo y le pedían a Leslie que intentara ponerle límites a su consumo de contenidos, pero no pudo hacerlo. No solo porque él es mucho más hábil digitalmente que ella, sino también porque su relación con los dispositivos y las plataformas es problemática. “A él se le daña el computador y es como si se le acabara la vida”, dice. “Sus pataletas se volvieron agresivas. Eran agresiones físicas, por limitarle el uso del computador”.

Cuando el Congreso intentó legislar sobre el tema, los intereses de las llamadas Big Tech (grandes tecnológicas, como Google y Meta) se enfrentaron con quienes buscan proteger mejor a los menores. No es personal: son negocios. Para Juan David Gutiérrez, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, “las empresas privadas quieren que la legislación no aumente sus costos de operación” y “van a querer atajar proyectos de ley que les impidan operar en las condiciones en las que ellos quieren”. 

Esta disputa fue evidente en la aprobación del proyecto de ley 029/24S, de salud mental, de autoría de la representante Olga Lucía Velásquez (Partido Verde). La iniciativa intentaba que las plataformas se ciñeran a una regulación acordada con la Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC) para restringir que circularan contenidos que “atentan” contra la integridad, el bienestar y la salud física y mental de niños, niñas y adolescentes. Pasó por dos debates en Cámara y uno en Senado, sin atraer mucha atención hasta cuando fue hora de su último debate, a finales de 2024.

A partir de ese momento, el lobby de la industria tecnológica movió su falange silenciosa. Con la fuerza seductora de su influencia, construida con años de invitaciones, reuniones y eventos con los congresistas, logró truncar ese propósito regulatorio. Así lo identificaron el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip) y Cuestión Pública, aliados en la investigación colaborativa La Mano Invisible de las Big Tech, liderada por Agencia Pública de Brasil y el CLIP, que reunió a 17 medios de comunicación que investigaron las acciones de influencia de las Big Tech en 13 países.

Las Big Tech usaron una aceitada maquinaria de lobistas, abogados y aliados que abordan a los congresistas o los visitan para expresarles propuestas, preocupaciones o intereses sobre los temas que están legislando. Este andamiaje —que es legal— participa en audiencias públicas o reuniones sobre proyectos de ley. Incluso, coorganiza eventos académicos con los legisladores.

Esta alianza periodística preguntó a las empresas y personas involucradas en esa operación de lobby si sus intereses económicos prevalecieron sobre el bienestar de sus usuarios en la discusión de ese proyecto de ley. Amazon respondió que esa no es una descripción precisa de los eventos, sin otorgar más detalles. Google, Meta y la Asociación Latinoamericana de Internet no respondieron directamente a la pregunta. TikTok no contestó a un cuestionario enviado por esta alianza periodística. 

El artículo de la discordia

Dar vida a una ley en Colombia tiene su proceso. Cada iniciativa cuenta con hasta dos años, es decir, dos periodos legislativos, para completar su trámite. El proyecto de Salud Mental pretendía modificar la ley que regulaba la atención en esa materia desde 2013. Fue radicado el 25 de julio de 2023 en la Cámara de Representantes para ser aprobado antes del 20 de junio de 2025. En ese tiempo debía superar cuatro debates obligatorios: los dos primeros en comisión y plenaria en Cámara, y luego lo mismo, pero en el Senado. También debía pasar por una eventual conciliación para subsanar las posibles diferencias entre los textos aprobados en las dos corporaciones.

La iniciativa —única en Colombia por sus alcances en esta materia— lo logró. Pero hubo una mano invisible. Para sobrevivir a las negociaciones políticas, terminó sacrificando una de sus promesas más ambiciosas: proteger a niños, niñas y adolescentes de contenidos nocivos en plataformas digitales. En cambio, dejó en manos de las Big Tech una función reguladora en la que, según consideraban los autores del proyecto, era necesaria la participación del Estado. 

Esa promesa se materializaba en el artículo 8. Este incluía dos puntos que fueron el corazón de la controversia. El primero, otorgar a la Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC) la facultad de intervenir en la formulación de los códigos de conducta de las plataformas digitales, una figura conocida como “corregulación”. El segundo, la posibilidad de sancionar a esas plataformas si incumplían lo pactado en dichos códigos. Eran los bordes más filosos de una ley que, por lo demás, despertaba pocas disputas. 

Estos puntos se mantuvieron en el proyecto de ley hasta que fue aprobado en su primer debate en el Senado, el 22 de octubre de ese año. Según confirmó esta alianza periodística con diferentes fuentes, la industria tecnológica y sus lobistas emprendieron su operación de influencia desde ese día hasta el 16 de diciembre, cuando fue programado su último debate.

Cuando esto pasa, la actividad va mucho más allá del Congreso. En cuestión de días, dos ministerios, organizaciones de la sociedad civil, gremios y reguladores enviaron comentarios al proyecto de ley. “Una vez iniciados los debates, se recibieron comentarios y solicitudes de reunión de parte de los sectores interesados”, dijo a esta alianza Ana Paola Agudelo, senadora del Partido Mira y coordinadora ponente de dicha iniciativa. 

El seis a uno de las Big Tech en el Congreso

Era 18 de noviembre y pasaban las dos de la tarde cuando fueron llegando al Congreso, uno a uno, seis representantes de las grandes tecnológicas: Irene Velandia, de Google; Brian Townsend, de Meta; Gabriel Parra, de TikTok; Aura María Londoño y Santiago Orduz, de Amazon; y Pablo Nieto, de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), el gremio regional que agrupa a estas cuatro compañías y a otras diez más.

Según las actas, iban a ver a la senadora Agudelo, la ponente del proyecto. Lo que ocurrió tras esa visita fue decisivo para el rumbo de la ley de Salud Mental. (Ver reportaje transfronterizo sobre el lobby de las Big Tech en la región)

“Ana Paola sí me dijo que las empresas estaban muy preocupadas por el proyecto”, dijo una fuente que estuvo enterada de estas conversaciones y que pidió no ser mencionada. Les preocupaba “si podría considerarse o no censura lo que se estaba proponiendo”. 

Agudelo admitió a Cuestión Pública y al CLIP que estas reuniones sí se dieron, y que buscaban “escuchar preocupaciones y observaciones respecto del articulado”.

Preguntamos a la senadora Agudelo y a cada una de estas personas y empresas los temas que trataron en esa reunión y declinaron comentar sobre lo conversado en el encuentro.

El argumento de la “censura” también apareció en una carta pública que Nieto, gerente regional de Políticas Públicas para la Zona Andina de la ALAI, envió al Congreso el 6 de diciembre. En ella decía que las facultades que tendría la CRC podrían “restringir la diversidad informativa” y llevar a la censura previa. También señalaba que la Comisión no tenía experiencia en regular contenidos digitales.

La Fundación Karisma envió su propio concepto en el que se preocupaba por otro tema: planteaba que la nueva función de la CRC podría “rebasar la capacidad de la comisión”: serían tantos los contenidos que tendría que revisar, que no daría abasto sin los recursos suficientes. A la fundación también le preocupaba que se hablara de “autorregulación” en otros apartes del proyecto, una observación que profetizaba lo que terminaría por suceder: decía que dicha mención podría quitarle a la CRC la facultad de regular.

En medio de la tensión, la Comisión Reguladora respondió que no se podía hablar de censura porque “en ningún caso (…) removería contenido de los usuarios ni de las plataformas”, sino que podría imponer “sanciones posteriores” a que el contenido se publicara y solo en caso de que se incumplieran las normas.

El efecto del lobby se vio en el texto del proyecto de ley, radicado para el último debate por Agudelo y Fabián Díaz, el otro senador ponente, el 21 de noviembre. Ambos eliminaron la palabra “corregulación”. Sin embargo, mantuvieron la facultad de la Comisión de establecer recomendaciones a las plataformas para moderar el contenido y de sancionar a las que incumplieran. Ese texto, dice la ponencia, fue “producto de las observaciones y consenso entre la CRC y de representantes de plataformas digitales” y, según varias fuentes, buscaba tranquilizar a las Big Tech. 

A pesar de esa concesión, las tecnológicas seguían tensando la cuerda. En una intervención del senador del Partido Alianza Verde, Jonathan Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe, hizo de vocero de dos gremios de esa industria: “Yo aquí tengo, por ejemplo, [a] Asomóvil y CCIT [que] dicen: ‘nosotros no le hemos dado visto bueno a ese artículo 8 porque nos parece que raya con la censura’”.

Se refería a Asomóvil, que representa a los operadores móviles, y a la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), que agrupa a decenas de empresas del sector. En esa misma intervención, Jota Pe citó un documento firmado por siete gremios de esa industria —incluidos Asomóvil y la CCIT— y una organización de la sociedad civil, apelando a muchos de los mismos argumentos ya esgrimidos por ALAI. En una proposición, que radicó junto al senador guajiro Alfredo Deluque Zuleta, pidió eliminar el artículo 8.

Camilo Rojas Chitiva, gerente de regulación de Asomóvil, dijo a esta alianza periodística que ese gremio no interactuó directamente con el senador Hernández. “Mucho menos lo hizo en términos de aprobar, o no, o dar un visto bueno, o no”, aseguró. La CCIT no respondió a un cuestionario enviado por esta alianza periodística.

El senador Jota Pe Hernández, interviene en plena del Senado con documento en mano con las preocupaciones de los gremios de la industria frente al proyecto de ley.

En respuesta a esta alianza, el senador Jota Pe aclaró que no se reunió “con voceros de gremios ni con representantes de ningún sector particular. Para formar mi posición sobre el proyecto, tuve en cuenta la exposición realizada por los ponentes de la iniciativa y los argumentos planteados durante el debate en plenaria”.

Por su parte, Deluque respondió a esta alianza que “la proposición inicial de eliminación respondió a la necesidad de abrir el debate sobre el artículo, el cual, según el análisis de mi equipo legislativo y mi propia revisión, presentaba posibles riesgos [… ] que podrían afectar la libertad de expresión”

Cuando Hernández se bajó del atril, comenzaron las negociaciones en un escritorio del Salón Elíptico. De un lado estaba la representante Velásquez, autora del proyecto de ley y quien proponía la corregulación con las plataformas. Del otro, el bando alineado con los argumentos de las tecnológicas compuesto por los senadores Jota Pe, Deluque y David Luna.

Los aliados de las Big Tech

Los tres pertenecen a la Comisión Primera del Senado. Jota Pe era un conocido youtuber bumangués, que recibió la placa de oro de YouTube, una empresa de Google, por alcanzar el millón de seguidores en su cuenta. Deluque es un senador guajiro que fue ejecutivo de telecomunicaciones y dirigente gremial de ese sector. Luna fue Ministro TIC y, luego, director de un gremio de la industria tecnológica.

Luna pasó de ser Ministro de las TIC entre 2014 y 2018, en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, a ser el primer director de Alianza In, un gremio de emprendimientos de tecnología que también firmó la carta. A pesar de que habló en plenaria contra el artículo 8, no votó y declaró que estaba impedido para hacerlo. Tampoco participó en la proposición de sus dos colegas.

Deluque ha legislado sobre tecnología. En 2023 fue uno de los autores de un proyecto de ley que buscaba crear una agencia de seguridad digital y en la última legislatura promovió cuatro otras iniciativas sobre temas digitales, entre ellas, “una regulación justa para las plataformas de transporte”.     

También es el congresista que más visitas recibió de los representantes de los gremios tecnológicos entre septiembre de 2022 y octubre de 2024, según información obtenida por medio de un derecho de petición al Congreso presentado por esta alianza periodística. El lobista de las Big Tech que más lo visitó en ese período fue Santiago Orduz, de AWS, quien registró ocho entradas al Congreso autorizadas por Deluque. Le siguieron Santiago Pinzón, de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) con siete visitas, y Aura María Londoño Sánchez, de Amazon, con dos.

Deluque dejó clara su postura frente a la regulación de la inteligencia artificial (IA) en el Mexico Digital Summit, una conferencia a la que asistió como ponente en septiembre de 2024 para hablar sobre inclusión e IA. Allí explicó cómo “tuvimos la sensatez en el Congreso colombiano de frenar toda la regulación, eran más o menos 10 proyectos de ley acerca de regular la IA”. El viaje, según confirmó el senador, fue pagado por un centro de pensamiento privado basado en Miami llamado CCLATAM, que promueve diálogos sobre política pública alrededor de la innovación, como declara en su misión.

Entre 2021 y 2025, Deluque asistió en calidad de congresista a 16 eventos internacionales vinculados al sector tecnológico, según confirmó a esta alianza (ver detalles en elemento multimedia). Todos fueron financiados por los organizadores, excepto uno que corrió por su cuenta, según informó el senador.

La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), uno de los gremios que “no le había dado el visto bueno” al artículo 8 —y que firmó la carta conjunta leída por el senador Jota Pe en plenaria—, financió parcialmente uno de esos viajes en 2024. Se trató de una visita al Mobile World Congress (MWC), en Barcelona, España, y a una cumbre ministerial, en Madrid, del 17 de febrero al 2 de marzo. Entre los miembros de la CCIT están Amazon, Google y Meta, tres de las cuatro empresas que visitaron a la senadora Agudelo cuando se discutía el proyecto de ley de Salud Mental.

Ya en 2025, la misma CCIT le financió parcialmente a Deluque otro viaje a España, entre el 24 de febrero y el 7 de marzo. Esta vez fue una mesa redonda sobre la regulación tecnológica en Barcelona, que ocurrió en simultáneo a la versión de 2025 del MWC. El tema a tratar era justamente los “principios regulatorios para equilibrar el campo de juego del ecosistema digital con el usuario en el centro”.

¿Esta financiación podría constituir un potencial conflicto de interés? Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, dice que sí podría haberlo.“La mejor forma de haberlo resuelto hubiera sido una divulgación clara de las actividades del congresista”, dijo Hernández. En efecto, Deluque nunca declaró ese conflicto en el debate final de la ley. “La ausencia de esa explicación sí deja una sensación de que hubiera podido haber ahí un riesgo grande de influencia indebida”, agregó Hernández.

El senador Alfredo Deluque le respondió a esta alianza periodística “que no comparto dicha caracterización. La participación en eventos multilaterales de carácter oficial no puede equipararse a una indebida influencia, pues se trata de escenarios públicos, abiertos y plurales (...) Los dos eventos en los que se señala un apoyo parcial de la CCIT tuvieron un carácter estrictamente oficial, con participación de delegaciones gubernamentales y legislativas de Colombia”. La CCIT no respondió a las preguntas enviadas por esta alianza periodística.

La cercanía del senador Deluque con los representantes de la industria se exhibió en un evento en la Universidad Externado de Colombia en mayo de 2025. Los ponentes fueron empleados de las Big Tech, representantes de la sociedad civil y otros congresistas. En una intervención, Brian Townsend, gerente de Política Pública para Suramérica Hispanohablante de Meta, reconoció la apertura del senador: “Le agradezco al senador Deluque, que nos hace partícipes en la construcción de política pública”.

Ni Meta ni Townsend respondieron preguntas sobre lo dicho por el ejecutivo. La compañía envió la siguiente declaración: “Al igual que muchas empresas en distintas industrias y geografías, interactuamos con funcionarios, grupos comerciales y organizaciones para compartir información sobre nuestros productos y servicios y poder contribuir en discusiones que puedan impactar a Meta o las experiencias de los usuarios en nuestras plataformas”.

La victoria antirreguladora

Según dos fuentes consultadas, la estrategia del lobby de las tecnológicas era hundir el artículo 8 o quitarle las sanciones y los nuevos poderes que le daba a la CRC. Es decir, lo que plantearon los senadores Jota Pe y Deluque en su proposición.

La estrategia funcionó. El texto aprobado por el Senado quedó a la medida de las tecnológicas. No solo le negó a la CRC la facultad para corregular los contenidos perjudiciales que circulan en los servicios digitales y sancionar a las empresas. También dejó en firme, en palabras de la senadora Agudelo, “la autorregulación que nos han pedido las plataformas”. Es decir, mantuvo en sus manos la responsabilidad exclusiva de moderar el contenido perjudicial para niños, niñas y adolescentes. 

Así las cosas, cada plataforma podrá seguir definiendo sus reglas de manera autónoma y decidir lo que permite o no. Entre ello, qué tanto tolera el contenido sobre conductas de odio o que incite a la violencia. Porque como no hay estándares universales, lo que en un lado puede ser considerado como crimen de odio o una conducta abusiva, en el otro está amparado por el derecho a la libre expresión.

Por lo general, las plataformas más populares, como Tiktok, Instagram, o Facebook, toman medidas para evitar algunos de los contenidos más lesivos. Por ejemplo, en dichas plataformas, al buscar la palabra “suicidio” no se muestra contenido, sino que remite a un panel de ayuda con líneas y canales de atención nacionales o sugerencias de expertos. También tienen controles parentales de diferentes tipos y prohíben directamente diferentes tipos de contenidos dañinos.

Al buscar la palabra “suicidio” en TikTok no se muestra contenido, sino que remite a un panel de ayuda con líneas y canales de atención nacionales o sugerencias de expertos.

Pero en Colombia, un estudio de la Comisión Reguladora de Comunicaciones, publicado en 2025, concluyó que solo el 48 por ciento de los padres o madres de menores de edad usan las herramientas de protección a menores diseñadas para filtrar contenidos audiovisuales en plataformas; y solo el 34 por ciento las utilizan en redes sociales.

A la representante Velásquez, autora del proyecto, le tocó ceder. Lo hizo, según dice, porque borrar completamente el artículo de la discordia habría eliminado la obligatoriedad de hacer campañas de educación y promoción de salud mental en medios de comunicación. También la de emitir advertencias de control parental e información sobre rutas de atención en los contenidos sobre el suicidio.

Así quedó la modificación del artículo 8 del proyecto de ley de salud mental firmado por los coordinadores ponentes, la autora y los senadores que presentaron la proposición.

Como el proyecto de ley nació en la Cámara y el texto aprobado allí contemplaba la corregulación y las sanciones, debía ser conciliado para entregar un proyecto único para sanción presidencial. 

En esta última instancia, las presiones no cesaron. Pablo Nieto, de ALAI, envió un nuevo concepto el 26 de febrero pidiendo que se mantuviera la redacción que salió del Senado. Lo mismo hizo la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, siete días antes.

Y las Big Tech volvieron a ganar. La ley de Salud Mental se aprobó tal como venía del Senado, sin corregulación ni sanciones para ellas.

Para Velásquez, ese es el único agujero de la ley, pues “sancionar genera una corresponsabilidad mayor”. En el mismo sentido se expresaron, por separado, los dos senadores ponentes, Fabián Díaz y Ana Paola Agudelo. “La autorregulación es una medida necesaria, pero claramente no absoluta”, dijo Díaz.

Esta preocupación también existe entre personas expertas en derechos digitales. Lucía Camacho, coordinadora de políticas públicas de la organización Derechos Digitales dijo que tal como quedó, la ley perpetúa un estado de cosas que no funciona: “el enfoque de la autorregulación es insuficiente porque necesita esfuerzos complementarios de regulación activa por parte de los estados”, dijo.

Por su parte, la Fundación Karisma señaló en una comunicación a esta alianza que “la inclusión de la palabra ‘autorregulación’ en el proyecto es problemática. Aunque la norma final es poco clara, pensamos que puede servir para que las plataformas de redes sociales se nieguen a cumplir órdenes de organismos estatales”.

Otra alternativa sería que, si el Estado no tiene un rol en la regulación, esta funcionará de manera independiente a las empresas. Es decir, que “sea capaz de servir de contrapeso a los vacíos, o a los errores, o a las decisiones [de las plataformas] que responden más a su modelo de negocios que al interés público”, explicó Catalina Botero Marino, quien hizo parte de la Junta de Supervisión de Meta. “Y eso es dificilísimo”, agregó.

Botero añadió que aunque cree que es mejor que la autorregulación “exista a que no exista”, considera que la “corregulación” es mejor.

El senador Jota Pe respondió que “no sé ‘le quitaron los dientes’ al artículo, como algunos señalan… La autorregulación por parte de las plataformas no fue entendida como la única medida, sino como parte de una estrategia integral que combina prevención, pedagogía, supervisión institucional y acción estatal coordinada”

Tras bambalinas

Esta alianza periodística identificó que el lobista del sector tecnológico que más visitó al Congreso en ese período (entre julio de 2022 y agosto de 2025) fue José Daniel López, un exrepresentante a la Cámara de Cambio Radical, que actualmente es el director de Alianza IN, un gremio de aplicaciones. El segundo fue Pablo Nieto, de la Asociación Latinoamericana de Internet, que en promedio visita el Congreso al menos una vez cada mes.

López respondió a esta alianza que “esta cifra debe ser contextualizada en el hecho de que en las instalaciones del Congreso se ubican las oficinas de más de 280 senadores y representantes, así como de los miembros de sus equipos de trabajo”, y que llevar a cabo estas interacciones con congresistas “es legítimo y es parte esencial de nuestra labor de representación” como gremio.

En una declaración enviada a esta alianza, ALAI asegura que las interacciones de sus empleados “con oficiales de gobiernos y parlamentarios son realizadas a través de los canales formales de comunicación habituales para cada país”.

Fundada en Uruguay en 2015, ALAI es financiada por 14 empresas tecnológicas. Entre estas, Google, Meta, Amazon, TikTok, Rappi y Mercado Libre. En Colombia su rostro visible es Nieto: un joven politólogo que ha visitado 24 veces a congresistas en sus despachos, según lo documentado por esta alianza. También ha participado en, al menos, 10 eventos del Congreso y en cinco eventos públicos con legisladores o funcionarios públicos desde octubre de 2023, cuando ingresó a ALAI tras ser asesor legislativo del Ministerio de Hacienda.

“Nuestro equipo está integrado por profesionales de primer nivel que desarrollan todas sus actividades con seriedad, profesionalismo y regidos por nuestro código de ética, nuestros estatutos y en cumplimiento estricto de las leyes de cada país”, dice ALAI en respuesta a esta alianza periodística.

En abril de 2025, ALAI organizó los “Diálogos Anuales de Políticas Digitales” en Ciudad de México. Al analizar fotos públicas del evento, se corroboró la asistencia de 15 legisladores y funcionarios de 10 países. Cinco de ellos son colombianos: los representantes Diego Caicedo, Ciro Rodríguez, Daniel Restrepo Carmona e Irma Luz Herrera, y el senador Carlos Guevara. Los dos últimos pertenecen al Partido Mira, el mismo de la senadora ponente del proyecto, Ana Paola Agudelo. Caicedo, Guevara y Herrera le confirmaron a esta alianza periodística que ALAI pagó sus viáticos. 

Rodríguez no contestó directamente, pero sí remitió la solicitud a la Secretaría de la Cámara, que no ha dado respuesta. Carmona todavía no ha allegado la información.

Un congresista de otro país, que asistió al evento de México, contó a esta alianza periodística que ALAI pagó el viaje en clase económica y lo hospedó en un hotel “con cero lujos” en el centro de la ciudad. “Ellos transmiten sus ideas, no te piden nada a cambio. No generan incomodidad porque no te presionan. Es un tono amable y de intercambio de ideas”, señaló esta fuente, quien pidió mantener oculta su identidad. ALAI no respondió preguntas específicas sobre el evento.

La deuda de la salud mental con niños, niñas y adolescentes

“Muchas veces no se nos oye, o creen que lo que estamos haciendo no es suficiente”, dijo Brian Townsend, ejecutivo de Meta para esta región, en el evento en el que también participó el senador Deluque el pasado mayo. A juicio de la representante Olga Velásquez, expertos consultados y la CRC, las Big Tech no están haciendo lo suficiente para reducir su impacto negativo.

El papel de estas plataformas digitales fue parte de la discusión desde el primer debate del proyecto de ley de Salud Mental. Por una parte, porque al menos el 70% de los niños, niñas y adolescentes en Colombia accede a contenido por internet, el 61 % tiene su propio dispositivo móvil y el 40% tiene cuentas en redes sociales, según un estudio publicado en 2025 por la CRC. 

Y por otra parte, porque la preocupación por mejorar la cobertura y la calidad de la salud mental en el país, en especial de los menores de edad, es cada vez más urgente.

La Clínica Montserrat, una institución psiquiátrica en Bogotá, abrió en 2022 un pabellón para adolescentes. “Antes era muy esporádico ver a uno o dos menores de edad hospitalizados”, dijo a esta alianza María Fernanda Bonilla, coordinadora de la unidad infantojuvenil. “Ahora contamos con 20 camas y a veces incluso tenemos que ampliarla a otras unidades, porque no da abasto la atención de los niños”.

Este solo es uno de los síntomas de lo que la especialista llama “un aumento de las consultas de niños, niñas y adolescentes en salud mental”. Después de años de una relativa estabilidad y una caída en la pandemia, las cifras oficiales en Colombia revelan un aumento del 41,2% en los intentos de suicidio en los y las menores de 17 años, entre 2022 y 2021. La cifra continúa en creciente aumento de un 0,7%, en 2023. 

La preocupación por la salud mental ha llevado al Congreso a radicar, entre 2022 y 2023, ocho proyectos de ley relacionados con este tema. Todos fueron archivados porque no alcanzaron a cumplir los tiempos exigidos para su debate.

Solo uno de ellos, propuesto por congresistas del Partido Conservador, cuestionaba el rol de las redes sociales, y buscaba adoptar medidas para prevenir, entre otras, la adicción a ellas. El cómo no era claro y la propuesta no incluía control sobre el contenido alojado en las plataformas digitales. Pero ni siquiera alcanzó para el debate.

La doctora Bonilla advierte que los problemas de salud mental pueden desarrollarse por diversos factores. Muchos de los educadores, activistas, académicos, representantes de la industria y políticos consultados coincidieron en que el cuidado de niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad compartida por muchos sectores: familias, instituciones educativas, el Estado, entre otros. Como dijo el senador Díaz, el problema “no se resolverá única y exclusivamente mediante la regulación de contenidos” digitales.

Pero los algoritmos de las redes sociales juegan un rol que no se puede ignorar en la salud mental, señaló la doctora Bonilla. “Si uno empieza a buscar o a ver contenido de personas que están exponiendo la muerte o el suicidio, el algoritmo empieza a sacar más y más. Y el hecho de que la persona esté viendo más personas que se quieren suicidar, o más contenido de muerte en las redes sociales, puede empeorar el cuadro afectivo”.

Pero el Congreso decidió quitarle al Estado la oportunidad de hacerle contrapeso a ese algoritmo. Y lo hizo porque, al contrario de lo que dijo Townsend, a las Big Tech sí se les escuchó. Quizá demasiado.

*** 

A continuación, adjuntamos las respuestas completas enviadas por los protagonistas de esta investigación.

Persona / empresa

Rol

Link respuesta completa

Alfredo Deluque

Senador Partido de la U

DP Deluque.057Z) (1).pdf

Jota Pe Hernández

Senador Partido Verde

DP JOTAP.pdf

David Luna

Exsenador Cambio Radical

DP LUna.pdf

Fabián Díaz

Senador Partido Verde

CLIP Fabian Diaz.pdf

Ana Paola Agudelo

Senadora Partido Mira

DP Ana Paola Agudelo.pdf

Alianza In

Alianza IN.pdf

Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)

RTA ALAI.pdf

Fundación Karisma

Respuestas Karisma.docx.pdf

Comisión Reguladora de Comunicaciones

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La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

AR

Colombia sufrió el jueves dos atentados dirigidos, respectivamente, contra un helicóptero de la Policía y una base aérea que dejaron al menos 20 muertos. El probable responsable fue, según declaró tras los sucesos el presidente del país, Gustavo Petro, el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC y hay al menos dos detenidos.

El primer ataque ocurrió en El Chispero, una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia, al noroeste del país, donde 12 policías antidroga murieron al ser atacado el helicóptero en que se desplazaban para participar en una operación de erradicación de cultivos ilícitos. Otro agente, el capitán Francisco Merchán, falleció por la mañana de este viernes elevando los fallecidos en este atentado a trece, según informó el presidente colombiano en su cuenta de la red social 'X'.

Horas después, en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, al suroeste, un camión cargado con explosivos fue detonado en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana. Murieron en la explosión siete personas, una de ellas menor de edad, y más de 70 resultaron heridas, todas civiles que pasaban por el lugar, según el último balance hecho público por el alcalde Alejandro Éder.

La explosión dejó además una enorme destrucción en un tramo de la Carrera Octava de Cali, una transitada avenida llena de comercios en donde está situada la base golpeada. Las autoridades confirmaron la detención en el lugar de un hombre que al parecer forma parte de los grupos disidentes de las FARC y más tarde el presidente del país ha confirmado la detención de dos sospechosos de cometer el atentado.

El propio Gustavo Petro publicó en su cuenta de la red X una imagen del primero de los arrestados, al que identificó por el apodo de “Sebastián”. “Pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias 'Marlon', subordinado a la Junta del Narcotráfico”, escribió el mandatario.

Petro se refirió a esa junta en una comparecencia televisada durante un acto de entrega de tierras en la ciudad de Valledupar, en el norte del país. Se trata, según dijo, de una “confederación de mafias internacionales” a las que las bandas locales cuidan la mercancía, aprovechándose de la “falta de justicia social en el campesinado colombiano”. “El mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias 'Iván Mordisco' (el EMC) son la Junta del Narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta”, añadió.

El presidente insistió en que estos grupos también pueden estar detrás del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

“Colombia merece vivir en paz. Lo ocurrido hoy en Cali frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez es un acto cobarde y criminal que rechazamos de manera absoluta”, manifestó, por su parte, la vicepresidenta, Francia Márquez.

El presidente se trasladó por la noche a Cali junto con la cúpula militar y policial y, según versiones de prensa, prepara un decreto para declarar el estado de conmoción interior, una medida de excepción para enfrentar perturbaciones graves del orden público que pongan en riesgo la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.

“Este ataque constituye una afrenta directa a la vida y la dignidad humana y una infracción clara al Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe de manera absoluta los ataques contra civiles”, manifestó la defensora del pueblo, Iris Marín.

Con respecto al ataque contra el helicóptero policial, la Defensoría señaló que Amalfi está entre los municipios de Antioquia incluidos desde 2022 en una de sus alertas tempranas “por la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), facciones disidentes de las FARC, el Clan del Golfo y otros grupos armados organizados vinculados a economías ilegales como el narcotráfico y el contrabando”.

Ante el deterioro de la seguridad en el país, distintos sectores políticos exigieron al Gobierno acciones contundentes contra los grupos armados ilegales.

El expresidente Iván Duque (2018-2022) señaló en su cuenta de X que “Colombia no puede permitir jamás que el terrorismo vuelva a adueñarse de su destino”. “Hoy, más que nunca, se necesita la presencia de la autoridad y de un Gobierno que no sea permisivo con los violentos”, agregó.

Su antecesor Juan Manuel Santos (2010-2018) señaló que “es urgente implementar una política de seguridad efectiva” y añadió que las Fuerzas Armadas “necesitan liderazgo, presupuesto y apoyo”.

“El terrorismo no nos va a vencer, con más fuerza y más ahínco, hago un llamado para que nos unamos y lo enfrentemos”, expresó por su parte la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia también se pronunció para condenar el “ataque indiscriminado” en Cali: “Llamamos al Estado a que atienda a las víctimas y adelante las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y garantizar justicia”, agregó.

Los países vecinos condenan el ataque

Venezuela condenó enérgicamente los hechos, que el Gobierno calificó de “atentado terrorista”. A través de un comunicado, el Ejecutivo venezolano se solidarizó con el presidente del país andino, Gustavo Petro, su Gobierno y con el “hermano pueblo colombiano”, y expresó “sus sentidas condolencias a las familias de las víctimas y su acompañamiento a los heridos y afectados”.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lamentó a su vez en un breve mensaje en X los “hechos violentos” en Colombia y trasladó sus condolencias a “los familiares afectados y al pueblo colombiano en general”.

Álvaro Uribe Vélez fue hasta principios de este milenio un político bastante desconocido en Colombia. Era, en resumen, el hijo de un adinerado hacendado antioqueño con una trayectoria de algo más de dos décadas en la vida pública de su departamento natal. No hace falta subrayar su influencia en el ámbito local ni que ya era un personaje difícil de leer. Pero, detrás de su apariencia de académico discreto, hay una cruenta sombra que ha sobrevolado su currículo desde que llegó a dirigir con tan solo 28 años el capítulo regional de la Aeronáutica, la autoridad encargada de la regulación de la aviación civil en el país sudamericano.

Hay quien recrimina, tras su reciente condena a 12 años de prisión domiciliaria, que la intoxicación de titulares, a favor o en contra, ha omitido un asunto de fondo: su inquietante cercanía con la historia del paramilitarismo ¿Se trata de una vieja paranoia de la izquierda o el proceso penal que afronta en segunda instancia por soborno de testigos reforzará la conexión con ese universo sanguinario?

Para entender al que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, el jesuita e historiador Fernán González propone un marco amplio como punto de partida: “Es importante comprender que en la formación del Estado en Colombia ha habido una tendencia histórica a privatizar el uso de la violencia”, señala a elDiario.es. “Eso es clave porque, en paralelo a la construcción de unas instituciones, más o menos modernas, a la celebración cumplida de elecciones, se consolida un esquema de poder regional muy proclive a la solución armada de diversos conflictos”.

El mundo de Uribe comienza allí. Su padre, Alberto, murió en 1983 en la conocida Hacienda Guacharacas, durante un tiroteo para repeler el intento de secuestro de un escuadrón de la guerrilla marxista de las FARC. Era un ambiente rural muy hostil donde la mano negra de la insurgencia asolaba, cada vez con más fuerza, a aquellas élites terratenientes.

Tampoco podría entenderse la emergencia de este fenómeno sin profundizar en el papel del Ejército en la consolidación de esta larga guerra sucia: “El paramilitarismo surge a finales de los 70, principios de los 80, como un brazo paralelo del Estado colombiano. Desde entonces, pequeños grupos de oficiales y suboficiales en torno a zonas del Magdalena Medio y Segovia (Antioquia) [en el centro del país] comenzaron a cumplir acciones encubiertas contra civiles y grupos de izquierda”, explica a elDiario.es el reportero y estudioso del conflicto colombiano Óscar Parra.

Un político fuerte de Medellín

Álvaro Uribe Vélez era un veinteañero cuando asumió la dirección de la Aerocivil en 1980. Diversas investigaciones periodísticas y pesquisas de órganos como la Procuraduría, han revelado que durante su mandato, el regulador concedió alrededor de 150 permisos de operación para aeronaves pequeñas tramitadas, al parecer, por testaferros de narcotraficantes como Pablo Escobar, Carlos Lehder o Fabio Ochoa. Entre los registros, además, destacan varios de ellos a nombre de Martha Upegui de Uribe, conocida como la “reina de la cocaína”. Lo resume el politólogo Eduardo Andrés Celis: “Ella no tuvo la exposición de otros matones, pero en su época fue más temida que todos”.

Más adelante fue, de forma transitoria, alcalde de Medellín (1982), la segunda ciudad del país por tamaño. Luego asumió como concejal (1984-1986) siendo militante del Partido Liberal. Y a pesar de ser una figura discreta a nivel nacional, ya aparecía en los archivos de Defense Intelligence Agency (DIA) del Ejército estadounidense. Hoy se sabe que fue incluido en 1991 en un listado de la agencia con un centenar de nombres vinculados directa o indirectamente a los cárteles del narcotráfico.

No cabe duda de que eran tiempos recios. Con una atmósfera política colérica y teñida de sangre: “Había un ambiente de zozobra en las fuerzas militares colombianas y los poderes regionales porque el presidente conservador Belisario Betancourt (1982-1986) puso sobre la mesa un proceso de paz con las guerrillas para darle salida negociada al conflicto armado interno”, relata Fernán González.

A cambio del cese el fuego, la guerrilla marxista de las FARC pactó con el Ejecutivo de Betancourt ciertas condiciones para un eventual tránsito a la legalidad política. De esta forma nació, en 1985, la extinta formación de izquierdas Unión Patriótica (UP), una suerte de brazo civil de la insurgencia que arañó algunos éxitos electorales a nivel regional y departamental.

La Defense Intelligence Agency (DIA) del Ejército estadounidense incluyó a Uribe en 1991 en un listado con un centenar de nombres vinculados directa o indirectamente a los cárteles del narcotráfico

Este es otro punto de inflexión en la construcción de Uribe, una de las figuras clave en la Colombia del último cuarto de siglo: “Ahí viene el desastre. Algunos políticos locales de la UP sirvieron de puente electoral a las FARC. Pero la guerrilla, al mismo tiempo, siguió avanzando con su estrategia de todas las formas de lucha. Amplió su poder militar. Extorsionaba. Asesinaba. Como resultado, nace una reacción feroz de los poderes regionales contra la izquierda y la solución política negociada”, cuenta González.

Aquellos grupos de poder regionales atestiguaron con pánico cómo la guerrilla avanzaba en las urnas y, en paralelo, se fortalecía para la guerra. Bajo esas condiciones, los sectores más tradicionales desecharon por completo la posibilidad de diálogo. Y así llegó la respuesta paramilitar, en connivencia con aparatos estatales como el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y toda una amalgama de latifundistas, ganaderos, bananeros y líderes políticos locales vinculados a los partidos tradicionales Liberal y Conservador. Todos unidos por un enemigo común. ¿El resultado? Más de 3.000 miembros de la UP fueron asesinados en las décadas siguientes.

Allí se halla el germen de la reacción oficial: el terror se combatió con más terror. La carrera de Uribe Vélez, por su parte, seguía su curso. Fue elegido gobernador del departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, entre 1995 y 1997, un período en el que las masacres y las ejecuciones extrajudiciales de guerrilleros, civiles o sindicalistas se exacerbaron.

La seguridad por bandera

A todo ello se suma un decreto expedido por el presidente liberal César Gaviria en 1994. La norma dio carta blanca para reglamentar grupos privados de vigilancia armada en el campo. Una figura nebulosa, agolpada bajo el acrónimo de CONVIVIR: Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural.

Desde entonces, Uribe Vélez declaró de manera abierta su complacencia con dicho mecanismo de seguridad que permitía el porte de armas y el uso de equipos de comunicación militar en ciertos casos. Todo ello con el fin de resguardar aquellas zonas donde el Estado colombiano tenía dificultades para garantizar el orden público. Sin embargo, la hemorragia de violencia no tardó en quedar descarnadamente al desnudo y el mismo Uribe revocó la licencia de operación.

La estela de sangre caliente y devastación en el campo ya era muy profunda. Una sentencia del Tribunal de Justicia Transicional de Bogotá lo ratificó en 2013. El fallo, vinculado a un líder paramilitar apodado HH, estableció que las CONVIVIR, que llegaron a sumar 20.000 miembros repartidos en 700 agrupaciones, fueron un elemento fundamental en este capítulo de la guerra. Sirvieron como fachada legal para la alianza macabra entre los batallones de antiinsurgencia del Ejército y campesinos convertidos en sicarios.

La ley de Gaviria fue la cloaca que los escuadrones utilizaron como escudo para perpetrar masacres en Antioquia, como la de los municipios de El Aro (1997) y La Granja (1996). Por estas dos acciones terroristas, declaradas delitos de lesa humanidad, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia abrieron investigaciones en 2015 contra Uribe Vélez por presunta complicidad u omisión para impedir la sangría cuando oficiaba como Gobernador. El expresidente ha dicho que se trata de una “infamia” y de “maniobras políticas”.

“Allí surgen más preguntas complejas”, asegura Óscar Parra, “relacionadas con la formación y financiación del Bloque Metro de los paramilitares en la Hacienda Guacharacas de su familia”. La misma donde el patriarca de los Uribe fue asesinado en el 83. Paramilitares desmovilizados han declarado ante el Tribunal de Justicia transicional que esas tierras sirvieron como centro fundacional, en 1996, de uno de los numerosos bloques criminales que florecieron en varias zonas del país. El expresidente Uribe también ha refutado esa tesis con el argumento de que su clan ganadero fue desterrado del sector, y que desde principios de los 80 nunca ha visitado aquellos predios.

“Pero por alguna razón, las investigaciones no avanzan. Es muy complejo: hay muchos indicios, testimonios y nadie se anima a ir a fondo. Las declaraciones de los paramilitares coinciden: el período de fortalecimiento de sus ejércitos en regiones del entorno antioqueño se da en paralelo a su paso por la Gobernación de Antioquia. En ese entonces no tenía el fuero presidencial que lo cubrió después. Pero en Colombia no ha habido ni siquiera una reflexión profunda sobre su responsabilidad política por todo esto”, añade Parra.

Llegados a este punto conviene dejar claridad: Uribe no fue quien ideó esa maraña de ejércitos de extrema derecha, muchos de ellos enzarzados en guerras cruzadas y con discursos políticos muy descafeinados. No obstante, su andadura política discurre y confluye de cerca con numerosos acontecimientos relacionados. Y su figura llegaría a acumular tal acervo de poder que Fernán González opina que es quizá el símbolo más visible de esa simbiosis entre política y privatización de la violencia: “Es un fenómeno que concentra muchos de los rasgos de una visión de Estado que lo antecede varias décadas pero que del cual, quizá, él es la figura más visible”.

Su irrupción llegó en las presidenciales de 2002. Ya se había separado del partido Liberal y se presentó como candidato independiente del movimiento Primero Colombia, con el cual consiguió la victoria con el 54% de los votos. También funcionó como pegamento ideológico de los bloques ‘paras’ en su cruzada contra las izquierdas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que por aquellos días alcanzaron otro punto de quiebre en la guerra contra el Estado.

A los descarnados ataques contra civiles, se sumó el avance insurgente hacia el extrarradio de las grandes ciudades. De las lejanas junglas y montañas de la Colombia más marginada, las FARC pasaron a la ofensiva. Como consecuencia, la opinión pública se endureció contra las guerrillas. El país repudió sin matices la ola de terror y exigió la recuperación militar del territorio.

El ocaso y la condena

Uribe despegó rodeado de ese ambiente. Bajo el eslogan de “mano firme, corazón grande”, alcanzó la atención nacional. Media Colombia quedó prendada con aquel abogado de manejo fluido de la jerga empresarial. Católico y defensor del liberalismo clásico. Pero también un chalán de poncho y aire sereno que ondeaba su discurso contra la corrupción. “Al principio de su Gobierno propuso un intercambio entre ‘menos libertades’ y ‘más seguridad’, intercambio que se expresaría legislativamente en el llamado ‘estatuto antiterrorista’”, escribe el politólogo Francisco Gutiérrez Sanín en un artículo publicado en la revista Nueva Sociedad.

Contaba con el apoyo, además, de Estados Unidos. Era un respaldo sellado hace más de medio siglo, desde que la superpotencia pavimentara el suelo estratégico para desalojar las ideas de izquierda en Colombia y el resto del continente. “Los americanos implantaron su doctrina del enemigo interno en la región. El control, en principio, fue político y se regía bajo las directrices de seguridad nacional de Washington. Esa asociación está muy bien documentada en los archivos desclasificados del Departamento de Estado a partir de los 80. Luego en los 90 financiaron con más fuerza la guerra antiguerrilla y la política de Seguridad Democrática de Uribe”, apunta Celis.

Con la ingente ayuda militar y el visto bueno de la Casa Blanca, solo faltaba activar la avanzada sin cuartel contra el grupo guerrillero que había asesinado a su padre y habría llegado a copar, según algunas estimaciones, hasta el 40% del mapa. En ocho años de Gobierno adelantó parte de su objetivo. Llevó la presencia del Estado, a través del Ejército, a zonas olvidadas durante décadas. Las FARC retrocedieron. Perdieron a sus cabecillas históricos y se vieron abocados a firmar la paz con el Estado en la siguiente Administración. La de Juan Manuel Santos, su exministro de Defensa y delfín, con quien hoy mantiene una rivalidad cerril por cuenta de aquellos diálogos entre el Estado y la guerrilla celebrados en La Habana que el viejo halcón de Medellín encajó como una traición personal.

De cualquier forma, los tres grandes nudos que marcaron el mandato uribista en materia del manejo del conflicto armado con las autodefensas fueron: el proceso de paz con los paramilitares; los asesinatos extrajudiciales de civiles, reportados por el Ejército como bajas en combate; y el escándalo conocido como la parapolítica. Al menos 61 congresistas pertenecientes a su bancada fueron condenados por vínculos con los ‘paras’.

El bloque político que respaldó su propuesta —incluyendo al Partido de la U, Colombia Democrática y Convergencia Ciudadana— acumuló varias investigaciones por aquellos nexos macabros. “Era una locura porque metían a un congresista a la cárcel y asumía el siguiente. Y de forma automática la Corte quedaba habilitada para investigar al que seguía”, recuerda Óscar Parra.

El también académico de la Universidad del Rosario de Bogotá apunta que la penetración de la parapolítica ha sido, quizá, la amenaza más grave al sistema democrático: “El 35% del Congreso terminó en la cárcel. Uribe no ha asumido ninguna responsabilidad política 15 años después. Ni por las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en su Gobierno, ni tampoco por todos esos partidos que le profesaban un respaldo irrestricto y terminaron sentenciados por sus alianzas criminales”.

“Uribe encarnó un cambio de percepción de la realidad en Colombia. El programa ideológico que planteó convenció al bloque mayoritario del sistema político y a la opinión pública que la lucha armada era primordial para alcanzar la paz. No importaba a cambio de qué”, añade el investigador. La peor desembocadura de aquella partitura guerrerista fueron los asesinatos extrajudiciales.

Los mal llamados “falsos positivos”. Colombia aún desconoce cuántos militares estuvieron envueltos en aquellas matanzas. Sí se sabe, en cambio, que fueron 6.404 las víctimas civiles. “Todo esto se encuadra dentro de una política militar tomada de los Estados Unidos que se llama el ‘conteo de cuerpos’. Y es una forma de remunerar a los ejércitos por cada enemigo abatido”, detalla Celis. Uribe, en declaraciones que luego debió rectificar públicamente, aseguró en tono irónico que si algunos de aquellos jóvenes asesinados resultaron involucrados, no habría sido “porque estaban recogiendo café”.

Con el discurso estadounidense de guerra contra el terror de fondo, el Ministerio de Defensa adoptó dicho sistema de incentivos a través de ascensos y recompensas en las brigadas militares e incrementó, de forma exponencial, los resultados operativos: “Tanto en número de combates como de heridos y bajas. Generó una competencia interna entre las unidades móviles para entregar más cadáveres”, añade Celis.

Durante esos años se produjo el mayor pico de desapariciones forzosas en la historia colombiana con 24.000 casos documentados. Este contexto es clave para recordar que su Gobierno también impulsó en 2005, en tiempo récord, un proceso de paz ‘sui generis’ con los mismos bloques de autodefensas cuyos líderes, como Salvatore Mancuso, hoy vinculan al expresidente Uribe a su causa. Por primera vez en la historia de Colombia un ejército dejaba primero las armas para luego negociar. Pero el remolino militar de las FARC ya estaba bastante contenido y era el momento preciso para buscar una tregua a la guerra sucia, argumenta Fernán González.

El 35% del Congreso terminó en la cárcel. Uribe no ha asumido ninguna responsabilidad política 15 años después. Ni por las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en su Gobierno, ni tampoco por todos esos partidos que le profesaban un respaldo irrestricto y terminaron sentenciados por sus alianzas criminales

Óscar Parra — Académico

Bajo unas condiciones favorables para los criminales arrepentidos, a los cuales se les dio un estatus político muy borroso, el país comenzó a conocer testimonios escabrosos. De aquel proceso, rubricado en el municipio norteño de Santa Fe de Ralito, empezaron a salir historias de barbarie como los hornos crematorios donde se quemaron los cadáveres de colombianos asesinados. La opinión pública quedó helada. Por todo ello, la figura de Uribe también empezó a acusar cierto desgaste tras dejar el poder.

No obstante, regresó a la arena en 2014 como senador. Una misión que abandonó en 2018, cuando esta historia dio una vuelta de tuerca insospechada. Una denuncia penal impulsada por el mismo Uribe contra el parlamentario de izquierdas Iván Cepeda, hijo de un político de la ya mencionada UP asesinado en 1994, se volvió en su contra.

El tribunal a cargo del proceso cerró la denuncia inicial y abrió una nueva por hallazgos que involucraron al entonces senador con la posible manipulación de testigos. Fue un largo calvario judicial que inició hace una década y hoy, tras pasar por todos los circuitos y tribunales del sistema judicial, lo tiene bajo arresto domiciliario en una de sus fincas a las afueras de Medellín. Su pool de abogados ya ha anunciado que apelará la decisión y el país espera el desenlace de una segunda instancia.

Pero el veterano guerrero de 73 años ya no proyecta esa figura mineral de principios de milenio. Se ve cansado por momentos. Ya no mueve los hilos del poder con la misma nitidez. Y los fantasmas de la finca Guacharacas lo siguen acechando. Fue el hijo de un viejo mayordomo de la hacienda familiar, hoy preso por secuestro extorsivo, quien lo delató.

Su nombre es Juan Guillermo Monsalve. Él expuso ante la justicia que Uribe envió a un apoderado a visitarlo a la cárcel La Picota de Bogotá con el fin de torcer su testimonio y desligarlo de una de las pesquisas que Cepeda adelantaba para esclarecer, una vez más, los vínculos de Álvaro Uribe Vélez con el fenómeno paramilitar. “Es un poco paradójico que termine condenado por un delito de soborno después de tantos señalamientos graves, de su papel en la época de las CONVIVIR o de la carga enorme de la parapolítica”, concluye Fernán González.

El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, murió este lunes, después de haber sufrido heridas graves en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio, tal y como han confirmado medios de Colombia y su esposa en redes sociales.

El sábado, la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se encontraba ingresado desde que fue tiroteado, informó de que estaba en “condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central”. “Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, según un parte médico. El pasado 16 de julio fue sometido a otra cirugía.

Uribe Turbay, de 39 años, era uno de los aspirantes presidenciales del partido uribista Centro Democrático y fue herido en un atentado durante un acto de campaña en Bogotá, cuando recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Desde entonces se encontraba hospitalizado y, aunque llegó a tener alguna mejoría, su estado siempre fue crítico.

Su esposa, María Claudia Tarazona, se ha despedido de él con un emotivo mensaje en Instagram, en el que asegura que “siempre será el amor de su vida” y le da las gracias por haber sido un buen padre. “Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”, escribe Tarazona. “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

Las autoridades colombianas han detenido a seis personas por el atentado contra Uribe Turbay, incluido el autor material, un adolescente de 15 años que fue arrestado con la pistola usada en el ataque. Además, la Fiscalía ha vinculado a otros cinco adultos en la planificación y encubrimiento del ataque, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias 'el Costeño', considerado el presunto coordinador del atentado.

Uribe Turbay aspiraba a obtener la nominación del Centro Democrático para las elecciones presidenciales de 2026. El político no tenía ningún parentesco con el expresidente Álvaro Uribe –recientemente condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno–, pero pertenecía a su partido.

Tras la noticia de su muerte, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha hecho un llamamiento a la unidad nacional contra la violencia en su cuenta de X: “Pueblo colombiano: es hora de unirnos, de alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza”.