Desde su campaña electoral, el actual presidente de la Nación, Javier Milei, encaró con modos violentos la difusión de su ideario ultraneoliberal, como consecuencia de lo cual proliferaeron en medios de comunicación y redes sociales los discursos de odio, tanto hacia los colectivos que luchan por sus derechos como hacia actores políticos, movimientos sociales e instituciones públicas e, inclusive, el mismo Estado.

A 41 años del retorno a la democracia, este gobierno nacional embate deliberadamente contra un conjunto de instituciones públicas y estatales. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), las universidades y los organismos públicos han sido foco de críticas y acciones concretas con el objetivo de legitimar el desmantelamiento de su funcionamiento.

El Gobierno nacional anunció en reiteradas oportunidades su intención de cerrar el Inadi, aunque por motivos legales aún no ha podido avanzar en ese proceso, dado que el instituto se creó por la Ley 24.515 en 1995 y sólo el Congreso puede derogarla. No obstante, sí han avanzado en el despido de sus trabajadores, en su desfinanciamiento y en su desguace. 

Desde su creación, el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) ha trabajado con organismos públicos estatales. En ese marco se realizó un conversatorio con el Inadi a fines del año 2023, que surgió a partir del ataque hacia las universidades públicas, tanto en redes sociales como en las calles, con consignas tales como “pagate la universidad, parásito” o “parásitos, se les termina la universidad pública”.

Estos pasacalles fueron de autoría autoproclamada por los espacios conservadores y liberales en el marco de la contienda electoral. Dichos sucesos fomentaron los estigmas y discursos de odio promovidos hacia quienes estudian en las universidades públicas de la región del conurbano. Del conversatorio mencionado participó la última titular del Inadi, Greta Marisa Pena, quien compartió reflexiones y datos relevantes sobre una encuesta que realizaron acerca del incremento de los discursos de odio:

(I) se ponía en evidencia que a menor nivel educativo había menor apego a los discursos de odio,

(II) que a mayor nivel educativo también la población experimentaba menos de apego a los discursos de odio,

(III) y que, sin embargo, el sector más propenso a adherir a los discurso de odio es la población que terminó el secundario y no siguió una carrera en la educación superior.

En la misma encuesta, recortando los datos por región, se evidenció que el conurbano bonaerense era una de las zonas con menor propensión a adherir a los discursos de odio. Esto se opone al sentido común promovido por los medios de comunicación sobre las particularidades del conurbano, ya sea por las condiciones socioeconómicas, por la inseguridad o las violencias que allí acontecen. 

Durante las últimas semanas el Gobierno nacional avanzó en los despidos, dejando a miles trabajadores sin sus empleos en diferentes organismos públicos, tales como la Anses, el Ministerio de Capital Humano, la Secretaria de Trabajo, la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), la Secretaria de Cultura, AYSA, el Enacom, el Conicet, el Incaa, la Agencia Nacional de Discapacidad, el Instituto de Agricultura Familiar, el PAMI, Acumar, el Indec, el Servicio Meteorológico y Parques Nacionales, sólo por nombrar un puñado de organismos afectados, sin contar el desmantelamiento completo de la agencia Télam.

En simultáneo a los despidos masivos, el gobierno nacional ha profundizado la estrategia de estigmatización del Estado y sus trabajadores. Estas modalidades y tipos de violencias que encarna el Gobierno nacional son inéditos desde el retorno a la democracia. Desde 1983 los distintos gobiernos que han gestionado el Estado lo han hecho con diferentes grados de efectividad, e incluso diferentes orientaciones. La novedad es que la gestión de Milei es explícitamente odiadora del Estado, sobre todo en su función social, hasta llegar a etiquetarlo como “organización criminal”. 

También es de público conocimiento, la compleja situación que están atravesando las universidades públicas, producto del grave desfinanciamiento sobre el sistema público de educación superior. El escenario es extremadamente complejo, dado que con una inflación anual del 276% se encuentran funcionando con el mismo presupuesto que 2023, lo que las pone en riesgo de funcionamiento, al punto incluso de no poder garantizar el pago de los servicios básicos como la electricidad.

En este marco, el Consejo Interuniversitario Nacimiento (CIN), que agrupa al conjunto de rectoras/es de las universidades públicas, reunido el 9 de abril de abril último, ha convocado a una gran marcha federal para el 23 de abril, en sintonía con la postura de los gremios.

El Gobierno nacional tiene muy claro que para destruir el pensamiento crítico y la movilización social también tiene que destruir instituciones públicas que garantizan los cimientos de la vida democrática y de la justicia social.

El intento de cierre del Inadi expresa el miedo del Gobierno a la diversidad, el desfinanciamiento de las universidades públicas expresa el miedo al pensamiento crítico y a la soberanía nacional, y los despidos masivos del Estado expresan su concepción política del Estado como garante del “capital” y los sectores concentrados del poder económico.

Este gobierno será recordado por la crueldad con la cual gestionó contra la población y los sectores más vulnerados, destruyendo el papel del Estado como garante de los derechos humanos, económicos y sociales del pueblo. Frente a este escenario, las universidades públicas y todas las instituciones estatales que siguen de pie necesitamos articular nuestras luchas y las agendas de trabajo para repensar y actuar, y así construir un futuro posible con justicia social y con igualdad para todes.

CJ/JJD

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará el próximo lunes un paro de 24 horas en todo el país “contra las medidas orientadas a destruir los salarios y las jubilaciones” y en reclamo por “el deterioro de los ingresos del sector público, en contra de los despidos, cierres y privatizaciones”.

“El autoritarismo de Milei preocupa y va en aumento. Todas las medidas económicas que impulsó están orientadas a destruir los salarios y las jubilaciones. No podemos naturalizar este deterioro grave en los ingresos del sector público”, dijo el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, en un comunicado.

El gremio anunció que realizarán el paro de 24 horas el lunes ante “la magra oferta salarial del Gobierno en la última paritaria por debajo de la inflación”, y también “en contra de las privatizaciones, los despidos y el cierre de organismos públicos”.

La conducción nacional de ATE se movilizará a partir de las 9 en Avenida de Mayo y San José, frente a la sede del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). La ATE advirtió que el cierre del Inadi “pone en en riesgo cientos de puestos de trabajo” y “las políticas de protección de sectores vulnerables de la sociedad”. Además, informó que cada provincia definirá la modalidad de la protesta, que incluirá movilizaciones, cortes de rutas y asambleas.

Los reclamos principales del gremio son: “Aumento salarial por encima de la inflación, reincorporación de los despedidos sin causa, pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados, rechazo al cierre del Inadi, Defensa al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), aumento de emergencia para jubilados y pensionados y rechazo a cualquier intento de privatización”.

“Con paritarias nacionales a la baja, intentan condicionar las negociaciones salariales en todos los estados provinciales y municipales”, evaluó el dirigente nacional y sostuvo que “hemos decidido movilizarnos al INADI porque está en peligro. Esta amenaza de cierre pesa también sobre otros organismos estatales”.

Aguiar también indicó que “enoja e irrita” un presidente que “festeja como un adolescente inmaduro la eliminación de un instituto tan importante para proteger a numerosos sectores sociales que durante décadas han sido discriminados en el país”. “Tenemos un Poder Ejecutivo que hace de la violencia su práctica política”, remarcó el sindicalista.

Para Aguiar, “el autoritarismo de Milei no corresponde con nuestro sistema democrático” y aseguró que lo frenarán “ejerciendo los derechos constitucionales de huelga y movilización”.

El paro de ATE comenzará a las 00 horas del lunes y durante la jornada se paralizará la administración pública nacional, provincial y municipal; los hospitales funcionarán sólo con guardias mínimas y los organismos de atención a jubilados (como PAMI y Anses) atenderán únicamente emergencias.

En tanto, otros servicios como la recolección de residuos, el barrido de las calles o el mantenimiento de espacios verdes también se verán afectados por la medida de fuerza.

Desde el gremio recordaron que durante el último encuentro paritario realizado el 19 de febrero, el Gobierno ofreció una suba del 12% cuando ya se había dado a conocer la inflación del 20,6% de enero.

En este sentido, ATE alertó por “el insuficiente aumento otorgado a los jubilados que dejó el haber mínimo en apenas $134.446, muy por debajo de los $596.823 necesarios para superar la línea de pobreza que detalla el Indec”.

MM

Con información de la agencia Télam.

El presidente Javier Milei cuestionó al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) luego de que el vocero Manuel Adorni anunciara esta mañana su eliminación. “El INADI era la policía del pensamiento cristinista, era un instrumentos que se utilizaba para armar listas negras y para perseguir ideológicamente a los que pensaban distinto”, sostuvo el líder de La Libertad Avanza en diálogo con Todo Noticias.

Y agregó: “La pregunta es: ¿vos querés sostener ese ente persecutorio a cambio de destruir el trabajo de personas honestas?”.

Para el mandatario, el organismo estatal no había conseguido ninguna mejora en materia de discriminación desde su creación. Esta presunta falta de resultados justifica, a su criterio, la decisión gubernamental de cerrarlo.

La eliminación del INADI es solo uno de los hitos del plan de ajuste y achicamiento del gasto público que está llevando adelante la administración libertaria. Según explicó Adorni, el Gobierno está dando “los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada, son grandes cajas de la política o son, simplemente, lugares para generar empleo militante”.

En esta misma línea, Milei hoy detalló: “Echamos a 50.000 personas que no trabajaban. Había 10.000 contratos y no ser renovaron. Es más, en la parte social dimos de baja más de 200.000 programas sociales porque había gente que tenía un trabajo en el Estado, había gente que se iba de viaje. Un descontrol”.

ACM

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) rechazó el cierre del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) anunciado esta mañana por el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa diaria.

“La decisión de cerrarlo atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad que es ejemplo a nivel mundial”, advirtieron desde la organización en su cuenta de X (ex Twitter).

La DAIA había impulsado junto a otras agrupaciones la creación del INADI hace alrededor de treinta años para prevenir y atender situaciones de discriminación a nivel nacional. El Instituto fue creado en 1995 en respuesta a los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, llevados a cabo en 1992 y 1994, respectivamente.

De hecho, en el artículo 4 de la ley 24.515 que constituyó el organismo, se destaca como una de sus principales atribuciones “constatar prima facie la existencia en el territorio argentino de personas que durante la Segunda Guerra Mundial o que posteriormente a ella participaron en el exterminio de pueblos, o en la muerte y persecución de personas o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad u opinión política, y cuando corresponde, efectuar las denuncias ante las autoridades competentes”.

Esta mañana, Adorni explicó que el Gobierno busca avanzar con la eliminación de algunos organismos estatales en el marco de su plan de ajuste y achicamiento del gasto público. “(Estamos dando) los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada, son grandes cajas de la política o son, simplemente, lugares para generar empleo militante. Esto lleva un tiempo, pero el primero de ellos va a ser el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo”, informó.

De concretarse su eliminación ─que también generó críticas de varios dirigentes políticos de la oposición─, las funciones de la organización serán absorbidas por el Ministerio de Justicia. Según indicó la cartera encabezada por Mariano Cúneo Libarona en un comunicado, funcionarios ya han elaborado un “protocolo de actuación e investigación y el régimen de educación general y capacitación que establecen las normas”.

“Respetaremos y ordenaremos todo lo concerniente a un derecho tan importante como es la no discriminación”, aseguraron desde el Ministerio.

La DAIA no es la única organización que rechazó la decisión presidencial. Amnistía Internacional Argentina reivindicó al INADI y su trabajo en la atención de denuncias por discriminación. “Es deber del Estado garantizar que todas las personas podamos vivir libres de violencia, discriminación y miedo. Reafirmamos la necesidad de políticas públicas que promuevan la diversidad e igualdad. El INADI no puede ser disuelto por la voluntad unilateral del Poder Ejecutivo, pues fue creado por el Congreso para la protección y defensa de todas las personas que sufren discriminación”, expresaron en redes sociales.

Otra de las agrupaciones que salió a respaldar al INADI es la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) que, además, recordó que el principal motivo de discriminación en el país es la discapacidad. En 2023, el 22,47% de las denuncias recibidas por el organismo estatal fueron por esta razón.

“La discriminación por discapacidad en nuestro país en tan grande que es el colectivo que mayor número de denuncia ha realizado al INADI. ¿Dónde quedarán registrados los abusos y la discriminación hacia las personas con discapacidad si cierran el INADI?”, plantearon.

En la misma línea, Andrea Rivas, presidenta de la Asociación Familias Diversas de Argentina (AFDA) y miembro del Frente Orgullo y Lucha ─que reúne a decenas de organizaciones LGBTINB+─, resaltó la “gran discriminación” que todavía persisten sobre “muchos grupos vulnerados en Argentina” y defendió al INADI.

“Tiene un rol fundamental en la valoración del pluralismo social en el país y en la protección de los derechos de toda la población. Hay personas que son discriminadas todos los días por su color de piel, si son migrantes, su religión o su clase social”, explicó a Télam y agregó: “Esto es un retroceso que tiene un impacto directo en la gente”.

De igual modo, Manuel Mireles, cofundadora y secretaria del bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, consideró que el cierre del INADI constituye un “atentado contra la democracia y la garantía de los derechos humanos”. “(La eliminación de INADI) muestra una postura que beneficia a los discursos de odio, muchos que se hacen desde la política”, afirmó.

Recordó también que su espacio trabajó con el organismo estatal para “brindar servicios a un montón de personas víctimas de discriminación, en particular por su identidad de género”.

ACM con información de Télam.

El Ministerio de Justicia de la Nación informó hoy que las funciones que cumple el Instituto contra la Discriminación (Inadi), cuyo cierre anunció el Gobierno, serán realizadas por esa cartera, que “cuenta con personal preparado para realizar eficazmente la tarea”.

Además, anunció que “el personal idóneo que trabaja en el Inadi y que realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo, será transferido al Ministerio donde trabajarán con orden, seriedad e idoneidad”, mientras el ministro Mariano Cúneo Libarona afirmó que “es una prioridad de este Ministerio cuidar de manera muy eficiente a toda persona que sufra cualquier tipo de discriminación, xenofobia y/o racismo”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo hoy en su conferencia matutina en la Casa Rosada que el instituto creado por ley en 1995 era parte “de diferentes institutos que no sirven para nada, son grandes cajas de la política o son, simplemente, lugares para generar empleo militante” y anunció: “Estamos empezando con su cierre definitivo”.

Fuerte repudio al cierre del Inadi

Organizaciones sociales como la DAIA, la Fundación Huésped y el Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, además de intelectuales y exfuncionarios del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), lamentaron hoy la decisión del Gobierno nacional de iniciar el “cierre definitivo” del organismo y aseguraron que se trata de un “bastión fundamental” en la protección y promoción de los derechos humanos en el país.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) publicó en su cuenta de la red social X que “la discriminacón en la Argentina es un problema que sufren diversos colectivos. Por eso la DAIA, junto a otras organizaciones, impulsó hace casi tres décadas la creación del INADI, un verdadero ejemplo en el mundo”. “La decisión de cerrarlo, atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad que es ejemplo a nivel mundial”, afirmó la DAIA en un tuit en el que arrobó al INADI y al vocero Adorni.

El organismo fue fundado en 1995 por una ley que se sancionó en el marco de la respuesta del Estado argentino a los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, perpetrados por terroristas en 1992 y 1994, respectivamente.

El artículo 4 de la Ley 24.515 que creó el INADI indica que, entre sus atribuciones y funciones, se encuentra la de “constatar prima facie la existencia en el territorio argentino de personas que durante la Segunda Guerra Mundial o que posteriormente a ella participaron en el exterminio de pueblos, o en la muerte y persecución de personas o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad u opinión política; y cuando corresponda, efectuar las denuncias ante las autoridades competente”.

Andrea Rivas, presidenta de la Asociación Familias Diversas De Argentina (AFDA) e integrante del Frente Orgullo y Lucha, que reúne a decenas de organizaciones LGBTINB+, repudió la medida y alertó sobre “la gran discriminación” que pesa sobre “muchos grupos vulnerados en la Argentina”.

En dialogo con Télam, Rivas resaltó que “el Inadi tiene un rol fundamental en la valoración del pluralismo social en el país y en la protección de los derechos de toda la población” y dijo que “hay personas que son discriminadas todos los días por su color de piel, si son migrantes, su religión o su clase social”.

“Esto es un retroceso que tiene un impacto directo en la gente”, completó y recordó que en el proyecto de Ley Bases que se debatió en la Cámara de Diputados su artículo 348, eliminaba la ley 24.515 de creación del Inadi.

Manu Mireles, cofundadora y secretaria del bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, opinó que “el cierre implica atentar contra la democracia y la garantía de los derechos humanos”.

“Es fundamental elaborar políticas que combatan la discriminación”, aseguró Mireles y recordó que “articularon y trabajaron con el instituto para brindar servicios a un montón de personas víctimas de discriminación, en particular por su identidad de género”.

Este cierre, alertó, “muestra una postura que beneficia a los discursos de odio, muchos que se hacen desde la política”.

Ornella Infante, dirigente del movimiento Evita y exdirectora de Políticas contra la Discriminación del Inadi, sostuvo que el organismo “supo ser el oído fundamental para aquellos y aquellas que no éramos escuchados por nadie, incluso para quienes éramos detenidas y torturadas por leyes que venían de la época de (la dictadura de 1966 de Juan Carlos) Onganía”.

“Es muy preocupante porque el Inadi es el segundo en América Latina y el Caribe, solo México tiene un organismo que lucha contra la discriminación y nuestro país es de avanzada en materia de derechos humanos justamente porque el instituto fue un bastión fundamental para ello”, afirmó.

“En épocas en donde arrecian mensajes violentos contra diferentes colectivos en relación al género, la orientación sexual, la identidad de género, la nacionalidad y la religión, entre otros, necesitamos sostener espacios de promoción y protección de derechos”, expresó por su parte Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped. Además, consideró que el Inadi es “un instituto pionero en la lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia”.

“Nadie, ni siquiera un gobierno como este, debería afirmar que hará algo que la ley prohíbe. El Inadi está creado por ley, si lo quieren cerrar tendrán que pasar por el Congreso”, repudió la escritora Claudia Piñeiro en su cuenta de X.

María José Lubertino, ex titular del Inadi durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuestionó en sus redes sociales el anuncio y le pidió al vocero Adorni: “Por favor podrías indicarnos cuál es el acto administrativo que sustenta esta información. En el Boletín Oficial solo está la designación de una interventora de ayer. Fue creado por ley. No hay necesidad ni urgencia en esto. No se puede derogar por decreto”.

MM con información de la agencia Télam.

El vocero Manuel Adorni anunció este jueves que el Gobierno nacional decidió “avanzar” con “el cierre definitivo” del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) como parte de la reducción de la estructura estatal decida por el presidente Javier Milei.

“No podemos hacer que la gente siga bancando con sus impuestos este tipo de cuestiones”, aseguró Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada y justificó: “Uno de los ideales del presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”.

“Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política o se usan para generar empleo militante. El primero de ellos va a ser el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo”, dijo el portavoz. “No vamos a seguir financiando ni rosca política ni lugares donde haya favores políticos. No podemos hacer que la gente siga sosteniendo con sus impuestos a la política”, fundamentó.

“El INADi tiene alrededor de 400 empleados, oficinas a lo largo y a lo ancho del país y estos institutos tienen la particularidad que en muchas oportunidades están conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad ”, subrayó Adorni. Y se lamentó por no poder aplicarlo de inmediato, ya que “por desgracia, por los tiempos burocráticos, esto no se puede hacer con la velocidad que uno quisiera”.

“Hay un sinfín de institutos que el Presidente está decidido a cerrar o desmantelar. Siempre dijimos que nuestra prioridad era que efectivamente el Estado debía achicarse. El plan de Gobierno achicar los gastos del Estado porque es la única herramienta para bajar impuestos, que es otra de las metas de mayor relevancia”, comentó Adorni.

El vocero presidencial aclaró que el cierre del Inadi no será inmediato, y sostuvo: “Nos encantaría que esté cerrado hoy, pero eso no puede ocurrir por cuestiones administrativas. En varios casos, (el cierre de los institutos) será por decreto y en otros, bastará con la decisión de cada ministerio. Lo iremos resolviendo instituto por instituto”, detalló.

También el subsecretario de Prensa nacional, Javier Lanari, se refirió a la decisión de cerrar el Inadi, una institución que, comentó “tenía más empleados que el Fuero Ordinario” de la Justicia porteña, donde “se investigan crímenes, violaciones y robos”.

“Cuenta con más de 40 oficinas en plena era digital. Ya no hay lugar para pagar favores políticos con cargos jerárquicos...”, escribió en su cuenta personal de la red social X.

El anuncio oficial se conoció un día después de que el Gobierno prorrogara por 180 días intervención del Inadi y nombrara a María Quiroga como interventora del organismo.

Qué es el INADI

El 5 de julio de 1995, durante la Presidencia de Carlos Menem, se sancionó la Ley 24.515 que creó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que comenzó sus tareas en 1997. Su primer presidente fue el periodista Víctor Ramos.

El INADI tiene por objeto elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, impulsando y llevando a cabo políticas públicas federales y transversales articuladas con la sociedad civil, y orientadas a lograr una sociedad diversa e igualitaria.

Entre sus principales objetivos de trabajo, el INADI:

Qué dice la ley que creó el INADI en 1995 y que empezó a funcionar en 1997

Ley Nº 24.515

Creación, objeto y Domicilio. Atribuciones y Funciones. Autoridades. Recursos. Disposiciones Finales.

Sancionada: Julio 5 de 1995.

Promulgada de Hecho: Julio 28 de 1995.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

CAPITULO I: CREACION, OBJETO Y DOMICILIO

ARTICULO 1º — Créase el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) como entidad descentralizada en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.

(Artículo sustituido por art. 2º de la Ley N° 25.672 B.O. 19/11/2002)

(Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 184/2005 B.O. 9/3/2005, se transfiere el INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado del ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR, a la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS).

ARTICULO 2º — El INADI tendrá por objeto elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal fin.

ARTICULO 3º — El INADI funcionará en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

CAPITULO II: ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

ARTICULO 4º — Corresponde al INADI:

ARTICULO 5º — El INADI podrá solicitar al Archivo General de la Nación y a todos los organismos del Estado Nacional y de los Estados Provinciales la consulta y extracción de fotocopias de la documentación relacionada con la existencia en el territorio argentino de personas que durante la Segunda Guerra Mundial, o que posteriormente a ella, participaron en el exterminio de pueblos, o en la muerte y persecución de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad u opinión política.

CAPITULO III: AUTORIDADES

Sección Primera - Órganos

ARTICULO 6º — El INADI estará dirigido y administrado por un Directorio, asistido por un Consejo Asesor con funciones consultivas.

Sección Segunda - Directorio

ARTICULO 7º — El Directorio estará integrado por nueve miembros: un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente y siete (7) Directores.

ARTICULO 8º — El Presidente y Vicepresidente serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta en terna por el Congreso de la Nación.

ARTICULO 9º — El Directorio estará integrado por siete miembros. Cuatro Directores serán representantes del Poder Ejecutivo Nacional, correspondiendo uno a cada uno de los siguientes Ministerios: del Interior; de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; de Justicia; y de Educación. Las designaciones deberán recaer en uno de los subsecretarios de cada Ministerio y serán efectuadas por el Ministro respectivo.

Los tres Directores restantes serán representantes de Organizaciones no Gubernamentales que cuenten con reconocida trayectoria en la lucha por los derechos humanos, contra la discriminación, la xenofobia y el racismo y se encuentren incorporadas en un registro especial público que se llevará en el Ministerio del Interior conforme establezca la reglamentación. Serán designados por el Ministerio del Interior a propuesta de las Organizaciones no Gubernamentales inscritas en el Registro previsto en este artículo y que resulten sorteadas. Durarán cuatro años en sus cargos.

ARTICULO 10. — El Directorio tiene a su cargo la dirección y supervisión de las actividades del Instituto, y corresponde al mismo:

ARTICULO 11. — El Directorio deberá sesionar por lo menos una vez por mes. La convocatoria la realizará el Presidente por medios fehacientes. Para sesionar y adoptar decisiones se requerirá como mínimo la presencia de cinco (5) miembros. Las decisiones se adoptarán por el voto de más de la mitad de los miembros presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá doble voto.

Sección Tercera - Presidente y Vicepresidente

ARTICULO 12. — Corresponde al Presidente:

ARTICULO 13. — El Vicepresidente desempeñará las funciones que el Presidente le delegue o encomiende, y lo reemplazará en caso de ausencia, impedimento o vacancia del cargo.

Sección Cuarta - Consejo Asesor

ARTICULO 14. — El Consejo Asesor estará integrado por un máximo de diez (10) miembros, que se desempeñarán con carácter 'ad honorem'. Serán designados por el Ministerio del Interior y durarán cuatro (4) años en sus funciones.

Las designaciones deberán recaer en personas representativas de Organizaciones no Gubernamentales y que cuenten con reconocida trayectoria en la lucha por los derechos humanos y contra la discriminación, la xenofobia y el racismo.

El conjunto de los miembros del Consejo Asesor deberá reflejar la variedad de áreas o sectores afectados por las problemáticas de la discriminación, la xenofobia y el racismo.

ARTICULO 15. — Corresponderá al Consejo Asesor proporcionar al Directorio asesoramiento sobre los asuntos de competencia del INADI, ante consultas concretas o por propia iniciativa.

CAPITULO IV: RECURSOS

ARTICULO 16. — Los recursos del INADI se integrarán con:

CAPITULO V: DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 17. — El Instituto que por esta ley se crea continuará las gestiones del actual 'Programa Contra la Discriminación', del Ministerio del Interior, quedándole afectados íntegramente sus bienes, personal, derechos y obligaciones.

ARTICULO 18. — El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará esta ley y adoptará las medidas necesarias para que el INADI se halle constituido y en funcionamiento en un plazo no mayor de noventa (90) días a partir de la fecha de promulgación de la presente.

La reglamentación deberá incluir las causales de remoción de los miembros del Directorio y del Consejo Asesor.

ARTICULO 19. — La presente ley entrará en vigencia el día de su promulgación.

ARTICULO 20. — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. — ALBERTO R. PIERRI. — EDUARDO MENEM. — Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. — Edgardo Piuzzi.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

Con información de agencias.

IG

El presidente Alberto Fernández y referentes de diferentes sectores políticos y sociales salieron hoy al cruce de las declaraciones de uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC), Miguel Ángel Pichetto, quien cuestionó a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, por su orientación sexual, por lo que desde el oficialismo pidieron “más educación sexual integral” para la clase política y será citado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

Pichetto había dicho anoche en declaraciones al canal La Nación+ que “el Ministerio de la Mujer no se expidió” sobre el caso Lucio porque esa cartera “está en manos de una chica que es lesbiana, pero si es ministerio de la mujer, podrían haber puesto una mujer”.

Luego de la polémica por sus declaraciones, el exsenador publicó una serie de tuits en los que señaló que su “intención fue denunciar que el Ministerio de la Mujer no repudió el asesinato de Lucio Dupuy por coincidir la orientación sexual de la ministra, con las de las perpetradoras del crimen”.

Sin embargo, Mazzina sí se había pronunciado sobre el caso en una entrevista con Télam el pasado 2 de febrero, cuando antes de conocerse el veredicto dijo que: “Hay dos responsables directas que tienen que ser condenadas por la justicia”, y sostuvo que en esa oportunidad estaba “hablando de Lucio para romper el silencio sobre las violencias hacia las infancias, en un contexto de hostilidad, de discursos de odio, con una derecha que nos dificulta el debate público”.

El Presidente se solidarizó con la ministra en un posteo que realizó en su cuenta de Twitter, donde manifestó: “Orgulloso @AyelenMazzina del trabajo que estás haciendo” y agregó que “las mentes cerradas no admiten la transformación positiva que ha vivido nuestra sociedad. Queremos más democracia, más derechos y más respeto en la diversidad. Los dinosaurios ya van a desaparecer, diría Charly García”.

A raíz de las declaraciones del referente de Peronismo Republicano, la titular del Inadi, Greta Pena, afirmó en sus redes sociales: “Convocaré a @MiguelPichetto a concurrir al Inadi para mantener una reunión acerca de las implicancias altamente nocivas de utilizar estereotipos para dirimir, a 40 años de la democracia, debates públicos”.

En esa línea, sostuvo que instruyó “al equipo jurídico” del organismo para que analice “las manifestaciones públicas del Auditor General de La Nación” contra la ministra “por asociar la orientación sexual e identidad de una persona con su idoneidad o posición política”.

Mazzina, por su parte, en su cuenta de la misma red social manifestó: “Soy mujer, lesbiana, feminista y Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación” y “lo invito a Pichetto a hablar de ESI cuando se sienta preparado”.

La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, dijo que las declaraciones de Pichetto “expresan discriminación, ignorancia, desprecio, y falta de respeto por las leyes que nos rigen” y manifestó que: “Para defender nuestros consensos democráticos necesitamos ratificar que la igualdad y la libertad para todas las personas solo es posible sin discriminación y valorando por igual todas las orientaciones sexuales, identidades de género, y cualquier otra diversidad”.

En esa línea, en su cuenta de Twitter, expresó: “Mi total solidaridad con @AyelenMazzina, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad”.

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, a su vez, manifestó su “más enérgico repudio a las expresiones de Pichetto: ”Qué catadura moral puede tener alguien que hostiga a otra persona para hacer política y mostrarse como un bolsonarista con el afán de capturar el público reaccionario“.

“Mi afecto y solidaridad con Aye y el colectivo LGBTQ+ y mi compromiso de seguir trabajando por la convivencia, para vivir con verdadera justicia social”, agregó Olmos.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, por su parte, contestó los dichos de Pichetto: “El ministerio, la ministra y el gobierno repudiaron el bestial asesinato de Lucio. Sobriamente y sin carroñear o hacer política sobre el dolor” y señaló que “la Aye es mujer y lesbiana, y hay funcionarios hombres y gays. Y diversidad. Y por eso pedimos más ESI para todos, todas y todes”.

La investigadora, socióloga e historiadora feminista, Dora Barrancos, consideró que “resulta gravísimo el ataque a la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad por razones de orientación sexual” y consideró que se trata de un “ataque artero a la vida democrática. Son estos los principios dichos liberales?”.

La periodista Nancy Pazos dijo a Télam que “las declaraciones de Pichetto sobre la condición sexual de la ministra Mazzina más que bronca dan lástima” y afirmó que “fue siempre un dirigente político conservador pero sarcástico e inteligente. Ahora es un abuelo que quedó en el siglo pasado sin entender de qué se trata el nuevo mundo”.

“Le queda una ardua tarea a sus hijos y nietos para ver si con amorosidad algún día puedan hacerle abrir los ojos y el corazón”, señaló la periodista.

Por su parte, el colectivo de funcionarias nacionales Mujeres Gobernando señaló en sus redes sociales que: “A 40 años de democracia, no podemos permitir estas expresiones discriminatorias, machistas y lesbofóbicas que generan condiciones de violencia contra las mujeres y diversidades” y manifestaron su repudio a “los dichos de Miguel Pichetto y nos solidarizamos con nuestra ministra @AyelenMazzina”.

La vicepresidenta del Comité Nacional de la UCR, María Luisa Storani, afirmó en Twitter que “la perversidad del asesinato de Lucio es una oportunidad política para los ultramontanos como Pichetto” y agregó: “Repudio sus declaraciones, desprestigian al país”.

Por su parte, la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete, Cecilia Gómez Mirada, expresó “todo mi repudio a las declaraciones Miguel Pichetto, que confunde, por ignorancia o a sabiendas, identidad de género con orientación sexual” y dijo que “Son los mismos que se dicen liberales y no son más que fascistas y conservadores de derecha”.

La presidenta del Instituto Cultural bonaerense e investigadora, Florencia Saintout, dijo que “Pichetto habla con odio, odio patriarcal, odio antidemocrático, odio a sus adversarios. Frente al odio no alcanza con repudiar. Hay que convocar a desarmar esos discursos armados” y se pronunció a favor de “un país donde vivamos todxs, con respeto y consideración”.

“Él usa ese aberrante caso para odiar. Nada tiene que ver lo que dice con nada de lo que pasó. No fue una tergiversación, hay una matriz de pensamiento histórica ahí”, advirtió Saintout.

A su vez, la diputada nacional del Partido Socialista, Mónica Fein, dijo que las declaraciones de Pichetto “son inadmisibles en un país que avanzó en el debate y la igualdad de género” y advirtió que “hay quienes aprovechan situaciones dolorosas para impulsar su mensaje de odio”.

“Pretende que este mensaje de odio se instale en la sociedad, debemos luchar desde los feminismos y las disidencias contra eso”, alertó Fein.

La diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, afirmó que “a Pichetto todo bondi reaccionario lo deja bien, con sus dichos intenta crear y reforzar prejuicios retrógrados en la población”, y recordó que “quienes militamos en defensa de los derechos humanos lo conocemos bien, allá por el 2000 Pichetto fue uno de los promotores de la legislación antiterrorista”.

“Y ahora, día a día, despliega todo su perfil derechista, como parte de una competencia en la que está gran parte de la dirigencia política: cada uno dice una barbaridad peor”, advirtió la diputada.

CRM con información de la agencia Télam

La titular del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Greta Pena, convocó este sábado al auditor general de la Nación y uno de los referentes de Juntos por el Cambio (JxC), Miguel Ángel Pichetto, a concurrir al organismo tras sus declaraciones sobre la orientación sexual de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, y advirtió que “hay límites que no podemos cruzar”.

“Convocaré a (Pichetto) a concurrir al Inadi para mantener una reunión acerca de las implicancias altamente nocivas de utilizar estereotipos para dirimir, a 40 años de la democracia, debates públicos”, dijo la funcionaria durante este mediodía a través de su cuenta de Twitter,

Tras advertir que “hay límites que no podemos cruzar”, Pena informó que instruyó al equipo jurídico del Inadi para “analizar las manifestaciones públicas del Auditor General de La Nación” contra la ministra “por asociar la orientación sexual e identidad de una persona con su idoneidad o posición política”.

La funcionaria anunció la convocatoria tras las manifestaciones realizadas anoche por Pichetto en un canal televisivo, donde criticó al ministerio que conduce Mazzina por su postura frente al asesinato de Lucio Dupuy y dijo que no está comandado por una mujer ya que su titular es lesbiana.

“(El Ministerio) está en manos de una chica que es lesbiana, que está bien. Yo creo en la libertad individual, creo en el derecho a la felicidad, voté todas las leyes de la igualdad. Pero si es Ministerio de la Mujer, podrían haber puesto a una mujer. Y podrían haber hecho una declaración coherente”, dijo Pichetto en declaraciones a LN+.

Al cruce de estos comentarios salió Mazzina, quien expresó este sábado a través de sus redes sociales: “Soy mujer, lesbiana, feminista y Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y lo invito a Pichetto a hablar de ESI cuando se sienta preparado”.

Las declaraciones de Pichetto generaron fuertes críticas por lo que el auditor general se retractó en sus redes sociales. “Ante la tergiversación de mis dichos en un programa televisivo, quiero aclarar que mi intención fue denunciar que el Ministerio de la Mujer no repudió el asesinato de Lucio Dupuy por coincidir la orientación sexual de la ministra, con las de las perpetradoras del crimen”, dijo.

Sin embargo, la ministra había repudiado el crimen y destacó a Télam la necesidad de “romper el silencio sobre las violencias hacia las infancias”. “Hay que hablar de las violencias a las infancias, romper el silencio, no hay que renunciar a la palabra, y hacernos cargo que como sociedad, como adultos, y como Estado particularmente, lo que sucedió es un hecho aberrante”, subrayó en una entrevista con esta agencia.

MB con información de agencia de noticias Télam

La abogada y periodista Greta Pena fue designada como la interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) en reemplazo de Victoria Donda, quien presentó su denuncia días atrás.

Su desembarco en el organismo se hizo oficial este martes a través de la publicación del decreto 15/2023 del Boletín Oficial, que contó con la firma del presidente Alberto Fernández.

Pena fue desde diciembre 2019 hasta ahora subsecretaria de Políticas de Diversidad, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Se trata de una especialista en políticas públicas en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación.

Además, se destacó por realizar trabajos que giraron en torno a temas de discapacidad, género, diversidades sexuales, comunidades étnicos-raciales, diversidades religiosas y acceso a la justicia, por ejemplo.

Por otro lado, fundó la asociación civil “100% Diversidad y Derechos”, que ya cuenta con más de 13 años defendiendo los derechos humanos.

Pena expuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica sobre diversidad sexual e identidad de género y también fue representante del Consejo Intergubernamental Iberoamericano de discapacidad. A su vez, fue parte del proceso de redacción de la Declaración de Antigua de UNICEF.

“Vengo al INADI para que sea el faro de los consensos que fuimos construyendo como sociedad, que se basan en la libertad, la igualdad y la no discriminación por ninguna condición. En ese camino, la educación será la herramienta privilegiada para que la Argentina ponga como valor su potente condición de comunidad diversa y plural”, manifestó.

“Nuestros objetivos serán profundizar el federalismo, fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil de defensa de derechos y acercar al INADI a cada habitante de nuestro país”, agregó.

Donda y una renuncia con polémicas

Donda anunció su renuncia horas antes de que se venciera su mandato, el sábado 31 de diciembre de 2022. En un duro comunicado, la ex funcionaria se descargó: “Hoy redacto estas líneas alejándome de mi rol institucional como titular del INADI, justamente convencida de que se dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo”. .

“Agravando fuertemente lo anterior, por el hecho de ser mujer y no encontrar en el gobierno nacional espacio legítimo para que nuestras voces sean debidamente escuchadas, hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del INADI, centralmente como consecuencia –según me informaron– de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público”, añadió Donda.

En otro tramo apuntó a la conducción en la Casa Rosada indicando que “se dejó de escuchar a las voces que desde hace tiempo largo venimos insistiendo en la necesidad de establecer instancias para llegar a una síntesis necesaria en medio de una gestión nacional que cada vez nos fue dejando con más sabor amargo y sin capacidad de respuesta a demandas crecientes y complejas para una sociedad que espera más de nosotros”.

La ex diputada nacional había asumido su cargo en el inicio de la gestión del presidente Fernández, en diciembre de 2019.

Con información de NA.

IG

El Gobierno informó que el presidente Alberto Fernández perdió confianza en Victoria Donda “para seguir al frente de la gestión del INADI” tras su salida del organismo. Así lo informó la secretaria de Gabinete, a cargo de Juan Manuel Olmos, a través de un comunicado en el que señaló que el funcionario del Ejecutivo le expresó la decisión del mandatario “de no renovar su intervención al frente del INADI”.

“Es necesario aclarar que los motivos transmitidos en dicha conversación fueron la pérdida de confianza del titular del Poder Ejecutivo en la capacidad de la Dra. Victoria Donda de seguir al frente de la gestión de dicho organismo; motivo por el cual la funcionaria tomó la decisión de renunciar 48 hs antes de la finalización de su mandato”, sostuvieron.

La aclaración surge tras el comunicado crítico de la exfuncionaria en el que expresó su “fin de ciclo” en el Gobierno y aclaró que se aleja “porque se dejó de escuchar allí donde más se debe”.

“Por otro lado, sobre las críticas públicas que la ex funcionaria realizó de la gestión nacional que encabeza el Dr. Alberto Fernández y que ella integró desde el 10/12/2019, es un derecho que la asiste como a todo militante político y no existe obligación alguna de tener un cargo público para realizarlas”, concluye la letra del Gabinete. 

El nombramiento de la ahora ex funcionaria se vencía este sábado 31 y según aclara Olmos, el mandatario decidió no renovarlo y designar a una autoridad en forma permanente al frente del INADI.

Tras su salida, Donda, militante alineada detrás del kirchnerismo, admitió que dejó su cargo después de una charla con el secretario del Gabinete quien le planteó que su continuidad estaba en duda debido a su postura política respecto al Gobierno.

“Había cierta incertidumbre sobre lo que iba a pasar (estaba nombrada como interventora) y no me pareció justo que por ser mujer y funcionaria tenga que dejar de lado mis posiciones políticas, simplemente por no coincidir con muchas de las decisiones que se están tomando desde una parte del Gobierno”, reveló en declaraciones radiales.

En la dura carta en la que expresó su salida, la militante argumentó: “Agravando fuertemente lo anterior, por el hecho de ser mujer y no encontrar en el gobierno nacional espacio legítimo para que nuestras voces sean debidamente escuchadas, hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del INADI, centralmente como consecuencia –según me informaron– de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público”.

Con información de Sofía Rojas, para NA.

IG

La titular del INADI, Victoria Donda, anunció este jueves que dejará su cargo al asegurar que “se cierra un ciclo” y que se decidió que no renovará el nombramiento en el que estaba como interventora. 

“Desde hace un mes estoy transitando el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos por el secuestrador y torturador de mis padres, responsable de su desaparición y de que yo haya nacido en la ESMA. Es un proceso que me recuerda quién soy, mi identidad personal y política”, escribió la dirigente en su cuenta de Twitter.

“Hoy se cierra un ciclo con mi alejamiento del Inadi, convencida de que las responsabilidades institucionales son etapas de un camino más extenso. Seguiré militando en el Frente De Todos por la sociedad libre, justa e igualitaria con la que soñamos y, sobre todo, merecemos”, agregó Donda.

Donda asumió como interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en diciembre de 2019 cuando Alberto Fernández llegó a la presidencia.

Más tarde dio a conocer la carta de renuncia que le presentó al presidente Alberto Fernández. “Hoy redacto estas líneas alejándome de mi rol institucional como titular del INADI, justamente convencida de que se dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo. Agravando fuertemente lo anterior, por el hecho de ser mujer y no encontrar en el gobierno nacional espacio legítimo para que nuestras voces sean debidamente escuchadas, hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del INADI, centralmente como consecuencia –según me informaron– de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público. Sólo escuchando, conociendo e interpretando a nuestro pueblo, podremos aportar para tener la sociedad libre, justa e igualitaria con la que soñamos pero, sobre todo, merecemos sin más postergaciones, titubeos ni marchas y contramarchas”, indicó Donda.

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Amnistía Internacional (AI) lleva adelante desde hace cinco años un relevamiento de conflictos titulado “Territorio Indígena”, donde documenta los reclamos indígenas a lo largo del país, sobre todo en lo que respecta a su derecho al territorio y recursos naturales. 

Paola García Rey, directora adjunta de la organización no gubernamental, dijo que “en la Argentina, los pueblos indígenas atraviesan situaciones reiteradas de violencia institucional que los estigmatiza, criminaliza y reprime. Algunos de ellos ni siquiera logran acceder a algo tan necesario como el documento nacional de identidad”.

Este año, la organización no gubernamental destacó la situación del pueblo Nivaclé, que “habita en Formosa desde tiempos inmemoriales. Pese a ello no es reconocido por la provincia y cerca del 30% de la comunidad no accede a las actas de nacimiento ni documentos, violando así el derecho a la identidad. De este modo, se profundiza la situación de vulnerabilidad y el riesgo de no tener nacionalidad alguna”.

Es preciso que casos como éste no queden en la impunidad y sean debidamente investigados, considerando la discriminación racial, exclusión e invisibilización histórica que enfrentan los pueblos indígenas en la Argentina.

Paola García Rey — Directora Adjunta Amnistía Internacional Argentina

Además, destacó el pedido de justicia de la comunidad Qom “por los abusos y tortura por parte de la policía chaqueña”. El 31 de mayo de 2020, agentes de seguridad de la Comisaría Tercera de la localidad chaqueña de Fontana ingresaron a una casa de la comunidad “por la fuerza, sin orden de allanamiento, y con violencia”.

El comunicado de AI detalló que “a la fecha, hay diez imputados en la causa incluyendo a la máxima autoridad de la Comisaría Tercera por los delitos de vejaciones agravadas, allanamiento y detención ilegal, falsedad ideológica y encubrimiento”.

Ley de emergencia territorial indígena

En este sentido, García Rey señaló que “en un día como hoy, Amnistía Internacional reitera el deber que tiene el Estado argentino en lo que respecta el cumplimiento de los derechos de los pueblos, la necesidad de detener la violencia policial y avanzar de manera urgente en la implementación de ley de emergencia territorial indígena”.

La ONG considera fundamental que continúe en vigencia la ley de emergencia territorial indígena 26.160 que suspende los desalojos y se propone relevar las tierras ocupadas por las comunidades originarias a lo largo del territorio nacional.También reiteró el pedido de información pública al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para conocer avances de este relevamiento.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió instaurar el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en conmemoración a la primera reunión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Poblaciones Indígenas, realizada en 1982.

Por su parte, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) remarca que “dentro de la población que vive en la Argentina bajo la línea de pobreza, están incluidos los pueblos indígenas, quienes históricamente, inclusive previo a la pandemia de COVID-19, enfrentan altas tasas de pobreza y falta de acceso a servicios básicos como el agua”.

En esta fecha, Amnistía Internacional llama al Estado argentino a garantizar derechos humanos, a detener la violencia policial y a prorrogar la ley de emergencia territorial indígena, cumpliendo así con su reconocimiento de “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”.

LC

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) calificó hoy como “estigmatizantes” y “discriminatorias” las expresiones de la ministra porteña de Educación, Soledad Acuña, y advirtió que exhiben “prejuicios ideológicos elitistas y un desprecio a la cosa pública en general” que generan “un grave daño institucional”.

Así se pronunció la entidad sobre lo manifestado esta semana por Acuña, en una entrevista, en la que consideró que los chicos que dejaron la escuela como consecuencia de la pandemia de coronavirus “ya están perdidos en los pasillos de una villa o cayeron en la actividad del narcotráfico”.

“Implica un grave daño institucional que la ministra Soledad Acuña se haya dirigido de manera discriminatoria a la población receptora de sus políticas. Más aún tratándose de menores de edad de grupos históricamente vulnerabilizados, que durante los últimos años tuvieron que sufrir además los efectos de una pandemia”, expresó el Inadi, a través de un comunicado.

También, remarcó que los dichos de la ministra de la gestión porteña que encabeza Horacio Rodríguez Larreta “se desentienden de sus obligaciones como funcionaria (garantizar la educación de calidad en tanto derecho humano para todos los sectores de la sociedad)”.

“Con su discurso suma una dimensión más a la discriminación, al responsabilizar a los grupos vulnerados de su situación y realizar asociaciones infundadas y estigmatizantes en cuanto a niñez, criminalidad, pobreza y educación pública”, agregó el instituto.

A su vez, el organismo resaltó que las declaraciones de Acuña “demuestran sus prejuicios ideológicos elitistas y un desprecio a la cosa pública en general, sesgo personal que ha manifestado en otras oportunidades y que es compartido por parte de su entorno político”.

Sobre el impacto de la pandemia de coronavirus, el ente contra la discriminación recordó que desató una situación “inédita” en lo social, lo educativo y lo sanitario “dejando cifras dramáticas”, en particular para los niños, a quienes afectó con “deficiencias elementales en condiciones básicas en un momento en que se encuentran en proceso de crecimiento” y con consecuencias “graves” a nivel intergeneracional.

Por último, el instituto nacional ponderó el programa “Escuelas sin Discriminación” que busca trabajar contra las prácticas discriminatorias y los discursos estigmatizantes en el ámbito educativo en todos los niveles“ y reforzó la idea de que ”la forma de encarar una recuperación es a través de un proyecto inclusivo y de mayorías desde el Estado, también en lo educativo“.

DA

El Inadi tomo intervención ante la denuncia por discriminación que presentó una familia contra un colegio religioso de Salta, por no aceptar alumnos que no se perciban con su sexo biológico, informaron este miércoles desde el organismo donde explicaron que ya se pidió la actuación del Ministerio de Educación salteño.

“Básicamente, el colegio solicita que si un niño tiene una percepción distinta de su género lo cambien de institución, y eso es discriminación”, dijo a Télam Verónica Geipel, quien denunció ante el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) al Instituto Timoteo.

En el formulario de inscripción para estudiantes el colegio aclara que “el Instituto Timoteo trata a sus alumnos de acuerdo con su sexo al nacer”.

En el mismo documento, la institución preguntó a tutores de los alumnos y alumnas si se comprometían a trabajar con el colegio en la búsqueda de un pase a otro establecimiento en caso de que, con el correr del tiempo, el niño, la niña o el joven decidan “ser tratados de una manera distinta, no de acuerdo con su sexo al nacer”.

Por su parte, el delegado del Inadi en Salta, Gustavo Farquharson, aseguró a Télam que el organismo recibió la denuncia que “argumenta que el Instituto Timoteo condiciona el ingreso de estudiantes según su sexo al nacer y compromete a las familias a buscarle otro colegio en el caso que haya una autopercepción de género distinto al asignado al nacer”.

“Desde el Inadi intervinimos, realizamos el traslado correspondiente a la institución denunciada y se solicitó al ministro de Educación provincial que arbitre los medios para la correcta y efectiva aplicación de la Ley de Identidad de Género 26743 y la Ley de Educación Sexual Integral 26150 en todos los establecimientos educativos, tanto públicos como privados de Salta”, dijo.

Geipel explicó que tomó conocimiento del formulario cuando su hermana averiguó un colegio para su hijo. “e habían hablado de esta institución, porque tenía buena educación. Fue a pedir un formulario de inscripción y no le dieron mayores detalles. Simplemente le dijeron que había lugar en la escuela y le dieron el formulario”, detalló.

“Hice la consulta al Inadi si correspondía hacer una denuncia, ya que me parece que estaba fuera de la ley. Me tomaron la denuncia y solicité la intervención al Ministerio de Educación de la provincia, que es el ámbito donde se tiene que resolver este tema”, expresó Geipel.

“Nos llamó la atención sobre todo por el caso de Santiago Cancino, cuyo cuerpo se encontró hace poquito, después de buscarlo durante cuatro años. Era una chica que se autopercibía varón”, expresó.

En este sentido, indicó que se trata de “un caso muy doloroso en Salta y justamente, a partir de esto, nos parece que no puede existir una discriminación de este tipo en ningún colegio”.

En diálogo con Télam, el asesor legal del instituto denunciado, Cristobal Canaves, aseguró sentirse “asombrado”, porque “hasta hoy el colegio no está notificado de absolutamente nada”, por lo que “no puedo opinar de algo que no sabemos a ciencia cierta de qué se trata”.

“Hasta el momento, ningún padre manifestó ninguna discrepancia, queja o malestar con el colegio”, sostuvo el letrado, quien expresó: “asesoro al colegio desde hace una semana y tengo entendido que se trata de un formulario que tiene años” , al que “si hay que adecuarlo se lo va a adecuar”.

Además, aseguró que el colegio “cumple con las dos horas semanales de Educación Sexual Integral de acuerdo a las normativas provincial y nacional”.

El Instituto Timoteo, que está ubicado en el barrio Santa Ana, de la zona sur de la capital salteña, es una institución educativa cristiana evangélica abierta, creada en 1993, que brinda educación a alumnos de los niveles Inicial, Primario y Secundario.

Con información de agencias.

IG

El fiscal federal Guillermo Marijuan apeló el sobreseimiento a la interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, en la causa que investiga si cometió un delito al ofrecerle a su exempleada doméstica un cargo en el organismo.

Donda fue sobreseída el jueves pasado por el juez federal Sebastián Casanello, quien entendió que “el hecho imputado no encuadra en una figura legal” y ahora esa decisión será revisada por la Cámara Federal porteña, a raíz de la apelación del fiscal, informaron fuentes judiciales.

Marijuan sostuvo que lo investigado “se adecúa a las figuras penales” denunciadas, en referencia a negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265 del Código Penal) y abuso de autoridad (artículo 248).

La denuncia se abrió luego de la difusión de una conversación que la funcionaria mantuvo con Arminda Banda Oxa, quien trabajó en su casa por 14 años, relacionada a su desvinculación laboral y en la que le ofreció gestionarle un subsidio o un cargo en el Inadi.

El último jueves, Casanello estableció que “sólo configuran delitos aquellas conductas que son consideradas antinormativas por estar previstas en nuestro Código Penal” y en ese marco subrayó que “sin ley previa que sancione penalmente un tipo de conducta, no es posible hablar de delito”.

“Este principio es uno de los pilares del Estado de Derecho”, remarcó el magistrado en el fallo por el cual sobreseyó a la titular del Inadi y que, tras la apelación de Marijuan, será analizado por la Cámara Federal.

Con información de Télam.

IG

El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó hoy a la interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), Victoria Donda, en la causa que investiga si cometió un delito al ofrecerle a su exempleada doméstica un cargo en el organismo, tras entender que “el hecho imputado no encuadra en una figura legal”.

“Me encuentro así en condiciones de reiterar que la indignación que puede generar un diálogo entre partes estructuralmente desiguales para llegar a acuerdos injustos, los incumplimientos laborales de una empleadora y/o la naturalización de un uso inapropiado y poco ético de la función pública, no alcanza para formular un reproche penal si es que faltan los elementos del tipo penal”, sostuvo el magistrado en el fallo.

De la resolución judicial se desprende que, más allá del diálogo entre Donda y la denunciante Arminda Banda Oxa, la funcionaria pública no ejecutó ninguna decisión, ni dictó resoluciones u órdenes que fueran contrarias a la legislación vigente; por lo que no se dieron los extremos para achacarle el haber cometido un acto que la colocare ante el incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública o un abuso de autoridad.

“Sólo configuran delitos aquellas conductas que son consideradas antinormativas por estar previstas en nuestro código penal. Sin ley previa que sancione penalmente un tipo de conducta no es posible hablar de delito, aun cuando el comportamiento observado sea injusto, inmoral o reprobable desde otros puntos de vista. Este principio es uno de los pilares del Estado de derecho”, sostuvo el magistrado.

“Para el caso en concreto, era necesario que esa suerte de predisposición contraria a las obligaciones y deberes de una funcionaria (cfr. Art. 2 ley 25.188), a la que se ha referido la Fiscalía -en este caso, Guillermo Marijuan- al hablar de interés, se hubiera visto plasmada en un acto concreto de desvío de poder sobre el cual la sanción penal pudiese actuar”, señaló Casanello.

El magistrado aclaró, de todas formas, que su decisión “tampoco ha de limitar ni de poner en cuestionamiento la legitimidad del reclamo que Benda Oxa ha efectuado en la Justicia laboral”.

DA

Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, se refirió este viernes al pedido de disculpas del presidente Alberto Fernández tras sus dichos del último miércoles cuando, junto a su par español Pedro Sánchez, citó una frase de una canción de Lito Nebbia que dice: “Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero los argentinos llegaron de los barcos”.

En declaraciones a radio La Red, Donda explicó que el INADI “no había iniciado ninguna acción y el Presidente se presentó en forma espontánea con una nota aclaratoria de sus dichos, pidiendo disculpas a quienes se sintieron ofendidos”. Y agregó: “Muchas veces nos podemos equivocar, porque somos el resultado de una educación racista”.

Asimismo, tras el hecho que generó críticas en todo el arco opositor y en los países aludidos, y el posterior pedido de disculpas de Fernández, la funcionaria consideró que es “histórico, destacable y una excelente práctica por parte de los funcionarios que salga a disculparse por algo que ofendió a distintas comunidades”.

Además, Donda remarcó que el INADI “representa y protege a esas comunidades y la carta es pública. El INADI no es el presidente, es autárquico y de hecho tenemos capacidad de accionar contra el mismo Estado Nacional. No está intervenido por el ministerio de Justicia, conserva su autarquía”, reflexionó.

También, la funcionaria destacó que las decisiones del INADI “no son apelables, porque no son actos administrativos, sino resoluciones u observaciones; se puede pedir una reconsideración, pero es ante el propio INADI”. 

IG

El presidente Alberto Fernández aseguró esta noche que se siente “orgulloso de la diversidad cultural” que caracteriza a Argentina y que “seguirá tomando acciones para defenderla”, en una carta enviada al Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo (Inadi) tras las controversias que se originaron a raíz de que afirmara que los argentinos “descienden de los barcos”.

“Nuestro gobierno se enorgullece y defiende la diversidad cultural de la Argentina. Hemos tomado decisiones en esa dirección y lo seguiremos haciendo”, señaló Fernández en uno de los párrafos de la misiva remitida a la titular del Inadi, Victoria Donda.

Fernández comienza su texto con el recuerdo de la cita “los argentinos descendemos de los barcos”, que formuló ayer durante un acto celebrado en el contexto de la visita del presidente de Gobierno español Pedro Sánchez.

El jefe de Estado señaló que “a quienes se sintieron ofendidos con mis dichos no dudé en disculparme”, pero advierte que esos dichos “han sido interpretados por algunos de modo que contradice” sus acciones de gobierno.

“Argentina es uno de los países que mayor inmigración recibió a finales del siglo XIX y principios del XX”, lo que genera “un lazo cultural insoslayable”.

En ese sentido, Fernández reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y “las situaciones de genocidio” que hubo en la historia argentina, y reconoce que hoy, diversos estudios reconocen que la mitad de la población del país “tiene ascendencia indígena”.

“Somos esa diversidad de la que estamos y debemos estar orgullosos. Somos (los argentinos) el resultado de un diálogo entre culturas”, remarcó el Presidente.

El mandatario pondera el legado de las culturas aztecas, mayas, incas e “innumerables pueblos originarios tuvieron las naciones de América latina y el peso de las culturas africanas y afroamericanas, también incluso en Argentina.

“Con todos esos antecedentes, las inmigraciones europeas han tenido incidencias variadas en la formación de nuestros pueblos”, subrayó el Presidente, y consideró que “hoy construimos nuevamente la Argentina en la Patria Grande”.

“Así lo hemos demostrado con nuestra defensa de la integración regional, en nuestra defensa del pueblo de Bolivia ante un golpe de Estado, en nuestra defensa de los derechos democráticos de cada país de la región, en nuestro trabajo conjunto con México por la vacuna, en nuestro trabajo en conjunto con los países de la región en el contexto de la pandemia”, señaló el jefe de Estado.

Y al respecto, agregó: “Los argentinos y argentinas, así como los latinoamericanos y latinoamericanas somos el resultado de nuestras mezclas y heterogeneidades. Estamos unidos con los pueblos originarios, afromericanos y con los inmigrantes que llegaron de Europa y de todas las latitudes”, destacó.

Por último, el Presidente reiteró sentirse “orgulloso” de la diversidad argentina, y aseveró que el gobierno “trabaja para una convivencia intercultural basada en el respeto y el reconocimiento de las diferencias”.

“Espero que estas palabras permitan comprender las principales ideas con las que he trabajado y seguiré trabajando en el futuro”, finalizó.

Da

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, presentó la línea gratuita 168, el nuevo número de atención para asistir a las víctimas de discriminación, racismo y xenofobia.

Desde el Inadi detallaron, a través de un comunicado, que la línea 168 funcionará todos los días, de 9 a 19 horas, incluyendo sábados, domingos y feriados; con lo cual se ampliarán también los horarios de atención para recibir las denuncias correspondientes.

“El cambio se da en el marco de un mejoramiento integral de este servicio para la comunidad, herramienta que tiene el Estado nacional para brindar un servicio de consultas y denuncias ante casos de discriminación, xenofobia y racismo”, añade el texto.

De esta forma, la línea 168, vigente en todo el territorio nacional, reemplazará el 0800 999 2345 que funcionaba hasta hoy, y se suma como una vía de contacto complementaria al correo 0800@inadi.gob.ar y a los formularios web disponibles en la página del Instituto.

Además, las personas sordas podrán enviar su video en Lengua de Señas Argentina (LSA) a las líneas de WhatsApp 1161853968 y 1164921079.

Según un trabajo de sistematización de las denuncias recibidas en el Inadi entre los años 2008 y 2019, los mayores motivos de discriminación durante estos 11 años fueron: Discapacidad (20,2%); Estado de salud (10,8%); Personas LGBTIQ+ (10,5 %), que agrupa las denuncias por discriminación hacia la orientación sexual (6,3 %) y hacia la identidad de género (4,2 %); Migrantes (7,9%) y Género (7,0%).

En cuanto a los ámbitos donde ocurren actos discriminatorios, los principales referidos fueron: laboral (29,9); educativo (11,4); administración pública (10,3); vía pública (8,2) y el barrio o vivienda (8,2).

La cantidad de denuncias recibidas se incrementó a lo largo del periodo considerado, pasando de un promedio de 1.900 en los primeros tres años (2008-2010) a 2.500 en los tres últimos (2017-2019).

Con información de agencias.

IG

Che, pibe, apagá el cigarrillo. 

Así, con seis palabras, empezó el calvario. Una pesadilla que acaso termine este miércoles 17 de febrero a las 10 en una audiencia en la que participará el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Ese día se presentará una apelación ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal para pedir la absolución de Mariana Gómez, condenada por besar a su mujer.

Eran las 12.30 del 2 de octubre de 2017. Mariana Gómez estaba con su esposa, Rocío Girat, en el domo de la estación Constitución. Como otros pasajeros, ellas se habían refugiado de la lluvia. “Charlamos, nos abrazamos, nos besamos”, declararía Rocío dos días después. También, como otros, fumaban. Habían viajado juntas desde Avellaneda a Constitución. Después, Marian se iba a tomar el subte para llegar a su trabajo. 

Eran días difíciles para Rocío: estaba por comenzar un juicio contra su padre, quien había abusado de ella en su adolescencia en Mar del Plata. Marian también sabía de abusos: ella y sus hermanas habían sido violadas por su padrastro y su abuelastro en su infancia en Olavarría. De hecho, se habían conocido en un canal de televisión pidiendo justicia.

Las dos aprendieron que vivir es defenderse, es seguir, es levantarse. Como hoy.

Ese 2 de octubre al mediodía notaron que dos efectivos de la Policía de la Ciudad las observaban.

En un momento, un empleado de Metrovías, José María Pérez, se acercó para decirle a Marian que en el lugar no se podía fumar.

“No hay ningún cartel que lo prohíba”, dijo Marian. 

Pérez llamó a uno de los policías que las miraban, y fue cuando todo empezó.

Che, pibe, apagá el cigarrillo, dijo el policía que no quiso identificarse.

Marian no obedeció. “Terminamos los cigarrilos y nos vamos”, dijo. Pero el oficial estiró el brazo, apoyó la mano en el pecho de Marian y le ordenó:

“Quedate acá que vas a ser detenido. Tu amiga se puede ir”.

“Soy la esposa”, lo enfrentó Rocío.

“¿Ah, sí? Mostrame el acta de matrimonio”.

Por suerte, la tenía en la billetera. De todos modos, más tarde, la registrarían como “soltera”.

El policía pidió la presencia de una agente femenina por handy y enseguida se presentó una compañera, Karen Villareal, que tomó del cuello a Marian para inmovilizarla y que el policía pudiera esposarla. En medio del forcejeo, Marian agarró del pelo a Villarreal “para no caer” y, en el proceso, le arrancó parte del cabello. La ART le daría seis días de licencia a Villareal, quien, según declaró el abogado de Marian, nunca presentó una denuncia contra su defendida. 

Rocío pedía a los gritos:

“¡No la golpeen, no la toquen!, ¿no ven que es mujer?”

El policía empujó a Rocío para que no siguiera molestando, redujo a Marian y apoyó su pie en el cuello de la joven que gritaba: 

“¡Me ahogo, no puedo respirar!”

La gente se acercaba, algunos filmaban con sus celulares. También Rocío empezó a filmar.

Llegaron otros efectivos policiales que rodearon a Marian.

“La amiga que se retire”, ordenó el que la había reducido. 

Marian permaneció esposada tres horas, hasta que la trasladaron a la estación policial de la estación Boedo de la Línea E. Su madre, Celeste Sibiliaga, Rocío y su abogado, Lisandro Teszkiewicz, se presentaron en el lugar. Allí supieron el nombre del oficial que había detenido a Marian: Jonatan Maximiliano Rojo. Recién a las 21, Marian Gómez fue liberada.

Dos días después, el 4 de octubre de 2017, las dos chicas presentaron declaración ante la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) del Ministerio Público Fiscal.

La pesadilla iba a continuar. Ahora, le tocaba el turno a la Justicia.

El 28 de junio de 2019, Día Internacional del orgullo LGBT, el Tribunal Oral Criminal N°26 (TOC) presidido por la jueza Marta Yungano, condenó a Mariana Gómez a un año de prisión en suspenso “por hallarla autora penalmente responsable del delito de resistencia a la autoridad en concurso real con lesiones leves agravadas por tratarse la damnificada de personal policial”. 

“Esto no puede ser, los pedófilos tendrían que estar presos y no nosotras”, dijo entre lágrimas Mariana al escuchar la condena. Cuando salía del tribunal se descompensó y debió ser asistida. 

La activista Lía Ghara, al salir de la sala, le dijo a la magistrada que era homofóbica. La jueza le sonrió con sarcasmo.

El 5 de julio, Yungano leyó sus argumentos. En la calle, Marian recibió muestras de apoyo de chicas con carteles con leyendas como “Absolución a Marian” o “Besar no es delito”. 

Hoy, Rocío hace un balance y dice: “En cuando al fallo lesbodiante, han sido años muy difíciles para nosotras, no solo porque mi compañera tiene antecedentes penales desde que fue procesada, no condenada. Se cortan un montón de posibilidades, como entrar en un trabajo inscripto. Se nos cierran más las puertas siendo parte de la comunidad, con lo difícil que es tener un poco de cupo y de inclusión, sobre todo para las lesbianas chongas y las más visibles como Marian”. 

“No esperaba que esto llegara a la instancia en la que estamos –dice Marian- sabiendo que pasan muchísimas cosas más graves, cuando nos matan todos los días, cuando hay denuncias de abuso sexual y ya sabemos las negativas que sufrimos tanto las disidencias como las mujeres. La situación económica no es muy buena y si me rectifican la condena tengo que pagar las costas del juicio. Mi trabajo es autogestivo, hago mantenimientos de hogar, no aporto pero sobrevivo. Las emociones se cruzan pero la onda no es explotar sino seguir avanzando y tener un fallo mejor”.

Este miércoles 17 a las 10, el abogado apelará ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, pidiendo la revocación del fallo y la absolución de Marian. Lo hará acompañado de una presentación del INADI como amigo del Tribunal, que desestimará el fallo por considerar que la aplicación de la sanción penal no corresponde en el caso de Marian. “No puede ser condenada por un delito que no cometió”, señala Emiliano Montini, Director de Asuntos Jurídicos del INADI. 

Teszkiewicz agrega: “El miércoles 17 los tres jueces varones de la sala 2 de la Cámara de Casación (Daniel Eduardo Morin, Horacio Leonardo Días y Eugenio Carlos Sarrabayrouse) van a escuchar nuestros argumentos. Creemos que el fallo es discriminador, lo caracterizamos como lesbofóbico ya que viene a convalidar una situación que ha envuelto a Marian Gómez durante estos años porque es mujer, porque es lesbiana y porque es pobre. Si Marian hubiera sido un hombre heterosexual rico, nada de todo esto hubiera pasado. Por eso, le estamos pidiendo a la Cámara de Casación que revoque el fallo y la absuelva”.

GS