La desocupación cerró 2025 en 7,5% y marcó el nivel más alto desde la salida de la pandemia en los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. El dato implicó una suba interanual de 1,1 puntos porcentuales respecto del 6,4% del cuarto trimestre de 2024, mientras que la tasa de empleo bajó de 45,7% a 45,0% y la de actividad pasó de 48,8% a 48,6%. El propio INDEC aclaró que, en la comparación interanual, la suba del desempleo sí resultó estadísticamente significativa, pero que las variaciones en actividad y empleo no lo hicieron.

El deterioro volvió a recaer con más fuerza sobre los trabajadores más jóvenes. Entre las personas de 14 a 29 años, la tasa de desocupación de las mujeres subió de 13,8% a 16,8% en un año, mientras que la de los varones pasó de 12,5% a 16,2%. En términos del informe técnico, eso significó aumentos interanuales de 3,0 y 3,7 puntos porcentuales, respectivamente. Para las edades centrales, de 30 a 64 años, el INDEC registró estabilidad. El mercado laboral, así, volvió a mostrar una puerta de entrada cada vez más estrecha para quienes buscaban su primer empleo o intentaban sostener trayectorias laborales todavía frágiles.

El dato general escondió además una presión laboral más amplia que la desocupación abierta. En el cuarto trimestre, los desocupados representaron el 7,5% de la población económicamente activa, pero a eso se sumó un 16,5% de ocupados demandantes de empleo y un 6,0% de ocupados no demandantes disponibles. En conjunto, la presión sobre el mercado de trabajo llegó al 30,0%. En otras palabras, no solo creció la cantidad de personas sin trabajo: también siguió siendo alta la proporción de quienes ya tenían una ocupación pero buscaron otra o quisieron trabajar más horas para completar ingresos.

La foto del empleo confirmó un mercado más precario y más fragmentado. Sobre 13,5 millones de ocupados en los 31 aglomerados urbanos, el 71,5% fueron asalariados y el 28,5% no asalariados. Dentro de este último grupo, el 86,9% correspondió a trabajadores por cuenta propia. A la vez, la informalidad laboral alcanzó al 43,0% de los ocupados, prácticamente en línea con un año antes. Es decir, aun cuando parte de la caída del empleo asalariado registrado se compensó con más monotributo, cuentapropismo o changas, eso no alcanzó para evitar que el desempleo avanzara ni para revertir la degradación de las condiciones de inserción laboral.

La población desocupada también mostró un sesgo generacional nítido. En la composición del total de personas sin trabajo, los varones de hasta 29 años representaron el 27,9% y las mujeres de hasta 29 años el 23,1%. Sumados, explicaron más de la mitad de la desocupación total medida por la encuesta. A la vez, el 46,7% de las personas desocupadas fueron hijos o hijas dentro del hogar, otro indicador de que la pérdida o la falta de empleo se concentró en franjas más jóvenes y en hogares donde la inserción laboral todavía dependió de trayectorias inestables.

Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, ya había advertido con datos del SIPA que el deterioro del empleo registrado seguía profundizándose. El 13 de marzo escribió: “En lo que va del gobierno de Javier Milei 288.815 asalariados perdieron su trabajo. Apenas se compensa con un fuerte aumento del monotributo”. En el mismo hilo sostuvo que el empleo privado registrado acumuló siete meses seguidos de destrucción, que en el sector privado ya se perdieron más de 200.000 puestos en dos años y que la industria eliminó casi 40.000 empleos durante 2025, sobre todo en el segundo semestre.

La combinación entre más monotributo, más cuentapropismo y más búsqueda de horas o empleos adicionales no funcionó como una salida para quienes trabajaron. Los datos del INDEC mostraron que la tasa de empleo no recuperó el nivel de un año atrás y que el desempleo sí avanzó. El resumen ejecutivo del organismo estimó además 1,1 millones de desocupados y 13,5 millones de ocupados en el universo cubierto por la EPH urbana. En ese cuadro, la expansión de formas laborales más inestables no operó como compensación real de la pérdida del empleo asalariado, sino como parte de un mercado que absorbió peor y con menos protección a quienes necesitaron trabajar.

La región más afectada por la desocupación volvió a ser el Gran Buenos Aires, con una tasa de 8,6%, seguida por la región Pampeana con 7,7%. En los aglomerados de 500.000 habitantes y más, el desempleo llegó al 8,0%, contra 4,7% en los de menor tamaño. Esa concentración territorial importó porque allí se ubicó una parte decisiva del empleo industrial, comercial y de servicios urbanos que en los últimos meses mostró señales de contracción. Campos advirtió justamente que, además de la industria, el comercio empezó a exhibir una fase contractiva en el segundo semestre de 2025, con potenciales efectos más graves sobre el mercado laboral.

Para quienes trabajaron o buscaron hacerlo, el cierre de 2025 dejó una evidencia difícil de discutir: aumentó la desocupación, no mejoró el empleo y la crisis pegó más fuerte entre los jóvenes. El monotributo y el cuentapropismo absorbieron una parte del golpe, pero no evitaron que creciera la cantidad de personas sin empleo ni que se ampliara la presión sobre el mercado de trabajo.

JJD

El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, encabezado por ATE, anunció un paro nacional para el 11 de febrero, fecha en la que el Senado comenzará a debatir la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La decisión fue tomada tras una reunión que reunió a representantes de diversos sectores del Estado, incluidas áreas sensibles como salud, justicia, energía, vialidad y educación.

La convocatoria no será una medida aislada. Los sindicatos adelantaron que se organizarán movilizaciones simultáneas en distintas provincias para presionar a los gobernadores que respaldan el proyecto oficial. “Tenemos que hacerles sentir todo nuestro rigor a los mandatarios. Nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”, denunció el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

El sindicalista remarcó que la huelga debe ser parte de un plan de lucha más amplio, que incluya acciones previas y posteriores. “No podemos esperar al 11 para reaccionar. Tenemos que estar en la calle antes de que el proyecto comience a tratarse”, sostuvo. En ese marco, ATE y los gremios que integran el frente evalúan establecer un cronograma de protestas escalonadas en las provincias que expresen apoyo al oficialismo.

La reforma laboral, uno de los ejes centrales del paquete de leyes que el Gobierno buscará aprobar en las sesiones extraordinarias de febrero, propone modificaciones estructurales que también afectan al empleo estatal. A pesar de que el Ejecutivo sostiene que la iniciativa se orienta al sector privado, desde ATE advirtieron que numerosos organismos públicos se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo, que el proyecto busca modificar.

Entre las dependencias involucradas mencionaron a PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, AFIP, Aduanas, la Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), ACUMAR, el Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo y Belgrano Cargas.

Además de los cambios propuestos en indemnizaciones, jornada laboral y período de prueba, el frente sindical denunció un punto crítico que afecta directamente al Estado como empleador: la eliminación de la presunción de relación laboral en el caso de monotributistas. Según ATE, este punto busca “perpetuar el fraude tanto en el Estado nacional como en provincias y municipios” mediante el uso extendido de contrataciones precarias bajo esa figura tributaria.

“El Gobierno pretende quitarle protección a los trabajadores y multiplicar el poder de los patrones. Esto no puede terminar en nada bueno”, alertó Aguiar. También señaló que se trata de un intento de retroceder “más de 100 años” en materia de derechos laborales, al socavar garantías básicas y principios constitucionales. “No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la Constitución. Al Gobierno hay que ponerle límites y decir basta”, afirmó.

En la reunión donde se resolvió la medida participaron también representantes de gremios judiciales, portuarios, docentes e investigadores universitarios, jubilados, abogados laboralistas, exjueces del fuero laboral y académicos especializados. Todos coincidieron en que la reforma representa un intento de “desestructurar el sistema de empleo público” y debilitar la organización sindical.

Mientras La Libertad Avanza avanza en las negociaciones con gobernadores y bloques aliados, y Patricia Bullrich inicia contactos en el Senado para garantizar la sanción del proyecto, el anuncio del paro eleva la tensión social y gremial. La jornada del 11 de febrero aparece como un nuevo hito de conflicto entre el Gobierno y el movimiento obrero.

JJD

El diputado libertario Santiago Santurio presentó un proyecto de ley para consagrar que los repartidores de plataformas digitales no son trabajadores en relación de dependencia, sino prestadores de servicios autónomos. Si se aprueba, quedarán por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo y de cualquier norma laboral, sindical o previsional. El texto representa el intento más explícito del oficialismo por legalizar un modelo de trabajo sin derechos.

La propuesta, titulada “Régimen de Autónomos Digitales en Plataformas de Delivery”, establece que toda la relación entre las aplicaciones como Rappi, PedidosYa o Uber Eats y sus repartidores se regirá únicamente por el derecho civil y comercial. En otras palabras: serán contratos privados, no laborales.

“En ningún caso esta relación se interpretará como una relación de dependencia laboral”, señala el artículo 2 del proyecto. Para blindar esa posición, el texto prohíbe explícitamente que jueces puedan considerar lo contrario, aunque existan elementos habituales del vínculo laboral, como exclusividad, habitualidad u horario.

Libertad o desprotección

En sus fundamentos, Santurio —representante del bloque oficialista La Libertad Avanza— justifica el proyecto en nombre de la libertad individual, la autonomía de la voluntad y el libre mercado. Cita a Juan Bautista Alberdi y asegura que los repartidores “eligen libremente” cuándo y cómo trabajar, sin depender de un empleador. Según su visión, los marcos laborales actuales pertenecen al siglo XX y solo entorpecen la innovación.

Pero, en los hechos, el proyecto legitima una forma de trabajo sin salario mínimo, sin cobertura por accidentes, sin licencias, sin ART, sin aguinaldo ni aportes jubilatorios, y donde toda la carga fiscal y previsional recae sobre el repartidor.

“Es la institucionalización de la precariedad”, opinó ante este medio un abogado laboralista que prefirió no dar su nombre por temor a represalias. “El discurso de la autonomía es tramposo: estos trabajadores no tienen poder de negociación ni condiciones reales para ejercer esa libertad que el proyecto dice proteger”.

Un régimen sin Estado

El articulado también excluye la intervención del fuero laboral. Cualquier conflicto deberá resolverse en tribunales civiles o mediante arbitrajes privados, acordados entre partes que no tienen igual peso.

Las plataformas no tendrán ninguna obligación en materia de aportes ni retenciones fiscales o previsionales. Todo quedará a cargo del repartidor. Según el texto, eso no implica desprotección, sino un “cambio de paradigma”.

“Es un proyecto coherente con la ideología de un Estado mínimo. Pero lo que llama la atención es la crudeza: directamente niega la existencia del trabajo dependiente en este sector, cuando hay fallos judiciales y dictámenes que demuestran lo contrario”, señaló la socióloga laboral Ana Laura López, especialista en empleo y plataformas.

¿Qué cambiaría si se aprueba?

Hoy, en la Argentina, no existe una ley específica que regule el trabajo en plataformas, pero distintos fallos laborales —como el del caso “Rappi c/AFIP” de 2022— han reconocido la existencia de relación de dependencia. El proyecto de Santurio busca bloquear judicialmente esa posibilidad.

De aprobarse, las empresas que hoy operan en la informalidad pasarían a operar dentro de un nuevo marco formal, pero sin asumir ninguna responsabilidad laboral. Lo que hoy es precarización de hecho se convertiría en precarización de derecho.

Además, el texto deroga cualquier norma que se oponga a su interpretación, lo que podría generar un efecto de arrastre hacia otras actividades digitales.

Entre la flexibilidad y la desigualdad

El debate sobre el trabajo en plataformas no es exclusivo de Argentina. En Europa, la discusión está abierta, y países como España han optado por reconocer la relación laboral de los repartidores. En Estados Unidos, el panorama es mixto y objeto de múltiples litigios.

El problema no es la tecnología ni la flexibilidad, sino la falta de garantías básicas, advierte López. “Este proyecto parte de una ficción: que los trabajadores pueden negociar de igual a igual con las plataformas. Pero eso no sucede. No hay libertad real sin protección mínima”.

El oficialismo busca avanzar con esta ley en el marco de su agenda de desregulación laboral, que ya intentó incluir en la Ley Bases reformas que luego fueron frenadas por la Justicia. Esta vez, el blanco son los repartidores, uno de los sectores más expuestos y más invisibilizados del nuevo mapa del trabajo.

JJD

El tope de facturación anual del monotributo pasará de 82 a 95 millones de pesos, anunció el subsecretario de Prensa de la Presidencia, Javier Lanari. El funcionario dijo que “equivale a 74.500 dólares por año”. Y recordó que “en diciembre de 2023 (cuando asumió el gobierno de Javier Milei), el máximo era de 6.300 dólares anuales (12 veces menos)”.

Con el dato de inflación de la primera mitad del año, que el INDEC informará este lunes, se modifican el Mínimo no imponible y las escalas del impuesto a las Ganancias.

También se actualizan los niveles de facturación de las categorías y el valor de las cuotas del Monotributo.

En tanto, con el porcentaje de inflación de junio, queda determinado el aumento de las jubilaciones y pensiones de agosto.

Estos cambios se deben a que las deducciones y alícuotas de Ganancias se actualizan en forma semestral, según la evolución del IPC en los meses de enero y julio.

También se actualiza del mismo modo el Monotributo en los montos de facturación, alquileres devengados, el monto del impuesto y las cotizaciones previsionales.

El mínimo no imponible de Ganancias -que indica los ingresos que se puede percibir sin estar alcanzado por ese impuesto- pasaría de $ 2,3 millones a $ 2,6 millones mensuales para los sueldos brutos de los solteros sin hijos. Y casado con 2 hijos de $ 3 millones en casi $ 3,5 millones.

Además, se incrementan los valores máximos que pueden deducirse del ingreso sujeto al impuesto (base imponible) por determinados gastos, como el de salarios del servicio doméstico, el de gastos educativos de los hijos y el de alquiler de la vivienda.

Esas deducciones deben registrarse en el Formulario F572Web a través del sistema Siradig Trabajador.

Los ingresos por encima del Mínimo No Imponible y demás deducciones quedan alcanzados con alícuotas progresivas que van del 5 al 35% y se aplica sobre la ganancia neta.

En el caso del Monotributo, la primera categoría (A) pasaría de facturar hasta $ 7.813.063 anuales a $ 9 millones. Y la categoría más alta de $ 82.370.281 anuales a $ 95 millones.

Por su parte, las cuotas mensuales subirían en torno del 15,3/15,6%. Así, la categoría de $32.221 ascendería a poco más de $ 37.000. La categoría B de $ 36.679 pasaría a más de $ 42.000. Y así hasta la categoría máxima. Los nuevos valores rigen de agosto a enero 2026.

Una vez que ARCA publique las nuevas tablas, los monotributistas podrán recategorizarse.

Para la recategorización habrá plazo hasta el 5 de agosto. “No deberán efectuar ninguna acción quienes mantengan la misma categoría, ni quienes tengan menos de 6 meses de actividad”, según ARCA.

Los períodos de recategorización son cada 6 meses, y cuando llegan se debe evaluar la actividad de los últimos 12 meses. Si hubo cambios en los ingresos, alquileres, superficie del local o energía consumida, hay que ingresar con clave fiscal para recategorizarse; si no se hace, se entiende que no hubo cambios y se permanece en la misma categoría.

Por su parte, si un contribuyente no se recategorizó o lo hizo de manera inexacta, ARCA puede “recategorizarlo de oficio.

El procedimiento se inicia cuando se detectan compras, gastos o acreditaciones bancarias por un valor superior a los ingresos brutos anuales máximos admitidos para la categoría en la cual se está encuadrado.

ARCA informó que “en los próximos días se habilitará el acceso para realizar la recategorización, luego de la publicación de los nuevos valores del índice de precios al consumidor (IPC). Tendrás tiempo hasta el 05/08 para revisar tus ingresos de los últimos 12 meses y completar el trámite, si corresponde”.

Con información de NA.

IG

El papa Francisco iba a inaugurar el pasado 13 de febrero en el Vaticano una jornada titulada “Justicia fiscal y solidaridad: hacia un hogar común inclusivo y sostenible” para discutir el papel de la tributación de las multinacionales y los súperricos para reducir la desigualdad, combatir el cambio climático y financiar el desarrollo sostenible. Es decir, esos que cada vez pagan menos impuestos en el mundo y también la Argentina de Javier Milei. Pero ese día ya se sentía mal y le escribió una carta a uno de sus organizadores, el exministro de Economía Martín Guzmán, explicándole que no podría asistir pero que apoyaba la iniciativa. Al día siguiente, fue internado.

En el congreso hablaron por videoconferencia los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de España, Pedro Sánchez, y en vivo lo hicieron los exlíderes africanos Thabo Mbeki, de Sudáfrica, y Amina Touré, de Senegal. También el Nobel de economía Joseph Stiglitz y dos de sus discípulos y exministros de Economía: Guzmán —que cultivó una estrecha relación con el pontífice— y José Antonio Ocampo, de Colombia. Participaron además el director del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, Gabriel Zucman y Abigail Disney, heredera de la familia del gigante audiovisual e integrantes del colectivo Patriotic Millionaires que abogan por abonar más gravámenes; entre otros referentes de la materia.

Muerto Jorge Bergoglio, queda la pregunta de quiénes liderarán movidas semejantes en un mundo que baila al compás del presidente de Estados Unidos, el magnate Donald Trump, y su secretario de Eficiencia Gubernamental y mayor multimillonario del orbe, Elon Musk. Guzmán lo reconoce como un “líder único” que promovía el “la economía de mercado pero con regulaciones para la gente, como los impuestos”, según confían quienes los frecuentan.

“Hay una movida internacional para promover activamente la elusión impositiva de las grandes corporaciones multinacionales, que incluye a referentes que se beneficiaron de las innovaciones financiadas por los Estados, como, por ejemplo, Musk con Tesla”, apuntó entonces Guzmán, integrante de las dos entidades que organizaron aquel evento, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, según sus siglas en inglés) y la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. “A esta movida, Trump le da más vuelo. En nuestro país, Milei se dedica a hacer los coros de los estribillos que están escribiendo otros con poder internacional rea. El sistema tributario internacional toca el núcleo de la capacidad de las sociedades para el desarrollo de la educación, la salud, la ciencia y las infraestructuras. El desarrollo de una verdadera libertad y de una verdadera meritocracia. En lugar de apuntar a tener más países parecidos a Suecia, que está entre las sociedades más desarrolladas del mundo, estos grupos están trabajando para sociedades más desiguales, con más poder para quienes ya son poderosos, y un mayor desempoderamiento de los pueblos. Nosotros trabajamos en contra de eso y a favor del desarrollo de los pueblos”, concluyó el exministro.

El fenómeno es global y argentino. En enero, en paralelo al Foro de Davos, la organización Oxfam advirtió que en 2024 la riqueza de Trump y los otros nueve hombres más ricos del mundo creció en promedio 100 millones de dólares diarios, mientras la pobreza global se ha mantenido casi sin cambios desde 1990, según el Banco Mundial. Por eso, llamó a reducir la desigualdad, cortar la transferencia de riqueza de los países subdesarrollados a los desarrollados y “aumentar los impuestos a los más ricos para poner fin a la riqueza extrema”. “El diseño del sistema fiscal internacional debería acordarse en las Naciones Unidas para lograr que tanto las grandes fortunas como las empresas más poderosas paguen realmente lo que justamente les corresponde. Es vital también acabar con el funcionamiento de los paraísos fiscales. Oxfam estima que la mitad de los milmillonarios del mundo vive en países que no aplican ningún tipo de impuesto a las herencias, donaciones o sucesiones, en el legado de su riqueza a sus descendientes directos”, advirtió Oxfam. El 68% de los que tienen más de US$1.000 millones en el mundo viven en los países desarrollados, donde habita el 21% de la población mundial, y el 60 % de la riqueza de los milmillonarios es heredada, está marcada por el clientelismo o vinculada al poder de monopolio, según la organización fundada en Reino Unido y con sede central en Kenia.

En la Argentina, el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), que integran nueve ONG de derechos humanos, medio ambiente, economía y otros asuntos públicos, advirtió este mes en un mensaje de la red X, la de Musk: “¿Quién está pagando más impuestos en Argentina hoy? Spoiler: no son los más ricos”. En un trabajo coordinado por la economista Malena Vivanco, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), se analizó que el 7% de aumento real (ajustado por inflación) de la recaudación tributaria de febrero pasado había obedecido a un alza del 44% de lo recolectado por el impuesto a las ganancias, un 7% del IVA —es decir, al consumo—, un 304% del gravamen a los combustibles, mientras bajó 47% lo recogido por Bienes Personales, también llamado tributo a la riqueza; y se eliminó el impuesto PAIS.

“El sistema tributario argentino es estructuralmente regresivo: al cobrar impuestos, el Estado profundiza la desigualdad”, planteó ETFE. “¿Por qué? Porque la mitad de lo recaudado a nivel nacional proviene del IVA, un impuesto que afecta más a quienes menos tienen. Mientras tanto, los impuestos a la riqueza nunca superaron el 3% en los últimos 20 años. ¿Y esto mejoró últimamente? No. Todo lo contrario. El paquete fiscal de 2024 benefició a los que más tienen bajando al mínimo el impuesto a los Bienes Personales. ¿Cómo? Subió el mínimo no imponible: menos gente lo paga; bajaron las alícuotas; y se eliminó la sobrealícuota a bienes en el exterior. Resultado: el aporte de los más ricos cayó a la mitad. Bienes Personales pasó de representar el 1,34% al 0,67% de la recaudación total entre febrero de 2024 y el mismo mes de 2025. Un desplome que favorece al 1% más rico”.

“También se eliminó el impuesto PAÍS, que se cobraba sobre operaciones en dólares y financiaba al PAMI y la ANSES”, apunta a los organismos que sostiene la salud de los adultos mayores y las jubilaciones, pensiones y asignaciones por hijo. “Esto puede traducirse en recortes a jubilados y pensionados”, agreg ETFE. “¿Y Ganancias? Se revirtió la medida de 2023 que eximía del pago a asalariados de ingresos medios y altos. Si bien es justo que los altos ingresos paguen más impuestos, esto se hizo en un contexto de fuerte deterioro del salario de los trabajadores. El retorno del impuesto a las ganancias afectó en la práctica a la clase media y media alta. Mientras tanto, los más ricos de los ricos fueron beneficiados con la reducción del impuesto sobre los bienes personales. El Gobierno asumió con la consigna de bajar los impuestos, pero en los hechos solo redujo lo que pagan los más ricos”.

“Me dijeron, no sé si es verdad, que hay más de US$200.000 millones bajo el colchón y Dios sabe dónde. Si ese dinero se invierte en Argentina, imaginen lo que sería ese país”, planteó esta semana la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que antes se codeaba con el papa y el entonces ministro Guzmán y ahora, en cambio, se congracia con Trump, Milei y su jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. Pero lo cierto es que la cifra es mucho mayor y se sabe dónde está.

Magdalena Rua, integrante de ETFE, contador, magister en economía política y docente, calculó por última vez en 2019, con una metodología distinta de la del Instituto de Estadística (Indec), que había US$431.000 millones fuera del sistema financiero argentino, frente a 300.000 millones de la estimación oficial. Es decir, un 43% más. Ahora el Indec habla de 400.000 millones, de los cuales 246.000 millones son inversiones líquidas, desde efectivo y cuentas bancarias, a las que se refiere Georgieva; 102.000 millones son de cartera (acciones, bonos); y 51.000 millones, activos como empresas o inmuebles. Pero si la cifra está subestimada, quizá en realidad sean en total US$572.000 millones. Y no están escondidos bajo el colchón sino que tienen como primer destino Estados Unidos, según Rua.

Otra economista de ETFE, Verónica Grondona, exfuncionaria de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y actual asesora de ICRICT, apunta que los ricos del mundo, incluida la Argentina, resguardan sobre todo su patrimonio en los países con mayor secreto fiscal. Según la organización Tax Justice Network, esos son Estados Unidos, Suiza, Singapur, Hong Kong —que guarda un status especial dentro de China—, Luxemburgo, Japón, Alemania, Emiratos Árabes, las Islas Vírgenes Británicas —por fin, unas del Caribe— y la compatriota Guernsey, en el Canal de la Mancha. ¿Cómo se esconden ahí? “Las estructuras jurídicas usadas son los fideicomisos o trusts, las fundaciones privadas y las limited companies en el caso de Estados Unidos”, explica Grondona. Estas sociedades funcionan como mamushkas: una es dueña de otra, que a su vez es de otra y sólo al final aparecen los nombres de los verdaderos dueños.

“La información de cuentas en el exterior se recibe en la ex AFIP, hoy ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) gracias al intercambio automático de cuentas financieras, pero la información que llega de Estados Unidos a la Argentina, al igual que el resto de los países con acuerdos similares, es muy limitada... Estados Unidos es una gran guarida fiscal”, alerta Grondona. “En el resto de los países, ARCA recibe la información, la ve, la audita, pero si esta detrás de un trust, no puede hacer nada. Sobre esto hay ya algunos fallos locales”.

Para tomar una dimensión de dónde está el dinero negro se puede recordar lo blanqueado tanto en el gobierno de Mauricio Macri en 2016/2017 y ahora con Milei. En aquella amnistía fiscal se registraron US$116.000 millones. En las primeras dos etapas de las tres del blanqueo actual, US$32.000 millones, es decir, un cuarto de lo que se regularizó hace ocho años. No fue récord, como alardeó el autocandidateado a Nobel de economía. Aquel “sinceramiento fiscal”, como le llamó Macri, apuntó sobre todo a los bienes en el extranjero. El actual buscó el efectivo que se encanuta en cajas de seguridad en bancos o se esconden en las casas.

De los US$116.000 millones, casi la mitad eran inversiones en sociedades extranjeras, que a su vez tienen activos. Son como las que tenían sin declarar el diputado del PRO Cristian Ritondo o el mismísimo jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, justo el que se supone que debe luchar contra la evasión. De esas sociedades, la mayoría de las blanqueadas eran de Estados Unidos, Suiza e Islas Vírgenes Británicas.

Poco más de un cuarto de lo registrado eran cuentas bancarias. A su vez, un cuarto de ese cuarto eran en la propia Argentina. Acaso estaban a nombre de testaferros. La inmensa mayoría, del exterior, con Estados Unidos, Suiza y Uruguay picando en punta.

En tercer lugar, se blanquearon inmuebles. Dos tercios, en el propio país, inscriptas antes a nombre de terceros quizás. Un tercio, en Uruguay, Estados Unidos y Brasil.

En la actual amnistía tributaria —ese nombre se le da en otros países y es el más apropiado porque se perdona un incumplimiento que pasada cierta cifra constituye delito encarcelable, es un robo peor que el que cometen los violentos ladrones del conurbano, por ejemplo— dos tercios provinieron del cash y debieron depositarse en bancos. Ya más de un quinto de lo ingresado fue después retirado. El otro tercio blanqueado fueron inmuebles, vehículos, participaciones societarias, criptomonedas y cuentas bancarias en el exterior, empezando por Estados Unidos, Uruguay, España y Suiza.

Si quedan admiradores de Francisco o soñadores de la justicia tributaria, deberán apuntar por aquellos lados. Pero en el mundo hay un Trump que quiere bajar impuestos a los ricos, archivó la idea de un impuesto mundial a las empresas tecnológicas —las que más ganan y las que menos tributan porque se radican en países de baja imposición—, mientras que en la Argentina Milei elogia a los evasores, sus diputados y sus opositores aliados le votaron la rebaja de Bienes Personales y el alza del monotributo para los que menos ganan, los trabajadores de ARCA denuncian el cierre de receptorías y distritos y la intención gubernamental de reemplazarlos por inteligencia artificial, mientras Vázquez permanece inmune en la DGI.

AR/JJD

Monotributo, Impuesto a las Ganancias y jubilaciones y pensiones se actualizarán a partir del nuevo dato de inflación de 2,7% en diciembre, difundido ayer por el Indec.

En el caso del Monotributo, los parámetros se incrementarán un 21,13%, correspondiente a la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2024, impactando a más de 3,5 millones de contribuyentes. 

Así, la cuota mensual de la categoría más baja (A) subirá de $26.600 a $32.220, mientras que el límite anual de facturación para la categoría más alta (K) se elevará de $68.000.000 a $82.368.000.

Esto se debe a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley 27.743, que establece la actualización semestral de los parámetros del Monotributo —incluyendo los límites de facturación, alquileres devengados y cuotas mensuales— en enero y julio de cada año fiscal, aplicando el coeficiente de inflación del semestre anterior. 

Por su parte, la recategorización deberá realizarse hasta el 5 de febrero, según determinó ARCA (ex-AFIP). El 20 de enero vencerá el pago de la cuota mensual, sin modificaciones adicionales.

En cuanto al Impuesto a las Ganancias, la Ley 27.743 también estipula una actualización semestral en enero y julio. Sin embargo, el decreto 652/2024 estableció una excepción para enero de 2025: la actualización se basará en la inflación de septiembre a diciembre de 2024 (11,78%). 

Con este ajuste, el nuevo Mínimo No Imponible (MNI) será de $2.235.000, frente a los $2.000.000 actuales.

Esto impactará a alrededor de 700.000 empleados en relación de dependencia y 100.000 jubilados que ya pagan el impuesto, una cifra que aumentará debido a esta actualización parcial.

El Gobierno argumentó que en septiembre ya se aplicó un ajuste excepcional, que ahora debe deducirse del cálculo semestral. No obstante, dicho ajuste fue por la inflación de abril a junio, que inicialmente no se había aplicado. 

En ese momento, se corrigió un aumento menor (8,37%) para alcanzar un ajuste acumulado del 13,35%, considerando junio, julio y agosto.

Por último, las jubilaciones y pensiones tendrán un incremento del 2,7% en febrero, reflejando el dato de inflación de diciembre. 

Sin embargo, el bono de hasta $70.000 que reciben unos 5 millones de jubilados con haberes mínimos permanecerá sin cambios, lo que implica que sus ingresos estarán por debajo de la inflación acumulada, como ocurre desde marzo de 2024.

DM con información de agencia NA

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó nuevos aspectos del blanqueo, entre los que aclaró que la adhesión al mismo de monotributistas no implica su exclusión o recategorización.

Las adecuaciones del Régimen de Regularización de Activos por parte del organismo, que fueron comunicadas mediante la Resolución General 5561/2024 publicada este martes en el Boletín Oficial, están vinculadas a los monotributistas, a la regularización de obras sobre inmuebles y a los bienes de cambio y otros.

Monotributo

En lo que respecta a los monotributistas, la norma dispuso modificar la Resolución General N° 5.528 y su modificatoria, incorporando un último párrafo al artículo 20, para especificar los efectos de la regularización para los pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado.

El apartado aclaratorio precisó que “con relación a los sujetos que se encuentren adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), la tenencia declarada voluntariamente en el marco del presente Régimen no deberá ser tenida en cuenta como antecedente a los fines de la exclusión o recategorización del pequeño contribuyente declarante respecto de los períodos anteriores a dicha declaración”.

Mejoras sobre Inmuebles y obras en construcción

En cuanto a las precisiones vinculadas a las mejoras sobre Inmuebles, se dispuso que como requisito para acreditar la titularidad se deberá presentar la escritura traslativa de dominio, o en su defecto, será válido un boleto de compraventa con posesión u otro compromiso similar con certificación notarial, siempre que se haya entregado la posesión antes del 31 de diciembre de 2023.

Además, el texto oficial puntualizó que “adicionalmente, se deberá aportar boleta o reflejo de pantalla o constancia web, emitida por las administraciones tributarias correspondientes, de la que surja la valuación fiscal a los efectos del pago del impuesto inmobiliario o tributos similares”.

En tanto que para acreditar la valuación de las obras y mejoras se deberán adjuntar, facturas o documentos equivalentes que respalden las inversiones realizadas y/o informe técnico de un profesional que certifique la valoración de las mejoras y/o certificado de avance de obra y/o contrato de locación de obra.

Bienes de cambio y otros bienes

La titularidad de los bienes de cambio, bienes en proceso de producción y bienes terminados al 31 de diciembre de 2023, por su parte, se estipuló que se acreditará mediante factura de compra o documento equivalente específico de la actividad, contratos relacionados con la adquisición de los bienes o cualquier otro medio fehaciente que demuestre la titularidad, con detalles que incluyan la descripción y cantidad de los bienes.

Por otro parte, se determinó que la valuación se acreditará mediante la documentación mencionada anteriormente y otros documentos, como pólizas de seguro que contengan la valuación de los bienes, sitios web de compra-venta de bienes que indiquen el valor de mercado y/o valoraciones realizadas por profesionales expertos, como martilleros o rematadores.

Desde el organismo que conduce Florencia Misrahi sostuvieron que “estas modificaciones buscan optimizar la operatividad del régimen y ofrecer mayor claridad a los contribuyentes interesados en regularizar sus activos”.

Con información de agencias.

IG

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) precisó que los activos que declaren por monotributistas no serán tomados en cuenta como antecedentes para su exclusión o recategorización en períodos anteriores a la declaración.

El organismo realizó esta aclaración en las últimas horas a partir de consultas realizadas por profesionales y contadores que tenían dudas sobre las implicancias que podían tener para los monotributistas esta declaración de bienes.

Los cambios serán publicados esta semana en el Boletín Oficial.

Las nuevas disposiciones de la AFIP son constantes a partir de los múltiples frentes abiertos que ofrece el blanqueo y, por ende, se afirma la posibilidad que la primera etapa que vence el 30 de septiembre sea prorrogada.

En el caso de obras en construcción o mejoras sobre inmuebles, realizó precisiones sobre los requisitos para acreditar la titularidad.

“En ese caso se deberá presentar la escritura traslativa de dominio. En su defecto, será válido un boleto de compraventa con posesión u otro compromiso similar con certificación notarial, siempre que se haya entregado la posesión antes del 31 de diciembre de 2023”, indicó la AFIP.

En tanto que para acreditar la valuación de las obras y mejoras se deberán adjuntar, facturas o documentos equivalentes que respalden las inversiones realizadas y/o informe técnico de un profesional que certifique la valoración de las mejoras y/o certificado de avance de obra y/o contrato de locación de obra.

En otro orden, “la titularidad de los bienes de cambio, bienes en proceso de producción y bienes terminados al 31 de diciembre de 2023 se acreditará mediante factura de compra o documento equivalente específico de la actividad, contratos relacionados con la adquisición de los bienes o cualquier otro medio fehaciente que demuestre la titularidad, con detalles que incluyan la descripción y cantidad de los bienes”.

Por otro parte, AFIP añadió: “La valuación se acreditará mediante la documentación mencionada y otros documentos, como pólizas de seguro que contengan la valuación de los bienes, sitios web de compra-venta de bienes que indiquen el valor de mercado y/o valoraciones realizadas por profesionales expertos, como martilleros o rematadores”.

La comunicación completa de AFIP

En el marco del Nuevo Pacto Fiscal, y a partir del Decreto 773/2024, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) introdujo precisiones al Régimen de Regularización de Activos. A través de la Resolución General N°5561/24, que se publicará próximamente en el Boletín Oficial, el organismo reglamentó ciertos aspectos para monotributistas, regularización de obras sobre inmuebles, bienes de cambio y otros. Entre las principales precisiones se destacan:

Monotributo

El organismo especifica que los activos declarados por pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado no serán tomados en cuenta como antecedentes para su exclusión o recategorización en períodos anteriores a la declaración.

Obras en construcción y mejoras sobre Inmuebles

 Con respecto a los requisitos para acreditar la titularidad, se deberá presentar la escritura traslativa de dominio. En su defecto, será válido un boleto de compraventa con posesión u otro compromiso similar con certificación notarial, siempre que se haya entregado la posesión antes del 31 de diciembre de 2023.

En tanto que para acreditar la valuación de las obras y mejoras se deberán adjuntar, facturas o documentos equivalentes que respalden las inversiones realizadas y/o informe técnico de un profesional que certifique la valoración de las mejoras y/o certificado de avance de obra y/o contrato de locación de obra.

Bienes de cambio y otros bienes

La titularidad de los bienes de cambio, bienes en proceso de producción y bienes terminados al 31 de diciembre de 2023 se acreditará mediante factura de compra o documento equivalente específico de la actividad, contratos relacionados con la adquisición de los bienes o cualquier otro medio fehaciente que demuestre la titularidad, con detalles que incluyan la descripción y cantidad de los bienes.

Por otro parte, la valuación se acreditará mediante la documentación mencionada anteriormente y otros documentos, como pólizas de seguro que contengan la valuación de los bienes, sitios web de compra-venta de bienes que indiquen el valor de mercado y/o valoraciones realizadas por profesionales expertos, como martilleros o rematadores. Estas modificaciones buscan optimizar la operatividad del régimen y ofrecer mayor claridad a los contribuyentes interesados en regularizar sus activos.

Quiénes pueden adherir al régimen

Podrán adherir al régimen de regularización de activos:

Excluidos

Funcionarios públicos (art. 39)

Quedan excluidos del régimen los sujetos que hayan desempeñado en los últimos 10 años a contar desde la fecha de entrada en vigencia del Régimen de Regularización de Activos y/o aquellos que actualmente desempeñen las siguientes funciones públicas:

Familiares de funcionarios públicos (art. 40)

También quedarán excluidos del régimen los cónyuges y convivientes y los ascendientes y descendientes en primer y segundo grado, por consanguinidad o afinidad, y colaterales en segundo grado por consanguinidad o afinidad de los funcionarios públicos excluidos del régimen.

Quedan también comprendidos en la exclusión los ex cónyuges y ex convivientes de los mencionados funcionarios públicos, que hubieran sido cónyuges o convivientes durante el plazo fijado.

Otros sujetos excluidos (art. 41)

Bienes alcanzados

Los sujetos alcanzados solo podrán regularizar aquellos activos que fueran de su propiedad o que se encontraran en su posesión, tenencia o guarda, al 31 de diciembre de 2023, inclusive.

El régimen contempla la regularización de los siguientes bienes:

Bienes en Argentina

Bienes en el exterior

IMPORTANTE: todas las menciones a la residencia fiscal deben entenderse referidos a las normas del Impuesto a las Ganancias.

Exclusiones

No podrán ser objeto del Régimen de Regularización de Activos las tenencias de moneda o títulos valores en el exterior, que al 31 de diciembre de 2023:

Ver listados

Condiciones para regularizar dinero

Origen de los fondos a regularizar

Adhesión al régimen: pasos para acceder a los beneficios

El dinero debe regularizarse dentro de la primera etapa, hasta el 30 de septiembre de 2024.

Se podrá adherir al Régimen de Regularización de Activos hasta el 31 de marzo de 2025 y presentar la DJ hasta el 30 de abril de 2025. Para ello, se deberá cumplir con los siguientes pasos:

Declaración jurada

La declaración jurada con el detalle de los bienes regularizados deberá presentarse hasta la fecha que, para cada etapa, se detalla a continuación.

Al realizar la declaración jurada se deberán identificar los bienes que se incluyen en la regularización.

Asimismo, al momento de la presentación de la declaración jurada se deberán presentar las constancias fehacientes y toda otra documentación necesaria para acreditar la titularidad y el valor de los bienes regularizados.

Presentación

Una vez formalizada la adhesión y realizado el pago adelantado obligatorio, los contribuyentes o responsables deberán identificar los bienes respecto de los cuales solicitan la adhesión al Régimen.

A tal efecto, deberán presentar el formulario de declaración jurada F. 3321, a través del “Portal Régimen de Regularización de Activos Ley 27.743”, opción “Declaración Jurada – Régimen de Regularización de Activos”.

Datos a informar

Por cada tipo de bien declarado se deberán detallar los datos solicitados por el sistema.

Con carácter general, se deberán indicar datos registrales de cada bien, su valuación, su localización, el porcentaje de titularidad y la fecha de adquisición o incorporación al patrimonio.

Para acreditar la titularidad y valuación de los bienes a regularizar, al momento de presentar la declaración jurada se deberá aportar la documentación que, para cada caso, se indica en el Anexo de la Resolución General 5536/2024.

Impuesto especial

Se debe pagar un impuesto que surgirá de aplicar sobre la base imponible compuesta por el valor de todos los bienes a regularizar, tanto en el país como en el exterior, valuados de acuerdo a lo indicado para cada tipo de activo, las siguientes alícuotas y escalas, según la etapa.

IMPORTANTE: para la determinación de la base imponible no se deberán tener en cuenta los bienes que tengan un tratamiento especial, es decir el dinero en efectivo, tanto en el país como en el exterior, el dinero depositado en cuentas bancarias del exterior y los títulos valores depositados en entidades del exterior.

Finalmente, para determinar la base imponible se restará la franquicia prevista en el primer tramo de la escala de que se trate.

De manera excepcional y solo a los fines de este Régimen de Regularización de Activos, los montos a ingresar como Impuesto Especial de Regularización deberán serán calculados e ingresados en dólares estadounidenses.

A los efectos de determinar la alícuota aplicable según la escala, se considerarán los bienes regularizados por el contribuyente y aquellos regularizados en la etapa correspondiente o en una etapa anterior por los ascendientes y descendientes hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad, por los cónyuges y convivientes que se encuentren a su cargo. En ese caso, todos los sujetos que regularicen podrán computar, proporcionalmente, la franquicia prevista en la primera escala de los cuadros del párrafo anterior.

Se entiende como parientes a cargo a aquellos a los que el contribuyente que regulariza sostiene, total o parcialmente, desde el punto de vista económico y en la medida en que sus ingresos totales anuales no sean superiores al importe previsto en el inciso a) del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en el período fiscal 2023.

Pago del impuesto

La cancelación del impuesto especial se efectuará en dólares estadounidenses, mediante el procedimiento de transferencia electrónica de fondos, generando desde el “Portal Régimen de Regularización de Activos Ley 27.743” el respectivo Volante Electrónico de Pago (VEP) F.3323, con los siguientes códigos:

En el caso que, en virtud de la excepción establecida en el régimen, se habilite al pago del impuesto especial en moneda nacional, se deberá generar el respectivo Volante Electrónico de Pago (VEP) F.3326 (en pesos), con los siguientes códigos:

Beneficios para quienes adhieran al régimen

Los sujetos que adhieran al Régimen de Regularización de Activos gozarán de los siguientes beneficios en la medida de los bienes declarados:

Se consideran comprendidas dentro de las liberaciones las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial en los ámbitos penal tributario, penal cambiario y aduanero, siempre que no se encontraran firmes a la fecha de entrada en vigencia de esa norma legal y se vinculen con los bienes, créditos y tenencias del contribuyente al 31 de diciembre de 2023 que sean regularizados, y en la medida de esos bienes, créditos y tenencias.

No se encuentran alcanzados los gastos computados en el impuesto a las ganancias, el impuesto a las salidas no documentadas y el crédito fiscal del impuesto al valor agregado, provenientes de facturas consideradas apócrifas por la AFIP.

¿Cómo realiza la manifestación de adhesión?

A los efectos de la adhesión, quienes revistan la condición de residentes en el país deberán cumplir los siguientes requisitos:

1- Poseer CUIL, CDI o CUIT con alguno de los siguientes estados administrativos:

2- Tener actualizado el código de la actividad desarrollada de acuerdo con el “Clasificador de Actividades Económicas” (CLAE).

3- Poseer Domicilio Fiscal Electrónico constituido.

4- Contar con Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 3 como mínimo.

5- Tener registrado una dirección de correo electrónico y un número de teléfono particular, mediante el servicio “Sistema Registral”.

El exministerio y actual Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social publicó los datos sobre trabajo registrado al mes de mayo de 2024. De los mismos se desprende una caída brutal de los puestos desde la asunción de Milei: en 6 meses, se perdieron 123.123 trabajos registrados asalariados en el sector privado y 36.940 en el sector público. 

La pérdida en el privado no es mayor sólo en términos nominales, también lo es en proporción: se perdieron el 2% de los puestos privados y el 1% de los públicos, contrastando con la idea del Gobierno de que sea el sector privado el que “absorba” al personal despedido en el Estado (principalmente nacional).

En mayo, específicamente, se destruyeron 9.101 puestos privados y 8.845 públicos. Más de la mitad de los despedidos devinieron en monotributistas: éstos aumentaron 9.636 en el mismo mes, materializando la propuesta que realiza La Libertad Avanza en materia de legislación laboral: trabajadores con cada vez menos derechos. 

Esta visión se plasmó en la Ley Bases que el Gobierno logró sancionar con ayuda de sus aliados en el Congreso: promover el cuentapropismo sin derechos laborales. En dicha ley se incluyó la figura del “colaborador”, un trabajador “independiente” pero que en realidad trabaja —en relación de dependencia— para otro trabajador independiente. Es decir, se trata de una relación laboral asalariada encubierta, que resulta más barata para el empleador, y con menos derechos para el trabajador: ni licencias, ni aguinaldo, ni vacaciones pagas, ni indemnización en caso de despido. 

En materia de sectores, la construcción encabeza la destrucción de puestos de trabajo, tras la decisión del Gobierno nacional de paralizar la obra pública. Ello trajo aparejado un desplome absoluto de toda la actividad: la construcción acumula en el primer semestre de 2024 un derrumbe de 32,7%, sólo comparable en magnitud con la pandemia. Como consecuencia, en mayo se destruyeron 1.108 puestos de trabajo y en los primeros seis meses de gestión de Milei, se perdieron en este sector 64.179 puestos (sólo contando registrados), es decir, una caída del 15%. A su vez, representan la mitad de los puestos totales perdidos en el sector privado en esta etapa.

Le sigue en importancia (tanto nominal como porcentual) la pérdida de puestos de trabajo en la industria manufacturera: 4.607 sólo en el último mes, y 22.750 en los seis primeros meses de Milei, explicando el 18% de los puestos totales perdidos en el sector privado. La actividad no muestra signos ni siquiera de detener la caída, y ello resulta especialmente preocupante por el peso que tiene la industria en materia de empleo: 19% del total privado registrado.

Esta destrucción de empleo va en línea con la situación de la actividad: en junio, una de cada dos máquinas de la industria manufacturera en Argentina estuvieron apagadas. Son datos que aporta el INDEC: sólo se usó el 54,5% de la capacidad instalada, frente a un 68,6% de hace un año atrás.

Por el contrario, los únicos sectores que crearon empleo en los últimos 6 meses fueron aquellos ligados a actividades primarias: agricultura, ganadería y pesca, que sumaron 11.000 puestos, pero lejos estuvieron de compensar la caída del resto de los sectores.  

Por otra parte, resulta interesante analizar la enorme heterogeneidad de la crisis de empleo en materia territorial: mientras provincias como Formosa y Tierra del Fuego perdieron el 9,9% de su trabajo registrado privado en los seis primeros meses de Milei, Salta incrementó su empleo 1,2% y Chubut 0,9%. Sin embargo, lejos están de compensar los desplomes en la zona núcleo: Buenos Aires perdió 50.743 empleos privados, CABA 13.958, Santa Fe 11.876 y Córdoba 8.001. 

Argentina parece adentrarse en su tercera crisis de empleo en menos de 10 años. La primera fue generada por el macrismo, que desde agosto de 2018 a diciembre de 2019 implicó perder 279.000 empleos privados. La segunda fue provocada por la pandemia, que ocasionó una pérdida de 155.000 puestos en 4 meses. A partir de allí, entre julio de 2020 y noviembre de 2023, se logró recuperar la totalidad de los empleos perdidos y superar en 90.000 puestos los niveles de abril de 2018 (punto máximo anterior). Hacia mayo de 2024, los empleos perdidos en tan poco tiempo generan alarma, y hacia adelante no hay perspectivas de mejora: la Encuesta de Indicadores Laborales que elabora la Secretaría de Trabajo calcula que en junio se destruyeron otros 12.500 puestos de trabajo. Mientras otros temas copan la agenda pública, la crisis de empleo asoma cada vez con más fuerza.

CB/JJD

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció que aquellos contribuyentes que hayan sido excluidos o que hayan renunciado al monotributo entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2024, podrán solicitar el reingreso al régimen simplificado hasta el 30 de septiembre de 2024.

La inscripción tendrá efecto a partir del primer día del mes posterior a su solicitud, sin tener que esperar los 3 años que establece la normativa vigente.

Así lo determinó el organismo a través de la Resolución 5546/2024 publicada en el Boletín Oficial.

A su vez, la actividad de alquilar inmuebles mediante contratos debidamente registrados se considerará una sola unidad de explotación, independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma. Vale recordar que, anteriormente, cada propiedad alquilada era considerada una unidad de explotación y se admitía un máximo de tres bajo el Régimen Simplificado.

Los contribuyentes que hayan renunciado o que hayan sido excluidos desde la vigencia de la Ley 27.737 por haber exceder la cantidad de unidades de explotación podrán solicitar nuevamente la adhesión al Monotributo con efecto desde tal solicitud.

A su vez, quienes tengan ingresos provenientes exclusivamente del alquiler de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del impuesto integrado.

Para hacer uso de este beneficio, los pequeños contribuyentes deberán:

El registro que tenga efecto retroactivo a los períodos devengados entre octubre de 2023 y julio de 2024, inclusive, deberá efectuarse hasta el 30 de septiembre de 2024, en cuyo caso, podrán reimputar el impuesto integrado abonado por dichos períodos a través del servicio con clave fiscal “CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos” o solicitar su devolución.

La AFIP también determinó que las recategorizaciones semestrales se efectuarán hasta el día 5 de los meses de agosto y febrero respecto de cada semestre concluido en junio y diciembre, respectivamente y la obligación de pago resultante de la misma tendrá efectos desde los períodos devengados agosto y febrero.

Los valores de los parámetros que determinan la categorización de los contribuyentes monotributistas (y por consiguiente la cuota mensual a pagar), como así también la permanencia o exclusión del régimen simplificado, serán actualizados semestralmente a partir del 1° de enero de 2025, en los meses de enero y julio, teniendo en cuenta el índice de variación de precios al consumidor y tendrán efectos en los meses de febrero y agosto, respectivamente.

¿Qué es el monotributo?

El monotributo es un régimen para pequeños contribuyentes, que unifica el pago de IVA y Ganancias con los aportes jubilatorios y la obra social. De esta manera, se paga solamente una cuota mensual y agiliza el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El monto a abonar todos los meses dependerá de la categoría asignada en función de los parámetros establecidos para la facturación anual, la superficie afectada a la actividad, la energía eléctrica consumida y los gastos de alquiler del local comercial, si lo hubiera.

Condiciones

Podés ser monotributista si:

Procedimiento

Para realizar el alta en el monotributo es indispensable haber realizado la inscripción en AFIP previamente. Una vez realizada esta gestión, se podrá continuar con la adhesión al monotributo a través del portal de monotributo. El trámite es 100% gratuito y virtual.

Al iniciar el alta, el sistema solicitará que indique el tipo de monotributo a desarrollar junto con algunos datos relacionados con los parámetros de la actividad, la jubilación y obra social.

Tipos de monotributo

Existen varios tipos de monotributo que dependen de cómo vas a ejercer la actividad:

• Como trabajador independiente

Es para cuando vendés productos o prestás servicios por tu cuenta, con o sin empleados. Si, además, estás trabajando en relación de dependencia, solo pagarás el componente impositivo porque a tu empleador le corresponde abonar los aportes jubilatorios y de obra social.

• Como miembro de una cooperativa

• Como trabajador independiente promovido

Si realizás una única actividad y cumplís con los requisitos, pagás solamente el 1% de lo que factures en el mes y ese dinero se destina a tus aportes jubilatorios.

Como trabajador independiente promovido podés optar por pagar una obra social y elegir la que creas más conveniente del listado de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Por otro lado, te recomendamos que consultes la tabla de categorías para revisar lo que te va a salir sumar la obra social a tu cuota de monotributo.

Monotributo Social

Si estás dado de alta en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, podés adherirte al Monotributo Social habilitado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Si bien no es un trámite que se realice en AFIP, te damos la opción de reimprimir tu credencial y de consultar la información que tenemos disponible acerca de este régimen especial.

Los inscriptos en el Registro de Efectores y en la categoría A se encuentran exentos del impuesto Integrado y del aporte previsional, debiendo ingresar solo el 50% de la cotización con destino a Obra Social, por el titular y los adherentes, si los tuviera.

Monotributo unificado

Es un sistema que unifica trámites nacionales y provinciales para el pago de impuestos. Además, reduce la carga administrativa y representa un ahorro económico para los contribuyentes.

El monotributo unificado está destinado a los ciudadanos monotributistas de las provincias de Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, San Juan, Jujuy, Salta, Río Negro, Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, Chaco, Catamarca y Tierra del fuego que se encuentran alcanzados por el impuesto sobre los Ingresos Brutos de las administraciones tributarias provinciales adheridas y por la contribución municipal y/o comunal.

Régimen simplificado especial

Destinado a los pequeños productores agrícolas siempre que su actividad principal recaiga exclusivamente en el cultivo de tabaco, caña de azúcar, yerba mate, té u otras hojas que se utilizan para preparar infusiones; y sea su única fuente de ingresos, exceptuando los provenientes de asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones no contributivas y/o programas de inclusión social otorgados por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Este régimen te exime de pagar el impuesto integrado, debiendo abonar únicamente las cotizaciones previsionales previstas disminuidas en un 50 % por todas las actividades.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno oficializó este miércoles las modificaciones que se introdujeron en el monotributo con la sanción de la ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, mediante el Decreto 661/2024 publicado en el Boletín Oficial.

La normativa precisó que a partir del 2025 la AFIP actualizará los parámetros de facturación en enero y julio de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, detallando que “los montos actualizados surtirán efectos desde el primer día del primer mes inmediato siguiente a aquel en que se efectúe la actualización, inclusive”.

Asimismo, aclaró que cuando de la proyección anual “surja que el sujeto queda excluido del régimen, por haberse superado los límites máximos aplicables, el pequeño contribuyente permanecerá dentro del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), debiendo encuadrarse -hasta la próxima recategorización semestral-, en la Categoría K”.

El texto oficial también explicó que las personas que hayan renunciado, pero continúan con su actividad podrán volver a adherir al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) en cualquier momento, en la medida en que cumplan con ciertas condiciones exigidas, en la categoría que les corresponda.

Con la reglamentación de los cambios quedan vigentes los aumentos en los montos de facturación, que según la categoría suben del 201% al %301; en el precio unitario de venta, que para quienes venden bienes se incrementa en un 213% para todas las categorías y en los alquileres devengados anuales, que aumentan del 211% al 309%.

Además, también se incrementan las cuotas impositivas, de seguridad social y obra social. Para el caso de la cuota impositiva la suba va entre el 278% y 510%, para la cuota de seguridad social entre el 212% y 343% y para la cuota de obra social entre 212% y 214%.

Las nuevas escalas regirán a partir del 1 de agosto. Al respecto, se debe tener en cuenta que la AFIP extendió el plazo para la recategorización del monotributo hasta el 2 de agosto.

Así quedan las escalas de facturación anual completa

Con información de NA.

IG

Tras la publicación en el Boletín Oficial del paquete Fiscal contenido en la Ley Bases, quedaron oficializados los cambios en el monotributo. Si bien el período original de recategorización estaba estipulado entre 1 y el 20 de julio, la Administración Federal de Ingresos Públicos otorgó una prórroga hasta el viernes 2 de agosto.

Entre los cambios que introdujo el Paquete Fiscal, se destacan la actualización de los parámetros de facturación y las cuotas del monotributo y se dispuso la unificación de actividades, entre venta de cosas muebles y prestación de servicios.

Con respecto a actualización de los montos máximos de facturación anual de cada una de las categorías, la mejora fue de entre un 206% y 301%. Por su parte, los montos a pagar aumentaron entre 119% y un 325%.

Respecto de las mismas, los parámetros serán retroactivos a partir del 1° de enero y se utilizarán para llevar adelante la recategorización de julio, en tanto que las cuotas entrarán en vigencia a partir de agosto.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó las nuevas escalas del monotributo para que los contribuyentes puedan realizar, de corresponder, la recategorización semestral. 

El plazo para efectuar el trámite se extiende hasta el 2 de agosto próximo. Hasta dicha fecha los contribuyentes del régimen simplificado deberán evaluar ciertos parámetros que determinan su condición de monotributistas para determinar si deben mantener su categoría actual o modificarla. 

Las claves

¿Todos los contribuyentes deben hacer la recategorización?

No, solo quienes deban cambiar de categoría, a una menor o una mayor. Para esto, se deben analizar los criterios establecidos por AFIP. 

Las personas que tienen menos de 6 meses de antigüedad en el monotributo tampoco deben realizar el trámite y aquellas con una antigüedad de entre 6 y 12 meses deben proyectar su facturación anual y ver qué categoría les corresponde.

También el fisco tiene la facultad de realizar la recategorización de oficio (en forma compulsiva), si el contribuyente no la hace en forma voluntaria. En este caso, se deberá regularizar la deuda por los impuestos no abonados en los períodos correspondientes.

Recategorización: ¿sí o no?

Para evaluar si corresponde, se debe tener en cuenta:

En el caso de los ingresos máximos permitidos, a partir del 3 de agosto 2024, los valores son los siguientes, de acuerdo con la categoría: 

También se actualizaron los importes de los alquileres devengados anualmente. En este caso, el tope en la escala más alta alcanza $4.500.000. 

Además, el precio unitario máximo que puede tener un producto comercializado se incrementó a $180.589 para todos los contribuyentes.

¿Cuándo deberá pagar el aumento un monotributista que necesita recategorizarse?

El importe correspondiente a la nueva categoría rige a partir del mes siguiente a la recategorización.

De acuerdo con las nuevas escalas, los importes a pagar mensualmente varían entre $26.600 en la categoría más baja y los valores máximos se ubican en $867.084,75.

¿Cómo se realiza la recategorización?

Se debe ingresar al portal Monotributo con CUIT y clave fiscal e ingresar al micrositio “Monotributo”. 

Una vez allí, seleccionar la opción “recategorizarme”.

Automáticamente el sistema informará la categoría actual del contribuyente y los topes de cada parámetro de esa categoría. Luego se debe seleccionar la opción “continuar recategorización”.

En el siguiente paso, se debe ingresar información sobre el monto facturado en los últimos 12 meses, datos sobre superficie afectada, alquileres devengados, precio unitario, etcétera.

Con estos datos, el sistema determinará la nueva categoría en la que queda encuadrado el contribuyente. Luego, se debe la opción “confirmar categoría”. Por último, imprimir la nueva credencial.

¿Qué es el monotributo?

El monotributo es un régimen para pequeños contribuyentes, que unifica el pago de IVA y Ganancias con los aportes jubilatorios y la obra social. De esta manera, se paga solamente una cuota mensual y agiliza el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El monto a abonar todos los meses dependerá de la categoría asignada en función de los parámetros establecidos para la facturación anual, la superficie afectada a la actividad, la energía eléctrica consumida y los gastos de alquiler del local comercial, si lo hubiera.

La inscripción en AFIP implica la registración del ciudadano ante el organismo para poder generar el alta en impuestos y utilizar los sistemas web.

Para ello es necesario obtener la clave fiscal y la CUIT. El paso siguiente será ingresar con clave fiscal y habilitar el domicilio fiscal electrónico.

Estos trámites son 100% gratuitos y se generan desde el sitio web www.afip.gob.ar

Una vez realizadas estas gestiones, se deberá acceder al servicio con clave fiscal “Registro Único Tributario – RUT” para ingresar la información de los domicilios, declarar las actividades a desarrollar y comenzar el alta en el monotributo.

Condiciones

Podés ser monotributista si:

Restricciones

No podés ser monotributista si:

Si sos integrante de una sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, etc. o te desempeñás en la dirección, administración o conducción de esas sociedades, deberás inscribirte en el régimen general como exento en IVA por esa actividad.

Podés inscribirte también como monotributista si, además, realizás otra actividad que cumple con los parámetros para optar por el régimen simplificado.

Es importante aclarar que, en este supuesto, los ingresos obtenidos por la actividad del régimen general originados en el ejercicio de la dirección, administración o conducción de sociedades no deberán sumarse para determinar la categoría.

Si no cumplís estos requisitos te corresponde la inscripción en el Régimen General.

¿Cómo me doy de alta al Monotributo?

Para realizar el alta en el monotributo es indispensable haber realizado la inscripción en AFIP previamente. Una vez realizada esta gestión, se podrá continuar con la adhesión al monotributo a través del portal de monotributo. El trámite es 100% gratuito y virtual.

Al iniciar el alta, el sistema solicitará que indique el tipo de monotributo a desarrollar junto con algunos datos relacionados con los parámetros de la actividad, la jubilación y obra social.

• Jubilación

El pago de la jubilación dentro de la cuota mensual dependerá de si el monotributo es tu única fuente de ingresos o si también trabajás en relación de dependencia. Existen varias situaciones:

• Pagar jubilación con monotributo

Si no trabajás en relación de dependencia o no estás pagando tu jubilación de ninguna otra forma, tenés que incluirlo en la cuota de monotributo.

• Empleado en relación de dependencia

Tenés que indicar la CUIT de tu empleador y la fecha de inicio de cuando empezaste a trabajar.

Si elegís esto no podés elegir obra social porque también te la tiene que proveer tu empleador.

• Jubilado

En ambos casos no pagás obra social dado que ya estás afiliado a PAMI.

• Aporte a cajas previsionales provinciales

En este caso no tenés que pagar aportes jubilatorios ni obra social.

• Locadores de inmuebles

Quienes se inscriban en el monotributo únicamente por el alquiler de inmuebles, no tienen que pagar aportes jubilatorios ni obra social.

SL/MG

La ley Fiscal se votó en cuatro pasos: primero se votó un artículo sobre gastos tributarios, luego se aprobó la insistencia en la reposición del impuesto a las Ganancias para trabajadores que ganen más de 1.800.000 pesos, y se siguió con la reforma del impuesto a los Bienes Personales que incluye una rebaja de alícuotas.

Para el final quedó la aprobación del resto del paquete fiscal, que comprende entre otros puntos un blanqueo de capitales, una reforma del monotributo y una moratoria impositiva.

Ganancias

La versión de la ley que aprobó Diputados en la madrugada de este viernes lleva el mínimo no imponible a $1.800.000 brutos para los solteros y a $2.200.000 para los casados con hijos. Así, volverán a pagar este tributo alrededor de 800.000 trabajadores que habían sido eximidos durante la gestión de Alberto Fernández, con alícuotas que van del 5% al 35%.

En los casos de empleados solteros con dos hijos menores a 18 años declarados a su cargo, el salario bruto más bajo alcanzado por el impuesto será de $2.100.000, que equivale a un sueldo neto de $1.781.277,39. En tanto, para empleados casados con dos hijos menores a cargo, quedarán eximidos del pago del impuesto quienes perciban un salario bruto inferior a $2.400.000 (sueldo neto de $2.081.277,39).

La actualización del mínimo no imponible se hará de forma trimestral durante este año, en septiembre, y luego de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Bienes personales

Se modificó el mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales, que hasta ahora se encontraba en $27.000.000. Ahora, deberán pagar el tributo quienes declaren un patrimonio mayor a los $100.000.000.

La deducción especial por vivienda familiar pasará de $56.000.000 a $350.000.000.

Para las declaraciones juradas de los patrimonios de 2023, que deben presentarse en las próximas semanas, las alícuotas quedarán entre 0,5% y 1,50%.

Para los períodos 2024, 2025 y 2026, quedarán vigentes sólo dos alícuotas: 1,25% y 1,50%.

A partir de 2027, habrá una única tasa de 0,25%.

La ley también contempla un Régimen Especial de Ingreso del Impuesto a los Bienes Personales (REIBP), que es esquema de pago anticipado del tributo por los montos que corresponden a los próximos años, hasta 2027.

El REIBP es un régimen optativo y voluntario donde los contribuyentes que opten por adherirse al mismo tributarán el impuesto a los Bienes Personales correspondiente a los períodos fiscales 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027 en forma unificada aplicando una alícuota proporcional -no progresiva- del 0,45% sobre el total del patrimonio (o 0,5%, para bienes que ingresen al blanqueo, también sancionado esta madrugada).

Además, podrán adherir las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en la Argentina y las personas humanas que al 31 de diciembre de 2023 no sean consideradas residentes a efectos del Impuesto sobre los Bienes Personales, pero que hubieran sido residentes con anterioridad.

Los contribuyentes que opten por el REIBP estarán excluidos de toda obligación referida al Impuesto sobre los Bienes Personales o cualquier otro impuesto nacional que se aplique sobre el patrimonio y que pudiera crearse para los períodos fiscales entre 2023 y 2027, por lo que no deberán presentar declaraciones juradas, determinar o pagar el IBP ni sus anticipos.

Bienes alcanzados por el Impuesto a los Bienes Personales

Bienes exentos al Impuesto a los Bienes Personales

Monotributo

Para los monotributistas, las escalas y montos de facturación se incrementarán hasta un 400% desde julio.

Las cuotas a pagar subirán en la misma proporción y se actualizarán cada seis meses según el índice de precios al consumidor (IPC).

La categoría más baja (A) podrá facturar hasta $6.450.000 anuales -actualmente era de $2,100.000-, y el monto máximo de facturación para la categoría más alta (K) será de $68.000.000.

La flamante ley establece un aumento en los importes que pagan mensualmente los monotributistas en concepto del impuesto integrado y de los aportes al régimen jubilatorio y a la obra social, por lo que las cuotas a pagar van desde $26.600 (categoría A) hasta $280.734 (categoría H). Hasta ahora, los montos iban de $12.128 a $66.111.

El proyecto que se votó

LEY DE MEDIDAS FISCALES PALIATIVAS Y RELEVANTES

TITULO I - Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social

Disposiciones generales

Artículo 1°- Créase el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social con el fin de lograr el pago voluntario de las obligaciones que en el presente título se detallan. En este marco, se prevé la posibilidad de que los contribuyentes y responsables se acojan al régimen, obteniendo distintos beneficios según la modalidad de la adhesión y el tipo de deuda que registren.

Artículo 2°- Los contribuyentes y responsables de las. obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, y por las infracciones cometidas hasta dicha fecha relacionadas o no con aquellas obligaciones.

El acogimiento previsto en el párrafo anterior podrá formularse desde la fecha. de entrada en vigencia de la reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos y hasta transcurrido ciento cincuenta (150) días corridos desde aquella fecha, inclusive.

Artículo 3°- Quedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior:

a) Aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa (incluye las causas ante el Tribunal Fiscal de la Nación) o contencioso administrativa (incluye cualquier causa en trámite ante el poder judicial), en tanto el contribuyente se allane y/o desista, según corresponda, incondicionalmente por las obligaciones regularizadas; y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento y/o el desistimiento, según corresponda, podrá ser total o parcial. En ningún caso, dicho allanamiento y/o desistimiento podrá ser interpretado como un reconocimiento de la exigibilidad de la obligación fiscal con relación a los períodos fiscales que no se hayan regularizado a través del presente régimen;

b) Aquellas obligaciones respecto de las cuales hubieran prescripto las facultades de la Administración Federal de Ingresos Públicos para determinarlas y exigirlas, y sobre las que se hubiera formulado denuncia penal tributaria o, en su caso, penal económica, contra los contribuyentes o responsables;

c) Aquellas obligaciones que nacieron en el marco de la ley 27.605;

d) Aquellas obligaciones de los agentes de retención y percepción que hubieran omitido retener o percibir, o el importe que, habiendo sido retenido o percibido, no hubieran ingresado, luego de vencido el plazo para hacerlo;

e) Las obligaciones fiscales vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, incluidos los planes de facilidades de pago respecto de los cuales haya operado o no la correspondiente caducidad a dicha fecha;

f) Toda obligación fiscal que no se encuentre expresamente excluida en el artículo 4° de la presente ley;

g) Las multas por infracciones previstas en la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, que no se determinen en función de los tributos a la importación o a la exportación, excepto la infracción de contrabando menor.

Artículo 4°- Quedan excluidos de lo dispuesto por el presente régimen:

a) Los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales;

b) Las deudas por cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART);

c) Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico y/o el personal de casas particulares;

d) Las cotizaciones correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS),

e) Las cuotas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio;

f) Los aportes y contribuciones mensuales con destino al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE);

g) Los tributos y/o multas que surjan como consecuencia de infracciones al artículo 488, Régimen de Equipaje del Código Aduanero, ley 22.415 y sus modificaciones;

h) Los intereses -resarcitorios y/o punitorios-, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos precedentes;

i) Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificaciones o 25.284 y sus modificaciones, mientras duren los efectos de dicha declaración;

j) Los condenados -con condena confirmada en segunda instancia- por alguno de los delitos previstos en las leyes 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen;

k) Los condenados -con condena confirmada en segunda instancia por delitos comunes, que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen;

l) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados -con condena confirmada en segunda instancia- con fundamento en las leyes 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se haya dictado sentencia de segunda instancia con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen;

m) Los agentes de retención y percepción que se encuentren. con auto de procesamiento firme y elevada la causa a juicio oral por la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en el artículo 8° de la ley 23.771 y sus modificatorias, y/o en los artículos 6° y 9° de la ley 24.769 y sus modificatorias y/o en los artículos 4° y 7° del título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones.

Artículo 5°- El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme.

La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen -de contado o mediante plan de facilidades de pago- producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. Igual efecto se producirá cuando se cancele, por parte de cada imputado, la deuda que le fuera exigible de manera individual (conforme la imputación penal efectuada), en las condiciones previstas en el presente régimen.

También quedará extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen en la :medida que no exista sentencia firme a dicha fecha. Asimismo, la Administración Federal de Ingresos Públicos queda dispensada de formular denuncia penal cuando las obligaciones principales hubieran sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen.

En el caso de las infracciones previstas en la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, la cancelación total -de contado o mediante plan de facilidades de pago- de los tributos a la importación o exportación -excluidos los pagos a cuenta y/o percepciones cuya recaudación se encuentra a cargo del servicio aduanero- producirá la extinción de la acción penal aduanera cuando se trate de multas cuyo monto se determine en función de tales tributos, no quedando registrado el antecedente, en la medida en que no exista sentencia firme ala fecha del acogimiento al régimen.

En el caso de las infracciones previstas en la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones -excepto la infracción de contrabando menor- cuyo monto no se determine en función de los tributos a la importación o a la exportación, la cancelación de la multa mínima establecida para aquellas infracciones producirá la extinción de la acción penal aduanera no quedando registrado el antecedente, en la medida en que no exista sentencia firme ala fecha de acogimiento al presente régimen.

En el caso de las obligaciones y recursos de la seguridad social, la cancelación total - de contado o mediante plan de facilidades de pago- de los aportes y contri buci ones producirá la extinción de la acción penal sin perjuicio que los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales no se encuentren regularizados.

El pago al contado o mediante plan de facilidades de pagos de las obligaciones que se pretendan adherir al presente régimen son las únicas formas aceptadas, no permitiéndose regularizar mediante compensaciones.

La caducidad del plan de facilidades de pago implicará la reanudación de la acción penal tributaria o aduanera o de la seguridad social, según fuere el caso, o habilitará la promoción por parte de la Administración Federal de Ingresos PÚblicos de la denuncia penal que corresponda, en aquellos casos en que el acogimiento se hubiere dado en forma previa a la respectiva denuncia. También importará el comienzo del cómputo de la prescripción penal tributaria y/o aduanera y/o de la seguridad social.

Artículo 6°- Se establece, con alcance general, para los sujetos que se acojan al presente régimen, los siguientes beneficios, según la fecha de adhesión y la forma de pago elegida:

a) Adhesión al presente régimen dentro de los primeros treinta (30) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos: condonación del setenta por ciento (70%) de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de adhesión al presente régimen en la medida que la totalidad de la deuda a regularizar se cancele por pago al contado o en un plan de facilidades de pagos de hasta tres (3) cuotas mensuales bajo los términos que la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá a tal fin;

b) Adhesión presente régimen a partir de los treinta y un (31) días corridos y hasta los sesenta (60) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación que dicte la Administración Federal de ingresos Públicos: condonación del sesenta por ciento (60%) de los intereses resarcitorios y p unitorios devengados a la fecha de adhesión al presente régimen en la medida que la totalidad de la deuda a regularizar se cancele por pago al contado o en un plan de pagos de hasta tres (3) cuotas mensuales bajo los términos que la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá a tal fin;

c) Adhesión al presente régimen a partir de los sesenta y un (61) días corridos y hasta los noventa (90) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos: condonación del cincuenta por ciento (50%) de los intereses resarcitori os y punitorios devengados a la fecha de adhesión al presente régimen en la medida que la totalidad de la deuda a regularizar se cancele por pago al :contado o en un plan de pagos de hasta tres (3) cuotas mensuales bajo los términos que la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá a tal fin;

d) Adhesión al presente régimen dentro de los primeros noventa (90) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos: condonación del cuarenta por ciento (40%) de los intereses resarcitorios ypunitorios devengados a la fecha de adhesión al presente régimen en la medida que se cancele la totalidad de la deuda a regularizar a través de un plan de facilidades de pago que la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá a tal fin;

e) Adhesión al presente régimen a partir de los noventa y un (91) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos: condonación del veinte por ciento (20%) de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de adhesión al presente régimen en la medida que se cancele la totalidad de la deuda a regularizar a través de un plan de facilidades de pago que la Administración Federal de ingresos Públicos establecerá a tal fin.

Los casos de regularización de los planes de facilidades de pago a que hace referencia el inciso e del artículo 3° de la presente ley, en la medida que se encuentren vigentes al 31 de marzo de 2024, tendrá las siguientes condiciones y beneficios:

i. Se mantiene la fecha de consolidación original a todos los efectos.

ii. Los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de consolidación original serán condonados por el equivalente al treinta por ciento (30%).

iii. Deberán regularizarse, exclusivamente, a través de alguna de las modalidades de cancelación establecidas en los incisos a), b y c del primer párrafo de este artículo, en cuyo caso la condonación de intereses establecida para tales supuestos resultará de aplicación para los devengados a partir de la fecha de consolidación original.

La regularización en un plan de facilidades de pago en los términos de los incisos d y e del primer párrafo del presente artículo se ajustará a las siguientes condiciones:

I. Las personas humanas (excepto las que califiquen como pequeños contribuyentes en los términos de la Resolución General AFIP N° 5321 y sus modificaciones o la que en el futuro la reemplace, o como Micro y Pequeñas Empresas) ingresarán un pago a cuenta equivalente al veinte por ciento (20%) de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta sesenta (60) cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.

II. Las Micro y Pequeñas Empresas (incluidas las personas humanas que califiquen como tal o como pequeños contribuyentes en los términos de la Resolución General AFIP N° 5321 y sus modificaciones) y las entidades sin fines de lucro ingresarán un pago a cuenta equivalente al quince por ciento (15%) de la deuda y, por el saldo de deuda resultante, hasta ochenta y cuatro (84) cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.

III.Las Medianas Empresas ingresarán un pago a cuenta equivalente al veinte por ciento (20%) de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.

IV. El resto de los contribuyentes ingresarán un pago a cuenta equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta treinta y seis (36) cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.

El contribuyente podrá optar por cancelar anticipadamente el plan de pagos en la forma y bajo las condiciones que al efecto disponga la Administración Federal de ingresos Públicos.

Artículo 7°- En los casos mencionados en los incisos a,), b), c), d) y e,) del primer párrafo del artículo 60se condonará él cien por ciento (110.0%) de las multas aplicadas. Dicha condonación también aplicará al supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 6 de esta ley.

El beneficio de iiberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación formal.

De haberse sustanciado el sumario administrativo previsto en el artículo 70 de la ley 11.683 (Lo. en 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, el citado beneficio operará cuando el acto u omisión atribuido se hubiere subsanado antes de la fecha de vencimiento del plazo para el acogimiento al presente régimen.

Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de marzo de 2024, inclusive.

Las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive, quedarán condonadas de. pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha. Este beneficio de condonación de sanciones no está sujeto al cumplimiento de ninguna condición o requisito más que haberse realizado el pago de la obligación sustancial al 31 de marzo de 2024, inclusive, y que se trate de una mu Ita o sanción que no se encuentre firme ni cancelada a dicha fecha.

La liberación de multas y sanciones importará, asimismo y de corresponder:

a) La baja de la inscripción del contribuyente del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) contemplado en la ley 26:940 y sus modificaciones;

b) No se considerará que existe reiteración de infracciones cuando habiéndose cometido más de una infracción de la misma naturaleza, sin que exista resolución o sentencia condenatoria firme respecto de alguna de ellas al momento de la nueva comisión, el contribuyente o responsable se adhiera al presente régimen;

c) La dispensa para la Administración Federal de Ingresos Públicos de iniciar el sumario administrativo que corresponda, respecto de las multas o sanciones que se condonan si, a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen, no se hubiera iniciado.

Los beneficios establecidos en este artículo no resultan aplicables para las obligaciones y los sujetos identificados en el artículo 4° de esta ley.

Artículo 8°- Serán condonados de pleno derecho la totalidad de los intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes a las obligaciones fiscales (incluye anticipos ordinarios y/o extraordinarios o pagos a cuenta) canceladas con anterioridad al 31 de marzo de 2024, inclusive. Este beneficio de condonación no está sujeto al cumplimiento de ninguna condición o requisito más que haberse realizado el pago de la obligación fiscal con anterioridad a la fecha antes mencionada.

Quedan incluidos en esta condonación los intereses resarcitorios y punitorios que hayan sido incorporados a planes de facilidades de pago relacionados con anticipos ordinarios y/o extraordinarios o pagos a cuenta que hayan sido debidamente cancelados antes del 31 de marzo de 2024, inclusive.

Dicho beneficio de condonación también aplica cuando los anticipos ordinarios y/o extraordinarios o pagos a cuenta dejaron o dejan de ser exigibles, respectivamente, en virtud de las presentaciones de las declaraciones juradas de impuestos que se hayan formalizado con anterioridad a la entrada en vigencia de este régimen, o por las declaraciones juradas rectificativas que deban presentarse en virtud de la regularización establecida en el presente título.

Los beneficios establecidos en este artículo no resultan aplicables para las obligaciones y los sujetos identificados en el artículo 4° de esta ley.

Artículo 9°- A los fines de la aplicación de los honorarios a que se refiere el artículo 98 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, correspondientes a deudas incluidas en el presente régimen, que se encuentren en curso de discusión administrativa (causas en el Tribunal Fiscal de la Nación) o contencioso administrativa (causas en trámite ante el Poder Judicial), incluidas las ejecuciones fiscales, se reducirán en un cincuenta por ciento (50%) si la adhesión al régimen por parte del contribuyente se realiza dentro de los primeros noventa (90) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Artículo 10.- Cuando se trate de deudas en ejecución judicial, acreditada en autos la adhesión al régimen, firme la resolución judicial que tenga por formalizado el allanamiento a la pretensión fiscal y una vez regularizada en su totalidad la deuda conforme lo previsto en el artículo 6°, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá solicitar al juez el archivo de las actuaciones.

Para el caso que la solicitud de adhesión resulte anulada, o se declare el rechazo del plan de facilidades por no cumplir las condiciones previstas en este título, la Administración Federal de Ingresos Públicos proseguirá con las acciones destinadas al cobro de la deuda en cuestión, conforme a la normativa vigente. De producirse la caducidad del pian de facilidades, iniciara una nueva ejecución por el saldo adeudado del citado plan.

Artículo 11.- No se encuentran sujetas a reintegro o repetición los importes que, con anterioridad al 31 de marzo de 2024, inclusive, se hubieran ingresado en concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios y multas, así como los intereses previstos en el artículo 168 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, por las obligaciones comprendidas en el presente régimen.

Artículo 12.- Los responsables solidarios mencionados en el artículo 8° de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, haya o no mediado contra ellos el reclamo de las obligaciones fiscales, aduaneras o de la seguridad social correspondientes al deudor principal, en tal carácter de responsables solidarios, podrán adherir al presente régimen.

En dicho supuesto y en razón de tratarse de una presentación independiente de la que pudiera realizar respecto de su propia deuda, deberá identificarse al deudor principal y no regirá la obligación de presentar declaraciones juradas o liquidaciones determinativas de las obligaciones que se regularicen cuando ellas no hubieran sido presentadas por el deudor principal o la obligación de presentar las declaraciones juradas rectificativas.

Artículo 13.- La adhesión al presente régimen por obligaciones fiscales aduaneras implica la novación de esas obligaciones y su conversión a moneda argentina al tipo de cambio comprador conforme a la cotización del Banco de la Nación Argentina del día anterior a la fecha del acogimiento al régimen.

Artículo 14.- El decaimiento de los beneficios acordados por los regímenes menes promocionales que conceden beneficios fiscales no podrán ser rehabilitados con sustento en el acogimiento del contribuyente o responsable al presente régimen.

Artículo 15.- La adhesión al presente régimen implica la renuncia a iniciar acciones de reintegro yio repetición por las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social regularizadas (incluye los intereses resarcitorios y punitorios no condonados).

No podrán iniciarse acciones de repetición basadas en las disposiciones del presente régimen que hayan consagrado condonaciones de obligaciones tributarias, aduaneras o de los recursos de la seguridad social (sus intereses, pagos a cuentas, anticipos, etc.) en favor del propio contribuyente o del tercero.

Artículo 16.- La Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentará el presente régimen dentro de los quince (15) días corridos contados a partir de su entrada en vigencia y dictará las normas complementarias que resulten necesarias a los efectos de su aplicación.

La reglamentación que se dicte no podrá establecer ninguna restricción o limitación a los contribuyentes o responsables, de ningún tipo, por el hecho de adherir y acogerse al presente régimen. Cualquier incumplimiento de tipo formal por parte del contribuyente o responsable no podrá ser considerado corno causal de pérdida de los beneficios otorgados por el presente régimen. El acogimiento al presente régimen no podrá ser considerado como indicio negativo de la calificación del contribuyente o responsable a los efectos de cualquier registro a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Artículo 17.- Las disposiciones del presente título entraran en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto una vez entre en vigencia la reglamentación dictada por la Administración Federal de ingresos Públicos.

TÍTULO II - Régimen de Regularización de Activos

Capítulo I - Sujetos alcanzados

Artículo 18.- Sujetos residentes. Podrán adherir al presente Régimen de Regularización de Activos establecido en este título, las personas humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el; artÍculo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, que, segun las normas de esa ley, sean considerados residentes fiscales argentinos al 31 de diciembre de 2023, estén o no inscriptas como contribuyentes ante la Administración Federal de ingresos Públicos.

Artículo 19.- Personas humanas no residentes que fueron residentes fiscales argentinos. Las personas humanas que hubieran sido residentes fiscales en Argentina antes , del 31 de diciembre de 2023 y que, a dicha fecha, hubieran perdido tal condición de acuerdo a las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, podrán adherir al presente Régimen de Regularización de Activos como si fueran sujetos residentes en Argentina, en igualdad de derechos y obligaciones que los sujetos residentes indicados en el artículo 18. De ejercerse esta opción, se considerará que estos sujetos han adquirido nuevamente la residencia tributaria en el país a partir del 1° de enero de 2024.

A todos los efectos de este Régimen de Regularización de Activos, no deberán tomarse en cuenta los incrementos patrimoniales y los bienes adquiridos en el exterior por la persona humana luego de la pérdida de su residencia fiscal en Argentina.

La reglamentación establecerá aquellas adaptaciones necesarias a las normas del presente Régimen de Regularización de Activos para su aplicación a este tipo de contribuyentes.

Capítulo II - Plazo

Artículo 20.- Plazo de vigencia. El plazo para adherir al presente Régimen de Regularización de Activos se extenderá hasta el 30 de abril de 2025. El Poder , Ejecutivo nacional podrá prorrogar dicho plazo hasta el 31 de julio de 2025, inclusive.

Artículo 21.- Manifestación de adhesión. Para adherir al presente Régimen de Regularización de Activos, el contribuyente deberá realizar su adhesión en la forma que indique la reglamentación. Al momento de manifestar su adhesión, no deberá aportar documentación o información adicional respecto de la adhesión al régimen.

La fecha de la manifestación de adhesión del presente artículo definirá la etapa del régimen aplicable a ese contribuyente, según se indica en el artículo 23.

Si un contribuyente regularizara bienes en más de una de las etapas previstas en el artículo 23, se deberá considerar a todos los efectos la etapa en la cual efectuó la última adhesión.

Artículo 22.- Declaración Jurada. En forma posterior a la manifestación de adhesión regulada en el articulo 21, el contribuyente deberá presentar la declaración jurada del Régimen de Regularización de Activos según los plazos que se indican en el artículo 23.

La reglamentación establecerá los requisitos formales de esta declaración jurada, que incluirá la documentación y demás información que deberá ser aportada por el sujeto adherente respecto de los activos incluidos en el presente régimen.

Artículo 23.- Etapas del régimen. El presente régimen estará dividido en tres etapas. La fecha de la manifestación de adhesión del artículo 21 definirá la etapa del régimen aplicable al contribuyente y/o a los bienes regularizados en esa etapa, salvo en el supuesto contemplado en el Último párrafo del artículo 21.

Las etapas tendrán la siguiente distribución:

El Poder Ejecutivo nacional .podrá prorrogar las fechas mencionadas hasta el 31 de julio de 2025, inclusive.

Artículo 24.- Bienes alcanzados. Podrán ser objeto de este régimen de regularización los siguientes bienes:

24.1 .- Bienes en Argentina.

a) Moneda nacional o extranjera, sea en efectivo o depositada en cuentas bancarias o de cualquier otro tipo de entidades residentes en Argentina;

b) Inmuebles ubicados en Argentina;

c) Acciones, particIpación en sociedades, derechos de beneficiarios o fideicomisarios de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares o cuotapartes de fondos comunes de inversión, siempre que el sujeto emisor de dichas acciones, participaciones, derechos o cuotaspartes sea considerado un sujeto residente en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y siempre que estos títulos o derechos no coticen en bolsas o mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores;

d) Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotaspartes de fondos-y otros similares, que coticen en bolsas o mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores;

e) Otros bienes muebles no incluidos en incisos anteriores, ubicados en Argentina;

f) Créditos de cualquier tipo o naturaleza, cuando el deudor de dichos créditos sea un residente fiscal argentino: ajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 2019 y sus modificaciones);

g) Derechos y otros bienes intangibles no incluidos en incisos anteriores, que sean de propiedad de un sujeto residente fiscal en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 2019 y sus modificaciones), o que recaigan sobre bienes incluidos en otros incisos de este artículo 24.1;

h) Las criptomonedas, criptoactivos y otros bienes similares;

i) Otros bienes ubicados en el país susceptibles de valor económico, incluyendo los bienes y/o créditos originados en pólizas de seguro contratadas en el exterior de titularidad de sujetos residentes fiscales en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 2019 y sus modificaciones), o respecto de los cuales dicho sujeto residente en el país sea beneficiario.

24.2.- Bienes en el exterior.

a) Moneda extranjera, sea en efectivo o depositada en cuentas bancarias o de cualquier otro tipo en entidades financieras del exterior;

b) Inmuebles ubicados fuera de Argentina;

c) Acciones, participación en sociedades, derechos de beneficiarios o fideicomisarios de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares, siempre que el sujeto emisor de dichas acciones, participaciones o derechos no sea considerado un sujeto residente fiscal en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 2019 y sus modificaciones), y siempre que estos títulos o derechos no coticen en bolsas o mercados;

d) Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotaspartes de fondos y otros similares, que coticen en bolsas o mercados del exterior;

e) Otros bienes muebles no incluidos en incisos anteriores ubicados fuera de Argentina;

f) Créditos de cualquier tipo o naturaleza, cuando el deudor de dichos créditos no sea un residente fiscal argentino bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 2019 y sus modificaciones);

g) Derechos y otros bienes intangibles no incluidos en incisos anteriores, o que recaigan sobre bienes incluidos en otros incisos de este artículo 24.2;

h) Otros bienes ubicados fuera del país no incluidos en incisos anteriores.

24.3.- Bienes excluidos.

No podrán ser objeto del presente Régimen de Regularización de Activos las tenencias de moneda o títulos valores en el exterior mencionadas en el artículo 24.2, que a la fecha a la que hace referencia el artículo 24.4, (i) estuvieran depositadas en entidades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como de Alto Riesgo (“Lista Negra”) o Bajo Monitoreo Intensificado (“Lista Gris”); o (ii) que estando en efectivo, se encuentren físicamente ubicadas en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GA1711) como de Alto Riesgo (“Lista Negra”) o Bajo Monitoreo Intensificado (“Lista Gris”).

24.4.- Fecha de Regularización. Los sujetos indicados en los artículos 18 y 19 solo podrán regularizar aquellos activos que fueran de su propiedad o que se encontraran en su posesión, tenencia o guarda, al 31 de diciembre de 2023, inclusive (es decir, la “Fecha de Regularización”).

La reglamentación establecerá la forma en la que los sujetos adherentes al presente régimen deberán acreditar la propiedad, posesión, tenencia o guarda de los activos a la Fecha de Regularización al momento de presentar la declaración jurada prevista en el artículo 22.

Capítulo III - Mecanismo de Regularización.

Artículo 25.- Declaración Jurada de regularización. Los contribuyentes, al realizar la declaración jurada del artículo 22, deberán identificar los bienes respecto de los cuales solicitan la aplicación del Régimen de Regularización de Activos según las pautas que para ello fije la reglamentación.

Asimismo, al momento de la presentación de dicha declaración jurada, o en un momento posterior según indique la reglamentación, los contribuyentes deberán presentar las constancias fehacientes y toda otra documentación necesaria para acreditar la titularidad y/o el valor de los bienes regularizados, según las pautas que para ello indique la reglamentación.

Artículo 26.- Reglas especiales según tipo de activo.

a) Dinero en efectivo en Argentina.

Para regularizar los activos incluidos en el artículo 24.11.a), cuando se trate de dinero en efectivo, los contribuyentes deberán, antes de la fecha límite prevista’ para la manifestación de adhesión a la Etapa 1 bajo las reglas del artículo 23, depositar dicho efectivo en una entidad financiera regulada por la ley 21.526 y sus modificaciones, de Entidades Financieras.

A fin de recibir el depósito de estos fondos, el Banco Central de la República Argentina deberá regular la creación de una cuera bancaria especial destinada a recibir este tipo de depósitos (denominada “Cuenta Especial de Regularización de Activos”). El Banco Central de la República Argentina deberá emitir la respectiva normativa que indique en forma taxativa los requisitos y documentos que los contribuyentes deberán presentar ante las entidades financieras para solicitar la apertura de la Cuenta Especial de Regularización de Activos y para realizar el depósito de los fondos a regularizar.

Al momento de la apertura de la Cuenta Especial de Regularización de Activos y/o del depósito del dinero en efectivo, la entidad financiera no podrá exigir más documentación que la taxativamente indicada por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior.

Las entidades financieras no podrán negarse a la apertura de una Cuenta Especial de Regularización de Activos. Dichas entidades tampoco podrán solicitar al depositante información adicional a la taxativamente regulada por el Banco Central de la República Argentina, ni negarse a la recepción de los fondos a ser depositados en dichas cuentas por el contribuyente. El incumplimiento de estas obligaciones implicará, para la entidad financiera, una infracción punible bajo el artículo 41 de la ley 21.526 y sus modificaciones, de Entidades Financieras.

Los contribuyentes también podrán solicitar la apertura de Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos a ser abiertas por medio de Agentes de Liquidación y Compensación (“ALyC”) regulados por el capítulo II del título Vil de las normas (N.T. 2013 y modificaciones) de la Comisión Nacional de Valores.

A tal fin, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de la República Argentina deberán emitir las regulaciones correspondientes que creen Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos y habiliten la transferencia de fondos a este tipo de cuentas desde las Cuentas Especiales de Regularización de Activos abiertas en entidades financieras.

Los Agentes de Liquidación y Compensación (’ALyC“) tendrán obligaciones idénticas a las descriptas en este artículo para las entidades financieras respecto de la apertura de las cuentas especiales establecidas en el presente artículo;

b) Dinero en efectivo en el exterior.

Cuando el bien a regularizar se trate de dinero en efectivo ubicado en el exterior y alcanzado por las reglas del artículo 24.2. a), el monto regularizado deberá ser depositado en tina entidad bancaria del exterior y podrá ser transferido a una Cuenta Especial de Regularización de Activos o a una Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos a fin de que apliquen los beneficios del artículo 32. Todo ello antes de la fecha límite prevista para la manifestación de adhesión a la Etapa 1 bajo las reglas del artículo 23.

Artículo 27.- Base imponible. De manera excepcional y solo a los fines del Régimen. de Regularización de Activos, la base imponible para determinar el “Impuesto Especial de Regularización” será calculada en dólares estadounidenses. La base imponible del Impuesto Especial de Regularización será el valor total de los bienes regularizados mediante el presente régimen, determinado conforme a las reglas de este artículo.

A los efectos de calcular la base imponible del Impuesto Especial de Regularización en dóIares estadounidenses, se deberán seguirlas siguientes reglas de conversión:

i. Los valores que estén medidos o expresados en pesos argentinos serán convertidos a dólares estadounidenses tornando el tipo de cambio que fije mediante reglamentación el Poder Ejecutivo nacional, el cual deberá tornar como referencia el tipo de cambio implícito que surge de dividir la última cotización de un determinado título público con liquidación en pesos en el segmento prioridad precio tiempo en BYMA y la última cotización de dicho título con liquidación en USD en jurisdicción local, el día anterior a la Fecha de Regularización (’Tipo de Cambio de Regularización“).

ii. Si los bienes o valuaciones estuvieran denominados en una moneda extranjera- diferente extranjera diferente a dólares estadounidenses, la reglamentación establecerá las relaciones de cambio para convertir dicha moneda extranjera a dólares estadounidenses a efectos del cálculo de la-base imponible del Impuesto Especial de Regularización, tomando como referencia la cotización de dicha moneda extranjera frente al dólar estadounidense en las diversas plazas del mundo a la Fecha de Regularización.

27.1.- Bienes en Argentina.

a) Dinero en Efectivo:

i. Moneda argentina: su valor expresado en dólares estadounidenses, convertido al Tipo de Cambio de Regularización;

ii. Moneda extranjera: su valor en dólares estadounidenses;

b) Inmuebles ubicados en Argentina: su valor de adquisición, su valor fiscal o su valor mínimo, segú n se define a continuación, el que sea superi or, convertido a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización.

Para inmuebles urbanos, la reglamentación podrá establecer valores mínimos de mercado (en pesos argentinos o dólares estadounidenses) por metro cuadrado considerando el valor de mercado promedio de las diversas zonas geográficas en las que esté ubicado el inmueble urbano. Para inmuebles rurales, la reglamentación podrá. establecer valores !mínimos de mercado (en pesos argentinos o dólares estadounidenses) por hectárea, considerando el valor de mercado promedio de las diversas zonas geográficas en las que esté ubicado el inmueble rural. En todos los casos en los que la reglamentación opte por fijar un valor mínimo., el contribuyente podrá presentar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos documentación para demostrar que el valor de mercado del bien a la Fecha de Regularización es inferior al valor mínimo y solicitar la reducción de la base imponible a dicho valor de mercado. La reglamentación establecerá el procedimiento y la documentación a presentar para tal fin y el medio de reintegro del Impuesto Especial de Regularización ingresado en exceso, de ser validado por la Administración Federal de Ingresos Públicos el valor de mercado denunciado por el contribuyente;

c) Acciones, cuotas y participación en sociedades, derechos de beneficiarios de fideicomisos o cuotapartes de fondos comunes de inversión, siempre que el sujeto emisor de dichas acciones, participaciones, cuotapartes o derechos sea considerado un sujeto residente en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y siempre que estos títulos o participaciones no coticen en bolsas o mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores: el valor patrimonial proporcional atribuible a dichas participaciones según el último balance cerrado antes de la Fecha de Regularización y aprobado por la asamblea respectiva, actualizado desde la fecha de cierre de dicho balance hasta el 31 de diciembre de 2023, por el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo y convertido a dólares estadounidenses usando el Tipo de Cambio de Regularización. Si esos sujetos realizaran sus balances en moneda funcional dólares estadounidenses, se tomará el valor de patrimonio neto en dólares estadounidenses a la mencionada fecha de cierre, sin necesidad de actualización o conversión. La reglamentación fijará la forma de computar los aumentos y/o disminuciones de capital que se hubieran producido entre la fecha de cierre de la sociedad emisora y el 31 de diciembre de 2023.

Si la participación refiriera a un sujeto que no tenga la obligación de preparar y aprobar balances, la base imponible estará compuesta por la porción atribuible al contribuyente de todos sus activos, valuados según las normas de este régimen y deducidos los pasivos que dicho vehículo haya contraído. La reglamentación podrá emitir normas de valuación de este tipo de pasivos;

d) Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones, negociables, certificados de depósito en custodia, cuotaspartes de fondos y otros similares, que coticen en bolsas o mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores: según su valor de cotización a la Fecha de Regularización, de ser necesario convertido a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización. Si el tÍtulo valor cotizara en mercados argentinos y del exterior, se tornará corno valor de cotización el correspondiente al mercado argentino, y si en este mercado el título cotizara en pesos y en dólares estadounidenses, se tornará corno referencia el valor en dólares estadounidenses;

e) Otros bienes muebles de cualquier tipo ubicados en Argentina: según su valor de mercado a la Fecha de Regularización convertidos a dólares estadounidense al Tipo de Cambio de Regularización;

f) Créditos de cualquier tipo o naturaleza, cuando el deudor de dichos créditos sea un residente argentino bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones: por el capital de dicho crédito, con más las actualiz aciones que pudieran corresponder y los intereses devengados y no pagados a la Fecha de Regularización. Si el crédito y los intereses estuvieran expresados en pesos argentinos deberán ser convertidos a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización;

g) Derechos y otros bi en es intangibles no incluidos en incisos anteriores: según el valor de adquisición que hubieran tenido. De no haber sido adquiridos a terceros, se utilizarán las reglas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, para determinar su costo de adquisición, actualizado por el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo hasta la Fecha de Regularización y convertido a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización;

h) Criptomonedas, criptoactivos y otros bienes similares: su valor de mercado a la fecha de inscripción en el Régimen o su valor de adquisición, el que fuere mayor;

i) Otros bienes ubicados en el país no incluidos en incisos anteriores: según su valor de mercado a la Fecha de la Regularización, convertido a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización, pudiendo !a reglamentación establecer la forma de cálculo específica del valor de mercado de los tienes incluidos en este inciso cuando su valor de mercado no fuera de público conocimiento.

27.2.- Bienes en el exterior.

a) Dinero en efectivo o depositado en cuentas bancarias del exterior: su valor en dólares estadounidenses;

b) Inmuebles ubicados fuera de Argentina: su valor de adquisición en dólares estadounidenses o su valor mínimo, el que fuera mayor.

La reglamentación podrá establecer valores mínimos de mercado por metro cuadrado, hectárea u otra unidad de medida, considerando la ubicación geográfica de dichos inmuebles y los valores promedio de mercado.

En todos los casos en los que la reglamentación opte por fijar un valor mínimo, el contribuyente podrá presentar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos documentación para demostrar que el valor de mercado del bien a la Fecha de Regularización es inferior al valor mínimo y solicitar la reducción de la base imponible a dicho valor de mercado. La reglamentación establecerá el procedimiento y la documentación a presentar para tal fin y el medio de reintegro del Impuesto Especial de Regularización ingresado en exceso, de ser validado por la Administración Federal de Ingresos Públicos el valor de mercado presentado por el contribuyente;

c) Acciones, cuotas y cualquier tipo de derecho de participación en sociedades, corporaciones, entes o vehículos de cualquier naturaleza y los derechos de beneficiarios de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares, siempre que el ente del exterior no sea considerado un sujeto residente en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y siempre que estos títulos o derechos de participación no coticen en bolsas o mercados del exterior: el valor patrimonial proporcional atribuible a dichas participaciones según el último balance cerrado antes de la Fecha de Regularización. Si la participación refiriera a un vehículo que no tenga la obligación de preparar balances, la base imponible estará compuesta por todos sus activos, valuados según las normas de este régimen y deducidas las deudas que dicho vehículo haya contraído, en la proporción atribuible a la participación del contribuyente. La reglamentación podrá emitir normas de valuación de este tipo de pasivos;

d) Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotaspartes de fondos y otros similares, que coticen en bolsas o mercados del exterior: según su valor de cotización a la Fecha de Regularización;

e) Otros bienes muebles de cualquier tipo ubicados fuera de Argentina: a su valor de mercado a la Fecha de Regularización;

Créditos de cualquier tipo o naturaleza, cuando el deudor de dichos créditos no sea un residente argentino bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones: por el capital de dicho crédito, con más los intereses devengados y no pagados a la Fecha de Regularización. Si el crédito y los intereses estuvieran expresados en pesos argentinos, deberán ser convertidos a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización;

g) Derechos y otros bienes intangibles no incluidos en incisos anteriores: según el valor de adquisición que hubieran tenido bajo la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, actualizado por el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo hasta la Fecha de Regularización y convertidos a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización;

h) Otros bienes ubicados fuera del país y no incluidos en incisos anteriores: según su valor de mercado a la Fecha de. la Regularización, pudiendo la reglamentación establecer’ la forma de cálculo específica del valor de mercado de los bienes incluidos en este inciso.

Capítulo IV - Impuesto Especial de Regularización.

Artículo 28.- Determinación del impuesto a ingresar. De manera excepcional y solo a los fines de este Régimen de Regularización de Activos, los montos a ingresar como Impuesto Especial de Regularización deberán ser calculados e ingresados en dólares estadounidenses.

El impuesto a ingresar se calculará sobre el total del valor de los bienes, tanto en Argentina como ‘en el exterior, que sean regularizados mediante el presente Régimen de Regularización de Activos, según las alícuotas que se indican a continuación y teniendo en cuenta los supuestos especiales de exclusión del artículo, 31 de la presente ley.

A ‘los efectos de determinar la alícuota aplicable según la escala anterior, se considerarán los bienes regularizados por el contribuyente y aquellos regularizados en la Etapa correspondiente o en una Etapa anterior por los ascendientes y descendientes hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad, por los cónyuges y convivientes. En ese caso, todos los sujetos que regularicen podrán computar, proporcionalmente, la franquicia prevista en la primera escala de los cuadros del párrafo anterior.

La reglamentación podrá establecer excepciones a la obligación de ingresar el Impuesto Especial de Regularización en dólares estadounidenses por la Regularización de bienes abarcados por el artículo 24.1. En dicho caso, deberá aplicarse sobre la base imponible calculada según las reglas de los artículos 27 y 28 la alícuota del cinco por ciento (5%), diez por ciento (10%) o quince por ciento (15%), según la Etapa en la que los bienes se regularicen, para determinar el Impuesto Especial de Regularización aplicable.

Artículo 29.- Determinación y pago del Impuesto Especial de Regularización. Los contribuyentes que adhieran al presente Régimen de Regularización de Activos deberán determinar el Impuesto Especial de Regularización al momento de la presentación de la declaración jurada mencionada en el artículo 22. El pago del Impuesto Especial de Regularización deberá ser realizado en los plazos indicados en el artículo 23, de acuerdo con las pautas que determine la reglamentación. Al momento de dicho pago, el contribuyente podrá tomar como crédito el pago anticipado realizado bajo las normas del artículo 30.

La falta de pago en término del Impuesto Especial de Regularización privará de todo efecto jurídico a la manifestación de adhesión al Régimen de Regularización de Activos formulada por el contribuyente, quedando éste excluido de pleno derecho del presente régimen.

ArtÍculo 30.- Pago adelantado obligatorio. Todo contribuyente que realice la manifestación de adherir al presente Régimen de Regularización de Activos prevista en el artículo 21, deberá ingresar, dentro de la fecha límite prevista en el artículo 23 para cada Etapa, el pago adelantado previsto en este artículo.

La falta de ingreso del pago adelantado dentro de la fecha indicada causará el decaimiento automático de la manifestación de adhesión al Régimen de Regularización de Activos y excluirá al contribuyente de todos los beneficios previstos en el régimen.

El pago adelantado aquí previsto deberá ser no menor al setenta y cinco por ciento (75%) del impuesto Especial de Regularización establecido en el artículo 29.

Si un contribuyente regularizara bienes en más de una Etapa, el porcentaje del párrafo anterior deberá ser tomado respecto del impuesto Especial de Regularización establecido en el artículo 29 por la totalidad de los bienes regularizados. El pago adelantado que se hubiera efectuado en cualquiera de las Etapas anteriores será considerado pago a cuenta del pago adelantado que deberá efectuarse en la Etapa de la última adhesión.

Si una vez, presentada la declaración jurada y determinado el total del Impuesto Especial de Regularización se advirtiera que el pago adelantado hecho fue inferior al setenta y cinco por ciento (75%) del total del impuesto a ingresar, podrán mantenerse los beneficios del presente régimen ingresando el saldo pendiente incrementado en un cien por ciento (100%).

El incremento del saldo pendiente mencionado en el párrafo anterior no podrá ser considerado pago a cuenta del impuesto que en definitiva se determine.

No corresponderá realizar el pago adelantado en el caso de aquellos sujetos que hasta un importe de dólares estadounidense cien mil (USD 100.000).

Capítulo V - Supuestos especiales de exclusión de base imponible y pago del Impuesto Especial de Regularización.

Artículo 31.- Dinero en efectivo, en Argentina o en el exterior, que sea depositado o transferido a una Cuenta Especial de Regularización de Activos. El dinero en efectivo que sea regularizado bajo las reglas del Régimen de Regularización de Activos y que sea depositado y/o transferido a una Cuenta Especial de Regularización de Activos será excluido de la base de cálculo del artículo 28 y deberá determinar el Impuesto Especial de Regularización segÚn las reglas del presente artículo 31.

Al momento del depósito o transferencia del monto regularizado a la Cuenta Especial de Regularización de Activos no deberá pagarse el impuesto Especial de Regularización, y este impuesto tampoco será pagado mientras los fondos permanezcan depositados en esas cuentas.

Durante el plazo en que los fondos estén depositados en la Cuenta Especial de Regularización de Activos, éstos podrán ser invertidos exclusivamente en los instrumentos financieros que indique la reglamentación, la que deberá contemplar instrumentos financieros que emitan las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para integrar la financiación’ de obras públicas. Los resultados de estas inversiones deberán ser depositados en la misma Cuenta Especial de Regularización de Activos.

Al momento en el cual los fondos depositados en una Cuenta Especial de Regularización de Activos sean transferidos a otra cuenta por. cualquier motivo, se deberá pagar el Impuesto Especial de Regularización, el cual será retenido con carácter de pago Único y definitivo por la entidad financiera en la cual se encuentra abierta la Cuenta Especial de Regularización de Activos, según las siguientes reglas:

(i) Si los fondos son transferidos a la Administración Federal de ingresos ‘Públicos para pagar el Impuesto Especial de Regularización previsto en los artículos 29 o 30 de la presente ley no se realizará retención alguna.

A estos fines y de ser necesarios, el contribuyente podrá utilizar cualquier medio legalmente disponible para transformar los dólares estadounidenses en los pesos necesarios para el pago de dicho impuesto, pudiendo optar por vender dichos dólares estadounidenses en el mercado oficial de cambios o utilizar esos fondos para realizar una operación bursátil de compra y venta de títulos valores que le permita obtener los fondos en pesos necesarios para el pago del impuesto.

En todos los casos, los fondos en pesos resultantes de la operación deberán ser acreditados en una cuenta abierta en la misma entidad financiera en la cual se encontraba abierta la Cuenta Especial de Regularización de Activos de la cual se transfirieron los dólares estadounidenses, debiendo la reglamentación indicar los comprobantes o la documentación que dicha entidad deberá requerir al contribuyente como respaldo de la transacción realizada.

(ii) Si los fondos son transferidos a cualquier otra cuenta antes del 31 de diciembre de 2025, corresponderá aplicar una retención del cinco por ciento (5%) sobre el monto transferido, cualquiera sea el destino de la transferencia.

Dicha retención no deberá ser realizada si la transferencia tiene por destino:

a) La adquisición de certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva, de acuerdo a las reglas que fije la reglamentación, siempre que la inversión se mantenga bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre de 2025;

b) La suscripción o adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión que cumplan con los requisitos exigidos por la reglamentación y que se mantengan bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre de 2025.

El Poder Ejecutivo nacional podrá adicionar otros destinos a los previstos anteriormente, que tengan por finalidad incentivar la inversión productiva en el país; fomentar el crédito a las empresas que operan en el país; o promover la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las provincias de menor. grado de desarrollo relativo o fomentar el crédito de las mismas.

(iii) Si los fondos son transferidos a partir del 10 de enero de 2026: no se realizará retención alguna.

En ningún caso se permitirá la extracción en efectivo de los montos depositados en una Cuenta Especial de Regularización de Activos, pero los contribuyentes, de corresponder, podrán solicitar su transferencia inmediata a otra cuenta bancaria de su titularidad, sujeto a la aplicación del respectivo Impuesto Especial de Regularización, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente.

En el caso de contribuyentes que regularicen bienes por un monto de hasta dólares estadounidenses cien mil (USD 100.000), incluyendo dinero en efectivo, no deberán ingresar el Impuesto Especial de Regularización contemplado en el artículo 28 de esta ley ni la retención del cinco por ciento (5%) que se contempla en el presente artículo. Para ello, los contribuyentes deberán mantener los fondos en la Cuenta Especial de Regularización de Activos hasta la fecha límite prevista para la manifestación de adhesión a la Etapa 1, excepto por los motivos contemplados en el punto (i) y en los incisos a) y b del punto (ii) del cuarto párrafo de este artículo o por transferencias realizadas en virtud de operaciones onerosas debidamente documentadas en los términos establecidos por la legislación vigente.

Bajo el presente régimen, los contribuyentes también podrán optar por abrir Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos, las cuales serán abiertas en Agentes de Liquidación y Compensación (‘ALyCS’,).

Las Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos que reciban fondos regularizados estarán sujetas a las mismas restricciones y características que las indicadas anteriormente para las Cuentas Especiales de Regularización de Activos, y los Agentes de Liquidación y Compensación (’ALyCs“) que abran dichas cuentas tendrán las mismas obligaciones que las entidades financieras respecto de las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (incluida la de actuar como agente de retención del Impuesto Especial de Regularización). La reglamentación podrá realizar las adaptaciones necesarias al régimen definido en párrafos anteriores para las Cuentas Especiales de Regularización de Activos, de manera de posibilitar su correcta aplicación respecto de las Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos..

La transferencia de fondos de Cuentas Especiales de Regularización de Activos a Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos no dará lugar a la aplicación de retención alguna al momento de dicha transferencia.

La Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de la República Argentina deberán regular el régimen de las Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos, incluyendo, de corresponder, la necesidad de encaje de los fondos depositados en el Banco Central de la República Argentina, las inversiones permitidas y los plazos en que éstas deberán ser mantenidas y las obligaciones de los Agentes de Liquidación y Compensación (’ALyCs“) respecto de los fondos que administren.

Las transferencias entre Cuentas Especiales de Regularización de Activos o Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos no darán lugar a retención alguna, incluso si se trata de Cuentas Especiales de Regularización de Activos o Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos de otros contribuyentes. En esos casos, para realizar la transferencia, el contribuyente deberá presentar ante la entidad bancaria en la cual se encuentra abierta la Cuenta Especial de Regularización de Activos o ante el Agente de Liquidación y Compensación (“ALyC”), en la cual se encuentra abierta la Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos los comprobantes que justifiquen la razón de la transferencia.

A fin de recibir transferencias desde otras Cuentas Especiales de Regularización de Activos o Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos, cualquier persona humana y jurídica residente en Argentina podrá abrir dicho tipo de cuentas, incluso si no ha regularizado bienes bajo el presente Régimen de Regularización de Activos.

El Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores deberán emitir la normativa reglamentaria para segregar los activos depositados en cuentas especiales según las Etapas mencionadas en el artículo 23, de manera de garantizar en todo momento la identificación de la Etapa en que fueron regularizados dichos bienes. Dicha segregación no corresponderá realizarse con el dinero en efectivo por cuanto sólo podrá regularizarse en el plazo establecido para la Etapa 1.

Artículo 32.- Dinero depositado en cuentas bancarias del exterior. Aquellos fondos en efectivo que estén depositados en cuentas bancarias del exterior y que sean transferidos a la Argentina y acreditados en Cuentas Especiales de Regularización de Activos o en Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos estarán excluidos de la base de cálculo tornada por el artÍculo 28 y tributarán de acuerdo a las normas del presente artÍculo.

Los contribuyentes que regularicen fondos depositados en cuentas bancarias del exterior podrán elegir transferir todo o parte de los montos regularizados a las Cuentas Especiales de Regularización de Activos o a las Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos. Los montos que no sean transferidos a dichas cuentas tributarán el impuesto Especial de Regularización debiendo ser reincorporados a la base imponible del artículo 28.

Los fondos que sean acreditados en la Cuenta Especial de Regularización de Activos o en la Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos estarán sujetos a las normas del artículo 31.

Para que las normas del presente artículo sean de aplicación, los fondos deberán ser transferidos desde las cuentas del exterior a la Cuenta Especial de Regularización de Activos o a la Cuenta Comité te Especial de Regularización de Activos antes de la fecha límite prevista para la manifestación de adhesión a la Etapa 1 bajo las reglas del artículo 23.

Artículo 33.- Títulos valores depositados en entidades del exterior. Aquellos títulos valores depositados en cuentas del exterior, que sean enajenados, rescatados o liquidados y que el monto resultante de dicha enajenación, liquidación o rescate sea transferido desde el exterior a una Cuenta Especial de Regularización de Activos o a una Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos estarán excluidos de la base imponible tomada por el artículo 28 y tributarán de acuerdo a las normas del presente artÍculo.

Los contribuyentes que regularicen títulos valores depositados en entidades del exterior podrán elegir enajenar, liquidar o rescatar y transferir el monto resultante a las Cuentas Especiales de Regularización de Activos o a las Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos por todoo parte de los títulos valores regularizados bajo el presente 1 régimen. Los títulos valores que no reciban ese destino deberán ser reincorporados a la base imponible del artículo 28.

Los fondos que sean acreditados en la Cuenta Especial de Regularización de Activos o en la Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos estarán sujetos a las normas del artículo 31.

Para que las normas del presente artículo sean de aplicación, los fondos deberán ser transferidos desde las cuentas del exterior ala Cuenta Especial de Regularización de Activos o a la Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos antes de la fecha lÍmite prevista para la manifestación de adhesión a la Etapa 1 bajo las reglas del artículo 23.

Capítulo VI - Efectos de la regularización.

Artículo 34.- Los sujetos que adhieran al presente Régimen de Regularización de Activos, gozarán de los siguientes beneficios en la medida de los bienes declarados:

a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 18, ni a los tres artículos sin número agregados a continuación del artículo 18, de la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, con respecto a las tenencias declaradas;

b) Quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarlos, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren en el presente régimen, en las rentas que éstos hubieren generado y en los fondos que se hubieran usado para su adquisición, así corno el cobro y la liquidación de las divisas provenientes de la Regularización de Activos de dichos bienes, créditos y tenencias.

Quedan comprendidos en esta liberación los socios administradores y gerentes, directores, sÍndicos y miembros de los consejos. de vigilancia de las sociedades contempladas en la Ley General de Sociedades 19.550 (texto ordenado en 1984 y sus modificaciones), y cargos equivalentes en cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones, fideicomisos y sucesiones indivisas, fondos comunes de inversión, representantes legales de sucursales de empresas extranjeras y profesionales certificantes de los balances respectivos.

La liberación de las acciones penales previstas en este artículo equivale a la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal.

Esta liberación no alcanza a las acciones que pudieran ejercer los particulares que hubieran sido perjudicados mediante, como consecuencia o en ocasión de dichas transgresiones;

c) Quedan liberados del pago de los impuestos que se hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes declarados en el presente régimen, así como• de las respectivas obligaciones accesorias, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1. Impuestos a las Ganancias, Impuesto a las salidas no documentadas (conforme el artículo 40 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones), Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, Impuesto á la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas e Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, respecto de los bie nes regularizados y sobre los fondos que hubieran utilizado para la adquisición de estos bienes.

2. Impuestos Internos e Impuesto al Valor Agregado que puedan aplicar sobre las operaciones que originaron los fondos con los que el bien regularizado fue adquirido o sobre los fondos en efectivo que sean regularizados.

3. Impuestos sobre los Bienes Personales, el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia establecido por la ley 27.605 y la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, respecto del impuesto originado por el incremento del activo imponible, de los bienes sujetos a impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en pesos a las tenencias y/o bienes declarados.

4. Los impuestos citados en los incisos precedentes que se pudieran adeudar por los períodos fiscales anteriores al que cierra al .31 de diciembre de 2023, inclusive, por los bienes regularizados bajo el presente Régimen de Regularización de Activos;

d) Los sujetos que regularicen bienes que poseyeran a la Fecha de Regularización, sumados a los que declaren en las respectivas declaraciones juradas de los ejercicios finalizados hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive, tendrán los beneficios previstos en los.incisos anteriores, por cualquier bien o tenencia que hubieren poseído con anterioridad al 31 de diciembre de 2023 y no lo hubieren declarado.

En el caso que la Administración Federal de Ingresos Públicos detectara cualquier bien o tenencia que fuera de propiedad de los mencionados sujetos a la Fecha de Regularización y que no hubiera sido declarado mediante el presente Régimen de Regularización de Activos ni con anterioridad, se privará al sujeto que realiza la regularización de los beneficios indicados en el inciso d) precedente, sin que resulten afectados los beneficios de los incisos a), b) y c) del presente que refieren a los bienes regularizados mediante el presente régimen.

La reglamentación establecerá el umbral mínimo que permitirá dar por decaído los beneficios del inciso d) de este artículo cuando se detectaran bienes no declarados ni regularizados bajo el presente régimen que eran de propiedad del contribuyente a la Fecha de Regularización. Dicho umbral no podrá ser inferior al diez por ciento (10%), ni superior al veinticinco por ciento (25%), del total de los bienes regularizados por el contribuyente bajo el presente régimen.

A los fines indicados en el párrafo anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos conserva la totalidad de las facultades que le confiere la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, para investigar y determinar los bienes de propiedad del contribuyente.

Artículo 35.- Los beneficios mencionados en el artículo 34 también aplicarán a los sujetos incluidos en el artículo 53 de la Ley del impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y demás sociedades o de empresas o explotaciones unipersonales por los activos que sus accionistas y socios hayan declarado en los términos del presente Régimen de Regularización de Activos.

Artículo 36.- La Regularización de Activos efectuada por las sociedades comprendidas en el inciso b) del artÍculo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, liberará del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los socios, en proporción a la materia imponible que les sea atribuible, de acuerdo con su participación en estas. Igual criterio corresponderá aplicar con relación a los sujetos referenciados en el inciso c) del mencionado artículo con relación a los o las fiduciantes, beneficiarios o beneficiarias y/o fideicomisarios o fideicomisarias. La liberación dispuesta procederá solo en el supuesto en que los sujetos mencionados en los incisos b) y c) del artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, no hubieran ejercido la opción a la que se refiere en el punto 8 del inciso a) del artículo 73 de la mencionada ley.

Capítulo VII - Pago del impuesto especial. Efectos de la falta de pago en término.

Artículo 37.- Pago del Impuesto Especial de Regularización. El pago del Impuesto Especial de Regularización deberá realizarse en dólares estadounidenses, excepto en los casos expresamente previstos bajo el último párrafo del artículo 28.

La reglamentación establecerá el mecanismo para recibir el pago mediante transferencias en dólares estadounidenses realizadas desde el exterior.

Artículo 38.- Falta de pago del Impuesto Especial de Regularización. La falta de pago del Impuesto Especial de Regularización dentro del plazo otorgado por la reglamentación causará el decaimiento de todos los beneficios del presente régimen.

Capítulo VIII - Sujetos excluidos.

ArtÍculo 39.- Funcionarios públicos. Quedan excluidos de las disposiciones del presente régimen los sujetos que hayan desempeñado en los últimos diez (10) años a contar desde la fecha de entrada en vigencia del presente Régimen de Regularización de Activos y/o aquellos que actualmente desempeñen las siguientes funciones públicas:

a) Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal

b) Senador o diputado nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o concejal municipal, o Parlamentario del Mercosur;

c) Magistrado del Poder Judicial Nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

d) Magistrado del Ministerio Público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

e) Defensor del Pueblo o adjunto del Defensor del Pueblo nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

f) Jefe de Gabinete de Ministros, ministro, secretario o subsecretario del Poder Ejecutivo nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

g) Interventor federal, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

h) Síndico General de la Nación, síndico general adjunto de la Sindicatura General, presidente o auditor general de la Auditoría ‘General, autoridad superior de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos en los tres niveles de gobiernos;

i) Miembro del Consejo de la Magistratura o del jurado de enjuiciamiento;

j) Embajador, cónsul o funcionario destacado en misión oficial permanente en el exterior;

k) Personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina o del Servicio Penitenciario Federal, con jerarquía no menor de coronel o equivalente, personal de la Policía provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con categoría no inferior a la de ‘Comisario, o personal de ‘categoría inferior, a cargo de Comisaría;

l) Rector, decano o secretario de las universidades nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

m) Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, que preste servicio en la Administración Pública nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado o personal con similar categoría o función y en otros entes del sector público;

n) Funcionario colaborador de interventor federal, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con categoría o función no’ inferior a la de director o equivalente;

o) Personal, de los organismos indicados en el inciso h) del presente artículo, con categoría no inferior a la de director o equivalente;

p) Funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;

q) Funcionario que integra los organismos de control de los servicios públicos privatizados’, con categoría no inferior a la de director;

r) Personal que se desempeña en el Poder Legislativo nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de ‘Buenos Aires, con categoría no inferior a la de director;

s) Personal que cumpla servicios en el Poder Judicial o en el Ministerio Público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con categoría no inferior a secretario o equivalente;

t) Funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras en cualquiera de los tres niveles de gobierno;

u) Funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;

v) Director o administrador de las entidades sometidas al control externó del Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la ley 24.156;

w) Personal de los organismos de inteligencia, sin ‘distinción de grados, sea su situación de revista permanente o transitoria.

Artículo 40.- Familiares de funcionarios públicos. Quedan excluidos de las disposiciones del Régimen de Regularización de Activos los cónyuges y convivientes y los ascendientes y descendientes en primer y segundo grado, por consanguinidad o afinidad, y colaterales en segundo grado por consanguinidad o afinidad de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 39.

Quedan también comprendidos los ex cónyuges y ex convivientes de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 39 que hubieran sido cónyuges o convivientes durante el plazo fijado en dicho artículo.

Artículo 41.- Otros sujetos excluidos. Quedan excluidos de las disposiciones del Régimen de Regularización de Activos quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley:

a) Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificaciones o 25.284 y sus modificaciones, mientras duren los efectos de dicha declaración;

b) Los condenados con condena firme en primera instancia o con sentencia en segunda instancia por alguno de los delitos previstos en las leyes 22.415 y sus modificaciones (Código Aduanero), 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley;

c) Los condenados con condena firme en primera instancia o con sentencia en segunda instancia por delitos comunes, que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley;

d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados con condena firme en primera instancia o con sentencia en segunda instancia con fundamento en las leyes 22.415 y sus modificaciones (Código Aduanero), 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se haya dictado sentencia de segunda instancia con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley;

e) Quienes estuvieran procesados, aun cuando no estuviera firme dicho auto de mérito, por los siguientes delitos:

i. Contra el orden económico y financiero previstos en los artículos 303, 306, 307, 309, 310, 311 y 312 del Código Penal.

ii. Enumerados en el artículo 60 de la ley 25.246, con excepción del inciso k). La exclusión establecida en este artículo también será de aplicación para tos familiares hasta el cuarto grado de consanguineidad de los procesados determinados en el párrafo anterior.

iii. Estafa y otras defraudaciones previstas en los artículos 172, 173 y 174 del Código Penal.

iv. Usura prevista en el artículo 175 bis del Código Penal.

v. Quebrados y otros deudores punibles previstos en los artículos 176, 1771 178 y 179 del Código Penal.

vi. Contra la fe pública previstos en los artículos 282, 283 y 287 del Código Penal.

vii. Falsificación de marcas, contraseñas o firmas oficiales, previstos en el artículo 289 del Código Penal y falsificación de marcas registradas previsto en el artículo 31 de la ley 22.362, de Marcas y Designaciones.

viii. Encubrimiento al adquirir, recibir u ocultar dinero, cosas o efectos provenientes de un delito previsto en el inciso c) del numeral 1 del artículo 277 del Código Penal.

ix. Homicidio por precio o promesa remuneratoria, explotación sexual y secuestro extorsivo establecido en el inciso 3 del artículo 80, artículos 127 y 170. del Código Penal, respectivamente.

Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente Régimen de Regularización de Activos tuvieran un proceso penal en trámite por los delitos enumerados en el inciso e), podrán adherir en forma condicional al régimen. El auto de procesamiento que se dicte en fecha posterior, dará lugar a la pérdida automática de todos los beneficios que otorga el presente régimen.

f) Las personas jurídicas en las que los sujetos excluidos por los artículos 39, 40 y los restantes incisos de este artículo, individual o conjuntamente, tengan participación mayoritaria y/o control de la voluntad social;

g) Personas jurídicas que hayan sido ejecutoras de beneficios, sociales y los integrantes de sus órganos de gobierno, dirección y/o administración, ya sea a nivel nacional o provincial, durante los últimos cinco (5) años;

h) Quienes hayan recibido planes sociales durante los últimos cinco (5) años, con excepción de quienes hayan recibido asistencia durante la emergencia del COVID-19;

i) Quedan asimismo excluidas de las disposiciones del presente régimen los sujetos que hayan revestido el carácter de personas expuestas políticamente extranjeras en los últimos diez (10) años a contar desde la fecha de entrada en vigencia del presente Régimen de Regularización de Activos yio aquellos que actualmente tengan tal carácter.

Artículo 42.- Tributos Provinciales. Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al Régimen de Regularización de Activos, adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 43.- Otras provisiones. El Impuesto Especial de Regularización se regir por lo dispuesto en la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones de Procedimiento Fiscal, y resulta coparticipable. Ninguna de las disposiciones de este. Régimen de Regularización de Activos liberará a los sujetos mencionados en el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias de las obligaciones impuestas por la legislación vigente tendiente a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos cooperará con otras entidades públicas en el marco de la citada ley 25.246 y sus modificaciones.

Los sujetos que adhieran al Régimen de Regularización de Activos no podrán inscribirse en regímenes de regularización de activos no declarados, cualquiera fuera su denominación, que pudieran eventualmente implementarse hasta el 31 de diciembre de 2038.

Artículo 44.- Reglamentación. Entrada en vigor. El Poder Ejecutivo nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores deberán dictar las respectivas reglamentaciones en un plazo máximo de diez (10) días a contar desde la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial. Las disposiciones de este título entrarán en vigor a partir de su!publicación en el Boletín Oficial.

TÍTULO III - Impuesto sobre los Bienes Personales (Texto aprobado por Diputados)

Capítulo I. Régimen especial del ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales.

Artículo 46.- Régimen especial de ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales. Créase el presente Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (“REIBP”) por todos los períodos fiscales hasta la fecha de su caducidad, la cual opera el 31 de diciembre de 2027.

Artículo 47.- Sujetos alcanzados. Las personas humanas y sucesiones indivisas que sean residentes fiscales en la REPÚBLICA ARGENTINA al 31 de diciembre de 2023, según las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, podrán optar por adherir al REIBP. Las personas humanas que, al 31 de diciembre de 2023, no sean consideradas residentes fiscales a los efectos del Impuesto sobre los Bienes Personales, pero hubieran sido residentes fiscales en la REPÚBLICA ARGENTINA antes de esa fecha, podrán acceder a los beneficios de esta ley en igualdad de derechos y obligaciones que las personas humanas mencionadas en el párrafo anterior. A partir de la adhesión al REIBP, dichas personas humanas serán consideradas residentes fiscales en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Artículo 48.- Derecho de Opción. La opción de adherir al REIBP es de carácter individual y voluntaria, tratándose el presente de un régimen especial que comprende al Impuesto sobre los Bienes Personales y a todo otro tributo patrimonial nacional (cualquiera fuera su denominación) que pueda complementar o reemplazar al Impuesto sobre los Bienes Personales en los períodos fiscales 2024 a 2027. Al optarse por la adhesión al REIBP, el Estado Nacional y el contribuyente declaran que entienden y reconocen los derechos, obligaciones y limitaciones de carácter recíproco aquí establecido.

Artículo 49.- Período de opción. Los sujetos indicados en el artículo 47 podrán optar por adherirse al REIBP hasta el 31 de julio de 2024, inclusive. El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá extender dicha fecha hasta el 30 de septiembre de 2024, inclusive. Los contribuyentes que hayan regularizado bienes bajo el Régimen de Regularización de Activos previsto en el Título II de la presente ley podrán optar por adherirse al REIBP hasta la fecha límite de presentación de la declaración jurada establecida en el artículo 23 de la presente ley.

Artículo 50.- Períodos fiscales alcanzados. Los contribuyentes que opten por adherirse al REIBP, tributarán el Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente a los períodos fiscales 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027 en forma unificada. Los contribuyentes que hayan regularizado bienes bajo el Régimen de Regularización de Activos previsto en el Título II de la presente ley que opten por adherirse al REIBP tributarán el Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes a los períodos fiscales 2024, 2025, 2026 y 2027 en forma unificada.

Artículo 51.- Base imponible. Personas humanas y sucesiones indivisas residentes en la REPÚBLICA ARGENTINA. Para calcular la base imponible del REIBP, las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en la REPÚBLICA ARGENTINA deberán utilizar las siguientes reglas:

1. Se tomarán en cuenta los bienes existentes en el patrimonio del contribuyente al 31 de diciembre de 2023, inclusive.

2. Se procederá a valuar todos los bienes del patrimonio existentes al 31 de diciembre de 2023 usando para ello las reglas de valuación previstas en el Título VI de la Ley N° 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, excluyendo a estos fines las acciones, cuotas o participaciones en sociedades u otros entes a los que hace referencia el artículo sin número a continuación del artículo 25 de la citada ley.

3. Del monto resultante, se restará el valor de los bienes exentos indicados en el artículo 21 del Título VI de la Ley N° 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. Los bienes comprendidos en los incisos g), i), j) y k) del mencionado artículo 21 solo serán restados del patrimonio gravado si se encontraban en el patrimonio del contribuyente antes del 10 de diciembre de 2023, inclusive.

4. Del monto resultante, se detraerá el mínimo no imponible previsto en el artículo 24 del Título VI de la Ley N° 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. De existir entre los bienes la casa-habitación del contribuyente, se restará también el valor de dicho inmueble hasta el límite previsto por el segundo párrafo del artículo 24 del Título VI de la Ley N° 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. En ambos casos, se tomará el monto vigente para el período fiscal 2023.

5. El monto resultante final se multiplicará por cinco (5).

Artículo 52.- Bienes regularizados bajo el régimen del Título II de la presente ley. Aquellos contribuyentes que hayan regularizado bienes bajo el Régimen de Regularización de Activos previsto en el Título II de la presente ley y que opten por declarar el Impuesto sobre los Bienes Personales bajo el presente régimen REIBP, deberán calcular la base imponible por dichos bienes de acuerdo a las normas del presente artículo. A tal fin, los bienes regularizados no integrarán la base imponible determinada en el artículo anterior.

Para determinar la base imponible de los bienes regularizados deberá seguirse las siguientes reglas:

1. Deberá tomarse la totalidad de los bienes regularizados en las TRES (3) Etapas del Régimen de Regularización de activos, los cuales se valuarán conforme a las reglas del artículo 28.

2. El valor resultante, expresado en dólares estadounidenses de acuerdo a las reglas del citado artículo 28, deberá convertirse a pesos ($) usando el tipo de cambio oficial correspondiente a la fecha de presentación de las respectivas declaraciones juradas a que hace referencia el artículo 23 de la presente ley.

3. El monto resultante se lo multiplicará por 4 (CUATRO).

Artículo 53.- Alícuota. Los contribuyentes que sean personas humanas y sucesiones indivisas que se adhieran al REIBP aplicarán la alícuota de CERO COMA CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (0,45%) sobre la base imponible determinada según las normas del artículo 51.

Los contribuyentes alcanzados por las reglas del artículo 52 que adhieran al REIBP aplicarán la alícuota del CERO COMA CINCUENTA POR CIENTO (0,50 %) sobre la base imponible determinada según las reglas de dicho artículo 52.

Artículo 54.- Créditos fiscales. Para el pago del respectivo impuesto bajo el REIBP, los sujetos indicados en el primer párrafo del artículo 50 de esta ley podrán computarse los créditos fiscales, anticipos y pagos a cuenta del Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente al período fiscal 2023.

Artículo 55.- Presentación de la declaración jurada y pago del impuesto. La reglamentación establecerá el método, fecha de pago y demás requisitos para la presentación de la declaración jurada del REIBP y el cálculo del impuesto a pagar bajo el REIBP. El pago del impuesto en forma posterior a la fecha establecida por el PODER EJECUTIVO NACIONAL privará al contribuyente en forma total de los beneficios del REIBP. Del monto total a pagar bajo el REIBP, el contribuyente podrá deducir el pago inicial realizado en los términos del artículo 56. El presente artículo no será de aplicación respecto de los bienes a los que refiere el artículo 52, a los cuales les serán de aplicación las normas previstas en el artículo 58.

Artículo 56.- Pago inicial del REIBP. Los contribuyentes deberán realizar un pago inicial del REIBP de no menos del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) del total del impuesto a determinar bajo las normas del presente régimen. Este pago inicial deberá ser realizado siguiendo la fecha, método y demás requisitos que se establezca en la reglamentación. Cuando no se abone importe alguno en concepto del pago inicial del REIBP dentro del plazo legal establecido por este artículo, ello privará al contribuyente en forma total de los beneficios del presente régimen especial. El presente artículo no será de aplicación respecto de los bienes a los que refiere el artículo 52, a los cuales les serán de aplicación las normas previstas en el artículo 58.

Artículo 57.- Pago inicial inferior al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%). Si, luego de la presentación de la declaración jurada del REIBP, se advirtiera que el pago inicial realizado por un contribuyente bajo las normas del artículo 56 resultó ser inferior al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del pago total adeudado bajo el artículo 55, el contribuyente podrá optar entre:

a) Mantenerse dentro del REIBP, abonando el saldo pendiente de ingreso bajo el artículo 57, incrementado en un CIEN POR CIENTO (100%).

b) Renunciar a los beneficios del REIBP, en cuyo caso el contribuyente podrá aplicar el monto ya abonado como crédito de impuestos compensable contra cualquier otro tributo cuya recaudación esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El incremento del saldo pendiente a que hace referencia el inciso a) no podrá computarse como pago a cuenta. El presente artículo no será de aplicación respecto de los bienes a los que refiere el artículo 52, a los cuales serán de aplicación lo previsto en el artículo 58.

Artículo 58.- Bienes incluidos en el artículo 52. Los contribuyentes que opten por entrar en el REIBP y que hayan regularizado bienes bajo el Régimen de Regularización de Activos previsto en el Título II de la presente ley deberán ingresar el tributo correspondiente bajo el REIBP por los bienes regularizados de acuerdo a lo previsto en el presente artículo. Dichos contribuyentes deberán cumplir con sus obligaciones respecto de los demás bienes que no hayan sido regularizados mediante el Régimen de Regularización de Activos de acuerdo a lo previsto en los artículos anteriores. Respecto de los bienes regularizados, el monto del impuesto a ingresar será calculado de acuerdo a lo previsto en el artículo 52.

Los contribuyentes deberán presentar una declaración jurada en los términos del artículo 55 exclusivamente para los bienes regularizados. El PODER EJECUTIVO NACIONAL establecerá las fechas límite para la presentación de esta declaración jurada y para el pago del impuesto del REIBP por los bienes regularizados. El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá establecer, respecto de los bienes regularizados, la necesidad de ingresar un pago inicial en los términos del artículo 56, debiendo fijar también la fecha límite en que dicho pago deba ser hecho. La falta de cancelación del pago inicial dentro del plazo previsto por el PODER EJECUTIVO NACIONAL tendrá las sanciones previstas en el segundo párrafo del artículo 56, así como también resultarán aplicables respecto de dicho pago inicial las previsiones del artículo 57.

Artículo 59.- Exclusión del Impuesto sobre los Bienes Personales y de todo otro impuesto patrimonial. Los contribuyentes que opten por adherirse al REIBP estarán excluidos de toda obligación bajo las normas del Impuesto sobre los Bienes Personales para los períodos fiscales indicados en el artículo 50 de esta ley, según corresponda. La presente exclusión alcanza a todos los aspectos del Impuesto sobre los Bienes Personales, incluida la obligación de presentación de declaraciones juradas, de calcular la base imponible, de determinar el impuesto, de pagar el impuesto o sus anticipos o pagos a cuenta y de toda otra obligación relacionada con el Impuesto sobre los Bienes Personales. Asimismo, se encontrarán excluidos del pago de todo otro tributo nacional que se aplique sobre el patrimonio del contribuyente que pudiera crearse durante dichos períodos fiscales, sin importar su denominación. Dichas exclusiones también aplican para los contribuyentes que hayan regularizado bienes bajo el Régimen de Regularización de Activos previsto en el Título II de la presente ley que opten por adherirse al REIBP.

La presente exclusión no alcanza a las obligaciones que la persona humana que adhirió al REIBP por su propio carácter de contribuyente pudiera tener como responsable sustituto en el Impuesto sobre los Bienes Personales de un sujeto del exterior.

Artículo 60.- Estabilidad fiscal - impuestos sobre el patrimonio. Los contribuyentes que opten por adherirse al REIBP gozarán de estabilidad fiscal hasta el año 2038 respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales y de todo otro tributo nacional (cualquiera fuera su denominación) que se cree y que tenga como objeto gravar todos o cualquier activo del contribuyente, no pudiendo ver incrementada su carga fiscal por tributos patrimoniales (cualquiera sea su denominación) más allá de los límites establecidos en el párrafo siguiente.

Para establecer la carga fiscal máxima que dichos sujetos podrán soportar por cualquier tipo de tributos que recaigan directamente sobre su patrimonio o sobre cualquier activo, se deberá tomar la carga fiscal anual aplicable a su patrimonio bajo el presente REIBP, de acuerdo a las siguientes reglas:

1. Base imponible: el valor del patrimonio del contribuyente sobre el cual pudiera recaer el tributo patrimonial deberá ser calculado según las reglas de la Ley N° 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, vigentes al momento de entrada en vigor de este REIBP.

2. Alícuota: la alícuota máxima para los contribuyentes que no adhirieron al régimen del Título II de la presente ley será la de CERO COMA CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (0,45%) para los períodos fiscales 2023 a 2027 y para los contribuyentes que adhirieron al mencionado régimen del Título II será la de CERO COMO CINCUENTA POR CIENTO (0,50%) para los períodos fiscales 2024 a 2027. A partir del 1° de enero de 2028 hasta el 31 de diciembre de 2038 la alícuota máxima será del CERO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (0,25%).

3. Múltiples tributos al patrimonio: en caso de que exista más de un tributo nacional que aplique en forma global sobre el patrimonio del contribuyente, deberá tomarse a todos ellos en conjunto para determinar si se excede el límite previsto por las reglas de estabilidad fiscal de este régimen.

Queda expresamente aclarado que al adherir al REIBP y tributar el correspondiente impuesto bajo este régimen especial, se considera que el contribuyente ya ha alcanzado el máximo nivel de tributación sobre el patrimonio permitido bajo las reglas de estabilidad fiscal de este artículo por los períodos fiscales que se inician desde el 1° de enero de 2024 y hasta aquellos que finalizan el 31 de diciembre de 2027. Cualquier tributo patrimonial que se pueda crear en el futuro y que vulnere el derecho de estabilidad fiscal previsto en este artículo dará lugar a la aplicación automática de las medidas de remediación previstas en el artículo siguiente.

Artículo 61.- Incumplimiento de la obligación de estabilidad fiscal. Si, por cualquier motivo durante el período de estabilidad fiscal previsto en el artículo 60, la carga fiscal derivada de uno o más tributos que recaigan en forma directa sobre el patrimonio o sobre cualquier activo de un contribuyente que tenga derecho a aplicar el beneficio de estabilidad fiscal bajo el REIBP excede el límite previsto en el artículo 60, el contribuyente tendrá el derecho a rechazar cualquier reclamo por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de aquellos importes que excedan el límite previsto en el citado artículo 60. Si no obstante ello, el contribuyente debiera pagar un importe por encima del límite máximo establecido bajo las reglas de estabilidad fiscal del artículo 60, se le permitirá al contribuyente computar a su favor un crédito fiscal compensable contra el o los tributos patrimoniales que resultan en el exceso de la carga máxima bajo la estabilidad fiscal y/o, a elección del contribuyente, contra cualquier otro tributo nacional por un monto equivalente a la diferencia entre el o los tributos patrimoniales aplicables a ese período fiscal y el tributo patrimonial máximo calculado de acuerdo a las normas de estabilidad fiscal del artículo 60.

El crédito fiscal previsto en el presente artículo no requerirá trámite previo alguno y el contribuyente podrá aplicarlo directamente en los términos del párrafo anterior y, a tal fin, se considera que el derecho a gozar del crédito fiscal integra el patrimonio del contribuyente desde la fecha de pago prevista en el artículo 55 y, de corresponder, 58.

Artículo 62.- Donaciones y otro tipo de liberalidades. En los casos en los que un sujeto que haya adherido al REIBP acepte, antes del 31 de diciembre de 2027, una donación de un individuo que no haya adherido al REIBP, deberá tributar un impuesto adicional conforme las normas del presente artículo. El impuesto adicional no será aplicable cuando la donación consista en acciones o participaciones en sociedades argentinas o participaciones en fideicomisos alcanzados por el régimen de sustitución previsto por el artículo agregado a continuación del artículo 25 del Título VI de la Ley N° 23.966, de Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, o el que lo reemplace en el futuro.

Solo resultará aplicable el impuesto adicional al que hace referencia este artículo cuando el donatario sea pariente dentro del cuarto grado de consanguineidad del donante, o sea su cónyuge, ex cónyuge o conviviente al momento de la donación.

El impuesto adicional del presente artículo se calculará aplicando la alícuota que el donatario determinó bajo el REIBP sobre el valor de los bienes transferidos a la fecha de la donación, debiéndose multiplicar por el número de períodos fiscales que resten para completar el período alcanzado por el REIBP, incluyendo el período fiscal en que se perfeccione la donación.

A los efectos del presente artículo, el término donación incluye también a toda liberalidad que tenga por efecto directo o indirecto transmitir la propiedad de un bien a otro sujeto sin percibir a cambio una contraprestación equivalente a su valor de mercado. En los casos en que, por la naturaleza de la transacción, exista contraprestación, se podrá deducir del valor del bien el valor de dicha contraprestación a los efectos de calcular la base imponible del impuesto adicional de este artículo.

La reglamentación establecerá los plazos y modalidades en las que el presente impuesto adicional deberá ser liquidado y pagado.

Artículo 63.- Entrada en vigor. Las disposiciones del REIBP entrarán en vigor a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

Capítulo II. Modificaciones al Impuesto sobre los Bienes Personales.

Artículo 64.- Sustitúyese, con efectos a partir del período fiscal 2023 inclusive, los artículos 24 y 25 del Título VI de la Ley N° 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por los siguientes:

“Artículo 24.- No estarán alcanzados por el impuesto los bienes gravados -excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta ley- pertenecientes a los sujetos indicados en el inciso a) del artículo 17, cuando su valor en conjunto determinado de acuerdo con las normas de esta ley, resulten iguales o inferiores a PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000).

De tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado de acuerdo con las normas de esta ley, resulten iguales o inferiores a PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 350.000.000).“

“Artículo 25.- El gravamen a ingresar por los contribuyentes indicados en el inciso a) del artículo 17, será el que resulte de aplicar, sobre el valor total de los bienes situados en el país y en el exterior sujetos al impuesto - excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta ley- que exceda del establecido en el artículo 24, la siguiente escala:

e) Para el período fiscal 2027: la alícuota será de CERO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (0,25%) sobre el valor total de los bienes que excedan el mínimo no imponible establecido en el artículo 24 de esta ley.

Los montos previstos en las mencionadas escalas deberán ajustarse, a partir del período fiscal 2024, en los términos de lo establecido en el artículo agregado a continuación del artículo 24 de esta ley.

Los sujetos de este impuesto podrán computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al presente que consideren como base imponible el patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito sólo podrá computarse hasta el incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de los bienes situados con carácter permanente en el exterior.“

Artículo 65.- Beneficio a contribuyentes cumplidores. Aquellos contribuyentes que hayan cumplido con la totalidad de sus obligaciones fiscales respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales de los períodos fiscales 2020 a 2022, inclusive, tendrán una reducción de CERO COMA VEINTICINCO (0,25) puntos porcentuales de la respectiva alícuota de dicho impuesto para los períodos fiscales 2023, 2024, 2025 y 2026. Para calificar como contribuyente cumplidor a los efectos de esta ley, el contribuyente (i) no deberá haber regularizado bienes bajo las reglas del Título II de esta ley y (ii) deberá haber presentado, si estuviera obligado a ello, las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales relativas a los períodos fiscales 2020, 2021 y 2022 y haber cancelado en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2023 el saldo a favor del Fisco resultante en cada una de esas declaraciones juradas.

Artículo 66.- Entrada en vigor. Las disposiciones de los artículos 64 y 65 entrarán en vigor a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL y surtirán efectos según lo indicado en cada uno de esos artículos.

TÍTULO IV - Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas

Artículo 67.- Derógase el título VII (artículos 7° a 18) de la ley 23.905 a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente ley

TÍTULO V - Impuesto a las Ganancias (Texto aprobado por Diputados)

Capítulo I.

Artículo 68.- Sustitúyese la primera oración del segundo párrafo del artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por la siguiente:

“En primer término, dicha compensación se realizará respecto de los resultados netos obtenidos dentro de cada categoría, con excepción de las ganancias provenientes de las inversiones -incluidas las monedas digitales- y operaciones a las que hace referencia el Capítulo II del Título IV de esta ley.”

Artículo 69.- Sustitúyese el octavo párrafo del artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente:

“No serán compensables los quebrantos impositivos con ganancias que deban tributar el impuesto con carácter único y definitivo ni con aquellas comprendidas en el Capítulo II del Título IV de esta ley.”

Artículo 70.- Deróganse las siguientes normas:

a) Los incisos x), y) y z) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

b) El artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

c) El artículo 32 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

d) Los párrafos del cuarto al octavo -ambos inclusive- del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

e) Los últimos DOS (2) párrafos del artículo 94 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

f) Los artículos 110 y 111 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

Artículo 71.- Sustitúyese el artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente:

“Artículo 30.- Las personas humanas tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:

a) En concepto de ganancias no imponibles, la suma de PESOS TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO ($ 3.091.035), siempre que las personas que se indican sean residentes en el país.

b) En concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año ingresos netos superiores a PESOS TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO ($ 3.091.035), cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:

1. PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO ($ 2.911.135) por el cónyuge.

La deducción prevista en este apartado también será aplicable para los integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de DOS (2) personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo, que se acredite en la forma y condiciones que a esos efectos establezca la reglamentación.

2. PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS ($1.468.096) por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de DIECIOCHO (18) años o incapacitado para el trabajo.

La deducción de este inciso solo podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles y se incrementará, para el caso de la del apartado 2, en UNA (1) vez por cada hijo, hija, hijastro o hijastra incapacitado para el trabajo.

c) En concepto de deducción especial, hasta una suma equivalente al importe que resulte de incrementar el monto a que hace referencia el inciso a) del presente artículo en:

1. DOS COMA CINCO (2,5) veces, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 53, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el artículo 82, excepto que queden incluidas en el apartado siguiente. En esos supuestos, el incremento será de TRES (3) veces, en lugar de DOS COMA CINCO (2,5) veces, cuando se trate de “nuevos profesionales” o “nuevos emprendedores”, en los términos que establezca la reglamentación.

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere este apartado, en relación con las rentas y actividad respectiva, el pago de los aportes que, como trabajadores autónomos, deban realizar obligatoriamente al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o a la caja de jubilaciones sustitutiva que corresponda.

2. TRES COMA OCHO (3,8) veces, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 citado.

Cuando corresponda la aplicación de la deducción especial indicada en el inciso c), apartado 2, de este artículo, se añadirá como deducción especial la DOCEAVA (1/12) parte del total de deducciones resultantes de la suma de los incisos a), b) y c), apartado 2, de este artículo.

La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan ganancias comprendidas en ambos apartados.

La deducción prevista en el segundo apartado del primer párrafo de este inciso no será de aplicación cuando se trate de remuneraciones comprendidas en el inciso c) del artículo 82, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Se excluye de esta definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas armadas y de seguridad.

Respecto de las rentas mencionadas en el inciso c) del artículo 82 de la presente, las deducciones previstas en los incisos a) y c) de este artículo, serán reemplazadas por una deducción específica equivalente a OCHO (8) veces la suma de los haberes mínimos garantizados, definidos en el artículo 125 de la ley 24.241 y sus modificatorias y complementarias, siempre que esta última suma resulte superior a la suma de las deducciones antedichas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación respecto de aquellos sujetos que perciban y/u obtengan ingresos de distinta naturaleza a los allí previstos superiores al monto previsto en el inciso a) de este artículo. Tampoco corresponderá esa deducción para quienes se encuentren obligados a tributar el Impuesto sobre los Bienes Personales, siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda única.

Los montos previstos en este artículo se ajustarán anualmente, a partir del año fiscal 2025, inclusive, por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior.“

Artículo 72.- Sustitúyese la denominación del Capítulo IV del Título II de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por la siguiente:

“GANANCIAS DE LA CUARTA CATEGORÍA – IMPUESTO A LOS INGRESOS PERSONALES – TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y OTROS”.

Artículo 73.- Sustitúyense el primer y segundo párrafos del artículo 94 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por los siguientes: “ARTÍCULO 94.- Las personas humanas y las sucesiones indivisas -mientras no exista declaratoria de herederos o testamento declarado válido que cumpla la misma finalidad- abonarán sobre las ganancias netas sujetas a impuesto las sumas que resulten de acuerdo con la siguiente escala:

Los montos previstos en este artículo se ajustarán anualmente, a partir del año fiscal 2025, inclusive, por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior.“

Artículo 74.- Derógase el Capítulo III del Título IV de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

Capítulo II.

Artículo 75.- Establécese la siguiente escala a los fines de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 94 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones:

Las disposiciones del párrafo anterior resultarán de aplicación, exclusivamente, para el período fiscal 2023, excepto que se trate de las rentas comprendidas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, en cuyo caso surtirán efecto para ese período, pero hasta las mencionadas rentas que se perciban por aquellos conceptos devengados hasta el mes de septiembre de 2023, inclusive.

Artículo 76.- Ratifícase, para las remuneraciones y/o haberes que se devengaron a partir del 1° de octubre de 2023 y hasta aquellas percibidas al 31 de diciembre de 2023, inclusive, el Decreto N° 473 del 12 de septiembre de 2023 y las normas dictadas en su consecuencia.

Artículo 77.- Sustitúyese, con efectos a partir del año fiscal 2023, el último párrafo del artículo 85 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente:

“Los montos máximos deducibles por cada uno de los conceptos comprendidos en los incisos b) e i) de este artículo, fijados por el artículo 11 del Decreto N° 18 del 12 de enero de 2023, se ajustarán anualmente a partir del 1° de enero de 2023, inclusive, considerando la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto del mismo mes del año anterior.”

Artículo 78.- Sustitúyese, con efectos a partir del año fiscal 2023, el segundo párrafo del inciso g) del artículo 91 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente:

“El monto máximo deducible a que se refiere el párrafo anterior, fijado por el artículo 7° de la Resolución General (DGI) N° 3503 del 13 de mayo de 1992 , se ajustará anualmente a partir del 1° de enero de 2023, inclusive, considerando la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste, respecto del mismo mes del año anterior.”

Capítulo III.

Artículo 79.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a incrementar, durante el período fiscal 2024, los importes previstos en el artículo 30 y en el artículo 94, todos ellos de la Ley de Impuesto a las Ganancias texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

Artículo 80.- Incorpórase con efecto para los períodos fiscales que se inicien a partir del 1º de enero de 2024, como últimos TRES (3) párrafos del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, los siguientes:

“Respecto de los contribuyentes alcanzados por los incisos a) y b) de este artículo, todo pago recibido por cualquier concepto relacionado con su trabajo personal en relación de dependencia (sea pagado por su empleador o por un tercero) y/o con los demás conceptos abarcados en dichos incisos integrará la base imponible del impuesto de esta ley. No serán aplicables las disposiciones contenidas en ningún tipo de leyes –generales, especiales o estatutarias, excepto las contenidas en esta ley y sus modificaciones y la Ley N° 26.176–, decretos, convenios colectivos de trabajo o cualquier otra convención o norma, sean emitidas por el Estado (incluyendo el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o Ministerio Público) nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, entes descentralizados y/o cualquier otro sujeto, mediante las cuales esté establecido o se establezca en el futuro, directa o indirectamente, la exención, desgravación, exclusión, reducción o la deducción, total o parcial, de materia imponible de este impuesto, de los importes percibidos por los contribuyentes comprendidos en los incisos a) y b) del artículo 82, sean éstos recibidos por cualquier concepto incluyendo, sin limitación, gastos de representación, viáticos, viandas, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo, bono por productividad, horas extras o por cualquier otro concepto, cualquiera fuera la denominación asignada o que se le asigne. Los distintos conceptos que bajo la denominación de beneficios (sociales o de cualquier otra naturaleza) y/o vales de combustibles o por cualquier otro concepto, extensión o autorización de uso de tarjetas de compra y/o crédito, vivienda, viajes de recreo o descanso, pago de gastos de educación del grupo familiar u otros conceptos similares, sean otorgados por el empleador o a través de terceros a favor de sus dependientes o empleados, se encuentran alcanzados por este impuesto, aun cuando no revistan carácter remuneratorio a los fines de los aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o regímenes provinciales o municipales análogos. Exclúyese de lo dispuesto en el párrafo anterior a la provisión de ropa de trabajo o de cualquier otro elemento vinculado con la indumentaria y con el equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo y al otorgamiento o pago de cursos de capacitación o especialización en la medida en que estos resulten indispensables para el desempeño y desarrollo de la carrera del empleado o dependiente dentro de la empresa.”

Artículo 81.- Para los períodos fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2024 se establece que los beneficios consagrados en el artículo 1° de la Ley N° 26.176 únicamente aplican al personal petrolero, comúnmente denominados “personal de pozo”, amparado en la Convención Colectiva de Trabajo (“CCT”) N° 396/2004, homologada por Resolución de la Subsecretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nº 90 del 15 de diciembre de 2004 y en el Acta Acuerdo de fecha 10 de marzo de 2005, homologada por Resolución Nº 78 del 1º de abril de 2005 de la ex Secretaría de Trabajo del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y en el Acta Acuerdo de fecha 15 de junio de 2006, homologada por Resolución Nº 474 del 4 de agosto de 2006 de la ex Secretaría de Trabajo del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como en las demás Convenciones Colectivas de Trabajo y Actas Acuerdos que se hayan celebrado con posterioridad.

Dichos beneficios no resultarán aplicables a partir de los períodos fiscales señalados en el párrafo anterior para el personal directivo, ejecutivo y gerencial que desarrolla tareas en empresas petroleras amparadas o no por Convenios Colectivos de Trabajo, ni a ningún otro personal -cualquiera fuese su puesto o categoría- que no encuadre como “personal de pozo”. Esos beneficios que no fueron usufructuados en períodos fiscales anteriores a la entrada en vigencia de esta norma no serán reintegrados por el Estado Nacional.

Se entenderá por “personal de pozo” a los efectos del primer párrafo del presente artículo a aquél que se desempeñe habitual y directamente en las siguientes actividades: a) en la exploración petrolífera o gasífera llevada a cabo en campaña y b) en tareas desempeñadas en boca de pozo y afectadas a la perforación, terminación, mantenimiento y reparación de pozos petrolíferos o gasíferos.

El PODER EJECUTIVO NACIONAL dictará las normas reglamentarias que sean necesarias y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) será la autoridad de aplicación en la materia.

Capítulo IV.

Artículo 82.- Cuando la aplicación de las normas contenidas en este Título V referidas a las rentas comprendidas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 2019 y sus modificaciones (incluido lo establecido en el Capítulo III del Título IV de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, que se deroga a través del artículo 74 de la presente ley), produzca un incremento de la obligación fiscal sobre las rentas percibidas desde el 1 de enero 2024 y hasta el último día del mes inmediato anterior a la entrada en vigencia del presente Título V, ambas fechas inclusive, podrá computarse una deducción especial equivalente al incremento de la ganancia neta sujeta a impuesto que se genere en dicho lapso como consecuencia de lo dispuesto por este Título V.

La reglamentación establecerá el método para determinar los contribuyentes alcanzados por este artículo y la forma de cálculo de la deducción especial prevista en el párrafo anterior.

En ningún caso el cómputo de la deducción especial prevista en el presente artículo dará lugar a la devolución de sumas retenidas y/o ingresadas en concepto de impuesto a las ganancias por los contribuyentes alcanzados por las previsiones de este artículo.

Capítulo V.

Artículo 83.- Las disposiciones de este Título V entrarán en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL y surtirán efecto:

a) Para lo dispuesto en el Capítulo I, a partir del año fiscal 2024.

b) Para lo dispuesto en los Capítulos II y III, en las fechas expresamente indicadas en cada uno de los artículos que lo integran.

c) Para lo dispuesto en el Capítulo IV, a partir de la entrada en vigencia del presente Título V.

TÍTULO VI - Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

Artículo 84.- Sustitúyese el inciso a) dei tercer párrafo del artículo 2° del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

a) Hubieran obtenido en los doce (12) meses calendario inmediatos anteriores ala fecha de adhesión, ingresos brutos provenientes de las actividades a ser incluidas en el presente régimen, inferiores o iguales a la suma máxima que se establece en el artículo 8° para la categoría K.

Artículo 85.- Sustitúyese el inciso c) del tercer párrafo del artículo 2° del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

c) El precio máximo unitario de venta, solo en los casos de venta de cosas muebles, no supere el importe de pesos trescientos ochenta y cinco mil ($ 385.000).

Artículo 86.- Sustitúyese el artículo 8° del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

Artículo 8°: Se establecen las siguientes categorías de contribuyentes de acuerdo con los ingresos brutos anuales -correspondientes a la o las actividades mencionadas en el primer párrafo del artículo 2°-, las magnitudes físicas y el monto de los alquileres devengados anualmente, que se fijan a continuación:

Artículo 87.- Sustitúyese el artículo 11 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

Artículo 11: El impuesto integrado que por cada categoría deberá ingresarse. mensualmerte, es el que se indica en el siguiente cuadro:

Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a bonificar -en una o más mensualidades- hasta un veinte por ciento (20%) del impuesto integrado total a ingresar en un ejercicio anual, a aquellos pequeños contribuyentes que cumplan con una determinada modalidad de pago o que guarden estricto cumplim lento con sus obligaciones formales y materiales.

Artículo 88.- Sustitúyense los incisos a), b) y j) del primer párrafo del artículo 20 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por los siguientes:

a) La suma de los ingresos brutos obtenidos de las actividades incluidas en el presente régimen, en los últimos doce (12) meses inmediatos anteriores a la obtención de cada nuevo ingreso bruto -incluido este último- exceda el límite máximo establecido para la Categoría K.

b) Los parámetros físicos o el monto de los alquileres devengados superen los máximos establecidos para la Categoría K.

j) El importe de las compras más los gastos inherentes’ al desarrollo de la actividad de que se trate, efectuados durante los últimos doce (12) meses, totalicen una suma igual o superior al ochenta por ciento (80%) en el caso de venta de bienes o al cuarenta por ciento (40%) cuando se trate de locaciones, prestaciones de servicios y/o ejecución de obras, de los ingresos brutos máximos fijados en el artículo 8° para la Categoría K.

Artículo 89.- Sustitúyese el inciso e) del segundo párrafo del artículo 31 dei anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

e) Cuando se trate de locación y/o prestación de servicios, no llevar a cabo en el ano calendario mas de seis (l6) operaciones con un mismo sujeto, ni superar en estos casos de recurrencia, cada operación la suma de pesos ciento cinco mil ($105.000);

Artículo 90.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 32 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

Artículo 32: A los fines del límite al que se refieren los incisos h) e i) del artÍculo anterior, se admitirá, como excepción y por única vez, que los ingresos brutos a computar superen el tope previsto en dichos incisos en no más de pesos quinientos veinte mil ($520.000), cuando al efecto deban sumarse los ingresos percibidos correspondientes a períodos anteriores al considerado.

Artículo 91- Sustitúyense los incisos a) y b) del artículo 39 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por los siguientes:

a) Aporte con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de pesos nueve mil ochocientos ($ 9.800), para la Categoría A, incrementándose en un diez por ciento (10%) en las sucesivas categorías hasta la Categoría F inclusive, y en un cuarenta por ciento (40%) en las sucesivas categorías a partir de la Categoría G inclusive. En todos los casos, el incremento se realiza respecto del importe correspondiente a la categoría inmediata inferior;

b) Aporte de pesos trece mil ochocientos ($ 13.800), con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud instituido por las leyes 23.660 y 23.661 y sus respectivas modificaciones, de los cuales un diez por ciento (10%) se destinará al Fondo Solidario de Redistribución establecido en el artículo 22 de la ley 23.661 y sus modificaciones.

Para las categorías D a K, el aporte consignado en el párrafo anterior ascenderá a los siguientes montos:

Artículo 93.- Sustitúyese el primer pdr árrafo del artículo 49 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

Artículo 49: En todos los casos, la cooperativa de trabajo será agente de retención de los aportes y del impuesto integrado que, en función de lo dispuesto por este título, sus asociados deban ingresar al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

Artículo 94.- Sustitúyese el artículo 52 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

Artículo 52: Los montos máximos de facturación, los montos de alquileres devengados y los importes del impuesto integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría de pequeño contribuyente, así como las cotizaciones previsionales y los importes consignados en el inciso c) del tercer párrafo del artículo 2°, en el inciso e) del segundo párrafo del artículo 31 y en el primer párrafo del artículo 32, se actualizarán semestralmente a partir del año fiscal 2025, inclusive, en los meses de enero y julio, por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía, correspondiente al semestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice.

La Administración Federal de Ingresos Públicos será la encargada de publicar semestralmente los nuevos montos a que hace referencia el párrafo anterior y su respectiva aplicación.

Artículo 95.- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar, durante el período fiscal 2024 los montos máximos de facturación, los montos de alquileres devengados y los importes del impuesto integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría de pequeño contribuyente, así como las cotizaciones previsionales y los importes consignados en el inciso c) del tercer párrafo del artículo 2° del anexo de la ley 24.977, en el inciso e) del segundo párrafo del artículo 31 de la ley 24.977 y en el primer párrafo del artículo 32 de la ley 24.977.

Los importes del impuesto integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría de pequeño contribuyente, así como las cotizaciones previsionales en ningún caso podrán aumentarse en un porcentaje mayor al porcentaje de aumento que se establezca para el importe máximo de facturación de cada categoría.

Artículo 96.- Los pequeños contribuyentes que hubieran quedado excluidos de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes desde el 1° de enero de 2024 por aplicación de los parámetros existentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, podrán volver a adherirse, por única vez, sin tener que aguardar el plazo previsto en el artículo 19 del anexo de la ley 24.977 y sus modificaciones, en la medida que reúnan los requisitos subjetivos y objetivos exigidos por la normativa vigente. La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá las modalidades, plazos y. condiciones para efectuar dicha adhesión.

Artículo 97.- Las disposiciones de este título entrarán en vigencia el día’ de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de su entrada en vigencia, inclusive; excepto lo establecido en los artículos 46, 47, 48, 51 y 52 de la presente ley que entrarán en vigencia y surtirán efectos a partir del 1° de enero de 2024.

En ningún caso, las disposiciones de este título darán lugar al reintegro de las sumas oportunamente abonadas.

TÍTULO VII - Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor

Artículo 98.- Sustituyese, con efectos a partir del 1° de enero de 2025, el primer párrafo del artículo 39 de la ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 39: Cuando un responsable inscripto realice ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a consumidores finales, deberá discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación, el cual se calculará aplicando sobre el precio neto indicado en el artículo 10, la alícuota correspondiente, resultando de aplicación lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo. 37. El mismo criterio se aplicará con sujetos cuyas operaciones se encuentran exentas, incluyendo á aquellos que revistan la condición de inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes establecido por el anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias.

Artículo 99.- Todos aquellos sujetos que realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios a consumidores finales deberán indicar, en la publicación de los precios de los respectivos bienes o prestaciones, el importe final que deba abonar el consumidor final. Además deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios, el cual deberá estar, acompañado de la leyenda “PRECIO SIN IMPUESTOS”.

Las facturas o tickets o comprobantes fiscales similares emitidos por las operaciones a que hace referencia el párrafo anterior deberán detallar el importe discriminado del Impuesto al Valor Agregado y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios con el objetivo que todos los consumidores finales tengan conocimiento del importe pagado en concepto de esos impuestos en cada operación realizada.

El incumplimiento de las obligaciones mencionadas en los párrafos anteriores estará sujeto a la sanción establecida en el artículo 40 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal.

La Administración Federal de Ingresos PÚblicos deberá dictar las normas reglamentarias y complementarias que sean necesarias para que dichas obligaciones se efectivicen a partir del 1° de enero de 2025.

Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las respectivas normas para que ‘los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del Impuesto sobre los ‘Ingresos Brutos ‘y de los respectivos tributos municipales que tienen incidencia en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios.

Artículo 100.- En la publicidad de las prestaciones o servicios de cualquier tipo en los niveles nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que sean de libre acceso o atención por parte de los ciudadanos no podrá utilizarse la palabra “gratuito” o similares debiéndose aclarar que se trata de una prestación o servicio de libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes.

Artículo 101.- Las disposiciones del presente título entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

TITULO VIII - Otras Medidas Fiscales

Artículo 102.- Desgravación de retenciones impositivas a los cobros electrónicos en pequeños contribuyentes. Las entidades administradoras de tarjetas de débito, crédito, compra y similares, los agrupadores, los agregadores y los demás procesadores de medios electrónicos de pago, por los pagos que se realicen a través de los sistemas que administran, procesen u operen; y las entidades financieras, por los pagos que realicen en concepto de liquidaciones correspondientes a los pagos realizados a través de los sistemas administrados, procesados u operados por los anteriores, deberán, con una periodicidad mensual, poner a disposición de las autoridades jurisdiccionales o interjurisdiccionales competentes, cuando así lo determinen, la información relacionada con los cobros realizados a través de los medios que administran.

Las entidades administradoras de tarjetas de débito, crédito, compra y similares, los agrupadores, los agregadores y los demás procesadores de medios electrónicos de pago, por los pagos que se realicen a través de los sistemas que administran, procesen u operen; y las entidades financieras, por los pagos que realicen en concepto de liquidaciones correspondientes a los pagos realizados a través de los sistemas administrados, procesados u operados por los anteriores sólo podrán realizar retenciones impositivas, cuando así lo dispongan las autoridades tributarias nacionales, en tanto y en cuanto los montos que procesen excedan el equivalente a diez mil (10.000) Unidades de Valor Adquisitivo mensuales por contribuyente. El Ministerio de Economía podrá disponer mecanismos de identificación de los umbrales de facturación o de sujetos alcanzados siempre que respeten criterios de uniformidad y de facturación análogos a los aquí establecidos.

A estos efectos se considerarán agrupadores, agregadores y/o procesadores de medios electrón icos de pago a quienes realicen al menos una de las siguientes tareas:

a) La adhesión de comercios o proveedores al sistema de tarjetas de. débito, crédito, compra u otros medios electrónicos de pago;

b) La provisión del servicio de aceptación de tarjetas de débito, crédito, compra u otros medios electrónicos de pago a través de plataformas o sistemas que procesan pagos o a través de terminales de punto de venta;

c) La liquidación al receptor de pagos del importe de los pagos cobrados a través de tarjetas de débito, crédito, compra u otros medios electrónicos de pago.

Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a disponer mediante el dictado de la • normativa local correspondiente, mecanismos y/o parámetros objetivos que permitan que los sujetos que asuman la calidad de contribuyentes del Impuesto sobre los ingresos Brutos -locales y/o comprendidos en las normas del Convenio Multilateral queden excluidos de la Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra SIRTAC u otro sistema de recaudación local similar sobre Tarjetas de Crédito y Compra, cuando la sumatoria de operaciones infof adas, por los agentes de retención del referido Sistema de recaudación, no excedan el importe que, a tales efectos, las jurisdicciones dispongan.

En el caso de que las jurisdicciones hayan adherido al Sistema informático unificado de retención denominado “Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra SIRTAC”, invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a coordinar, mediante la Comisión Arbitral y, en el marco de las disposiciones de la Resolución General N° 2/2019 y su texto ordenado por Resolución General N° 11/2020, la fijación de reglas y/o pautas básicas que permitan la aplicación de lo establecido en el párrafo precedente. Para evaluar la situación de los contribuyentes las jurisdicciones a través de la Comisión. Arbitral tendrán acceso a la totalidad de la información necesaria administrada por los sujetos involucrados.

Artículo 103.- Modifíquese el artículo 22, del Título IV, Capítulo VI “Regalías”, de la Ley 24.196, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 22: Las provincias que adhieran al régimen de la presente ley. y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al tres por ciento (3%) sobre el valor “boca mina” del mineral extraído.

Como excepción a lo previsto en el párrafo anterior y exclusivamente respecto de proyectos mineros que no hubieran iniciado construcción correspondiente a la etapa de explotación con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente artículo, las provincias adheridas al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan- percibirlas podrán, previa adhesión a lo dispuesto en este artículo, percibir en concepto dé regalías un porcentaje que no exceda de un cinco por ciento (5%) sobre el valor “boca mina” del mineral extraído.

Artículo 104.- Las disposiciones del presente Título entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 105.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

La Cámara de Diputados le dio media sanción a un paquete fiscal, que tiene principalmente cinco grandes reformas impositivas: una moratoria, un blanqueo de capitales, modificaciones al impuesto a las Ganancias, a los Bienes Personales y al monotributo.

El sesgo de la propuesta del Ejecutivo, según especialistas, resulta muy claro: otorga enormes beneficios impositivos para quienes incumplieron las normas tributarias y para quienes mayor patrimonio tienen mientras que aumenta la presión impositiva a los sectores de mitad de tabla para abajo. El resultado sería, de completarse la aprobación en el Senado, un sistema tributario más regresivo.

En esta nota, todos los puntos principales, en detalles.

Impuesto a las Ganancias

• Se restablece el impuesto para la cuarta categoría, con un nuevo piso de $1.800.000 para solteros y $2.200.000 para casados con hijos. Con esta modificación, quienes cobren más de $1,8 millones bruto por mes volverían a tributar el impuesto, que fue eliminado para los trabajadores que de mejores ingresos (una medida que pedía la CGT) en septiembre de 2023, gracias a una reforma del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, que estaba en plena campaña electoral presidencial.

Además, las deducciones personales y las escalas de alícuotas se actualizarán semestralmente. Y se elimina la exención de horas extras y de bonos por productividad.

Monotributo

El texto aprobado por Diputados elimina el monotributo social. Esta categoría fue creada para promover la formalización de los sectores de menores ingresos permitiéndoles facturar y acceder a ciertos derechos afrontando un pago mínimo de $3.200. Son algo más de 600.000 trabajadores que facturan menos de $175.000 mensuales. Si este proyecto llegara a aprobarse, pasarían a abonar $26.600: 8 veces más. Un incremento muy oneroso para un sector vulnerable que lo condenaría a recurrir a la informalidad. 

Para el resto de los monotributistas, se incrementan las escalas de facturación, pero también los importes a pagar por mes: para la categoría A, el aumento del impuesto integrado sería de 119%.

Además, se incrementan los topes de facturación hasta un 300%; se agregan tres nuevas categorías para prestadores de servicios, permitiendo facturar hasta $68 millones anualmente, y se elimina la excepción de ingresar el impuesto integrado para las categorías A y B.

Bienes Personales

Es considerada la zanahoria para que los ricos saquen los dólares de abajo del colchón –o de las cajas de seguridad–: se reducen las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales: no sólo no abonarán nada si depositan los dólares en el banco sino que anualmente pagarán por esa tenencia cada vez menos.

Actualmente, al impuesto a los Bienes Personales lo pagan solamente algo más de 400.000 contribuyentes, menos del 1% de la población total del país, con alícuotas que van de 0,5% a 1,75% para bienes en Argentina, con una penalidad de 0,5 puntos porcentuales extra para los bienes radicados en el exterior. 

Según los datos provistos por el secretario de Hacienda, sólo 125.000 contribuyentes pagan la alícuota máxima de 2,25%. Sin embargo, en el nuevo esquema propuesto, es a este sector al que más se lo beneficia: para 2023 la alícuota máxima baja a 1,5% (0,75 puntos porcentuales menos que lo vigente), con reducciones graduales hasta llegar al año 2027 con una alícuota única de 0,25%. 

El proyecto prevé un Régimen de “pago anticipado” del impuesto por 5 períodos fiscales: se paga por el patrimonio actual (y no por lo que vaya a aumentar en los próximos años), sólo se tributa 0,45% por año, es decir, 2,25% total. También les ofrecen estabilidad fiscal hasta 2038: el Estado no podrá cobrar una alícuota superior al 0,25%, limitando así la capacidad de futuros gobiernos de gravar el patrimonio. Todo ello sin beneficio aparente: no se resigna recaudación para impulsar algún sector económico, una inversión productiva o una región determinada, es solamente una transferencia de ingresos a un reducido grupo de mayores ingresos.

Se modifica el mínimo no imponible a $100.000.000; se unifica la alícuota para bienes en el país y en el exterior, eliminando el tratamiento diferencial, y se establece un beneficio para contribuyentes cumplidores con una reducción del 0,25% en la alícuota.

Blanqueo de Capitales

En cuarto lugar, el proyecto contempla una “Regularización de activos”, es decir, un “blanqueo de capitales” a una tasa irrisoria. Hasta US$100.000 el impuesto a pagar es cero y por el excedente se cobra una alícuota de 5, 10 o 15% según el período temporal en el que se ingrese al blanqueo, sin importar los montos declarados.

Para el efectivo que sea depositado en entidades financieras o en sociedades de bolsa, el costo del blanqueo también es cero si no retiran el dinero hasta el 31 de diciembre de 2025. Este beneficio no presenta ningún tope: es decir, es sin cargo tanto para quien blanquea US$10.000 como para quien blanquea US$100.000 o US$1 millón. 

Se podrán regularizar activos en el exterior sin penalidades y con alícuota 0% hasta US$ 100.0008 y se ofrecen beneficios significativos, incluyendo la exoneración de acciones civiles y penales por delitos tributarios.

Moratoria Fiscal

Este “Régimen de Regularización Excepcional” es una moratoria para deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social, que permitiría mediante condonación de intereses y planes de pago regularizar la situación ante el fisco. 

Se permitirá pagar obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas y se condonará la totalidad de las multas y hasta el 70% de los intereses.

JJD

En paralelo a su feroz interna, que anoche provocó el reemplazo del puntano Oscar Zago por el cordobés Gabriel Bornoroni en la presidencia del bloque de diputados, La Libertad Avanza (LLA) trabaja con decisión para no volver a fracasar y que esta vez sí sea sancionada la ley Bases de Javier Milei y su paquete de medidas fiscales, que sube el monotributo a los que menos cobran y les baja el impuesto a los ricos. El objetivo del oficialismo es que todo el trámite parlamentario se consume en los próximos 30 días, antes de que el Presidente y los gobernadores firmen el Pacto de Mayo.

En Diputados, la cámara que inicia el trámite, ambas propuestas pasarían por el mismo plenario de comisiones que había dictaminado sobre la vieja ley Bases: Legislación General, que conduce Bornoroni; Presupuesto y Hacienda, que preside el bonaerense José Luis Espert (quien en el medio se pasó del ya fantasmal Juntos por el Cambio a LLA), y Asuntos Constitucionales, que está a cargo de otro libertario, el santafesino Nicolás Mayoraz.

Con el número para la aprobación supuestamente consolidado, el oficialismo proyectaba un trámite veloz: que el plenario se reuniera la próxima semana, para firmar dictámenes, y que la siguiente, probablemente el miércoles 24, se aprobara en el recinto. De esta manera, que el Senado inicie el trámite lo más rápido posible y así completar la sanción de ambas iniciativas antes de la firma del acuerdo con los gobernadores al que convocó el presidente Milei para el 25 de mayo.

Pero el avance de este cronograma ajustado del oficialismo depende de que no se multipliquen, de nuevo, las discrepancias de la oposición dialoguista —la que le presta los votos— con la letra de ambas propuestas —que en rigor son dos paquetes de leyes— y de que la pelea interna en LLA no ponga en riesgo la aprobación.

No es necesario que ingrese la ley Bases 2 como proyecto nuevo por Mesa de Entradas, porque los diputados pueden trabajar con base en el expediente ya ingresado: la vieja ley Bases, que se cayó el 6 de febrero en plena sesión por falta de consenso sobre una gran cantidad de artículos. En rigor, se la devolvió a las comisiones.

En cambio, el paquete fiscal, que restituye el impuesto a las Ganancias para los trabajadores, sí ingresará como proyecto nuevo.

El borrador de la nueva ley ómnibus tiene un 57% menos de artículos que el texto que el Poder Ejecutivo había mandado el 27 de diciembre último: el original, que no pasó el filtro de la Cámara de Diputados, tenía 664 artículos y el actual tiene 279.

La nueva propuesta, que circuló el martes a la noche, declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, y establece la privatización de varias empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina (Televisión Pública y Radio Nacional), AySA, el Correo Oficial y las empresas del servicio de trenes.

También deroga la ley 27.705, que crea la moratoria previsional y que le permite a millones de personas acceder a una jubilación.

La reforma laboral podría agregarse a la ley Bases 2: la oposición hará la propuesta

Lo que no incluye la iniciativa es la reforma laboral. Durante los próximos días, la oposición dialoguista le llevará al oficialismo una propuesta para incorporarla en el dictamen de la nueva ley Bases.

Como se indicó en esta nota de elDiarioAR, el Gobierno les entregó a los bloques aliados la llave de esa “modernización”, una versión mucho más moderada e incluso hasta digerible por buena parte de la CGT: habrá fondo de cese laboral voluntario, mayor período de prueba y eliminación de multas por falta de registración de empleados, pero no se avanzará sobre los recursos sindicales.

De hecho, una señal de ese recule libertario este miércoles, en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibieron nada menos que al insigne sindical Hugo Moyano (secretario general de Camioneros), a dos de los tres miembros de la cúpula de la CGT, Héctor Daer (sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), y a integrantes de su consejo directivo, como Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (construcción) y José Luis Lingeri (obras sanitarias).

La propuesta de reforma laboral de la oposición dialoguista será un mix entre lo que ya presentó el radicalismo en el Senado y lo que aporten los diputados de Hacemos Coalición Federal, el bloque que preside Miguel Pichetto y que integran diputados de las más diversas ideologías y sectores políticos.

En La Libertad Avanza confían en que esta vez, a juzgar por las negociaciones que Francos y Posse vienen encarando con gobernadores y legisladores nacionales, los votos no se les escapen; no solamente para el texto general de la ley Bases 2 y del paquete fiscal sino, sobre todo, para el articulado.

Además de recibir a los líderes sindicales, ambos funcionarios recibieron en la Casa Rosada a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, para definir la estrategia parlamentaria en el Senado, donde los gobernadores tienen más predicamento sobre la voluntad de los legisladores que en la Cámara de Diputados.

Del encuentro participaron también el jefe del bloque La Libertada Avanza del Senado, el jujeño Ezequiel Atauche; el presidente provisional, Bartolomé Abdala (LLA), y los senadores Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Luis Juez (PRO) y Eduardo Vischi (UCR).

“Trabajaremos, como venimos haciendo, gestionando los consensos necesarios para que el presidente Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, cuenten con las herramientas necesarias para poner a nuestro país en el lugar que se merece, que ellos destacaron en la campaña y que la mayoría de los argentinos eligió”, dijo Atauche a la salida de la reunión.

JJD

¿Qué dirán los votantes de Javier Milei que reparten comida en bicicleta acerca del borrador de reforma tributaria que mandó el Gobierno a los gobernadores y legisladores de la oposición dialoguista para aprobar en el Congreso? Son monotributistas, no empleados, que trabajan para Rappi o PedidosYa. Pero si están entre las categorías más bajas de este gravamen pasarán a tributar más, mientras que la clase media alta y la alta del país podrán abonar menos por el impuesto a los bienes personales, también llamado a la riqueza. Así lo plantean expertos a partir de la lectura del paquete de medidas fiscales que el Gobierno llevó al Congreso.

“Aumenta fuerte el monotributo para las categorías más bajas, reponen el impuesto a los ingresos para los trabajadores que ganen más de $ 1,5 millones netos y reducen fuerte el impuesto a los bienes personales hasta 2038. Más regresivo no se consigue”, advirtió Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma en un hilo en la red social X. “El impuesto a los bienes personales queda reducido a la nada. El mínimo no imponible pasa de $11 millones a $100 millones y la deducción por la vivienda familiar, de $56 millones a $350 millones. Además, bajan las alícuotas. Resultado: se va a pagar mucho menos. Además, el proyecto crea un régimen especial que limita los impuestos patrimoniales por los próximos 16 años. Para ello, establece que quienes paguen este año el impuesto correspondiente al período 2023/27 van a tener muchísimos beneficios”, comenta Campos. El proyecto original enviado en enero pasado planteaba una reforma similar de Bienes Personales.

“Quienes entren en este régimen van a pagar una alícuota fija del 0,45% de su patrimonio que supere el mínimo no imponible (hoy va del 0,5% al 2,25%). Para los años 2028/38 se reduce a apenas el 0,25% del excedente, casi nada”, continúa analizando el investigador de la CTA Autónoma. “Pero lo más importante de todo es que quienes paguen este año el impuesto correspondiente al período 2023/27 van a tener derecho a la estabilidad fiscal hasta 2038. Si un nuevo gobierno quiere aumentarles bienes personales (o cualquier impuesto patrimonial), no va a poder. Si el Congreso aprueba este proyecto va a convalidar una rebaja impositiva enorme sobre las personas de mayores fortunas del país (el 1%, con suerte) y va a atar de pies y manos a un futuro gobierno que quiera avanzar con mayores impuestos sobre el patrimonio.”

La exjefa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont también critica la reforma de Bienes Personales. Consultada por elDiarioAR, sostuvo: “Es de un nivel de regresividad inédita. Al más progresivo de los impuestos, que es el que grava stock de riqueza, lo reducen a la tercera parte y buscan compensar la pérdida de recaudación que ello supondrá comprometiendo los recursos de los gobiernos por venir. El régimen especial da beneficios a los que liquiden cinco ejercicios y además otorga estabilidad fiscal hasta 2038, ¡y a partir de 2028 reduce nuevamente la alícuota al 0,25%! Se trata de una propuesta indigerible políticamente”.

También se opone el exsecretario de Ingresos Públicos Roberto Arias: “Estoy totalmente en desacuerdo porque elimina la alícuota adicional para bienes en el exterior y baja la alícuota base a sólo 0,25% dentro de cuatro años. Es mejor que la reforma similar que había hecho Mauricio Macri porque en este caso se permite un pago anticipado que genera un recurso relevante y coparticipable e impide una modificación en el futuro.

“La contracara de la reducción de Bienes Personales es el aumento del monotributo, que puede ser importante para las categorías más bajas”, alerta Campos. “Por ejemplo, quien esté inscripto en la categoría C (el que factura hasta $350.000 por mes) va a pagar $26.600, un 70% más que ahora.”

Así quedarían las nuevas categorías según la facturación del trabajador y el aporte de cada una:

El proyecto consiste en una fuerte suba del tope de facturación de las categorías, por lo que todos los que están actualmente entre las categorías A y E pasarían a estar en la A. Para los de la E no hay ningún cambio: siguen pagando más o menos lo mismo. Los de las categorías más bajas sí van a tener un impacto fuerte. Los de la A tributarán 140% más; los de la B, 130%; los de la C, 71% y los de la D, 36%.

Quienes salen favorecidos son los de las máximas categorías del monotributo porque ya no saltarán tan fácilmente al régimen autónomo de responsable inscripto, que implica tributar “seis o siete veces más”, según el contador Fernando López Chiesa, del estudio Lisicki, Litvin & Asociados. Hasta ahora, el máximo rango de servicios es H, para los que facturan hasta $11,9 millones anuales. Ese tope subiría a 269%, a $44 millones. La mayor categoría para la venta de bienes es la K, cuyo tope se incrementaría de $16,9 millones a $68 millones, un 300%. “Es un salto considerable teniendo en cuenta los niveles de inflación y que los comerciantes escondían o subfacturaban algunos conceptos, no querían cobrar con tarjeta de débito o crédito para evitar salir del monotributo. Ese salto implicaba no sólo más dificultades económicas sino administrativas porque hay que presentar declaraciones juradas, algo a lo que el pequeño comerciante no está habituado. Es un buen punto este cambio”, opina López Chiesa.

Arias está a favor de esta reforma del monotributo: “El tope había quedado muy bajo, muchísimo más bajo que cuando se creó el régimen (en 1998)”. Sin embargo, lamenta que se eliminen los beneficios del monotributo social.

“La reposición del impuesto a los ingresos para los trabajadores en relación de dependencia se va a llevar todos los flashes”, comenta el investigador de la CTA Autónoma, en referencia a un asunto que es clave para las centrales sindicales que representan a trabajadores formales, pero que sólo abonan los que más ganan. “Lo cierto es que empezarán a pagar quienes tengan ingresos netos superiores a $1.494.000 por mes. Además, el proyecto elimina una gran cantidad de exenciones (horas extras, aguinaldo, bonos por productividad, guardias, etc). Entre las que se mantienen son las que benefician a los trabajadores petroleros, pero limitadas al personal de pozo. Lo más razonable del proyecto es que vuelve a establecer un sistema lógico de escalas. Se paga solo a partir del excedente, con alícuotas crecientes que van del 5% al 35%. A la alícuota máxima de la escala se llega con un salario bruto de aproximadamente $4,6 millones.”

Aquí detallamos cuánto pagarán los que ganen más de 15 salarios mínimos o $1,8 millones brutos o $1,494 millones netos:

“Estoy de acuerdo con la reforma de Ganancias, es decir, eliminar la reforma de Sergio Massa de 2023”, respalda Arias el regreso de este impuesto para los trabajadores que más cobran. Cuando era diputado, Milei había apoyado ese cambio del gobierno anterior. Ahora retrocede en la rebaja tributaria. “Es ir a un esquema más normal, con actualización del mínimo no imponible (nivel a partir del cual se tributa) y las deducciones. La escala es bastante progresiva”, celebra Arias, en referencia a que la alícuota arranca en el 5% y va subiendo de a poco hasta el 35%, a diferencia del gravamen en el pasado, que castigaba a casi todos los salarios altos con el máximo de 35%. “Va a traer una recaudación importante para Nación y provincias”, completa el exsecretario de Ingresos Públicos.

“Mientras seguimos mirando la nueva versión de la ley ómnibus, la discusión fiscal se mete por la ventana”, concluye Campos. Bajar la carga impositiva a los dueños de los mayores patrimonios y subírsela a los trabajadores es toda una definición de principios.“

AR

El plazo para la recategorización del monotributo correspondiente al semestre julio-diciembre de 2023 vence este lunes, según dispuso la AFIP. El organismo había prorrogado el vencimiento de este trámite por “razones de administración tributaria, las necesidades de los contribuyentes y las peticiones efectuadas por las entidades representativas de los profesionales en ciencias económicas”.

Tendrán que recategorizarse los contribuyentes cuyos ingresos hayan sido superiores o inferiores a los de la categoría vigente y, para ello, deberán ingresar a www.monotributo.afip.gob.ar con CUIT y clave fiscal.

Los monotributistas que mantengan la misma categoría, no deberán efectuar ninguna acción; a su vez, si transcurrieron menos de seis meses desde la inscripción en el monotributo, no corresponde la recategorización.

Según explicó la AFIP, para realizar el procedimiento, hay que seguir los siguientes pasos:

1) Ingresar al portal Monotributo con CUIT y clave fiscal.

2) Seleccionar la opción “recategorizarme” y automáticamente el sistema informará la categoría actual y los topes de cada parámetro.

3) Seleccionar “continuar recategorización”. Luego, ingresar información sobre el monto facturado en los últimos 12 meses. Con estos datos el sistema determina la nueva categoría correspondiente, que se debe confirmar en la opción “confirmar categoría”.

4) Imprimir la nueva credencial.

MM

Con información de la agencia NA.

En el mismo proyecto de Ley de impuesto a los Ingresos Personales que el Gobierno giró al Congreso ayer por la noche, se incluyen también importantes cambios en el Régimen Simplificado (monotributistas) reglados en la Ley 24.977. Las modificaciones más significativos se dan en algo que estaba muy solicitado por los monotributistas que es la actualización de las escalas de las categorías, las que reflejan un importante aumento de los límites por encima de la inflación.

Los cambios van más en línea con la realidad económica imperante y el impacto de la inflación, que estaba relegando a muchos contribuyentes del régimen, por pasarse del nivel máximo de facturación, debiendo migrar al régimen general. Esto, implicaba una mayor presión impositiva, además de una reorganización del negocio, pasando a tributar IVA y debiendo liquidar anualmente el impuesto a las Ganancias.

El proyecto reconoce escalas mucho mas altas en las categorías al actualizar el limite de Ingresos Brutos (facturación) y también actualiza los valores del componente impositivo, el aporte a la obra social y al sistema de jubilación, con lo cual también suben las cuotas a pagar mensualmente.

Cómo aumentan los límites de las categorías

Las escalas y limites de facturación aumentan en distinta proporción dependiendo la categoría. La categoría que menos aumenta es la A, la inicial, con un 137,16% de aumento. De allí aumenta progresivamente la escala hasta la categoría E, que alcanza un 207,8% de actualización y luego decrece unos puntos hasta la categoría H que se ajusta un 193,7 %. La H es la última categoría de servicios.

Para las categorías I, J y K, que son solo para venta de cosas muebles, los aumentos fueron más fuertes aún, alcanzando en la categoría K una actualización de la escala de 300,99% llegando a un límite máximo de 68millones de pesos, cuando antes era de casi 17 millones.

Aumento de Cuotas

En el caso de las cuotas mensuales, que se conforman de un componente impositivo, uno de obra social y un tercero de jubilación, los aumentos fueron progresivos de la categoría A a la H y van desde el aumento en la cuota de un 44% para la categoría más baja, pasando de pagar por mes $12.128,39 a $17.500. Hasta la categoría H, límite de servicios que de una cuota base de $66.111,51 se va a una cuota de $194.097,00 . Es decir un 194% más.

En el caso de venta de cosas muebles, la categoría más alta es la K y la cuota aumenta un 282,76%. Desde los $106964,65 a los $409.418 finales por mes.

MM

Con información de la agencia NA.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió hasta el 5 de febrero el plazo para la recategorización del monotributo, correspondiente al semestre julio-diciembre del 2023.

La prórroga del plazo responde a razones de administración tributaria, las necesidades de los contribuyentes y las peticiones efectuadas por las entidades representativas de los profesionales en ciencias económicas, informó esta tarde la dependencia oficial.

La decisión será publicada el próximo lunes en el Boletín Oficial, a través de la Resolución General (RG) 5480. Deberán realizar el trámite los monotributistas cuyos ingresos hayan sido superiores o inferiores a los de la categoría vigente en la actualidad.

Para ello, deberán ingresar a monotributo.afip.gob.ar con CUIT y clave fiscal. Los monotributistas que mantengan la misma categoría no deberán efectuar ninguna acción.

A su vez, si transcurrieron menos de 6 meses desde la inscripción en el monotributo, no corresponde la recategorización, se precisó.

El procedimiento para la recategorización consta de los siguientes pasos:

- Ingresar al portal Monotributo con CUIT y clave fiscal.

- Seleccionar la opción “recategorizarme” (automáticamente el sistema informará la categoría actual y los topes de cada parámetro).

- Seleccionar “continuar recategorización”. Luego, ingresar información sobre el monto facturado en los últimos 12 meses. Con estos datos el sistema determina la nueva categoría correspondiente, que se debe confirmar en la opción “confirmar categoría”.

- Imprimir la nueva credencial.

MM

Con información de la agencia Télam.

Diputados nacionales de Unión por la Patria que responden al exministro de Economía, Sergio Massa, presentaron hoy un proyecto de alivio fiscal para monotributistas. La iniciativa busca impulsar la actualización de las escalas y pisos de cada categoría del régimen simplificado para pequeños contribuyentes dado que han quedado desfasados tras la última devaluación pautada por el Gobierno Nacional y la elevada inflación.

Según explicaron, la última actualización quedó insuficiente por lo que algunos monotributistas deberán recategorizarse y pagar una alícuota más alta por la suba de precios nominales, que no necesariamente se traduce en un mayor nivel de venta o facturación en términos reales. Para evitar ello, el proyecto propone un aumento del 67% para las escalas a partir del 1 de enero y establece los montos máximos de facturación de cada categoría en valores equivalentes a Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), que hoy se ubica en $156 mil mensuales.

Además, el proyecto propone la creación de un “Régimen Simple”, una propuesta que había sido parte de la campaña de Massa cuando fue candidato presidencial de Unión por la Patria en el último ciclo electoral. Para integrarse a este régimen, el único requisito es tener ingresos facturados en los últimos doce meses inferiores o iguales a 360 SMVM. Con este sistema, los contribuyentes podrán integrar en un solo pago sus obligaciones fiscales en concepto de Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado y aquellas vinculadas al Sistema Único de la Seguridad Social.

Entre los firmantes de la iniciativa se encuentran Gustavo Bordet (Entre Ríos), Guillermo Snopek (Jujuy), Ricardo Herrera (La Rioja), Ana Fabiola Aubone (San Juan), Jorge Chica (San Juan), Liliana Paponet (Mendoza), Eugenia Alianello (Chubut), Gabriela Pedrali (La Rioja), Tanya Bertoldi (Neuquén), Julio Pereyra (Buenos Aires), Varinia Marín (La Pampa), Natalia Zabala Chacur (San Luis), Mónica Litza (Buenos Aires), Cecilia Moreau (Buenos Aires), Ramiro Gutiérrez (Buenos Aires), Micaela Morán (Buenos Aires), Sabrina Selva (Buenos Aires), Daniel Arroyo,(Buenos Aires), Diego Giuliano (Santa Fe), Marcela Passo y (Buenos Aires).

Cómo quedarían las nuevas escalas según el proyecto

Según la propuesta de la iniciativa de Unión por la Patria, estos serían los ingresos brutos anuales máximos a facturas por categoría.

ACM con información de agencias