Después de que Consejo Nacional Electoral declarara a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela, la oposición ha tachado los resultados de “fraude”. “Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González, y todo el mundo lo sabe”, ha dicho la líder opositora María Corina Machado.

La oposición antichavista llegó a los comicios de este domingo articulada en torno a la candidatura del exembajador González Urrutia, tras superar un periodo de división que se profundizó desde la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino hace cinco años.

En enero de 2019, meses después de las presidenciales en las que Maduro revalidó su mandato en medio de denuncias de fraude, Guaidó, un joven político que había sido nombrado presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamó presidente interino del país, justificando su movimiento con varios artículos de la Constitución y con el respaldo del Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y de decenas de países de América y de Europa.

Tras la autoproclamación de Guaidó en 2019, la Asamblea Constituyente controlada por el chavismo le retiró su inmunidad, fue inhabilitado y, aunque fue reelegido en paralelo por la Asamblea Nacional, poco a poco fue perdiendo fuerza. La Unión Europea y la propia oposición dejaron de llamarlo “presidente” y a finales de 2022, una mayoría de partidos opositores decidió eliminar el “Gobierno interino”. Guaidó abandonó el país en abril de 2023, rumbo a Miami, donde vive con su familia. La Fiscalía emitió poco después de su marcha una orden de arresto en su contra.

Los partidos opositores pusieron entonces su mirada en las elecciones presidenciales de 2024, en las que ha estado representada por González Urrutia. “La estrategia de la confrontación, con la operación Guaidó, fracasó. La oposición se recondujo por la vía institucional”, dice a elDiario.es Anna Ayuso, investigadora para América Latina del think tank CIDOB. A su juicio, tras los comicios de este domingo, la oposición “se queda en una situación muy débil”. “Probablemente esta unidad que han tenido para presentarse a las elecciones acabe fraccionándose de nuevo”, agrega, recordando que en 2025 hay elecciones parlamentarias y locales.

Quién es Edmundo González Urrutia

Cuenta Edmundo González Urrutia que el día que se enteró de que sería el candidato que se enfrentaría a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales en Venezuela, él estaba viendo una película en su casa. Era un sábado por la tarde y recibió una llamada para asistir a una reunión en la que le comunicaron que lo designarían como candidato provisional de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). No se lo esperaba. 

González Urrutia tiene 74 años. Diplomático de carrera, académico y experto en relaciones internacionales, comenzó su carrera a principios de los 70, en el Gobierno de Rafael Caldera, como director de Política Internacional y encargado del Comité de Coordinación y Planificación Estratégica. Fue embajador en Argelia y en Argentina durante los 90 y en su gestión, impulsó que Venezuela se integrara al Mercosur, el bloque económico que conforman varios países de América del Sur. Dejó sus cargos diplomáticos hace más de 20 años, ya con Hugo Chávez en el poder. 

Desde inicios de los 2000 se había mantenido, con un perfil muy bajo, como parte de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), primero como asesor y después como secretario ejecutivo. Quienes hablan de él lo definen como un hombre formado y sosegado. Hasta hace tres meses y medio no estaba en sus planes ejercer otro cargo público. Mucho menos un puesto de elección popular. Y, por supuesto, aún menos el de presidente. Estaba jubilado y dedicaba la mayor parte de su tiempo a su familia. “Acepto el inmenso honor y la responsabilidad de ser el candidato de todos los que quieren un cambio por la vía electoral”, dijo González al ser elegido candidato opositor para las presidenciales.

De “candidato tapa” a representante de la oposición

Para hablar de Edmundo González hay que hablar de otro personaje clave: María Corina Machado, política de derechas y cerebro de la oposición venezolana. Y para eso, hay que irse unos meses atrás. 

Venezuela venía de un fuerte rechazo internacional. Nicolás Maduro revalidó su mandato en las elecciones presidenciales de 2018 en medio de denuncias de fraude. Pero en octubre de 2023 firmó un acuerdo parcial con la oposición: si se garantizaban unas elecciones libres, Estados Unidos estaría abierto a levantar las sanciones impuestas a Venezuela.

En este marco, se llevaron a cabo unas elecciones primarias para definir al candidato de la oposición, en las que María Corina Machado arrasó con el 92,6% de los votos, un espaldarazo para presentarse a las elecciones presidenciales a través de la coalición de partidos de oposición: la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). “Las primarias rompen la lógica del divide y vencerás para fragmentar las fuerzas opositoras”, analiza Carmen Beatriz Fernández, experta venezolana en comunicación política y profesora en la Universidad de Navarra.

Este empuje a finales de 2023 se desinfló unos meses después. En enero de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia confirmó la inhabilitación política de Machado durante 15 años. No podría competir. Aunque en un principio ella aseguró que no habría otra candidatura, la estrategia fue cambiando en los siguientes meses. Primero impulsó a Corina Yoris, una filósofa de 80 años, admirada entre académicos, aunque desconocida para buena parte de la población, que tampoco pudo inscribirse.

La fecha límite para decidir quién sería el candidato de la oposición se acercaba y hubo una intensa discusión interna contrarreloj. Algunos partidos querían aupar a Manuel Rosales, gobernador, exalcalde y candidato a las elecciones presidenciales de 2006, que disputó contra Hugo Chávez. Era la apuesta del partido Un Nuevo Tiempo (UNT). Pero, finalmente, Rosales se apartó y la plataforma de coalición optó por Edmundo González Urrutia, un personaje desconocido a nivel nacional. González entró como lo que se conoce en Venezuela como un “candidato tapa” o “guarda puesto”. Una opción para asegurarse el lugar de la Plataforma Unitaria Democrática en la papeleta. 

La idea era mantenerlo como una reserva, mientras lograban solventar la situación de María Corina Machado o se conseguía otra candidatura. González dijo en entrevistas que él mismo se sorprendió de su postulación y que “nunca, nunca, nunca había pensado estar en esta posición”. Se convirtió en líder de la oposición en un país donde, según han documentado organismos internacionales, han sido detenidas personas críticas al Gobierno y en el que los candidatos denuncian amenazas y ataques. 

La coalición confirmó a González Urrutia como candidato definitivo y todos los partidos en bloque, incluido el propio Rosales, lo apoyaron. La clave fue este respaldo, especialmente, el de María Corina Machado. “Lo que está recibiendo Edmundo González es el endoso de los votos de María Corina Machado, por petición de la misma María Corina Machado”, explica Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno. 

Machado y González comenzaron una intensa campaña que consistió en recorrer el país durante tres meses, para que la ciudadanía conociera al candidato. Ha sido lo que Fernández define como una “campaña en tándem”, como una bicicleta de dos plazas. “El volante lo lleva María Corina y Edmundo pedalea”, dice. 

González Urrutia pidió en mítines y entrevistas “encontrar la reconciliación entre los venezolanos”. Durante semanas lideró la intención de voto en algunos sondeos, en los que aventajó por un margen amplio a Nicolás Maduro. Este domingo, el Consejo Nacional Electoral proclamaba ganador con un 51,2% al presidente de Venezuela, frente a un 44,2% para González Urrutia.

DM

Por primera vez desde su asunción, el pasado 10 de diciembre, Javier Milei habló en público de la posibilidad de optar a la reelección en las elecciones presidenciales de 2027.

Fue en el marco de la presentación de la presentación del libro “Diez lecciones para salir de la trampa populista”, del periodista Eduardo Feinmann, en Paraguay. El evento, en el que el presidente participó de manera virtual, contó también con la participación de líderes de la derecha iberoamericana, como el venezolano Juan Guaidó, el expresidente español Mariano Rajoy y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

“Yo estoy acá por cuatro años, podría llegar a estar por ocho años, si la gente lo quisiera. La única forma de que no quede atado esto a una sola persona es con un proceso económico y político, pero también cultural. Recurrentemente saco temas, planteo discusiones, que no se logran entender en primer momento y después se entiende que estoy hablando de batalla cultural. Si hay alguien comprometido con eso, soy yo”, afirmó Milei.

Enfático en todas sus intervenciones y con un humor particularmente incandescente, Milei dialogó con Feinmann sobre lo que ambos denominaron “la maldición del populismo”, y en varios pasajes se ufanó de la velocidad y profundidad del ajuste que su gobierno está llevando a cabo, al que se refirió como “el más grande de la historia de la humanidad”, afirmando que gracias a este proceso y “Argentina es un strong vibe para la inversión de largo plazo y en infraestructura”.

La pelea con el periodista paraguayo

La charla transcurría con relativa normalidad, con los protagonistas del evento reflexionando sobre la actualidad de sus respectivos países, hasta que Milei se enojó con el periodista local Jorge Campos, que formaba parte del panel de la presentación.

La reacción del presidente argentino ocurrió cuando Campos afirmó que le “parecía importante destacar que si el gobierno de Milei no llegara a tener éxito, Argentina corre el riesgo de volver a caer en los problemas que la llevaron al lugar donde está”.

Ante eso, Milei primero le preguntó a Feinmann el nombre del periodista y lo acusó de no estar “a la altura de poder dialogar con un presidente”. Luego se dirigió a Campos con evidente enojo: “Le pido por favor que no me insultes, me parece que tu apreciación es absolutamente incorrecta y hasta casi rayando la grosería”.

Ante el silencio incómodo del resto de los participantes, Campos balbuceó que quizás no se había entendido su pregunta. Milei no pareció calmarse: “Le pido que sea más respetuoso al hacer un planteo porque ha sido profundamente ofensivo. Y le pido que no me insulte, lo entendí perfectamente. No es que yo no lo entendí, usted se comportó como un grosero”.

DM

La administración del presidente demócrata Joe Biden reinició con violencia y eficacia la deportación express de migrantes venezolanos desde EEUU hasta su país natal. La implementación de la medida, que permite a las autoridades estadounidenses realizar vuelos directos de deportación, no solo afecta a los venezolanos que aún no han cruzado la frontera sino también a cientos de ellos  procesados en territorio estadounidense. Al récord de migración no autorizada en la frontera entre EEUU y México, cuyo mayor grupo es venezolano,  se une  la presión creciente de los republicanos para lentificar la migración ante un Biden que busca en 2024 su reelección

El jueves 5 de octubre, la Casa Blanca  informó “que los ciudadanos venezolanos que crucen ilegalmente la frontera serán procesados y si se descubre que no tienen base legal para quedarse serán repatriados de vuelta a Venezuela”.  Y  declaró que en los próximos días se expulsará a migrantes venidos de Venezuela que carezcan de base legal para su permanencia.

Los migrantes de Venezuela entre la protección temporaria y la expulsión eterna

En septiembre 2023, Washington otorgó el Estatus de Protección Temporal (TPS), que significa status legal y permiso de trabajo, a 470 mil de venezolanas y venezolanos que ingresaron al país hasta el 31 de julio 2023, en principio por 18 meses. Este ‘beneficio’ es otorgado a quienes dejan sus países por problemas de DDHH o violencia.  El Departamento de Seguridad Interior señaló que la decisión de Biden se debió a que existen “condiciones extraordinarias” que no permiten la devolución segura de los venezolanos a su país.

La decisión respondía a uno de los reclamos de varios alcaldes del país, cuyas ciudades  encuentran los albergues saturados por la llegada de numerosos inmigrantes. Los demócratas de Nueva York, Denver y algunas ciudades de California, habían pedido agilizar los trámites para que los inmigrantes pudieran trabajar y encauzar  su camino dentro del país. Principalmente,  mostraba el cumplimiento de una de las promesas de campaña del cristiano y demócrata  Biden que lograba así  diferenciarse sustancialmente de las políticas migratorias del ex presidente republicano Donald Trump.

Anteriormente, en octubre 2022 el Departamento de Seguridad Nacional  había impuesto   un “nuevo proceso de control migratorio”, que detuvo  el   ingreso de nuevos migrantes venezolanos que entre enero y septiembre de 2022 alcanzó la cifra de 130.511 personas, al exigir  un patrocinador en el país que los aloje y pueda pagar sus gastos durante dos años.

Parejamente a la reciente ampliación de estas vías legales para las personas que llegan, se han adoptado medidas enérgicas contra quienes  cruzan ilegalmente la frontera por México sin tener cita con las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Particularmente,  los 7. 3 millones de  migrantes venezolanos que en su gran mayoría se estableció en los países vecinos de América Latina, y en los últimos tres años muchos se dirigieron a EEUU, a través de la peligrosa selva del Tapón de Darién entre Colombia y Panamá.

Washington responde de esta manera a los números récord de cruces ilegales que el Departamento de Seguridad Interior documentó en agosto. Las autoridades detuvieron entonces a 91.000 inmigrantes que hicieron el viaje con algún miembro de su familia. Fue la cifra más alta registrada en cuatro años.

No sólo preocupa el aumento de la migración en la frontera entre EEUU y México, cuyo grupo  más importante es el venezolano,  sino también  la presión creciente de los republicanos para lentificar la migración ante el presidente demócrata Biden que busca en 2024 su reelección.

La construcción de un nuevo Muro más alto y más fuerte para separse mejor de México  

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su conferencia diaria de noticias informó que su gobierno ha reiterado en las conversaciones, que mantuvieron con altos funcionarios estadounidenses, su posición de que debería haber inversión para estimular el desarrollo en los países que los migrantes dejan. “La gente no abandona sus ciudades porque quieren, sino por necesidad”, sostuvo AMLO quien criticó fuertemente que  la administración Biden el miércoles 4 de octubre renunció a 26 leyes federales en el sur de Texas para permitir la construcción de una valla fronteriza de 32 km en la frontera con México.

Anteriormente, AMLO  había elogiado a Biden por no construir más muros fronterizos durante su presidencia como sí lo había hecho su predecesor el republicano Trump, quien había sancionado el llamado Título42, medida sanitaria en tiempos de pandemia y es el favorito para enfrentar a Biden en las próximas elecciones. La norma permitía expulsar rápidamente a los inmigrantes que llegaban de manera ilegal. El gobierno demócrata dejó la medida en vigor durante dos años y la usó como una herramienta para agilizar la gestión de la frontera. Con su extinción se produjo un aumento considerable de la migración.

En agosto, la Patrulla Fronteriza de EEUU realizó 181,509 arrestos en la frontera mexicana, un 37% más que a partir de julio, poco cambió desde agosto de 2022 y muy por debajo de los más de 220,000 en diciembre, según las cifras publicadas en septiembre. EEUU ha tratado lograr que los países más allá del Río Bravo presten mayor colaboración. En abril, EEUU, Panamá y Colombia anunciaron una campaña para ralentizar la migración a través de la traicionera brecha del  Darién. Sin embargo,  la migración a través de la jungla solo se ha acelerado y se espera que se acerque a unas 500,000 personas este 2023.

Entre guiñarle el ojo a Nicolás Maduro y soltarle la mano a Juan Guaidó

En Caracas, el gobierno del presidente Nicolás Maduro informó  que había llegado a un acuerdo con funcionarios estadounidenses para una repatriación segura y ordenada. “La migración venezolana de los últimos años es consecuencia directa de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo a nuestra economía que se nos ha infringido de manera ilegal, ilegitima y reñida con el derecho internacional y los postulados de las relaciones armónicas entre las naciones consagradas en la Carta de Naciones Unidas”, señaló la cancillería venezolana en la red social X, antes llamada Twitter.

Aunque la economía de Venezuela mostró algunos signos de recuperación, gracias en gran parte a una dolarización de facto, las empresas una vez más están cerrando sus puertas mientras la inflación ronda el 400 por ciento. Muchos venezolanos dependen de las remesas del extranjero para comprar productos básicos como alimentos y medicinas. La gestión de Biden ha aliviado sólo ligeramente una campaña de “presión máxima” de sanciones y otras medidas impuestas por Trump contra el gobierno del presidente Maduro, entre ellas no reconocer su reelección de 2018. Y en su lugar, al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó en 2019.

En este horizonte de regreso a la patria, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el 5 de octubre que el Ministerio Público ha emitido una orden de arresto contra el expresidente del Parlamento Guaidó, exiliado en EEUU desde abril, a quien acusa de varios delitos, entre ellos la 'legitimación' de capitales. Es decir, lavado.

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El gobierno de Venezuela emitió una orden de detención contra el dirigente opositor Juan Guaidó y pidió su captura a la Policía Internacional (INTERPOL) por “traición a la patria”, entre otros delitos. “La orden de aprehensión será solicitada por los delitos de traición a la patria; usurpación de funciones, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos; legitimación de capitales y asociación ilícita”, explicó el fiscal general Tarek Saab.

Según indicó el funcionario en conferencia de prensa, el Ministerio Público inició “un total de 23 investigaciones” penales por irregularidades en el gobierno interino que presidió Guaidó, al que calificó como “organización delictiva”. Dicha administración funcionó desde enero de 2019 por decisión de la Asamblea Nacional ─equivalente al parlamento─, luego de que la oposición, que era mayoría, desconociera el mandato iniciado pocos días antes por el presidente Nicolás Maduro bajo una elección irregular.

El gobierno de Guaidó llegó a reunir el apoyo de 60 países y continuó en funcionamiento incluso luego de que la Asamblea General se renovara en 2021 y el chavismo recuperara su hegemonía parlamentaria. Recién se disolvió a finales el año pasado.

A pesar del apoyo que logró a nivel internacional, este gobierno interino nunca consiguió ejercer poder de decisión real dentro de Venezuela. Sin embargo, sí accedió a la administración de activos venezolanos en países que lo respaldaban como Estados Unidos y Colombia, lo que derivo en la paralización de Mónomeros ─una empresa petroquímica radicada en su país vecino─ y el embargo de Citgo, una de las mayores petroleras norteamericanas.

Para Saab, la actuación del gobierno de Guaidó en esas compañías estatales generó un costo para el país de 20.000 millones de dólares que “ha resultado en la pérdida casi definitiva de Citgo”. Por este motivo, “se han acordado 288 órdenes de aprehensión, han sido detenidas 129 personas las cuales ya han sido acusadas y hay 13 personas con solicitud de extradición”, según especificó el fiscal. A esto se suman 63 personas ya condenadas, 137 allanamientos concretados y 149 incautaciones.

ACM con información de agencias.

A tres horas de aterrizar en Paris, Alberto Fernández pisará el Palacio del Eliseo para una cumbre bilateral con Emmanuel Macron. Será la primera de cinco actividades que el presidente argentino compartirá con su par francés, a lo largo de las 72 horas que estará en territorio galo. Será la escala inicial de la gira que continuará en Bali, Indonesia, con la sesión del G-20 y donde Fernández tendrá un mano a mano con Xi Jinping, el presidente chino.

De diálogo fluido con Macron, con quien tuvo seis encuentros presenciales y un sinnúmero de contactos virtuales y telefónicos, Fernández llegó este miércoles a Francia en la que será su cuarta visita al Eliseo. El Presidente destaca esa agenda como parte de la “intensa diplomacia presidencial”, un elemento que en Casa Rosada se invoca como contrapartes de las críticas de entrecasa.

La invitación de Macron a Paris, para exponer y participar de las deliberaciones del Foro por La Paz, aparece como ítems positivos en la cuenta propia del Gobierno pero desentonan con el fuego masivo que recibe fronteras adentro, no solo de la oposición sino también del propio Frente de Todos.

Para Fernández no se reconoce esa tarea suya que tendrá, en Francia, otro capítulo: aunque el eje del foro está ligado a la guerra en Ucrania, el argentino intervendrá como observador y facilitador de las conversaciones que mantendrán delegados de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana.

En su última cumbre en Paris, con el conflicto ruso-ucraniano ya desatado, Macron le pidió a Fernández referencias sobre el caso venezolano. “Explíqueme Venezuela”, le dijo. El Presidente argentino objetó, en esa conversación, la decisión de países europeos de reconocer a Juan Guaidó como “presidente”.

Charlas

El lunes, cómo contó elDiarioAR, Fernández mantuvo un contacto con Maduro, luego de que el venezolano tenga una charla informal con Macron en el marco del COP27 que se desarrolla en Egipto. “Esto es producto de la intensa diplomacia presidencial que se vino haciendo. Alberto habló varias veces con Macron sobre Venezuela, y le expresó que era un error reconocer a Guaidó”, relató una fuente oficial.

La preocupación de Europa por Venezuela está ligada, obviamente, por la crisis energética que detonó el conflicto en Ucrania.

El viernes por la tarde, junto al colombiano Gustavo Petro, Fernández participará como facilitador del diálogo entre el oficialismo y la oposición venezolana. Antes, expondrá en el Foro por La Paz sobre la guerra de Ucrania y, como presidente de la CELAC, pondrá el foco en las consecuencias que el conflicto tiene sobre los países del sur.

La agenda compartida entre Fernández y Macron será múltiple. Luego de la bilateral, participarán del lanzamiento del Laboratorio de Protección Infantil de la Coalición para defender los derechos de los niños en el entorno digital.

El viernes, en tanto, estarán en la Ceremonia del 104º Aniversario del Armisticio del 11 de noviembre de 1918 “Conmemoración de la Victoria y La Paz, homenaje a todos los muertos por Francia”.

Por la tarde, Fernández expondrá en el panel “Universalismo desafiado por la Guerra en Ucrania” que coordinará Macron.

Y luego asistirá a la Cena ofrecida por el Presidente de la República Francesa.

PI/MG

La misión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) identificó dos núcleos estatales que llevan a cabo los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ellos son la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), un organismo de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

La DGCIM se centra en combatir los intentos de desestabilizar al Gobierno, mientras que el SEBIN se ocupa de la disidencia política y la protesta social.

Ambos organismos, de acuerdo al informe firmado presentado ayer en Ginebra por la portuguesa Marta Valiñas, el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá, incurren en prácticas sistemáticas de detenciones arbitrarias y tortura, y también son responsables de asesinatos y desapariciones forzadas, sobre todo en estados alejados de Caracas y con mayor presencia de población indígena, como Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.

El reporte se valió de 246 entrevistas (140 hombres y 106 mujeres), tanto en persona como mediante conexiones telefónicas o audiovisuales. También incluye el análisis de cientos de documentos y expedientes judiciales y observaciones in situ, realizadas con recaudos, ya que el Gobierno de Nicolás Maduro no autorizó la investigación encargada por el cuerpo de la ONU.

En 2019, la misión fue aprobada por el Consejo de DD.HH. para analizar la situación desde 2014, y el mandato se renovó anualmente desde entonces. Los enviados, todos ellos abogados con amplia experiencia en observaciones internacionales, elevaron sendos informes en 2020 y 2021 sobre la base de 383 entrevistas, cuyas conclusiones se ven ratificadas en la edición de este año.

'La misión ha documentado casos de pérdida de funciones sensoriales o motrices, lesiones reproductivas y al menos un aborto espontáneo, como resultado de los actos de tortura infligidos por los agentes de la DGCIM', dice el informe.

Las detenciones arbitrarias —destaca el texto presentado este martes— se centraron entre 2017 y 2019, pero las estructuras y la impunidad siguen vigentes más allá de algunos cambios formales. La merma en los casos obedece al efecto mismo de la represión sobre la oposición y a la pandemia, destacaron los expertos.

Valiñas, Cox y Tappatá emitieron dos textos este año. Uno referido a la represión perpetrada por el SEBIN y la DGCIM contra objetivos políticos y sociales, y otro sobre la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas de extracción de oro en el estado de Bolívar. Los métodos represivos son similares, pero el segundo texto pone el acento en la vulnerabilidad de poblaciones indígenas que se ven amenazadas por explotaciones ilegales con amparo estatal.

La Boleíta

Una irregularidad central está dada por la opacidad de los procesos judiciales llevados a cabo contra opositores y golpistas. El 9 de diciembre pasado, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un fallo que extiende la jurisdicción de tribunales militares sobre personas civiles “con el único requisito de que medie un auto motivado por parte de un juez militar”, indica el texto.

Mediante nombramientos, extensiones de jurisdicción, remociones y traslados arbitrarios, el fuero civil también representa uno de los principales obstáculos para garantizar procesos justos, señalaron los observadores.

Uno de los aspectos destacados por la misión es que las detenciones arbitrarias y las torturas fueron aplicadas contra opositores, reales o percibidos, y contra sus familiares, como una forma de forzar las entregas de personas buscadas.

Desde que Nicolás Maduro ganó la Presidencia, en 2013, miembros de las fuerzas armadas participaron en varios intentos de golpe de Estado y magnicidio, coordinados con líderes opositores, como Juan Guaidó, y mercenarios extranjeros, según denuncias fundadas, tanto del Ejecutivo venezolano como de medios internacionales. La misión del Consejo reconoce el legítimo derecho de investigar y penalizar los intentos de golpe, pero reclama el respeto a garantías procesales.

La sede de la DGCIM, en el barrio caraqueño Boleíta Norte, funciona como uno de los lugares de detención ilegal. En sus sótanos, “la tortura y otras formas de malos tratos contra las personas detenidas eran sistemáticas”, redactó el trío de expertos. Investigaron el caso de 122 oficiales y exoficiales de la FANB y civiles asociados a ellos, que fueron arrestados, detenidos y torturados entre el 12 de febrero de 2014 y la actualidad. Algunos de ellos fueron alojados en diversas casas de seguridad repartidas en el territorio, en condiciones denigrantes. Los domicilios de varios de los supuestos golpistas fueron saqueados, informaron los enviados.

Los métodos de tortura incluyeron palizas con objetos, picanas, submarino, vejaciones sexuales, aislamiento extremo y posiciones de estrés. Una particularidad de la sede en la Boleíta es el método conocido como “señorita”, dispositivo que introduce cuerpos torturados en tanques de agua.

“La misión ha documentado casos de pérdida de funciones sensoriales o motrices, lesiones reproductivas y al menos un aborto espontáneo, como resultado de los actos de tortura infligidos por los agentes de la DGCIM”, dice el informe.

Helicoide

El SEBIN, transferido al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz desde abril de 2021, tiene un director general nombrado por el Presidente. Sus centros de detención se ubican en su sede de Plaza Venezuela y en El Helicoide. A partir de noviembre de 2021, El Helicoide es administrado por el Sistema Penitenciario, aunque los testigos afirmaron que el SEBIN sigue a cargo de las personas detenidas por motivos políticos.

Los enviados del Consejo de DD.HH. de la ONU constataron la situación de 90 víctimas bajo la órbita del SEBIN, todas ellas detenidas y torturadas desde 2014. Según Cox, Tappatá y Vallinas, Maduro y el virtual número dos del Gobierno, Diosdado Cabello, determinaron los blancos en comunicación directa con el director general del organismo de inteligencia política.

La misión investigó 51 casos “en los que los agentes del SEBIN torturaron o sometieron a las personas detenidas a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes”. Algunas sesiones de tortura duraron semanas. “Durante los interrogatorios, los agentes del SEBIN amenazaron con violar tanto a hombres como a mujeres, utilizando partes del cuerpo y objetos. También amenazaron con ejercer la violencia, incluida sexual, contra las mujeres de la familia de quienes estaban detenidos”.

Sobre la base de testimonios de veinte testigos, los enviados del Consejo individualizaron a cinco represores que deberían ser investigados por crímenes de lesa humanidad.

Según Cox, Tappatá y Valinas, Maduro y el virtual número dos del Gobierno, Diosdado Cabello, determinaron los blancos en comunicación directa con el director general del organismo de inteligencia política.

“La Misión ha llegado a la conclusión de que estas violaciones, que constituyen crímenes de lesa humanidad, fueron parte de una política deliberada del Gobierno para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno. El presidente Nicolás Maduro, y otras autoridades de alto nivel que le prestaron apoyo, fueron los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir la disidencia”, evaluó el informe.

La prueba de la implicación directa de Maduro en estos supuestos delitos es, para los enviados, la organización de una estructura estatal bajo su dominio directo, que incluyó la promoción y la garantía de impunidad a los represores directos.

Blanco en poblaciones indígenas

En cuanto al Arco Minero del Orinoco, en el estado de Bolívar, el informe remarcó “la explotación laboral y los altos niveles de violencia ejercida por los grupos criminales que controlan la minería en la zona”. Las violaciones a los derechos humanos incluyen “trabajo infantil, trata de personas y prostitución forzada”, con víctimas, sobre todo, entre los pueblos indígenas.

En la zona, que alberga grandes áreas protegidas, viven dieciséis pueblos indígenas. Son tierras ricas en oro, diamantes, coltán y bauxita.

Hugo Chávez decretó la nacionalización de la explotación minera en 2011, lo que originó la resistencia de pobladores locales que llevaban a cabo esa actividad de modo artesanal y no regulado.

Desde entonces, el estado de Bolívar atrajo un importante número de migrantes a la vez que aumentaron las tensiones por el negocio y el impacto ambiental. “La misión recibió información según la cual las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados criminales han cometido y siguen cometiendo asesinatos, secuestros, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los grupos ilegales están fuertemente armados y habitualmente entran en conflictos violentos entre ellos o con las autoridades del Estado”.

Un caso emblemático fue la “masacre de Tumeremo”. El 4 de marzo de 2016, presuntos miembros del “sindicato” de “El Topo” mataron por lo menos a diecisiete personas (quince hombres y dos mujeres) cerca de la mina conocida como “La Bulla de Atenas” en las afueras de Tumeremo, municipio de Sifontes. La versión oficial del Estado sobre el incidente alegó que los asesinatos fueron el resultado de una lucha por el control entre dos “sindicatos” locales. La misión del Consejo concluyó, por el contrario, que la masacre pudo haber implicado cierto nivel de tolerancia o cooperación de las autoridades estatales con vínculos con grupos armados y operaciones mineras ilegales. La investigación oficial se centró en los responsables directos pero desatendió cualquier intervención de elementos estatales.

Otras matanzas con presunta participación de agentes de la CGCIM se produjeron en la Gran Sabana, próxima al Arco Minero y limítrofe con Brasil.

En febrero de 2019, la oposición política venezolana intentó enviar ayuda humanitaria a través de la frontera con Brasil. El Gobierno movilizó tropas y grupos de civiles en la localidad de Santa Elena de Uairén, municipio de Gran Sabana, para bloquear la llegada de la ayuda. “Entre el 22 y el 27 de febrero de 2019, se produjeron enfrentamientos violentos entre la FANB y la población que apoyaba la ayuda humanitaria, incluidas las comunidades indígenas pemón”. Se produjeron “graves violaciones de los derechos humanos”, escribieron los expertos portuguesa, argentina y chileno. 

Otros enfrentamientos de la FANB con la comunidad Kuramakapay tuvieron similar desenlace. Los testimonios indican que las mujeres, gays y transexuales fueron un blanco principal de la brutalidad sexual de los represores o de grupos ilegales tolerados por el Estado.

SL

La República Bolivariana de Venezuela enfrenta desde 2017 más de 500 sanciones coercitivas unilaterales impuestas por EEUU, que privaron a la nación del 99% de sus ingresos. Las medidas contra la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) le han impedido cualquier transacción en el sistema financiero del país, desde financiamiento hasta compra de repuestos o contratación de mantenimiento.

En diciembre de 2018, ante el temor de nuevas sanciones internacionales y de posibles embargos por parte de acreedores y tenedores de bonos de deuda venezolana, las autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV) solicitaron al Banco de Inglaterra la devolución de las 31 toneladas de oro monetario venezolano depositado en sus bóvedas. 

Las intervenciones del “presidente interino”

En enero del 2019, la solicitud de Maduro para repatriar el oro fue denegada por el Banco de Inglaterra que alegó el reconocimiento de Boris Johnson, en ese entonces Primer Ministro británico, a Juan Guaidó como mandatario legítimo, después de que el parlamentario opositor se autoproclamara en una plaza   “presidente interino” de Venezuela, argumentando fraude en las elecciones presidenciales ganadas por Nicolás Maduro. También más de 50 países reconocieron a Guaidó como presidente, entre ellos EEUU y la mayoría de los que integran la Unión Europea. 

En julio de 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela —dominada entonces por la oposición y presidida por Guaidó— nombró una dirección paralela a la oficial del BCV, y pidió a Londres que no entregara los lingotes al gobierno de Maduro.

En marzo de 2020, el Banco de Inglaterra informó al BCV su decisión de no permitir la movilización del oro venezolano depositado en sus bóvedas, y consecuencia en mayo del 2020, la Junta Directiva del BCV demandó al Banco de Inglaterra ante la Corte Comercial por negarse a cumplir la solicitud de entrega del oro venezolano.

En total, son 32 toneladas de oro de la reserva nacional, valoradas en mil millones de dólares, que el Gobierno de Maduro, a través del BCV presidido por Calixto Ortega, lleva casi cuatro años intentando recuperar y que en 2020 ofrecían una fundamental ayuda para enfrentar la pandemia del Covid19.

El 20 de diciembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia de Gran Bretaña sentenció que el Gobierno de Su Majestad reconocía de manera clara e inequívoca al gobierno interino de Juan Guaidó y en consecuencia, a la junta administradora ad hoc designada por éste en el BCV.

Sin embargo, como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, con sede en la ciudad capital de Caracas, anuló el “Estatuto de Transición” aprobado por la Asamblea Nacional en 2015 que había designado a Guaidó, la decisión  enervó el favor que gozaba el “presidente interino”  y Maduro recuperó el control del departamento, la Corte Suprema de Gran Bretaña le solicitó a la Corte de Comercio que dictaminara si reconocía o no los efectos jurídicos de esta decisión. El juicio se verificó entre el 13 y el 18 de julio bajo la dirección de la jueza Sara Cockerill.

La sentencia Cockerill

El viernes 29 de julio, la jueza Cockerill sentenció a favor de la junta ad hoc nombrada por Guaidó, señalando que “no tenía ninguna duda de que el enfoque de la junta de Guaidó es correcto. A esta conclusión se puede llegar tanto por la revisión de las autoridades, como por un razonamiento independiente a la luz de la naturaleza de la doctrina de la ‘voz única'”.

La doctrina de la “voz única” es un principio del derecho constitucional inglés que prescribe que el ejecutivo y el poder judicial deben hablar con una sola voz en las cuestiones relacionadas con el reconocimiento de Estados, gobiernos y jefes de Estados extranjeros. De acuerdo  este principio, la justicia británica ha incurrido en una flagrante contradicción porque en  Venezuela coinciden los criterios en este tema tanto del Poder Judicial como  del poder Ejecutivo del presidente Maduro.

La jueza británica descalifica a la Justicia bolivariana: esto está fuera de los usos y costumbres, en el Derecho Internacional: los jueces de un país no revisan lo actuado por los jueces de otro, lo dan por bueno. En este sentido,

el abogado Ramón Escovar Alvarado, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Central de Venezuela, sostiene que “Usualmente, las jurisdicciones de tradición anglosajona suelen evitar dictaminar sobre la independencia o no de los tribunales de otro Estado. Los abogados internacionalistas consideran que esto se debe al temor de una política judicial de reciprocidad. Sin embargo, como lo demuestra las sentencias de los Estados Unidos sobre la relación de alter ego entre PDVSA y Venezuela, los casos relacionados con nuestros países han significado la excepción a varias tradiciones jurisprudenciales sobre la materia”.

 Guaidó aunque aún la justicia británica no lo ha autorizado a acceder a las reservas de oro, celebró:  “Esta decisión representa un paso más en el proceso de protección de las reservas internacionales de oro de Venezuela y su preservación para el pueblo venezolano y su futuro”.

Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a nombre del gobierno de Maduro, rechazó la sentencia y anunció que el BCV acudirá a todas las instancias internacionales para reclamar en contra decisiones que vienen adoptado los tribunales de Gran Bretaña. “Hago un llamado al Gobierno británico, tienen la oportunidad de corregir, (...) de retomar un rumbo correcto apegado al derecho internacional público (...) en relación a Venezuela, tienen que rectificar y esta es la oportunidad”,  informó   Rodríguez quien también rechazó que el Gobierno británico considere a Juan Guaidó como mandatario interino de Venezuela. “El mensaje que le damos al Gobierno británico de no seguir con esta payasada de pretender que Juan Guaidó es presidente de un país”.

El presidente Maduro, en la jornada con emprendedores en las instalaciones del Teresa Carreño, en Caracas, declaró que “Venezuela debe saber que es una acción de piratería y robo, y el mundo entero debe saber que no hay seguridad jurídica en Londres ni en el Banco de Inglaterra, que en cualquier momento a los países del mundo le pueden robar sus reservas internacionales, sus reservas en oro”.

Qué decidan los tribunales de alzada sobre la sentencia Cockerill, que no reconoce las decisiones del TSJ de Venezuela, tendrá implicaciones jurídicas y políticas relevantes en un futuro no lejano y será un importante precedente para resolver otros litigios sobre activos venezolanos que se encuentren en el exterior. Solo como ejemplo,  determinar quien estaría autorizado para disponer de los 120 millones de dólares que se derivaron de la finalización de un contrato de permuta de oro entre Venezuela y el Deutsche Bank.

 AGB con información de agencias y medios

El gobierno del presidente  Nicolás Maduro sufrió un duro revés el viernes  29 de julio  debido al fallo del  Tribunal Superior de Londres que favorece a la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por el líder de la oposición Juan Guaidó, quien tras autoproclamarse presidente interino del país ordenó al Banco de Inglaterra no entregar los lingotes a la junta del oficialismo.

En Venezuela, el oficialismo y  la oposición se enfrentan desde 2019 por el acceso a 31 toneladas de oro, valoradas en unos 1.900 millones de dólares, custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra. Tanto Maduro como Guaidó han designado cada uno juntas diferentes para el BCV y los dos han emitido instrucciones contradictorias respecto del manejo de las reservas de oro.

A pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ)  de tendencia oficialista, había dictaminado que las reservas debían ser trasladadas desde Londres a Venezuela, la jueza británica Sara Cockerill de la división comercial de la Alta Corte de Londres desestimó ese pedido arguyendo que no hay base legal en  las decisiones del TSJ de Venezuela que revocó los nombramientos de Guaidó en el BCV.

Sin embargo, la jueza Cokerill no autorizó a la oposición para acudir a las reservas, lo que tiene que resolverse en otra audiencia. La máxima autoridad judicial británica enfatizó en que el Ejecutivo local no acepta el gobierno de Maduro desde 2019 y reconoce como presidente legítimo e interino a Guaidó. En consecuencia,  con base a la doctrina legal británica  de Una Sola Voz- que obliga a todos los estamentos del estado a proceder unificados en casos de política exterior- , todas las decisiones de Guaidó deben tomarse como lícitas y certificar el fallo del TSJ iría en contra de ese ideario. Sin embargo, aseguró que la delegación de Guaidó no dio “pruebas convincentes” de que el TSJ no sea imparcial e independiente.

La parte opositora recurrirá la sentencia en agosto para que la jueza se vuelva a expedir en septiembre. En tanto que se aguarda una extensión de la Justicia londinense en los próximos meses para dirimir otros puntos de la causa, entre ellos, si el organismo de Guaidó podrá gestionar los activos venezolanos en suelo inglés.

A su vez, el gobierno de Venezuela rechazó la decisión de la Justicia británica e instó a que el tribunal londinense retrocediera en su fallo. “Hago un llamado al Gobierno británico, tienen la oportunidad de corregir, (...) de retomar un rumbo correcto apegado al derecho internacional público (...) en relación a Venezuela, tienen que rectificar y esta es la oportunidad”, declaró  la vicepresidenta Delcy Rodríguez quien también rechazó que el Gobierno británico considere a Juan Guaidó como mandatario interino de Venezuela. “El mensaje que le damos al Gobierno británico de no seguir con esta payasada de pretender que Juan Guaidó es presidente de un país”.

El representante legal de Maduro, Sarosh Zaiwalla, caracterizó  de “desafortunado” que la jueza “se viera constreñida por normas técnicas” y ratificó que continuarán la contienda “para garantizar que los activos soberanos de Venezuela se preservan en beneficio”.

La puja por el acceso al oro arrancó en mayo del 2020, cuando Calixto Ortega –presidente de la junta oficial del BCV- apuntó contra el Banco de Inglaterra por no cumplir con la transacción de 930 millones de euros de las reservas que eran requeridos para la lucha contra la crisis del Covid-19.

Esta resolución podría sentar un precedente para el litigio planteado por el Deutsche Bank , que data de la misma época, y que consiste en un reclamo de 120 millones de dólares derivados de la finalización de un contrato por permuta de oro.

AGB con información de diarios y agencias

El líder opositor Juan Guaidó rechazó en las últimas horas que el presidente Alberto Fernández asegurara que los problemas de Venezuela en el ámbito de los derechos humanos “se han ido disipando con el tiempo”, debido a que -según el exdiputado- “negar la dictadura no ayuda a los venezolanos”.

“Presidente Alberto Fernández: si quiere ayudar a Venezuela, exija junto a nosotros elecciones libres y justas, con condiciones recogidas en reciente informe de (la Unión Europea) UE, exija justicia para víctimas de violaciones de DD.HH. que señala la ONU y la CPI. Negar la dictadura no ayuda a los venezolanos”, escribió Guaidó en su cuenta de Twitter.

A su juicio, Venezuela “quiere las mejores relaciones con Argentina y todos los países”, pero sostuvo que esto es posible solo “en democracia”.

“La actitud negacionista ante una dictadura revictimiza a millones de migrantes y refugiados, a miles de víctimas de crímenes de lesa humanidad y a toda una sociedad que resiste”, agregó el opositor.

El mandatario argentino, quien pidió a Latinoamérica revisar sus lazos con Venezuela, afirmó que muchos de los problemas de esta nación “se han ido disipando con el tiempo”, gracias, en parte, al trabajo de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a los acuerdos alcanzados en el marco del Grupo Internacional de Contacto.

Guaidó coincidió con la también opositora Olivia Lozano, quien consideró que la afirmación de Fernández fue “irresponsable” y “vergonzosa”.

En el mismo sentido, el opositor Leopoldo López también le apuntó a Fernández por sus dichos: “La normalización de una dictadura corrupta, asesina, narcotraficante, que viola sistemáticamente los DDHH y ha causado la peor crisis migratoria de la historia de América Latina, es inaceptable. Quien por intereses económicos busca congraciarse con Maduro, es cómplice de sus crímenes”, aseguró en Twitter.

Con información de EFE.

IG

La oposición venezolana liderada por Juan Guaidó volvió a las calles este sábado con “encuentros municipales” celebrados en todos los estados del país para promover la realización de “elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables”.

Se trata del segundo fin de semana consecutivo en el que la oposición realiza actividades en las calles, convocatorias que no se habían retomado por los antichavistas desde marzo de 2020.

El pasado 12 de febrero Guaidó reunió a unas 300 personas en la Plaza Bolívar de Chacao, uno de los cinco municipios que componen Caracas, desde donde propuso renovar el liderazgo de los antichavistas.

Los “encuentros municipales”, como se denominaron las asambleas de este sábado, se realizaron en al menos 42 municipios de todos los estados del país caribeño, tal como informó a Efe la opositora Delsa Solórzano, quien lideró una de las reuniones en el este de Caracas, acompañada de unas 50 personas.

“Hemos hecho asambleas como esta, reuniones de trabajo, en por lo menos 42 municipios del país, en toda Venezuela se han dado espacios como este de discusión, de debate, de organización, de lucha, con el objetivo de que nosotros podamos decirle al país: uno, que estamos vivos y eso es fundamental, dos que nos estamos organizando para lograr la libertad”, indicó la exparlamentaria.

Durante el encuentro en Caracas, Solórzano puntualizó la importancia de “salir” en la búsqueda de la libertad y de luchar por un proceso electoral con garantías para que “cada voto cuente de verdad”.

“Unidad, organización y movilización. Esas tres claves fundamentales son para alcanzar la libertad”, dijo la exdiputada haciendo referencia a la necesidad de “organizar la enorme mayoría” que, aseguró, representan quienes adversan al Gobierno de Nicolás Maduro.

Más temprano, el dirigente opositor Juan Guaidó participó en uno de estos encuentros en el céntrico estado La Guaira, desde donde aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro “tiene fecha de vencimiento”.

“No se rindan porque la dictadura tiene fecha de vencimiento. Le doy al país y al mundo entero la absoluta certeza de que haremos lo que sabemos hacer bien para ese ciclo electoral porque no sólo son las presidenciales, también nos deben las parlamentarias. El 2022 es una año de exigencia, de lucha”, dijo el exparlamentario, según un comunicado de prensa difundido por su equipo.

En la jornada pidió a los ciudadanos “unidad e incorporación” de todos los sectores en la exigencia por una fecha para elecciones presidenciales en Venezuela “lo antes posible” y aseguró que el país “no puede esperar más”.

CRM con información de la agencia EFE

Emmanuel Macron y Juan Guaidó se parecen. Son jefes de Estado reconocidos por EEUU y por el Parlamento Europeo, invitados por Joe Biden a su Cumbre para la Democracia anti china. Son dos varones occidentales y coetáneos. Apenas un lustro entre los 43 años del francés y los 38 del venezolano, apenas un bienio entre que uno fue declarado presidente en 2017 y el otro se declaró presidente en 2019. No cargan sobrepeso. Son jóvenes, afeitados, provincianos, atildados, de camisa limpia y corbata fina. Son masones de educación católica privada. Macron, los primarios en un instituto jesuita en la catedralicia ciudad de Amiens, donde nació; Guaidó, los de grado en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Son dos gestores apasionados, infatigables, incorruptibles, nos dicen. Para ellos, gobernar es administrar, y cada necesidad, cada demanda sólo espera el acto administrativo eficaz. Culminaron sus estudios especializándose en lo mismo: gestión pública. En la George Washington University; en la ENA. Elitista, la Escuela Nacional de la Administración proveía personal a la Vª República (se habló de ‘enarquía’, de que ‘España sufre a la ETA, Inglaterra al IRA, Francia a la ENA’); Macron la disolvió, o reformuló. Son de palabra firme y mesurada, del estilo que les hacía ganar en clase debates supervisados bajo el ojo docente. No se presentan como aburridos, no son De la Rúa contra Menem: el futuro es de ellos por pura prepotencia del trabajo juvenil, no por experiencia adulta redentora del pasado atroz. Tampoco son Kennedy contra Nixon: son jóvenes sin ser sexys. Tampoco encarnan el moderno progreso contra el prejuicio momio: no son el chileno Boric que en el balotaje presidencial del domingo 19 enfrentará a su rival Kast nostálgico de la soberanía pinochetista. Están en el justo medio entre revolución y reacción, la juventud de ellos es fotogenia electoral, imagen de una eternidad que no se desgasta con el uso. En la Argentina, es frustrante cuando nos falta la comparación local. Tal vez el antiguo político y legislador local Jorge Vanossi, vestal del Derecho Constitucional, siempre enfundado en su terno, que había estudiado en el Colegio De La Salle, a quien la malicia apodó ‘Vanidossi’.

El venezolano y el francés defienden a la república (democracia es palabra menos frecuente) contra enemigos peligrosos, autoritarios, “chicos malos”, fascistas, populistas, extremistas. Sus respectivas biografías en Wikipedia reciben, como los propios biografiados, regulares cuidados de manicura. En las entradas Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez […] reconocido como presidente encargado de Venezuela y Emmanuel Macron […] président de la République française todo parece cierto. Aunque, por el arte de la subrepticia falacia de énfasis, que arbitra qué destacar y qué escamotear, nada resulte en definitiva muy verdadero. Acaso a nadie se le escape, porque aun el sitio ya nos lo previene (a su modo). En el caso de personalidades políticas en pugna abierta por el gobierno actual de un territorio, puede ser riesgoso dar por descontado el desinterés en la redacción de lo que se leerá: se trata de CVs antes que de artículos enciclopédicos.

Existen límites al momento de solicitar del público su voluntaria suspensión de la incredulidad. La Secretaría de Estado los lamenta, pero Washington los conoce. Ya las primeras líneas de la más consultada de las enciclopedias registran la geografía del salto cualitativo. El abismo entre Macron y Guaidó es infranqueable: lo cavaron los votos, lo cavó el poder. El francés fue votado presidente por el electorado de la más presidencialista entre las repúblicas europeas; el venezolano nunca fue elegido presidente por el pueblo de la bolivariana, la más presidencialista de las repúblicas latinoamericanas. Macron es el comandante en jefe de las FFAA en la República francesa; quien dispone del monopolio de la violencia en la República Bolivariana de Venezuela es Nicolás Maduro.

Macron asumió, esta semana, la presidencia rotativa de la UE, que este semestre toca a Francia. Hay que decir que colocarse en este estrato de superpoderes supracontinentales no perjudica en nada a quien además de presidente en ejercicio es candidato en campaña para su la reelección en las presidenciales francesas de mayo.

Las recientes elecciones regionales y locales venezolanas del 21, más acá de todas las irregularidades y arbitrariedades de un oficialismo muscularmente autoritario, mostraron a una oposición dividida, que se derrotaba a sí misma

¿De qué dispone Juan Guaidó? Del reconocimiento  por parte de EEUU (y después por los aliados de Donald Trump, de los forzosos y de los forzados) de la constitucionalidad de un procedimiento de enero de 2019, cuando una Asamblea Nacional  a la que sólo reconocía la oposición venezolana (y EEUU) lo hizo ‘presidente encargado’. Es decir que al mismo tiempo que esta Asamblea parcial encomendaba a Guaidó el Poder Ejecutivo, desconocía la legitimidad de titularidad de la presidencia que en Caracas ejercía, y ejerce, Maduro. Será mucho (aunque la UE se bajó del reconocimiento pleno), pero es todo. Las recientes elecciones regionales y locales del 21, más acá de todas las irregularidades y arbitrariedades del más autoritario de los oficialismos, mostraron a una oposición dividida, que se derrotaba a sí misma.

Al igual que en Chile, que celebraba elecciones el mismo penúltimo domingo de noviembre, y donde el voto tampoco es obligatorio, en Venezuela fue a votar menos de la mitad del padrón. Según las crónicas, según las fuentes, el electorado bolivariano no siente más aprecio por el presidente encargado en 2019 que por el presidente votado para su primer mandato en abril de 2013. Aunque acaso sí más desprecio, o siquiera menosprecio. Nadie quiere un Macron que no votó, una perfección civilizada para edificación de la barbarie.

Si en Washington gobierna un heredero demócrata, el de Barack Obama, en Caracas también, el civil ‘socialista del siglo XXI´ que sucedió al comandante Hugo Chávez ¿Es un gobierno, el de Maduro? ¿O hay que hablar de régimen? El shibboleth del liberalismo latinoamericano es responder sí, basura, dictadura. Hay que decir que esta vehemencia contribuye a que las cosas sigan como están, una realidad que quienes así responden califican, consecuentes, como intolerable. Tanto o más colabora la acción concomitante de reconocer en el asambleísta  Guaidó a un presidente provisorio o de reserva permanente. Es por ello que el martes quien fuera el canciller de su gobierno parelelo, Julio Borges, anunció que renunciaba al cargo, y declaró que el gobierno de Guaidó debía desaparecer. La Asamblea que lo creó, y que ya auto-prorrogó su vigencia hasta el 5 de enero, debería también disolverse.

Occidente y América Latina parecían haber aprendido algo de la Guerra Civil Española. Quienes ven en Maduro a un dictador saben que es una afirmación contra-intuitiva, que requiere pruebas. Debemos creer que consienten en que abundan en el caso de Francisco Franco, ‘caudillo de España por la Gracia de Dios’, como estaba acuñado en las plateadas monedas de 1 peseta con la efigie del general golpista estampada en bajo relieve. Las democracias tenían embajada en Madrid: reconocer a gobiernos que no ejercen el monopolio de la fuerza sólo añade sangre a la sangre. Un día, no tan temprano, acaso no tan tarde, puede llegar el razonable, mejorable,  pacto de la Moncloa. 

AGB

El opositor Juan Guaidó, uno de los referentes antichavistas de Venezuela, llamó al sector a “prepararse” para las próximas elecciones que implicarán la salida del presidente Nicolás Maduro y reclamó por eso “más unidad, más fuerza y más estrategia”.

En una serie de mensajes en la red Twitter, Guaidó usó la situación del estado Barinas -donde habrá nuevos comicios en enero por decisión judicial, pese al triunfo opositor- para reivindicar “la decisión irrevocable de cambiar las cosas” de los ciudadanos de esa región.

“La lucha por condiciones también es esto: es no rendirse, es defender la voluntad de la mayoría hasta el final, es no claudicar ni abandonar cuando la dictadura golpea”, escribió Guaidó, para quien Barinas “demuestra la fuerza de la mayoría decidida a luchar, pero también llama a la reflexión de la dirigencia”.

El líder opositor consideró que “no solo se trata de lograr condiciones, sino de tener una estrategia para defender los votos de esa mayoría que se exprese, y hoy queda en evidencia que no existe”.

“La próxima elección en Venezuela será para salir de Maduro y tenemos que prepararnos para eso. Mi compromiso es a hacer todos los esfuerzos no solo en la lucha por condiciones, sino en la unificación de las fuerzas para defender la voluntad de la mayoría. Barinas demostró que en Venezuela no hay condiciones ni respeto al voto, pero sí hay voluntad para luchar hasta lograrlo”, insistió.

En Barinas, estado natal del exmandatario Hugo Chávez, además de anular las elecciones y llamar a otras para el 22 de enero, la justicia inhabilitó al candidato opositor triunfante, Freddy Superlano, mientras el actual gobernador y aspirante a la reelección, Argenis Chávez -hermano de Hugo-, renunció al cargo y puso su postulación “a disposición” del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Guaidó celebró que los locales “salen a la calle en resistencia democrática a defender su soberanía, que fue arrebatada por la dictadura”. “No podemos dejarlos solos”, exhortó.

Este sábado se supo que Aurora Silva de Superlano, esposa del inhabilitado Superlano, será quien lo reemplace como candidata de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

El propio Superlano presentó a su esposa como postulante, durante una concentración en la capital de Barinas, a la que asistieron Guaidó y Freddy Guevara,referente de Voluntad Popular.

Guaidó reclamó “ante los atropellos de la dictadura, más unidad, más fuerza y más estrategia” y llamó a “una reunificación” de la oposición para “lograr un Acuerdo De Salvación Nacional y elecciones presidenciales libres que permitan la solución a la crisis”.

“Solo Unidos Para Luchar podremos avanzar y salvar Venezuela”, concluyó el mandatario interino, a quien el embajador de Estados Unidos ante Venezuela, James Story, expresó su apoyo para volver al diálogo con el Gobierno, en un encuentro que mantuvo con dirigentes de la Plataforma Unitaria.

“Fue un placer hablar con @jguaido esta semana para reiterar nuestro compromiso al regreso de la democracia a Venezuela. Apoyamos la importante labor del Gobierno Interino para forjar un camino hacia la democracia y poner fin a la crisis humanitaria de Venezuela”, escribió Story en la red Twitter.

CRM con información de la agencia Télam

Este domingo Venezuela tendrá elecciones regionales. Lo hace un año después de las legislativas en las que menos de un tercio del los electores registrados para votar decidieron ir a las urnas. Las expectativas de los ciudadanos críticos con el Gobierno no son ambiciosas y es posible que el resultado replique el nivel de abstención de las elecciones pasadas.

La credibilidad del sistema electoral había quedado rota después de las legislativas de 2015, en las que ganó la oposición y el Gobierno no reconoció a la nueva Asamblea creando un poder legislativo paralelo, la Asamblea Nacional Constituyente, que se mantuvo activa hasta las elecciones de 2020. Por eso, la atención este domingo está puesta sobre todo en el nivel de participación.

Pese al poco clima electoral y el desinterés de la sociedad venezolana, esta elección cuenta con algunos elementos novedosos como la presencia del principal grupo político de oposición, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en las candidaturas, la visita de observadores internacionales imparciales, como el grupo de expertos de Naciones Unidas, y la renovación de las autoridades electorales que hacen del Consejo Nacional Electoral un organismo más confiable que los anteriores.

¿Qué eligen los venezolanos el domingo?

Venezuela elegirá gobernadores, alcaldes, concejales y legisladores locales en los 23 estados del país. En total son 3.082 cargos los que están en discusión: 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores a los Consejos Legislativos y 2.471 concejales, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

¿Participa la oposición?

Sí, y es una novedad. En agosto, confirmó su participación el sector de mayor peso político de la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición de partidos opositores ganadores de las elecciones parlamentarias de 2015. Pero en muchos estados llegan sin candidatos de unidad.

En distritos como el estado Miranda, donde se ubica Caracas, Carlos Ocariz y David Uzcátegui competían por el voto opositor. Sin embargo, Ocariz, respaldado por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, decidió en el último momento bajar su candidatura para unificar el voto antichavista.

Por primera vez desde las elecciones legislativas de 2015, el sector que lidera Juan Guaidó irá a las urnas. Pero nunca nada es sencillo de leer en Venezuela. La decisión ha causado muchas tensiones dentro de los partidos, que tampoco se han volcado en estas elecciones. Guaidó, por ejemplo, ha limitado al máximo sus intervenciones públicas y no ha hecho campaña por los candidatos locales de sus listas.

¿Esta vez puede ser diferente?

Existen algunos elementos novedosos en esta elección aunque eso no garantiza que el escenario sea distinto a las anteriores.

En primer lugar, el hecho de que en esta elección participe una parte importante de la oposición puede abrir caminos distintos. Sin embargo, no todos los partidos aceptaron participar.

En total se han inscrito 70.244 candidatos de 37 de los 42 partidos nacionales para esta elección. El dato refleja que el 86% de las organizaciones políticas formalizaron postulaciones. Más de 300 candidatos competirán para los cargos a gobernador mientras que unas 4.000 personas han sido inscritas para las 335 alcaldías, según el CNE.

Además, se han registrado más de 100 observadores internacionales, incluyendo a los representantes de la Unión Europea, el Centro Carter y un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas como parte de la “ampliación de garantías” que propuso la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. 

Por último, los cambios de autoridades en el Consejo Nacional Electoral (CNE), de mayo pasado, han sido una de las condiciones básicas para que los candidatos opositores presenten sus candidaturas.

¿Por qué la participación es clave en esta elección?

En las elecciones presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020, la mayoría de los líderes opositores llamaron a la abstención. Esta es la primera elección en la que no existe esa consigna como iniciativa mayoritaria. Esto no quita que una mayoría social, desencantada por la política, decida no participar. Por eso la clave de la legitimidad de estos resultados estará en el nivel de asistencia a la urnas.  

¿Incidió el diálogo en las elecciones?

Pese a las expectativas que había generado la nueva ronda de diálogo entre el Gobierno y la oposición, la historia no terminó bien. Tan solo dos meses después del comienzo de las negociaciones en México, el canal de comunicación se cortó por decisión de Venezuela, que anunció la suspensión de las negociaciones. La decisión llegó como respuesta a la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, supuesto testaferro del presidente Nicolás Maduro. Si bien todavía puede retomarse, aunque nadie dentro de la delegación chavista confirma si el intento de acercamiento ha quedado suspendido definitivamente, las expectativas son pocas. 

¿Cuál es la posición de la Unión Europea? 

Unos días antes de la llegada de la delegación de eurodiputados a Caracas, la Unión Europea (UE) informó sobre la renovación de las sanciones económicas contra Venezuela. La extensión de las sanciones, acordada a mediados de noviembre durante una reunión de los ministros de Exteriores del bloque, será hasta noviembre de 2022 y afecta a 55 personas en cargos jerárquicos acusadas de violar derechos humanos.

¿Qué está en juego en esta elección?

La legitimidad del sistema electoral en Venezuela. Es decir, la confianza de los venezolanos en el mecanismo de elección de sus representantes y la posibilidad de recuperar, de manera progresiva y en diálogo con la oposición, el sistema democrático representativo.

AGB

La oposición estrena una “vieja” estrategia que tenía descartada: presentarse a elecciones. Durante cuatro años, las boicoteó. Han pasado cuatro años de boicot electoral y ahora deben convencer a sus simpatizantes, que son mayoría según las encuestas, de que votar merece la pena, mientras tratan de superar sus sempiternas fracturas.

La tarea es compleja. Cuando llegue el próximo domingo y los venezolanos deban decidir si depositan su papeleta digital para elegir a gobernadores y alcaldes, tendrán que superar años de insistencia opositora acerca de la falta de condiciones suficientes para considerar las elecciones como libres y con garantías.

Serán muchos los que, después de escuchar el mismo discurso de sus líderes, opten por la abstención, la misma decisión que han tomado desde 2017. La alternativa, la que deslizó en innumerables ocasiones el exdiputado Juan Guaidó y que permeó en parte de los detractores del gobierno de Nicolás Maduro, era una hipotética intervención internacional que derrocaría al Ejecutivo.

Esa intervención nunca llegó -y nunca tuvo posibilidad-, pero su impulsor no respondió ante una ciudadanía que quedó ciega, sin un liderazgo que les indicara una dirección alternativa. Con una opción cegada y la otra inviable, quedaron inmersos en un dilema sin salida.

“El voto es el arma de la lucha”

Tras una pugna entre opositores, el exconcejal David Uzcátegui aspira en estas elecciones a ser gobernador del céntrico estado de Miranda, que alberga parte del área metropolitana de Caracas. Uzcátegui está convencido de que “el voto es el arma de lucha” ciudadana. “Eso se acabó, la población no está en esa onda (...) Ni el 70 % que rechaza al Gobierno, ni el 10 % cree en esa historia”, dice acerca de los planteamientos de Guaidó este candidato, impulsado por el partido Fuerza Vecinal.

Para seducir a los votantes, ve necesario un cambio de actitud porque “la oposición tradicional ha cometido un gran error: creer que, porque Maduro es impopular, la oposición es popular”.

“Eso no es verdad; para ganarte un voto hace falta tener presencia en la comunidad, ayudar a la comunidad, estar en las buenas y malas. La oposición tradicional un día dice que no a votar, otro que sí, otro que no y esa incoherencia le está pasando factura”, considera.

Uzcátegui no era el único político de la oposición que aspiraba a ser gobernador de Miranda, un estado tradicionalmente detractor de Maduro. El candidato de Fuerza Vecinal que competía por el voto opositor contra Carlos Ocariz, respaldado por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.

La competición desató escenas kafkianas con los simpatizantes de uno y otro peleando por el mismo voto a las puertas del metro o tratando de subir el volumen a sus altavoces para silenciar el mensaje de su rival, mientras este repartía panfletos.

En medio, los miembros del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), cuyo candidato -Héctor Rodríguez- está considerado como el delfín de Maduro, sonreían sorprendidos.

El “yugo del ego” opositor

Finalmente, el rival del partido de Capriles declinó acudir a las elecciones y competir por “el segundo lugar” contra Uzcátegui. Lo hizo apenas diez días antes del domingo. y, tras hacerlo, pidió que en el resto del país los candidatos se liberen del “yugo del ego” para lograr la unidad.

“Nos enfrentamos a toda la maquinaria de un régimen abusivo y, para enfrentarlos, la unidad es indispensable”, dijo Ocariz a su espacio político antes de decir que iba a “ponerle fin a la lamentable situación” de los días previos en los que sus simpatizantes peleaban con los de Uzcátegui por el mismo voto en las calles.

El “yugo del ego”, que en ocasiones parece ser el rasgo más definido entre los opositores venezolanos, no es desconocido entre una ciudadanía tan harta de oficialistas como de sus detractores.

Las fracturas, la miríada de grupos antichavistas que surgen presentándose como el último bastión de la defensa de la democracia, mientras pelean con el cuchillo entre los dientes por defender su puesto sujetando una pancarta -ajenos por completo a las extensas necesidades de los venezolanos-, han hastiado a muchos ciudadanos a los que ahora piden el voto.

Esas fracturas derivadas en desconexión con la sociedad también contribuyen a restar votos, pero no es el único elemento en la ecuación. La migración venezolana se ha llevado del país a seis millones de personas, según las cuentas de la ONU. La mayoría de ellos son detractores del Gobierno y muchos son mayores de edad, por lo que son millones de antichavistas los que no votarán.

Sumados a quienes ya no creen en el voto y quienes rechazan a la oposición que, con tanta habilidad, ha sabido alejarse de la sociedad, el panorama queda fijado casi en un empate. Parece que, además de los múltiples obstáculos, buena parte de la oposición quiere que el camino sea largo.

AGB

El Gobierno de Venezuela suspendió el diálogo con la oposición que lleva adelante en México con mediación internacional en rechazo a la extradición a Estados Unidos de un empresario sospechado de lavado de dinero y de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro, y que comparecerá este lunes ante un tribunal en territorio estadounidense.

Una vez conocida la decisión la oposición llamó a retomar las negociaciones, que debían recomenzar este domingo en México.

“Exhortamos a la contraparte a reanudar cuanto antes las sesiones en México para producir los acuerdos necesarios”, dijo el jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, en rueda de prensa en Ciudad de México.

El Gobierno de Noruega -facilitador del diálogo- aseguró este domingo que seguirá trabajando para que se mantenga la mesa de conversaciones.

“Noruega sigue convencida de que la única solución en Venezuela será negociada. Seguimos trabajando para que las partes continúen, lo antes posible, su importante esfuerzo en la mesa de negociación para una solución política e inclusiva por el bien del pueblo venezolano”, señaló el Ministerio de Exteriores en su cuenta oficial de Twitter.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien lidera la delegación del Gobierno en el diálogo, acusó la noche del sábado a EEUU, que tiene fuertes vínculos con la oposición venezolana, de “brutal agresión” y de “secuestro” y dijo que no iba a viajar a México para la siguiente ronda de negociaciones con la oposición.

Su anuncio llegó horas después de que el empresario venezolano Álex Saab fuera extraditado desde el archipiélago africano de Cabo Verde hacia a EEUU, que lo requiere por sospechar que cometió lavado de dinero y actuó como testaferro de Maduro.

Saab, de 49 años, debe presentarse este lunes ante una corte de Florida, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Su abogado Manuel Pinto Monteiro denunció que su extradición fue ilegal porque el proceso en Cabo Verde no se realizó totalmente.

Saab “fue puesto en un avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos y enviado a ese país”, dijo a la agencia de noticias AFP.

El avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos salió del aeropuerto internacional de Cabo Verde, en la isla de Sal, según la TV estatal de ese país.

Además de suspender el diálogo con la oposición, Venezuela calificó la extradición como un “secuestro” de su “embajador” pues Saab, que es colombiano, recibió la nacionalidad y un título de embajador mientras estaba en cautiverio en Cabo Verde.

El chavismo había intentado sumarlo a su comitiva.

“No asistiremos a la ronda que debía iniciarse el día de mañana, 17 de octubre, en Ciudad de México, como expresión profunda de nuestra protesta frente a la brutal agresión” contra Saab, dijo ayer Rodríguez en Caracas.

El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por 60 países, celebró por su parte la extradición.

“Los venezolanos, que hemos visto la justicia secuestrada por años, respaldamos y celebramos el sistema de justicia de los países democráticos como Cabo Verde, nación que reconocemos por su independencia y firmeza en medio de tantas presiones”, escribió en Twitter, lamentando la decisión del Gobierno de levantarse de la mesa de diálogo.

Saab y su socio comercial Álvaro Pulido, cuyo paradero se desconoce, están acusados en Estados Unidos de dirigir una red que explotaba la ayuda alimentaria destinada a Venezuela.

Según Washington, remitieron unos 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países y corren el riesgo de ser condenados a hasta 20 años de prisión.

Saab fue acusado en julio de 2019 en Miami por lavado de dinero y arrestado en junio de 2020 durante una escala de avión en Cabo Verde, frente a la costa de África Occidental.

El empresario colombiano aseguró, a través de una carta, que no tiene “nada que colaborar” con el país norteamericano y que no cometió ningún delito, según el escrito leído este domingo por su esposa, Camila Fabri.

“No tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún país y no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos en contra del que atraviesa un bloqueo inhumano (Venezuela)”, dice la carta leída por Fabri, quien aseguró, durante una protesta para pedir la liberación de Saab, que la había escrito él antes de ser extraditado.

En el texto, el empresario responsabilizó a Washington y a la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó de su vida y su integridad física.

“Enfrentaré el juicio con total dignidad y haciendo valer mi inmunidad diplomática como servidor de la República Bolivariana de Venezuela”, señala el escrito, que agrega que no es un “suicida”, dejando constancia de que si le ocurre algo, será un asesinato.

Saab dijo, además, que le fueron violados todos sus derechos, que fue “secuestrado físicamente y psicológicamente” por el Gobierno de Estados y Cabo Verde con la “anuencia” del primer ministro del país insular, Ulisses Correia e Silva, el jefe de seguridad Carlos Reyes, el ministro de Gobierno, Pablo Rocha, y el director de la prisión, cuyo nombre no facilitó.

También culpó de su “secuestro” a Guaidó y a Iván Somonovis, uno de los colaboradores del opositor.

Por su parte, Fabri denunció que no le dejaron ver a su esposo durante su arresto en Cabo Verde y que la única que pudo hacerlo fue la hermana de él.

El presidente colombiano, Iván Duque, dijo en Twitter que la extradición “es un triunfo en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción que ha propiciado dictadura de Nicolás Maduro”.

“Colombia ha apoyado y seguirá apoyando a los EEUU en investigación contra red de crimen transnacional liderada por Saab”, agregó.

Las conversaciones en México, que comenzaron el 13 de agosto, son facilitadas por Noruega y acompañadas por Rusia y los Países Bajos.

En la primera reunión, las partes firmaron un memorando de entendimiento con la agenda del diálogo, que incluye, entre otros temas, cronograma y garantías electorales, derechos políticos, levantamiento de las sanciones y convivencia política y social.

Volvieron a encontrarse entre el 3 y el 6 de septiembre, cuando alcanzaron un acuerdo para la ratificación de la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo, el territorio que mantiene en disputa con la vecina Guyana, y otro “para la protección social del pueblo”.

En la última ronda, celebrada entre el 25 y el 27 de septiembre, los dos grupos convinieron en realizar sesiones de consulta con diversos actores nacionales e internacionales en relación con los temas del diálogo.

La máxima corte de Cabo Verde autorizó el mes pasado entregar a Saab a Estados Unidos, agotados todos los recursos judiciales.

Poco después de confirmarse la extradición, autoridades revocaron una medida de casa por cárcel contra seis exdirectivos petroleros que cumplen condena en Venezuela por corrupción y los llevaron a una prisión desconocida.

Aunque la medida no guarda oficialmente relación, cinco de ellos tienen nacionalidad estadounidense y el otro, residencia permanente en ese país.

El Gobierno de Venezuela luchó de forma incansable por la liberación de Saab, que denunció “malos tratos y tortura” durante su detención en Cabo Verde.

La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega dijo que Saab era el “principal testaferro de la autocracia” de Maduro y su familia.

Ortega aseguró que su extradición era “un logro para quienes buscamos justicia contra los responsables de la tragedia y el caos que viven los venezolanos”.

CB/CRM con información de las agencias Télam y EFE

El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó aseguró en las últimas horas que, al día de hoy, “no hay condiciones para un proceso electoral libre y justo” en su país y consideró que, tanto los partidos que decidieron concurrir a los comicios regionales y locales de noviembre, como los que no, deben estar unidos frente a la “dictadura” de Nicolás Maduro.

Si bien Guaidó no se pronunció expresamente sobre el mensaje lanzado esta semana por la Plataforma Unitaria, una coalición de partidos en la que está integrado el suyo (Voluntad Popular) y que se mostró a favor de participar en las próximas elecciones a pesar de que puedan “no darse garantías suficientes”, en un giro de la estrategia mantenida durante estos últimos años, puso en duda la transparencia de los futuros comicios.

El dirigente opositor, que en 2019 se autoproclamó “presidente encargado” de Venezuela haciendo valer su jefatura en la Asamblea Nacional, remarcó que la oposición está en México precisamente “luchando” para que pueda haber en su nación elecciones con garantías, aunque dejó claro que el objetivo final pasa por que haya comicios parlamentarios y presidenciales.

Guaidó busca “un acuerdo que solucione el conflicto” y sostuvo que, mientras tanto, seguirá “en la calle”. “No somos espectadores activos de un proceso”, aseguró en un mensaje publicado en las redes sociales y en el que volvió a defender su “acuerdo de salvación nacional”.

“Sé que, para los partidos que han decidido participar en el evento del 21 de noviembre, la decisión fue producto de un proceso arduo”, reconoció, al tiempo que apuntó que quienes no quieren presentarse, forman parte del mismo bando. “La unidad es un clamor de los venezolanos”, dijo.

La falta de unidad fue históricamente una de las debilidades de la oposición en Venezuela, que logró en bloque sus principales éxitos. La falta de avances tangibles en el terreno político contribuyeron a generar nuevas grietas y líderes como Henrique Capriles se distanciaron públicamente de las tesis defendidas por Guaidó.

Las “garantías electorales” forman parte del memorando de entendimiento pactado entre la Plataforma Unitaria y los representantes del gobierno de Maduro en las conversaciones que arrancaron este viernes en México y que se prolongarán, al menos, hasta el lunes.

Con información de Europa Press.

IG

Por qué esta vez funcionará si tantas otras veces fracasó. Esa es la pregunta que se hacen los venezolanos sobre este nuevo intento de diálogo entre el Gobierno y las distintas ramas de la oposición. No es la primera vez que lo hacen. Este es el sexto intento de la historia si tomamos las negociaciones que se dieron durante la presidencia de Hugo Chávez.

Esta vez fue en México y con Noruega como mediador. La cita para cerrar las condiciones del diálogo es la antesala de un encuentro previsto para finales de septiembre. Este primer paso terminó con la firma de un memorándum de entendimiento, en la noche del viernes, entre el jefe de la delegación del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, y la oposición.

Además, este sector reafirmó su compromiso “irrenunciable” para lograr un pacto de convivencia democrática que permita “elecciones libres, justas y verificables”. Nicolás Maduro también respaldó la decisión.

Si bien no existen grandes expectativas de lo que pueda llegar a pasar —muchos lo consideran un simple recurso de Maduro para ganar tiempo—, no faltan venezolanos que piden colaborar con el proceso.

“Todo aquel que tenga la posibilidad de tener incidencia dentro de esto dos grupos, ya sea un aliado o un tercer país, debería hacer todo lo esté a su alcance para que esto avance. Venezuela vive una emergencia humanitaria que provoca un sufrimiento evitable en las personas”, explica a elDiario.es Luz Mely Reyes, periodista y especialista en comunicación política.

Existen algunos elementos nuevos en esta negociación. Uno de ellos es el cambio en el tono. Las bajas expectativas y la extremada reserva en la información durante los días previos al encuentro hacen que estas conversaciones se desarrollen con más prudencia, al menos en comparación con las de años anteriores.

“Un indicador es el silencio que hay aquí en Venezuela. En los procesos previos, el Gobierno siempre tomaba la delantera, filtraba información. Ahora las dos partes están silenciosas. Interpreto que hay interés en esta conversación y que no se pueden repetir los errores de antes”, dice Ricardo Sucre Heredia, politólogo y profesor la Universidad Central de Venezuela desde Caracas, en conversación con este medio.

En segundo lugar, este encuentro tiene como objetivo en esta primera instancia y a diferencia de los anteriores construir “las reglas de las negociación”. Dicho de otro modo, el marco sobre el cual se sentarán a hablar, algo que en las veces anteriores no existió.

En tercer lugar, la posición del actual Gobierno de Estados Unidos con Venezuela cambió. La Administración Biden revirtió la posición de los años Trump. La nueva gestión busca promover un diálogo político entre venezolanos reduciendo al mínimo su participación. Así lo ve incluso el Gobierno de Caracas.

El Gobierno de Maduro que venía manteniendo conversaciones con el Gobierno republicano ya no las tiene. “En épocas de Trump tuvimos mucha comunicación con la Casa Blanca, con Elliot Abrams, con el Departamento de Estado. Hoy por hoy, no tenemos ninguna comunicación con el Gobierno de Estados Unidos, esa es la verdad”, dijo Nicolás Maduro la semana pasada.

Pero además, el sector de la oposición liderada por Juan Guaidó llega más debilitado en términos de respaldo internacional que las oportunidades anteriores. El momento de oro que tuvo Guaidó quedó atrás. Si bien tiene el respaldo del Gobierno de Estados Unidos, la posición de este país no es la misma que en los intentos anteriores.

Por último, el alineamiento de la Unión Europea con Estados Unidos se plantea como una nueva variable, donde la negociación aparece como la principal salida a la crisis.

La oposición llega dividida

No existe una única oposición en Venezuela. Si en algún momento estuvieron más cerca de presentar algún tipo de unidad, eso fue durante los años fuertes de Juan Guaidó. Pero eso es historia. El autoproclamado presidente encargado de Venezuela ha perdido legitimidad tanto dentro como fuera de Venezuela.

Además, en este último tiempo, ha crecido la percepción que la oposición está estancada. “Hay una desesperanza, una sensación de control eterno y no puede salir de eso”, dice Sucre Heredia.

La oposición se presenta dividida en al menos dos bandos: los que participarán de la mesa de negociación y los que no. Por eso varios especialistas definen a este intento de negociación como un diálogo entre el Gobierno y el G4, que deja a muchos otros actores afuera. Maduro los quiere a todos adentro pero el espacio que representa Guaidó no cree que muchos de ellos sean una “verdadera oposición”.

Entre los que sí quieren participar existen tres grupos. El sector de mayor peso político, más conocido como el G4, que integran Primero Justicia de Julio Borges, Voluntad Popular de Leopoldo López, el tradicional Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Éste fue el primer sector en confirmar su participación.

También está la llamada “mesita”. Un colectivo de una veintena de partidos, agrupados bajo el sello de Alianza Democrática, que se han mostrado más dispuestos al diálogo con Maduro, lo que les generó el apodo de “los alacranes” o la “oposición colaboracionista”.

Entre las figuras política de “la mesita” está el diputado Javier Bertucci de El Cambio y Henri Falcon de Avanzada Progresista. Para Sucre Heredia, “esta no es un oposición que busque diferenciarse con el Gobierno. Es una oposición que juega con las reglas del sistema pero no lo desafía”.

Henrique Capriles, que fue candidato a presidente dos veces y se considera más moderado que Guaidó, rompió este jueves su silencio al llamar a participar y votar en las elecciones regionales de noviembre y confirmó que también participará de las conversaciones.

“La división de la oposición en Venezuela, sobre todo en el caso de Capriles, que llamó a participar en las elecciones regionales, plantea un escollo para terminar de entender qué va a buscar el grupo que se va a sentar en la mesa de negociación y qué están buscando estos otros grupos de oposición”, dice Luz Mely Reyes.

“El proceso de negociación es entre la oposición y Maduro, no es entre dos gobiernos, es entre el Gobierno de Maduro que controla el poder y nosotros que somos la oposición”, dijo Capriles en una rueda de prensa en referencia a una parte del antichavismo que dice tener la “Presidencia interina” de Venezuela.

La exdiputada María Corina Machado, el ala más dura de la oposición, no participará del encuentro porque no lo considera un mecanismo que lleve a resolver el problema.

Un Gobierno con dos caras

Jorge Rodríguez estará al frente de esta rueda por parte del Gobierno. Definido por muchos en Venezuela como un “negociador duro”, una “persona astuta” y hasta una especie de “mente política” del actual Gobierno, es sin duda un hombre fuerte del chavismo. Fue vicepresidente durante los años de Hugo Chávez, pasó casi una década como alcalde de la ciudad de Caracas y actualmente es presidente de la Asamblea Nacional elegida en 2020 y no reconocida por la oposición. Pero además, es el hermano de la poderosa vicepresidenta de Venezuela y exministra de Relaciones Exteriores Delcy Rodríguez.

“Cuando hay que jugar duro, él juega duro. Sin embargo, sigue siendo el interlocutor de todo aquel cree que mediante el diálogo y los nexos con grupos que piensan distinto se puede avanzar algo”, dice la especialista venezolana.

También está Héctor Rodríguez, de 39 años, que ha pasado por varios cargos de ministro en diferentes carteras como Deporte, Juventud y Educación, además de miembro del poder Legislativo pero que actualmente ejerce como gobernador del estado de Miranda. Si bien no tiene el peso político del anterior, juega un rol de moderado entre los dos.

“Es una figura que en el público no chavista genera menos rechazo de Jorge Rodríguez. La combinación de los dos Rodríguez, uno más duro y el otro más conciliador, pero dentro de un mismo proyecto político”, explica Sucre Heredia.

Este jueves, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó de que su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, también formará parte de la delegación del Gobierno.

Las metas del diálogo

El Gobierno se sienta a la mesa con tres demandas prioritarias: el reconocimiento del Gobierno como poder Ejecutivo por parte de las oposiciones, la condena de la violencia como práctica política y el levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.

Estados Unidos reafirmó este jueves que está dispuesto a revisar su política de sanciones contra Venezuela si se dan “avances significativos” en las conversaciones.

Por su parte, el G4 pide acordar una elección presidencial con condiciones justas capaces de garantizar la competencia electoral. Eso implica permitir las misiones de observación electoral internacionales como la de Unión Europea, revertir la inhabilitación de candidatos y liberar a los políticos presos. El último político detenido ha sido Freddy Guevara, número dos de Juan Guaidó, en julio.

La antesala de las elecciones regionales

Esta semana se ha abierto el plazo para las inscripciones de candidaturas para las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre. La oportunidad para formalizar candidaturas durará hasta agosto pero lo que no se conoce es si participará la oposición y, en tal caso, de qué modo lo hará.

“La estructura electoral está desmontada, desde la maquinaria hasta los fiscales de los partidos políticos de oposición. Hay que buscar cómo restablecer la organización político-electoral de los grupos de oposición”, dice Luz Mely Reyes.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que espera que se instale en agosto una mesa de negociación con la oposición en México, con Noruega como mediador y en la que “posiblemente” participe el Gobierno de Estados Unidos.

“Ya hemos prehablado una agenda compleja, difícil y nos hemos puesto de acuerdo en las bases del arranque del diálogo y aspiro que en el mes de agosto temprano poder instalar en México (esta mesa), con la ayuda del Gobierno de Noruega y posiblemente la participación de gobiernos del mundo (...), entre ellos Estados Unidos”, señaló el mandatario en una entrevista con el canal Telesur emitida en la noche del sábado.

El presidente expresó en otras oportunidades su disposición a dialogar con la oposición que lidera Juan Guaidó, a quien más de 50 países consideran el presidente encargado del país tras desconocer por “fraudulenta” la reelección de Maduro en 2018.

Maduro había condicionado su participación al levantamiento de sanciones económicas, que incluyen un embargo al petróleo venezolano, que le han cerrado vías de financiamiento en medio de una dura crisis económica.

“Estamos a punto ya, yo diría: del 1 al 10 pudiéramos decir hemos llegado al 9 y en los próximos días en esas negociaciones, que hasta ahora son secretas, donde participa el gobierno de Noruega, se llegue a un acuerdo definitivo”, destacó el presidente.

Guaidó también dijo estar preparado para sentarse con el Gobierno. Exige un cronograma de elecciones que incluya comicios presidenciales, a cambio de un “levantamiento progresivo” de sanciones.

Estados Unidos y la Unión Europea ya expresaron su disposición a revisar las medidas coercitivas si avanzan las discusiones en pro de elecciones “creíbles”.

Venezuela tiene previstos comicios de alcaldes y gobernadores el 21 de noviembre, que Maduro se ha comprometido a respetar, buscando recuperar reconocimiento internacional.

La dividida oposición, que boicoteó las elecciones presidenciales de 2018 y las legislativas de 2020, enfrenta el dilema de participar o no.

La última vez que gobierno y oposición se sentaron en una mesa de negociaciones fue en Barbados en 2019, auspiciados también por Noruega. Esas conversaciones se agotaron sin acuerdos.

Estas nuevas conversaciones se preparan además tras el arresto del exdiputado Freddy Guevara, muy cercano a Guaidó, acusado de terrorismo y traición a la patria.

CB con información de Télam

El Gobierno de Reino Unido reiteró este lunes su reconocimiento como presidente “legítimo” de Venezuela al opositor Juan Guaidó y volvió a pedir elecciones “libres” y “justas” durante la audiencia del Tribunal Supremo británico sobre el caso de las reservas de oro del país sudamericano en el Banco de Inglaterra.

En un comunicado, el Ejecutivo de Boris Johnson expresó sus argumentos durante la audiencia y tildó al Gobierno de Nicolás Maduro de “ilegítimo”, al tiempo que reiteró que reconoce a Guaidó como el “único” jefe del Estado venezolano desde febrero de 2019.

“El Gobierno de Reino Unido tiene el derecho de decidir a quién reconoce como legítimo líder de un Estado extranjero”, aseveró, antes de exponer que, “consecuentemente”, Guaidó es el único “reconocido para tener la autoridad de actuar en nombre de Venezuela”.

“Venezuela necesita una transición pacífica hacia la democracia con elecciones libres y justas, legislativas y presidenciales”, concluyó un portavoz del Ministerio de Exteriores británico en el texto.

La audiencia del Tribunal Supremo británico sobre el caso de las reservas de oro se realizará entre este lunes y el miércoles. En la audiencia se escucharán las apelaciones del Banco Central de Venezuela, liderado por el Gobierno de Maduro, y un grupo representante de Guaidó por el acceso a las reservas de oro que Venezuela tiene en Londres. En las sesiones intervendrá el ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab.

El caso se remonta a mayo de 2020, cuando el Banco Central de Venezuela registró una demanda contra el Banco de Inglaterra por su negativa al acceso de sus reservas de oro. La institución inglesa explicó entonces que reconocían a Juan Guaidó como el máximo mandatario del país latinoamericano, por lo que se negó a responder a una institución que estaba bajo control de Nicolás Maduro.

En julio del año pasado, una sentencia del Tribunal Superior inglés determinó como una cuestión preliminar que la declaración del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, reconociendo a Juan Guaidó como “presidente constitucional interino de Venezuela” era inequívoca y vinculante para la Corte bajo el principio de “una sola voz”.

Sin embargo, la Corte de Apelación en octubre no estuvo de acuerdo y concedió la apelación del Banco Central de Venezuela, ordenando que el caso regresara al Tribunal Supremo. El Tribunal de Apelación concluyó que, en ausencia de una indicación clara por parte del gobierno del Reino Unido que reconociera a Guaidó no solo como el jefe de Estado 'de jure' de Venezuela, sino también como el jefe de Estado 'de facto', el Tribunal Inglés tendría que realizar un análisis fáctico detallado.

Así, se invitó al ministro de Exteriores a intervenir en el proceso, y se otorgó permiso a los representantes legales del Ministerio de Relaciones Exteriores para presentar alegaciones sobre el caso ante la Corte Suprema en la audiencia de julio.

Las reservas en la 'City' ascienden a aproximadamente 1.600 millones de euros. El instituto emisor venezolano tenía la intención de vender hasta 1.000 millones de esas reservas para entregar ayuda humanitaria, recursos y medicinas a los ciudadanos venezolanos en el marco de la pandemia.

En enero de 2021, Guaidó cesó de sus funciones como diputado y presidente de la Asamblea Nacional tras no presentarse a las elecciones de 2020. Reclamó su supuesta autoridad como presidente interino como continuación de su función anterior, lo que según los abogados de la institución venezolana, le otorga una posición constitucional “cuestionable” para continuar en este litigio.

Con información de Europa Press.

IG

El líder opositor venezolano Juan Guaidó denunció que hombres armados, aparentemente policías, irrumpieron en las últimas horas en su vivienda, atacaron a sus colaboradores e intentaron secuestrarlo, a la vez que aseguró otro comando arrestó al exdiputado Freddy Guevara.

“No pudieron, no tuvieron la oportunidad porque estábamos en el vehículo de seguridad (blindado)”, dijo Guaidó con respecto al intento de detenerlo.

El dirigente afirmó que los hombres armados “bajaron a golpes” a su chofer “y lo amarraron”, y luego “accionaron explosivos” dentro del estacionamiento subterráneo del edificio donde vive, en el barrio caraqueño Prados del Este.

“Apuntaron a nuestro vehículo con armas de guerra, nos hicieron una emboscada”, relató Guaidó a un grupo de periodistas frente al edificio y en su cuenta en Twitter, en la que publicó un video con esas declaraciones.

Poco antes, su esposa, Fabiana Rosales, había reportado en Twitter que “funcionarios de la FAES” (Fuerzas de Acciones Especiales, grupos de elite de la Policía Nacional Bolivariana, PNB) “ingresaron” a su residencia.

El acceso del comando armado al edificio donde vive Guaidó se produjo alrededor de una hora después de que Guevara fuera detenido mientras circulaba en su automóvil por una autopista, en Caracas.

Lo anunció el propio exlegislador en un mensaje que grabó con su teléfono y publicó en su cuenta en Instagram mientras su vehículo ya estaba detenido y rodeado por uniformados, y lo ratificaron luego Guaidó y su esposa.

Guevara es uno de los dirigentes opositores que el viernes se reunió con los miembros de la misión técnica de la Unión Europea (UE) que llegó a Caracas con el fin de verificar si existen condiciones para enviar observadores electorales a los comicios regionales de noviembre próximo.

Los delegados de la UE también se encontraron el viernes con dos de los principales colaboradores del presidente Nicolás Maduro: el canciller, Jorge Arreaza, y el titular de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), Jorge Rodríguez.

Con información de agencias.

IG