Fabián de la Fuente, vecino de Burzaco de 60 años, estuvo en la Armada y, como tal, combatió en la Guerra de Malvinas. Ahora da otra pelea. La de llevar el pan todos los días a la mesa de su familia. Es uno de los 1.800 trabajadores que el 11 de noviembre del año pasado recibieron el telegrama de despido de Garbarino, la empresa de Carlos Rosales, socio del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en un proyecto inmobiliario en Bariloche. De la Fuente es uno de los tantos que esperan el resultado de la reunión a la que los convocó el Ministerio de Trabajo el próximo viernes para buscar su reinserción laboral en otras compañías. Es uno de los tantos que esperan que Rosales, dueño también de Radio Continental -que le alquila la FM a Urbana Play, de Martín Kwelller- y la aseguradora Prof, comparezca el 13 de diciembre ante el juez del concurso preventivo de Garbarino, Fernando D'Alessandro, para explicar cómo pagará las indemnizaciones. El magistrado lo había citado para el 11 de noviembre, pero después postergó la audiencia, para decepción de los despedidos, que marcharon al Obelisco aquel día.

¿Cómo fue su trayectoria profesional?

Soy vendedor de electrodomésticos desde los 28 años. Soy técnico oceanógrafo y buzo profesional, pero cuando volvió a la democracia yo me fui de la Armada y me puse a trabajar de vendedor y me fue bárbaro. Trabajé en varias empresas, como Sony, y en los últimos 12 años trabajé en Garbarino. Era una persona de clase media acomodada, con casa propia, camioneta, porque como vendedor era una crack, disculpen la modestia. Pero esta gente hizo un vaciamiento de la empresa.

¿Rosales o los hermanos Daniel y Omar Garbarino, que se la vendieron en 2020?

En los últimos dos años de los hermanos Garbarino, en 2018 y 2019, la empresa empezó a decaer. Y con Rosales se hizo pomada. Era una empresa que si la querés romper, no podés. Se vendía una cosa impresionante. Este hombre Rosales aparentemente es testaferro de alguien. Tiene excelente relación con (Armando) Cavalieri (jefe del Sindicato de Comercio), que es el que nos iba a defender. Tiene mucha relación con el poder. No es un tipo del rubro. Parece imposible que hayan destruido Garbarino, pero pensá que ni Covelia, esa empresa ligada a (Hugo) Moyano, la quiso comprar. Sólo la agarró Rosales. Imaginate la papa caliente que era. Cuando empezó la pandemia, cerraron locales, pero Rosales con el marketplace levantó la facturación y puso plata de su bolsillo. Pero después nunca más pagó a nadie, ni a los empleados ni a los proveedores.

¿Cuándo dejó de cobrar el sueldo?

Yo dejé de cobrar el sueldo en marzo de 2021, pero me seguían emitiendo el recibo de sueldo, lo que es súperilegal. El 11 de noviembre de 2021 hubo despidos masivos. Sólo se quedaron con 200 o 300 empleados que no trabajan, les emiten recibo pero no les pagan, son los que se habían adherido a retiros voluntarios.

El Gobierno les había prometido reinserción laboral...

Eso fue toda una mentira. Todos nos movilizamos a Plaza de Mayo, nos atendió Alberto Fernández, nos dijo que nos quedáramos tranquilos, pero literal que al otro dia nos echaron a todos. Garbarino tenía hasta dos fábricas de electrónica en Tierra del Fuego. Cuando llegó, Rosales había prometido abrir sucursales en países vecinos y Miami, Pensamos: “La tiene clara”. Pero es terrible estafador.

¿Y usted qué está haciendo?

Hoy con 60 años no me toma nadie, por más que tengo dos idiomas. La estoy pasando pésimo. No tengo obra social, no me puedo jubilar. Al menos tengo mi casa. Como sé hago algo de herrera, algo de pintura, hice instalaciones de cine digital, pero no tengo trabajo cada día.  Hubo días que tuve que vender cartones y metales. Vivo con mi esposa y mis cinco hijas, de 24 a 30 años, que trabajan y me ayudan con la luz, el gas, los impuestos. Tengo una familia grande y hoy pagar los alimentos es lo peor que hay. Podés dejar de tomar vino, pero tenés que dar comida todos los días.

Pasó de combatir en Malvinas y ser un vendedor exitoso a cartonear...

Es una situación tristísima, como la de tantos miles. No se ve la luz al final del túnel, estamos todos haciendo demandas judiciales.Es un transitar de expectativas falsas. En otro lugar, este tipo estaría preso. Es una telaraña de relaciones con Berni, (Marcelo) Tinelli (ex presidente de San Lorenzo, donde Rosales fue tesorero), Cavalieri, que si empezás a tirar el hilito no sé a dónde llegás. Cavalieri nunca nos defendió.

Ahora Jorge Lanata reveló que Berni construyó varias viviendas en terrenos de Rosales en Bariloche...

Se siente una impotencia muy grande por la impunidad. Nadie hace justicia, pero a la larga todas las fichas caen. ¿Te das cuenta del país en el que estamos? Trato de mantener mi equilibrio emocional porque la vida continúa. Ya no me da para irme del país, tengo 60, no me da para arrancar de nuevo. Pero la Argentina dejó de ser un país de oportunidades, es un país muy ingrato. ¿Qué me voy a sorprender? Siento impotencia, pero no puedo salir a romper vidrios, pero arriba hay un dios que lo ve todo, esta gente no termina bien, es lo que nos toca. Estoy como los que van a los comedores, a los saltos, un compañero me consiguió bolsones de comida del municipio. Tengo la camioneta tirada porque no tengo para la nafta. Hace 10 años, le preguntaba a mi mujer: “¿Querés ir de vacaciones al Caribe, Brasil o Mar de las Pampas?”. A mí me arruinó este Rosales. Yo estaba en Cabildo y Juramento, la sucursal que más facturaba. Yo ganaba como 400.000 pesos de ahora...

AR

La Justicia federal investiga a los ex Garbarino SA por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos sobre la base de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que data de 2017 pero que hasta ahora no había salido a la luz, según los fallos y documentos judiciales a los que accedió elDiarioAR en exclusiva. 

El expediente expone las sospechas sobre dos firmas suizas supuestamente utilizadas, entre 2005 y 2013, para ocultar el origen de fondos millonarios y la identidad de los mayores accionistas de la principal cadena de venta de electrodomésticos del país, antes de que Garbarino entrara en su profunda crisis actual.

La causa radica en el juzgado federal número 10, a cargo de Julián Ercolini. Las sociedades suizas denunciadas por el organismo eran presididas por el abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, imputado por su presunta participación en el lavado de US$33 millones del empresario Lázaro Báez, exsocio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

Garbarino SA pasó de ser la principal cadena de venta de electrodomésticos del país a venderse por el simbólico valor de un peso, en junio de 2020, cuando la familia que dio nombre a la empresa vendió sus acciones a Carlos Rosales, un ex funcionario del gobierno de Daniel Scioli y protesorero del club San Lorenzo. El actual embajador argentino en Brasil es casualmente hijo de quien manejó Casa Scioli, una de las empresas de electrodomésticos líder de las décadas de 1970 y 1980, desplazada del podio años más tarde por Garbarino.

La denuncia nació en 2017, cuando Garbarino SA fue objeto de una “inspección preventiva” en la AFIP, durante la gestión de Cambiemos. En 2013, las operaciones denunciadas más tarde por el fisco habían generado al menos 19 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) presentados por unos ocho bancos de capitales extranjeros por “inconsistencias en la composición accionaria” de la empresa, movimientos de dinero y la participación de las firmas suizas, según consta en el expediente.

Sin embargo, esos ROS no llegaron a manos de la Justicia hasta años más tarde. Las compañías suizas fueron autorizadas a llevarse de Garbarino más de $156 millones en 2013 (unos US$30 millones de ese momento), plantea la denuncia. Nadie sabe quién o quiénes están detrás de esas firmas con base en Ginebra.

Durante la semana última, elDiarioAR se comunicó en tres oportunidades con el estudio jurídico que representa a Garbarino en el expediente para conocer su postura sobre la denuncia y la versión de los hermanos. Los empresarios nombraron al estudio Munrabá-Da Rocha, donde tomaron nota de las consultas pero al cierre de esta edición no habían respondido. Este medio también se comunicó con Carlos Eduardo García, presidente de la compañía que respondía a los exaccionistas, para intentar contactarlos de manera directa, pero el ejecutivo derivó la consulta con el estudio jurídico ya que explicó que no mantiene contacto con sus exempleadores. Ninguno de ellos ha sido citado o imputado formalmente en el expediente.

Se trata de una asociación delictiva que presta servicios ilícitos a terceros que no podrían en principio justificar patrimonialmente sus inversiones.

Denuncia de AFIP de 2017.

La situación económica

Antes de que Rosales desembarcara en Garbarino, la cadena era propiedad de los hermanos Daniel y Omar Garbarino, descendientes de los fundadores de la empresa que nació hace 70 años. Ambos empresarios mantuvieron siempre un bajísimo perfil, al punto de que casi no se conocen fotografías suyas en eventos públicos. Cuando Rosales acordó la compra de la compañía, ni siquiera se vieron las caras. “Fue todo a través de apoderados, los Garbarino ya no estaban viviendo en el país”, contó un allegado a la negociación. 

En 2016, la empresa Garbarino declaró ingresos por más de $16.252 millones y activos que superaban los $7.941 millones, según el balance de ese año que consta en la documentación del expediente. Tenía, además, 4.123 empleados y seis unidades de negocios (las tiendas de electrodomésticos; Compumundo; Garbarino Viajes; Fiden, encargada del negocio financiero y de crédito; y dos plantas de ensamblaje en el Sur, Digital Fueguina y Tecnosur SA). En 2018, los hermanos Daniel y Omar Garbarino integraban la lista Forbes de los 50 más ricos de Argentina, con una fortuna declarada en US$500 millones. En 2019, ambos salieron de la lista, al no poder superar los US$360 millones de patrimonio.

Ante la consulta de elDiarioAR, un vocero del nuevo dueño, Rosales, afirmó que en junio de 2020 la situación era muy diferente: Garbarino acumulaba una deuda de $15.000 millones a bancos y proveedores, y un patrimonio neto negativo de unos $8.000 millones. Actualmente, adeuda tres meses de salarios a unos 3.800 trabajadores y sus tiendas no tienen productos para vender.

La denuncia 

En 2016, la investigación Panama Papers reveló que los Garbarino habían utilizado a Helvetic y Swisser como sociedades offshore, pero entonces el caso publicado por La Nación no llegó a la Justicia. La AFIP detectó las supuestas irregularidades casi un año después, en 2017, a partir de una “inspección preventiva” a Garbarino y otras compañías del rubro “venta de electrodomésticos”, según la denuncia, en el marco de la crisis del sector, que comenzó ese año con la caída del consumo. Al cotejar los estados contables de la compañía, el fisco descubrió que entre 2005 y 2013 dos empresas suizas habían sido accionista (Swisser AG) y controladora de Garbarino (Helvetic Service Group). La conexión con el caso Báez hizo saltar las alarmas. 

Helvetic ya era conocida por la AFIP. El juez federal Sebastián Casanello determinó en la causa de “la ruta del dinero K” que la firma fue la pantalla utilizada por Báez y sus hijos para lavar al menos US$33 millones, fugándolos al exterior a través de sociedades offshore y cuentas suizas, y reingresándolos al país blanqueados en forma de bonos de deuda argentina. Las maniobras se llevaron adelante entre fines de 2010 y 2013.

A través de un barrido por las bases internas de la AFIP de la palabra “Swisser”, los invetsigadores descubrieron más información en 2017: la sociedad no sólo había comprado parte de las acciones de Garbarino sino también paquetes accionarios de otras nueve compañías argentinas, a partir de 2004. En su sitio web, Swisser AG asegura que su negocio principal “es ser un inversor privado en diferentes sectores y países, considerando las estrategias definidas por su Directorio”, y que asesora a sus inversores en lo impositivo, corporativo y legal. “Nuestra firma está totalmente comprometida con la integridad profesional y las prácticas que promueven la ética empresarial”, dice la compañía suiza.

Swisser AG desembarcó en Garbarino en febrero de 2005 y fue titular del 5% delas acciones hasta junio de 2013 (el caso Báez se destapó en abril de ese año). Además, desde 2006, Helvetic Service Group controlaba indirectamente a Garbarino a través de una sociedad panameña denominada Financiera del Exterior de Comercio SA, según la denuncia y los libros contables secuestrados en el expediente. La compañía radicada en Panamá fue creada por el estudio Mossack Fonseca -foco de la filtración de documentos de Panama Papers- en 1962 y disuelta el 16 de diciembre de 2015, según las actas del registro mercantil panameño consultadas por elDiarioAR.

Swisser AG y Helvetic Service Group nacieron en Ginebra, Suiza; eran controladas por el abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, quien ofició de presidente y accionista de ambas hasta 2013; y compartían dirección postal, IP y estudio de auditoría. Se inscribieron con unos dos años de diferencia: Swisser AG, en agosto de 2003; y Helvetic, en noviembre de 2005. 

Helvetic nunca se inscribió formalmente en el país: movía dinero a través de cuentas en el extranjero. En cambio, Swisser AG se inscribió en Argentina en octubre de 2004, según detalló la denuncia de AFIP. Su única función fue adquirir paquetes accionarios de diez empresas argentinas de diversos rubros: construcción en la obra pública, bienes raíces, frigoríficos, agropecuaria, venta de electrodomésticos, fabricación de cuero y calzado. 

El negocio principal (de Swisser AG) es ser un inversor privado en diferentes sectores y países, considerando las estrategias definidas por su Directorio.

Swisser AG — sitio oficial web.

Cuando las suizas compraron las acciones, estas empresas argentinas tienen dos puntos en común, según la investigación de AFIP: gozaban de buena salud financiera y tenían nexos con la Aduana, ya que todas tienen una terminar en importaciones o exportaciones y, por ende, mueven dólares en el exterior, explicó una fuente directa de la investigación. En algunos casos, “las tenencias accionarias siempre han sido por un tiempo determinado y en un porcentaje significativo, no superan los dos periodos comerciales”, sostiene la denuncia.

La investigación del organismo planteó la hipótesis de que Swisser AG y Helvetic son cáscaras vacías, sin capacidad económica para comprar acciones de Garbarino u otras empresas; que actuaban de forma coordinada y manejadas por las mismas personas. La denuncia las definió como parte de una “estructura offshore”. “Se trata de una asociación delictiva que presta servicios ilícitos a terceros que no podrían en principio justificar patrimonialmente sus inversiones”, aseguró la AFIP.

¿Quiénes están detrás de Helvetic y Swisser AG? Nadie lo ha podido comprobar aún. La cara visible de ambas es el abogado Néstor Marcelo Ramos, a quien la Justicia argentina no ha podido extraditar de Suiza (el juez Casanello intenta indagarlo desde 2016 por el caso Báez, pero las autoridades helvéticas no aprueban su extradición debido al frágil estado de salud de Ramos). elDiarioAR se comunicó vía mail con la defensora oficial de Ramos en Argentina pero hasta el momento no obtuvo respuesta. En la causa contra Báez, presentó un descargo escrito en el que negó haber participado de hechos ilícitos.

Nuestra firma está totalmente comprometida con la integridad profesional y las prácticas que promueven la ética empresarial.

Swisser AG — Sitio oficial web.

Los accionistas de Garbarino

Hasta octubre de 2001, el paquete accionario de Garbarino estaba en manos de los hermanos Omar y Daniel Garbarino (cada uno tenía el 28%) y de la sociedad panameña Financiera del Exterior de Comercio (44%). El capital social de la empresa era de $11.080.850, según consta en los libros contables obtenidos por el juzgado a través de órdenes de presentación en las empresas.

A partir de octubre de 2001, justo antes del corralito, los hermanos se desprendieron de sus acciones y la sociedad panameña comenzó a controlar a Garbarino, concentrando el 99,99 % del paquete accionario. Según los documentos que reveló Panama Papers en 2016, Omar y Daniel designaron a esa sociedad de Panamá como administradora de sus activos. El cambio fue adjudicado a “circunstancias de la época relacionadas con asuntos de seguridad personal de los accionistas como así también de sus familiares, atento a los momentos convulsionados en la economía y sociedad argentina”, según explicó la compañía en un acta que consta en el expediente. Los hermanos Omar y Daniel quedaron como titulares de sólo el 0,005% de las acciones cada uno.

En agosto de 2005, la sociedad panameña cedió un 5% de su paquete a una nueva socia, Swisser AG, y se quedó con el 94,99% de Garbarino. Los hermanos Omar y Daniel conservaron también sus ínfimos porcentajes. Néstor Marcelo Ramos aparece en los libros contables y asistencia de asamblea como representante de la firma suiza.

Al año siguiente, Helvetic asumió el control de la firma panameña y por ende, se convirtió en la controlante indirecta de Garbarino, según la denuncia.                                                                           

Cuando se destapó el caso conocido como “la ruta del dinero K” y Báez fue vinculado con Helvetic, Garbarino se deshizo de Swisser AG y de Helvetic. El 12 de junio de 2013, la primera devolvió su 5% a la sociedad panameña Financiera del Exterior de Comercio. Seis días más tarde, Omar y Daniel Garbarino dejaron sin efecto el poder que habían otorgado a la panameña y recuperaron la titularidad de las acciones, con el 50% del paquete accionario cada uno, según consta en los documentos que posee el juzgado.

Mientras las suizas formaron parte de Garbarino, el capital social de la empresa se triplicó: llegó a $33.549.354. Antes de que Swisser AG se desprendiera de su 5%, se destinaron $156.229.014 (más de US$30 millones en ese momento) al pago de dividendos a los accionistas. La firma panameña controlada por Helvetic se llevó $148.417.533 y Swisser AG, otros $7.811.461. Los accionistas Omar y Daniel Garbarino obtuvieron apenas $9,3 cada uno, según consta en un acta de la asamblea general extraordinaria. 

No existen datos sobre los verdaderos beneficiarios de estas operaciones ni una justificación que explique por qué Garbarino necesitaba vender un porcentaje de sus acciones y luego recuperarlas años más tarde, afirmó la AFIP ante la Justicia.

De Ginebra a Villa Urquiza

Swisser AG nació en Ginebra, Suiza, el 27 de agosto de 2003, según la denuncia. La sociedad se inscribió en Argentina el 22 de octubre de 2004 y su apoderado en el país es un jubilado de 82 años. 

La firma tiene domicilio legal en una casa de la calle Oberá, en el barrio porteño de Villa Urquiza, donde también tiene domicilio el jubilado de 82 años. Esa dirección todavía figura como sede de Swisser AG. elDiarioAR se comunicó con el teléfono de ese domicilio: “Hace más de 25 años que la familia (del jubilado apoderado) no vive acá”, respondió uno de los habitantes de la casa, quien confirmó que se trata de una vivienda y no de una compañía.

La casa de Villa Urquiza es uno de los datos que resaltó la denuncia, que intentó demostrar que los Garbarino tendrían vínculos personales con Swisser AG, ya que ese domicilio es contiguo al de un miembro de la familia Garbarino identificado en la denuncia. 

Últimas medidas

La causa tiene una particularidad. El fiscal Carlos Rívolo desestimó dos veces su apertura, ya que entendió que la supuesta maniobra denunciada no implicaba la comisión de delitos de su fuero. Ante la falta de impulso de la fiscalía, la causa estuvo a punto de cerrarse pero en 2018 la AFIP fue aceptada por el juez como querellante y por lo tanto, la supervivencia del expediente depende desde entonces de la AFIP, el único acusador. Otra particularidad: durante el último tramo del gobierno de Macri, Elisa Carrió se presentó como amicus curiae o “amiga del tribunal”, una figura que permite a terceros ajenos a la causa acceder al expediente y monitorear su avance.

Antes de que cambiara el gobierno, en octubre de 2019, la AFIP requirió que se diera intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); a la Unidad de Información Financiera (UIF); y al Banco Central de la República Argentina (BCRA); y sugirió la producción de nuevas pruebas. La UIF aportó un informe de inteligencia, que según entendieron los jueces Irurzun y Farah, sugiere que el caso no debe cerrarse y debe seguir investigándose, según el fallo del 20 de mayo último. 

Tras la salida de Cambiemos, la causa se mantuvo abierta sin muchos avances. En marzo último, uno de los abogados que interviene en el expediente planteó al juez Ercolini que la causa debía cerrarse por falta de acción y porque la AFIP no podría participar como querellante en este caso, ya que no hay denuncia por presunta evasión impositiva, por lo que pidió que se la separe del rol. 

El juez Ercolini intimó entonces a la AFIP, ya a cargo de Mercedes Marcó del Pont, para que ratifique su voluntad de continuar impulsando el proceso “ante su larga inactividad procesal”. El organismo pidió autorización para que sus funcionarios accedan al expediente y solicitó al juez que se la mantuviera en su condición de acusador particular. 

Ercolini falló a favor de la AFIP y su decisión fue confirmada el 20 de mayo último por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Federal porteña, con disidencia de su colega Roberto Boico. 

ED

Empleados de la cadena de electrodomésticos Garbarino protestaron el pasado viernes frente al edificio que, en Recoleta, alquila la compañía de seguros Prof. Ambas empresas pertenecen a Carlos Rosales, un ex funcionario del gobierno de Daniel Scioli que en 2017 adquirió la aseguradora y en junio de 2020, Garbarino, pero que ahora busca un inversor para esta atribulada firma de comercio minorista.

Garbarino ya se encontraba en crisis el año pasado, cuando Rosales la compró a sus dueños originales, Omar y Gabriel Garbarino, que se marcharon del país. El nuevo propietario la adquirió por un peso pero con el compromiso de asumir su deuda de $ 12.000 millones. También le prometió al jefe del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, que no despediría a ninguno de los 4.500 empleados de entonces.

Entre pancartas, bombos y cornetas, empleados de Garbarino reclamaron el viernes contra supuestos despidos encubiertos, suspensiones y atrasos en los sueldos. Primero lo hicieron en Prof y después se dirigieron a la Casa Rosada para dejarle un mensaje al presidente Alberto Fernández. “Estamos pasando por un momento de total abandono y desesperación, ya que se nos adeudan sueldos de abril, mayo, bono de fin de año, aguinaldo y aportes previsionales. Nos quedamos sin atención medica en plena pandemia. Todo lo que se retiene de nuestros sueldos no es derivado correctamente a donde debería, como, por ejemplo, las cuotas de alimentos, que no le son depositadas a los hijos de los trabajadores”, decía el petitorio.

Un vocero de Garbarino confirmó que “lamentablemente” hay demoras en el pago de sueldos. “La administración de Garbarino es la primera en querer que se resuelva cuanto antes la situación, por eso el foco es el proceso de inversión”, respondió el portavoz, que negó retrasos en los aportes previsionales o a las obras sociales. Rosales negocia el ingreso de un nuevo accionista a la cadena, Fernando Prado, propietario de la operadora de TV por cable del interior Supercanal Arlink. “Se trabaja en encontrar una solución de fondo que permita continuar la idea con la que se llegó el año pasado para levantar la compañía y, lamentablemente, se venía en ese camino pero los cierres de abril complicaron el panorama”, agregó el vocero.

“Las sucursales están siendo cerradas indiscriminadamente y se aplican suspensiones arbitrarias al personal, que son interminables; existe incumplimiento en los protocolos indispensables en los tiempos que corren, hay persecución sindical, y además obligan a los empleados a ir a trabajar a pesar de no tener ni para viajar, y si realizan retención de tareas, bajan las persianas en señal de amenaza”, escribieron los delegados del Sindicato de Comercio Nadia Ponce, Érica Salazar y Claudio Ledesma.

“De los 4.500 empleados que éramos hace un año, más de 1.300 se terminaron yendo con despidos encubiertos, cansados de todo el manoseo recibido por la empresa, y no se les han completado las liquidaciones a esos empleados”, agregaron. Es decir, según sus cifras, ahora quedarían 3.200 trabajadores.

En Garbarino niegan que hubiese habido despidos, pero reconocen que hubo personal que se retiró. “No es cierto que sean 1.300”, añaden. Informan que ahora hay “menos de 4.000” empleados. Atribuyen la reducción de personal al “cierre de locales, lamentablemente, producto de la pandemia, crisis que generó el cierre de más de 90.000 locales en el país, según CAME (Cámara de la Mediana Empresa), y más de 500.000 empleos perdidos en el último año, según Ecolatina (consultora)”. “Sí hubo suspensiones, producto de la pandemia. Hay sucursales que se vieron afectadas por las restricciones. Han cerrado y abierto intermitentemente. Hay complicaciones de flujo de caja, producto de una fuerte caída de ventas desde abril, consecuencia de la segunda ola de cierres. Eso generó atraso en pagos”, explicaron en la empresa de Rosales.

AR

El Grupo Santamartah, propiedad del empresario Carlos Rosales, dueño de la aseguradora Prof y la cadena de electrodomésticos Garbarino, se convirtió este jueves en el nuevo dueño de las emisoras AM 590 Radio Continental, Los 40 FM 105.5, la FM104.3, filiales y las plataformas digitales de cada una de ellas, luego de que se firmara el traspaso de las acciones por parte del grupo español Prisa, propietario del diario El País y la Cadena Ser. Luego de un largo proceso de trabajo conjunto entre los equipos técnicos, proveedores y management de las empresas, se finalizó el due dilligence.

La presidencia de la nueva división Santamartah Medios estará a cargo de Gabriel Enríquez, con trayectoria en el negocio, “con formación política y estrechos vínculos con los principales ejecutivos del mundo de la comunicación”, según informó el grupo de Rosales en un comunicado. En tanto Gonzalo Arias, consultor de medios y propietario de una productora, será el CEO de la nueva firma.

Rosales destacó “el enorme desafío que implica volver a poner a las emisoras en los primeros lugares de preferencia de la audiencia”. “Continental es una radio de más de 50 años de historia con un importante capital humano que ha sabido liderar el espectro radial durante mucho tiempo y que tiene el objetivo de volver a enamorar a los oyentes”, agregó.

Continental peleó el tercer puesto de la audiencia de AM hasta diciembre de 2015, cuando asumió Mauricio Macri la Presidencia y, a los pocos días, despidió a Víctor Hugo Morales, conductor de la segunda mañana e histórica estrella de los espacios deportivos. Durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, Continental se había caracterizado por combinar voces muy críticas con aquella gestión y otras adversas a la oposición. Al despedir a Víctor Hugo, el rating de la emisora se desplomó y apenas logró recuperarse en 2020.

El nuevo dueño planea alquilar una de las FM de Continental a Kuarzo, la productora de Diego Kweller, que, a su vez, incorporará a los conductores que se fueron de FM Metro: María O'Donnell, Andy Kusnetzoff, Matías Martín y Sebastián Wainraich.

Vínculos

Rosales fue director de Clubes de Barrio del gobierno de Daniel Scioli entre 2009 y 2015. Después emprendió varios negocios con exfuncionarios que habían trabajado con Sergio Berni, cuando éste era viceministro de Seguridad de la Nación. En 2017, compró una cooperativa de seguros de Río Negro que estaba al borde de desaparecer y la levantó bajo el nombre de Prof, hasta llegar a alquilar un edificio entero en Recoleta para esa empresa. Un exsocio de Prof denunció a Rosales por supuesta estafa y lavado de dinero, y el año pasado la Justicia allanó esas oficinas. También en 2020 Rosales se quedó con Garbarino por $1 y reestructuró su deuda, y ahora planea una estrategia similar con Continental. Busca empresas en crisis para reflotarlas.

En otros países de la región, Prisa mantiene Caracol Radio, en Colombia; W Radio, en México; y ADN y otras emisoras en Chile. En todos esos mercados consiguió mejores resultados de audiencia que en la Argentina. Con problemas para manejar su negocio en la Argentina, el grupo español se alió durante algunos años con el mexicano Ángel “Fantasma” González, expropietario de Canal 9.

AR

Carlos Rosales pasó de ocupar cargos públicos menores entre 2007 y 2015 a quedarse con una cooperativa de seguros rionegrina a punto de desaparecer en 2017, hacerla crecer bajo los nombres de Prof y Plus ART, hasta instalarlas en un edificio entero de La Recoleta, y comprar Garbarino por $1 en 2020 para renegociar su deuda de $12.000 millones y reducirla al15%. Con el año que comienza , el empresario está a punto de hacerse con Radio Continental, la radio generalista que peleó el tercer puesto muchos años y pasó a jugar de la mitad de la tabla para abajo a partir de 2016.

Charly, como lo llaman sus amigos, ultima detalles para la compra de Radio Continental al grupo español Prisa —dueño del diario El País y Cadena Ser—, y apunta a alquilar una de las dos FM de la emisora a Kuarzo, la productora de Martín Kweller que ha reclutado a las estrellas que a fin de 2020 dejaron FM Metro (Matías Martin, María O'Donnell, Sebastián Wainraich y Andy Kusnetzoff). En la actualidad, Continental transmite en dúplex en la tradicional AM 590 y FM 104.3, además de su frecuencia musical tradicional FM 105.5 Las 40 Principales. Todo indica que, con la llegada de Rosales, que se concretaría esta semana, el modo binorma será una vez más revertido y los ex-Metro ocuparán ese dial aunque bajo la conducción artística de Kweller.

Pese a que dejó atrás su paso por la política, que había comenzado como peronista y continuado en el Frente País Solidario (Frepaso) en la década de 1990, Rosales siempre ha mantenido buenos contactos en ese mundo. Hincha de San Lorenzo de toda la vida, participa de la vida interna del club desde 2004 y ocupa el cargo de protesorero desde 2019, cuando Marcelo Tinelli lo convocó. Del club y del Frepaso conoce a su amigo Gonzalo Ruanova, quien fue hasta septiembre pasado subsecretario bajo la órbita de Vilma Ibarra, secretaría de Legal y Técnica de la Nación. Ruanova antes había sido secretario del Consejo de Seguridad Interior, cuando Sergio Berni era viceministro de Seguridad nacional entre 2012 y 2015. 

En el entorno de Rosales reconocen que lo une a Berni la amistad en común con Ruanova y con otros exfuncionarios del Ministerio de Seguridad en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No sólo son amistades. Rosales ha hecho negocios con varios conocidos del actual ministro de Seguridad bonaerense. En diciembre pasado, el empresario asumió la presidencia de Femedical, una mayorista de medicamentos, en lugar de Rodrigo Luchinsky, actual presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y ex subsecretario de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos en Seguridad de la Nación en tiempos de Berni. 

El no de López y de Sousa

En 2017, el dueño de Prof y Garbarino incorporó como gerente financiero de la aseguradora a Fernando Zack, quien había sido coordinador del Consejo de Seguridad Interior con Berni. Al año siguiente crearon juntos la sociedad Don Enrique Lodge, con la que controlan un hotel en Misiones, y otra llamada Papyrus, que tenía como misión inversiones financieras y en medios. En abril de 2019, ambos se interesaron por comprar Ámbito Financiero, Radio 10 y otras emisoras de Cristóbal López y Fabián de Souza porque un conocido en común les llevó la propuesta, pero después desistieron porque se enteraron de que los empresarios entonces presos bajo el gobierno de Mauricio Macri planeaban conservar sus activos. En diciembre de 2019, Zack dejó Prof para pasar a presidir Provincia Seguros y en abril de 2020 renunció a la vicepresidencia de Papyrus.

Tras comprar Garbarino, Rosales nombró a Mariana Casares como vicepresidenta de la cadena de ventas de electrodoméstico, Garbarino Viajes, Compumundo y Fiden (empresa emisora de las tarjetas Mastercard Garbarino y Mastercard Compumundo). Ella había sido subsecretaria de Articulación Legislativa en Seguridad de la Nación en la era Berni. En 2017, Casares creó la sociedad de servicios empresariales Faith and Temperance y, al año siguiente, renunció a su presidencia para dejarle el cargo a Agustina Propato, esposa de Berni y actual senadora provincial bonaerense. Pese a los contactos en común, el vocero del ministro de Axel Kicillof niega vínculos con Rosales. 

El pretendiente de Continental tiene 50 años, es divorciado y es padre de dos hijos. Su primer trabajo fue como repartidor de pizza a los 16. Años más tarde tuvo su propia pizzería y llegó a contar un restaurante en La Recoleta, El Buey. 

Otro de los negocios en los que había incursionado antes de su ascenso vertiginoso en los seguros era en la producción de suero con la empresa Rigesin. Allí conoció a Alberto Castro, quien tiempo después se asociaría con Rosales en Prof y lo denunciaría por presuntas estafa, administración fraudulenta, lavado de divisas y otras defraudaciones. Pero esta historia ocurriría en 2017, y antes el dueño de Garbarino pasó por la función pública.

Sin formación universitaria, pero muy lector y con militancia política desde joven, en 2007 trabajó en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, cuando Jorge Telerman la gobernaba tras la destitución de Aníbal Ibarra. En 2008, primer año de gobierno de Cristina Kirchner, Rosales se desempeñó en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Entre 2009 y 2015 pasó por el Gobierno de Daniel Scioli como director de Clubes de Barrio, a las órdenes del secretario de Deportes bonaerense, Alejandro Rodríguez, otro amigo de Ruanova. En paralelo, en 2011 formó una empresa de servicios de auditoría de sistemas, LCG Group SRL, con Luis Ángel Oribio, quien en 2016 renunció para ser funcionario durante todo el período de Macri, con un paso por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Oribio ahora trabaja en Garbarino.

La tercera fue la vencida

Mientras, Rosales hacía carrera en San Lorenzo. En 2007, fue el último candidato a vocal de la lista de Rafael Savino, el presidente que obtuvo la reelección. Pero Rosales no entró. En 2010, se candidateó detrás de Matías Lammens, actual ministro de Deportes, pero terminaron novenos. Tuvo que esperar a 2019 para ocupar un cargo en el club al que dedica tanto tiempo. Ya para entonces se había convertido, durante el Gobierno de Cambiemos, en un empresario de ascenso vertiginoso en los seguros y con pretensiones en los medios.

Un extesorero de San Lorenzo, Claudio Di Meglio, le presentó a Alberto Castro, empresario correntino del negocio de los medicamentos y las farmacias que había enfrentado varias denuncias judiciales por supuesta falsificación de troqueles. Castro se alió con Rosales y Zack para hacerse en 2017 con Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros, de Río Negro, 4 días antes de que se firmara el certificado de su extinción. Castro aportó como capital dos inmuebles por un valor de entonces de $218,3 millones con la promesa de que presidiría la cooperativa —luego llamada comercialmente Prof— y con el objetivo de que ese dinero saneara el déficit de la empresa y se cumplieran así las exigencias requeridas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

Castro asumió la presidencia de la cooperativa, pero poco después fue desplazado por Rosales. El empresario correntino denunció a su socio y a Zack por considerar que se valieron de un ardid para removerlo y porque asegura que le devolvieron títulos cooperativos de capitalización que él calculó que valían la mitad de los dos inmuebles aportados. “Castro refirió que desde que fuese corrido del cargo de presidente de la cooperativa, la misma tuvo un crecimiento no acorde con uno armonioso, motivo por el cual expresó que dicha situación le hacían suponer que la empresa en cuestión podría estar siendo utilizada por el lavado de activos. Sospecha que se habría afianzado luego de que el grupo Prof realizase una oferta (en 2019) para adquirir parte del grupo de medios de comunicación que perteneciesen al empresario Cristóbal López”, redactó en julio pasado el juez Rodolfo Canicoba Corral al disponer el allanamiento del edificio de Prof. El operativo ocurrió un mes después de la compra de Garbarino, en medio del silencio de los medios en los que pauta Prof, y tras el pedido del fiscal Carlos Stornelli y de un fallo del juez de Cámara Martín Irurzun que ordenó en mayo investigar la denuncia de Castro.

Ingeniería financiera

La causa continúa, pese a que Canicoba Corral se jubiló. En el entorno de Rosales sostienen que desconocían los antecedentes de Castro y que se pelearon por diferentes estilos de gestión. Alegan que a Rosales le gusta trabajar 18 horas por días y ocuparse de todos los detalles. También argumentan que ahora han puesto a disposición de Castro los dos inmuebles entregados y esperan una pronta resolución del litigio. El estudio abogados del empresario correntino, Blanco Bermudez, el mismo que el de Jaime Stiusso, no ceja en la denuncia.

En Prof no niegan que crecieron rápido y lo explican por la ingeniería financiera, la gestión, la relación directa con los brokers y un management nuevo con familiares de Rosales y gerentes jóvenes. La mitad de su negocio proviene de los seguros, sobre todo patrimoniales y automotor, y la otra, de Plus ART, que pasó de 8.000 pólizas en 2017 a 100.000 en la actualidad. La aseguradora de riesgos del trabajo dio el gran salto cuando consiguió en una compulsa el contrato de Carrefour, con sus 20.000 empleados. Prof ha sido el espónsor de varias camisetas del fútbol argentino y, en la actualidad, lo es de Colón y Unión, ambos de Santa Fe.

A Rosales le interesa comprar empresas a punto de quebrar, ponerles gestión y levantarlas, no para venderlas, sino para aprovechar su crecimiento. Tiene muchas esperanzas en la recuperación argentina. Así fue que se interesó en 2020 por Garbarino, por la que compitió con el fondo de inversión Inverlat (dueño de Havanna) y Covelia, empresa de recolección de residuos vinculada a los Moyano. En medio de la negociación con la familia Garbarino, Rosales se ganó el apoyo del jefe del sindicato de comercio, Armado Cavalieri, porque le prometió que mantendría a los 5.000 empleados en sus puestos. 

Una vez que tomó Garbarino en junio pasado, se puso a renegociar la deuda con bancos (los principales acreedores eran el Galicia y el Santander, aunque por entonces también se lo vio por los pasillos del Nación) y proveedores. Aplicó el estilo de tómalo o dejálo y así bajó drásticamente el pasivo. Aún pierde plata cada mes, pero las ventas y la producción propia de electrónicos en Tierra del Fuego se han reactivado y calculcan que el mes próximo equilibrarán las cuentas. Con Garbarino no sólo apuestan a la comercialización de electrodomésticos sino que también quieren vender autos, bicicletas, muebles, seguros, alimentos y demás artículos de supermercado, en especial por vía online. En la cadena aplicaron el mismo estilo de gestión incisivo que en Prof.

Rosales es de los que cree que las crisis como la actual ofrecen oportunidades de negocios. Como siempre le interesaron los medios, ahora va por Continental.

Las urgencias de Prisa

En sus filas aseguran que las negociaciones están avanzadas mientras Prisa guardan silencio. Hace años que el conglomerado español, en apremios económicos y forzado a desprenderse de activos (como Editorial Santillana en 2019), quiere deshacerse de Continental. Cuando su nuevo presidente, el francés Joseph Oughourlian, dijo a fines de 2020 a El País que no quería vender medios del grupo español parecería que no está hablando de la Argentina: “Sería un gran error vender los medios de la compañía en este momento. El mercado está totalmente hundido y aparte del precio, no es el momento, es un sinsentido. Tenemos aún que reestructurar parte de nuestros medios y acelerar la digitalización”. También declaró contra los anteriores directivos de Prisa a los que desplazó: “Tú no puedes vender El País y la cadena SER a Kiss FM (una radio musical pasatista). Me parece algo obvio, es imposible. El Financial Times se vendió a Nikkei, The Economist se vendió a un grupo con algunas de las familias más prestigiosas de Europa. Cuando miras los grandes periódicos de este mundo que han cambiado de manos en los últimos años, ves que los dueños son familias, accionistas institucionales, todos conscientes de que no se juega con estos negocios porque son sistémicos para un país”. En la medida en que no pudo pagar sus deudas, Prisa fue pasando de manos y ganaron espacio accionistas como el fondo de inversión británico Amber, Telefónica y los bancos HSBC y Santander, entre otros. “Acabo de decir que El País es fundamental para luchar contra las fake news en España y en el mundo hispanohablante, así que lo siguiente no puede ser vender al primero que te ofrece un buen precio sin ver quién te hace la oferta”. Veremos qué política sigue Oughourlian con Continental.

AR

Esta nota fue corregida a las 11.00 del 10 de enero de 2021. Las estrellas de FM Metro no serían contratados directamente por Carlos Rosales sino que han arreglado para trabajar bajo la responsabilidad artística de la productora Kuarzo, que a su vez alquilaría una frecuencia de Radio Continental al empresario dueño de Prof y Garbarino.